El secuestro como abandono: adopciones e institucionalizaciones de niños durante la última dictadura militar argentina

Abandoned or kidnapped: adoptions and institutionalizations of children during the last military dictatorship in Argentina

O sequestro como abandono: adoções e institucionalizações de crianças durante a última ditadura militar argentina

Resúmenes

Este artículo analiza la tramitación de adopciones e institucionalizaciones de hijos de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), que derivaron en la apropiación de los niños y su futura localización por Abuelas de Plaza de Mayo. A partir de la reconstrucción de tres casos judiciales en los cuales el secuestro de los padres por las FFAA y de Seguridad llevó a declarar a sus hijos en estado de "abandono" - a pesar de la búsqueda y denuncia de sus familiares - se propone ofrecer una mirada crítica sobre las categorías jurídicas, las nociones y las prácticas utilizadas en un contexto de acción privilegiado del Trabajo Social, los tribunales de menores, donde las decisiones de los agentes judiciales han sido cruciales en la resolución de los casos. El objetivo es contribuir al debate en torno a la problemática de la adopción que atraviesa la compleja relación entre derecho, parentesco y política.

Dictadura militar; Apropiación de niños; Abandono; Adopción; Trabajo Social


This article analyzes the handling of adoptions and institutionalizations of children of people who were detained or disappeared during the last military dictatorship in Argentina (1976-1983). People who had been appropriated as children were later located by the Grandmothers of the Plaza de Mayo organization. The study is based on the reconstruction of three legal cases in which the kidnapping of the parents by Argentine security forces led to declaring their children to be "abandoned" - despite searches and complaints by their families. It takes a critical look at the legal categories, concepts and practices used in a context of action in a realm that is important to Social Work, courts for minors, where the decisions have been crucial in the resolution of the cases. The objective is to contribute to the debate about the problematic of adoption that encompasses the complex relationship between rights, kinship and politics.

Military dictatorship; Appropriation of children; Abandonment; Adoption; Social Work


Esta matéria analiza os trâmites de adoção e institucionalização de filhos de detentos-desaparecidos durante a última ditadura militar argentina (1976-1983), que derivaram na apropriação das crianças e sua futura localização pelas Avós de Praça de Maio. A partir da reconstrução de três casos judiciais, nos quais o sequestro dos pais pelas Forças Armadas e de Segurança levou a declarar seus filhos em estado de "abandono" - apesar da procura e da denúncia de seus familiares -, propõe-se a oferecer um olhar crítico sobre as categorias jurídicas, as noções e as práticas utilizadas em um contexto de ação privilegiada do Serviço Social nos tribunais de crianças, onde as decisões dos agentes judiciários têm sido cruciais na resolução dos casos. O objetivo é contribuir ao debate em torno da problemática da adoção que atravessa a complexa relação entre direito, parentesco e política.

Ditadura militar; Apropriação de crianças; Abandono; Adoção; Serviço Social


PESQUISA APLICADA

El secuestro como abandono. Adopciones e institucionalizaciones de niños durante la última dictadura militar argentina

O sequestro como abandono. Adoções e institucionalizações de crianças durante a última ditadura militar argentina

Abandoned or kidnapped: adoptions and institutionalizations of children during the last military dictatorship in Argentina

Sabina Amantze Regueiro

Universidad de Buenos Aires (UBA)

RESUMEN

Este artículo analiza la tramitación de adopciones e institucionalizaciones de hijos de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), que derivaron en la apropiación de los niños y su futura localización por Abuelas de Plaza de Mayo. A partir de la reconstrucción de tres casos judiciales en los cuales el secuestro de los padres por las FFAA y de Seguridad llevó a declarar a sus hijos en estado de "abandono" – a pesar de la búsqueda y denuncia de sus familiares – se propone ofrecer una mirada crítica sobre las categorías jurídicas, las nociones y las prácticas utilizadas en un contexto de acción privilegiado del Trabajo Social, los tribunales de menores, donde las decisiones de los agentes judiciales han sido cruciales en la resolución de los casos. El objetivo es contribuir al debate en torno a la problemática de la adopción que atraviesa la compleja relación entre derecho, parentesco y política.

Palabras clave: Dictadura militar. Apropiación de niños. Abandono. Adopción. Trabajo Social.

RESUMO

Esta matéria analiza os trâmites de adoção e institucionalização de filhos de detentos-desaparecidos durante a última ditadura militar argentina (1976-1983), que derivaram na apropriação das crianças e sua futura localização pelas Avós de Praça de Maio. A partir da reconstrução de três casos judiciais, nos quais o sequestro dos pais pelas Forças Armadas e de Segurança levou a declarar seus filhos em estado de "abandono" – apesar da procura e da denúncia de seus familiares –, propõe-se a oferecer um olhar crítico sobre as categorias jurídicas, as noções e as práticas utilizadas em um contexto de ação privilegiada do Serviço Social nos tribunais de crianças, onde as decisões dos agentes judiciários têm sido cruciais na resolução dos casos. O objetivo é contribuir ao debate em torno da problemática da adoção que atravessa a complexa relação entre direito, parentesco e política.

Palavras-chave: Ditadura militar. Apropriação de crianças. Abandono. Adoção. Serviço Social.

ABSTRACT

This article analyzes the handling of adoptions and institutionalizations of children of people who were detained or disappeared during the last military dictatorship in Argentina (1976-1983). People who had been appropriated as children were later located by the Grandmothers of the Plaza de Mayo organization. The study is based on the reconstruction of three legal cases in which the kidnapping of the parents by Argentine security forces led to declaring their children to be "abandoned" – despite searches and complaints by their families. It takes a critical look at the legal categories, concepts and practices used in a context of action in a realm that is important to Social Work, courts for minors, where the decisions have been crucial in the resolution of the cases. The objective is to contribute to the debate about the problematic of adoption that encompasses the complex relationship between rights, kinship and politics.

Keyword: Military dictatorship. Appropriation of children. Abandonment. Adoption. Social Work.

Yo, personalmente, estoy convencida de que sus hijos eran terroristas. Para mí, terrorista es sinónimo de asesino. Y a los asesinos, yo no pienso devolverles los hijos. Porque no sería justo hacerlo. Porque no sabrían criarlos y porque no tienen derecho, tampoco, a criarlos [...]. Sólo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños [Palabras de una jueza de menores a un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo que buscaban a sus nietos desaparecidos] (NOSIGLIA, 1985).

Introducción

Desde noviembre de 1975 se desplegó en territorio sudamericano un operativo denominado "El Plan Cóndor", que consistió en la acción coordinada de las dictaduras del cono sur para la persecusión, secuestro, tortura y asesinato de opositores políticos, delitos de lesa humanidad actualmente investigados por la justicia argentina. Firmado en Chile, el siniestro acuerdo involucró a los países de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil, contando con la colaboración de los servicios de inteligencia de Venezuela, Colombia y Perú.

