Colapso neoliberal en el Sur global: Migración forzada desde Honduras y El Salvador a España en el siglo XXI

Neoliberal collapse in the global South: Forced migration from Honduras and El Salvador to Spain in the 21^st century

Resumen

América Central ha experimentado importantes niveles de migración forzada desde las últimas décadas del siglo XX. Las restricciones a la migración implementadas por Estados Unidos han derivado gran parte de estos flujos a España. En este texto se ofrece un análisis estructural de los procesos migratorios ocurridos entre Honduras, El Salvador y España, a través de una perspectiva crítica interdisciplinar que combina el estudio de la migración forzada con el análisis del contexto histórico en las que ocurren estos movimientos de población, arrojando luz sobre la situación de los migrantes procedentes de estos dos países centroamericanos en España.

Palabras clave:
migración forzada; El Salvador; Honduras; neoliberalismo; remesas

Abstract

Central America experienced important levels of forced migration since last decades of 20th century. Restrictions to migrant fluxes implemented by the United States derived part of these migration fluxes to Spain. This work offers a structural analysis of migration processes that took place between Honduras, El Salvador and Spain, through a critical interdisciplinary approach that encompass the study of forced migration with the analysis of the historical context in which population movements occur, shedding light on the situation of migrants coming from these two Central American countries to Spain.

Keywords:
forced migration; El Salvador; Honduras; neoliberalism; remittances

Introducción

Al abordar el estudio de las migraciones internacionales es importante tener en cuenta que estos movimientos migratorios, lejos de ser decisiones individuales de agentes racionales que buscan su máximo interés, están insertos en unas dinámicas históricas y dentro de las estructuras económicas y sociales existentes.

El proceso de desarrollo económico ha dado lugar a importantes transformaciones tanto permanentes como coyunturales en las sociedades contemporáneas. El desarrollo de los medios de transporte (principalmente transporte aéreo) y las nuevas tecnologías de la comunicación han hecho posible una mayor globalización de los procesos económicos, demográficos y políticos, y en consecuencia, un aumento de los flujos migratorios con el fin de buscar empleo y mejores oportunidades, ya sea a través de la migración rural-urbana como de la migración internacional. No obstante, en muchos casos esta migración forzada ha enfrentado importantes restricciones por parte de los Estados, favoreciendo más a los trabajadores con cualificaciones deseadas por las empresas y compañías internacionales y creando importantes obstáculos legislativos a la mayoría de la población migrante (Delgado Wise, 2022).

El artículo se dividirá en los siguientes apartados: tras una descripción de la metodología utilizada para realizar este pequeño trabajo realizaremos un análisis del proceso de desarrollo capitalista en el siglo XXI, desde una perspectiva fundamentada en el materialismo histórico. Posteriormente, se tratará el contexto económico, histórico y social de Honduras desde el siglo XX, con el fin de comprender qué procesos históricos y políticos han desembocado en la situación actual de incremento de la migración forzada. En un tercer apartado se realizará el mismo ejercicio de contextualización histórica para el caso de estudio de El Salvador, y concluiremos destacando las principales implicaciones de este aumento de la migración forzada tanto para los países de origen como los países receptores de flujos migratorios, con unas apreciaciones acerca de las contradicciones observadas en la dialéctica entre los flujos migratorios y las medidas políticas tomadas por los principales países receptores de migración.

Metodología

Para la realización de este trabajo nos hemos basado en una investigación bibliográfica de carácter interdisciplinar, aprovechando las fuentes disponibles sobre los países a analizar seleccionadas por el criterio de los historiadores profesionales que citamos en este artículo, junto con una serie de investigaciones estructurales que abarcan las transformaciones más importantes observadas en la economía global. Combinamos este estudio bibliográfico con la lectura de informes de diferentes organizaciones sobre la situación de los países a analizar, noticias publicadas en medios de comunicación, y una interpretación de la información cuantitativa sobre flujos migratorios que podemos encontrar en las bases de datos oficiales accesibles al público.

El proceso de desarrollo económico en el siglo XXI

La economía tecnológica, financiera y rentista que caracteriza a las primeras décadas del siglo XXI (Hudson, 2018) ha favorecido a un sector privilegiado de trabajadores con elevadas cualificaciones al tiempo que el neoliberalismo ha derrumbado tanto los salarios como el marco de condiciones laborales del siglo XX, defendido por la actividad de los sindicatos. Esta sociedad que contempla a sus “ciudadanos como clientes” (Streeck, 2012) se beneficia del trabajo de los migrantes procedentes del Sur global, quienes en muchos casos no tienen posibilidad de encontrar empleos decentes y deben trabajar en los márgenes de la legalidad, sin documentación de residencia legal.

