Alianza para el Progreso y Acción Cívica de los Ejércitos chileno y venezolano en la Guerra Fría (1961-1970)RESUMEN
Este artículo analiza la relación entre la Alianza para el Progreso y los programas de Acción Cívica de los Ejércitos chileno y venezolano durante la Guerra Fría, período 1961-1970. Las instituciones armadas de ambos países suramericanos llevaron a cabo distintos planes de contribución a la idea de desarrollo nacional de su época, principalmente enfocados en dos áreas: la instrucción técnica de soldados conscriptos y la construcción de diferentes obras públicas. La investigación se sustenta en la evidencia documental de fuentes primarias de Chile, Venezuela y Estados Unidos, ubicada en revistas militares, memorias oficiales y prensa. En definitiva, los documentos demuestran la participación activa de los dos ejércitos latinoamericanos en tareas específicas de entrenamiento técnico industrial y agropecuario, y también en labores de infraestructura.
Palabra clave:
Alianza para el Progreso; Chile; Venezuela; Ejército; Guerra Fría
ABSTRACT
This article analyzes the relationship between the Alliance for Progress and the Civic Action programs of the Chilean and Venezuelan armies during the Cold War, period 1961-1970. The armed institutions of both South American countries carried out different plans to contribute to the idea of national development of their time, mainly focused on two areas: the technical training of conscript soldiers and the construction of different public works. The research is based on documentary evidence from primary sources from Chile, Venezuela, and the United States, in military magazines, official reports and the press. In short, the documents demonstrate the active participation of the two Latin American armies in specific tasks of industrial and agricultural technical training, and in infrastructure work.
Keywords:
Alliance for Progress; Chile; Venezuela; Army; Cold War
INTRODUCCIÓN
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945), las ideas en torno al desarrollo habían crecido en América Latina, impulsadas por las políticas de sustitución de importaciones, fomento de la industria, y la influencia de la CEPAL. Sin embargo, la irrupción violenta de la Revolución cubana (1959) y, consiguientemente, el proyecto estadounidense de la Alianza para el Progreso (1961) se convirtieron en importantes catalizadores de planes de desarrollo y reformas en las naciones latinoamericanas. Dentro de la región, las democracias chilena y venezolana se sumaron a los programas desarrollistas, y junto a ellas, también sus ejércitos.
En esta línea, dos preguntas centrales guían la investigación: ¿Cómo se integraron los Ejércitos de Chile y Venezuela a las ideas de desarrollo nacional de los sesenta? ¿Qué rasgos tuvieron las experiencias de las instituciones militares en estas labores de desarrollo del decenio sesenta? Para responder a estas cuestiones, se debe partir por contextualizar que los ejércitos chileno y venezolano se formaron sobre la base de las antiguas milicias españolas, y que éstos fueron ocupados en distintos trabajos públicos y en diferentes momentos históricos. No obstante, en este estudio comparativo, se consideran solamente dos variables observables: acciones concretas en instrucción y en construcción, dentro de sus territorios nacionales y durante el mismo espacio temporal (1961-1970).
Así, el objetivo del estudio es analizar la relación de la Alianza para el Progreso y los programas de Acción Cívica de los Ejércitos chileno y venezolano durante la Guerra Fría, período 1961-1970. Por su parte, la hipótesis de investigación considera que las instituciones militares de Chile y Venezuela llevaron a cabo diferentes tareas específicas articuladas con la idea de desarrollo nacional de su época, de contribución a la nación/patria, por medio de la instrucción técnica en el servicio militar y la construcción de infraestructura material en sus respectivos países.
La historiografía especializada en la Guerra Fría es amplia y nutrida. La mayor parte de estos estudios ha tendido a enfocarse en las tensiones mundiales e intereses geopolíticos entre las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y sus aliados regionales. Dentro de ésta, sobresalen los estudios de Gaddis (2011), McMahon (2021), Westad (2019), Leffler (2011), entre otros. Especialmente Westad ha considerado la relevancia de la incorporación de los actores locales inmersos en la dinámica global de la contienda.
En relación con la Guerra Fría en América Latina, varios trabajos han apuntado sobre la relevancia del continente en esta conflagración, además de sus propias particularidades, estructuras, agencias y agendas. En este ámbito, se encuentran Brands (2012), Harmer y Riquelme Segovia (2014), Garay Vera (2017), Pettinà (2018; 2022), Hurtado-Torres (2020), Castro Arcos (2018), Ramos Rodríguez (2022), entre otros. En particular, la Alianza para el Progreso ha sido objeto de interés de diversas producciones historiográficas. En ese sentido, se destacan los aportes de Taffet (2007) en su estudio comparado de los casos de Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana; de Ramos Rodríguez y Castro Arcos (2014) que integra un análisis desde América Latina sobre el proyecto; de Miller (2016), quien ahondó sobre Venezuela; y de Field (2018) que estudió Bolivia, entre otros.
Metodológicamente, la investigación se sustenta en la heurística para abordar el problema histórico y sus fuentes originales. Este proceso conllevó la recolección de documentación primaria de archivos en Chile, Estados Unidos y Venezuela, que permitieron reunir revistas militares de los tres países, como el Memorial del Ejército y Revista del Arma de Ingenieros chileno, la Revista de las Fuerzas Armadas y la Revista del Ejército venezolano, junto con memorias del Ministerio de Defensa de Venezuela, documentos oficiales y prensa de la época. En Boston, Massachusetts, se consultó la Kennedy Presidential Library. Por último, toda la evidencia documental fue sistematizada y abordada desde la crítica historiográfica.
