La defensa de los derechos humanos de migrantes indocumentados y refugiados en la región fronteriza occidental de México y los EEUU: Humanitarismo e incidencia política de la sociedad civil organizada

The human rights defense of undocumented migrants and refugees in the western border region of Mexico and the USA: Humanitarianism and political influence of the organized civil society

Resumen

Partiendo de una investigación ya concluida y un recrudecimiento de políticas migratorias y control fronterizo durante las últimas cuatro décadas, este dossier expone la emergencia, la acción y la contribución de la sociedad civil organizada en la promoción y protección de los derechos humanos de migrantes y refugiados en la región fronteriza occidental de México y los Estados Unidos. Al exponer los principales factores que llevaron a una creciente participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil (OSC) en ambos lados de la frontera, se ha encontrado que su surgimiento y acciones humanitarias son motivados principalmente por valores religiosos, humanitarios y de solidaridad internacional y que independientemente de ser asistencialistas o contestatarias recorren un proceso de institucionalización que les permita conformar redes y alianzas y realizar una mayor incidencia política. Volviendo al objeto de estudio de dicha investigación concluida, se tomó en cuenta la perspectiva de la “razón humanitaria” del sociólogo-antropólogo francés Didier Fassin. Así se pudieron observar formas de “gobierno humanitario” desde abajo hacia arriba. Esto se debe a que las OSC se formaron desde diferentes movimientos sociales y/o por la falta de atención del Estado y los gobiernos locales con respecto a los migrantes.

Palabras clave
Organizaciones de la Sociedad Civil; Derechos Humanos de Migrantes; Región Fronteriza México-EEUU; Humanitarismo; Incidencia Política

Abstract

Based on an investigation already completed and a resurgence of migration policies and border control over the past four decades, this dossier exposes the emergence, action and contribution of organized civil society in the promotion and human rights protection of the human rights of migrants and refugees in the western border region of Mexico and the United States. In exposing the main intrinsic and extrinsic factors of the participation of different civil society organizations (CSO) on both sides of the border, it has been found that their emergence and humanitarian actions are mainly motivated by religious values ​​and international solidarity and that regardless of being assistance-oriented or anti-establishment, they go through an institutionalization process that allows them to form networks and alliances and make a greater political impact. Revisiting the object of study, the “humanitarian reason” of the French sociologist-anthropologist Didier Fassin was taken into account. Thus, forms of "humanitarian government" could be observed from the bottom up. This is due to the fact that the CSO were formed from different social movements and/or due to the lack of attention from the State and local governments with respect to the migrants.

Keywords
Civil Society Organizations; Human Rights of Migrants; US-Mexico Border Region; Humanitarianism; Political Incidence

Introducción

El análisis del presente dossier parte de hallazgos de una investigación ya concluida, al mismo tiempo trata de analizar las acciones de los principales actores estudiados desde una perspectiva nueva. Aquella investigación se llevó a cabo entre 2010 y 2014 en tres ciudades de la región fronteriza occidental entre México y los Estados Unidos (EEUU): del lado mexicano Tijuana y Mexicali (estado de Baja California) y del lado estadounidense San Diego (estado de California). Tomando en cuenta una delimitación geográfica, temporal y política-coyuntural precisa (1994-2014), el objeto de estudio fue la emergencia de diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y su contribución a la protección de los derechos humanos de migrantes mexicanos y centroamericanos sin documentos, así como de devueltos y deportados y últimamente de refugiados de África, Europa y América.

Sobre todo en los EEUU, pero también en México, de los años ochenta y noventa hasta la actualidad se pudieron observar diferentes coyunturas en materia de política migratoria y de control fronterizo que en su mayoría han sido desfavorables para dicha población y/o insuficientes para garantizar su seguridad y sus derechos humanos. Desde el análisis académico y a partir de finales de los años noventa se comenzó a observar un aumento significativo de la vulnerabilidad (Bustamante, 2001, 2011) de los migrantes indocumentados y los riesgos a los que estaban expuestos, convirtiéndose en víctimas de violencia directa y estructural (Galtung, 1969, 1990) a lo largo de las diferentes etapas del proceso migratorio. Además se ha observado que a partir de la segunda mitad del siglo XX se ha iniciado un creciente proceso de “ilegalización” (De Genova, 2002) de las comunidades migrantes centroamericanas y mexicanas en los EEUU como resultado a las transformaciones sociopolíticas y de la política migratoria.

Aunque dicha investigación se realizó solo en las mencionadas tres ciudades fronterizas, para este dossier también se tomaron en cuenta acontecimientos posteriores al marco temporal de la investigación, así como investigaciones realizadas en diferentes contextos a lo largo de esta frontera. El objetivo central de la investigación mencionada fue investigar la emergencia, las formas de asociación, organización y cooperación, los servicios y acciones y la influencia política de diferentes OSC mexicanas y estadounidenses en dichas ciudades fronterizas, cuyos objetivos principales son, por un lado, la protección de los derechos humanos de migrantes indocumentados, devueltos y deportados, así como de refugiados y, por el otro lado, la incidencia política en ambos lados de la frontera.