En este artículo nos centraremos en el análisis de los casos de El Salvador y Honduras, dos de los países que han experimentado un mayor crecimiento de los flujos migratorios y una mayor dependencia de los flujos de remesas en las últimas décadas. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, las remesas, envíos de dinero y transferencias realizadas por los trabajadores y trabajadoras a sus familias en sus lugares de origen, constituyen un 23,5% del producto interior bruto de Honduras en 2020, una cifra que asciende al 24,1% del PIB en el caso de El Salvador. A efectos de comparación, en el mismo año 2020 países con elevados porcentajes de población migrante como Ecuador mostraban una dependencia de las remesas del 3,5% del PIB, llegando a un 9,6% del PIB en el caso de Filipinas, lo que evidencia la gran importancia que la migración tiene para estas dos repúblicas centroamericanas (World Bank, 2021).

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, el PIB per cápita de El Salvador se situaba en 4.408,5 dólares estadounidenses en 2021, frente a 2.831 dólares de PIB per cápita en Honduras. Las cifras oficiales de desempleo publicadas por el Banco Mundial reflejan que un 8,5% del total de la fuerza de trabajo en Honduras estaba en situación de desempleo, frente a un 5,9% de la fuerza de trabajo de El Salvador. Hemos de tener en cuenta que es difícil que estas cifras reflejen en su totalidad la extendida presencia del empleo informal en estos países latinoamericanos.

La exportación de fuerza de trabajo migrante de forma directa mediante la migración laboral a otros países caracteriza a muchos territorios del Sur global. Los elevados niveles de migración coexisten en estos países con una “clase capitalista trasnacional” (Robinson, 2014) que se beneficia del proceso de movilidad del capital ocurrido desde las políticas neoliberales de Reagan, Thatcher y los Chicago Boys a finales del siglo XX (Harvey, 2005).

Estos flujos de población migrante implican un subsidio para las economías del Norte, dado que estos países reciben una fuerza de trabajo con elevadas cualificaciones por la que no han debido invertir en su formación, ya que sus años de estudio han sido financiados por los impuestos de los contribuyentes que sostienen el sector educativo público de los países de origen. Estos países apenas obtienen beneficios de esta fuerza de trabajo con elevadas cualificaciones que en muchas ocasiones se ve obligada a marcharse (Delgado Wise, 2022). Por su parte, las remesas “aseguran la subsistencia de los miembros familiares en los lugares de origen”, funcionando como “un incentivo para las importaciones modificando patrones de consumo” (Delgado Wise et al., 2013, p. 439). Tampoco hay que olvidar que “las remesas benefician a los gobiernos neoliberales que, faltos de voluntad para generar alternativas de desarrollo, las usan como una fuente de divisa extranjera que contribuye a la frágil estabilidad macroeconómica” (Delgado Wise et al., 2013, p. 439). Los migrantes así son contemplados como “héroes del desarrollo y hechos responsables de una tarea que debería pertenecer al gobierno pero que, bajo el precepto neoconservador de un estado mínimo, permanece sin realizar” (Delgado Wise et al., 2013, p. 439).

La población migrante originaria de Honduras en España alcanza las 143.832 personas en 2021, de acuerdo con los datos registrados en el Instituto Nacional de Estadística español (en adelante, INE). Por su parte, en el INE aparecen registradas 28.458 personas originarias de El Salvador. Es importante tener en cuenta que estos registros no computan la totalidad de los migrantes en el país, ya que existen personas que por diversas razones no han podido o querido efectuar este trámite administrativo.