ALIANZA PARA EL PROGRESO Y ACCIÓN CÍVICA DE EJÉRCITOS
En los primeros años de los sesenta, la Guerra Fría global y regional se había ido calentando hasta casi un punto de ebullición (Crisis de los Misiles en octubre de 1962). Durante estos años, se estaban desarrollando procesos de independencia política o autodeterminación en África, Asia y Latinoamérica, que fueron apoyados tanto por las Naciones Unidas (Resolución 1514 de 1960), como los Estados Unidos y la Unión Soviética2. En América Latina, la Revolución cubana (1959) se convirtió rápidamente en un modelo de acceso al Estado por medio de la fuerza en la región (Rabe, 1999, p. 20; Martel, 2014, p. 133).
En poco tiempo, varias organizaciones de izquierda crearon diferentes tipos de guerrillas rurales y urbanas, que propugnaron “la lucha armada” como vía para controlar el poder, bajo la inspiración de Cuba3. En medio de un escenario convulsionado en América Latina, el presidente estadounidense John F. Kennedy formuló un cambio de paradigma en la relación entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos, a través de su propuesta de Alianza para el Progreso (ALPRO), en marzo de 1961.
La Carta de Punta del Este, de agosto de 1961, concibió “el desarrollo económico y social de los países participantes de la América Latina, a fin de que puedan alcanzar un grado máximo de bienestar con iguales oportunidades para todos, en sociedades democráticas” (Alianza para el Progreso, 1962, p. 15). En este sentido, el proyecto comprendía un vasto programa de reformas políticas, económicas y sociales en las naciones latinoamericanas, dentro un marco democrático, pacífico y gradual, que permitiera propiciar condiciones de desarrollo en la región desde la óptica de industrialización y modernización estadounidense. Así, más de una docena de repúblicas del hemisferio se sumaron a la Alianza (Ramos Rodríguez; Castro Arcos, 2014).
Dentro de América Latina, las democracias chilena y venezolana fueron importantes aliadas de Estados Unidos y de la Alianza. Ambos países suramericanos tenían poblaciones equiparables, de seis millones aproximadamente para 1960, constituían socios comerciales confiables en la exportación de materias primas para la industria estadounidense, como el cobre chileno y el petróleo venezolano. Más aún, en medio de la Guerra Fría, Chile y Venezuela eran modelos de democracias con planes de desarrollo; la primera vivía las repercusiones del Terremoto de Valdivia de 1960 y el avance electoral de la izquierda4, mientras que la segunda experimentaba la violencia de las guerrillas5.
A lo largo de la década, las distintas administraciones en Chile y Venezuela continuaron con las agendas de reformas de la ALPRO. De este modo, tanto los presidentes chilenos Jorge Alessandri (1958-1964), político independiente, como Eduardo Frei Montalva (1964-1970), del partido Democracia Cristiana (DC), emprendieron los planes de desarrollo de la Alianza (San Francisco, 2016; 2018). Igualmente, los mandatarios venezolanos Rómulo Betancourt (1959-1964) y Raúl Leoni (1964-1969), ambos socialdemócratas (partido Acción Democrática, AD), impulsaron programas reformistas del Estado (Pino Iturrieta, 2018).
En este orden, las Fuerzas Armadas latinoamericanas en general, incluidas las chilenas y venezolanas, también fueron llamadas a participar y colaborar en los planes de desarrollo nacional, entendidos como una misión de cooperación con los intereses y necesidades de la nación/patria. De hecho los ejércitos, como los cuerpos más antiguos sobre las demás ramas de las FF.AA. y dado su mayor número y presencia terrestre en sus territorios nacionales, estaban llamados a servir en tareas de pro-desarrollo.
En efecto, la Conferencia de Ejércitos Americanos celebrada en julio de 1963, en Fuerte Amador, Panamá, contó con representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Por el ejército chileno, concurrió el general Óscar Izurieta, comandante del cuerpo, mientras que por el ejército venezolano acudió el general Pablo Flores, comandante de la institución.
En dicha Conferencia, el coordinador de la ALPRO en Estados Unidos, Teodoro Moscoso, pronunció un discurso sobre la Alianza, el 19 de julio de 1963. En sus palabras, Moscoso consideró:
Those among you who have been concerned with the expanding civic action programs of Latin American military forces will recognize at once the important role you can and do play in the achievement of these goals. To me, civic action is a key element of the Alliance for Progress, and it is a tribute to the vision and dedication of the Latin American military that skills, equipment, organization, and leadership of the military are being applied to basic economic and social problems (Moscoso, 1963, p. 5).
Moscoso era claro: las Fuerzas Armadas representaban una pieza central en la cooperación para los objetivos de ALPRO, gracias a su organización, recursos técnicos y conocimiento de la geografía local. Moscoso consideraba la acción cívica un elemento fundamental de la Alianza, destacando así su papel en los planes de desarrollo como herramienta para alcanzar metas comunes. Sus palabras subrayaban la relevancia de la colaboración entre las FF.AA. y la Alianza en dimensiones políticas, militares, económicas y sociales. En primer término, se planteaba un marco político común, la democracia y la libertad, bases para las reformas graduales y pacíficas de la Alianza. En segundo término, un objetivo militar enfocado en la defensa de la institucionalidad frente a la amenaza de las guerrillas. Finalmente, en el ámbito económico y social, se promovía la acción cívica para el bienestar de la sociedad y la prudencia en los gastos militares, con el fin de fortalecer la confianza en propósitos y valores compartidos.
