Matrimonio igualitario, identidad de género y disputas por el derecho al aborto en Argentina. La política sexual durante el kirchnerismo (2003-2015)

Matrimônio igualitário, identidade de gênero e disputas pelo direito ao aborto na Argentina. A política sexual durante o kirchnerismo (2003-2015)

Gay marriage, gender identity and the right to abortion in Argentina

Resumen:

Los gobiernos 'progresistas' (pink tide) en materia socioeconómica del Cono Sur no tienen la misma trayectoria en el avance de los derechos de las mujeres y colectivos LGBT. Lo distintivo de la política sexual de la Argentina (2003-2015) es la tensión entre el avance de la agenda de derechos de la diversidad sexual, con la aprobación de leyes como matrimonio igualitario e identidad de género, y los esfuerzos frustrados del feminismo por legalizar el derecho al aborto. Este artículo presenta un estudio comparativo de estos tres intentos de reformas normativas durante el período de gobierno conocido como kirchnerismo. El análisis empírico identifica cuatro dimensiones fundamentales que, en su combinación, abren oportunidades o generan resistencias al cambio normativo en políticas de género y sexualidad: los vínculos entre Poder Ejecutivo e Iglesia; la política de partidos en un sistema presidencialista; los marcos interpretativos de cada demanda; las formas organizativas y estrategias de las organizaciones que las promueven.

Palabras clave:
género; sexualidad; Argentina; reformas legales

Resumo:

Os governos 'progressistas" (pink tide) do Cone Sul, em termos socioeconómicos, não têm a mesma trajetória no avanço dos direitos das mulheres e coletivos LGBT. A especificidade da política sexual Argentina (2003-2015) é a tensão entre o avanço da agenda de direitos da diversidade sexual, com a aprovação de leis como o matrimônio igualitário e identidade de gênero, e os esforços frustrados do feminismo para legalizar o direitos ao aborto. Este artigo apresenta um estudo comparativo destas três intenções de reformas normativas durante o período de governo conhecido como kirchnerismo. A análise empírica identifica quatro dimensões fundamentais que, combinadas, abrem oportunidades ou geram resistencias à mudança normativa em políticas de gênero e sexualidade: os vínculos entre Poder Executivo e igreja, a política de partidos em um sistema presidencialista, os marcos interpretativos de cada demanda, e as formas organizativas e as estratégias das organizações que as promovem.

Palavras-chave:
gênero; sexualidade; Argentina; reformas legais

Abstract:

The pink tide of the Southern Cone in socio-economic terms have had a mix record in advancing legal reforms that promote women's and LGBT rights. Sexual politics in Argentina (2003-2015) are marked by the tension between the advancement of LGBT rights, with the passing of legislation on gay marriage and gender-identity, and the frustrated efforts of feminism to legalize women's rights to abortion. This article presents a comparative study of these three attempts to promote legal reforms under kirchnerism. The empirical analysis identifies four main dimensions that, combined, open opportunities or resist legal advances in gender and sexual policies: the links between the Executive branch and the Church, parliamentary party politics in a presidential system, the framing of demands, and the ways of organizing and the strategies put in motion by the organizations that promote the above mentioned legal reforms.

Keywords:
Gender; Sexuality; Argentina; Legal Reforms

Introducción¹

Los gobiernos 'progresistas' en materia socioeconómica de América Latina (pink tide) no han tenido la misma trayectoria en el avance de los derechos de las mujeres y colectivos LGBT (Friedman 2007; 2009)². Sus políticas han modificado de manera significativa la vida cotidiana de mujeres, lesbianas, gays y personas trans. Empero, estudios comparativos evidencian las relaciones variables, complejas y, por momentos, contradictorias entre estas administraciones de centro-izquierda y los movimientos, feministas y LGBT.³ Se observan desde conflictos directos entre las feministas y las izquierdas de Daniel Ortega en Nicaragua y de Rafael Correa en Ecuador, hasta experiencias de colaboración con ambos movimientos, como es el caso del Frente Amplio en Uruguay (Friedman, 2016).

En los estudios sobre género y sexualidad se utiliza el concepto de "pinkwashing" (lavado rosa) para subrayar que, con el objetivo de presentarse como un 'progresismo' del siglo XXI, varias administraciones realizan compensaciones entre, por un lado, la promoción de algunos derechos de lesbianas, gays y personas trans; y por el otro, sus deudas o retrocesos en temáticas centrales al feminismo o a los derechos humanos (Lind & Keating, 2013; Friedman, 2016). En este mapa del progresismo regional, lo distintivo de la política sexo-genérica Argentina durante los gobiernos del Frente para la Victoria (FpV) -a cargo de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015)- fue la aparente tensión entre el avance de la agenda derechos de la diversidad sexual, con la aprobación de leyes como de matrimonio igualitario (Ley 26.618/2010) e identidad de género (Ley 26.743/2012), y los esfuerzos frustrados del feminismo por legalizar el derecho al aborto.⁴ Este artículo presenta un estudio comparativo de estos tres intentos de reformas normativas; procesos que, a su vez, se inscriben en disputas de sentidos más amplias en torno a la ciudadanía y los derechos (Álvarez, Dagnino & Escobar, 1998; Sabsay, 2012).