Analizando estos flujos migratorios, podemos observar que se trata de una población principalmente joven (un 58% de la población registrada con nacionalidad de Honduras son personas entre 20 y 39 años, un 56% en el caso de El Salvador). En el caso de Honduras, esta migración es principalmente femenina. Según los datos oficiales del INE, siete de cada diez migrantes hondureños en España son mujeres. En cuanto al lugar de residencia, principalmente estos flujos migratorios se han dirigido a las zonas de España con mejores oportunidades laborales para la población migrante, como Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los flujos migratorios de estos dos países con destino España han experimentado un importante aumento desde 2016, como se observa en la base de datos del INE. En Estados Unidos, la administración Trump (2017-2021) inició una política de tolerancia cero a la migración indocumentada, ampliamente criticada por sus ataques a los derechos humanos y a la dignidad de la población migrante. Esta política, conocida popularmente como el programa Quédate en México, instaba a los migrantes a permanecer en el país latinoamericano retrasando sus solicitudes de asilo, lo que condujo a que muchas personas procedentes de los países de América Central tengan que esperar en las ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos, donde enfrentan situaciones peligrosas y sus solicitudes de asilo se retrasan meses o incluso años (Wolf, 2020, p. 8-10). Es en este contexto cuando se contempla a España como un destino más favorable para migrar que Estados Unidos. No obstante, la situación social, económica y política de estos países de América Central no ha recibido en los medios de comunicación españoles la atención que sí se ha brindado a otras diásporas de América como la migración procedente de Venezuela. Los mass media en el siglo XXI, controlados por grandes monopolios corporativos, tienen una destacable influencia en marcar las tendencias del discurso público (McCombs, Shaw, 1972). En adelante realizaremos un breve análisis de los cambios más importantes que han tenido lugar en Honduras y El Salvador en su historia reciente.>

Honduras: de Zelaya a Castro

La sociedad hondureña se ha visto profundamente afectada en las últimas décadas del siglo XX por elevados niveles de migración, una consecuencia de la crisis sistémica que experimenta la economía global y que se traduce en unos elevados niveles de migración forzada, a consecuencia del extendido desempleo, las difíciles condiciones de vida, la presencia de las pandillas y las crisis sociales consecuencia del cambio climático. El Índice de Desarrollo Humano de Honduras se encuentra en una posición considerablemente baja, junto a países como Guatemala y Laos. Un 30,3% de la fuerza de trabajo se emplea en la agricultura, en contraste con un 16,3% que trabaja en este sector en El Salvador¹.

Las contradicciones sociales existentes en Honduras a mediados del siglo XX se tradujeron en la huelga general del año 1954, impulsando a Ramón Villeda (1957-1963) a la presidencia del país (Dabène, 2010, p. 131). Villeda aspiraba a realizar una reforma agraria pero fue derrocado por los militares, quedando el poder en manos del general López Arellano (1972-1975), apoyado por Estados Unidos. A finales del siglo XX tanto Honduras como El Salvador se vieron envueltos en un enfrentamiento bélico, conocido como la “guerra del fútbol” (Kapuscinski, 2006; Gilly, 1981). Pese a que Honduras fue uno de los mayores receptores de ayuda norteamericana por consideraciones geopolíticas (no ha de olvidarse que en El Salvador estaba activa la guerrilla y en Nicaragua la Contra se enfrentaba a los sandinistas), este apoyo económico no se tradujo en una mejora de las condiciones de vida para los ciudadanos y las ciudadanas de Honduras (Fontana, 2013, p. 513). Esta situación experimentó un importante cambio con la elección popular de Manuel Zelaya en el año 2006, quien se mostró dispuesto a negociar un acuerdo con las comunidades indígenas y llevó a cabo una subida del 60 por 100 del salario mínimo (Wolf, 2020, p. 21). La administración estadounidense no apoyó a este presidente electo, y en el año 2009 tuvo lugar un golpe de Estado para reemplazar al presidente Zelaya por el neoliberal Porfirio Lobo (2010-2014).

Unas elecciones darían el poder al conservador Juan Orlando Hernández. El largo mandato del presidente Hernández (2014-2022), ampliamente desacreditado debido a que tanto él como su hermano han sido condenados por tráfico de drogas por un tribunal estadounidense, ha dejado un legado de corrupción y de abuso del poder. La actuación de su gobierno, definido como un “narco-estado cleptocrático” (Wolf, 2020, p. 22) queda reflejada en el asesinato que tuvo lugar en 2016 de la activista Berta Cáceres, galardonada con el premio Goldman por su actividad en defensa de la naturaleza y luchadora en contra de la actividad de las grandes transnacionales mineras en el país. Un informe sobre la minería en Honduras revela que “se reformó la ley minera para otorgar beneficios fiscales a las compañías mineras con el pretexto de la pandemia” (Coalition Against the Mining Pandemic, 2022, p. 35). De acuerdo con el informe, se produjeron detenciones de activistas en Tocoa y, a consecuencia de la actividad minera, “una elevada sedimentación en las fuentes de agua que utiliza la población local, destruyendo el río San Pedro”. Así mismo esta investigación denuncia que: “esto fue hecho con total impunidad y respaldado por un régimen de seguridad privada combinado con el poder militar y estatal” (Coalition Against the Mining Pandemic, 2022, p. 16). En 2017 tuvieron lugar unas elecciones a las que se presentó Salvador Nasralla, que fueron manipuladas en favor de Hernández. Las protestas populares contra la manipulación electoral fueron reprimidas y el nuevo gobierno fue reconocido por la administración Trump (Wolf, 2020, p. 22). La difícil situación socioeconómica de Honduras, tanto por sus elevados niveles de desempleo como por la violencia instalada en amplios sectores sociales, ha obligado a muchas personas a migrar a países como España, especialmente muchas mujeres que han encontrado trabajo como empleadas domésticas, huyendo de la violencia diaria presente en muchas zonas rurales y urbanas. Honduras ha sido muy castigada por los huracanes Eta e Iota así como por las consecuencias de la pandemia Covid-19 ocurrida en el año 2020.