La metodología adoptada de aquella investigación fue exclusivamente cualitativa con un diseño descriptivo y de campo (etnográfico). A partir de una revisión exhaustiva de literatura científica, de fuentes hemerogáficas e de investigaciones previas (inclusive la propia tesis de maestría), se asumió una perspectiva sociológica, política y de derechos humanos para estudiar las OSC como actores principales dentro de este contexto social particular. Después de la construcción de un marco teórico y conceptual se elaboró un esquema de operacionalización con el propósito de llegar de los conceptos principales de sociedad civil a las dimensiones de análisis y anticipar distintas entidades observables (indicadores), en virtud de las cuales se construyeron los instrumentos de recolección de datos.

Se utilizaron dos métodos etnográficos: la entrevista cualitativa semi-estructurada y la observación participante, para recopilar datos sobre la emergencia, las formas de movilización, organización e institucionalización, las normas, los objetivos que determinan las acciones y servicios de asistencia y defensa, la interacción y colaboración, y la intervención e incidencia de las OSC en el marco geográfico-temporal. Se interpretó y describió esta realidad social como la experimentan e interpretan los protagonistas y agentes principales de las OSC. La observación participante se llevó a cabo en diferentes espacios de acción de las organizaciones, sea durante las visitas y entrevistas dentro de una organización o a través de la participación personal en distintos eventos o actividades de las OSC y sus miembros o activistas. En cuanto a la muestra cualitativa cabe mencionar que se decidió seleccionar una cantidad equilibrada de OSC en cada una de las tres ciudades fronterizas de la región, escogiendo tanto organizaciones de larga trayectoria, como organizaciones o movimientos de formación más reciente. Un factor determinante en la selección también fue el perfil de cada OSC. Se seleccionaron organizaciones religiosas-laicas, apegadas al activismo social, no lucrativas y redes de organizaciones. También se incluyeron tanto OSC especializadas a una población particular de migrantes indocumentados (hombres y mujeres mayores de edad, adolescentes), así como OSC que mezclan la población que atienden (por ejemplo migrantes e indigentes).

Conforme a eso se seleccionaron las siguientes OSC. En Tijuana (Casa del Migrante Tijuana A.C., Instituto Madre Assunta A.C., Casa YMCA para Menores Migrantes A.C., Casa Refugio Elvira/Hermandad Mexicana Transnacional A.C., Coalición Prodefensa del Migrante A.C.), en Mexicali (Centro de Reintegración Familiar de Menores Migrantes A.C., Ángeles Sin Fronteras/Hotel del Migrante Deportado), en San Diego (Border Angels/Ángeles de la Frontera, Alliance San Diego, Southern Border Communities Coalition, American Friends Service Committee, San Diego Immigrant Rights Consortium). En total se realizaron quince entrevistas cualitativas semi-estructuradas con los directores, responsables o activistas de las OSC para llegar a información específica acerca de su contribución a la defensa de migrantes de acuerdo con tres ejes analíticos claves: emergencia-formas-valores-servicios, cooperación en redes, intervención e incidencia política.

La nueva pregunta que surge en el marco del presente artículo es analizar estos fenómenos y la contribución de las OSC retrospectivamente (ex post facto), tomando en cuenta nuevos insumos teóricos y perspectivas alternativas. Sobre todo, los planteamientos del sociólogo-antropólogo francés Didier Fassin (2012) y su problematización de la “razón humanitaria” sirven aquí para ampliar la discusión sobre las acciones y contribuciones de la sociedad civil mexicana y estadounidense en materia de los derechos humanos de migrantes indocumentados en las regiones fronterizas, y tomar en cuenta las preocupaciones, los sentimientos morales y la compasión de estos actores en el contexto de la migración y del asilo.

La “razón humanitaria” y el “gobierno humanitario” que Fassin observa a nivel mundial y en diferentes contextos particulares (las víctmas de SIDA en Sudáfrica, los refugiados en Francia o victimas de otros desastres alrededor del mundo) es una forma de compasión hacia los que sufren y una reacción o respuesta de nuestras sociedades modernas a lo que se considera intolerable e injusto en el mundo contemporáneo y la desigualdad en la que es incrustada (Fassin, 2012, p 252, tp¹). Sin embargo, Fassin argumenta que “cuando la compasión se ejerce en el espacio público, siempre se dirige de arriba a abajo, de más poderoso a más débil, más frágil, más vulnerable (...)" (Fassin, 2012, p. 4, tp). Tomando en cuenta esta perspectiva, se trata de averiguar la posición de las OSC estudiadas en esta frontera y reinterpretar este “humanitarismo fronterizo”. Surge la pregunta si se puede hablar de una forma de gobierno humanitario “desde abajo” y al mismo tiempo de una forma de razón humanitaria que gobierna vidas precarias, vidas amenazadas y olvidadas y, últimamente, cómo se puede interpretar el despliegue de su compasión y sentimientos morales en un contexto sociopolítico cada vez más precario.

De ahí que el objetivo de este dossier es, después de una breve contextualización sociopolítica y la discusión sobre las principales características y acciones de las OSC, reflexionar sobre los principales hallazgos y conclusiones de la investigación considerando los planteamientos de Fassin y permitir así una nueva perspectiva a un tema que sigue vigente en la región fronteriza occidental entre México y los Estados Unidos. No se trata de entrar muy en detalle acerca de la amplia y multifacética contribución de las OSC estudiadas, sino de discutir y reflexionar críticamente su labor y sus acciones en una región y un contexto social y fronterizo, que en las últimas décadas ha llamado mucho la atención en el mundo académico, político y social tanto a nivel local, nacional, regional e internacional. La pregunta clave será, si se puede hablar de motivos y sentimientos intrínsecos (morales, valores religiosos, simpatía y solidaridad hacia grupos vulnerables) y extrínsecos (humanitarismo y activismo internacional vinculado con intervención e incidencia política) que llevaron a la emergencia y el despliegue de las OSC en la protección de los derechos humanos de migrantes indocumentados. Además se intenta interpretar su labor en un contexto social y político polarizado en materia de humanitarismo, derechos humanos y solidaridad hacia los migrantes en la frontera.