La experiencia argentina ha tomado relevancia entre activistas de otras latitudes por sus destacados avances normativos en derechos humanos y derechos LGBT. Previo a que se posicionara como un marcador de modernidad en América Latina, Argentina habilitó en 2010 el matrimonio entre personas del mismo sexo (Corrales & Pecheny, 2010). A su vez, dos años después aprobó una ley que -aunque autores han sugerido que mantiene el binomio sexual-desjudicializa y despatologiza el derecho a la identidad de género y es considerada de avanzada a nivel global (Cutuli & Keller, 2015; Farji Neer, 2014). Por su parte, y aun cuando en el período estudiado se han promovido leyes que abogan por los derechos de las mujeres, las feministas argentinas reclaman que los procesos de reforma en derechos sexuales no se han materializado en derechos no-reproductivos de las mujeres (Ariza & Saldivia, 2015; Belgrano, 2012).

¿A qué se debe este desfasaje? ¿Es un problema en la secuencia de obtención de derechos? ¿Es que Argentina es un ejemplo de 'pink washing', tal como otras autoras definen los casos de Ecuador o Nicaragua (Lind & Keating 2013)? ¿Es producto de la influencia de actores conservadores, como la derecha y la Iglesia Católica, o es que la población simplemente no apoya esta demanda? ¿Es causa del comportamiento de los legisladores 'progresistas' (Pecheny, 2003), o se debe en parte a diferencias entre los movimientos (Ariza & Saldivia, 2015)? A lo largo del artículo sopesamos estos interrogantes, a través del estudio comparativo de las relaciones entre movimientos, Estado y trayectos políticos, en cada proceso de reforma. Nuestro corpus empírico se compone: de entrevistas con actores claves (activistas, legisladoras/es, académicos/as), de los proyectos de ley y de otros documentos legislativos. Se nutre además de la literatura que aborda estos tres tópicos como problemas políticos (por ejemplo, Ariza & Saldivia, 2015; Belgrano, 2012; Cutuli & Keller 2015; Hiller, 2011; Farji Neer, 2014; Gutierrez, 2004; Pecheny, 2001).

Un puntapié inicial para la escritura de este artículo fue el haber presenciado acaloradas discusiones en la izquierda del Norte global, donde figuras académicas se sorprendían al identificar, en Argentina y respecto de Europa Occidental, un recorrido inverso en la secuencia de obtención de derechos sexuales. En efecto, en los países del Viejo continente se sancionó primero el aborto legal, y sólo décadas después se debatieron el matrimonio gay y los derechos de personas trans (Belgrano, 2012). Ahora bien, esta sorpresa presupone una progresión unilineal, una suerte de orden necesario entre las múltiples demandas que componen esta cartera de derechos sexuales.

Por el contrario, en este artículo optamos por pensar el caso argentino en términos de procesos políticos, diferenciados y dependientes de nuestros legados históricos en cada temática y del contexto político e institucional local (path dependant). Como nuestro objetivo es comparar procesos de reformas normativas, nuestro estudio se enfoca en los sectores y actores del activismo que tienen por objetivo articular demandas ante el Estado y el sistema político.⁵ Para analizar los materiales empíricos, nos apoyamos en el marco analítico sugerido por Htun (2003) y Reuterswärd et al. (2011) que brinda una visión desagregada de esta agenda de derechos y nos permiten iluminar tensiones y/o contradicciones en la regulación estatal del género y la sexualidad. Esta literatura combina, por un lado, visiones que enfatizan aspectos estructurales e institucionales (sus reglas formales e informales) que condicionan la acción colectiva, con aquellas que subrayan la trayectoria, recursos y marcos interpretativos de quienes impulsan las demandas. De este modo, nuestro objetivo es analizar las instituciones, procesos y actores políticos centrales, que consiguieron que las principales demandas de las organizaciones LGBT se vieran convertidas en ley, mientras que las demandas del feminismo por el aborto legal enfrentaran mayores resistencias.

El trabajo se organiza en cinco secciones. La primera describe el contexto político argentino. Las secciones restantes presentan los resultados de nuestra investigación comparativa, donde identificamos cuatro dimensiones fundamentales que, en su combinación, abren oportunidades o generan resistencias al cambio normativo en políticas de género y sexualidad. La segunda y tercera abordan los aspectos institucionales, mientras que la cuarta y quinta analizan el rol de los actores colectivos, sus estrategias, organización y acciones para promover las diferentes demandas estudiadas.

1. Kirchnerismo, feminismos y movimientos LGBT

Argentina es un país de ingresos medios, cuenta con un sistema político presidencialista, un bipartidismo erosionado, y un régimen de bienestar bastante desarrollado para la región. En los años 1990 la implementación de políticas neoliberales llevó al país a una crisis política y social en el 2001. El primer gobierno de Néstor Kirchner, y las sucesivas administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, se postularon en contraposición a aquellas políticas, como representativas del peronismo progresista que buscaba redefinir las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, en aras de mejorar la pobreza y la desigualdad. Su foco de gestión estuvo en forjar un papel activo del Estado en la provisión de derechos sociales y económicos en base a un modelo económico extractivista, en la persecución estatal de crímenes de lesa humanidad y en promover una agenda de gobierno con perspectiva de derechos.⁶ Por otra parte, la última administración (2011-2015) ha recibido duras críticas por su modo de gestión vertical y personalista, y algunos de sus actores enfrentan mediatizados procesos judiciales (al igual que otros países de América Latina, como Brasil).