En 1964, la Conferencia de Ejércitos Americanos se celebró en la US Military Academy West Point, New York, del 3 al 7 de agosto. A ésta asistieron delegados militares del hemisferio. La delegación chilena fue encabezada por el general Hernán Rodríguez Palacios, Agregado Militar en EE.UU., en representación del Comandante en Jefe. La delegación venezolana fue presidida por el general Pablo Flores, comandante del cuerpo. En la Conferencia, el Dr. Walt W. Rostow, del Departamento de Estado y representante estadounidense en el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), expuso lo siguiente:
The armed forces in at least sixteen Latin American countries are engaged in civic action programs - programs of road building, of public health and education among others which not merely advance their nations’ development but also tend to bind up in common effort the military and civil elements in their separate societies (Final Report Conference..., 1964, p. 202).
La conferencia de Rostow abordó aspectos clave en la agenda de esta reunión de alto nivel, entre ellos, la incorporación de la Alianza para el Progreso como uno de los temas principales, dirigida especialmente a los comandantes de los ejércitos americanos, quienes conocieron de primera fuente el proyecto de la Alianza. En su intervención, Rostow subrayó la importancia de los programas de acción cívica ejecutados por las Fuerzas Armadas de dieciséis países latinoamericanos, que abarcaban áreas prioritarias como salud, educación y construcción de carreteras, consolidando así la idea de que las instituciones militares podían y debían contribuir significativamente a los objetivos de la ALPRO en América Latina.
En este contexto, los ejércitos de Chile y Venezuela tenían trayectorias históricas diferentes. La institución militar chilena, una de las fuerzas americanas con mayor tradición en profesionalización y organización, experimentaba restricciones económicas y de recursos en el decenio de 1960. En contraste, el ejército venezolano, que desde los años cuarenta había desarrollado rápidamente su profesionalización técnica, se enfrentaba desde 1962 a un escenario de guerra no convencional (Irwin; Micett, 2008, p. 217). Así, la Alianza para el Progreso ofrecía una oportunidad para que ambos ejércitos, el chileno y el venezolano, se unieran a los esfuerzos nacionales mediante tareas de acción cívica.
En este orden, dos documentos aportan evidencian únicas sobre la relación de la ALPRO con las Fuerzas Armadas venezolanas, y el proceso de integración de los ejércitos chileno y venezolano con el entrenamiento para acciones cívicas. Así, la Memoria del Ministerio de Defensa de Venezuela de 1964 recogió lo siguiente: “Se preparó un resumen de las conclusiones y recomendaciones de los Informes presentados a los Gobiernos de Chile y Colombia por los Comités ad-hoc del Comité de los Nueve de la Alianza para el Progreso” (Memoria de Defensa, 1964, p. 211). La información presentada resulta breve y precisa, pero sumamente reveladora, puesto que demuestra que las Fuerzas Armadas venezolanas, o por lo menos los altos mandos militares, habían estudiado los reportes sobre Chile y Colombia elaborados por el Comité de especialistas de la Alianza para el Progreso, es decir, se estaban analizando los casos de los países vecinos suramericanos y las sugerencias de desarrollo del programa.
Asimismo, el otro documento proporciona una lectura más técnica y amplia sobre el proceso de entrenamiento de los oficiales chilenos y venezolanos formados en cursos especializados en acciones cívicas en los Estados Unidos6. De esta forma, la teniente-coronel Margaret Brewster, del ejército estadounidense, sostuvo: “The training program for Latin American students has become increasingly oriented toward support of civic action projects - public works, sanitation, education and other areas of economic development” (Brewster, 1965, p. 20). El texto comparte información práctica en torno a la preparación de los militares latinoamericanos para realizar misiones de obras públicas en distintos ámbitos, de educación, sanidad y desarrollo económico.
Más adelante, Brewster comentó “As exchange officer training program for Latin American countries, inaugurated in 1963, provides an opportunity for junior officers to increase their professional skills while attached to U. S. units for four to six months” (Brewster, 1965, p. 20). De este modo, se puede apreciar la articulación de los lineamientos institucionales y de entrenamiento operativo de los militares latinoamericanos en tareas de desarrollo durante los años sesenta. Esto muestra la coordinación agencial regional, de Estados Unidos hacia Latinoamérica, y también la amplitud de participación de países latinoamericanos, incluidos chilenos y venezolanos.
En un artículo de Norma Garrison, oficial de ejército estadounidense especializada en Asuntos Civiles, con base en Fort Amador, Canal Zone, se informaba sobre el funcionamiento del 3d Civil Affairs Detachment, del U.S. Southern Command, en Latinoamérica. Esta unidad estaba dedicada a proveer asesoría en la planificación y coordinación de planes de acciones cívicas en la región, con misiones en los países latinoamericanos para asesorías que iban desde las dos semanas hasta los seis meses (Garrison, 1965, pp. 26-30).
Por último, resulta significativa la ayuda militar estadounidense para desarrollar “Acciones Cívicas” en América Latina. Así, por ejemplo, un reporte estadounidense indica que en 1970, la asistencia militar estadounidense fue de 21.000 dólares para Chile, y 13.000 dólares para Venezuela, de una total de 512.000 dólares asignados a la región latinoamericana (Massoglia; McMullan; Dillard, 1971, pp. 3-22). El Southern Command sólo incluyó experiencias de acciones cívicas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, y Colombia (pp. VI-1).