1. Las repercusiones de la política migratoria en los derechos humanos de los migrantes

En la región del estudio la emergencia, la contribución y la influencia de las OSC protectoras y defensoras de los derechos humanos de migrantes indocumentados data de cambios fundamentales de la política migratoria y de control fronterizo de EEUU. Aunque EEUU desde inicios del siglo XX estaba buscando y reclutando mano de obra barata de México y Centroamérica, sobre todo durante y después de la Segunda Guerra Mundial empleó un programa de trabajadores huésped (el más importante el Programa Bracero entre 1942 y 1964) para sustituir la mano de obra doméstica faltante por motivos de guerra. En las décadas posteriores esto iniciaba un creciente flujo de migrantes y familiares del sur por motivos de reunión familiar, al mismo tiempo que creció el número de migrantes indocumentados en EEUU (por terminación del Programa y la relación laboral) y también el número de cruces indocumentados.

En la segunda mitad del siglo XX se establecieron fuertes vínculos transnacionales entre familias y generaciones de migrantes mexicanos y centroamericanos, así como redes transnacionales. Aunque bajo la Immigration Reform and Control Act (IRCA) en 1986 se legalizaron 3 millones de migrantes indocumentados (de los cuales 2.3 millones eran Mexicanos) y se lo considera una ley de amnistía que buscó legalizar y ordenar el flujo migratorio indocumentado en EEUU, al mismo tiempo se sancionaron a empleadores que adredemente contrataron a trabajadores indocumentados y se incrementó la aplicación de la ley en la frontera al autorizar una expansión de la Patrulla Fronteriza. Esto significaba el punto de partida para una nueva etapa restrictiva en la política migratoria estadounidense y un cambio del modelo migratorio (Müller, 2014).

Se esperaba que IRCA iba a frenar de alguna manera la inmigración mexicana indocumentada, pero alrededor de 1990 ya quedó claro que la legislación no funcionaba porque tanto la migración documentada como la indocumentada seguían creciendo. Es importante destacar que las consecuencias inesperadas de IRCA, sobre todo el crecimiento de la inmigración indocumentada hacia EEUU, ayudaron a preparar el camino para una fuerte reacción en contra de la inmigración indocumentada (backlash) en los años noventa, extraordinariamente agudo en California, siendo el estado de residencia para estimadamente la mitad de los inmigrantes no autorizados en el país. En esta década, como se verá en adelante, el gobierno estadounidense ha gastado una gran cantidad de recursos financieros y humanos para mostrarle al público que, de alguna manera, la frontera no es porosa con respecto a trabajadores indocumentados (Andreas, 1998).

Como ya se ha mencionado anteriormente, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en las décadas antes de los años noventa se ha observado un aumento del flujo migratorio indocumentado hacia los EEUU. Como consecuencia se implementaron medidas de control fronterizo restrictivas y operativos sectoriales en los sectores de la frontera, donde más frecuentemente se realizaron cruces ilegales de la frontera, sobre todo en la región occidental (destaca la Operation Gatekeeper de 1994 en Tijuana/Mexicali-San Diego) pero también en otras ciudades fronterizas más grandes (por ejemplo, Ciudad Juárez-El Paso y Matamoros-Brownsville). Más adelante, a partir de principios del siglo XXI se manifestó una nueva era de seguridad y un reflujo de migrantes deportados hacia México.

Comenzando a ver en detalle los años ochenta y noventa del siglo pasado, se puede hablar de una coyuntura política en el marco de control fronterizo y militarización post-Guerra Fría (véase Dunn, 1996, 2010; NEVINS, 2010; Andreas, 1998, 2009). Desde los EEUU se impulsaron reformas migratorias y respuestas legislativas y ejecutivas para frenar la migración indocumentada y medidas políticas para fortificar la infraestructura material y personal directamente en la frontera con México. Muchas de las políticas de control migratorio realizadas desde el vecino norte, así como la falta de respuestas con perspectiva de derechos humanos del gobierno mexicano hasta hoy pueden considerarse los principales factores de esta época que influyeron sobre la seguridad e integridad de los migrantes indocumentados, sujetos a derechos humanos. Al mismo tiempo se dio a reconocer un número creciente de migrantes muertos en el intento de cruzar por áreas fronterizas más remotas (lejos de zonas urbanas o pobladas) e inhóspitas (sobre todo desiertos y zonas de río) (véase Eschbach et alii, 1998; Cornelius, 2001; Jimenez, 2009, Alonso Meneses, 2013).

Tomando en cuenta las dos décadas después del cambio de milenio, por parte de los EEUU se puede hablar de un enfoque post-9/11 (los atentados del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York), concentrado en la “seguridad nacional” (homeland security), ejecución fronteriza y vigilancia, implicando un aumento considerable de control y aplicación de la ley migratoria en el interior de su propio territorio y una criminalización de migrantes indocumentados que no tiene antecedentes (De Genova, 2002; Dow, 2007; De Genova, Peutz, 2010; Dowling, Inda, 2013). Por el otro lado, el “partullaje fronterizo” seguía bastante vigente y se estaba aumentando. En cuanto a las expulsiones de migrantes indocumentados de EEUU, a pesar de la terminología cambiante en cada administración en las últimas décadas se ha disminuido el número total de devoluciones (returns) por la Patrulla Fronteriza (en la mayoría de los casos suceden directamente en la frontera y de manera voluntaria), mientras que ha aumentado el número de deportaciones o lo que hoy en día se llama remociones (removals) (Simanski, Sapp, 2012, 2013).

