Resumen
Este texto analiza la relación de las Maras, el desplazamiento forzado y el refugio de personas salvadoreñas lesbianas, gay, bisexuales, personas trans, intersexuales y otras identidades sexuales y de género (LGBTI+) por medio del caso ilustrativo de Karla Avelar. Cuando se conjuntan las acciones de las Maras como la extorsión, la amenaza, la persecución o el asesinato, esto se transforma en el detonante para ejercer una movilidad forzada como vía de escape y huida intempestiva del país. El refugio se transforma en, muchos casos, la única oportunidad de sobrevivir para personas salvadoreñas LGBTI+ que huyen del asedio de las Maras.
Palabras clave El Salvador; LGBTI; Maras; desplazamiento forzado; refugio
Abstract
This paper analyzes the relationship between the Maras, the forced displacement, and the refuge of Salvadoran lesbian, gay, bisexual, trans, intersex and other sexual and gender identities (LGBTI+) through the illustrative case of Karla Avelar. The Maras’ actions such as extortion, threat, persecution or murder led to forced mobility as a means of escape and untimely flight from the country. The refuge becomes, in many cases, the only chance to survive for Salvadoran LGBTI+ people escaping from the siege of the Maras.
Keywords El Salvador; LGBTI; Maras; forced displacement; refuge
Introducción
“Mi decisión irrevocable de no volver a El Salvador, por razones estrictamente de seguridad, pues no estoy dispuesta a perder mi vida por razones de amenazas, extorsión, condición de VIH, identidad y expresiones de género”, con estas palabras Karla Avelar, mujer salvadoreña trans informó su decisión de solicitar refugio en un país europeo debido a un proceso de amenazas y extorsiones de las Maras a consecuencia de su nominación al premio que se otorga a activistas de Derechos Humanos de la Fundación Martíns Ennals en el año 2017.
Este texto, tiene como finalidad discutir la relación de las Maras, el desplazamiento forzado y el refugio de las personas salvadoreñas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales y otras identidades sexuales y de género LGBTI+, por medio de la historia de vida de Karla Avelar, mujer trans activista de Derechos Humanos. Se utilizó una metodología cualitativa que comprendió la revisión documental y la realización de una entrevista a Karla Avelar.
El texto se dividirá en cinco secciones. En los tres primeros conoceremos los rasgos más sobresalientes de las estructuras delincuenciales denominadas como Maras. En el cuarto apartado analizaremos cómo las Maras inciden en el desplazamiento forzado y refugio de personas salvadoreñas LGBTI+. En el último apartado, utilizando la historia de Karla Avelar, examinaremos los puntos de tiesura entre las Maras, personas LGBTI+, desplazamiento y refugio.
1. Riñas estudiantiles
La historia de Karla Avelar inicia en 1978, cuando nació en el Departamento de Chalatenango, lugar que se vio seriamente afectado por la guerra interna en la década de 1980. Entre los nueve y diez años, Karla sufrió un proceso de violencia sexual por parte de un familiar. Este se le puede catalogar como un proceso de “corrección sexual” por medio de la degradación a su identidad y expresión de género disidente que estaba manifestando en el inicio de su preadolescencia. En este caso la violencia sexual se constituye como un mecanismo “correctivo” a la disidencia de género que estaba adquiriendo. Posteriormente, Karla huyó de su hogar sin informar a nadie. Por varios meses vivió en las calles de San Salvador mendingando comida y durmiendo a la intemperie. Consiguió el amparo para trabajar en una casa en oficios varios. En el desempeño de estas funciones tuvo contacto primigenio con las Maras, por medio de un acto de violencia sexual.
El concepto Mara, en el caliche salvadoreño, forma vulgar de uso del español en El Salvador; tradicionalmente distingue a un conjunto de amigos, ya sean de la colonia, del bachillerato, del trabajo, de la universidad, etc. Ese es su sentido original, y aún hoy es utilizado para indicar la pertenencia a un grupo social de referencia, principalmente, en adolescentes y jóvenes sin connotación a la violencia o a actos de delincuencia. No obstante, en 1973 el concepto de Mara se relacionaba como un grupo de adictos que consumían marihuana (Policía Nacional, 1973, p. 56). Desde esa época, con el registro que se cuenta, la institucionalidad utiliza el concepto de Mara para referirse a posibles grupos de jóvenes que transgredían las normas y las leyes.
Su origen da cuenta de que en la década del 1960 en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), estudiantes de educación media y de educación básica del sector privado se enfrentaban en riñas estudiantiles después de la conclusión de un encuentro deportivo, sobre todo los que se realizaban en el marco del campeón estudiantil de basquetbol. En la década de 1970, al tenor de la polarización política y represión social de esos años, las riñas estudiantiles se profundizan. Estas ya no únicamente se realizaban al finalizar los encuentros deportivos, sino que habían adquirido un carácter permanente entre diversos grupos de estudiantes que se consideraban rivales entre ellos. En la década de 1980, en plena guerra interna, estas rivalidades se “institucionalizaron” en el sector público. Teniendo como marco simbólico registrado el enfrentamiento entre estudiantes del Instituto Nacional Gral. Francisco Menéndez (INFRAMEN) y el Instituto Técnico Industrial (ITI) en la inauguración de los juegos estudiantiles de 1982 (La Prensa Gráfica, 1982, p. 3a).
