El patrocinio de refugiados: una revisión sistemática descriptiva

Refugee sponsorship: A descriptive systematic review

Resumen

En la última década diecisiete países occidentales han adoptado “esquemas de patrocinio” como respuesta a la denominada “crisis de los refugiados”. La revisión y sistematización de cuarenta y tres textos publicados sobre tales iniciativas permite detectar importantes diferencias en el diseño y alcance de las mismas en cada una de las regiones del mundo en que se han implementado (Norteamérica, Oceanía, Europa y América Latina). Se advierte, asimismo, que son más los autores partidarios de este tipo de propuestas que aquellos que lo cuestionan, ya sea éste una vía privatizada de reasentamiento, un mecanismo de reunificación familiar, un canal de admisión humanitaria y/o, simplemente, un proyecto de acompañamiento lego. A través del análisis se identifican dos principios diferentes al principio de adicionalidad que caracterizó al modelo original de patrocinio canadiense y ello sugiere que las lecturas economicistas y/o humanitarias estarían eclipsando las interpretaciones políticas y centradas en un enfoque de derechos.

patroc; patrocinio privado; patrocinio comunitario; corredores humanitarios

Abstract>

In the last decade seventeen Western countries have adopted “sponsorship schemes” as a response to the so called “refugee crisis”. The review and systematization of forty-three publications on such initiatives allow us to identify important differences in their design and scope in each of the World regions in which they have been implemented (North America, Oceania, Europe and Latin America). Additionally, we observe that there are more authors in favour of this type of strategies that those who question it, regardless of it being a privatized route of resettlement, a family reunification mechanism, a humanitarian admission stream or, simply, an amateur support project. The analysis enables us to recognize two principles different from the principle of additionality that characterizes the original model of refugee sponsorship. This suggests that economistic and humanitarian readings are eclipsing political and human rights-centered interpretations.

refugrship; private sponsorship; community sponsorship; humanitarian corridors

Introducción

Cada vez son más los países occidentales que afirman implementar esquemas o programas de “patrocinio de refugiados” como respuesta a la denominada “crisis de los refugiados” ¹.

En muchos contextos se proclama que el esquema adoptado está basado en el modelo canadiense; en otros, que éste surge de manera espontánea ante una “emergencia humanitaria”² concreta. En algunos escenarios, las iniciativas han tenido una duración muy limitada; en otros, han durado años. En escasas ocasiones, éstas se han dirigido a personas con necesidad de protección internacional de cualquier parte del mundo. En la mayoría, no obstante, se han destinado a personas de países concretos, sobre todo, de Siria. Los nombres que estas estrategias de intervención adquieren también han sufrido modificaciones: a veces se ha hablado de patrocinio privado, a veces de patrocinio comunitario y, eventualmente, también, de corredores humanitarios. En todos los casos (con independencia de: nombre, duración, modelo inspirador o país de origen de la población desplazada), se ha argumentado que la principal ventaja de los esquemas de patrocinio es que éstos permiten involucrar a los miembros de la sociedad civil de las sociedades de destino en la búsqueda de “soluciones” ante el “problema” que supone que hayan aumentado los desplazamientos forzados a escala global.

En este artículo presento una revisión sistemática de la literatura publicada en los últimos veinte años sobre iniciativas que han recibido el rótulo de patrocinio de refugiados. Al hacerlo, mi intención es ofrecer una panorámica que permita distinguir: qué se entiende por patrocinio de refugiados; dónde y cómo surge este tipo de estrategias de intervención; en qué momento se expande por Occidente; de qué modo; y con qué fundamento.

El artículo está estructurado en cuatro apartados. En el primero se ofrece una descripción metodológica del proceso de revisión. A continuación se presentan las distintas propuestas etiquetadas como iniciativas de patrocinio en diecisiete países occidentales, agrupadas por área geográfica: Norteamérica, Oceanía, Europa y América Latina. En el tercer apartado se discuten las diferencias identificadas en cada contexto, tanto respecto a las denominaciones, como en lo relativo a las características de las propuestas. Finalmente, se concluye que, a pesar de las mutaciones que han experimentado las iniciativas de patrocinio de refugiados, las lecturas ofrecidas en la literatura examinada son predominantemente positivas a partir de argumentos tanto humanitarios como economicistas.

1. Metodología

La revisión sistemática diseñada es de carácter descriptivo³. Su pertinencia surge en el marco de una investigación sociológica acerca de un programa de patrocinio lanzado en Argentina para población procedente de Siria. Durante mi búsqueda de antecedentes en la literatura especializada, distinguí que: (1) el patrocinio de refugiados adquiere distintos significados, adjetivos y denominaciones en función de las regiones del mundo en que se implementa, y (2) estas diferencias repercuten en el tipo de medidas adoptadas, lo cual, a su vez, incide en el mayor o menor acceso a derechos de la población desplazada a través de estos esquemas. Ante dicha situación, me propuse reexaminar la información, organizarla y sistematizarla.

Durante la primera fase del proceso de revisión, realicé varias búsquedas bibliográficas en Google Scholar. Dado que la mayor parte de publicaciones sobre la temática están escritas en inglés, introduje las palabras “refugee” y “sponsorship” para el intervalo de tiempo 2000-2020, obteniendo 23.000 documentos. Acoté la muestra con los conceptos “private sponsorship refugees” y “community sponsorship refugees”, consiguiendo 1.490 y 236 textos en cada caso. Al pasar al español, la búsqueda aportó 71 y treinta y cuatro referencias respectivamente. En una primera exploración pude observar que: (1) a partir de la séptima O en inglés, y la segunda en español (recuérdese que en Google Scholar se ofrecen diez resultados por cada O), los textos comenzaban a versar sobre otras temáticas; y (2) las búsquedas en inglés ofrecían prácticamente el mismo material.