Los deportados² generalmente están llegando o “varando” en una de las ciudades fronterizas de México. A nivel sectorial hubo tiempos en los que diariamente llegaban entre 600 a 700 personas deportadas a la ciudad de Tijuana. Actualmente los EEUU está deportando más personas que nunca antes: 4 millones de personas han sido deportadas desde 1997-dos veces más que todas las personas deportadas antes de 1996. Golash-Boza (2015, tp) sostiene que “(h)ay un patrón perturbador en la población deportada: el 97 por ciento son enviados hacia América Latina o el Caribe, y el 88 por ciento son hombres, muchos de los cuales fueron detenidos originalmente a través del sistema de justicia penal de EEUU”.

A lo largo de los últimos treinta a cuarenta años las diferentes legislaciones, propuestas legislativas, operativos y cambios institucionales en EEUU también llevaron a un aumento considerable del presupuesto público y de recursos humanos destinados a prevenir y disuadir el ingreso de personas indocumentadas al territorio (la estrategia se llamaba “prevention through deterrence”) (Cornelius et alii, 2008) y, desde principios de este siglo, a prevenir el “terrorismo internacional”. Debido a la presencia incrementada de las fuerzas públicas (ejército y policía fronteriza) en la frontera (se puede hablar de una militarización) y en el interior de EEUU, distintos grupos y defensores de la sociedad civil organizada han observado un aumento de violaciones de derechos humanos de migrantes indocumentados, cometidas por las autoridades migratorias de la Patrulla Fronteriza estadounidense (Border Patrol) y de la (nueva) agencia de aplicación de la ley migratoria (Immigration and Customs Enforcement, ICE).

Hablando de violaciones a derechos humanos en territorio estadounidense, los migrantes son perseguidos y criminalizados en espacios públicos, en el trabajo y en sus propios hogares por parte de los agentes migratorios. La separación familiar debido a las deportaciones es una de las consecuencias más difíciles para los hijos (ciudadanos estadounidenses) de padres mexicanos o centroamericanos. En los centros de detención y en las garitas de cruce internacional, así como en otros sectores más remotos de la frontera, se sumaron casos de violencia excesiva por parte de autoridades migratorias, incluso homicidios. Por parte de los migrantes también se sumaron reclamos por insuficientes derechos laborales e insuficiente acceso a servicios sociales (salud y educación). En adición, por el creciente ambiente xenófobo en el país, grupos justicieros de ciudadanos, como los llamados minutemen³, un grupo autoarmado del espectro político de derecha con una agenda muy populista-racista, toman la propia iniciativa para vigilar la frontera y “cazar” a migrantes o construir barreras en los sectores fronterizos (Akers Chacón, Davis, 2006).

Por el otro lado de la frontera, en México los migrantes en tránsito y los removidos y devueltos hacia las ciudades fronterizas se encuentran expuestos más frecuentemente a las siguientes violaciones cometidas por parte de las autoridades o personas vinculadas al crimen organizado: robos, agresiones verbales, físicas, sexuales y psicológicas, intimidaciones, amenazas, tráfico y contrabando de migrantes, trata de personas, corrupción y extorsión, confiscación o destrucción de documentos, detenciones arbitrarias, secuestro (París Pombo et alii, 2010). Con el auge del crimen organizado, vinculado al narcotráfico y el “coyotaje”⁴ en la región fronteriza, no solamente los migrantes en tránsito eran sujetos de violencia y extorsión (Slack, Whiteford, 2010), sino también los defensores de derechos humanos y las OSC de apoyo a migrantes han estado expuestos a la violencia proveniente de estos grupos, tanto en la región fronteriza occidental como la oriental (Hernández-Hernández, 2016).

Considerando estas medidas adoptadas por los Estados Unidos en materia migratoria, poca intervención se ha dado por parte del Estado mexicano en esta época que comprende los años noventa del siglo pasado hasta la mitad de la segunda década del siglo XI. Aunque hubo diferentes acuerdos consulares entre ambos países e intentos del lado mexicano de crear programas para brindar atención a nivel local y regional, no se han desarrollado políticas integrales para proporcionar protección para los migrantes en tránsito por México y los deportados y repatriados. Además, en los municipios fronterizos en esa época no había suficiente coordinación entre las instancias de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y muy pocos espacios y oportunidades de participación e incidencia de la sociedad civil. Hablando de la región occidental, recién en los años después de 2014 se crearon espacios y coordinaciones entre el gobierno, la sociedad civil y la academia para trabajar en medidas y soluciones para la población afectada.