COOPERACIÓN MILITAR Y CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CHILE Y VENEZUELA
A comienzos de los sesenta, las labores de Acción Cívica de los ejércitos chileno y venezolano adquirieron mayor preponderancia de la mano de los planes de desarrollo propiciados por la Alianza para el Progreso. En algunos casos, experiencias anteriores tomaron un nuevo impulso, como el Curso de Tractoristas impartido por el ejército chileno, y en otros, fueron creados nuevos programas, como la Granja Militar “La Placera” por el ejército venezolano. En ambos casos, las instituciones armadas asumieron la tarea de cooperar con los proyectos de desarrollo agrícola a través de la capacitación técnica de los soldados conscriptos.
En este contexto, una de las iniciativas más importantes del ejército chileno fue la organización de Cursos de Tractoristas para soldados conscriptos a nivel nacional en 1962, si bien desde finales de la década de 1940 el ejército había impartido este tipo de formación. Sin embargo, a inicios de los años sesenta, y con el apoyo de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), el ejército amplió la cobertura de los cursos, estableciéndolos a lo largo de todo el territorio nacional. En 1963, el comandante en jefe del Ejército, general Izurieta, promulgó el Reglamento Orgánico y Servicio de Tractoristas Agrícolas del Ejército, cuyo propósito era:
cooperar al Plan de Mecanización Agrícola del País, mediante el empleo de maquinaria en todas las labores agropecuarias que permitieran sus posibilidades de uso, y al mismo tiempo, preparar reservas militares idóneas en el manejo y mantenimiento de material motorizado (Reglamento orgánico y servicio..., 1963, p. 5).
El curso estaba orientado a la capacitación profesional de los soldados conscriptos en la operación y mantenimiento de maquinaria agrícola. La instrucción se desarrollaba durante el servicio militar, tras la fase de formación básica, e incluía etapas teóricas y prácticas. El programa se extendía desde el 1 de junio hasta el 28 de marzo, aprovechando los meses de verano austral (enero-marzo) para las actividades en terreno (Reglamento orgánico y servicio..., 1963, p. 6).
Según el artículo 31, los conscriptos debían postular a los cursos manifestando su interés en la agricultura y la mecánica, con el respaldo del comandante de su unidad. Además, durante el período de práctica agrícola, “los Comandantes de Unidades o Jefes u Oficiales especialmente designados, debían supervisar la realización de las tareas, así como las condiciones de trabajo del alumnado, los lugares de alojamiento, el estado sanitario y la alimentación” (Reglamento orgánico y servicio..., 1963, p. 13). Al finalizar el curso, el ejército otorgaba a los graduados el título de “Tractorista Agrícola”.
Entre los oficiales que lideraron esta iniciativa se destacaron los teniente-coroneles Jorge Rodríguez Anguita y Gabriel Molina García-Moreno. Rodríguez, como delegado del Ejército y director de la Escuela de Unidades Mecanizadas entre 1962 y 1965, fue responsable de la organización y dirección de los primeros cursos (Kárdex de Oficiales, [s.d.]). Por su parte, Molina desempeñó un rol clave en la coordinación de los Cursos de Tractoristas, primero como Coordinador del Ejército ante la CORFO (1964-1966) y posteriormente como delegado institucional ante el mismo organismo (1967-1971).
En el cuadro siguiente se ilustra la presencia de estos cursos en unidades militares de norte a sur del país durante la década de 1960. Cada curso, de tamaño equivalente a una sección o pelotón bajo la supervisión de un oficial, destacó en particular en la Escuela de Blindados de Santiago y el Regimiento de Infantería No. 8 “Tucapel” de Temuco, cada uno con 40 conscriptos. La Escuela de Blindados, como centro especializado en vehículos motorizados, y el Regimiento de Temuco, en una región con alto potencial agrícola, subrayan la relevancia de estas unidades en el programa (Ramos Rodríguez, 2020, pp. 279-309).
Paralelamente, en 1962, el ejército estableció un convenio con el Servicio de Cooperación Técnica de la CORFO para implementar un plan piloto denominado Curso de Especialidades, un programa de construcción civil que comenzó en el Regimiento de Infantería No. 1 “Buin” de San Bernardo. Tras obtener resultados positivos, el programa fue ampliado. Para 1963, once regimientos contaban con cursos de especialidades, que atendían a un total de 400 soldados en las principales guarniciones del país, incluidas Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago, Valdivia y Punta Arenas (Los soldados chilenos empuñan..., 1965, pp. 18-19).
En 1964, este programa de formación técnica contó con apoyo estadounidense, “USAID cooperation was obtained, and they area furnishing surplus items from availability list and a cash grant for local purchases of $3,000.00” (Unites States Southern Command, 1964, p. 2). Los llamados nuevos Cursos de Especialidades ofrecían formación en ocho oficios: mecánica de banco, mecánica de automóviles, instalaciones eléctricas (de interiores), carpintería, gasfitería, albañilería, estucos y revestimiento, y perforista disparador (Polanco Nuño, 1964, pp. 29-30; González Rojas, 1965, pp. 82-83). Asimismo, uno de los oficiales encargados de la implementación de estos cursos fue el capitán Sergio Álvarez, quien comentó en 1965:
Así comenzó nuestra transformación. Se iba abandonando la vieja idea de que el Servicio Militar sólo consistía en giros y disciplina. Dimos un paso de más de 20 años. Nos pusimos a tono con la realidad nacional y año a año entregamos una gran cuota de obreros especializados (Los soldados chilenos empuñan..., 1965, p. 19).
