Estado y autoritarismo en Argentina: el debate sobre la “nueva derecha”

Estado e autoritarismo na Argentina: o debate sobre a “nova direita”

State and authoritarianism in Argentina: the debate about the “new right”

Resumen:

El gobierno de la alianza Cambiemos bajo la presidencia de Mauricio Macri (diciembre 2015 - diciembre de 2019) provocó una intensa discusión en el campo intelectual argentino en torno de los modos de caracterizar a dicha experiencia política. En ese marco, las aproximaciones a la “nueva derecha” argentina se produjeron a partir de diferentes enfoques conceptuales. Al mismo tiempo, en sus respectivos análisis tales aproximaciones privilegiaron el abordaje de distintas dimensiones del fenómeno en cuestión. Recogiendo los aportes elaborados desde cada una de esas perspectivas y estableciendo un diálogo crítico con algunas de ellas, este artículo se propondrá llevar a cabo un análisis de las características generales de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. De ese modo, se intentará arribar a una comprensión holística de esa experiencia política, concentrándose en su relación con los problemas del Estado y el autoritarismo.

Palabras Clave:
Argentina; Derecha; Estado; Autoritarismo; Democracia

Resumo:

O governo da aliança Cambiemos sob a presidência de Mauricio Macri (dezembro 2015 - dezembro 2019) provocou uma intensa discussão no campo intelectual argentino sobre as formas de caracterizar essa experiência política. Nesse marco, as abordagens da “nova direita” argentina foram produzidas a partir de diferentes abordagens conceituais. Ao mesmo tempo, em suas respectivas análises, tais abordagens favoreceram abordar diferentes dimensões do fenômeno em questão. Reunindo as contribuições feitas a partir de cada uma dessas perspectivas e estabelecendo um diálogo crítico com algumas delas, este artigo se propõe a fazer uma análise das características gerais dos quatro anos de governo de Mauricio Macri. Pretende-se, assim, chegar a uma compreensão holística desta experiência política, concentrando-se na sua relação com os problemas do Estado e do autoritarismo.

Palavras-Chave:
Argentina; Direita; Estado; Autoritarismo; Democracia

Abstract

The government of alliance Cambiemos under the presidency of Mauricio Macri (December 2015 - December 2019) provoked an intense discussion in the Argentine intellectual field about the ways to characterize that political experience. In this framework, the understanding of the Argentine “new right” was produced from different conceptual approaches. At the same time, in their respective analyzes, such approaches favored addressing different dimensions of the phenomenon in question. Collecting the contributions made from each of these perspectives and establishing a critical dialogue with some of them, this article will propose to carry out an analysis of the general characteristics of the four years of Mauricio Macri's government. In this way, an attempt will be made to arrive at a holistic understanding of this political experience, concentrating on its relationship with the problems of the State and authoritarianism.

Keywords:
Argentina. Right. State. Authoritarianism. Democracy.

Introducción

El gobierno de la alianza cambiemos bajo la presidencia de Mauricio Macri (diciembre 2015 - diciembre de 2019) provocó una intensa discusión en el campo intelectual argentino en torno a los modos de caracterizar dicha experiencia política. Diversas perspectivas teóricas intentaron producir una definición sobre el significado de la “nueva derecha” argentina, incluyendo en ello el debate acerca de cuán novedosa resultaba esta derecha en comparación con otras experiencias autoritarias previamente atravesadas por el país (fundamentalmente con respecto a la última dictadura cívico-militar de 1976 y a los gobiernos de Carlos S. Menem y Fernando de la Rúa en los años noventa).

Tales aproximaciones a la “nueva derecha” se produjeron a partir de diferentes enfoques conceptuales. Al mismo tiempo, en sus respectivos análisis privilegiaron el abordaje de distintas dimensiones del fenómeno. En algunos casos, el foco estuvo colocado en la relación entre derechas y democracia (Tzeiman, 2017; Natanson, 2018; Rosso, 2017). Por su lado, en otros trabajos el acento estuvo puesto en la relación entre Estado y clases dominantes, priorizando en ese caso el estudio del personal de gobierno durante el período presidencial en cuestión (Canelo et al., 2018; Delgado et al., 2018). También existieron esfuerzos destinados a investigar la composición del partido de gobierno en tanto formación política, atendiendo específicamente a sus orígenes, a sus miembros fundadores y a los think-tanks creados desde la propia organización partidaria (Vommaro, 2017). Mientras que en ciertas perspectivas el centro de gravedad estuvo situado en la dimensión ideológica, es decir, en la producción de subjetividad autoritaria desplegada desde el Estado por parte del espacio político que condujera Mauricio Macri (Catanzaro & Stegmayer, 2018; Ipar, 2018; Prestifilippo & Wegelin, 2016).