Las riñas estudiantiles en la década de 1980 dieron paso a la organización de las maras estudiantiles. Esta transición es poco conocida y hasta cierto punto fue invisible por las acciones de la guerra interna que se experimentaba en ese momento. Por una parte, el concepto de Mara en el último quinquenio de la década de 1980 en los medios de comunicación escritos, presentaban a grupos de jóvenes que se relacionaban con diferentes actos de violencia armada organizada. Por otra parte, las riñas estudiantiles, por sus constantes enfrentamientos y el uso de cuchillos, navajas y otro tipo de objetos utilizados como armas, conllevó a ser calificadas como maras estudiantiles. Estas iniciaron un proceso de “territorialidad” en San Salvador conforme a la institución educativa a que se pertenecía. En otras palabras, los de una institución “X” no podían pasar por tal plaza, parque o calle porque era “controlado” por estudiantes pertenecientes a la institución “Y” o “Z”. También en ese momento se inició la procura de “trofeos”, los cuales eran insignias y distintivos de la institución rival que los estudiantes portaban en sus uniformes, las cuales eran adquiridas por medio del uso de la violencia.
En la década de 1990, las acciones anteriores ganaron visibilidad mediática. Por ejemplo, se encuentra esta nota periodística que describió cómo un grupo de estudiantes del ITI, y de otros colegios irrumpieron en el INFRAMEN, atacaron con piedras y armas blancas a los alumnos (El Diario de Hoy, 1992, p.79). En esta crónica se observa la forma de operar de las maras estudiantiles, que iniciaron a utilizar la violencia sistemáticamente para causar daños a sus rivales, fuera de los contextos de encuentros deportivos, las calles, parque o plazas de San Salvador donde era habitual la realización de batallas campales, que en la jerga se denominaron como “desvergue estudiantil” (Valencia, 2018). En este contexto de postguerra, las maras estudiantiles comenzaron a ser absorbidas en nuevas estructuras sociales y delincuenciales que se denominarán Maras a partir de mediados de la década de 1990.
2. Maras
En la década de 1990, con la deportación masiva de salvadoreños, muchos de ellos integrantes de pandillas en Los Ángeles, realizaron un proceso de implantación de estructuras pandilleriles de acuerdo con el modelo estadounidense. Sin embargo, esta idea inicial no se llegó a concretizar, ya que se creó un “modelo criollo” (Amaya, Martínez, 2014) que retomó la cultura de la violencia y las condiciones particulares de la niñez y juventud salvadoreña del inicio de la postguerra, denominándose a estos grupos como Maras.
Para 1992, inicio de la postguerra, se identificaron 182 estructuras denominadas como Maras en San Salvador. Esta situación se puede relacionar a que cada una de las Maras en esta época eran organizadas por personas de un mismo barrio, colonia, centro educativo o sector residencial, y no estaban interrelacionadas entre sí. Con el pasar del tiempo la pluralidad y diversidad de Maras se redujo paulatinamente, hasta consolidarse en dos estructuras principales: la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 (B-XVIII).
El concepto “Maras”, en esta época se comenzó a relacionar con grupos sociales que poseen una estructura jerárquica y controlan un territorio determinado, el perfil de sus integrantes principalmente niños, adolescentes y jóvenes entre 12 a 30 años, la naturaleza de sus acciones se fundamenta en el ejercicio extremo y constante de la violencia y acciones fuera de la ley; en el devenir del tiempo crearon un sistema de valores y normas socioculturales propias (Amaya, Martínez, 2015, p. 155). En 2018 se registró que 64,587 serían los integrantes de las Maras, de estos 43,151 estarían en libertad y 21,436 encarcelados (Valencia, 2018).
Las Maras mayoritarias al interior de El Salvador se han transformado en un fenómeno social múltiple (Liebel, 2004, p. 86). En un inicio las Maras se limitaban a establecer demandas de naturaleza simbólica y territorial que se relacionaban a prácticas delincuenciales comunes (Gonzáles 1997, p. 452). Pero en el transcurso de dos décadas de desarrollo han llegado a ser clasificadas como estructuras no estatales que ejercen violencia (Solicitors’ International Human Rights Group, 2014) y hasta como nuevos actores políticos (Hernández, 2015) que utilizan la violencia como forma de presión hacia el Estado.
Al interior de cada una de las Maras existe un marco axiológico que orienta sus acciones. El antivalor más representativo de las Maras es la violencia como el eje estructurador de la vida de cada uno de sus miembros Cruz, Portillo, 1998; Amaya, Martínez, 2014). La instrumentalización de la violencia conlleva una acumulación de capital social perverso (Cruz, Carranza, Santacruz, 1997, p. 45), que se puede definir como el ejercicio del poder para obtener beneficios materiales a cualquier costo en detrimento de los otros.