Sin embargo, cabe mencionar que en la actualidad ninguno de los dos países ha sido capaz de crear un verdadero marco normativo nacional sustentable que respete los pactos y convenciones del derecho internacional. Aparte de la creciente unilateralidad en la toma de decisiones sobre el fenómeno migratorio por parte de los EEUU, falta una visión basada en la cooperación transfronteriza y en derechos humanos. Esta situación ha instalado un “limbo jurídico-legal”, incapaz de responder a las dinámicas transfronterizas y binacionales de la migración indocumentada, y una insuficiente toma de responsabilidad oficial en la protección de los derechos humanos y la asistencia social de cientos miles de migrantes indocumentados. La violencia estructural hacia los migrantes, la ofensiva estratégica de los EEUU en materia de control migratorio, la ausencia de políticas públicas con perspectiva de desarrollo, seguridad y derechos humanos, la persistencia de una ingobernabilidad migratoria y la pasividad del Estado mexicano en algún momento dado llamaron al fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones, sobre todo en las regiones fronterizas siendo lugares emblemáticos de estas cuestiones sociales y migratorias.

2. Humanitarismo e incidencia política “desde abajo”: las OSC mexicanas y estadounidenses defensoras de derechos humanos de migrantes indocumentados

Tomando en cuenta este particular contexto migratorio temporal, geográfico y sociopolítico resumido hasta este punto, especialmente en la coyuntura de los años ochenta, noventa y dos mil se ha observado una emergente movilización de distintos actores, movimientos, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil a lo largo de la frontera y en la región fronteriza occidental, sobre todo en las dos ciudades mexicanas fronterizas más grandes, Tijuana y Mexicali. Por motivos similares, en las ciudades fronterizas de los EEUU (en este caso San Diego en California) salieron a la luz nuevas o ya existentes asociaciones y organizaciones que adoptaron actividades dirigidas a la comunidad migrante local y a la incidencia política. Mientras las OSC en México en un primer momento atendían a transmigrantes y refugiados del sur y de Centroamérica, y más recientemente a deportados y en 2016/2017 refugiados de Haití y Centroamérica (París Pombo, 2018), las OSC estadounidenses surgieron para apoyar a la comunidad migrante viviendo ahí o los recién llegados. Poco a poco adoptaron actividades según las necesidades de las comunidades y de los grupos más vulnerables.

En conjunto, las OSC que se establecieron en aquella época o que entraron a la arena pública concibieron y siguen concibiendo la política migratoria de ambos países en crisis y los derechos humanos de los migrantes violados o no suficientemente protegidos. Han definido diferentes campos de asistencia y colaboración y han elaborado diferentes estrategias para aliviar la situación agravada de los migrantes indocumentados en estas tres ciudades fronterizas, para prestar servicios humanitarios (asistencia) y legales (asesoría/defensoría) de diferente índole, para monitorear los derechos humanos y para influir en el espacio público y en la esfera política que comprende los tres niveles de gobierno. Los movimientos, asociaciones y organizaciones civiles son motivados por distintas normas, valores e ideales que hoy en día definen su trabajo y labor cotidiana y de alguna manera determinan su interacción en la esfera pública y su relación con las instituciones del Estado y el mercado. Mientras el valor compartido de todas las OSC de la región occidental gira en torno a la solidaridad hacia la comunidad migrante y una fuerte orientación humanitaria (sea por valores religiosos o simplemente altruistas), se han mostrado diferencias en su estilo de trabajo y su énfasis, por lo que se puede hablar de diferentes roles que adoptaron consciente o inconscientemente en la defensa del migrante.

En Baja California/México por muchos años predominaba el “carácter asistencial” de las OSC, en su mayoría albergues y casas (del migrante) que brindan apoyo inmediato a los migrantes en tránsito y, desde hace dos décadas con más frecuencia, expulsados (deportados y devueltos). Una gran parte de las organizaciones en Baja California persigue valores cristianos y siguen principios como el “amor al prójimo” o “apoyo al forastero⁵” (Hernández-Hernández, 2016). Como se pudo observar en el propio trabajo de campo e interpretar a partir de las entrevistas cualitativas con los/las directores/as o responsables, las OSC asistenciales en Tijuana y Mexicali buscan beneficiar a los migrantes indocumentados y deportados ofreciendo albergue, asistencia social y desde hace poco también asesoría legal. Con la integración de varias organizaciones de Tijuana y Mexicali en una red regional (Coalición Pro Defensa del Migrante A.C., COALIPRO), a la asistencia y asesoría se sumaron actividades de monitoreo de derechos humanos, con el fin de detectar violaciones a derechos humanos, establecer denuncias públicas, e impulsar la incidencia política. La COALIPRO fue pionero en establecer dos “módulos fronterizos” en las garitas de Mexicali y Tijuana, pequeños espacios autorizados por el Instituto Nacional de Migración (INAMI) para orientar y asesorar a migrantes devueltos por las autoridades estadounidenses. También hay organizaciones laicas, pero con un vínculo fuerte a la iglesia católica. Como argumentan París y Müller (2016, p. 263), “desde fines de la década de 1980, la orden de los Scalabrinianos⁶, otras órdenes religiosas como los jesuitas, así como algunas diócesis, han fundado decenas de albergues y casas del migrante en México, que participan en espacios religiosos como la Pastoral de la Movilidad⁷ o la red de los Scalabrinianos”. Como señaló el primer informe del Programa de Defensa e Incidencia Binacional⁸ (PDIB, 2012, p. 13), “en la frontera norte de México existe un tejido importante en torno a las organizaciones de atención a personas migrantes, quienes en su mayoría mantienen una estrecha relación con la Iglesia Católica, institución que ha promovido un total de 26 organismos: veinte Casas del Migrante, cuatro Centros de Derechos Humanos y tres Módulos de Atención a Repatriados”.