Fue en este marco, durante la última dictadura militar argentina iniciada tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que medio millar de niños fueron apropiados a partir del secuestro de sus padres detenidos-desaparecidos, militantes de organizaciones político-militares revolucionarias, categorizados como "subversivos" o "terroristas" por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de Seguridad. Hasta el presente la asociación Abuelas de Plaza de Mayo (APM) localizó más de un centenar de niños y jóvenes, quienes habían sido apropiados por miembros del aparato represivo, personas de su entorno o civiles testigos del operativo de secuestro (APM, 2007)1 1 Para conocer los datos actualizados consúltese la página web del organismo, donde figuran las denuncias registradas hasta el momento y la descripción de los 109 casos resueltos: < http:/www.abuelas.org.ar>. .

Existieron básicamente dos formas de consumar burocráticamente las apropiaciones de los niños de cara a la sociedad. Una fue la inscripción de esos niños como hijos propios en los Registros Civiles a partir de un certificado falso de nacimiento expedido por un médico (REGUEIRO, 2010), en su mayoría niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) (REGUEIRO, 2008). El otro medio de legalización de la apropiación fue la institucionalización, obtención de guardas y/o adopciones de los niños, la mayoría de ellos sobrevivientes de operativos "antisubversivos".

En palabras de Thomas (1999, p. 9), el derecho es "el medio por excelencia para la construcción institucional" a través de "montajes hechos de palabras, las que con la condición de ser proferidas por quien tiene el poder para hacerlo, tienen la singularidad de promover la existencia de lo que ellas enuncian." En este sentido, los procedimientos administrativos y judiciales tendrán como resultado la cristalización de una realidad, reemplazando la identidad de origen de los niños por la sigla NN2 2 Signo con que se suple en lo escrito el nombre propio de una persona que no se sabe o no se quiere expresar. Significa nescio, no sé, del verbo nescire, ignorar (COHEN SALAMA, 1992). , construyendo una nueva filiación, creando nuevos lazos parentales, y mostrando así una de las complejas caras de las relaciones entre burocracia y parentesco.

En el presente artículo se focalizará en las formas de administración institucional de los niños en los tribunales de menores3 3 En el marco de la conformación de un campo de la minoridad en la Argentina, se impulsaron la creación de tribunales especiales a través de la ley 4664 de 1938 ( http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=6616), que organizaba los tribunales de menores en la provincia de Buenos Aires. Los jueces eran atribuidos de amplias facultades para intervenir en los casos de menores autores de delito, víctimas o desamparados, huérfanos o en situación de abandono moral y material, pudiendo resolver "suspender el ejercicio de la patria potestad o de la tutela [...] y disponer el depósito del menor" (art. 15). Sus actuaciones serían secretas y sus resoluciones inapelables, salvo en el caso de menores condenados por un delito, y "sin perjuicio de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley" (art. 29) (VILLALTA, 2012). , los cuales estaban conformados por un juez, un médico especializado en psicopedagogía, quien elaboraba un informe médico-psicológico de los menores y por "dos visitadores especializados, uno de los cuales será de sexo femenino" (art. 2), también llamados "asistentes sociales" [hoy trabajadores sociales] quienes informaban sobre "concepto, medios de vida y ambiente concernientes a la persona del menor, sus padres tutores o guardadores" (Ley 4664 apud VILLALTA, 2012).

Especialmente se indagará la manera en que el origen y tránsito de los niños fue plasmado por las burocracias, y cómo fueron implementadas las figuras administrativas y jurídicas específicas vinculadas a las apropiaciones. Se mostrará cómo la desaparición de sus padres fue un hecho registrado en el ámbito judicial, reconocida por los propios agentes estatales (administrativos, judiciales, de las FFAA y de Seguridad) y traducido a la lógica jurídica como "abandono".

Los sistemas legales tienen zonas grises, son de "textura abierta" y suponen situaciones de "indeterminación" que debe resolver aquel que usa la ley (MELOSSI, 1992). Históricamente y en diferentes sociedades, la categoría de "abandono" no ha sido una excepción, ha sido aplicada de forma casi indiscriminada a situaciones muy diversas en distintos contextos, llevando a la separación de los niños de sus padres – usualmente pobres – por motivos vagos o moralistas, particulares a la situación concreta, como parte de disputas entre actores con pesos políticos desiguales (FONSECA, 2009).

Desde principios del siglo XX en Argentina, la entrega de niños a instituciones públicas por sus padres, usualmente movidos por su situación de exclusión social, ha sido categorizada como "abandono" y llevado a la pérdida casi automática de la patria potestad4 4 "La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado" (ARGENTINA, art. 264, 1869). , al igual que los delitos contra los hijos, el "peligro material o moral" y la ausencia de los padres ignorándose su paradero (Ley 10903, Patronato de Menores de 19195 5 La ley 10903 de Patronato de menores fue promulgada en 1919 y modifica el Código Civil (ARGENTINA, 1919). Fue derogada por el art. 76 de la ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 2005 (ARGENTINA, 2005). ). Así, el "abandono" habilitaba la intervención de organismos estatales para "salvar" a los niños de sus padres irresponsables. En los juicios por la restitución de los niños, los jueces y los padres disputaban el sentido de la figura de "abandono" – categoría de contenido punitivo – dado que no estaba preestablecido qué actitudes y circunstancias correspondían a la misma. Sin embargo, las argumentaciones de los padres eran ignoradas, no importaban las razones particulares y causas sociales que llevaban a la cesión del niño. Las prácticas judiciales de apropiación de niños, hijos de desaparecidos, se montaron sobre sentidos, figuras y procedimientos legales preexistentes, conformando una matriz interpretativa que operó de forma particular en los casos aquí analizados (VILLALTA, 2012).

Las figuras legales vinculadas a la categoría de "abandono" más frecuentemente utilizadas en los registros burocráticos vinculados a los casos aquí en estudio fueron la ley 4664 de 1938 (ARGENTINA, art. 8, 1938) disponía la intervención de los Tribunales de Menores "cuando la salud, seguridad, educación o moralidad de menores de 18 años se hallare comprometida por actos de inconducta, contravenciones o delitos de sus padres [...] por razones de orfandad o cualquier otra causa, estuviesen material o moralmente abandonados, corrieren peligro moral o estuvieren expuestos a ello".

Dicho artículo fue aplicado y registrado en los expedientes de los niños institucionalizados ingresados en las Casas Cunas u otros hogares, caratulando las primeras causas abiertas en ocasión de la disposición de los niños.

Por otro lado, según la ley de adopción 19134 de 1971 (ARGENTINA, art. 11 e 16, 1971) los padres no serían citados al juicio "cuando hubieran perdido la patria potestad [...] cuando el desamparo moral o material del menor resulte evidente, o por haber sido 'abandonado' en la vía pública o sitios similares. Sólo podrá otorgarse la adopción plena con respecto a los menores huérfanos de padre y madre y que no tengan filiación acreditada".