3. Maras y sus normas
Desde una mirada general se puede afirmar que al interior de las Maras como norma instituida se reproducen roles de género y sexuales tradicionales, tomando al modelo machista como eje estructurador (Forselledo, 2006). Considero que el machismo, promueve e incita un proceso negativo en la construcción de la masculinidad de los integrantes de las Maras. En primer lugar, todo lo relacionado al ámbito de lo masculino se comprende como violencia (Regional Office for Latin America, 2012, p. 45); de tal forma que la violencia-masculinidad es “utilizada para configurar identidad y pertenencia al interior de las maras” (Instituto Universitario de Opinión Pública, 2010, p. 42). Lo anterior se ve reflejado en el comportamiento sexual de sus integrantes.
Los mareros, adjetivo utilizado para nombrar a las personas integrantes de las Maras, con un mayor grado de violencia, son sexualmente más activos, con una tendencia a tener más de una pareja sexual y responsables de embarazos adolescente (Rubio, 2003). Las mareras son las primeras que padecen estos procesos de violencia, sobre todo de índole sexual. Se conoce que un 48.8% de mujeres al interior de las Maras han sufrido violencia sexual y por otro lado un 49.2% de hombres integrantes de las Maras asumen que por lo menos en una ocasión han cometido una violación sexual (Instituto Universitario de Opinión Pública, 2010, p. 86). La capacidad de ser “macho” en los mareros se puede relacionar directamente con la historia de violencia que ha ejercido (Santacruz, Cruz, 2001, p. 77).
Para cumplir este ideal de “macho” tanto el homoerotismo, las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo y la homosexualidad no deben ser aceptadas al interior de las Maras. Existe una regla de no aceptar a homosexuales ni a lesbianas entre sus filas. Este rechazo, inicialmente se fundamenta en la idea homofóbica de que los hombres homosexuales son equiparados con las mujeres (Gaborit et al., 2003, p. 194). Denominando tanto la orientación sexual, expresión e identidad de género disidentes peyorativamente como “culerismo”, todo lo relacionado con esa práctica estaría al lado contrario del ideal de “macho”. No obstante, el estigma creado no es por la orientación ni la práctica sexual en sí, sino que la categorización negativa recae cuando uno de sus integrantes asume el rol receptivo de la práctica sexual, de lo contrario, ser activo está adentro del rol de lo masculino tradicional:
Si un pandillero es quien penetra a otro hombre el estatus de la pandilla está a salvo y el pandillero no es considerado homosexual ya que él se mantiene en su rol de hombre. Sin embargo, cuando es él quien es penetrado se considera como extremadamente degradante ya que el rol que juega es el de mujer y esto es penado con la muerte. (Martínez, 2016, p. 112)
Como parte del ejercicio de la violencia para alcanzar el ideal de “macho”, las prácticas sexuales con hombres pueden adquirir “prestigio”, si se ejecuta un acto sexual por medio de la violencia (REGIONAL OFFICE FOR LATIN AMERICA, 2012, p. 48), que crearía un “estatus de poder”, por medio de la degradación a quién asumiese el rol receptivo; como muestran las siguientes palabras de un marero veterano en el contexto carcelario (Martínez, 2016, p. 112):
La onda en las bartolinas era que si caía un enemigo y los juras lo metían donde nosotros, había que darle verga, y hacerlo mierda lo más que se pudiera, pizarlo1 si es posible. Así después si el hijueputa andaba hablando mierdas “que yo aquí, que mi pandilla allá”, casaca si nosotros te hemos pizado… no andes inventando.
Al interior de las Maras se ve reflejada una libido dominandi (Bourdieu, 1999, p. 31), constituyendo claramente un acto de poder para reafirmar la superioridad “el ser macho” sobre otro hombre por medio de su feminización sexual. Bajo este marco, prácticas sexuales entre hombres pueden ser una posibilidad al interior de las Maras, siempre y cuando el statu de virilidad y hombría no deslegitime por medio de asumir el rol pasivo en la relación sexual. Por ello, al interior de las Maras se establecen procesos de vigilancia del régimen heterosexual, y aquellos que se atreven a traspasar o estar en los límites del género y la sexualidad pueden padecer un castigo ejemplar.
4. Maras, personas LGBTI+ y desplazamiento forzado
Este proceso de reafirmación violenta del régimen hegemónico heterosexual al interior de los territorios que controlan las Maras se ejecuta de diferentes formas de agresiones, contra aquellos que son identificados como personas que han realizado algún tipo de transgresión a las normas del género y la sexualidad. Desde una mira interseccional, personas LGBTI+, con características femeninas, VHI+ y/o persona trans son un albo privilegiado de la violencia homicida que ejercen las Maras. Por ejemplo, en una de las colonias populares que habitan principalmente obreros que ganan el salario mínimo, las Maras ejecutan procesos de persecución y exterminio, como el caso de Pancho. Pancho era un hombre gay femenino que habitaba una colonia dormitorio de la zona nororiental de San Salvador que fue asesinado por ser homosexual y se presumía que VIH+, su cuerpo fue encontrado en una zanja junto a la basura con un plátano insertado en el ano, él fue acosado por las Maras al interior de la comunidad, por tal circunstancia se sospechó que fue asesinado por estas.