Para la ciencia política, el kirchnerismo se caracteriza por su tradición peronista, muchas veces ligada a la noción de populismo, que lo diferencia de los partidos de izquierda de otros países de la región, que conforman el "pink tide" (Friedman, 2009). El peronismo se destaca por ser una "realidad histórica mutante" (Acha, 2013:9) de gran amplitud ideológica, por interpelar a los sectores populares, y por oscilar entre períodos de resistencia y de integración (James, 2010). Existen sectores del peronismo que se encuentran alineados a la izquierda, y otros, a la derecha o al conservadurismo. A su vez, el peronismo no sólo se organiza en la política institucionalizada, sino también en movimientos sindicales, territoriales y en las comunidades (ver, por ejemplo, Casullo, 2015). De este modo, ni la división clásica entre izquierda y derecha, ni la separación entre sociedad civil y política representativa, se presentan como evidentes para el caso argentino.

Lo segundo que debemos destacar del período estudiado (2003-2015) es que, gracias a la implementación de la ley de cuotas de 1991, que promovió la participación política de las mujeres en la legislatura nacional (Ley Nº 24.012), el poder legislativo ha regulado activamente las relaciones entre los géneros y el ámbito de la sexualidad. Un mayor número de legisladoras favoreció la aprobación de leyes que protegen y promocionan derechos fundamentales de las mujeres (Borner, Caminotti et al., 2009; Franceschet & Piscopo, 2008). Se destacan leyes sobre: Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673, de 2002); Educación Sexual Integral (Ley 26.150, de 2006); Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485, de 2009); la Asignación Universal por hijo para Protección Social (Decreto 1602/2009 y Ley 24714); Fertilización Asistida (ley 26.862 de 2013).⁷ A su vez, en este período se ponen en marcha sucesivas políticas sociales dirigidas a las mujeres. A través de una estrategia retórica maternalista, se apunta a salvaguardar derechos económicos y sociales mínimos de las mujeres de sectores populares y sus hijos/as.

Los intentos de reformas legislativas que vamos a analizar son parte de este conjunto más general de normas que aspiran a promover los derechos de las mujeres, la no discriminación de los colectivos LGBT y la igualdad de género. El proyecto de ley para la modificación de los artículos del Código Civil que especificaban que el matrimonio debía conformarse por un varón y una mujer, fue presentado por la diputada Vilma Ibarra, del partido Nuevo Encuentro ("Ley de Matrimonio Igualitario"). Su aprobación se dio al año siguiente, en 2010, luego de meses de discusión pública, que incluyó marchas y demostraciones, a favor y en contra, una gran exposición mediática y una extensa sesión en el Congreso Nacional, que fue replicada por los medios en todo el país. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) se convirtió en vocera de quienes reclamaban por este derecho en nombre de la población LGBT.⁸ El proyecto de ley fue aprobado el 5 de mayo de 2010 en diputados, con explícito apoyo del partido oficialista (FpV). Allí se obtuvieron 126 votos a favor, 110 en contra y unas pocas abstenciones. En cámara de senadores se aprobó el 15 de julio del mismo año con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones.⁹

La ley de Identidad de Género fue aprobada poco tiempo después de la Ley de Matrimonio Igualitario (9 de mayo de 2012). Además de la FALGBT, un actor central detrás de esta ley fue el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género (FNLID).¹⁰ A pesar de tratarse de una ley que -muchos/as expertos/as coinciden- es una de las más avanzadas en el mundo, no recibió atención mediática notoria. La misma mantiene el binomio sexual, pero contempla cambios registrales sin autorización judicial o médica, y el derecho a la salud de travestis, transexuales y transgénero a través de intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales para quienes lo requiriesen. Esta ley fue aprobada en Diputados con 168 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones. En la Cámara de Senadores se aprobó con 55 votos, por unanimidad (con una abstención).

En este mismo período, las demandas del feminismo -que en la década de 1990 incluían la participación política y los derechos económicos- se aglutinan en la lucha por la legalización/despenalización del aborto (Tarducci & Rifkin, 2010). Las feministas organizadas en la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (en adelante, "la Campaña"), actualmente compuesta por 338 organizaciones de todo el país,¹¹ es la principal impulsora del cambio normativo, presentando en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) (expediente 2249-D-2014) en cuatro ocasiones consecutivas (2007, 2010, 2012, 2014). Si bien la iniciativa fue discutida en más de una oportunidad en la Comisión de Legislación Penal, nunca llegó al recinto parlamentario. El número de legisladores/as firmantes del proyecto ha aumentado con los años, y varios/as de ellos/as pertenecen al partido oficialista hasta 2015 (FpV); aunque la Presidenta se ha manifestado públicamente en contra de permitir el aborto sin causales, a diferencia de lo sucedido con las leyes de matrimonio e identidad. En los últimos años, a la batalla legislativa se han sumado otros actores del feminismo, que presentan estrategias de acción directa y litigio judicial.