Las palabras del capitán Álvarez reflejan los cambios asumidos por el ejército en su adaptación a las necesidades del país. Estas modificaciones en el servicio militar permitieron combinar la instrucción para el combate con un nuevo período de formación especializada, mejorando así las oportunidades de inserción laboral de los conscriptos al finalizar su servicio y generando una fuerza laboral calificada para el proceso de industrialización del país. Además, esta fuerza de trabajo capacitada constituía una reserva militar potencial con competencias técnicas.
En mayo de 1967, el ejército suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INACAP) para continuar la formación de conscriptos e instructores de su cuadro permanente. Para entonces, el programa de adiestramiento del ejército chileno ya había recibido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, y también había obtenido una importante donación de materiales de parte de la “Alianza para el Progreso” (Una escuela de civismo que viste..., 1967, p. 9).
Los resultados de estos cursos se manifestaron rápidamente en la comunidad nacional. En 1963, El Mercurio destacó el impacto social del programa, señalando que el 50% de los conscriptos, una vez licenciados, fueron contratados por fundos o empresas industriales (Las proyecciones material y social..., 1963, p. 30). Del mismo modo, La Nación recogió que, durante 1965, y gracias al convenio con la CORFO, la institución armada graduó cerca de 3.000 conscriptos de las once Unidades en Cursos de Tractoristas, y aproximadamente 4.300 jóvenes obtuvieron certificados como técnicos en diversas especialidades (Espíritu de sacrificio y abnegación..., 1966, p. 11).
Al otro lado de la cordillera andina, el presidente Betancourt, dictó el decreto de Reglamento sobre el funcionamiento administrativo y dirección de las Granjas Militares Agropecuarias, el 24 de agosto de 1961, con el objetivo de instruir en especialidades agropecuarias a los soldados seleccionados durante su servicio militar. El proyecto de formación técnica para conscriptos contó también con la colaboración de los Ministerios de Defensa y de Agricultura y Cría, además, de la Oficina Central de Coordinación y Planificación [CORDIPLAN] (La Placera, 1961; Escobar Golus, 1964, p. 33).
De este modo, se creó una granja piloto en la Guarnición de Maracay; la Granja Militar “La Placera”, estado Aragua, centro-norte del país. Al respecto, el teniente-coronel Emiliano Escobar Golus7 apuntó que “el programa de las granjas militares agropecuarias fue ampliamente recomendado por el comité ad-hoc que revisó el Plan de la Nación” (Escobar Golus, 1964, p. 33), que permitía la preparación técnica adecuada de los individuos de tropa, “objeto de reforma agraria”, desempeñando labores especializadas en el desarrollo rural.
Igualmente, la Revista del Ejército dedicó un editorial al adiestramiento agropecuario llevado a cabo por la institución8. En el mismo, la publicación señalaba que para 1964, además de la Granja Militar “La Placera”, también funcionaban cursos de instrucción agropecuaria en otras Unidades el ejército, específicamente en los Cuarteles “Freites” de Barcelona y “Sucre” de Cumaná, ambos en el oriente venezolano, que contaban con la colaboración de organismos calificados. Al término del editorial, la revista entregaba la siguiente reflexión:
En Venezuela, el 80 por ciento del personal de tropa de nuestras Fuerzas Armadas proviene del medio rural y sub-urbano. Y ya se sabe que ese contingente representa varios miles de hombres que reciben instrucción militar durante dos años, al cabo de los cuales reingresan a la vida civil. Anualmente constituye un apreciable porcentaje de los que se quedan en la ciudad. Si se les prepara convenientemente, lejos de constituir un problema social, muy bien pueden, y están en capacidad de realizar función útil (Adiestramiento agropecuario en el ejército..., 1964, p. 2).
El texto editorial de una de las principales publicaciones de la institución devela tres aspectos relevantes. Por un lado, el elevado número de tropa de procedencia rural y sub-urbana en servicio en las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional), en especial cuando se considera que el censo de Venezuela de 1950 mostró, por vez primera, que más del 50% de la población residía en áreas urbanas (Venezuela dirección general de estadística..., 1962, p. 75). Por otro lado, un dato no menor, la institución castrense observaba que una parte de los conscriptos provenientes del medio rural, una vez licenciados del servicio militar, se establecían en ciudades, lo que muestra el éxodo campesino en los años sesenta en la nación suramericana, en forma paralela al proceso de reforma agraria. Finalmente, la revista comparte una visión moral sobre el tema, al considerar que el cuerpo castrense puede evitar una “problema social”, y capacitar a ciudadanos para una “función útil” en la vida civil.
En 1965, un periodista del Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa, Fernando Gil de Montes, publicó un artículo en la Revista de las Fuerzas Armadas, órgano oficial de la cartera de Defensa, que exponía con detalle el funcionamiento de la Granja Militar. En este orden, el establecimiento comenzó sus actividades de formación agropecuaria con programas dirigidos a conscriptos, que realizaban su segundo año de Servicio Militar.