En el marco de una causa judicial iniciada por la apropiación de dos niños adoptados, un juez federal se refirió a la "creación artificial de motivos que justificarían la intervención del tribunal de menores en función de los intereses morales y materiales del menor, que se llevaron a cabo mediante presuntas inconductas paternas que demostrarían un verdadero desmembramiento de la patria potestad"6 6 Barnes de Carlotto Estela s/denuncia. Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n. 2 de San Isidro. . Así, las ambiguas categorías de "abandono", "desamparo", "peligro moral y material" fueron llenadas de un contenido particular: la actividad política de los padres podría asociarse a la "inconducta" referida o su "orfandad" se consideró efectiva a partir de su desaparición.

El pensamiento hegemónico de la dictadura testimoniaba la intención de controlar la reproducción ideológica de aquellas familias productoras de sujetos "subversivos". Las familias "desnaturalizadas", "abandonaban" a sus hijos a raíz de su actividad político-militar, los ponían en "peligro", por lo que debían ser "salvados". Reubicarlos en familias "decentes" sería una forma de evitar que fueran educados para la "subversión", para ser "enderezados", evitar futuros actos de "venganza" y que retomaran el proyecto político de sus padres desaparecidos (REGUEIRO, 2008). En tanto narrativas sociales institucionalizadas informaron las decisiones de los funcionarios estatales, dando cuenta de cómo la disputa política extrajurídica se extiende a la tramitación de las causas. En una lucha desigual, los padres del niño están desaparecidos y no son parte en los procesos jurídicos de los cuales son objeto sus hijos, al igual que sus familiares en muchos casos. De allí las palabras presentadas al inicio del artículo pertenecientes a una jueza de menores que actuó en uno de los casos que analizaremos aquí: las madres de los "terroristas" no tenían derecho a criar a sus nietos porque no habían sabido criar a sus hijos.

En la trama social en la que se encarnan dichos procedimientos institucionales, se activaron así dos lógicas que corresponden a la naturaleza "normal" del poder judicial, una burocrática-normativa y otra de las relaciones personales, de grupos de interés y facciones políticas e ideológicas (SARRABAYROUSE OLIVEIRA; VILLALTA, 2004) que combinadas dieron un sentido específico a las indefinidas categorías legales.

Se hablará aquí de "adopciones fraguadas" (fabricadas) ya que sólo en apariencia fueron legales: por un lado se montaron sobre el hecho ilegal de la desaparición de los padres por motivos políticos, por el otro, se concretaron a través de prácticas violatorias de la normativa a distintos niveles. Así, dichos procedimientos fueron implementados a partir de distintos mecanismos burocráticos tanto regulares como irregulares, en los cuales se observa la utilización de un orden legal de facto para "blanquear", para otorgar legitimidad, a actos vinculados al terrorismo de Estado (SARRABAYROUSE OLIVEIRA, 2008).

En suma, el análisis propuesto pretende aportar a un debate más general, al ofrecer una mirada crítica sobre las categorías jurídicas vinculadas a contextos privilegiados de acción de los trabajadores sociales, los tribunales de menores.

De la metodologia utilizada: más allá de las huellas documentales

Desde una perspectiva teórico-metodológica, las institucionalizaciones y adopciones fraguadas son pensadas en la presente investigación en el marco de una diversa trama social e institucional a través de la cual circularon los "menores": dentro de los agentes estatales involucrados, se destacan los miembros de organismos judiciales (jueces, asesores de menores, "asistentes sociales") y las FFAA y de Seguridad; los familiares de los niños, así como los sobrevivientes y testigos del secuestro. Será a partir del análisis en profundidad de tres casos empíricos que se mostrarán las acciones, categorías y procedimientos concretos implementados por las personas, grupos e instituciones de las mallas de relaciones activadas en la apropiación y restitución de los niños.

Los hechos analizados se produjeron en plena dictadura militar, en el año 1977. Dos de ellos corresponden a la provincia de Buenos Aires y otro a Santa Fé, jurisdicciones donde se aplicaron las dos primeras leyes de Tribunales de Menores, la 4664/38 y 2804/397 7 En virtud de la ley 2804/39 se crearon los Tribunales de Menores en Rosario y Santa Fé. respectivamente. Los casos se han seleccionado porque cuentan con una particularidad en relación a la mayoría de las historias: en los expedientes se registra oficialmente que el niño queda a disposición del tribunal a raiz del secuestro de sus padres (acontecimiento que suele silenciarse burocráticamente), hecho equiparado y categorizado como "abandono", cuyo resultado fue la institucionalización y/o adopción de los niños, que pudieron ser localizados sólo años después por sus familias.

Las redes sociales se despliegan, entrecruzan y combinan para la construcción de acontecimientos cuyas huellas se registran fundamentalmente en las causas judiciales (REGUEIRO, 2012). Ahora bien, las causas judiciales son construcciones particulares, producto del procesamiento de los hechos según un sesgo propio, creando una versión singular de la historia (VILLALTA, 2012). Es por eso que los casos presentados aquí fueron reconstruidos también a partir de otros documentos como cartas, informes institucionales, libros y comunicados de prensa de APM; artículos periodísticos y conversaciones con los protagonistas, que permitieron dar cuenta de aquello ausente o en los documentos burocráticos, o simplemente, contar otra historia.

Esta investigación es producto del trabajo de archivo y de campo realizado en APM, contando con el consentimiento libre y esclarecido de los representantes de dicha institución, específicamente de su equipo jurídico, para que sus resultados sean publicados, respetando el acuerdo de confidencialidad que resguarda la identidad de los protagonistas de los hechos analizados (por lo que se han citado las fuentes documentales de forma incompleta o sólo utilizando iniciales), y contemplando así los principios legales y éticos contenidos en la Declaración de Helsinki (1975, revisada en 1983)8 8 El acceso a los documentos originales en cuestión y la publicación de este texto en concreto fue autorizado así por APM. Además, en el primer caso analizado se leyó y conversó sobre este texto en particular con el joven localizado, quien autorizó su publicación (hecho grabado en el marco de una entrevista formal). El segundo caso, fue motivo de artículos periodísticos que difundieron ampliamente la historia analizada, justamente en aras de lograr encontrar a la familia de la joven, y recientemente objeto procesal de un juicio oral y público, cuyos datos principales se hallan en Internet. El último caso se describe detalladamente en un libro institucional de APM, citado en el análisis (NOSIGLIA, 1985). Por lo tanto, los datos duros son de acceso público. .