Posteriormente procedí a leer palabras clave y resúmenes del conjunto del material recopilado, y seleccioné treinta y dos publicaciones que incluían definiciones y descripciones de iniciativas de patrocinio. Tras una lectura crítica de los textos completos, añadí once escritos más a partir de las referencias que sobresalían por coincidencia de mención en las obras consultadas. Para la presente revisión incorporé artículos, capítulos de libro⁴ y documentos que pueden calificarse como literatura gris: tesis, working papers, e informes comisionados por organismos políticos y religiosos. En total, esta revisión incluye cuarenta y tres textos: veintiseis artículos científicos, cuatro libros o secciones de libro y trece documentos “grises”. Treinta y siete publicaciones están en inglés, cinco en español y una en portugués⁵. Su examen permite ofrecer una descripción de las características de las distintas iniciativas englobadas bajo la categoría de patrocinio de refugiados.

2. El patrocinio de refugiados por área geográfica

2.1. El patrocinio de refugiados en Norteamérica

Canadá fue el primer país del mundo en vincular el concepto de patrocinio al ámbito de la migración forzada, en implementar una iniciativa con dicha denominación, y en respaldarla a través de una ley migratoria: la Ley de Inmigración de 1976.

La expresión acuñada en dicho país es la de patrocinio privado y éste se entendió, desde el inicio, como un modelo o tipo de reasentamiento, apoyo e integración para personas refugiadas basado en la colaboración entre “ciudadanos públicos” y “ciudadanos privados”, es decir, entre representantes y trabajadores del Estado, por un lado, y grupos de personas y organizaciones civiles y religiosas, por otro⁶. Dicha colaboración ha consistido en que los primeros autorizan el ingreso al territorio de población desplazada forzosamente, le conceden un permiso de residencia permanente y acceso a los mismos derechos que los demás residentes del país; mientras que los segundos seleccionan a quien desean “patrocinar”, le facilitan una primera vivienda, ayuda en los gastos iniciales de manutención y acompañamiento.

En la literatura canadiense es posible identificar dos posturas respecto a esta modalidad de reasentamiento e integración. Por un lado están los trabajos de quienes denomino “defensores” y, por otro, los de los “detractores” del patrocinio de refugiados. Si bien las posturas sostenidas en los artículos e informes no tienen porqué reflejar siempre la perspectiva de quienes los escriben, me permito proponer esta distinción por tratarse de investigaciones comprometidas con una causa: lo que en inglés se conoce como advocacy research.

Los escritos de los defensores de este tipo de esquemas⁷ resaltan tres elementos o características positivas y distintivas del patrocinio privado. La primera consiste en que éste se basa en lo que denominan “principio de adicionalidad”. Es decir, se trata de una iniciativa que suma o añade una mayor cantidad de personas a la cifra total de individuos reasentados estipulada cada año por el gobierno. En segundo lugar, este esquema amplía el perfil de quienes pueden ser admitidos como refugiados, pues los candidatos no tienen por qué contar con el reconocimiento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para ser aceptados. Si su vida, libertad, integridad física o cualquier otro derecho humano corren riesgo, pueden ser patrocinados⁸. Finalmente, se presenta el patrocinio de refugiados como una medida propuesta por miembros de la sociedad civil, lo cual es interpretado como un reflejo del compromiso cívico de la ciudadanía, de su hospitalidad, desinterés, apertura y, como corolario, del espíritu humanitario de la nación entera.

Varios de estos autores señalan, empero, algunos retos⁹. Entre ellos se encuentran, por un lado, aquellos vinculados a la creciente intromisión estatal y, por otro, aquellos relativos a las fallas en el funcionamiento del mecanismo de patrocinio privado a partir de los relatos de los actores sociales involucrados en él. En lo relativo a la mayor intrusión estatal, se reclama que ésta ha aumentado en la última década. Se denuncia que el principio de adicionalidad está en riesgo debido a que cada vez son más las personas reasentadas a través del patrocinio privado en comparación con aquellas que lo son a través del programa público de reasentamiento. Se critica, asimismo, la generación de sistemas de topes y de sub-topes al número de personas refugiadas que pueden ser patrocinadas, tanto temporal (por año) como geográficamente (en función del país de origen). En relación con las deficiencias operativas narradas por los distintos actores sociales implicados en este esquema, se encuentran, en primer lugar, las críticas que hacen los “ciudadanos públicos” a los “privados” por usar, con frecuencia, el esquema de patrocinio como un canal de reunificación familiar extendida en lugar de como una vía de reasentamiento (se habla de “efecto eco” y de “migración relacional”). Y, en segundo, aquellas de los “ciudadanos privados” a los “públicos” en lo concerniente a: demoras burocráticas, imposibilidad de apelación ante rechazos en las solicitudes, falta de transparencia por parte de las agencias canadienses que operan en los países de origen de la población y falta de consulta sobre reformas políticas que afectan, principalmente, a la población refugiada (por ejemplo, los sistemas de topes y sub-topes).

Los autores “detractores” son críticos no ya con la creciente intervención estatal o con el funcionamiento del patrocinio privado, sino con el esquema en sí mismo¹⁰. Interpretan que se trata de un mecanismo de privatización de la responsabilidad estatal ante las comunidades nacional e internacional. Desde esta perspectiva, el Estado canadiense delega sus obligaciones internacionales de “reparto de carga” en materia de asistencia humanitaria (expresión de ACNUR) mientras ahorra en la inversión de fondos públicos para garantizar protección internacional a quienes lo necesitan. Y no sólo eso, sino que lo hace imponiendo condiciones legales, económicas y sociales a aquellas personas y grupos de la sociedad civil para quienes garantizar refugio es una cuestión moral, ética, política y/o familiar impostergable. En este sentido, se estima que este esquema no sólo desatiende responsabilidades estatales, sino que legitima modos particulares de participación cívica basados en la compasión o la caridad. Modos que contribuyen, por un lado, a descontextualizar y despolitizar las causas de los desplazamientos y, por otro, a promover la conformación de “comunidades emprendedoras” entre los integrantes de la sociedad civil, ya que éstos deben garantizar solvencia económica ante los funcionarios para poder patrocinar refugiados¹¹.