Recogiendo los aportes elaborados desde cada una de esas perspectivas y estableciendo un diálogo crítico con algunas de ellas, en este artículo nos proponemos llevar a cabo un análisis de las características generales de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Intentaremos de ese modo arribar a una comprensión de dicha experiencia política, concentrándonos en su relación con los problemas del Estado y el autoritarismo.

La Nación excluyente

Las principales medidas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri en sus cuatro años de mandato presidencial nos permiten aproximarnos al proyecto de Nación que su fuerza política ha intentado llevar adelante en Argentina. Ello no se restringe solamente al campo económico, aunque allí se encuentre, utilizando los términos de René Zavaleta Mercado (2008), la “ultimidad” de la explicación. El impacto de las políticas aplicadas por el macrismo, cuyo eje articulador ha sido una considerable redistribución regresiva del ingreso, ha afectado a las grandes mayorías sociales, al tiempo que ha beneficiado a tan solo un puñado de ganadores del modelo.

El período presidencial 2015-2019 tuvo una orientación general en materia distributiva cuyo impacto en la mayoría de la población resultó significativo. En primer lugar, se produjo una disminución en el poder adquisitivo de las prestaciones sociales que reciben los sectores más desfavorecidos de la sociedad (esencialmente trabajadores excluidos del sistema formal de empleo y jubilados). Del mismo modo, los trabajadores formalizados sufrieron una sostenida pérdida en el poder adquisitivo del salario, producto de niveles de inflación situados muy por encima de los acuerdos paritarios. Por su parte, los pequeños comerciantes fueron perjudicados por la disminución del consumo causada por la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, a la par que resultaron golpeados por los incrementos permanentes en las tarifas de los servicios públicos. En un mismo sentido, los sectores medios también fueron perjudicados por esos aumentos. Asimismo, este último factor impactó con fuerza en las pequeñas y medianas empresas, las cuales sufrieron a la vez una suba incesante en las tasas de interés, que dificultó al máximo el sostenimiento de la labor productiva.

Como contracara, el modelo económico de la derecha contó con solo un puñado de triunfadores: las grandes empresas energéticas y las petroleras; los terratenientes del agro y las empresas megamineras; el capital financiero; y los sectores tecno-burocráticos ligados a las actividades de esas fracciones dominantes.

Esa primacía es explicada tempranamente por las medidas adoptadas en el comienzo del gobierno de Macri, denominadas por sus principales funcionarios como un proceso de “normalización económica” (Tzeiman, 2017, pp. 31-41). Las mismas fueron aplicadas en los primeros seis meses de gobierno, anticipando de esa forma el rumbo general del proyecto. Tales medidas fueron: 1) unificación del tipo de cambio (diciembre 2015); 2) liberalización del mercado cambiario (diciembre 2015); 3) devaluación inmediata en el orden del 40% (diciembre 2015); 4) eliminación de las retenciones a la minería y el agro (diciembre 2015); 5) endeudamiento prematuro con la banca internacional (enero 2016); 6) dolarización de las tarifas de los servicios públicos y los combustibles (marzo 2016); y 7) acuerdo con los holdouts para poder retornar al mercado financiero internacional (abril 2016) (Zaiat, 2016).

Es importante señalar que estas medidas fueron denominadas por el propio gobierno como “gradualismo” (Solá, 2016). Es decir que existía un abierto reconocimiento en la égida presidencial de que esa orientación inicial era tan solo una “dosis” de un proceso que, tarde o temprano, debía ser mucho más contundente.

Desde ya, como decíamos más arriba, tal modelo no tiene consecuencias exclusivamente en el terreno de la economía. Está asociado a toda una “visión de mundo”. Pues el sostenimiento de tal proyecto supone como un hecho “natural” tanto la conservación de privilegios en manos de sectores minoritarios, como la exclusión radical de las grandes mayorías sociales (O’Donnell, 1977a, p. 43).