La presidenta Xiomara Castro fue elegida democráticamente en 2021 como jefa de Estado de Honduras, la primera mujer presidenta en la historia del país centroamericano. Eugenio Sosa ha escrito que “tanto Estados Unidos como los banqueros y los grupos económicos oligárquicos” no se muestran en contra del gobierno de Castro, si bien el senador Marco Rubio “dijo esperar que Castro abriera un nuevo camino y no siguiera los pasos de su esposo” (Sosa, 2022).

Pese a que se han llevado a cabo medidas como la prohibición de la minería a cielo abierto por parte del nuevo gobierno, el país adolece de importantes contradicciones sociales. Consultando los datos publicados por la CEPAL, podemos leer que sólo un 42,7% de la población vacunada de COVID-19 dispone de la pauta completa, y la tasa de pobreza en el país afecta al 63% de los menores de 14 años (CEPAL, 2022, p. 74).

En el siguiente apartado pasaremos a tratar la evolución de El Salvador.

El Salvador: Neoliberalismo autoritario en redes sociales

Los 21.578 salvadoreños y salvadoreñas registrados como residentes en España probablemente no sean tan entusiastas de la moneda digital Bitcoin como su joven presidente, Nayib Bukele. El presidente Bukele fue electo por el voto popular en el año 2019 al frente del partido Nuevas Ideas. Sin embargo, es preciso realizar una reflexión sobre la historia reciente de El Salvador y los orígenes de Bukele para entender su amplia base de apoyo popular.

Históricamente, El Salvador ha estado marcado por una profunda dependencia de la exportación de materias primas, particularmente café, suponiendo más de un 80 por ciento de las exportaciones del país en la década de 1970. En la primera mitad del siglo XX, tras la crisis económica ocurrida en 1929, el país atravesó por un periodo dictatorial bajo el general Maximiliano Hernández Martínez quien, de acuerdo con Adolfo Gilly, desde 1932 hasta 1944 llevó a cabo el “control de la prensa, control del movimiento de la población (…) Ley Agraria a favor de los terratenientes, prohibición hasta de la palabra 'sindicato' y un desarrollo sin precedente del ejército” (Gilly, 1981, p. 36). Hernández Martínez llegó al poder con “beneplácito” estadounidense a su guerra contra el “comunismo”, mediante “fraude electoral y el encarcelamiento de candidatos y dirigentes políticos hasta la disolución violenta de las manifestaciones”, llegando el ejército y los paramilitares, bajo decreto de Hernández, a fusilar “a los hombres mayores de 18 años que no portaran la cédula patriótica”. De acuerdo con Roque Dalton unos 30.000 campesinos y campesinas fueron asesinados en El Salvador en el año 1932 (Gilly, 1981, p. 34-37).

La desigualdad económica y de posesión de tierras por parte de una minoría ha sido una característica de la oligarquía salvadoreña. En palabras de Jung, “en 1971 seis familias tenían a su disposición tanta tierra como el 80 por ciento de la población rural” (Jung, 1982, p. 5). Un conflicto bélico entre El Salvador y Honduras implicó el cierre de la válvula de seguridad que suponía la migración de campesinos desempleados a Honduras, contribuyendo a aumentar las tensiones sociales (Jung, 1982). En el año 1980 varios grupos guerrilleros se unieron para crear el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inspirado en la revolución nicaragüense. Las contradicciones entre la mayoría de la población y el gobierno militar se saldaron con el inicio de una guerra civil en el país. Los siguientes doce años El Salvador sufrió una sangrienta etapa de crímenes políticos, que llevó a la muerte de más de 70 mil personas. El gobierno estadounidense, tras la llegada de Ronald Reagan a la presidencia (1981-1989) se involucró en la guerra civil de El Salvador con una política de ayuda económica al gobierno, así como de suministro de entrenamiento militar y helicópteros al ejército (Fontana, 2013, p. 513-514). Estos años han quedado en la memoria colectiva de todos los salvadoreños y las salvadoreñas, episodios como la masacre de El Mozote y el asesinato de religiosos y religiosas como Monseñor Óscar Romero, canonizado por el Papa Francisco en el año 2018, quien denunciaba los problemas sociales del país en sus homilías. Roque Dalton, el famoso poeta salvadoreño, fue asesinado en 1975 bajo la acusación de ser un agente de la CIA (Ehrenreich, 2010).