1 Del Ejército, tribunales de menores y adopciones

Un día de 1977 un hombre que salía de su casa escuchó gritos en el departamento vecino. Repentinamente, apareció el portero y "otro hombre", quienes lo obligaron a volver a entrar. Poco después le tocaron el timbre, al abrir la puerta vio a su vecina con su hijo de meses en brazos escoltada por un hombre "vestido con ropas del Ejército". El uniformado le preguntó "si sabía qué clase de vecinos había tenido" mientras le mostraba armamento con el rótulo de "Montoneros"9 9 Organización político-militar revolucionaria peronista. . Decía que la mujer se negaba a responder a sus preguntas, por lo que la llevaban y le dejaban el bebé. El hombre se comunicó con el dueño del departamento que alquilaba su vecina para contarle lo sucedido pero éste respondió que "ya sabía lo que iba a pasar porque le habían avisado". Esta información consta en el expediente "NN varón art. 8 ley 4664" y es ofrecida por el vecino que quedó a cargo del bebé. Al presentarse al juzgado, manifestó que un familiar suyo quería hacerse cargo del niño y la jueza le otorgó la guarda.

La jueza, emparentada con miembros de las Fuerzas de Seguridad, intervino en otras adopciones de niños denunciados como hijos de desaparecidos, utilizaba un hogar de niños católico para institucionalizar niños, y actuaba de forma irregular. En la causa, la militancia de la madre se une a la figura del art. 8 sin afirmar a cuál de sus componentes se refiere, al "abandono", al "peligro moral" por "inconducta" o a la inminente orfandad del niño, como si la muerte de la madre estuviera confirmada. Parecería que la coexistencia de la militancia y los supuestos del artículo citado, produce un efecto metonímico que haría innecesaria otra justificación.

Existiendo registro de una detención no fueron pedidos informes a las FFAA y de Seguridad. La funcionaria dejó constancia de un hecho ilegal y no dio cuenta del destino de la madre del niño. Tampoco indagó al dueño del departamento a quien le habían avisado del secuestro. Fue dos años después de intervenir en el caso, que la jueza lo llamó para preguntarle si sabía algo de sus inquilinos, antes de empezar los trámites de adopción con el juez civil. Aparentemente, le habría dado el nombre falso del padre del niño que figuraba en el contrato. Con ese apellido la jueza realizó una búsqueda de rutina.

El papel de la "visitadora oficial" en este caso se ciñó a sus funciones habituales. A pedido de la jueza elaboró un informe sócio-ambiental del menor y la família. Describe y evalúa la vivienda: "Los muebles son suficientes para cubrir las necesidades de la família"; posee "todos los elementos que hacen al confort moderno"; "las condiciones de aseo y orden son inmejorables" y el grupo familiar (la madre de la mujer; el padre que es jubilado de la marina mercante; la mujer, ama de casa que estudió hasta cuarto año; su pareja, que trabaja en la reparación de barcos) se manifiesta que "todos los nombrados gozan de muy buen concepto entre sus vecinos". Concuyendo que "el causante puede continuar en su actual situación ya que ha sido muy bien acogido en este hogar, donde le brindan todo tipo de atenciones". Es en función de esta evaluación positiva que la jueza decide que otorgar la guarda del niño al matrimonio.

La localización del niño se produjo gracias a la búsqueda de sus familiares acompañados por APM con el advenimiento de la democracia, quienes hicieron la investigación que no llevó a cabo la justicia: según vecinos del edificio, el dueño del departamento supo no sólo que iban a secuestrar a la pareja sino que también conocía el CCD donde los habían llevado, porque era miembro del Ejército.

En 1984, a partir de un comunicado de prensa de APM, varios diarios recogieron la noticia y se hizo público que APM años atrás había presentado a la jueza la documentación sobre el caso. El propósito era que se constatara si contenían similitudes de edades, fechas, sucesos etc. con los expedientes archivados de niños ingresados como NN. Pero el pedido no fue atendido10 10 Diario La Voz, "Las Abuelas hallan un niño", de 24/02/1984 y Diario Crónica, "Las Abuelas hallaron otro de los niños desaparecidos en 1977", de 24/02/1984. .

La familia adoptiva, cuando el niño fue localizado, se negaba a decirle la verdad, porque se preguntaban cómo le dirían que el padre era un "tirabombas"11 11 Informe del equipo interdisciplinario de APM. . Fue así que su familia de origen formó parte de la vida del niño en calidad de "parientes" de sus padres adoptivos, pero no como sus tíos y primos biológicos. Siendo ya un joven, le revelaron el secreto largamente guardado de la desaparición de sus padres, devolviéndole su lugar en la genealogía familiar.

2 De operativos antisubversivos, Centros Clandestinos de Detención y Casas Cuna

El Comando del II Cuerpo del Ejército informa [...] personal dependiente del área 212 procedió a allanar una finca de la calle [...]. Por información recibida oportunamente se tuvo conocimiento que en la misma se encontraban delincuentes subversivos [...] de la organización Montoneros.12 12 Diario La Opinión, "Fuerzas de Seguridad dieron muerte a tres extremistas", de 11/02/1977.

La noticia se refiere a un caso contemporáneo al presentado anteriormente, en otra provincia argentina. En el artículo periodístico nada se decía sobre los niños que había en la casa. A raíz del operativo se abrió un expediente judicial que se inició con un documento del "Ejército Argentino. COT N°.../77" dirigido al "juez de menores" cuyo "objeto" era "poner menores a su disposición". Se informó que fueron dejados en Casa Cuna dos niños pequeños que sabían sus nombres de pila y una niña de poco más de un año "no identificada", "cuyos presuntos padres fueron muertos en un operativo antisubversivo que se llevó a cabo en la finca de la calle".

Los niños fueron efectivamente internados en el Hogar, de donde fueron retirados por sus abuelos, salvo la niña. Este dato no consta en el expediente sino en denuncias anónimas realizadas en 1982 ante APM, provenientes aparentemente del mismo juzgado. La acción de poner en conocimiento de APM la existencia de esta niña hija de desaparecidos fue una práctica de algunos empleados estatales realizada soterradamente por fuera de las vías reglamentarias.

Un médico que la examinó por orden del juez, realizó un informe refiriéndose a ella como "la menor NN ingresada por orden del área militar y a disposición del juzgado de menores". Como la niña sufría un grave deterioro psicofísico, pidieron su egreso por su "necesidad de afecto". A partir de allí se abrió el legajo "NN s/ abandono" también llamado "NN s/desamparo total" (sin realizar ninguna referencia explícita a la normativa, pero incluyendo categorías de la leyes 19134 y 4664) que se abrió cuatro días después de su llegada a Casa Cuna. Se registró que se ignoraban todos sus datos biográficos, incluidos los de sus padres, sin hacer referencia al secuestro. Así, le entregaron la guarda a un matrimonio que luego la adoptó.