La muerte de Pancho se puede relacionar a una venganza, por una parte, y por otra, como un proceso de higienización para eliminar un posible foco de infección de VIH+. Las personas viviendo con VIH+, y sobre todo los hombres, pueden ser relacionados como “gay”, ya que el VIH en este tipo de contextos se relaciona como una enfermedad de homosexuales, por tal motivo pueden ser objeto de persecución, violencia y asesinato. El hecho de tener un plátano al interior del ano muestra que su muerte se relaciona a una transgresión de las normas sexuales y de género impuesta por las Maras. Este acto de libido dominadi se ejecutó de esta forma para cumplir con el ritual de violencia sexual, pero sin el “riesgo” de ser infectado por el VIH+.
Thalía mujer trans de San Salvador vivía en una zona controlada por los 18 Revolucionarios y muchas veces tenía que ir a vender en una zona controlada por la MS-13, en ambos territorios Thalía era vista con desconfianza y sospecha (Primera, 2017). Thalía conocía la forma de operar de las Maras, y sabía muy bien que su expresión e identidad de género era un factor que incrementaba su vulnerabilidad ante estas estructuras; en su caso específico de traspasar las fronteras de los territorios de Maras rivales, básicamente era cuestión de tiempo para que fuera asesinada. Ante la posibilidad de muerte, Thalía huyó del país en 2014. Actualmente es considerada como la primera mujer trans que el gobierno de Costa Rica reconoció como refugiada por las condiciones de violencia relacionadas a las Maras que experimentó en El Salvador, y no como refugiada económica, categoría que suele invisibilizar las violencias específicas que personas LGBTI+ reciben y que motivaron su movilidad forzada de diferentes países.
También se están presentando casos de utilización instrumental bajo amenazas de personas LGBTI+ por parte de las Maras para procesos de lavado de dinero. En noviembre de 2016 se tiene noticia de la desaparición de Mauricio Armando Sánchez Torres conocido socialmente como Bella, quien poseía puestos de venta de medicamentos al interior del Mercado Central de Santa Tecla. En los comentarios de diversas redes sociales donde circuló la noticia, daban cuenta de que “era una gran persona”, “no ofendía a nadie”, “muy amigo y amable”, “muy chévere con los que le compramos en su negocio”, “muy respetuoso”. Al interior de la Operación Libertad de la Policía Nacional Civil (PNC) se indicó como principal testaferro de la MS-13 en Santa Tecla a Bella, quien entre 2015 y 2016 movilizó más de 360 mil dólares en la compra de inmuebles y vehículos; lo cual sobrepasaba cualquier tipo de ingreso al interior de un puesto de medicinas en un mercado municipal salvadoreño. El cuerpo de Bella no se ha encontrado, la hipótesis que la PNC manejaba sobre este hecho fue que la propia MS-13 desapareció a Bella y por medio de Verónica Elizabeth Mirando -tía de Bella-, se apropiaron de los bienes adquiridos por la anterior y fueron traspasados para su uso a integrantes de las propias Maras o sus allegados (Castillo, López, 2018, p. 4). El caso de Bella es utilizado a manera de ejemplo de los procesos de lavado de dinero que realizan las Maras en el país.
Personas LGBTI+ pueden establecer relaciones sentimentales con integrantes de las Maras. Este tipo de relaciones pueden parecer no viables, pero tomando en cuenta situaciones de convivencia en algunas comunidades, donde el miembro de la Mara que establezca la relación tiene poder sobre los demás miembros, esta relación puede ser tolerada, incluso aceptada si la personas LGBTI+ es una mujer trans, ya que, por el imaginario machista, una mujer trans asumiría un rol receptivo en la relación y no se cuestionaría la virilidad del integrante de las Maras. Esta situación pudo haber acontecido en el municipio de San Luis Talpa en febrero de 2017.
San Luis Talpa está ubicado en el Departamento de La Paz, municipio de la zona central del país, colindante con el océano Pacífico y dedicado principalmente a actividades agrícolas. Personas LGBTI+, sobre todo mujeres trans, estipulase en un número alrededor de 100, tenían al parecer el asentimiento de la Mara Salvatrucha para poder ejercer el trabajo sexual en el municipio. Probablemente, una o varias de las mujeres trans pudieron tener algún tipo de relación ya sea sentimental, familiar o utilitaria con los integrantes de esa Mara, lo cual les permitía vivir con cierta tranquilidad en este local y ejercer el trabajo sexual como medio de vida. No obstante, por los asesinatos de febrero de 2017, este frágil “acuerdo” al parecer se rompió.