La población que se mostró públicamente en contra de este régimen era muy heterogénea, tanto sacerdotes que optaban por los pobres cercanos a la Teología de la Liberación así como hombres de negocios como el antiguo ministro de agricultura Enrique Álvarez, quienes hubieron de sufrir la represión o la muerte por parte de esta dictadura militar respaldada por Estados Unidos (Lamperti, 2010). En este convulso periodo hubo intentos de llegar a la presidencia por políticos como el democristiano Napoléon Duarte, sin embargo, “Duarte y numerosos políticos reformistas fueron encarcelados o marcharon al exilio” (Jung, 1982, p. 8). Napoleón Duarte ejerció como presidente desde 1984 hasta 1989. No obstante, el fin del conflicto no llegó hasta los Acuerdos de Paz firmados en 1992. Bajo la presidencia de Francisco Flores (1999-2004) tuvo lugar la dolarización del país, “un reflejo del polarizado sistema socioeconómico y político, del poder del sector financiero del partido ARENA y la muy limitada influencia de la oposición representada en el FMLN” (Towers, Borzutzky, 2004, p. 51). La mayoría de la población fue ampliamente afectada por esta medida en contra de sus intereses, y el país perdió su soberanía económica a merced del dólar estadounidense.

El Frente Farabundo Martí, convertido en partido político, ganó unas elecciones a la derecha de ARENA en 2009 con Mauricio Funes (2009-2014), si bien Funes, así como el expresidente Sánchez Cerén del FMLN (2014-2019), han sido desacreditados por unas acusaciones de malversación y lavado de dinero (France24, 2022). En palabras de Danilo Miranda, “se había vuelto común la idea de que los derechos humanos protegen a los delincuentes y existía un apoyo generalizado a las medidas autoritarias y de excepción si dan resultados” (Miranda, 2021).

Es en este momento de amplio descrédito popular del sistema democrático cuando entra en escena Nayib Bukele, quien había sido miembro del partido del FMLN y alcalde de San Salvador, hijo de un empresario palestino, uno de los principales financistas del FMLN (Goodfriend, 2021; Miranda, 2021). Aprovechando el descrédito de ambos partidos, Bukele creó su partido Nuevas Ideas y a través de un hábil manejo de los medios de comunicación, logró superar en campaña a los impopulares partidos tradicionales y fue ampliamente votado en las elecciones de 2019. Nayib Bukele se presenta ante sus votantes con su gorra y un look juvenil como un presidente millenial, dando órdenes a su ejército a través de Twitter y otorgando entrevistas a Youtubers famosos, además de revelarnos su profunda fe religiosa bajo esta fachada de modernización. No obstante, no ha dudado en calificar como “farsa” los acuerdos de paz firmados en 1992 por la sociedad salvadoreña para poner fin a la sangrienta guerra civil en el país. En palabras de Hillary Goodfriend,

ha lanzado severas medidas autoritarias: usar las fuerzas armadas para intimidar a los parlamentarios, imponer un estado de excepción militar durante la pandemia, atacar a periodistas independientes, procesar a la oposición política y orquestar un golpe legislativo para reemplazar a magistrados de la Corte Suprema y al Fiscal General. (Goodfriend, 2021)

En el aspecto económico, gran parte de las élites económicas de El Salvador, componentes de la clase capitalista trasnacional, ha cambiado el eje de acumulación de la exportación de materias primas al sector FIRE (Finance, Insurance and Real Estate) y al turismo, a lo que hemos de añadir la recepción de remesas. El neoliberalismo de Nayib Bukele representa por lo tanto una opción tolerable para una clase media-alta salvadoreña deseosa de hacer negocios aprovechando la globalización contemporánea.