Antes de describir los resultados comparativos de estos procesos debemos marcar una última distinción entre demandas feministas y de organizaciones LGBT: la calidad de las instituciones del Poder Ejecutivo que acompañaron sus propuestas. La FALGBT, al trabajar para lograr la aprobación del matrimonio gay, logró el apoyo del organismo estatal de lucha contra la discriminación (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo - INADI). Varios de sus miembros integraban la sección de diversidad sexual del INADI, y al momento de escritura, se desempeñan como legisladores del FpV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (como María Rachid, ex-presidenta de la FALGBT). Las feministas, por el contrario, vieron la erosión presupuestaria y la pérdida de relevancia de la institucionalidad de género: el Consejo Nacional de la Mujer, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y tiene por mandato promover y velar por los derechos de las mujeres.¹² Su presidenta desde 2011 al 2015, Mariana Gras Buscetto, proviene de la militancia kirchnerista territorial, sin vínculos con el feminismo.

Las siguientes secciones analizan las dimensiones en la relación entre militancia, Estado y procesos políticos que adquieren preponderancia para la comparación planteada para el caso argentino.

2. Fisuras entre la Iglesia Católica Argentina y el Poder Ejecutivo

En América Latina, los avances legislativos en género y sexualidad se encuentran con instituciones que actúan como barrera, como la Iglesia Católica y partidos políticos de derecha religiosos. En este punto, Argentina se distingue por no contar con partidos o coaliciones religiosas en la legislatura nacional. A su vez, los líderes religiosos no influyen de manera significativa en el voto popular.¹³ A pesar de la secularidad de la sociedad, y de contar con un sistema político formalmente laico, la Iglesia tiene una gran influencia en la política del Poder Ejecutivo Nacional. Esta sección observa este papel de la Iglesia Católica en tanto actor político, y se propone analizar las ventanas de oportunidad que significaron las fisuras en la relación entre la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y la cúpula de la Iglesia Católica, en un contexto nacional con una Corte Suprema independiente (Htun, 2003).

En el período (2003-2014), la relación entre la cabeza administrativa y la Iglesia fue mayormente conflictiva en los dos primeros mandatos de gobierno (2003-2007/2007-2011), constituyendo una ventana de oportunidad para reformas progresistas en derechos sexuales. Sin embargo, la cooperación (correspondiente a los últimos años kirchneristas, 2011-2015) ha evitado promover medidas que causen malestar a la Iglesia Católica, como el aborto legal.

Desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner (mayo de 2003), la política de derechos humanos y promoción de juicios por los delitos cometidos durante de última dictadura militar fueron causales de profundas diferencias. La Iglesia Católica y el cardenal Jorge Bergoglio (luego Papa Francisco) han sido señalados como colaboradores y participantes en dicha dictadura.¹⁴ Este primer gobierno kirchnerista procuró también avanzar en materia de derechos de las mujeres, gays y lesbianas, con la promoción de las leyes ya mencionadas en el apartado anterior. Estas medidas, fuertemente criticadas por la Iglesia, estuvieron respaldadas por el entonces Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ahondando el distanciamiento del gobierno nacional y el Episcopado local.

Más aún, este primer gobierno kirchnerista (2003-2007) ahondó las fisuras entre Poder Ejecutivo e Iglesia, al proponer para integrar la Corte Suprema de Justicia a la jueza Carmen María Argibay, declarada atea y feminista (Nabih Yussef, 2013). Es esta Corte la que, años después (2012), dictará sentencia en el fallo F.A.L., considerada una conquista para el movimiento de mujeres por clarificar las causales de aborto no punible (ANP) y prohibir prácticas contrarias a la ley que judicializaban, entorpecían y/o demoraban el derecho al acceso a ANP.¹⁵ Volveremos sobre este punto en la última sección.

Esta fisura, abierta entre Iglesia y Poder Ejecutivo, coincidió con un período de imagen positiva del gobierno, y se convirtió en una ventana de oportunidad para la promoción de la ley de Matrimonio Igualitario en 2010. Recordemos que, al respecto, el cardenal Bergoglio había denunciado que se trataba de "una guerra de Dios" y llamó a alinearse con la Iglesia en esa lucha.¹⁶ Por su parte, la presidenta Cristina Fernández le pidió públicamente al cardenal que abandonara "los tiempos medievales y de la Inquisición", y aprovechó para enfatizar su apoyo al proyecto de ley.¹⁷ En lo que respecta a la Ley de Identidad de Género, de 2012, la Iglesia mantuvo un rol más pasivo y no destinó para resistirla ni los recursos ni la energía desplegados contra el matrimonio igualitario o el aborto.

Durante el primer mandato de Cristina Fernández (2007-2011), la Iglesia continuó manifestando su oposición al gobierno -por ejemplo en relación a la Ley 26.522 de Comunicación Audiovisual, o la Resolución 125 de retenciones móviles al sector agropecuario-. Pero esta fisura con la Iglesia se sella con la elección de Jorge Bergoglio como Papa Francisco. Ahí comienza un acercamiento a la Iglesia de parte de la presidenta, que estuvo favorecido por su posición negativa a la legalización del aborto (Nabih Yussef, 2013). En esta última administración kirchnerista (2011-2015), la mayoría de las activistas y legisladoras entrevistadas indican como obstáculo al tratamiento parlamentario del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el compromiso presidencial con el Papa de no avanzar sobre esta demanda del feminismo.¹⁸

Ahora bien, en sentido estricto, sólo la última presentación del proyecto de ley por el aborto legal que realizó la Campaña en 2014 se produjo en este escenario adverso. La misma Campaña ha presentado el mencionado proyecto de ley en otras tres oportunidades (2007, 2010, 2012) en el período en el que Matrimonio Igualitario e Identidad de Género obtuvieron resultados positivos.