En cuanto a la instrucción, la Dirección de la Granja Militar diseñó dos planes de formación técnica, que integraban contenidos teórico-prácticos en 416 horas, desarrollados en seis meses, distribuidos en: Cultivos Generales, 156 horas; y Maquinaria Agrícola y Taller Rural, 260 horas. Después de concluida esta fase inicial, los soldados-alumnos debían seleccionar un curso especializado, que variaba en duración entre 280 a 240 horas, dentro de las siguientes opciones: Avicultura, Apicunicultura [sic], Fruticultura-Horticultura, y Porcinocultura. Igualmente, el adiestramiento también incluía visitas a fincas, plantaciones e industrias agropecuarias próximas de la zona, y cada soldado-alumno debía cumplir con ocho de estas visitas en un mes (Gil de Montes, 1965, p. 25). En el siguiente cuadro, se puede observar los dos ciclos de capacitación completa:
Por su parte, la estructura organizativa de este centro estaba constituida por dos organismos, uno directivo y uno de supervisión. De este modo, en abril de 1964, se creó la Junta de Instrucción, conformada por el director de establecimiento, el Tte. Col. Bernardo Jurado Blanco, oficial asimilado, y por los jefes de los Departamentos Agrícolas y Pecuarios. A su vez, el centro de adiestramiento era supervisado por la Junta Evaluadora, integrada por dos oficiales superiores del Ejército, dos funcionarios del Ministerio de Agricultura, y uno de CORDIPLAN (Gil de Montes, 1965, pp. 25-26). Este último dato resulta relevante, puesto que muestra la participación, en forma articulada, de la institución castrense con las carteras ministeriales y la principal entidad del Estado venezolano en la coordinación de los planes de desarrollo.
Asimismo, el proyecto fue analizado en un informe hemisférico del US Southern Command, que señalaba que la primera clase de estudiantes de la Granja estuvo compuesta por 100 soldados del Ejército y 15 de la Fuerza Aérea, se inició en marzo de 1964 y recibieron una instrucción de nueve meses. El Civic Action Mobile Training Team reportó: “This Program is well-conceived and represent one of the most out-standing examples of agriculture training for military conscriptees [sic] in Latin America” (United States Southern Command, 1964, [n.p.]). Esta labor también fue motivo de estudio y comparación con otros programas de instrucción en América Latina. Así, la Revista de las Fuerzas Armadas publicó en dos números de 1965, un trabajo extenso del coronel Carlos Celis Noguera, sobre las contribuciones en educación de los ejércitos latinoamericanos (Celis, 1965a y b).
La Memoria de Defensa de 1966 recogió el propósito de la “Granja Militar de Adiestramiento Agropecuario “La Placera”, cuya misión era “impartir instrucción agropecuaria al personal de tropa”, al efectuar una “explotación racional de sus tierras, instalaciones y equipos, con el fin de producir los renglones agropecuarios destinados al consumo”. Además, el documento sostenía que se dictaron “Cursos de Especialización relacionados con apicultura, cunicultura, avicultura, fruticultura, horticultura y porcinocultura” (Memoria de Defensa, 1966, p. 236).
En suma, la evidencia documental indica que los ejércitos chileno y venezolano llevaron a cabo importantes programas de instrucción técnico-profesional en los años sesenta, especialmente dirigidos a la incorporación de los soldados conscriptos a las labores en la vida civil de trabajos agrícolas, dentro del contexto de las reformas agrarias llevadas a cabo en ambas naciones en aquella época. Esto demuestra la articulación de los cuerpos armados con las políticas de los Estados nacionales emanadas del marco de la ALPRO, y también muestra la capacidad de estas instituciones en las tareas asignadas.
LA BATALLA POR EL DESARROLLO: ACCIÓN CÍVICA EN CHILE Y VENEZUELA
Durante los sesenta, los ejércitos de Chile y Venezuela llevaron a cabo un conjunto de acciones cívicas que transformaron significativamente las infraestructuras de sus países. Estas acciones, impulsadas por la visión de cooperación en el desarrollo nacional, incluyeron la construcción de obras públicas de envergadura, como carreteras, puentes y sistemas de abastecimiento de agua. Estas obras no solo requerían un despliegue logístico y técnico importante, sino también el desempeño en condiciones geográficas complejas. En ambos países, estas labores respondieron a una estrategia que buscaba integrar áreas aisladas, al promover la cohesión territorial y la presencia del Estado en regiones de difícil acceso.
El ejército chileno emprendió varios proyectos de construcción de gran envergadura, destinados a mejorar la conectividad en zonas remotas y estratégicas del país, con el objetivo de fortalecer la integración territorial y apoyar el desarrollo nacional. En este sentido, tres proyectos principales involucraron el mayor esfuerzo material, humano y logístico de la institución: la carretera Azapa/Copaquilla, en el Norte Grande; la vía de comunicación Lago Llanquihue/Lago Rupanco, en el Sur; y la conexión Chaitén/Alto Palena, cerca de la frontera con Argentina.
Uno de estos proyectos fue la construcción de la carretera de Azapa a Copaquilla en la región de Arica, en el extremo norte de Chile, la cual facilitó el acceso a áreas agrícolas y mejoró las rutas comerciales en una región fronteriza y aislada. En el sur, a 80 kilómetros al sureste de Osorno, se desarrolló desde 1963, la carretera entre el Lago Llanquihue y el Lago Rupanco, de 25 km aprox., mejorando el acceso a los mercados de los productos de la zona, y un incentivo para el turismo, con el objetivo de potenciar la economía local y su conexión con el país (United States Southern Command, 1966, pp. 210-212).
Más al sur, en la región de Palena, el ejército construyó la carretera desde la ciudad costera de Chaitén, de 50 km aprox., hasta el Alto Palena, en el área del Lago Yelcho, 12 km aprox., permitiendo conectar las localidades de esta zona con el resto del país y enfrentando condiciones geográficas desafiantes (United States Southern Command, 1966, p. 214). Estos proyectos no solo consolidaron la presencia estatal en áreas de difícil acceso, sino que también contribuyeron a la integración económica y social de las regiones más remotas de Chile.