Las principales exportaciones de El Salvador son las prendas de vestir fabricadas en las industrias maquiladoras, siendo Estados Unidos y China los principales socios comerciales. Las maquiladoras de fabricación de textil, plásticos y microchips son una de las principales fuentes de empleo para los trabajadores y trabajadoras salvadoreños, junto al sector servicios, que emplea a más de la mitad del total de la población ocupada del país, de acuerdo con datos de CEPALSTAT y el Banco Central de Reserva de El Salvador².

La tasa de desempleo juvenil en El Salvador ha aumentado de 9,8% a 13,2% entre 2019 y 2020, según las estadísticas de St. Louis Fed. La desigualdad, medida por el coeficiente de GINI, ha descendido de un 0,51 en el año 2002 a un 0,42 en 2020 (CEPAL, 2022, p. 51). Sin embargo, la pobreza extrema aumentó en casi 3 puntos porcentuales en 2020, figurando un 30 por cien de la población de El Salvador calificada como pobre (CEPAL, 2022, p. 69-71).

El mejor ejemplo de este cambio de políticas es la actitud del propio presidente con la aprobación de la moneda digital Bitcoin como divisa legal, construyendo ciudades libres de impuestos para la clase capitalista trasnacional y hablando en inglés en sus intervenciones, en una actitud de completa sumisión a los millonarios de Internet. Un informe ha denunciado que: “el país está siendo gobernado como una empresa privada, reemplazando políticas públicas con anuncios publicitarios (…) deliberadamente, la administración actual ha abandonado la dimensión medioambiental en la gestión pública estatal, reduciendo al Ministerio de Medio Ambiente a una agencia de emisión de permisos” (Artiga, López, 2021, p. 10).

En El Salvador, como ha dicho una antigua guerrillera del FMLN, “quienquiera que se oponga o critique es visto como un enemigo – no como un adversario político, sino como alguien que debe ser destruido” (Diaz, 2022). Es bien sabido, como podemos leer en la Enciclopedia Británica, que una de las características de un régimen totalitario es “una forma de gobierno que teóricamente no permite ninguna libertad individual y que busca subordinar todos los aspectos de la vida individual a la autoridad del Estado”.

Como afirma Danilo Miranda, “los gigantes inmobiliarios y agroindustriales seguirán destruyendo el medio ambiente sin grandes trabas. Las corporaciones globales y otros inversionistas extranjeros tienen poco de qué preocuparse en este paraíso de la mano de obra barata y de la evasión y elusión fiscal” (Miranda, 2021). Durante la pandemia, que afectó gravemente a una mayoría de población trabajadora forzada a buscar sus medios de subsistencia en el sector informal, el gobierno de Bukele “inició la compra, nada transparente, de toneladas de alimentos procedentes del exterior” (Miranda, 2021).

Estas medidas de cortejo al capital global nos llevan a preguntarnos, ¿dónde obtendrán países como El Salvador los impuestos necesarios para financiar sus instituciones y servicios públicos? Siguiendo a Michael Hudson, podemos observar en muchos países una política fiscal regresiva que evita gravar al capital financiero y rentista y carga con más impuestos a la mayoría social de pequeños empresarios, trabajadores y trabajadoras, el “precariado” en palabras de Guy Standing, privado de derechos laborales y cargando sobre sus espaldas con una importante responsabilidad en la financiación del aparato estatal (Hudson, 2018; Standing, 2018). Un empeoramiento de las condiciones de vida de las clases subalternas y la población más humilde, al tiempo que la represión estatal garantiza mantener a estos ciudadanos y ciudadanas en las peores condiciones. No sólo la clase trabajadora ha resultado perjudicada por el gobierno de Bukele, sino que amplios sectores sociales sufrieron las consecuencias de su administración: “a un reconocido empresario, el Ejecutivo le envió todo el aparato institucional del Estado, el laboral, el sanitario y otros, con el fin de intimidarlo” (Miranda, 2021).

El descenso de las cifras de violencia observado en el país se interrumpió súbitamente en el año 2022, en una jornada trágica en las que se asesinó a decenas de personas. De acuerdo con la investigación periodística, este hecho radica en la ruptura de una tregua realizada por el gobierno con los principales líderes de estas organizaciones, como la Mara Salvatrucha, con el fin de reducir el número de asesinatos a cambio de diferentes apoyos desde el gobierno (Diario El Faro, 2022). De hecho, el diario The New York Times publicó que “el gobierno brindó incentivos económicos a las pandillas y tratamiento preferente a los líderes pandilleros encarcelados, como acceso a teléfonos celulares y prostitutas” (The New York Times, 2022). La violencia de las maras tuvo la respuesta por parte del gobierno del establecimiento de un estado de excepción que ha sido extendido por un Congreso dominado por el partido de Bukele y que continúa en el momento de escribir estas líneas, seis meses después (The Guardian, 2022). Amnistía Internacional ha denunciado que se ha detenido en El Salvador a más de 17.000 personas en el marco del estado de excepción y que “niños y niñas de entre 12 y 16 años pueden ser condenados a penas de hasta 10 años de prisión” (Amnistía Internacional, 2022).