El gráfico siguente resume la posición de la Iglesia y sus efectos, en los tres procesos legislativos analizados.

Gráfico nº 1

Este cuadro enseña dos cuestiones. La primera, que la Iglesia no mantuvo la misma posición de resistencia ante todas las reformas analizadas. Mientras que se opuso fervientemente al matrimonio gay y a la interrupción voluntaria del embarazo, no lo hizo con la Ley de Identidad de Género, que consiguió su aprobación sin resistencias significativas. Luego, el gráfico permite inferir que la fisura entre Poder Ejecutivo e Iglesia es un factor indispensable pero no determinante. Si bien la Iglesia se expresó contraria a las tres reformas, con diferentes grados de intensidad, sólo sobre el aborto fue exitosa en mantener su criminalización.

3. La legislatura y sus actores: autoridades de comisión, legisladores 'progresistas' y la influencia presidencial

Además de las fisuras entre Iglesia y Ejecutivo, las trayectorias discontinuas que analizamos dependen fuertemente de factores estructurales, como la política de partidos en la legislatura y del uso de las reglas del Parlamento.¹⁹ Esta sección destaca tres actores en el tratamiento legislativo: el accionar de autoridades de las comisiones legislativas, como modo de obstaculizar o viabilizar los proyectos de ley en el Congreso; los supuestos y concepciones de los/as legisladores 'progresistas' respecto de los costos de apoyar los proyectos de ley; y la incidencia de la posición presidencial en los/as legisladores/as del partido mayoritario (FpV) en un sistema presidencialista.²⁰

Respecto a las autoridades de comisiones, el proyecto de matrimonio igualitario presentado en 2010 por Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social) tuvo dos comisiones de cabecera: la de Legislación General, presidida por la propia autora del proyecto y la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia presidida por Claudia Rucci (Peronismo Federal).²¹ Según las entrevistadas/os, el despacho de Ibarra se transformó en un espacio de acción de la FALGBT.²² Rucci en un comienzo demostró apoyo, aunque terminó resistiendo este proyecto y apoyando la propuesta de "Unión civil" (que no reconocía la posibilidad de tener hijos o adoptar).

Diputados/as y senadores/as contaban en esta temática con "libertad de conciencia" (el partido FpV no llamó a votar en bloque); pero el explícito -aunque tardío- apoyo presidencial al proyecto favoreció el acompañamiento de legisladores/as del bloque del partido mayoritario (FpV), faltos/as de convicción, a presentar el matrimonio gay como un problema de igualdad de derechos (Hiller, 2013). El peronismo es vertical y verticalista; en palabras de Casullo, "está liderado desde un centro cuyo lema máximo es 'el que gana gobierna, el que no, acompaña' " (2015:23). En este punto, los testimonios muestran el asombro de algunos de legisladores al afirmar: "¿a vos te parece que vamos a votar a esos putos?".²³ Una incidencia adicional de la Presidenta, al momento de la ajustada votación final, consistió en invitar a dos legisladoras del FpV que se oponían al proyecto a un viaje oficial a China, ausentándolas así de la votación.²⁴

En los años subsiguientes, el proyecto de ley sobre Identidad de Género pudo recoger los frutos, tanto de este éxito de la militancia LGBT, como de la imagen positiva del kirchnerismo. La administración todavía contaba con el apoyo de gran parte de la población, con buenos indicadores de gestión. Al decir de las legisladoras entrevistadas, eran tiempos en los que sentían que "todo era posible".²⁵

En este escenario favorable, el trabajo de lobby de las organizaciones del FNLID permitió elevar un texto que unificaba los cuatro proyectos del activismo, ya consensuado con los representantes políticos.²⁶ Resultaron influyentes en el comportamiento de los y las legisladore/as tanto la poca resistencia de la Iglesia como el apoyo presidencial -integrante del partido mayoritario en la legislatura- y el impulso de quienes encabezaban las comisiones legislativas.²⁷ Estas organizaciones avanzaron por el camino ya trazado en la disputa por el matrimonio igualitario. Nuestros/as entrevistados/as del FpV sostuvieron: "nadie podía ir en contra de la agenda de diversidad sexual";²⁸ enfatizando que quien le da una dirección "en cada momento histórico determinado es el liderazgo personal del jefe, típicamente, el titular del Poder Ejecutivo" (Casullo, 2015:25). De este modo, el tratamiento y la aprobación de este proyecto, presentado por la diputada Silvia Augsburger (Partido Socialista) que, según afirmaron activistas y legisladoras "salió como por un tubo",²⁹ se aprobó con 55 votos a favor y sólo uno en abstención.

En el tratamiento del proyecto de IVE el comportamiento de los tres actores analizados -autoridades de comisiones, legisladores/as 'progresistas' y posición presidencial- contrasta con el que se sostuvo en los proyectos anteriores. El siguiente gráfico muestra el aumento de legisladores/as firmantes, de 22 en 2006 a 67 en 2014. Lo que indica una tensión entre el apoyo creciente de las/os legisladoras/es al proyecto de ley y las trabas para que acceda al recinto parlamentario y se someta a votación.