Posterior a una fiesta, fueron asesinadas Yasuri y Dany, el sábado 18 de febrero de 2017, cerca del lugar donde ejercían trabajo sexual en el casco urbano del municipio. Recibiendo impactos de bala en sus rostros de una pistola 9 milímetros. Pero la historia de asesinatos no finalizó ese día. El 20 de febrero se desarrollaron los funerales de Yasuri y Dany, en ellos asistieron otras personas LGBTI+ del municipio, entre ellas Elizabeth, mujer trans. Ella desapareció después de los funerales. Fue encontrada muerta el día siguiente, con las manos atadas y con el rostro desfigurado por medio de disparos de una pistola 9 milímetros.
El motivo de estos asesinatos no fue conocido. En las redes sociales circuló un supuesto mensaje de orden de exterminio de “las vestidas” en el municipio (Sagastizado, 2017). Esto dio pie, al parecer que 40 mujeres trans huyeran del municipio tras los homicidios. Ante esta situación, se presentó un nuevo proceso de migraciones forzadas de personas salvadoreñas, en este caso LGBTI+, del 21 de febrero al 01 de marzo de 2017 se conoce que 6 personas LGBTI+ de San Luis Talpa optaron por realizar una movilidad forzada rumbo a Norteamérica para salvaguardar sus vidas, integrándose a los 136 casos de movilidad forzada que se han registrado en los últimos años según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (García, 2017).
5. Karla Avelar: una sobreviviente
Karla Avelar como la mayoría de las mujeres trans se ven obligadas a ejercer el trabajo sexual como medio de sobrevivencia. El contacto con las Maras por medio de un acto de violencia sexual se conjuntó a la violencia sexual que estaba padeciendo al interior de la casa donde trabajaba en oficios varios. Esta situación conllevó a que tomara la decisión de regresar a las calles e iniciar a ejercer el trabajo sexual. Por medio de Diana, otra mujer trans, se introdujo en el trabajo sexual en las calles, en específico, en el sector denominado La Praviana en el centro histórico de la capital salvadoreña y ampliamente reconocido entre las décadas d 1970 hasta finales de 1990 como zona de trabajo sexual de “homosexuales”, identidad con la cual se desginaban a hombres pobres que ejercían el trabajo sexual de calle utilizando ropa y actitudes femeninas, en algunos caso com modificaciones corporales como la implantación de senos artificiales.
En este contexto de trabajo sexual y La Praviana, el fotoperiodista Francisco Campos colocó su interés profesional sobre Avelar para realizar una fotohistoria. Campos fue hablar con Karla y le explicó lo que deseaba. Tras el consentimiento de participación en este proyecto, Campo inició: “[…] fui a un hotel-mesón aquí al final de la Ave. Independencia, tomé fotografías de todo el proceso de maquillaje, de pararse en la esquina y me quedé un rato con ellos. Después programé que me dieran un vehículo para tomar fotografías de la noche”2. Entre el proceso de investigación, la toma de fotografías y la publicación final duró alrededor de un año y medio.
La fotohistoria que publicó Campos (1997), nos narra la historia de Karla Avelar y el ejercicio del trabajo sexual de calle con todos sus desdoblamientos. Se presentó una breve reconstrucción de la vida de Karla; en la cual el rechazo de la familia y la discriminación laboral por su orientación sexual, expresión e identidad de género la orillaron a ejercer el trabajo sexual de calle. Posteriormente, se pasó a describir el proceso de “metamorfosis” de Carlos a Karla. Se entró en algunos detalles del trabajo sexual de calle, en este caso se habló como a las 7 pm se reunía con otros travestís en la Alameda Juan Pablo II, donde esperaban a los clientes. Se comentó que el precio de sus servicios rondaba entre los 150 a 300 colones de esa época, entre 20 a 40 dólares.
Aparejado al trabajo sexual, Campos presentó que la violencia y la represión institucional, representada por las detenciones policiales, eran una amenaza constante. Para el caso, Karla en ese momento ya había sido detenida en tres ocasiones. También se comentó la existencia de diversos procesos de violencia que existen en las calles, por los cuales Karla ya había sido objeto de ataques a su cuerpo con navajas. A pesar de este mundo de violencia, Francisco Campos registró deseos y expectativas que poseía Karla en ese momento:
Lo que más desea es que su familia lo acepte como homosexual: “que me permitan entrar a mi casa así como soy. Mi gran esperanza es que me ayuden a poner un negocio de comida… así, poco a poco, yo dejaría esta vida, que no me gusta”. (Campos, 1997, p. 12)
Esta fotohistoria fue el primer material escrito que registró la vida de una mujer transexual al interior de un periódico de difusión nacional, bajo una mirada humana hacia personas de la disidencia sexual y de género de esa época, cosa muy rara, ya que la mayoría de las perspectivas rondaban entre la patologización, la discriminación y el miedo asociado a la epidemia de VIH+.