Otras OSC mexicanas, algunas de formación más reciente, enfatizan en el activismo y la lucha por justicia social, la solidaridad internacional, el derecho a migrar o la libertad de movimiento y un mundo sin fronteras (por ejemplo, el Hotel del Migrante en Mexicali/Ángeles Sin Fronteras, ahora colaborando con Ángeles de la Frontera/Border Angels de San Diego, o la Casa Refugio Elvira/Hermandad Mexicana Transnacional en Tijuana, también activo en ambos lados de la frontera). Toman un rumbo más contestatario basado en acciones de reclamo y demandas frente a las instancias estatales y los gobiernos. No solamente destacan por sus intervenciones creativas en el espacio público local para sensibilizar al público de su presencia y buena voluntad (acciones de limpieza en las garitas, protestas pacíficas) o pequeñas acciones culturales en tales espacios. Pero sus activistas también contaron de su participación en acciones más transnacionales, como las Caravanas de Migrantes que se organizaron desde inicios del siglo XXI desde diferentes regiones de México e incluso Centroamérica con el objetivo de recorrer diferentes trayectos hacia la frontera de los EEUU y visibilizar su situación difícil. Sobre todo, a lo largo de la primera década de los años dos mil se han formado nuevos movimientos y organizaciones pro-migrantes, que según el mismo informe son “iniciativas exitosas que han sido coordinadas desde la sociedad civil, que por su independencia han jugado un rol crítico frente a determinadas acciones gubernamentales, destinando servicios integrales tanto a la población indocumentada en tránsito, como a las personas repatriadas desde los Estados Unidos” (PDIB, 2012, p. 13).

Por el otro lado, gran parte de las OSC en el condado San Diego en California (EEUU) hacen hincapié en los derechos civiles y humanos, la igualdad de oportunidades y la convivencia pacífica de las comunidades hispanas y de color, tratando de eliminar o disminuir las repercusiones negativas de las legislaciones y medidas antiinmigrantes, de las mismas autoridades migratorias, de la militarización de la frontera y de la criminalización y penalización de los migrantes indocumentados y sus familiares. En su mayoría son organizaciones sin fines de lucro u ONG⁹ y son especializadas en la defensoría (advocacy¹⁰), la participación ciudadana, el activismo local de base y el trabajo comunitario.

Algunas de las organizaciones o responsables incluso cuentan con antecedentes o una trayectoria que en cierto modo se remontan al Movimiento Chicano de los años sesenta del siglo XX y sus estribaciones, y muestran un fuerte potencial de movilización y protesta hasta la fecha. Muchas organizaciones y sus activistas (en su mayoría migrantes de segunda o tercera generación¹¹) también tienen un trasfondo religioso, basándose en valores cristianos, como es el caso de Border Angels (también llamado Ángeles de la Frontera), u organizaciones protestantes como el American Friends Service Committee (AFSC), que se orienta en la fe de los cuáqueros (Sociedad Religiosa de los Amigos, o simplemente Amigos).

En cuanto a su alcance y vinculación, las OSC estadounidenses muestran amplias capacidades de coordinación con distintas OSC a nivel nacional y de crear redes a nivel local y regional. Tratan de vincularse con diferentes OSC a nivel local y de la base (grassroots organizations) que defienden los derechos e intereses de la comunidad migrante y de comunidades marginadas. También existen alianzas a nivel local y nacional (federal) para realizar cabildeo político (lobbying) y especialmente en coyunturas de reforma política buscan incidir en el sistema político y legislativo para impulsar propuestas que conciernen la situación legal y los derechos de los migrantes.

Se puede argumentar que las OSC defensoras de derechos humanos en la región muestran una “historia natural” y recorrieron o recorren un proceso que comienza con la emergencia de acciones iniciales y sigue con la consolidación e institucionalización organizacional. Las dos mencionadas coyunturas sociopolíticas en materia de política migratoria y control fronterizo abrieron un espacio de disconformidad y enfrentamiento, en el cual cupieron los reclamos de los movimientos sociales, políticos y religiosos a nivel local (son los antecedentes de las OSC). Al principio muestran tendencias y aspiraciones de luchar por la justicia social y usar el espacio público para hacer reclamos y demandas a las instituciones gubernamentales, mientras que otras tienden a realizar formas (pastorales) de asistencia social y ayuda humanitaria para la población más necesitada. Una vez que se institucionalizan, las OSC con más probabilidad cuentan con características de colaborar en redes formales y buscar una mayor incidencia en procesos políticos (mediante la participación ciudadana y/o el cabildeo).

Dependiendo del momento de su emergencia, los movimientos y OSC de la región se han transformado e institucionalizado y han establecido un marco de valores y normas, proceso que se puede plasmar en un “continuo de formas-valores-servicios” (véase el Esquema 1). Al inicio de este continuo, es decir, comenzando del lado izquierdo, las OSC comienzan a ganar territorio (espacio de acción) e identidad, articulando diferentes acciones que pueden manifestarse tanto en denuncias frente al Estado, así como en primeros programas de asistencia, protección y defensa de los derechos humanos de la comunidad migrante. Estas movilizaciones y acciones de protesta, asistencia y defensa son motivadas tanto por lo que podemos llamar “contrautopías” (Touraine, 1995), como por diferentes valores y normas.