Gráfico nº 2
Número de firmantes del proyecto de ley por año (2006-2014).

Considerando que este proyecto se presentó cuatro veces con creciente apoyo, los mecanismos legislativos y la política de partidos han operado más como dique de contención que como facilitadores para el avance de esta normativa. En sus primeras dos presentaciones, el proyecto fue "cajoneado", sin siquiera conseguir iniciar el tratamiento en comisiones, perdiendo estado parlamentario. En 2012 y 2014 consiguió pasar al debate en comisiones, donde se topó con las barreras impuestas por sus autoridades y los efectos adversos en el comportamiento de los/as legisladores/as peronistas 'progresistas' de la falta de apoyo presidencial.

Las legisladoras impulsoras del proyecto han trabajado históricamente de forma transversal, tejiendo estrategias para neutralizar estos obstáculos. Por ejemplo, en 2011, diputadas de diversas fuerzas políticas (Unión Cívica Radical, FpV) lograron el tratamiento del proyecto en la Comisión de Legislación Penal gracias a negociar con el interés de su presidente, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) por conectarse con ONGs internacionales y traer al debate representantes de Human Rights Watch y Amnesty International.³⁰ Consiguieron así una primera audiencia pública como estrategia para instalar la discusión, aunque finalmente no se obtuvieron los dictámenes necesarios y el proyecto volvió a perder estado parlamentario.

Las activistas entrevistadas señalan que los mecanismos burocráticos del Parlamento, que en otras ocasiones son ablandados, por voluntad política, en el caso del aborto se endurecen.³¹ Los sucesos de 2014 ilustran esta posición. Presentado por Adela Segarra (FpV), el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo ingresó al Congreso por la Comisión de Legislación Penal, presidida por Patricia Bullrich (UNION-PRO) ferviente opositora³² y secundada como vicepresidenta por Diana Conti (FpV), firmante del proyecto.³³ El comportamiento de estas autoridades obstaculizó el avance del proyecto. El 4 de noviembre, la reunión de esta Comisión terminó siendo una jornada de debate público con nueve oradores por parte de la Campaña y nueve en contra.³⁴ La presidenta de comisión logró que no se pudiera emitir dictamen y el proyecto de IVE perdió nuevamente estado parlamentario, al definir, ya avanzado el debate, que no hubo quórum a la hora exacta de comienzo de la reunión de comisión (a las 3:00 pm había 9 diputados presentes, de los 11 requeridos) cuando todavía no estaba en debate el proyecto de IVE. La vicepresidenta (Diana Conti, FpV) firmante del proyecto, no se opuso a esa decisión administrativa.³⁵ Estos ejemplos indican que las autoridades de comisión pueden frenar el avance del proyecto en el Congreso, sosteniendo argumentos administrativos, aun cuando la comisión se integre por una mayoría de legisladores/as firmantes del proyecto, de distintos bloques legislativos.³⁶

Un elemento central para lograr avances normativos progresistas es el comportamiento del partido oficialista (FpV) que, en el período analizado, era mayoría en ambas cámaras (Calvo, 2005; Tagina & Varetto, 2013), cabeza del Poder Ejecutivo y promotor de una agenda de expansión de derechos. Legisladores del FpV entrevistados perciben que el apoyo a ciertos proyectos del feminismo conlleva costos políticos para quienes los cabildean activamente, en un contexto de colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Episcopado. Sin embargo, estudios de legislaturas anteriores muestran que dichos costos no parecen afectar las carreras políticas de legisladores que vehiculizaron derechos de las mujeres (Piscopo & Caminotti, 2015) o de gays y lesbianas (Pecheny, 2003).

Eso no quiere decir que no existan costos al interior de los partidos. Más aún, en el caso del FpV, que se ha caracterizado por una alta competividad interna en el partido (Casullo, 2015). La evidencia cualitativa muestra que los proyectos feministas suelen ser temas devaluados en la lógica partidaria, donde las legisladoras experimentan diferentes formas de discriminación, "ninguneo" y hostigamiento (Borner et al., 2009). Este contexto partidario opera desincentivando a algunas legisladoras firmantes del FpV al cabildeo activo del proyecto. Afirmaban estar cansadas de pagar los costos, al interior del FpV, por sostener su posición, en un contexto de luchas internas por las candidaturas a las elecciones presidenciales del 2015, de colaboración con la Iglesia y de, según Tagina y Varetto (2013), devaluación de la imagen positiva de la Presidenta de la Nación y su gestión.³⁷ Nótese que no ha sucedido lo mismo con las legisladoras de partidos de izquierda, muchos de los cuales incluyen al aborto legal en su plataforma política.