Entonces, un modelo de minorías como el que venía a proponer Macri (cristalizado en las medidas “normalizadoras” señaladas más arriba) corría serios riesgos de enfrentarse en máxima tensión con la cultura democrática argentina (Tzeiman, 2017). Existieron durante el período 2015-2019 distintos indicios que así lo indicaron: 1) el intento de la Corte Suprema de Justicia, en mayo de 2017, de brindar el beneficio indicado en la Ley 24.390 para reducir las penas de los militares encarcelados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (mediante un dictamen firmado por dos jueces supremos nombrados en su cargo por el gobierno de Macri, y la tercera sostenida en el máximo tribunal por obra del presidente − en un tribunal compuesto en total por cinco integrantes−); 2) el fallecimiento de dos jóvenes en la Patagonia (Santiago Maldonado y Rafael Nahuel) en manos de las fuerzas de seguridad, en ambos casos en territorios de comunidades indígenas mapuche, y bajo la protección posterior de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; 3) la muerte de dos trabajadores de la educación (Sandra Calamano y Rubén Rodríguez) en la periferia del conurbano de la provincia de Buenos Aires al explotar la instalación de gas de una escuela pública por negligencia de las autoridades políticas, hechos ante los cuales los gobiernos nacional y provincial se declararon prescindentes; 4) la oficialización de una doctrina en las fuerzas de seguridad según la cual los agentes de éstas podrían portar armas de fuego fuera del horario de trabajo, bajo la hipótesis de que siempre el Estado debe proteger a priori el accionar del policía; y 5) la feroz represión frente al Congreso Nacional los días 14 y 18 de diciembre de 2017 (mientras era aprobada la reforma previsional al interior del parlamento), la cual incluyó el ejercicio de la violencia física sobre varios legisladores nacionales que se solidarizaban en la calle con la multitudinaria manifestación popular.

La política de derechos humanos como referencia del “pacto democrático” postdictatorial, la garantía estatal de una educación pública masiva y de calidad, y la libertad en el ejercicio del derecho a la protesta, son elementos sustantivos en el imaginario democrático argentino, cuya negación ideológica frontal había sido hasta aquí patrimonio exclusivo de los gobiernos de facto. En ese sentido, el proyecto nacional de Cambiemos no solo encontró enormes similitudes con las medidas “normalizadoras” tomadas durante la última dictadura (Tzeiman, 2017, p. 63). También se identificó con aquella experiencia de la derecha nacional en su “visión de mundo”. Pues compartió ideológica y culturalmente la concepción de una nación de minorías, asociada al imaginario característico de la Argentina del centenario (Cortés, 2017, p. 17).

El proyecto de Nación anhelado por la “nueva derecha” solo resultaría posible, recuperando los aportes de O’Donnell (2009), si eran borradas las huellas de la participación popular en la arena política, acabando así con el imaginario democrático e igualitario argentino. La operación por la cual las mayorías se resignarían a desistir de los derechos que con la historia conquistaron, demandaba el “cambio cultural” que el gobierno de Macri se encargó de pregonar de forma permanente. Allí reside la razón por la cual el macrismo pretendió asumir un rol refundacional en vistas de la construcción de la Nación excluyente. Para lograr el “cambio cultural”, la transformación debía ser, en perspectiva histórica, de raíz.

Revancha de clase

Si retomamos la idea de un proyecto de Nación de minorías, debemos ubicar esa tradición en las coordenadas políticas de la coyuntura. El macrismo viene “a poner las cosas en orden”. O bien, a reponer un orden, como decíamos, concebido como “natural”, que según los sectores dominantes ha sido degenerado por la experiencia del kirchnerismo (La Nación, 2015).

Ahora bien, la degeneración exige el hallazgo de los responsables y su disciplinamiento inmediato. Primero, para volver a la normalidad. Segundo, para producir un aleccionamiento tal que la anomalía nunca más se vuelva a repetir. Por eso, el macrismo constituye en sus raíces una revancha de clase. Su emergencia y su despliegue obedecen a la necesidad imperiosa, como reza el editorial aquí arriba citado del centenario periódico La Nación, de “volver a poner las cosas en su lugar” después de doce años en que habría primado la irracionalidad del modelo “populista”.

Esa revancha tiene tres destinatarios. La figura excluyente a la hora de recibir ese castigo es la personificación del “populismo”: Cristina Fernández de Kirchner. Y junto con ella, los funcionarios de gobierno y líderes políticos que formaron parte de su espacio político, quienes pese a la derrota electoral de 2015, persisten en la defensa de los gobiernos kirchneristas. En segundo lugar, aquellas mediaciones organizativas de los sectores populares que gozaron de una expansión en los años del kirchnerismo, en tanto a través de ellas fueron canalizados los derechos conquistados durante la vigencia del “populismo”. Y en tercer lugar, las mayorías populares que, conscientemente o no, voluntariamente o no, participaron y disfrutaron del “derroche kirchnerista”.