En esta línea, parte importante de los trabajos realizados se debieron al Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), creado en 1953 y reestructurado en 1960 que, junto con las unidades militares locales, participó activamente en las obras de Arica y del Sur, con apoyo material y en equipos de los Estados Unidos, a través del Pacto de Ayuda Militar (PAM) (Espíritu de sacrificio y abnegación..., 1966, p. 11).
Asimismo, el ejército chileno realizó una de sus mayores obras de infraestructura con la construcción de rutas en la zona de Chaitén-Alto Palena, en la actual Región de Los Lagos, un área de difícil acceso por su geografía. El presidente Frei destacó, en su mensaje al Congreso en 1967, la labor del Cuerpo Militar del Trabajo, única entidad capaz de transportar carga pesada en la zona, aprovechando medios fluviales para cubrir la distancia de 45 km por el Lago Yelcho (Mensaje del presidente de la república..., 1967, p. 283).
Por otro lado, el ejército chileno también llevó a cabo obras de construcción de vivienda, con apoyo de la CORVI, para sectores vulnerables de Santiago (Personal militar de la guarnición..., 1961, p. 1). Además, realizó proyectos de construcción de aulas de clase en medios rurales, trabajos que a su vez se nutrían con los suboficiales y conscriptos capacitados en los cursos de especialidades técnicas, y aportaban beneficios de bienestar a la sociedad.
Las operaciones de Acción Cívica desarrolladas por el ejército venezolano en los sesenta fueron variadas en su magnitud, alcances y objetivos. No obstante, éstas podrían agruparse en dos: las grandes operaciones de obras públicas mayores, las Operaciones Gran Sabana, Ayacucho y Niquitao; y las misiones de apoyo a las poblaciones vulnerables, atacadas por las guerrillas.
Por su parte, el ejército venezolano desarrolló tres relevantes proyectos de construcción de vialidad en regiones apartadas de la nación que se extendieron por varios años, dados los desafíos y envergaduras de cada una. De este modo, a lo largo de la década, se informó periódicamente de los avances de las Operaciones Gran Sabana, para conectar el sur del país hasta la frontera con Brasil; Ayacucho, destinada a comunicar el territorio amazónico con el resto de territorio; y Niquitao, dedicado a establecer conexión en los Andes.
De esta forma, la Revista del Ejército publicó varios reportajes, acompañados de fotografías, sobre los avances de la Operación Gran Sabana. En 1964, se informó sobre la gira de inspección efectuada por el director del Servicio de Ingeniería Militar del Ejército, coronel Eduardo Llavaneras, y el jefe de la VI División de Infantería de Ciudad Bolívar, coronel Audelino Moreno (La operación “Gran Sabana”, 1964, pp. 34-38). Igualmente, en 1965, la publicación compartió otro reportaje, elaborado por la revista (Operación Gran Sabana, 1965, pp. 83-92). También, en 1968, por el día de la institución, dedicó una mención destacada a las obras de vialidad de esta operación (Revista del Ejército, 1968).
Por su parte, el ministro de Defensa, general Ramón Florencio Gómez, expuso en 1965: “programas merecen singular significación los ya conocidos como ‘Operación Amazonas’ y ‘Operación Gran Sabana’, los cuales están llamados a incorporar a la vida civilizada vastas porciones de nuestro territorio, hasta ahora incomunicadas por vía terrestre del resto del país” (Exposición del ministro de la defensa..., 1965, p. 72). En efecto, se trataba de obras de varios años de trabajo que representaban también la visión “civilizadora” y modernizadora de la época.
Por su parte, la Revista de las Fuerzas Armadas publicó un artículo especial en 1966, con fotografía y notas, elaborado por el Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa, donde se presentaron los avances de la “Operación Amazonas” en el sur, en medio de la espesa selva amazónica. El reportaje brindó una descripción de las labores in situ, en la que consideraba que “el Servicio de Ingeniería Militar viene librando una batalla en pro del desarrollo socio-económico de esa región”, y las obras estaban “abriendo vías hacia el progreso” (Gil de Montes, 1966, pp. 31-32).
Se trataba de más de 600 kilómetros longitudinales, en los que el ejército construyó la carretera entre Puerto Páez, llanos de Apure, y Puerto Ayacucho, selva Amazonas, cuyos trabajos se iniciaron en marzo de 1962. Más aún, siguiendo hacia el sur, el cuerpo castrense también levantó un aeropuerto en San Carlos de Río Negro, en plena selva. La revista proporcionó un relato descriptivo del medio geográfico y de las vicisitudes que debieron atravesar en medio de las labores al internarse en la selva: “Un sinnúmero de dificultades representó para el S.I.M. [...] entre las que cuentan, el transporte de maquinarias por piezas, el aprovisionamiento de combustible y demás implementos necesarios y el acceso por entre la espesa y enmarañada selva amazónica” (Gil de Montes, 1966, p. 35).
Por su parte, la Memoria del Ministerio de Defensa de 1966, asentó las actividades realizadas de la Operación Niquitao, consistente en la construcción de la carretea Niquitao-Tostó y la reparación de la vía que va de Tostó a Boconó. Las obras en plena cordillera andina trajeron “problemas difíciles de solventar como consecuencia de las formaciones geológicas del terreno” (Memoria de Defensa, 1966, pp. 234-235).