Lejos de ser vistas como un problema endémico de Centroamérica, las pandillas salvadoreñas tienen su origen en muchos jóvenes quienes, sin posibilidad de encontrar ningún futuro en su país, emigraron a Estados Unidos y fueron deportados por el gobierno estadounidense (North, 2021). Estas personas desarraigadas, devueltas a las calles de El Salvador, sin oportunidades ni perspectivas de futuro, encuentran en las pandillas una organización social a la que unirse y la posibilidad de obtener ingresos formando parte de estos grupos. En palabras de North, “es revelador e instructivo que la migración desde Costa Rica, por contraste, era mucho más reducida que la de los países del Triángulo Norte. Esto es así debido a que Costa Rica disfruta de una propiedad de la tierra y unas estructuras agrarias más igualitarias que sus vecinos del norte” (North, 2021, p. 58).

Tampoco ha de olvidarse que en Centroamérica se encuentran algunas de las legislaciones más restrictivas del mundo en lo que respecta a los derechos de la mujer, reforzadas por un extendido conservadurismo social que en no pocas ocasiones ha adquirido tintes de extrema derecha. Bukele no se ha mostrado abierto a modificar la legislación vigente en El Salvador con la que, de acuerdo con la Agencia EFE, “las mujeres que sufren una interrupción del embarazo en El Salvador son acusadas del delito de homicidio agravado, que contempla penas de entre 30 a 50 años de cárcel” (Agencia EFE, 2021). En el caso de Honduras, el Congreso sancionó en 2021 un cambio constitucional “para endurecer la prohibición del aborto, vigente desde 1982, pese a las presiones de organizaciones feministas y expertas de Naciones Unidas” (Deutsche Welle, 2021). El acoso que sufren los medios y periodistas críticos en El Salvador y los ataques a las defensoras del medio ambiente en Honduras, como denuncia Human Rights Watch, implica que el apoyo internacional a los activistas en estos países es más necesario, teniendo en cuenta la impunidad que permite la escasa pluralidad política presente en las instituciones de estos países centroamericanos.

Este contexto político económico, que deja escasos espacios a la libertad y apenas oportunidades de asegurar un porvenir a la mayoría de la población de El Salvador, junto con las contradicciones sociales entre las demandas del conjunto de la sociedad y la atención prestada por el gobierno a la clase capitalista transnacional, han conducido a un incremento de la migración forzada tanto por la falta de oportunidades de vida en el país, como por la concentración de poderes en manos del partido gobernante, lo que deja en entredicho el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en El Salvador.

Conclusión

Desde comienzos del siglo XXI, las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de El Salvador y Honduras han conducido a un importante deterioro del bienestar de las mayorías sociales en el país y a un gran descrédito de los partidos políticos tradicionales. Debido a la falta de respuesta por parte de las instituciones y a la incapacidad del sistema económico de estos dos países para proporcionar oportunidades de vida a sus habitantes, se han agravado las contradicciones sociales, una situación a la que muchas personas han respondido a través de la migración forzada. En Honduras, los vínculos establecidos entre la administración de Juan Orlando Hernández y el narcotráfico han conducido a un importante deterioro de las instituciones públicas y de las condiciones de vida en el país. En este contexto, la migración aparece como el único recurso para mejorar las perspectivas de vida de muchas familias, siendo no obstante estos flujos migratorios muy restringidos y limitados por los gobiernos del Norte global.

En su visita a Guatemala en 2021, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris mostró su apoyo a los migrantes centroamericanos y al desarrollo económico en el país, al tiempo que alertaba de la postura a seguir en el futuro por parte del gobierno estadounidense en materia de fronteras aconsejando a los centroamericanos que “no vengan” a Estados Unidos (The New York Times, 2021). No obstante, esta migración forzada representa una importante fuente de mano de obra barata, especialmente aquella que se realiza fuera de los cauces legales y de la regulación del Estado, reportando importantes beneficios tanto para el capital, que dispone de trabajadores y trabajadoras a bajo coste y sin derechos, como para los políticos y movimientos nacionalistas de extrema derecha, quienes ven en la población migrante un objetivo al que dirigir el malestar social ocasionado por las consecuencias de décadas de políticas neoliberales, ofreciendo a los votantes un discurso xenófobo y a favor de mayores controles a los flujos migratorios.