Esquema 1
Continuo de formas-valores-servicios

En el transcurso de este continuo, es decir, moviéndonos hacia el lado derecho, podemos asumir que algunas OSC que al inicio de su emergencia mostraron más elementos de intervención, lucha o movilización social, en algún momento más tarde se convirtieron en organizaciones con carácter jurídico, y al institucionalizarse, las diferentes agrupaciones y movimientos finalmente se transforman en asociaciones y organizaciones civiles reconocidas por el Estado. En este caso también muestran más probabilidad de entrar en redes, coaliciones y alianzas y tener más capacidad de incidencia política y desarrollar programas y/o proyectos integrales a nivel nacional, regional e incluso internacional.

Mientras algunas OSC en este esquema mantienen más autonomía del Estado que otras (dependiendo del contexto nacional), en la mayoría de los casos empiezan a coordinarse y/o participar en redes formales e informales y a incidir en las decisiones políticas mediante la participación en el proceso de políticas públicas o el cabildeo político-legal. Este universo en su total (véase el centro del esquema) incluye asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro, sin fines partidistas o religiosos, organizaciones del tercer sector, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones civiles.

Aparte de sus esfuerzos individuales, algunas de las OSC defensoras de los migrantes indocumentados entraron en algún tipo de colaboración con otras organizaciones de su localidad o a lo largo de la frontera. Sea de manera esporádica o de forma más duradera, en la región de estudio se han constituido redes formales (coaliciones) e informales (alianzas) que integran a más de dos organizaciones (por ejemplo, COALIPRO, CHIPMigrante en México y Alliance San Diego, San Diego Immigrant Rights Consortium y Southern Border Community Coalition en Estados Unidos). Aunque con menos coordinación y de manera puntual o coyuntural, también hay colaboraciones a nivel transfronterizo/binacional entre las OSC. Sobre todo, la intervención en el espacio público y la incidencia política se facilita y gana más peso mediante la colaboración de diferentes OSC en coaliciones o la vinculación y solidarización en alianzas. Al unir fuerzas pueden ampliar su alcance y espacio de acción y lograr más influencia en el espacio público y el ámbito político-legislativo. Por falta de visibilidad y amparo en materia de derechos humanos de los migrantes indocumentados y expulsados se abrieron veredas de intervención pública e incidencia política “desde abajo”, sobre todo a nivel local-regional y nacional. Se puede argumentar que estas dos formas de influencia dependen o están determinadas por diferentes formas de relación entre la sociedad civil y el Estado.

3. Las OSC fronterizas bajo la lupa de la “razón humanitaria”

Desde hace casi cuatro décadas las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la región fronteriza Tijuana-Mexicali-San Diego, igual que en otras regiones a lo largo de esta larga frontera (en total 3.144 kilómetros) responden de manera diferente pero apropiada a las coyunturas, los cambios y las consecuencias sociopolíticas en materia de migración indocumentada. Aunque parece que haya una fuerte polarización entre ambos países en materia migratoria, de alguna manera son las comunidades y la sociedad civil en la frontera que tratan de afrontarse a los desafíos humanitarios y pensar más allá de la política oficial.

De acuerdo con los derechos humanos inherentes y tomando en cuenta las necesidades cambiantes de la amplia población de migrantes indocumentados y expulsados en la región estudiada, las OSC se adaptaron a esta realidad social, política y migratoria cambiante y mostraron capacidades de adaptarse a situaciones cambiantes. Con diferentes acercamientos y estrategias realizaron y garantizaron la asistencia humanitaria, la asesoría y la defensa de los derechos absolutamente necesarias, entraron en diferentes espacios de cooperación y se coordinaron para avanzar en el monitoreo de derechos humanos, el reclamo y la denuncia a los gobiernos, así como en la intervención e incidencia en los espacios público y político.

Al haber tomado en cuenta el amplio contexto de las políticas y medidas estadounidenses de control migratorio y vigilancia fronteriza, las coyunturas tendientes a criminalizar al migrante, la insuficiente intervención e iniciativa del gobierno mexicano, la falta de instituciones oficiales y programas integrales para brindar atención a una población altamente vulnerable, la ingobernabilidad migratoria en ambos lados de la frontera y el limbo jurídico entre el derecho nacional y las convenciones de derechos humanos a nivel internacional, finalmente se puede argumentar que la contribución de las OSC a la defensa de los derechos humanos de migrantes indocumentados y expulsados se ha vuelto indispensable y deja claro que existen graves deficiencias de protección y atención en los dos Estados-nación y las dos sociedades correspondientes.

Volviendo a la pregunta clave planteada al inicio se puede argumentar que se encontraron fuertes motivos intrínsecos y extrínsecos que llevaron a la emergencia de diferentes organizaciones o OSC en la región. Los intrínsecos tienen que ver con sus valores religiosos-cristianos, sentimientos o pensamientos morales o su simple solidaridad hacia grupos vulnerables o el amor al prójimo con o sin trasfondo religioso o congregacional. Fassin (2012, p. 2) en su definición de lo humanitario lo denomina “un movimiento afectivo atrayendo a los humanos hacia sus semejantes” o humaneness. Los factores extrínsecos tienen que ver con la consideración del derecho internacional que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana (véase la Declaración Universal de los Derechos Humanos), lo que en el sentido de Fassin (2012) representaría “la generalidad de los seres humanos que comparten una condición similar” o mankind.