Entre 1962 y 1968, el ejército venezolano enfrentó un escenario de guerra de guerrillas contra las FALN. En este contexto, las operaciones de Acción Cívica, orientadas a la defensa de la democracia frente al conflicto guerrillero, incluyeron protección de comunidades vulnerables. Un ejemplo fue la Operación Concordia, que brindó asistencia médica, dental y realizó construcciones necesarias en el estado Falcón. En esta región, los ingenieros militares también edificaron una capilla, como “obra de carácter social” destinada a la población local (Acción Cívica en el Estado Falcón, 1965, p. 84).
En 1966, el presidente Leoni destacó públicamente la labor de la acción cívica en la nación: “como medio coadyuvante para lograr un mejor efecto de la actividad propiamente militar, es uno de los logros positivos que han concebido las Fuerzas Armadas Nacionales en este enfrentamiento con los focos guerrilleros que han venido actuando en diversos lugares” (Leoni, 1967, p. 81). A nivel internacional, también se estudió y reconoció el empleo de las acciones cívicas en el combate a las guerrillas comunistas (Lernoux, 1966, p. 3).
En conclusión, las acciones cívicas de los ejércitos de Chile y Venezuela, en los años sesenta, reflejan un compromiso con el desarrollo nacional, centrado en la creación de infraestructura en zonas de difícil acceso. Las unidades de ingenieros de ambos países afrontaron desafíos geográficos diversos: en Venezuela, las operaciones se extendieron desde la selva amazónica hasta la cordillera andina; en Chile, desde los desiertos del norte hasta los campos gélidos del sur. Estas intervenciones promovieron la integración territorial, el desarrollo económico de áreas aisladas y fortalecieron la relación entre el Estado y la población, consolidando el ideal cívico-militar de progreso nacional.
CONSIDERACIONES FINALES
Historiográficamente, este estudio aporta otra visión de la Guerra Fría global, transnacional e interconectada, en la que los ejércitos latinoamericanos se integraron en las políticas de desarrollo impulsadas por los Estados, en planes y metas para cumplir con los objetivos de la Alianza para el Progreso en infraestructura vial, educación técnica, salud, entre otros. En concreto, sobre los casos de Chile y Venezuela, la documentación evidencia la significativa relación y articulación entre los programas de acción cívica de los ejércitos chileno y venezolano con los proyectos de desarrollo nacional promovidos por los respectivos Estados en el contexto de la Alianza para el Progreso durante los años sesenta. En suma, esta vinculación con la Alianza contó con un importante respaldo de Estados Unidos, tanto en asistencia técnica como en provisión de recursos y equipos, consolidando un modelo de cooperación militar en el ámbito de la modernización material de las naciones.
En segundo lugar, los ejércitos chileno y venezolano se transformaron operativamente en agentes de cambio por parte de sus respectivos Estados, en consonancia con los planes de la Alianza para el Progreso sobre la reforma agraria. En síntesis, estas instituciones armadas sirvieron como centros de capacitación técnica y agrícola para los soldados conscriptos. La instrucción proporcionada por estos ejércitos se integró con dos objetivos claves de la Alianza y la reforma agraria: por una parte, contar con personal adiestrado en labores de producción agrícola y, por otra parte, contribuir a la autosuficiencia alimentaria de los propios países. Esta experiencia resulta significativa históricamente pero, probablemente, insuficiente por los problemas estructurales nacionales de monoproducción de petróleo y de cobre.
Finalmente, las grandes obras públicas de infraestructura realizadas por los ejércitos de Chile y Venezuela en esta década, demuestran la interrelación de necesidades e intereses pragmáticos de los Estados y sus ejércitos. Para los Estados, los cuerpos armados se convirtieron en instrumentos eficaces y económicos para la materialización de proyectos de construcción, debido a su capacidad técnica, disciplina y despliegue territorial en condiciones geográficas complejas, tales como la selva amazónica, la cordillera andina y el desierto del norte chileno. En tanto, para los ejércitos, las tareas de construcción se convirtieron en una oportunidad de mostrar de forma tangible su utilidad y servicio a la nación de acuerdo con la idea de desarrollo material de la época.
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1
Proyecto FONDECYT n. 11230756, ANID, Chile.
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2
En la historiografía especializada también se ha denominado “descolonización” o movimientos de “liberación nacional” (Van Dijk, 2008; Kalinovsky; Daigle, 2014).
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3
Según Tanya Harmer, Cuba pudo haber entrenado de 150 a 2000 guerrilleros latinoamericanos entre 1961 y 1964 (Harmer, 2011, p. 24).
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4
Desde las elecciones presidenciales de 1958 el candidato socialista Salvador Allende había tenido alrededor del 30% de la intención de votos. Se puede ver en: San Francisco (2016).
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5
Desde 1961, comenzó a operar las “Fuerzas Armadas de Liberación Nacional” (FALN), grupo armado de izquierda, que creó varios “frentes” guerrilleros en 1962. Puede consultarse: Mondolfi Gudat (2017).
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6
Photo plus: “Group from Venezuela visits Civil Affairs School at Fort Gordon, Georgia” (Brewster, 1965, p. 19).
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7
Escobar fue Sargento Primero ascendido a Subteniente en noviembre de 1945 (Memoria de Defensa, 1946, p. 87).
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8
Para 1964, el director de la Revista del Ejército era el coronel Tomás Pimentel D’Alta. Pimentel egresó de la Escuela Militar de Venezuela en 1943, Arma de Caballería, y desarrolló su carrera en el Arma de Blindados.