A este respecto, cabe señalar que son escasos los trabajos científicos que analizan las características, motivaciones y perspectivas de las personas y/u organizaciones patrocinadoras¹², y aún más exiguos los estudios que incorporan las opiniones, preferencias y experiencias de las personas patrocinadas¹³. Pese a ello, a los retos presentados por sus defensores y a las críticas de sus detractores, el esquema de patrocinio canadiense ha sido promocionado a nivel internacional como una práctica humanitaria exitosa; algo que sostienen no sólo sus defensores canadienses, sino también todos los autores que han escrito sobre patrocinio de refugiados desde otras regiones globales (Oceanía, América Latina y Europa) en la literatura revisada.

A menudo se menciona que, gracias a este esquema, más de 327.000 personas han sido reasentadas en Canadá desde 1979¹⁴. Y precisamente porque se considera que este mecanismo permite reducir el número de personas con necesidad de protección internacional, en la Asamblea de Naciones Unidas de septiembre de 2016 se resolvió difundir el esquema de patrocinio canadiense a escala global, y se generaron dos instrumentos específicos para lograrlo: la Iniciativa Global de Patrocinio de Refugiados (GRSI por sus siglas en inglés) y el Mecanismo de Apoyo Conjunto para Países de Reasentamiento Emergentes (ERCM).

Veamos a continuación cómo se han implementado esquemas de patrocinio en otros contextos, empezando por Australia y Nueva Zelanda.

2.2. El patrocinio de refugiados en Oceanía

Australia fue el segundo país del mundo en adoptar el esquema de patrocinio de refugiados, llamándolo, eso sí, comunitario, no privado¹⁵. Entre 1979 y 1999 estuvo en vigor su primera iniciativa. En dicho período, más de 30.000 refugiados de Vietnam, del Este de Europa y América Latina fueron patrocinados, mayoritariamente, tal y como ocurrió en Canadá, por familiares y miembros de colectividades religiosas o étnicas.

Una vez que el esquema se clausuró, los arribos permitidos se limitaron a aquellas personas que tuvieran vínculos familiares o comunitarios demostrables con población residente en Australia, lo suficientemente organizada y solvente como para apoyar económicamente el proceso de desplazamiento, arribo e inserción.

Recién en 2013 Australia vuelve a abrir la posibilidad de un reasentamiento, apoyo e integración privatizado para personas sin vínculo afectivo, a través de un programa piloto que se consolidó oficialmente en 2017. A través del nuevo programa de patrocinio de refugiados se permitió que no sólo individuos y organizaciones civiles o religiosas patrocinen la llegada y primer año de residencia de los refugiados, sino que lo hagan también empresas. Algo que diferencia la reciente propuesta australiana no sólo de su antecesora, sino de la canadiense.

En relación con esta última cabe destacar que el esquema de patrocinio australiano no se basa en el principio de adicionalidad, sino en lo que denomino “principio de substracción”. Es decir, la cantidad de personas que son reasentadas por la vía “comunitaria” es descontada de la cuota de reasentamiento público que cada año fija el gobierno. Por otra parte, aunque esta iniciativa permite que sean los patrocinadores quienes seleccionan a los refugiados a reasentar, resulta difícil imaginar que éstos puedan no tener un vínculo afectivo con quienes residen en Australia pues, al exigir el pago de tasas muy elevadas para realizar el trámite, es menos probable que residentes (o empresarios) australianos realicen grandes desembolsos para socorrer a desconocidos¹⁶. Además, al limitar los perfiles de quienes pueden ser patrocinados a: personas de entre dieciocho y cincuenta años con un dominio de inglés “funcional” y experiencia o formación profesional que permita una inserción rápida en el mercado laboral, Australia está promoviendo un reasentamiento funcional a su economía nacional. En otras palabras, el país oceánico estaría buscando mano de obra idónea y no necesariamente cumplir los compromisos asumidos a través del derecho internacional humanitario de cara a la protección de refugiados.

Algo similar ocurre en Nueva Zelanda en lo relativo a la selección de perfiles. Pues ésta está basada en la lógica del mercado y no en motivos humanitarios¹⁷. Los refugiados que pueden ser reasentados por la “comunidad” en este país oceánico son personas de entre dieciocho y cuarenta y cinco años, con conocimientos del idioma oficial, tres años de experiencia laboral o, en su defecto, al menos dos de educación terciaria.

El esquema neozelandés, vigente como programa piloto desde 2017, y objeto de apoyo y asesoramiento de la GRSI, se diferencia de la propuesta australiana en que sí se asienta en el principio de adicionalidad, y permite la selección o nominación de refugiados por parte de los patrocinadores sin cobrarles tasas prohibitivas.

No obstante estas diferencias, ambos esquemas comparten, al menos, dos características relevantes. Por un lado, han permitido el reasentamiento de una cantidad pequeña de personas (entre 2017 y 2018 llegaron 326 refugiados patrocinados a Australia y veinticuatro a Nueva Zelanda¹⁸) y establecido cuotas máximas anuales modestas: de cincuenta personas en Nueva Zelanda y de 1.000 en Australia¹⁹. Por otro lado, la justificación política para ambas iniciativas es similar: se enaltece el compromiso y la participación de integrantes de la sociedad civil (en este caso, sinónimo de comunidad) en ofrecer cobijo a quienes deben abandonar sus países de origen.

Como se constatará a continuación, se trata del mismo argumento utilizado en todos aquellos países de Europa que han venido desarrollando sus propias versiones de los esquemas de patrocinio.

2.3. El patrocinio de refugiados en la Unión Europea

En el continente europeo han ido floreciendo iniciativas de patrocinio (comunitario o privado) de refugiados desde el año 2013²⁰. En este contexto, no obstante, el patrocinio de refugiados no es sinónimo de reasentamiento -al menos no como lo entienden ACNUR y los gobiernos canadiense, neozelandés o australiano. Las iniciativas europeas de patrocinio no conceden residencia permanente y reconocimiento de refugio de manera automática a quienes arriban, sino que les ofrece un permiso de entrada y/o residencia temporal, con posibilidad de renovación y/o de solicitud de asilo político.

Esta transformación del patrocinio, de una vía de reasentamiento a una vía de admisión humanitaria temporal, es pasada por alto en los informes publicados por instituciones públicas y think tanks: todos ellos equiparan los esquemas de patrocinio europeo con el reasentamiento²¹, devaluando las garantías que ACNUR confiere a esta “solución permanente”.