En ese sentido, la revancha se articuló en tres ejes. En primer lugar, la acelerada redistribución regresiva del ingreso. Todas las medidas “normalizadoras”, ya nombradas más arriba, apuntaron a producir una transferencia de recursos de los sectores mayoritarios de la población a un puñado de ganadores del modelo macrista. En segundo lugar, a través de los medios de comunicación predominantes, el macrismo se embarcó en una violenta estigmatización y demonización del proceso kirchnerista y sus organizaciones, líderes y referentes. Ello se extendió a todas las medidas aplicadas en las más diversas esferas de la vida social: política, cultura, derechos humanos, salud etc. El objetivo perseguido fue, como bien se encargó de señalar Mario Wainfeld en su libro sobre Néstor Kirchner, convertir y reducir el proceso político del kirchnerismo en un capítulo del código penal (Wainfeld, 2017, p. 22). Ello converge con el tercer eje de la revancha: la judicialización de la oposición política y sindical al modelo de la derecha. Bajo el entramado en el que confluyeron medios de comunicación predominantes, una franja conservadora del sistema político (que trascendió a la alianza Cambiemos), un sector mayoritario del Poder Judicial y una zona oscura de los servicios de inteligencia, se constituyó un modus operandi que funcionó aceitadamente para perseguir judicialmente a Cristina Fernández, a referentes del kirchnerismo y a líderes del mundo sindical, en aras de disciplinar a quienes osaran manifestarse en disidencia frente a la reconstitución del orden luego de la “fiesta populista”. La amenaza latente de prisión a la ex-mandataria (y a sus hijos) y la persistente demanda de un conjunto de periodistas para que avancen las causas judiciales contra ella, junto con el dictado de “prisión preventiva” a ex funcionarios kirchneristas, completaron el mapa de atemorización y disciplinamiento para evitar el retorno del “fantasma del populismo”.

En síntesis, el gobierno de Macri no puede ser pensado sino como una revancha de clase. Aún cuando el kirchnerismo represente el destino privilegiado de dicha revancha, la misma no se produce contra un partido o un espacio político, sino contra lo que éste significó en términos de expansión de derechos hacia las mayorías y de intento de reescritura de la historia nacional por medio de la acción política.

Relación Estado-clases dominantes

Una breve definición, un tanto básica, del funcionamiento “normal” del capitalismo: economía y política resultan dos aspectos co-constitutivos del sometimiento del trabajo por el capital, pero que se presentan escindidos. Es decir que el momento político de la dominación se halla separado del momento económico de la misma (O’Donnell, 1977b). Estado y capital representan, de esa manera, dos momentos diferenciados de la dominación capitalista. Podemos afirmar, incluso, que cuanto más delimitados se encuentren ambos términos, más sólida resulta la dominación. Por el contrario, cuanto mayor proximidad existe, más débil resulta la dominación, en la medida en que ella se presenta de manera más abierta y desnuda.

Una segunda definición básica: si bien el Estado capitalista es un aspecto co-constitutivo de la dominación en ese modo de producción, para afianzar tal dominio debe lograr erigirse como un elemento situado “por encima” de las clases. Una primera aproximación puede indicar que ello se debe a que son los obreros quienes potencialmente pueden atentar contra el capitalismo, producto de su interés de clase. Pero no son solo ellos quienes pueden embestir contra el sistema. También los capitalistas, librados a la satisfacción de sus estrictos intereses particulares, pueden obrar en contra de la dominación capitalista “en general”. De ese modo se explica la existencia del Estado como instancia específica de la sociedad capitalista: para preservar la dominación en ese modo de producción, tanto de los atentados de los obreros como de los capitalistas individuales (Engels, 1986, p. 95).

Pues bien, en función de estas breves aclaraciones preliminares, si echamos un vistazo al “equipo económico” de Macri en su primera conformación (diciembre de 2015), podemos obtener a simple vista dos conclusiones iniciales. La primera: el principio de la virtuosidad de la “puerta giratoria” entre Estado y grandes empresas. Esto significa que quienes hasta el 9 de diciembre de 2015 se desempeñaban como gerentes (o CEOs) de importantes corporaciones empresarias, un día después pasaron a ocupar puestos de funcionarios en las áreas en que hasta el día anterior trabajaban en el ámbito privado (Canelo et al., 2018; Delgado et al., 2018). La segunda: el área económica luce hiperfragmentada, en tanto se dividen las carteras ministeriales del terreno económico según la existencia de las distintas fracciones predominantes del capital (nos encontramos con seis carteras económicas: Hacienda y Finanzas −que se dividiría a su vez en dos en enero de 2017−, Producción, Energía, Agroindustria, Obra Pública y Transporte −a lo cual debemos sumar el considerable poder y autonomía concedidos al entonces Presidente del Banco Central de la República Argentina−).

Estos dos aspectos son el resultado de una concepción existente en la derecha entonces en el gobierno acerca del funcionamiento de la esfera estatal.

El primer elemento de dicha concepción (la “puerta giratoria” entre corporaciones empresarias y Estado) indica la presunción de una posible traducción transparente de la racionalidad decisoria del mundo empresario al universo estatal. O sea, quien se desempeñó de forma virtuosa en el ámbito privado, una vez trasladado al Estado podrá, mediante las capacidades gerenciales adquiridas en el mundo de la gran empresa, oficiar con excelencia en su campo específico de decisiones al interior de la esfera estatal (O’Donnell, 2009, p. 111). Ello significaría, en síntesis, que los estándares de eficiencia característicos de los CEOs, podrían ser traducidos (y practicados) de un modo transparente en el seno del Estado.