Aparte de estos factores intrínsecos y extrínsecos de la participación de las OSC en este contexto social y político, se puede decir que a partir de los años noventa se articuló una “nueva cuestión social” (Fassin, 2012, p. 24) en la región fronteriza. Se cambiaron las configuraciones semánticas que expresan la forma en que se comprende la situación particular o cambiante de los migrantes en algún momento de estas décadas. Mientras en los años ochenta y noventa todavía predominaba cierto “asistencialismo” hacia la comunidad migrante, después del cambio de milenio las OSC adoptaron más responsabilidades dependiendo de su estado de institucionalización. Asumieron roles que iban más allá de sus actividades principales y realizaron acciones más allá de sus instalaciones. Se adaptaron a cambios en materia de flujos y población, es decir, migrantes indocumentados y refugiados sur-norte en las últimas décadas del siglo pasado y las dos décadas pasadas, pero también en dirección norte-sur. Aspectos de violencia directa y vulnerabilidad hacia la población migrante y también en contra de activistas y asociaciones, así como un cambio de patrón en cuanto a violaciones a derechos humanos hicieron que las OSC, independientemente de su estado de institucionalización, se adaptaran a las nuevas realidades y circunstancias y buscaran asumir nuevas responsabilidades, tanto a nivel social como a nivel político y legal.

El humanitarismo emanado de la sociedad civil fronteriza puede interpretarse como una “reacción humanitaria” coyunturalmente necesaria pero con mucha perseverancia y flexibilidad, para asumir responsabilidades básicas que el resto de la sociedad, sus instituciones ni el Estado en conjunto fueron capaces de asumir. Fassin (2012, p. 4) tiene razón diciendo que el humanitarismo se ha vuelto una fuerza potente en nuestro mundo y que la “razón humanitaria” de arriba a abajo, es decir, desde instituciones y organismos del Estado u organizaciones internacionales, de alguna manera gobiernan y dirigen las vidas precarias de comunidades vulnerables. Sin embargo, en el presente dossier se analizó la sociedad civil fronteriza como fuente de humanitarismo más allá o alternativa del Estado y por ende “de abajo a arriba”. A pesar de sus diferentes modos de trabajo y estrategias, todas las organizaciones estudiadas demostraban una fuerte convicción de que el migrante necesita ayuda inmediata, sea a nivel asistencial o a nivel legal. Así es que la fuente de su humanitarismo no está vinculada con una política de intereses o con motivos económicos sino con una fuerte conexión a la comunidad local y la comunidad de migrantes.

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• 1
  traducción propia
• 2
  Solo durante las dos administraciones del ex-presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) fueron deportados un total de 2.500.000 personas.
• 3
  El término minutemen hace referencia a los soldados de milicia que lucharon en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, 1775-1783.
• 4
  Coyote es una persona que se gana la vida contrabandeando migrantes a Estados Unidos.
• 5
  “En las diócesis fronterizas (...), así como en las oficinas de atención a migrantes, y entre quienes trabajan para la Pastoral de Movilidad Humana (PMH), la expresión apoyar al forastero se ha vuelto un símbolo religioso, que tiene como finalidad convencer a los fieles del humanismo que representa apoyar a los migrantes, en tanto personas en situación de vulnerabilidad pero, sobre todo, como una obra que será recompensada tanto de forma espiritual como social” (Hernández-Hernández, 2016).
• 6
  Misioneros de San Carlos, congregación religiosa clerical de la iglesia católica, de derecho pontifício, fundada en Italia en 1887 por Juan Bautista Scalabrini. Se han dedicado históricamente a la protección y asistencia a los migrantes y refugiados políticos en el mundo.
• 7
  La Pastoral de la Movilidad (PMH) es un organismo dependiente de la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La presidencia está a cargo de un obispo y se elige cada tres años, con posibilidad de repetir un segundo período.
• 8
  El PDIB es uno de dos programas de la Iniciativa Frontera Norte de México (IFNM), “un proyecto articulado que busca potencializar el trabajo realizado por las organizaciones defensoras de migrantes en dicha zona. Para hacerlo, contempla tres aspectos estratégicos: 1.- Defensa de Derechos Humanos, 2.- Fortalecimiento de capacidades para la red de organizaciones y 3.- Seguridad de defensoras y defensores de migrantes”. En el PDIB participan la Coalición Pro Defensa del Migrante A.C. en Baja California Norte (COALIPRO), la Red de Casas YMCA para Menores Migrantes (niños, niñas y adolescentes), el Centro de Recursos para Migrantes en Agua Prieta, Sonora, y Derechos Humanos Integrales en Acción A.C. en Ciudad Juárez, Chihuahua. “El PDIB enfoca sus esfuerzos en la documentación de casos por violaciones a los derechos y libertades civiles de migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, teniendo por rubros de interés: a) Condiciones en los centros de detención en los Estados Unidos, b) Debido proceso en las expulsiones, y c) Unidad familiar” (IFNM, 2013).
• 9
  Organizaciones No Gubernamentales.
• 10
  Advocacy es generalmente conocido como defensoría y a veces como “abogacía”.
• 11
  En este caso también se puede hablar de organizaciones de migrantes, de las que existen muchas en todo el territorio estadounidense, manteniendo fuertes vínculos transnacionales entre las comunidades de origen y de destino (por ejemplo, las asociaciones de oriundos o los clubes de migrantes).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  11 Mayo 2020
• Fecha del número
  Jan-Apr 2020

Histórico

• Recibido
  15 Ene 2020
• Acepto
  17 Feb 2020