En el año de 1998, al interior de San Salvador se presentó el fenómeno de una serie de asesinatos de mujeres transexuales. Entre abril y mayo de 1998 se supo de cinco mujeres trans asesinadas y tres heridas de gravedad. La mayor parte ejercía el trabajo sexual y en este contexto se realizaron los ataques y asesinatos. Karla se encontraba entre las heridas que pudo sobrevivir a esta serie de asesinatos (Imagen 1). En los exámenes que le realizaron, se detectó que ella era VHI+, situación que no le tomó mayor importancia en ese momento.
Esta serie de asesinatos y ataques nunca fueron esclarecidos. La versión que se manejó en los medios de comunicación fue el supuesto accionar de un asesino en serie. Se presentó a un supuesto culpable, pero se absolvió. Sin embargo, estos asesinatos y ataques se debieron a una posible reconfiguración del poder en los territorios del centro de San Salvador. La mayoría de las mujeres trans que fueron asesinadas o sufrieron ataques, ejercían el trabajo sexual de calle, sin embargo, había una de ellas que era trabajadora informal en el mercado. Posiblemente, lo que tenían en común entre ellas era el reconocimiento de un liderazgo en los sectores donde trabajaban. El exterminio que se ejecutó en esos años fue posiblemente promovido por la instauración de nuevos liderazgos territoriales por parte de las Maras mayoritarias, que en esa época, estaban consolidándose como estructuras y no querían tener objeciones a su liderazgo en las calles de San Salvador, y por tal situación se ejecutó una política del exterminio de la disidencia a dicho liderazgo, muy acorde a la historia política salvadoreña.
Karla, luego de sobrevivir a ese ataque, volvió a ejercer el trabajo sexual de calle. En este contexto, Avelar se envolvió en un asesinato, cuando trató de defenderse de tres hombres que se burlaron de ella y de otra mujer trans, se quitaron los cinturones para azotarla y como acto de defensa apuñaló a uno de ellos. Ella fue arrestada y enviada al Sector Nº 2 del Centro Penal de Sensuntepeque, que desde la década de 1980 se tiene conocimiento que dicho sector es específico para “homosexuales”.
Al interior de este recinto, las mujeres trans recluidas manifestaron que eran albo de agresiones físicas, principalmente, no omitiendo agresiones de tipo sexual, además de extorsión económica de parte de otros internos. Lo anterior se ejemplifica con las palabras de Karla Avelar, que narró su propia historia al estar recluida en este sector.
Yo estuve presa por cinco años. Jamás garantizaron mi seguridad, fui violada, golpeada y reinfectada de VIH no sé cuántas veces, realidad que vivíamos todas allá adentro. Los pandilleros podían llegar agarrar un bate, golpearte y dejarte tirada enfrente de los custodios, y los custodios [decían]: “ah es culero, maten a ese hijoputa”. Esa es la realidad que vivía en el centro penal cuando yo estuve ahí. Bajo presión, bajo amenazas, bajo condiciones insalubres, bajo negación de derechos a recibir un taller vocacional, bajo tortura, bajo la presión de que tenías que lavarle al resto, te agarraban como chacha [sirvienta] de los pandilleros, les lavabas, recibías amenazas, era extorsionada… no teníamos vida3.
Dado el contexto carcelario, el ejercicio de una sexualidad violenta para reafirmar ese ideal de macho por parte de los mareros no cesa, sino que procura sujetos-cuerpos-territorios para ejercer su dominio. En tal situación, vemos que las mujeres trans en el sistema carcelario, pueden y son albos de diferentes formas de violencia, desde violencia física por medio de golpes hasta violencia de tipo sexual, pasando por una violencia psicológica de subordinación para suplir las necesidades y deseos de otros; hasta culminar con el asesinato en última instancia.
En el año 2002 recuperó su libertad. Al salir de la cárcel presentaba un cuadro avanzado de VIH+, en lo que en ese momento se llegó a nombrar como de “estado de Sida”, además de otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, herpes y hepatitis. En este periodo Karla estuvo a punto de morir. Toda esta situación, le motivó a realizar un cambio personal y social, tratar de evidenciar la dura situación de vida de las mujeres trans al interior de los centros penitenciarios. En ese momento nació la activista de Derechos Humanos.
En ese proceso, Karla se integró a un grupo de mujeres trans, que estaban realizando un proceso de organizativo desde el año 1997. En ese año se inició el movimiento denominado “En el Nombre de la Rosa”, asociación que llegó aglutinar 80 mujeres trans que ejercían el trabajo sexual en las calles de San Salvador. Esta organización presentó su solicitud de personería jurídica, pero esta fue rechazada por considerar que esta organización laceraba las buenas costumbres y la moral (Corte Suprema de Justicia, 2009). Esta situación conllevó a presentar una demanda de inconstitucionalidad por esta negativa. Paralelo a ello, se presentaron estatutos de la organización sin hacer referencias a temáticas de orientación sexual, identidad y expresión de género en ellos. En el año 2009, la ahora nombrada Asociación para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) logró obtener su personería jurídica. En ese mismo año la Sala de lo Constitucional aceptó la demanda de “En el Nombre de la Rosa”, con lo cual determinó que no se debía de discriminar por orientación sexual, identidad y expresión de género a cualquier organización que presentara sus estatutos para ser legalizados (Corte Suprema de Justicia, 2009).