En este punto, activistas y legisladoras de izquierda consideran que uno de los principales impedimentos para el tratamiento del proyecto de IVE en comisiones fue el accionar de los/as legisladores del FpV (que eran mayoría en la primera comisión), que quisieron evitar fricciones con la Presidenta, posicionada abiertamente en contra del aborto.³⁸ "No nos metamos en esto para no lastimar a Cristina", opinaban varias firmantes oficialistas, al tiempo que militantes y diputadas de los partidos de izquierda planteaban: "el proyecto no sale porque Cristina no quiere".³⁹ Además, las tensiones inter-partidarias, al interior de la Campaña, constituyen un factor de fractura del activismo e inciden sobre su efectividad en el cabildeo parlamentario. En las palabras de una diputada y activista:

Las troskistas a veces no quieren que salga para seguir cuestionando, se quedan sin enemigo. Y los sectores K tiran a bajar el debate para no generarle contradicciones a la presidenta. Y este proyecto no sale sin este conjunto de condiciones. Mientras haya kirchnerismo sólo sale si hay confrontación con la iglesia.⁴⁰

4. Los marcos interpretativos de cada demanda

Al considerar los actores colectivos, Htun (2003) sugiere distinguir dos dimensiones decisivas para que las demandas consigan ser exitosas: los marcos interpretativos (framing) que los activistas utilizan para promover su demanda, y la existencia de una modalidad de organización que denomina red temática (issue network), efectiva para incidir en la política institucionalizada. Las secciones 4 y 5 abordan estas dimensiones.

La literatura sugiere que el modo en que se comunica una demanda determina los caminos institucionales más efectivos para lograr avances normativos. Si una temática es construida como un problema técnico, el debate tiende a ser circunscripto a un número reducido de expertos, juristas o asesores. Por el contrario, si se plantea como un problema de cosmovisiones y sistemas de valores imperantes, el debate toma un tono emotivo y los avances normativos precisan de un amplio debate social y parlamentario (Htun, 2003). En este segundo caso, donde los actores principales son militantes de movimientos sociales, las reformas contarán con la resistencia activa de la cúpula eclesiástica (Carbonelli et al., 2011) y con pronunciamientos de todo el arco político. Cualquiera de las tres reformas legislativas analizadas puede ser construida, tanto como un tema técnico, cuanto como un problema de cosmovisiones, ya que no es una característica inherente al tópico sino, justamente, a su construcción política.

El proyecto de matrimonio igualitario sacudió a la opinión pública, provocando un debate emotivo y mediático sobre sistemas de valores, previo a la sanción de la ley (Hiller, 2013). Como se observa en la Tabla 1, la emotividad social del debate impactó en el comportamiento de las y los legisladores: en ambas cámaras se observa una alta asistencia y una votación sumamente polarizada.⁴¹ Ante este previsible enfrentamiento de cosmovisiones, la estrategia de las organizaciones consistió, primero, en re-apropiarse de varios de los pilares del discurso kirchnerista de ampliación de derechos, centrados en las nociones de igualdad, diversidad e inclusión. A su vez, la FALGBT intentó correr del debate público los puntos que, según los grupos focales, provocaban pánico moral en sectores conservadores, vinculados a la adopción y crianza de niños/as. De acuerdo con ello, viralizó un slogan enfocado en el derecho a la igualdad: "mismo amor, mismos derechos"⁴², y apostó a visibilizar la existencia de "familias diversas", ampliando el lenguaje familiarista del peronismo histórico.⁴³ Con estos elementos, a través de audiencias públicas provinciales y la participación de familiares de personas gays y lesbianas "hablando en primera persona", la reforma normativa fue presentada como una profundización de la democracia y del proyecto de sociedad del kirchnerismo. Por último, colaboró con la reforma legal que la modificación -puramente técnica- de un artículo del Código Civil apuntaba a "reconocer una situación de hecho" y que no acarrearía costos económicos para su implementación. Estos componentes hacen que, aunque el proyecto de ley haya suscitado un debate social sobre valores, en el debate legislativo pudo ser presentado como una iniciativa en la que "todos ganaban" (Hiller, 2011).

Lxs entrevistadxs consideran que contribuyó al tratamiento del proyecto de Ley de Identidad de Género (2012), en primer término, la cercanía temporal de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario (2010), que había fortalecido el reconocimiento estatal de derechos de la diversidad sexual; y una estrategia comunicacional basada en el derecho a la identidad, piedra angular del discurso oficial en derechos humanos (Cutuli & Keller, 2015). Así, esta ley se respaldó en el trabajo de tres décadas de los movimientos de Derechos Humanos (Madres de Plaza de Mayo, Abuelas e H.I.J.O.S), en relación con los crímenes de la última dictadura en Argentina. El marco interpretativo que se utilizó para presentar la iniciativa a los legisladores subrayó la incorporación del colectivo trans al discurso identitario del kirchnerismo, y dejó por fuera sus aspectos vanguardistas en materia de derechos de las personas trans (Cutuli & Keller, 2015).

Asimismo, el tratamiento legislativo de este proyecto estuvo reducido a un grupo de técnicos, militantes y asesores políticos, sin fuerte resonancia en los medios de comunicación y sin la realización de encuestas de opinión pública. Ello permitió, por ejemplo, la aprobación de la ley en la Cámara de Senadores con más del 98 por ciento de votos a favor, a espaldas de los debates mediáticos y las alarmas de los sectores más conservadores.⁴⁴ Cabe remarcar que esta celeridad no fue acompañada por una discusión social de la temática, lo que resulto en que lxs activistas consideren que "la ley quedó muy por arriba de la interpretación de la sociedad".⁴⁵

La tabla 1 permite comparar el comportamiento diferencial de las y los legisladores ante ambos proyectos de ley. Tanto en términos de la necesidad de participar del debate (que es mucho más elevada en el proyecto de matrimonio igualitario), como en las diferencias en la polarización de las votaciones (donde el proyecto de Identidad es aprobado sin ninguna polarización).