Dada la gran diversidad detectada entre las propuestas europeas que han sido presentadas como esquemas de patrocinio, a continuación las agrupo en función de algunas características comunes, tales como: la población a la que se dirigen, las acciones que involucran y los actores de la “comunidad” o “ciudadanos privados” que las llevan a cabo.

2.3.1. Patrocinio de familiares

En primer lugar se advierten los mecanismos destinados exclusivamente a la reunificación familiar extendida de nacionales de algunos países específicos. Se trata de estrategias de intervención que ya no se encuentran operativas.

Entre los países que propusieron este tipo de esquemas se encuentran: Irlanda, que tuvo un programa de estas características durante seis semanas en 2014; Suiza, que lo activó durante tres meses en 2015; y Alemania, que lo mantuvo en funcionamiento entre 2013 y 2018.

A través de estas medidas, estos Estados concedieron un permiso de entrada a nacionales de Siria, en los casos de Irlanda y Suiza; y a sirios, kurdos y palestinos, en el caso de Alemania, que tuvieran vínculos familiares con personas residentes en los países de destino. Los familiares residiendo en destino, por su parte, eran considerados patrocinadores y, en tanto tales, responsables del apoyo para el desplazamiento y la posterior inserción en destino de sus parientes.

Estas iniciativas complementaron programas de reasentamiento estatales. De modo que, si recordamos las tres características distintivas del esquema de patrocinio canadiense ensalzadas por sus defensores, y aceptamos que la reunificación familiar pueda ser una forma de patrocinio de refugiados, estas propuestas habrían cumplido con todas. Habrían respetado, en primer lugar, el principio de adicionalidad al aumentar el número de personas admitidas en cada uno de los territorios. Además, dado que en cualquier proceso de reunificación familiar la selección por parte de “ciudadanos privados” es el único modo posible, estos mecanismos habrían cumplido con la nominación por parte de patrocinadores y fomentado, por ende, la participación de integrantes de la sociedad civil en el “alivio” del “problema” del aumento en el número de refugiados. En relación con este último punto, cabe señalar que los números de personas reunificadas son sumamente dispares entre estos tres países. Irlanda admitió a 119 sirios, Suiza a 4.673 personas y Alemania a, aproximadamente, 23.500.

2.3.2. Patrocinio de cristianos

En segundo lugar pueden destacarse las iniciativas de tres países del Este de Europa (Polonia, República Checa y Eslovaquia) que tampoco siguen vigentes. En estos Estados, se propuso un modelo de patrocinio basado en la admisión humanitaria de cristianos iraquíes o sirios, quienes, tras ingresar al país, recibían apoyo de organizaciones -fundaciones u organizaciones no gubernamentales (ONG)- ad hoc. En el caso de Polonia, este mecanismo se implementó en 2015 durante un mes. 158 cristianos sirios llegaron y se les dio la posibilidad de que pidieran asilo político. La fundación encargada de la acogida fue la Estera Foundation, creada por una empresaria abiertamente islamófoba. En Eslovaquia, la propuesta duró cuatro meses también del año 2015. 149 cristianos iraquíes ingresaron al país con un visado de larga duración, y fueron acompañados por la ONG Pokój i Dobro. En República Checa, el programa estuvo vigente durante tres meses en 2016. 89 cristianos iraquíes ingresaron al país con un visado temporal que les permitía solicitar asilo político y fueron recibidos por la Fundación Generation 21.

En todos estos contextos se consideró que estas medidas fueron un fracaso debido a la gran cantidad de personas (dos tercios en el contexto checo) que regresaron a sus países de origen o se desplazaron a otros países de Europa. En los reportes revisados, este aspecto numérico (resultado de una posible falla en la selección de “individuos que no estaban realmente en riesgo”²²) fue más cuestionado que el elemento discriminatorio subyacente a estas medidas.

Teniendo en cuenta las características distintivas del modelo de patrocinio originario (adicionalidad, nominación “privada” y compromiso ciudadano), cabe señalar que ninguno de estos mecanismos cumplió con el principio de adicionalidad: Polonia y Eslovaquia no tenían programas de reasentamiento en vigor y el programa checo era ínfimo: entre 2013 y 2017 sólo veinte personas fueron reasentadas en el país²³. La selección de personas patrocinadas, por otro lado, sí incluyó a las organizaciones involucradas y la fundamentación que se dio a estas iniciativas nominadoras de cristianos fue la de demostrar la solidaridad de estos pueblos con quienes (presuntamente) eran objeto de persecución religiosa.

2.3.3. Propuestas privatizadoras o substractivas

El tercer grupo de iniciativas europeas de patrocinio de refugiados cuenta con el apoyo de la GRSI y la valoración positiva de todos los estudios europeos revisados. Es, además, el que un mayor número de países está adoptando en la actualidad. Incluye a Reino Unido desde 2016, a Portugal desde 2017, y a España, Alemania e Irlanda desde 2019. Se trata de un esquema: (a) basado en el principio de substracción; (b) en el que los Estados (y no los patrocinadores) seleccionan a personas que ingresan al territorio; y (c) justificado con el argumento de que el incremento del involucramiento de la sociedad civil en la protección de refugiados es beneficioso de cara a la “integración” de los refugiados²⁴.

Pese a que existen variaciones en su implementación en cada contexto, en aspectos tales como los perfiles de los patrocinadores o las procedencias de las personas patrocinadas, algo que acomuna estas iniciativas es que todas aseguran inspirarse en el modelo canadiense de patrocinio privado. Sin embargo, son más parecidas en su funcionamiento al modelo de reasentamiento combinado o mixto, aplicado en Canadá desde 2013, y también basado en el principio de substracción y en el nombramiento gubernamental²⁵.