La vocación universalista de la lucha social por más derechos y mejora de las condiciones de vida de las mayorías sociales, impulsada tradicionalmente por los partidos y movimientos de izquierda, se ha transformado en un apoyo de las principales instituciones y agentes capitalistas a causas progresistas como el feminismo, la ecología (capitalismo verde), las políticas sexuales y de identidad, dentro de un marco liberal y sin señalar ni transformar las relaciones de explotación características del sistema capitalista. El mejor ejemplo de este hecho es la extensión en muchos países de un precariado (que no sólo incluye a trabajadores y trabajadoras, sino también a pequeños empresarios) soportando la carga de una política fiscal profundamente regresiva y privados de muchos derechos, ampliando las divisiones sociales entre una clase trabajadora formal con condiciones laborales relativamente más favorables y unas clases subalternas explotadas y privadas de muchos derechos laborales y sociales, como el acceso a la seguridad social. El conservadurismo social ha adquirido tintes radicales transformándose en movimientos de extrema derecha y que en algunos países como el Brasil de Bolsonaro o la Turquía de Erdoğan han llevado al poder mediante procesos electorales a políticos que defienden un “autoritarismo desarrollista”, como señala el profesor Saad-Filho (Arsel et al., 2021). La función que cumple esta extrema derecha en muchos casos implica un aumento de la represión con el fin de mantener a estas clases subalternas en su lugar y proteger el statu quo. Es necesario buscar una alternativa política para mejorar las condiciones económicas de la mayoría de la población de El Salvador y Honduras, transformar sus instituciones y trabajar por una mayor libertad e igualdad, abordando las importantes contradicciones sociales que afectan a estos países.

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• El Salvador reels as 6000 people arrested in unprecedent crackdown. The Guardian, 05.04.2022. Disponible en: Disponible en: https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/05/el-salvador-crackdown-ms13-state-of-emergency Acceso el 28.07.2022.
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• El Salvador vive uno de sus días más mortíferos en 30 años. The New York Times, 27.03.2022. Disponible en: Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2022/03/27/espanol/bukele-estado-emergencia.html Acceso el 25.07.2022.
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• El Salvador: El Estado de excepción ha creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional, 26.04.2022. Disponible en: Disponible en: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-salvador-el-estado-de-excepcion-ha-creado-una-tormenta-perfecta-de-violaciones-de-derechos-humanos/ Acceso el 28.07.2022.
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• Fiscalía de El Salvador imputa otro delito de corrupción a expresidente Funes. France24, 02.02.2022. Disponible en: Disponible en: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220202-fiscal%C3%ADa-de-el-salvador-imputa-otro-delito-de-corrupci%C3%B3n-a-expresidente-funes Acceso el 29.07.2022.
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• Honduras blinda la prohibición total del aborto. Deutsche Welle, 22.01.2021. Disponible en: Disponible en: https://www.dw.com/es/honduras-blinda-la-prohibici%C3%B3n-total-del-aborto/a-56311291 Acceso el 28.07.2022.
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• Kamala Harris dio un mensaje claro en Guatemala: “no vengan”. The New York Times, 07.06.2021. Disponible en: Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2021/06/07/espanol/kamala-harris-guatemala.html Acceso el 28.07.2022.
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• Una comisión del Congreso salvadoreño archiva un proyecto para despenalizar el aborto. Agencia EFE, 20.05.2021. Disponible en: Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-comision-del-congreso-salvadoreno-archiva-un-proyecto-para-despenalizar-el-aborto/20000013-4540822 Acceso el 28.07.2022.
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• 1
  Los datos están disponibles en el Data Center de United Nations Development Programme, 2020 Human Development Data: All tables and dashboards.
• 2
  Véase Informe Estadístico de Comercio Internacional de Mercancías de El Salvador, publicado por el Banco Central de Reserva, junio 2022.

Editores de sección

Roberto Marinucci, Barbara Marciano Marques

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  29 Mayo 2023
• Fecha del número
  Jan-Apr 2023

Histórico

• Recibido
  29 Jul 2022
• Acepto
  08 Set 2022