El segundo elemento de la concepción predominante en la “nueva derecha” sobre el funcionamiento del Estado − el mercado como garante del “buen gobierno” (Lechner, 1982) −, radica en la suposición de que la parcelización de las carteras económicas no produce conflictos en la política económica. Porque la sola delegación de las medidas gubernamentales referidas a cada campo específico de la vida económica (y por tanto, a cada representante de cada fracción del capital), redunda en un conjunto virtuoso, sin tensiones entre ellos. El mercado como garante del “buen gobierno” se encarga de armonizar lo que resulta beneficioso para cada uno de los rubros de la economía (y a cada fracción del capital).

Esta concepción sobre el funcionamiento del Estado no hace sino expresar aquella dimensión ideológica característica de las clases dominantes locales, que sustentan e impulsan al gobierno de Macri: el inmediatismo. Las distintas fracciones de los sectores dominantes demandan un uso instrumental del Estado para “normalizar” y reconstituir sus márgenes de ganancias, y fundamentalmente, para restablecer su poder de autoridad a nivel social. Por eso, el fortalecimiento de la instancia política como momento de unidad y cohesión frente a las tensiones irremediables entre las distintas fracciones capitalistas, es relegado en favor de la satisfacción inmediata de las necesidades que plantea cada una de esas fracciones (una concepción que sería enterrada el 20 de junio de 2018, luego del acuerdo sellado con el FMI, cuando por orden de ese organismo todas las decisiones económicas quedaran concentradas en un solo ministro − Nicolás Dujovne −, en tanto interlocutor directo de la directora gerente del FMI: Christine Lagarde).

El momento de unidad del Estado, antes del acuerdo con el FMI, remite exclusivamente al deseo compartido de revancha hacia el populismo y los sectores subalternos. Mientras tanto, el crecimiento vertiginoso del endeudamiento se presenta como el único mecanismo posible para remediar los desequilibrios económicos provocados por el inmediatismo (exacerbado por un comportamiento tradicional de los sectores dominantes: la fuga de divisas al exterior¹).

En ocasión de poder elegir con libertad, creemos que la solución ideal del gobierno ante el inmediatismo de los sectores dominantes no hubiese sido el incremento de la deuda. Pero durante la presidencia de Macri tal solución ideal −el disciplinamiento de la clase trabajadora− se encontraba reprimida. Es que el “bloqueo popular” (las relaciones de fuerzas resultantes del kirchnerismo), operó como sobredeterminante en el desarrollo del proceso político, impidiendo al gobierno la implementación de la mencionada solución vía disciplinamiento. Por eso el gobierno acudió a un desplazamiento hacia adelante de ese objetivo, a través de un incremento voluminoso y persistente de la deuda (usufructuando el bajo nivel de endeudamiento heredado del kirchnerismo).

Autoritarismo anti-igualitario

La transformación del paradigma societal argentino para constituir una dominación duradera sobre la base de una Nación de signo excluyente demandaba un proceso de incesante lucha ideológica para transformar la Argentina. ¿Con qué propósito? El de construir una nación donde su pueblo acabe por naturalizar la desigualdad, y aún más, creer con fervor en ella. Tal lucha ideológica implica, entonces, constituir un dominio duradero en el cual el conjunto de la nación arraigue en sus prácticas y creencias una defensa genuina de la desigualdad (tanto de parte de sus beneficiarios, como de los perjudicados por ella). En ese camino, el gobierno de Macri se caracteriza por librar una ofensiva ideológica anti-igualitaria, con el afán de poner en cuestión aquellos principios democratizadores que perviven en la sociedad civil y el Estado en Argentina.

La apuesta política del gobierno es fortísima. La batalla ideológica es permanente y agresiva. No se detiene. Condensa de forma sólida un discurso político consistente. Sus núcleos centrales son: la condena a las formas de asistencia social otorgadas a los sectores populares por parte del Estado (bajo la premisa de la jerarquización del mérito y el esfuerzo individual por sobre las formas estatales de la solidaridad social); la aceptación y/o la demanda de un endurecimiento represivo desde las fuerzas de seguridad (habilitando tanto excesos de parte de éstas como pulsiones de venganza en la propia ciudadanía); la estigmatización por corrupción hacia cualquier mediación o liderazgo representativo de los sectores populares que se oponga al modelo anti-igualitario (sindicatos, organizaciones sociales, líderazgos “populistas”); y el odio sobre los sujetos sociales que expresan las “fracturas internas” de la sociedad (inmigrantes, trabajadores excluidos, minorías sexuales o raciales), en tanto responsables de aquellos males sociales considerados como los más acuciantes de nuestro tiempo (la delincuencia, el narcotráfico, la decadencia moral, etc.) (Catanzaro & Stegmayer, 2018; Ipar, 2018; Prestifilippo & Wegelin, 2016).