Hasta el año 2019 habrían llegado 200 sirios, kurdos y palestinos a Reino Unido, donde organizaciones (sobre todo religiosas) los recibieron; 1.543 personas de procedencias diversas habrían sido reubicadas en Portugal entre 2017 y 2018; y veintinueve sirios se habrían asentado en el norte de España también acompañados por organizaciones civiles. Alemania habría fijado una cuota anual de 500 personas que serían acogidas por organizaciones no gubernamentales o grupos de cinco ciudadanos; e Irlanda permitiría que sean grupos de cinco ciudadanos quienes se encarguen del proceso de integración, sin que haya una cantidad prefijada de personas que puedan ser admitidas bajo este procedimiento.

Aunque no aceptados como ejemplos de patrocinio de refugiados en todos los trabajos objeto de esta revisión, hay otros dos esquemas que han sido interpretados como tales por algunos autores²⁶. Se trata de las denominadas “iniciativas de base” y de los “corredores humanitarios”.

2.3.4. Iniciativas de base, o propuestas mentoras

Las iniciativas de base son propuestas del estilo de Refugees Welcome Initiative o Gastvrij Oost, surgidas, respectivamente, en Alemania y Holanda en 2015. Se trata de proyectos lanzados desde organizaciones o movimientos de la sociedad civil que, entendiendo la integración como tutoría (mentorship), asistencia y apoyo, la ofrecen a quienes ya están residiendo en el territorio: ya sea porque han sido reasentados, admitidos a través de un visado humanitario o porque han solicitado asilo político. Es decir, quienes sostienen que estas medidas son patrocinio de refugiados conciben que éste es sinónimo de acciones colectivas de acompañamiento a personas desplazadas, llevadas a cabo por representantes de movimientos civiles u organizaciones no gubernamentales. Se trata de proyectos de integración lega. No es, por tanto, una vía de reasentamiento o de admisión humanitaria.

2.3.5. Corredores humanitarios

Los corredores humanitarios europeos son el último tipo de esquema de patrocinio de refugiados europeo. Se trata de iniciativas resultantes de acuerdos entre organizaciones eclesiásticas y Estados. En otras palabras, son alianzas por las cuales el Estado concede un permiso de entrada temporal y posibilidad de petición de asilo político a las personas desplazadas, y una serie de órdenes religiosas cristianas (católicas o protestantes) se encargan de la selección de personas en origen, el transporte y el apoyo durante un año, proveyendo alojamiento, manutención y acompañamiento.

Italia fue el primer país en implementar este mecanismo. Entre 2015 y 2018, 1.286 personas de Siria, Eritrea, Somalia y Sudán llegaron al país. Desde 2019 se estableció un sistema de cuotas que contempla un máximo de 1.500 personas admitidas por año. Francia fue el segundo país en incorporar este mecanismo, añadiendo la posibilidad de que organizaciones no religiosas ejercieran el rol de patrocinadoras de personas con vínculos sociales o familiares con Francia. Hasta el año 2018, 129 sirios ingresaron al país a través del corredor humanitario, y desde 2019 se estableció una cuota anual para trasladar un total de hasta 500 personas de Siria o Irak. Bélgica, por su parte, tuvo en funcionamiento un corredor humanitario entre 2017 y 2018, período en el que fijó una cuota de entrada de hasta 150 sirios que estuvieran residiendo en campos de refugiados de Líbano y Turquía.

Si bien representantes de la GRSI consideran que los corredores humanitarios no encajan en la definición de patrocinio de refugiados²⁷, se trata de medidas que cumplen con las tres características distintivas que le atribuyen al esquema sus defensores canadienses: principio de adicionalidad, posibilidad de nominación por parte de patrocinadores e involucramiento de actores de la sociedad civil.

2.4. El patrocinio en Latinoamérica

En la región latinoamericana ha habido una única iniciativa de patrocinio de refugiados implementada hasta 2020: un programa argentino de admisión humanitaria para población procedente de Siria²⁸. Esto no quiere decir que no haya en la región otras propuestas que operen con una lógica similar a la del patrocinio de refugiados, externalizando o delegando responsabilidades estatales de protección de población desplazada forzosamente en organizaciones y miembros de la sociedad civil, sino que no se han identificado tales iniciativas como “patrocinio” en la revisión de la literatura reciente²⁹.

Durante el primer año de vigencia del conocido como “Programa Siria”, entre 2014 y 2015, esta medida estuvo destinada exclusivamente a la reunificación familiar extendida. Es decir, en su origen, el programa fue similar a los primeros esquemas irlandés, alemán y suizo. A partir de 2015, el perfil de quienes podían entrar al territorio se amplió para incluir a personas que no tuvieran vínculos afectivos con residentes en el territorio argentino. En 2016 se extendió el perfil de quienes podían patrocinar: ya no se trataba sólo de ciudadanos o residentes, sino también de organizaciones civiles o gobiernos locales, algo que volvió a modificarse en 2019, cuando se incorporó a grupos de mínimo tres ciudadanos.

Como ocurre en el contexto europeo, el esquema de patrocinio argentino no ofrece reasentamiento a los refugiados, sino un permiso de entrada y residencia temporal que puede renovarse o cambiarse por la solicitud de asilo. La recepción y el apoyo (para manutención, alojamiento, aprendizaje del idioma, acceso al sistema educativo, búsqueda laboral…) se delegan en los patrocinadores, ya sean éstos: familiares, desconocidos, gobiernos provinciales u organizaciones civiles (religiosas, principalmente).

Teniendo en cuenta las características del patrocinio de refugiados canadiense podemos afirmar que este mecanismo no se asienta en el principio de adicionalidad porque el Estado argentino no tiene ningún sistema de reasentamiento en vigor desde el año 2014. No se basa tampoco en el principio substractivo predominante en Europa o Australia, sino que lo hace, directamente, en lo que propongo denominar “principio de sustitución”. Los miembros de la sociedad civil suplen el rol del Estado en su obligación de acoger a quienes huyen de (en este caso) un (único) conflicto armado.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea (a través del Instrumento de Partenariado) y las Naciones Unidas (a través del ERCM y de la GRSI), ha permitido la entrada de 443 personas en seis años.

Pese a que Argentina no fue el único país de la región en promover medidas de apoyo para el pueblo sirio (Brasil, por ejemplo, lanzó un programa de visado humanitario sin patrocinio y Uruguay un breve programa de reasentamiento³⁰) y que otros Estados latinoamericanos cuentan con esquemas de reasentamiento en funcionamiento, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y ACNUR están promoviendo la expansión del modelo de patrocinio argentino en la región³¹.