Tampoco se realizó un pedido de informes al Ejército o la policía para localizar a a familiares de la niña, ni edictos ni fotos en los diarios, ni ninguna otra acción. Tampoco se hizo referencia a la publicación de la noticia de un "abatimiento de extremistas" en el último domicilio de la niña, según lo mencionado por el Ejército al iniciar el expediente. Sin embargo, la noticia salió en el diario diez días después de la entrega de la niña a Casa Cuna. Dado que la criatura llegó desnutrida y enferma, pidiendo pan y agua, fue atendida por una "psiquiatra de lactantes" (a modo de hipótesis podría suponerse que estuvo un tiempo en un CCD junto a sus padres).

En 1982, APM recibió otra denuncia anónima aparentemente de alguien del juzgado o del hogar, que decía que el juez quería entregar a la niña rápidamente en adopción a personas de otra ciudad "para que nadie se vengue con la criatura". Sin embargo como no había ninguna denuncia sobre su desaparición en APM, no se tenía con quién cruzar la información recibida. Los únicos sobrevivientes de la familia, ancianos y enfermos, no la habían hecho a raíz del terror producido por las desapariciones de sus seres queridos.

Un año después de la adopción, una de las "asistentes sociales" que intervino en el caso les dijo a los padres adoptivos que los padres de la niña habían sido "fusilados": este dato fue clave en el desarrollo de la historia. La joven siempre supo que era adoptada y cuando quiso saber más sobre su origen ellos le contaron lo que sabían. Sin embargo, el análisis que se realizó en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG13 13 Gracias al activismo de APM, se logró mediante la sanción de una ley en el año 1987 la creación de un archivo de información genética de todos los familiares de desaparecidos que buscan a un niño apropiado, para realizar el entrecruzamiento con aquellos cuya identidad biológica está en duda. ) determinó que no estaba emparentada con ninguno de los familiares de desaparecidos que habían dejado allí su muestra de sangre, porque los suyos no habían hecho la denuncia. Fue así que a partir de una investigación llevada adelante por un juez a cargo de un tribunal de menores, el apoyo de organismos de Derechos Humanos y de una campaña pública, vecinos y compañeros de militancia de sus padres lograron aportar los datos necesarios para dar con su familia. Si el dato del secuestro no hubiera estado en el expediente y "la asistente social" no se lo hubiera transmitido a los padres adoptivos, la investigación no se hubiera podido orientar en la dirección correcta y la joven nunca hubiera conocido su origen.

3 De procedimientos, institucionalizaciones y restituciones

Poco después de los hechos antes descriptos, en un momento de fuerte persecución al PRT-ERP14 14 Organización político-militar revolucionaria: Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). , fuerzas del Ejército rodearon una manzana de un barrio bonaerense y tirotearon la casa donde vivía una pareja con su hija y una mujer con su hijo, militantes de dicha organización. Secuestraron a los adultos y dejaron a los niños de tres y un año de edad con el vecino, propietario de la casa que alquilaban.

El vecino se acercó a la comisaría de la zona para entregar a los niños y fue derivado al juzgado de menores a cargo de la jueza cuyas palabras citamos al principio de este artículo: la mujer no concedería la tenencia de los niños a sus abuelos ya que estaban en manos de "familias decentes" que sabrían educarlos como ellos no supieron educar a sus hijos (NOSIGLIA, 1985).

A partir de la información aportada por un trabajador social del juzgado en ese momento, se supo que la jueza tenía una fluida comunicación con el coronel, luego general, de la Jefatura de Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Dirección General de Investigaciones.

El expediente comenzó con la denuncia del vecino presentada ante la comisaría al día siguiente del hecho, transmitida por el instructor oficial principal al juzgado. El testigo contó que con su mujer "sintieron armas de fuego", que luego "personas desconocidas", le tocaron la puerta y le dejaron a los niños. Afirmó que "no vio a las personas por la oscuridad reinante", sólo sabía que el mayor era hijo de uno de sus vecinos, de quien "desconoce todas circunstancias y actual paradero". Aseguró que recibió a las criaturas "por las circunstancias" pero que no podían permanecer en su casa por inconvenientes económicos, por su avanzada edad y por ignorar "la situación de los mismos".

La instrucción resolvió el sumario por "infracción del art. 8" antes mencionado, "teniendo en cuenta los términos vertidos en la denuncia", con intervención de la jueza y en "conocimiento del señor jefe de policía". Se estableció que había que "comisionar al servicio de calle" para que realizaran "averiguaciones" en el lugar para ubicar a los familiares de los menores, su documentación y "toda circunstancia para dilucidar el hecho que les ocupa". Quedaron los menores "abandonados moral y materialmente" a cargo del denunciante hasta que la jueza resolviera su situación.

Tres días después, en el informe de "la comisión" policial, se manifestó que la inspección de los interiores de la vivienda arrojó un "resultado negativo", no encontraron documentación que sirviera para identificar a las personas que allí vivieron. En el vecindario nadie conocía sus "circunstancias personales", "familiares" y "medios de vida", pero se corroboró lo atestiguado: se escucharon "disparos en el interior" etc. Así cerraron el sumario y lo remitieron a la jueza.

De alguna manera, se trató de una puesta en escena porque la policía, cuando no formaba directamente parte de la estructura represiva – integrando los grupos de tareas etc. – lo hacía indirectamente declarando "zona liberada" el territorio en el cual se produciría un secuestro.

El vecino es citado a declarar ante la jueza cuatro días después del secuestro. Reitera lo dicho, con algunos matices. Dijo que "escuchó tiros porque en la zona se estaban haciendo un procedimiento", que le golpean la puerta y personal "cree que de uniforme" le entregó a los chicos "manifestando que era lo único que se podía rescatar y que se hiciera cargo de los niños". Pudo ver que "estaban armados" y que se "llevaron a varias personas en una camioneta". Informó los apodos de los niños y el nombre falso del varón y su supuesto padre. La jueza tenía los datos del operativo del cual procedían los niños, que fueron aportados por la policía y constaban en el expediente, pero no publicó esa información ni sus fotografías para que su familia los ubicara. Tampoco hubo denuncia alguna por la desaparición de los padres al juez penal de turno, tal como tampoco ocurrió en los casos anteriormente descritos.15 15 Notas del equipo jurídico de APM en el momento de ser localizado el niño. Dio intervención al "asesor de incapaces", quien no respondió. Así y todo resolvió por sí misma disponer la internación de los menores como "NN alias A.Z." y "NN alias Pelusa" en un hogar religioso. Según informaciones llegadas a APM, la jueza le dijo al cura de la iglesia de la cual dependía el hogar "que los padres ya estaban muertos y que nadie los buscaba".