En Argentina a esa ola autoritaria se le presenta un límite último, muy delgado, de carácter histórico, sobre el cual el gobierno se desliza permanentemente: el campo de los Derechos Humanos. Allí reposa la habilitación de la práctica represiva para infligir a la sociedad el disciplinamiento que el proyecto anti-igualitario lleva en sus entrañas. Por eso la alianza Cambiemos oscila entre, por un lado, una política pragmática en el terreno de los Derechos Humanos, lidiando con el prestigio histórico conquistado por los organismos de ese área; y por el otro, una descalificación de las luchas históricas y las referentes del pueblo argentino en ese terreno. Esa es la razón por la cual el fracaso del proyecto del “2x1” impulsado por la Corte Suprema en mayo de 2017, mencionado más arriba, resultó para el gobierno una derrota no solo política, sino, ante todo, ideológica y cultural.

El gobierno de Macri se nutre de las pulsiones más autoritarias y anti-igualitarias que existían previamente en la sociedad civil argentina, como parte de todo un linaje histórico en la cultura política nacional. Y al mismo tiempo, produce una articulación potente con los multimedios comunicacionales, servicios de inteligencia, un sector de la “familia judicial”, y una zona conservadora del sistema político (que incluye, pero también excede al oficialismo) para librar con fuerza la lucha ideológica hacia la anhelada naturalización de la desigualdad.

Consideraciones finales

Las teorías de la transición a la democracia que gozaron de un gran esplendor en América Latina durante los años ochenta resultaron hegemónicas, en el sentido de que lograron constituirse en un discurso holístico, que amarraba tanto a los vencedores como los vencidos en la etapa dictatorial.

Las luchas populares anti-dictatoriales y por la restauración de las democracias que se libraron a fines de los setenta y comienzos de los ochenta en la región, obligaron a los sectores dominantes a incorporar a la democracia como forma de legitimación tras la salida de las dictaduras militares. Las democracias debían ser restituidas, allí existía un consenso: finalmente debía acabarse el terror.

Pero, precisamente, el signo hegemónico de las teorías de la transición residía en que el carácter indiscutido tanto de la necesidad de ponerle fin a las dictaduras, como de la ponderación positiva del retorno de las democracias en América Latina, se producía en circunstancias económicas y políticas condicionadas. Por un lado, el flagelo de la deuda externa deterioraba sensiblemente la capacidad soberana de las renacientes democracias. Por el otro, si bien se celebraban elecciones periódicas para consagrar el gobierno del Estado a través de la voluntad popular, ello debería convivir con un “gobierno permanente”, ajeno a la decisión de las mayorías: el poder de las fuerzas armadas, de la burocracia civil y del poder judicial (Cueva, 1989). Desde ya que el grado o el vigor de estos condicionamientos no resultó invariante en los distintos países de la región. De hecho, en esas diferencias influyeron notablemente las relaciones de fuerzas con que se produjeron en cada espacio nacional primero las salidas de las dictaduras, y luego las transiciones hacia la democracia. Sin embargo, pese a esas variaciones, el elemento común de todas las transiciones estuvo marcado por su carácter condicionado. Es decir, que se trató de una revalorización de las democracias, pero bajo la condición tácita de dejar intacta en la sociedad la distribución del poder económico y político tal como fuera construido durante los años de los gobiernos de facto (Cueva, 1988). Esto significa que si las dictaduras fueron el mecanismo político a través del cual los sectores dominantes consiguieron frenar coercitivamente el ascenso popular desplegado en los años sesenta y setenta en la región, las transiciones venían a restituir los regímenes políticos democráticos en América Latina, pero ahora sin las convulsiones sesentistas y setentistas, es decir, ya “normalizados”, “restringidos”, o “tutelados”. O dicho de otra manera: concedían el retorno democrático, aunque bajo la condición del disciplinamiento popular. De ese modo, las teorías de la transición, con su celebración del regreso a la democracia, resultaban, por una parte, la expresión ideológica de un respiro y de un triunfo popular luego de tantos años de sangre y terror. Pero por otra parte, y al mismo tiempo, se constituían en el símbolo intelectual de una derrota, que manifestaba la apertura del ciclo de dominación neoliberal en el área latinoamericana, ahora bajo regímenes políticos democráticos. Así, de la fiebre por la revolución en los años sesenta y setenta, muchos intelectuales otrora pertenecientes a la izquierda pasaron en los años ochenta a la celebración de una democracia amputada de justicia social, soberanía política y desarrollo económico (Cueva, 1994). Allí residía el carácter hegemónico de las teorías de las transición (por las cuales, vale subrayar, en buena parte aún hoy, al referirnos a la democracia, seguimos siendo hablados en la esfera pública).