3. Discusión

A través de la revisión descriptiva se observan cambios o mutaciones en los esquemas de patrocinio a medida que se han ido expandiendo por el mundo occidental. Pese a que la mayor parte de Estados que han adoptado estas medidas -muchos de ellos asesorados por la GRSI- sostienen que el modelo inspirador es el canadiense, son notables las diferencias en aspectos tales como: los permisos de entrada concedidos a la población desplazada, el perfil de los actores involucrados en destino, y los criterios de admisibilidad de población (en términos de nacionalidad³², religión, vulnerabilidades y/o competencias). El tiempo de vigencia de estas estrategias de intervención ha diferido de forma considerable, así como también lo ha hecho la cantidad de población a la que han alcanzado. En este sentido, Canadá es el único país que ha recibido más de una centena de millar de personas desde comienzos del siglo XXI, Alemania es el país al que han llegado decenas de miles, Suiza, Portugal e Italia aquellos que han superado el millar, y el resto (Argentina, Australia, Reino Unido, Polonia, Eslovaquia, Francia, Irlanda, República Checa, Bélgica, España y Nueva Zelanda) los que han admitido a menos de 500.

Una cuestión que ha sido poco explorada y que, a mi juicio, merece una mayor consideración es el aspecto lingüístico o nominal. ¿Por qué hablamos de patrocinio? ¿Por qué de privado o comunitario? ¿Por qué de corredores humanitarios?

Según el Diccionario online de Ciencias Sociales de la Universidad de Athabasca³³, el término “patrocinio” se utiliza por primera vez en la legislación migratoria canadiense para hacer referencia un tipo de migración por la cual pueden ingresar al país norteamericano familiares (cercanos) de ciudadanos canadienses o residentes permanentes. Se contrapone a otros dos tipos de migración: la independiente y el refugio. Teniendo en cuenta esta interpretación, el patrocinio en el ámbito migratorio surge vinculado a la reagrupación familiar.

Ahora bien, cuando el patrocinio de refugiados se institucionaliza en Canadá, se aplica más allá del ámbito familiar y, de hecho, busca distanciarse lo más posible de éste (las críticas gubernamentales al “efecto eco” o a la “migración relacional” son la prueba más evidente). Se añade, asimismo, el adjetivo privado. Un calificativo para el que no he encontrado en la bibliografía especializada más que una reflexión³⁴ en la que se señala que éste se adopta de forma “estilizada”, alterando el sentido original del término para aludir, no a empresas, sino a colectivos sin ánimo de lucro conformados ad hoc con el fin de facilitar la llegada de refugiados. No obstante, estimo que esta apreciación es somera, pues lo “privado” no sólo hace alusión a sectores (contraponiendo organizaciones gestionadas por ciudadanos a entidades estatales) sino que también puede interpretarse en término de esferas, distinguiendo aquellas en las que el trabajo es reconocido, remunerado y evaluado de aquellas en las que no lo es. Asumir esta doble faceta del concepto privado permite, a mi juicio, dimensionar mejor las críticas que hacen los autores canadienses detractores de este esquema. Pues, mediante el patrocinio privado, no sólo se estaría privatizando la responsabilidad pública de los Estados de ofrecer protección internacional al permitir que actores del sector privado asuman esta tarea, sino que se estarían trasvasando obligaciones propias de la esfera pública -(inter)nacional, política y profesional- a la esfera privada -local, “apolítica” y lega-.

Curiosamente, al expandirse el aclamado modelo canadiense se mantuvo el nombre patrocinio en la literatura, pero se modificó el adjetivo que lo acompaña. De privado, pasó a comunitario. Se trata de una transformación lingüística para la que no he encontrado ninguna reflexión en las obras consultadas. El propósito del cambio, no obstante, no es insustancial. Una comunidad evoca, a lo Tönnies, la idea de una sociedad armoniosa, conformada por un conjunto de personas que comparten valores y creencias, y cuyos intercambios sociales son directos. Es decir, se trata de una noción que ensombrece cualquier atisbo de conflictividad, distinción o desigualdad política, económica, social, tecnológica, religiosa o cultural.

Al presentar este tipo de iniciativas o proyectos como comunitarios, los intereses y motivaciones (políticos, éticos/ morales, afectivos o, incluso, económicos) de quienes intervienen desde los países promotores en estos esquemas quedan cubiertos bajo un manto de cohesión social que resulta poco representativo de la conflictiva y desigual realidad global.

En Italia, Francia y Bélgica, sin embargo, han optado por utilizar otro argot, el de los corredores humanitarios. Lo habrían hecho ampliando el uso tradicional del concepto para que éste no abarque sólo las rutas de tránsito seguras que se establecen en áreas de combate, sino que incluya todo el trayecto hasta un lugar seguro. El objetivo de esta propuesta terminológica es visibilizar los peligros a los que se enfrentan quienes atraviesan el Mediterráneo (abusos de traficantes, naufragios y devoluciones)³⁵, y no sólo destacar el rol (privado o comunitario) que juegan quienes intervienen desde el país de destino.

El acento en este último es lo que ha acomunado todas las iniciativas a escala global. Pues, pese a las múltiples discrepancias entre los mecanismos adoptados, la mayoría de los trabajos revisados acentúan el beneficio que éstos suponen en términos de involucramiento de la sociedad civil. En algunos casos, este énfasis se ha fundamentado desde una lógica humanitaria, pues a través de estas medidas (aunque no todas cumplan con el principio de adicionalidad) más vidas serían salvadas. En otras ocasiones, se ha legitimado desde una lógica economicista que podría catalogarse como neoliberal, ya que, dado el alto costo de los esquemas de reasentamiento público, estas vías alternativas resultarían más rentables desde la perspectiva de los países receptores de población³⁶.