3.1 Expediente "NN alias Pelusa"

La abuela de Pelusa declaró que supo a través de una llamada anónima que habían secuestrado a su hija, yerno y nieta y dónde estaba detenida la pareja. Presentó un habeas corpus y "denuncias verbales" (es decir, que no fueron aceptadas por escrito) en otras dependencias con "resultado negativo". Una segunda llamada anónima le informó dónde exactamente fueron secuestrados. La persona que llamó dijo que "él también era un ser humano" y por eso le daba información para encontrar a su nieta. Podríamos presuponer que se trató de alguien cuya humanidad estaba siendo puesta en duda, es decir, alguien de la estructura represiva.

Así fue que a partir de la obtención de la dirección de la casa, la abuela de la niña habló con los vecinos y llegó al juzgado cinco meses después del secuestro, reclamando la restitución de la niña. La jueza pidió al juez de menores que correspondía al lugar de residencia de la mujer, en otra provincia, un "informe ambiental". Para ello se designó a una "delegada de libertad vigilada", probablemente porque el abuelo de la pequeña era un preso político. También ordenó un "informe ambiental" en el domicilio en el que se hospedaba mientras realizaba las gestiones para recuperar a su nieta. Al mes siguiente la jueza pidió a la Dirección General de Asuntos Policiales e Informaciones del Ministerio del Interior información sobre la abuela, lo cual es totalmente irregular (no he tenido conocimiento de otro caso en el que se hubiere producido pedido similar) y le respondieron que el único "antecedente" que tenía era la presentación donde solicitaba información sobre el paradero de sus familiares, "presuntamente desaparecidos". Casi tres meses después de su "comparecencia" la abuela obtuvo la guarda de su nieta. A modo de hipótesis, la apelación a la mencionada dirección dentro del Ministerio del Interior, podría indicar un reconocimiento de su autoridad para intervenir en el caso, con el objeto de lograr así su aval para justificar el accionar del juzgado.

Recién tres días después de que la abuela de la niña se presentó por primera vez en el juzgado, la jueza notificó al asesor de menores y éste respondió (los tres eventos constan en la misma foja). Así, cinco meses después de su ingreso, el asesor actuó consintiendo todo lo actuado por la jueza. También en ese momento le hicieron la primera revisación médica a la menor.

3.2 Expediente "NN alias A. Z."

El niño que llegó junto a "Pelusa" al juzgado, fue revisado por un médico por primera vez casi dos años después del secuestro y recién a los tres años se pidió un informe de inscripción al Registro de las Personas para ver si se hallaba inscripto. Pero el pedido se realizó con datos falsos, ya que comunicaron que el niño habría nacido entre los años 1962 o 1965 en vez de 1972 a 1975: el asesor consintió también, pasando por alto el "error". Al no haber encontrado registros sobre el nacimiento, el niño fue inscripto por orden de la jueza como A. Z. (su nombre falso) por el que "ha sido públicamente reconocido"; nacido en una fecha determinada por el médico; en la localidad "donde ocurrió el abandono", es decir, el secuestro de su madre y su supuesto padre. En cuanto a su filiación declaró que "en autos no se ha producido reconocimiento de paternidad ni maternidad por lo que cabe inscribirlo como hijo de NN y NN".

Durante un año y medio no hubo más intervención del juzgado y a los cinco años del secuestro pidieron el primer informe de evaluación del menor al director del hogar. Era en realidad una especie de familia sustituta, porque había un reducido número de niños. Así también la psicóloga se referiría a ellos como "padres", "hijos" y "hermanos". No hubo más controles de su salud psicofísica posteriormente16 16 Se trata de un hogar tristemente célebre, donde se probaron abusos al menos sobre una niña quien declaró en una causa judicial en el corriente año. Se relativiza así, por no decir refuta, lo que la jueza considera una "familia decente". .

A comienzos de 1984 se presentó en APM el tío del niño, quien había estado exiliado en Europa, trayendo la denuncia sobre la desaparición de su sobrino y un testimonio de un sobreviviente testigo del secuestro de su hermana. A la vez contó que un vecino le dijo que los niños habían sido puestos a disposición de ese juzgado. Por su parte, APM ya tenía una denuncia anónima de una "asistente social" sobre el niño que estaba en el hogar cuyas características y origen coincidían con el caso.

Fueron al juzgado sus tíos, una abogada y la presidenta de APM. La jueza, según ésta última, se comportó "de forma airada, exigió identificarse a cada uno, con una actitud muy... extraña". No les permitió ver el expediente pero sí reconoció que era el niño que buscaban. Se presentaron en el hogar con una funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Nación17 17 En la secretaría del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, existía una "Comisión de Niños Desaparecidos", que se dedicó a realizar investigaciones, pudiendo localizar a algunos de ellos, y a presentar denuncias judiciales. , la "guardadora" no les permitió hablar con él pero pudieron verse a través de las rejas de una ventana del "Instituto" (NOSIGLIA, 1985). La jueza prohibió que el tío y los psicólogos vieran al niño, sólo la tía podía hacerlo.

La jueza volvió a citar al mentado vecino quien relató por tercera vez el episodio del secuestro, pero haciendo explícita referencia al "Ejército" como responsable. Como parte de la simulación y de la negación de una realidad que la magistrada nunca ignoró, pidió "que se oficie a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para que averigüe el paradero de la progenitora del menor".

Luego de un informe ambiental donde se evaluaron sus "medios de vida y moralidad" su tía obtuvo la guarda; casi dos meses después de la localización el niño pudo egresar del hogar, siete años después de su desaparición.

El expediente es sólo un mero reflejo de la mirada de la jueza y los "padres sustitutos" sobre la historia del niño, a quien le dijeron que había sido "abandonado". El proceso de adaptación a la familia fue difícil, el niño manifestó "primero los tiran y después los buscan" (NOSIGLIA, 1985), haciendo referencia a los niños desaparecidos cuya restitución se reclamaba. Tuvieron que desarmar la historia del "abandono" contraponiéndola a la de la desaparición forzada de sus padres y de la búsqueda del resto de sus familiares.

Este caso no hubiera podido ser resuelto sin las informaciones obtenidas por el tío en el exilio y el apoyo de APM que movilizó una red institucional – como la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia – y recibió las denuncias, que al igual que en el caso anteriormente presentado, provinieron en su mayoría del propio juzgado donde tramitaba la causa. Se hace evidente la heterogeneidad de actitudes de los agentes estatales en la transición democrática, donde se observan rupturas y continuidades con la dictadura militar encarnadas en los diversos hechos aquí descriptos.

Conclusiones

En este artículo se ha analizado el empleo de determinadas categorías jurídicas específicas – especialmente la figura del "abandono" – a partir de las cuales se instrumentó la apropiación de los niños hijos de detenidos-desaparecidos que transitaron por distintas instituciones de menores. A la vez, se reconstruyó el entramado institucional– FFAA y de Seguridad, hogares de menores, iglesias –involucrado en el proceso.

Partiendo de su construcción jurídica como NN, la desaparición de los niños considerados "abandonados" se expresó concretamente en la sustitución de identidad y filiación a partir de la institucionalización y de la adopción, que prescribe un corte radical con la familia de origen: sus padres fueron secuestrados y sus familiares desconocían su paradero.