Luego de este breve rodeo introductorio, volvamos a la Argentina contemporánea. Dijimos que el gobierno de Macri emerge como una revancha de clase frente a las conquistas populares obtenidas durante los gobiernos “populistas”. En tanto revancha social, se debe emprender un proceso de disciplinamiento. Como señalamos más arriba: se trata de un momento de expiación. Ahora bien, esa revancha se inscribe en el período de largo aliento que describimos en el párrafo anterior: el post-dictatorial, de hegemonía de la democracia. Allí está entonces el enorme dilema que se le plantea al gobierno de Mauricio Macri: ¿cómo proceder a la revancha de clase y a la instauración de la nación excluyente en Argentina en el marco de la hegemonía de la democracia? Más aún: ¿cómo lograr esos objetivos ante una sociedad que viene de un proceso de cuestionamiento práctico hacia el “tutelaje” sufrido por las democracias en los años ochenta y noventa? El intento de resolución de esos interrogantes en el terreno de la política es la gran novedad histórica que trajo consigo el gobierno de Cambiemos. La derecha empresarial llegó a la dirección del Estado en Argentina luego de ganar las elecciones, es decir, gracias a la voluntad popular. Durante su gobierno, entonces, debió afrontar la herencia de la hegemonía democrática. En ese sentido, aun en su condición “restringida”, la democracia y sus instituciones se presentan de forma permanente como obstáculos para los objetivos estratégicos que persigue la alianza Cambiemos. Por eso el gobierno de Mauricio Macri debe apelar a un doble juego ante la democracia. Por un lado, tratar de reconfigurar de un modo constante su sentido (sus leyes, instituciones, usos y costumbres) para transformar el régimen político democrático en uno cada vez más restrictivo e inaccesible para las mayorías, sus líderes políticos, y sus organizaciones (debe “normalizar” el sistema político). Pero por el otro lado, y al mismo tiempo, las metas y los objetivos del proyecto oficialista (incluyendo esa reconfiguración del sentido de la democracia), lo obligan a moverse permanentemente al límite, o en muchas oportunidades, por fuera (o en contra) del Estado de derecho.

En la interpretación de este dilema que ha debido afrontar el proyecto de Cambiemos, tal como fue retratado en el párrafo anterior, residió el mayor y más severo equívoco de algunos intelectuales y analistas políticos argentinos en los años de gobierno de Macri. Allí podemos ubicar principalmente el del periodista José Natanson, y su caracterización de la derecha gobernante como “democrática y moderna” (Natanson, 2018, pp. 109-131). Empecemos por señalar lo siguiente: hay un punto en donde Natanson acertó. Pues intentó enfatizar en el aspecto novedoso de esta derecha, que al mismo tiempo marcaba su singularidad con respecto a otras experiencias históricas, y que volvía indispensable acabar con la subestimación o la simplificación del macrismo. Pero en ese afán de esclarecimiento, Natanson incurrió en un serio error analítico: definió el proyecto de Cambiemos por una sola variable (su hipotética condición democrática), sobre la que precisamente ese espacio político ha operado permanentemente y de forma tendencial en una dirección opuesta, o incluso, en franca hostilidad hacia ella.

Según nuestro punto de vista, la definición de la derecha que lidera Mauricio Macri como democrática resulta errónea, esencialmente por dos motivos. En primer lugar, porque el proyecto societal que pretende llevar a cabo, considerando la estructuración de fuerzas políticas y sociales existentes en Argentina, es imposible de ser realizado en la práctica respetando el normal y libre funcionamiento de la vida democrática nacional. El despliegue de su proyecto, de forma tendencial, debe enfrentarse ineludiblemente contra los pilares básicos de la democracia argentina: el “pacto democrático” de repudio a la última dictadura, el del mito nacional igualitarista de la movilidad social ascendente (cristalizado en el valor otorgado a la educación pública) y la libertad en el ejercicio del derecho a la protesta. En segundo lugar, porque la experiencia histórica y la subjetivación política demostrada en los hechos por esta derecha da cuenta de su desdén por la democracia, así como un límite muy peligroso en la liberación de sus pulsiones autoritarias. El rascismo, la xenofobia y el clasismo desplegados por Cambiemos en sus cuatro años de gobierno vuelven muy difícil definir a ese espacio político por su carácter democrático. Más aún cuando ello supone brindar garantías políticas al libre albedrío de las fuerzas de seguridad, en detrimento del “pacto democrático” argentino recién mencionado, cultivando de esa forma las zonas más oscuras de la cultura política nacional.