En 2008, un año antes de que ASPIDH lograra obtener su reconocimiento institucional, Karla Avelar, a pesar de figurar como fundadora de ASPIDH, se separó por diferencia personales de esa organización. Karla en ese momento inició procesos organizativos para la creación de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador (Comcavis-Trans). Esta organización se enfocó en ese momento en disminuir las condiciones de discriminación que las mujeres trans viviendo con VIH padecían en la sociedad y en los centros penitenciarios. Posteriormente, sus ejes estratégicos girarían en torno a cuatro puntos: reinserción social y laboral, desplazamiento, formación y prevención de VIH. En 2011 Comcavis-Trans logró obtener su personería jurídica y comenzó a gestionar fondos para la ejecución de su plan de trabajo.
En el año 2012, se realizó un proceso de apertura institucional al interior de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDHH). En esta, en conjunto con diversas organizaciones y activistas independientes LGBTI+ se integró la Mesa Permanente sobre Derechos Humanos de la población LGBTI. La Mesa fue un espacio institucional cuyo objeto era realizar acciones de coordinación, análisis e incidencia de la defensa de Derechos Humanos de la población LGBTI+.
El 4 de mayo de 2013 fue asesinada Tania Vásquez, activista trans, cofundadora de Comcavis-Trans, lo que representó un duro golpe para las diversas organizaciones trans y en especial para Karla. En el juego malévolo que interacciona la invisibilidad y negación de derechos, las instituciones reproducen el modelo de violencia a la población LGBTI+. Tras la realización de las denuncias respectivas en dicho caso, Comcavis-Trans fue objeto de incautación de sus equipos de oficina, “criminalizando las labores y señalando que la organización funcionaba como centro de trabajo sexual de mujeres y transexuales” (Asociación comunicando y capacitando a mujeres trans con VIH em El Salvador, 2013).
Vemos como las instituciones que deberían de dar protección y seguridad a la población en general, incluyendo a personas LGBTI+, se convierten en perpetradores de violencia. Ante dichos ataques y por consecuencia de la pasividad por esclarecer este asesinato por las autoridades correspondientes; y a pesar de no contar con información, experiencia y desconocimiento de los procesos para presentar una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Karla Avelar realizó dicha solitud para presentar la situación de violencia contra la población de mujeres trans en El Salvador. La solicitud fue aceptada. La audiencia fue realizada el 29 de octubre de 2013 al interior del 149 periodo de sesiones. Como resultado se obtuvo que la CIDH instó “[…] a El Salvador a adoptar medidas para respetar y garantizar el derecho de defensores/as LGBTI, especialmente defensoras trans, de defensa de los derechos humanos sin discriminación ni violencia de ningún tipo” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013). Esta acción fue mal vista por parte de los administradores de Justicia en el país, incluso fue invitada a que “no volviera hacer algo igual”, como la propia Karla manifestó.
El consorcio entre las organizaciones LGBTI+ y la PDDH llegará a su fin con la elección de una nueva Procuradora en septiembre de 2016, que, para algunos sectores, su elección se debió a un reparto de cuotas por parte de los partidos mayoritarios en una elección de 2° grado. La separación de la PDDH y las organizaciones LGBTI+ se reflejó primigeniamente en una Carta Abierta emitida por Karla Avelar el 31 de enero de 2017. En dicha carta manifestó:
Sus primeros meses de mandato ante la PDDHH Sra. Raquel Caballero nos deja una experiencia desagradable de exclusión y marginación confirmada a través de la desactivación de la Mesa Permanente de personas LGBTI de la PDDHH desde hace 4 meses y diversos correos enviados a sus correos institucionales sin obtener una respuesta a nuestras demandas y solicitudes.
Esta actitud evasiva ante las demandas de las personas LGBTI+ desembocó en el hecho de catalogar a la propia Procuradora como una amenaza para el acceso libre de los Derechos Humanos de las personas LGBTI+ (Rauda, 2017). Esta situación se debía, además de la inoperatividad inicial de trabajo, a que según palabras de los propios activistas LGBTI+ sus posturas religiosas, pesaban más que sus funciones como Abogada de la República y como funcionaria pública.
El punto culmen de este proceso de separación aconteció el 21 de septiembre de 2017, cuando Karla Avelar y otras activistas de Comcavis Trans y de Hombres Trans El Salvador protestaron en la presentación del primer informe de labores de Raquel Caballero como Procuradora de Derechos Humanos. La protesta se fundamentó por el accionar pasivo y el incumplimiento a su mandato en el primer año de labores donde las acciones a favor de las personas LGBTI+ se caracterizan por su debilidad y su poca importancia para la Procuraduría. Posterior a este hecho Karla Avelar por una diversidad de amenazas ante su vida, decidió migrar de El Salvador y exiliarse en Europa.