En los casos analizados, se asocia oficialmente un secuestro, en términos de "procedimiento antisubversivo" o similares, con un "abandono" de los niños, forma específica en la cual la normativa referida a las atribuciones de los tribunales de menores y a la institución de la adopción, ofreció la posibilidad de traducir una situación de persecución política en el lenguaje de la minoridad. ¿Por qué, si bien el origen de los niños puestos a disposición de los tribunales de menores fue silenciado, el secuestro de los padres fue registrado en los expedientes, cuando estaba siendo negado en las demás dependencias burocráticas estatales?

Una de las hipótesis que hemos esgrimido – más allá de la inercia de la rutina burocrática que funcionó en varios casos – es que la inclusión del secuestro estuvo orientada a justificar implícitamente la entrega del niño a otra familia en razón de la militancia y la desaparición de sus padres. Hablamos de justificación implícita porque si bien hubo un encuadramiento legal en los términos de las leyes 4664 y 19134, no se presentó ningún argumento en forma explícita que catalogara la actividad política de los padres como "inconducta", o la desaparición como "abandono o peligro moral". El contenido intercambiable de conceptos ambiguos como el de "abandono" es definido desde la perspectiva ideológica de los jueces, dado el poder discrecional que ejercen, lo que explicaría también el hecho de que la justificación de su aplicación resultase innecesaria.

En dichas causas observamos además la mixtura de lo legal (de facto) e ilegal en las prácticas judiciales: una parte oficial que se publica en los diarios, que consta en las causas, explícita; otra clandestina, de lo no dicho, en lo que refiere a la desaparición de los padres y del niño, donde si se realiza el registro de los hechos, por lo general, no se deja constancia de las identidades de las víctimas. De esta manera podemos pensar algunas cuestiones vinculadas a la naturaleza de los documentos judiciales y su relación con la realidad, no sólo en cuanto a su condición de fuente en términos metodológicos, sino fundamentalmente en tanto construcción social como expresión de una política estatal semi-secreta e impune a la vez (REGUEIRO, 2012).

La omisión de publicar el hallazgo del niño en los diarios; la postergación de actos que pudieran visibilizarlo (revisación médica, participación del asesor de menores); las solicitudes de información con datos falsos al Registro Nacional de las Personas, constituyeron "errores" e irregularidades que fueron funcionales al ocultamiento del niño. Es de destacar la solicitud de simples búsquedas de paradero de los padres del niño que se hallaban secuestrados y la omisión de la derivación a un juez penal de hechos de Privación Ilegítima de la Libertad (más no sea como una formalidad). Cabe aclarar que ciertas irregularidades (como que el asesor de menores responda tardíamente consintiendo todas las decisiones del juez) suelen darse en los casos "no políticos" también. Justamente, resulta interesante resaltar cómo una serie de prácticas habituales, aunque irregulares desde el punto de vista del procedimiento formal, concurren para consumar la desaparición del niño.

El hecho de que los familiares fueran sometidos a exhaustivos informes ambientales y que en cambio se institucionalizara a los niños sin solicitar dichos informes o llevándolos a cabo tardíamente; la atípica solicitud de antecedentes al Ministerio del Interior; y especialmente la indiferencia de los jueces, ante la presentación de APM denunciando la desaparición de sus nietos, deja entrever la reticencia de los jueces de "devolver" a los niños a sus familias. Aun si los jueces no pudieron conocer la identidad legal de los niños a través de las FFAA y de Seguridad, podrían haber respondido a las denuncias presentadas por APM.

Los sobrevivientes, los familiares, los organismos de DDHH y en menor medida las denuncias sotto voce de agentes estatales por fuera de los canales institucionales conformaron la trama personal e institucional tejida en torno a las resoluciones de estos casos permitiendo que los niños fueran restituidos a sus familias, aún durante la dictadura, dando cuenta de la heterogeneidad del Estado terrorista.

Es de destacar el papel de determinados "asistentes sociales" en este proceso, quienes trascendiendo sus funciones formales (a las que se limitó la "visitadora" en el primer caso analizado), al transmitir información sobre el origen de los niños, tanto a los padres adoptivos (como en el segundo caso), como a APM (en el último), permitieron el reencuentro de las famílias.

El "abandono" utilizado como hecho legitimador de la apropiación, en tanto figura fijada burocráticamente, le daba entidad y pasaba a formar parte de los mitos de origen de los niños. Estos "abandonos" que funcionaron como actos fundantes de la identidad, se filtraron en las concepciones de los jóvenes en torno a su propia historia, desalentando la búsqueda de sus orígenes biológicos. Se explica así por qué APM buscó especialmente resaltar la falsedad de aquel supuesto "abandono", marcando así la diferencia entre una adopción y una apropiación. Justamente, será la inexistencia de un "abandono" lo que aparecerá como una de las reelaboraciones recurrentes que realizan los jóvenes restituidos en las etapas posteriores a la identificación. APM desplegó sus estrategias jurídico-políticas a lo largo de los años para develar los procedimientos y categorías utilizadas en las institucionalizaciones y adopciones fraguadas, negando el abandono, con la ayuda de uno de sus principales instrumentos de lucha política, el examen de ADN, recurso que ha permitido develar el lazo biológico allí donde el registro burocrático lo negó.

Fue en el fragor de las luchas de los militantes políticos detenidos-desaparecidos que estos niños fueron apropiados, y así también, gracias a otras luchas sociales, aquellas sostenidas por sus abuelas, que fueron restituídos.