En función de lo dicho hasta aquí, el propósito inicial de Natanson podría haber sido pertinente: señalar que en tanto la derecha había revalidado en las elecciones de medio término de 2017 su triunfo en las presidenciales de 2015, su caracterización merecía un debate político-intelectual serio, riguroso y a esa altura ineludible, cuyo desarrollo debía estar exento de reduccionismos o simplificaciones provocadas por sesgos políticos. El problema fue que ese propósito, quizá noble y acertado, terminó dando por resultado una lectura endeble y carente de perspectiva histórica, en tanto nunca dio cuenta del mecanismos bajo el cual se había logrado “tutelar” la democracia argentina: el disciplinamiento de la dictadura. Al mismo tiempo, resultó una lectura con falta de rigurosidad analítica y conceptual, al no aclarar qué significado de la democracia estaba implicado en el carácter hipotético “democrático” de la “nueva derecha”. Se trató entonces de una mirada reduccionista, que perdió de vista el proyecto estratégico de Cambiemos y que se redujo a algunos pocos elementos de esa experiencia, dejando de lado otros sumamente importantes. Una perspectiva cuyas conclusiones políticas, además, resultaron concesivas en extremo y bastante precipitadas considerando el incipiente desarrollo del proceso político por aquel entonces (fueron escritas en función de los resultados en las elecciones de medio término de 2017 −para ese entonces, por solo citar un ejemplo, el pacto con el FMI aún no estaba siquiera en los planes−).

Por lo tanto, Natanson describió acríticamente el gobierno de Macri según aquello que pretendió ser: una derecha que lograría instaurar una democracia “normalizada” o “tutelada”, compatibilizando democracia y desigualdad radical. Pero, de ese modo, perdió de vista lo que el macrismo efectivamente fue. Y aún más, soslayó hasta dónde el macrismo se mostraba capaz de llegar para conseguir sus objetivos estratégicos (algo que desde un comienzo se observaba como tendencia).

En ese sentido, y para finalizar, creemos que la alianza Cambiemos ha intentado llevar adelante su proyecto societal entablando una doble relación con la democracia: 1) la soportó con pesadumbre; 2) con el objetivo permanente de degradarla. Fue un proyecto autoritario de derecha llevado a cabo en democracia, a pesar de la democracia y contra la democracia... para “normalizar” la democracia. Esto último significa la constitución de una democracia “estable”, donde la participación popular en el sistema político se encuentre bloqueada, en un marco de una desigualdad radical y naturalizada en lo económico y social.

La máxima expresión de dicha degradación de la democracia fueron las prisiones preventivas a dirigentes del gobierno anterior (producidas, vale recordar, luego del triunfo electoral de Cambiemos en las elecciones de medio término y como antesala del paquete de reformas enviadas al Congreso en diciembre de 2017 −es decir, en su momento de mayor fortaleza política−). A ello se suma la amenaza permanente a referentes sindicales y políticos opositores a través de las causas instruidas por la justicia federal, y operadas con el apoyo de políticos conservadores, servicios de inteligencia y multimedios de comunicación. A su vez, la disputa política e ideológica para transformar el paradigma de funcionamiento de las fuerzas de seguridad resultó otro indicador en el mismo sentido (tal como se encargó de señalar la ministra de seguridad, Patricia Bullrich: “hemos dado vuelta lo que pasaba”, “nosotros vamos a cuidar a los que nos cuidan”). Y finalmente, entre otros aspectos que podríamos mencionar, la hostilidad y el desprecio hacia la recuperación de la memoria por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar, marcaron un signo excluyente del carácter autoritario y anti-democrático del gobierno de Cambiemos.

La competencia electoral y la persistencia (aún con muchos daños) de las instituciones de la democracia representativa, constituyen elementos por demás escasos y formalistas para caracterizar como “democrático” al gobierno de Macri. Se trató, más bien, de un espacio político que se definió en su esencia por su agresividad hacia la existencia de una democracia en la cual las grandes mayorías puedan pelear por ser parte de la distribución del poder económico, político y cultural en la sociedad argentina.

Agradecimentos

Não se aplica.

• 1
  Se puede consultar en ese sentido el informe elaborado en mayo de 2020 por el Banco Central de la República Argentina. El nivel de fuga de divisas durante el período 2015-2019 allí ilustrado es contundente, más aún por su hiperconcentración en un número muy pequeño de personas y empresas (ver Banco Central de la República Argentina, 2020).
• Agência financiadora Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET): beca post-doctoral 01/04/2019-31/03/2021.
• Aprovação por Comitê de Ética e consentimento para participação Não se aplica.
• Consentimento para publicação Consentimento do autor.

Referencias

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  23 Abr 2021
• Fecha del número
  Jan-Apr 2021

Histórico

• Recibido
  25 Mayo 2020
• Acepto
  03 Jul 2020
• Revisado
  05 Oct 2020