En el mes de abril de 2017 Avelar fue nominada al premio de la Fundación Martíns Ennals, que se otorga a activistas de Derechos Humanos. A los pocos días de la publicación de su nominación, tres sujetos que se pueden identificar como integrantes de las Maras, llegaron a su casa para exigirle que entregara la mitad del monto que el premio otorga en efectivo, asumiendo que el premio ya lo había ganado. Solicitando dinero de forma inmediata, no más de tres días, sino se tendría que atener a las consecuencias. Como primera medida de desplazamiento forzado, tuvo que abandonar su casa y buscar otro lugar para vivir. Presentó una denuncia en la policía y fue discriminada al interior de esta institución haciendo comentarios de que ella necesitaba “ayuda psiquiátrica” más que protección policial. Ante estos hechos Karla solicitó asilo en el momento que se encontraba en Europa para la ceremonia de entrega del premio de la Fundación Martin Ennals.
Reflexiones finales
Las personas salvadoreñas LGBTI+ como colectivo humano específico requieren marcos conceptuales específicos para comprender sus problemáticas y dificultades. Al interior de una sociedad que degrada al campo de lo abyecto a personas por su orientación sexual, expresión e identidad de género que difiere al régimen heterosexual; es fácil imaginar que la protección de sus derechos fundamentales es olvidada. Las personas salvadoreñas LGBTI+ conviven en su cotidianidad diferentes formas de vulnerabilidades al interior del país como la falta de reconocimiento como seres humanos, el bajo nivel educativo, la falta de acceso al sistema de salud, la imposibilidad de inserción en empleos dignos, la homofobia cotidiana. Cuando se conjuntan las acciones de las Maras como la extorsión, la amenaza, la persecución o el asesinato, esto se transforma en el detonante para ejercer una movilidad forzada como vía de escape y huida intempestiva del país.
La movilidad forzada de personas salvadoreñas LGBTI+ es un fenómeno complejo. Este tipo de movilidad no se debe de confundir como migración o desplazamiento de carácter económica. Si bien es cierto que las personas LGBTI+ muchas veces se encuentran en una condición económica precaria, su desplazamiento se ve influenciado por el hecho de poseer una mayor vulnerabilidad sobre sus cuerpos e identidades a nivel institucional, las denuncias que personas salvadoreñas LGBTI+ realizan no son tomadas en cuenta e incluso pueden padecer discriminación y violencia por parte de los agentes de seguridad cuando se presentan ante las delegaciones respectivas. Las Maras conocen esta situación y sacan ventaja de ello. El refugio se transforma, en muchos casos, como la única oportunidad de sobrevivir para personas salvadoreñas LGBTI+ que huyen del asedio de las Maras.
Karla Avelar es una mujer salvadoreña trans que desde la década de 1990 padeció diferentes procesos de violencia por su identidad de género, lo cual la conllevó a una situación de exclusión social, teniendo que ejercer el trabajo sexual de calle como medio de sobrevivencia. En este contexto de marginalización social Avelar sufrió una serie de violencias, entre las que destacan varios intentos de asesinatos, asedio y extorsión por parte de las Maras, encarcelamientos, violaciones e infectarse con VIH. Sin embargo, esta situación no impidió que se involucrara en procesos de organización social, creara y liderara una organización de mujeres trans desde 2008 hasta 2017. Fuera la primera mujer salvadoreña trans en demandar al Estado Salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violencias que padecen las personas salvadoreñas LGBTI+, en especial las mujeres trans. Esta labor de denuncia y de acción política conllevó un reconocimiento internacional. Cuando se supo que este premio conllevaba un reconocimiento en efectivo, las Maras iniciaron un proceso de extorsión. Situación que ya no podía soportar más Avelar, por lo cual solicitó refugio en Europa para salvaguardar su vida.
Karla Avelar resulta ser un caso excepcional y paradigmático de las personas LGBTI+ en el país, quién logró sobrevivir a las más variadas vicisitudes violentas. Sin embargo, muchas personas LGBTI+ no corrieron con la misma suerte de ella. Muchas la desidia institucional en la década de 1980 y 1990 las llevaron a la muerte por infecciones de VIH no tratadas, muchas otras fueron asesinadas por el accionar de las Maras, muchas otras más murieron en la precariedad social, y tantas otras el silencio-tabú las ha olvidado de nuestra memoria colectiva. Algunas de esas personas LGBTI+ anónimas, que lograron escapar a todo lo anterior lo hicieron por medio de una movilidad forzada como última estrategia desesperada de sobrevivencia. Estos LGBTI+ anónimos, cuando solicitan refugio en los países de destino, al no ser conocidos como Karla Avelar, frecuentemente son confundidos como migrantes por motivación económica. La experiencia de vida de Karla Avelar apunta la necesidad institucional de reconocer las violencias específicas que las personas LGBTI+ padecen en sus países de origen, para realizar un análisis justo de sus pedidos de refugio. Su vida depende ello.
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Fechas de Publicación
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Publicación en esta colección
04 Set 2020 -
Fecha del número
May-Aug 2020
Histórico
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Recibido
10 Abr 2020 -
Acepto
04 Jun 2020