Si bien ambas fundamentaciones son compatibles y se utilizan de manera más o menos explícita en los distintos contextos estudiados, se trata de argumentos que acentúan planos distintos. La primera fundamentación, ubicada en el plano ético o moral, subraya la centralidad de la apertura, hospitalidad y generosidad de la ciudadanía de los países de destino ante situaciones de “emergencia humanitaria” que estarían aconteciendo, principalmente, en países no occidentales (y cuyas causas suelen obviarse). Ensombrece, por lo tanto, lecturas centradas en los derechos que, reconocidos por el Derecho Internacional, ostentan quienes se desplazan. Algo que replica buena parte de la literatura analizada, pues poco se ha escrito sobre las diferencias en el acceso a derechos de quienes son patrocinados (no es lo mismo llegar a un país como refugiado con permiso de residencia permanente que hacerlo, por ejemplo, como solicitante de asilo).

La segunda argumentación, localizada en el plano económico, paragona el arribo de población necesitada de protección internacional con un costo para las arcas públicas. Celebra, por consiguiente, el patrocinio como solución de bajo costo que permite que el Estado cumpla con sus compromisos internacionales en materia de asistencia humanitaria sin perder el control sobre la cantidad de personas que ingresa al territorio y, en muchos casos, sus características: origen nacional, credo, franja etaria, competencias… Esta fundamentación oscurece la dimensión política asociada a la implementación de estos esquemas: el cómo y porqué se establecen determinados criterios de selección, sistemas de cuotas o topes, perfiles de patrocinadores, requisitos…

La revisión de la literatura permite identificar que son pocos los estudios que han abordado esta dimensión hasta la fecha. En este sentido, considero que debe examinarse con mayor detenimiento, en primer lugar, el elemento discriminador que han demostrado muchas de estas iniciativas, que han tendido a privilegiar a las personas afectadas por conflictos armados específicos, sobre todo Siria e Irak, ignorando a las demás³⁷. En segundo lugar, es preciso analizar los (hasta ahora ignorados) vínculos internacionales que mantienen los Estados promotores de estas iniciativas con aquellos de los que procede la población, o con Estados en los que, habiendo conflictos y población necesitada de protección internacional, no se habilitan estos canales alternativos. Finalmente, cabe señalar que la creciente participación de las agencias de Naciones Unidas (ACNUR y OIM) en las iniciativas de patrocinio de refugiados merece también una mayor atención. Aún son pocos los trabajos que abordan la cuestión, limitándose la mayor parte de ellos a mencionar el creciente interés de estas agencias por promover el patrocinio de refugiados, equiparándolo, además, con el reasentamiento³⁸. Una premisa que lleva a obviar las transformaciones que han acompañado su expansión por Occidente, y que han conducido a que éste abarque cualquier iniciativa que involucre a la sociedad civil en la recepción de refugiados (reconocidos como tales legalmente o no)³⁹.

4. A modo de cierre

La presente revisión sistemática descriptiva ha ofrecido una panorámica sobre los esquemas de patrocinio de refugiados que se han implementado en países occidentales a partir de la literatura publicada en los últimos veinte años. A través de ella se ha identificado el predominio de una valoración positiva hacia éstos en tanto “soluciones” ante la “crisis de los refugiados”. En otras palabras, se han advertido más defensores que críticos del patrocinio, ya sea éste una vía privatizada de reasentamiento, un mecanismo de reunificación familiar, una ruta de admisión temporal para población desplazada (refugiada, demandante de asilo o migrante) y/o, simplemente, un proyecto de acompañamiento lego.

Dado que estamos en un momento histórico en que: (1) se siguen ideando dispositivos de contención con miras a controlar (cada vez más) el acceso al territorio de países occidentales, (2) están siendo desechadas otras “soluciones” (como la solicitud consular de asilo político⁴⁰), y (3) el patrocinio privado se promueve como “buena práctica” por organismos de Naciones Unidas, son necesarios más estudios que examinen: los criterios de selección; los derechos que (no) se les conceden a las poblaciones desplazadas; las perspectivas y experiencias de los actores involucrados en este tipo de esquemas (personas patrocinadas, personas y organizaciones patrocinadoras, trabajadores de Estados y de organismos (inter)nacionales); y los motivos por los que otras personas con necesidad de protección internacional son excluidas de estos esquemas.

Asimismo, son indispensables propuestas que superen la premisa de que el aumento en el número de refugiados es sinónimo de “crisis”. El incremento es, sin duda, preocupante, pero no es un “problema” autónomo, sino que está entrelazado con otros asuntos a menudo no categorizados como problemáticos, como son: el constante crecimiento de la industria armamentística (en términos de inversión, desarrollo tecnológico, venta y utilización), y el aumento de la desigualdad económica global (tanto entre países como en su interior). Sólo advirtiendo y remediando las ligazones entre éstos y otros fenómenos conflictivos de alcance global podrán revertirse las situaciones de riesgos, daños y violencias que ocasionan que cada vez más millones de personas se vean forzadas a abandonar sus hogares.