Notas

  • 1
    Para conocer los datos actualizados consúltese la página web del organismo, donde figuran las denuncias registradas hasta el momento y la descripción de los 109 casos resueltos: <
  • 2
    Signo con que se suple en lo escrito el nombre propio de una persona que no se sabe o no se quiere expresar. Significa nescio, no sé, del verbo nescire, ignorar (COHEN SALAMA, 1992).
  • 3
    En el marco de la conformación de un campo de la minoridad en la Argentina, se impulsaron la creación de tribunales especiales a través de la ley 4664 de 1938 (
    http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=6616), que organizaba los tribunales de menores en la provincia de Buenos Aires. Los jueces eran atribuidos de amplias facultades para intervenir en los casos de menores autores de delito, víctimas o desamparados, huérfanos o en situación de abandono moral y material, pudiendo resolver "suspender el ejercicio de la patria potestad o de la tutela [...] y disponer el depósito del menor" (art. 15). Sus actuaciones serían secretas y sus resoluciones inapelables, salvo en el caso de menores condenados por un delito, y "sin perjuicio de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley" (art. 29) (VILLALTA, 2012).
  • 4
    "La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado" (ARGENTINA, art. 264, 1869).
  • 5
    La ley 10903 de Patronato de menores fue promulgada en 1919 y modifica el Código Civil (ARGENTINA, 1919). Fue derogada por el art. 76 de la ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 2005 (ARGENTINA, 2005).
  • 6
    Barnes de Carlotto Estela s/denuncia. Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n. 2 de San Isidro.
  • 7
    En virtud de la ley 2804/39 se crearon los Tribunales de Menores en Rosario y Santa Fé.
  • 8
    El acceso a los documentos originales en cuestión y la publicación de este texto en concreto fue autorizado así por APM. Además, en el primer caso analizado se leyó y conversó sobre este texto en particular con el joven localizado, quien autorizó su publicación (hecho grabado en el marco de una entrevista formal). El segundo caso, fue motivo de artículos periodísticos que difundieron ampliamente la historia analizada, justamente en aras de lograr encontrar a la familia de la joven, y recientemente objeto procesal de un juicio oral y público, cuyos datos principales se hallan en Internet. El último caso se describe detalladamente en un libro institucional de APM, citado en el análisis (NOSIGLIA, 1985). Por lo tanto, los datos duros son de acceso público.
  • 9
    Organización político-militar revolucionaria peronista.
  • 10
    Diario La Voz, "Las Abuelas hallan un niño", de 24/02/1984 y
    Diario Crónica, "Las Abuelas hallaron otro de los niños desaparecidos en 1977", de 24/02/1984.
  • 11
    Informe del equipo interdisciplinario de APM.
  • 12
    Diario La Opinión, "Fuerzas de Seguridad dieron muerte a tres extremistas", de 11/02/1977.
  • 13
    Gracias al activismo de APM, se logró mediante la sanción de una ley en el año 1987 la creación de un archivo de información genética de todos los familiares de desaparecidos que buscan a un niño apropiado, para realizar el entrecruzamiento con aquellos cuya identidad biológica está en duda.
  • 14
    Organización político-militar revolucionaria: Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
  • 15
    Notas del equipo jurídico de APM en el momento de ser localizado el niño.
  • 16
    Se trata de un hogar tristemente célebre, donde se probaron abusos al menos sobre una niña quien declaró en una causa judicial en el corriente año. Se relativiza así, por no decir refuta, lo que la jueza considera una "familia decente".
  • 17
    En la secretaría del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, existía una "Comisión de Niños Desaparecidos", que se dedicó a realizar investigaciones, pudiendo localizar a algunos de ellos, y a presentar denuncias judiciales.
  • Recebido em 07.01.2013.

    Aprovado em 15.07.2013.

    Sabina Amantze Regueiro

    sabinaregueiro@hotmail.com

    Doctora en Antropología, Universidad de Buenos Aires (UBA)

    Becaria posdoctoral de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)

    Profesora de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

    UBA – Facultad de Filosofía y Letras

    Puán 480, Oficina 464, 4. Piso

    1406

    Buenos Aires – Argentina

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    1 Para conocer los datos actualizados consúltese la página web del organismo, donde figuran las denuncias registradas hasta el momento y la descripción de los 109 casos resueltos: < http:/www.abuelas.org.ar>. 2 Signo con que se suple en lo escrito el nombre propio de una persona que no se sabe o no se quiere expresar. Significa nescio, no sé, del verbo nescire, ignorar (COHEN SALAMA, 1992). 3 En el marco de la conformación de un campo de la minoridad en la Argentina, se impulsaron la creación de tribunales especiales a través de la ley 4664 de 1938 ( http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=6616), que organizaba los tribunales de menores en la provincia de Buenos Aires. Los jueces eran atribuidos de amplias facultades para intervenir en los casos de menores autores de delito, víctimas o desamparados, huérfanos o en situación de abandono moral y material, pudiendo resolver "suspender el ejercicio de la patria potestad o de la tutela [...] y disponer el depósito del menor" (art. 15). Sus actuaciones serían secretas y sus resoluciones inapelables, salvo en el caso de menores condenados por un delito, y "sin perjuicio de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley" (art. 29) (VILLALTA, 2012). 4 "La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado" (ARGENTINA, art. 264, 1869). 5 La ley 10903 de Patronato de menores fue promulgada en 1919 y modifica el Código Civil (ARGENTINA, 1919). Fue derogada por el art. 76 de la ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 2005 (ARGENTINA, 2005). 6 Barnes de Carlotto Estela s/denuncia. Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n. 2 de San Isidro. 7 En virtud de la ley 2804/39 se crearon los Tribunales de Menores en Rosario y Santa Fé. 8 El acceso a los documentos originales en cuestión y la publicación de este texto en concreto fue autorizado así por APM. Además, en el primer caso analizado se leyó y conversó sobre este texto en particular con el joven localizado, quien autorizó su publicación (hecho grabado en el marco de una entrevista formal). El segundo caso, fue motivo de artículos periodísticos que difundieron ampliamente la historia analizada, justamente en aras de lograr encontrar a la familia de la joven, y recientemente objeto procesal de un juicio oral y público, cuyos datos principales se hallan en Internet. El último caso se describe detalladamente en un libro institucional de APM, citado en el análisis (NOSIGLIA, 1985). Por lo tanto, los datos duros son de acceso público. 9 Organización político-militar revolucionaria peronista. 10 Diario La Voz, "Las Abuelas hallan un niño", de 24/02/1984 y Diario Crónica, "Las Abuelas hallaron otro de los niños desaparecidos en 1977", de 24/02/1984. 11 Informe del equipo interdisciplinario de APM. 12 Diario La Opinión, "Fuerzas de Seguridad dieron muerte a tres extremistas", de 11/02/1977. 13 Gracias al activismo de APM, se logró mediante la sanción de una ley en el año 1987 la creación de un archivo de información genética de todos los familiares de desaparecidos que buscan a un niño apropiado, para realizar el entrecruzamiento con aquellos cuya identidad biológica está en duda. 14 Organización político-militar revolucionaria: Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). 15 Notas del equipo jurídico de APM en el momento de ser localizado el niño. 16 Se trata de un hogar tristemente célebre, donde se probaron abusos al menos sobre una niña quien declaró en una causa judicial en el corriente año. Se relativiza así, por no decir refuta, lo que la jueza considera una "familia decente". 17 En la secretaría del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, existía una "Comisión de Niños Desaparecidos", que se dedicó a realizar investigaciones, pudiendo localizar a algunos de ellos, y a presentar denuncias judiciales.

    Fechas de Publicación

    • Publicación en esta colección
      25 Nov 2013
    • Fecha del número
      Dic 2013

    Histórico

    • Recibido
      07 Ene 2013
    • Acepto
      15 Jul 2013
    Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Curso de Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina Universidade Federal de Santa Catarina , Centro Socioeconômico , Curso de Graduação em Serviço Social , Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, 88040-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil, Tel. +55 48 3721 6524 - Florianópolis - SC - Brazil
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