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• 1
  Este concepto suele utilizarse para hacer referencia a la falta de capacidad y/o voluntad política de los países receptores para admitir en sus territorios a población desplazada forzosamente. Dado que tanto su origen como su alcance son más profundos y su análisis excede el alcance del presente artículo, se recomienda la lectura de: Gómez, 2016.
• 2
  La “emergencia humanitaria” es un tipo de narrativa que se emplea para aludir a situaciones consideradas urgentes (como crisis nacionales, conflictos políticos o transformaciones sistémicas) ante las cuales se proponen medidas políticas y/o jurídicas específicas (de Jong, Lalenis, Mamadouh, 2002, citados en Bertram, Maleki, Karsten, 2020).
• 3
  Una tipología se ofrece en: Guirao-Goris, Olmedo Salas, Ferrer Ferrandis, 2008.
• 4
  Tres textos fueron publicados con anterioridad al período abarcado en la búsqueda. Los incluyo porque éstos aparecían citados como obras de referencia en la literatura canadiense.
• 5
  Dos incluyen estudios interregionales, veintidós analizan el contexto canadiense, uno el oceánico, doce el europeo y seis el latinoamericano. Pueden consultarse en la bibliografía.
• 6
  Esta distinción entre ciudadanos “públicos” y “privados”, es decir, entre agentes estatales y ciudadanos, sobresale en la literatura canadiense, sin embargo se la identifica también en textos producidos en (y sobre) otros contextos (ej. Alfaro, Lettieri, 2017).
• 7
  Entre los defensores del modelo canadiense se encuentran: Bond, Kwadrans, 2019; Macklin, Barber, Goldring et al., 2018; Lenard, 2016; Molloy, Simeon, 2015; Chapman, 2014; Yahyaoui Krivenko, 2012; Beiser, 2003; Denton, 2003; Treviranus, Casasola, 2003.
• 8
  Yahyaoui Krivenko, 2012.
• 9
  Lenard, 2019; Hyndman, Payne, Jiménez, 2017; Labman, 2016.
• 10
  Entre los autores críticos se encuentran: Good Gingrich, Enns, 2019; Ritchie, 2018; Hathaway, 1988; Indra, 1993.
• 11
  Ritchie, 2018.
• 12
  Ver: Hynie, McGrath, Bridekirk et al., 2019; Lenard, 2019; Macklin, Barber, Goldring et al., 2018; Chapman, 2014>; McKinlay, 2008.
• 13
  Ejemplos: Kyriakides, McLuhan, Anderson et al., 2019; Kyriakides, Bajjali, Mcluhan et al., 2018; Molloy, Simeon, 2015; Lanphier, 1993, 2003; Indra, 1993. Tanto Doreen Marie Indra como Michael Molloy y James Simeon destacan en sus textos que la mayoría de personas patrocinadas consultadas hubieran preferido ser reasentadas a través del modelo público de reasentamiento.
• 14
  Siendo los principales cohortes: 62.000 sirios, 49.000 polacos, 34.000 “indochinos” (tailandeses, laosianos y vietnamitas), 28.000 iraquíes y 26.000 afganos. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2019/04/by-the-numbers--40-years-of-canadas-private-sponsorship-of-refugees-program.html
• 15
  Sobre el esquema de patrocinio australiano: Hirsch, Hoang, Vogl, 2019.
• 16
  En 2019, las tasas del trámite eran cercanas a los 37.000 dólares australianos (cerca de 28.000 dólares americanos) para patrocinar a una persona y de unos 48.000 para una familia de cinco (cerca de 36.000 dólares americanos). Tasas a las que hay que sumarles, entre otros: los costos de pasajes aéreos y los gastos asociados al primer año de residencia en el país (alojamiento, acceso al servicio sanitario y manutención).
• 17
  Sobre el programa piloto neozelandés: Bond, Kwadrans, 2019.
• 18
  Fratzke, Kainz, Beirens et al., 2019.
• 19
  Datos numéricos: https://www.immigration.govt.nz/about-us/what-we-do/our-strategies-and-projects/supporting-refugees-and-asylum-seekers/refugee-and-protection-unit y https://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/publication/alternative-refugee-pathways-private-and-community-led-refugee-sponsorship
• 20
  Ver, entre otros: Bertram, Maleki, Karsten, 2020; Solano, Savazzi, 2019; Hueck, 2018; Ramusović, 2017.
• 21
  Fratzke, Kainz, Beirens et al., 2019; European Commission, 2018; Arnold, Quinn, 2016; Kumin, 2015.
• 22
  Fratzke, 2017, p. 9.
• 23
  European Commission, 2018.
• 24
  Esta premisa es debatida en algunos textos canadienses recientes: Good Gingrich, Enns, 2019; Hynie, McGrath et al., 2019.
• 25
  Labman, Pearlman, 2018.
• 26
  Los incorporan como ejemplo de patrocinio: La Spina, 2019; Hueck, 2018; Fratzke, 2017; Morozzo della Rocca, 2017; Gois, Falchi, 2017.
• 27
  Bond, Kwadrans, 2019.
• 28
  Entre las autoras defensoras de estas medidas en el contexto argentino se encuentran: Liguori, Pacceca, Cyment, 2018; Kim, 2018. Entre los autores críticos: Sobierai, Gómez, Mendoza, 2017; Figari Costa, Penchaszadeh, 2017.
• 29
  Tal y como oportunamente apunta uno de los evaluadores de este artículo, desde el año 2018, la Operación Acogida lanzada por el gobierno de Brasil actúa como un esquema de patrocinio, pues los agentes estatales se encargan de la regularización migratoria y otros agentes (organizaciones no gubernamentales, agrupaciones religiosas, empresas...) proporcionan vivienda y asistencia a población venezolana tras su arribo (https://www.gov.br/acolhida/ ) .
• 30
  Baeza, 2017; Uriarte, Montealegre, 2018.
• 31
  Cyment, Tomé Fuentes, Alza et al., 2019; Alfaro, Lettieri, 2017.
• 32
  Siendo ésta determinante en la práctica totalidad de casos. Ocho de los diecisiete países con esquemas de patrocinio examinados han desplegado iniciativas exclusivamente dirigidas a población afectada por el conflicto sirio, dos para población iraquí y tres para nacionales de países específicos (incluidos los dos anteriores).
• 33
  http://bitbucket.icaap.org/dict.pl
• 34
  Macklin et al., 2018.
• 35
  Morozzo della Rocca, 2017.
• 36
  La perspectiva humanitaria predomina en las publicaciones canadienses, una perspectiva economicista de corte neoliberal en las europeas.
• 37
  Hynie, 2018; Hyndman, Payne, Jimenez, 2017; Bélanger McMurdo, 2016.
• 38
  Ej: Alfaro, Lettieri, 2017; Kumin, 2015; Treviranus, Casasola, 2003. El trabajo de Genevieve Ritchie (2018) supone una excepción a esta tendencia, pues la autora expone y critica la existencia de un nexo entre los intereses geopolíticos de los Estados occidentales en la arena internacional y las “soluciones” que viene proponiendo ACNUR ante los desplazamientos forzados desde la segunda mitad del siglo XX.
• 39
  Arnold, Quinn, 2016.
• 40
  Fernández Burgueño, 2017.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  05 Ene 2022
• Fecha del número
  Sep-Dec 2021

Histórico

• Recibido
  11 Ene 2021
• Acepto
  30 Abr 2021