Tabla 1
Porcentaje de asistencia y votaciones, Ley de Matrimonio Igualitario y Ley de Identidad de Género en Diputados y Senadores

En torno a la consecución de derechos no reproductivos de las mujeres, los marcos interpretativos varían en relación con los objetivos políticos desplegados. La movilización de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se agrupa bajo la premisa "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". Si bien la Campaña reúne un amplio espectro de posiciones políticas, existe un consenso acerca del aborto como práctica disruptiva de una feminidad asociada a la maternidad, y relacionado con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Dice al respecto Olga Grau Duhart: "el aborto se ha instaurado como campo de lucha permanente y perverso, donde las mujeres quedamos enfrentadas al poder patriarcal y, al mismo tiempo, silenciadas y omitidas por éste" (2013:25). Así, el debate político por la aprobación del proyecto de ley de IVE se ha construido, en parte, como una puja por la instalación de una nueva cosmovisión en torno a la sexualidad y al cuerpo femenino. Esta construcción ha prevalecido en debates políticos y mediáticos, donde los legisladores opositores han contrapuesto argumentos sobre el inicio de la vida, e interpretado nociones de derechos humanos y legislación internacional, para argumentar que se infringirían los derechos de sujetos más vulnerables, como los "niños por nacer" (CELS, 2015)⁴⁶.

En los últimos años, las organizaciones de mujeres concentraron sus esfuerzos en darle otro marco al debate e inscribir el aborto como un tema de derechos humanos y parte de nuestros compromisos internacionales ratificados (Sutton y Borland 2013). La Campaña se ha adentrado en el campo de la salud pública y del derecho para justificar su demanda (Ciriza, 2013). Debe destacarse que la mayor parte de la población (64 %) acuerda con la despenalización del aborto en ciertas circunstancias, porcentaje que asciende en la población católica (68,4%) (CEIL-CONICET, 2008). A pesar del arduo trabajo de las feministas, la configuración del debate legislativo en 2014 continuó organizado como una batalla entre sistemas de valores o cosmovisiones,⁴⁷ lo que ha cercenado las expectativas de tener un debate político desapasionado y técnico, basado en la evidencia empírica, en análisis jurídicos y epidemiológicos.

Un segundo marco interpretativo en torno al aborto busca ampliar las posibilidades de su práctica a través de la figura -ya incluida en la letra de la ley- del aborto no punible (ANP). En este caso, se enmarca como un asunto técnico circunscripto al ámbito judicial. El ANP puede practicarse bajo causales de salud, entendidas en un sentido amplio, y ha conseguido progresivamente instalarse -no sin tensiones- en algunos servicios de salud provinciales, en los Consejos de niños, niñas y adolescentes y en los Poderes Judiciales locales. Este marco tiene un enfoque sanitarista y acentúa la obligación de disminuir los índices de morbi-mortalidad materno infantil, y cumplir con la legislación vigente sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ello reduce las probabilidades de enmarcar los ANPs en disputas morales, a través de su tratamiento circunscripto al entorno judicial y del respaldo del fallo "F.A.L.", de la Corte Suprema de Justicia.

Todas las reformas normativas sobre género y sexualidad que analizamos buscan alterar un statu quo del ordenamiento legal sexo-afectivo. Más allá de que las demandas analizadas suscitaron pasiones colectivas, nuestro análisis muestra que no sólo se han favorecido los reclamos cuyas estrategias discursivas se tradujeron en debates basados en evidencia científica y/o argumentos legales, como sugiere Htun (2003). También lo fueron aquellas demandas que se enmarcaron en la narrativa central del proyecto nacional del kirchnerismo. En contraste, y a pesar de los esfuerzos del activismo, cuando los debates legislativos persisten en configurarse mayormente como diferencias entre sistemas de valores o cosmovisiones, se vuelven más dificultosas las reformas normativas y, en particular, la posibilidad de capitalizar los momentos de conflicto entre Poder Ejecutivo e Iglesia Católica.

5. Recursos y estrategias del activismo

Ariza y Valdivia (2015) se preguntan por los avances de las mismas reformas normativas aquí estudiadas. En su artículo, identifican tres factores diferenciales vinculados a los movimientos sociales, que les permiten analizar, en parte, la aprobación del matrimonio igualitario y de la identidad de género, a diferencia del derecho al aborto. Primero, observan una mayor dificultad para que las cuestiones referidas a la capacidad reproductiva de las mujeres sean incorporadas a los debates del ámbito público. Si bien, tanto el feminismo como el movimiento LGBT han sido protagonistas en los procesos de politización de la sexualidad, los sectores conservadores dominantes continúan manteniendo al aborto en el campo de las acciones privadas. Luego, las autoras señalan que, a pesar de las diferencias, los movimientos LGBT han coincidido históricamente en la necesidad de despatologización de estos temas y en un fuerte cuestionamiento al campo médico; mientras que respecto al derecho al aborto, la demanda por la desmedicalización es más reciente y ha sido impulsada sólo por algunos sectores del movimiento. Por último, Ariza y Valdivia señalan que las demandas por matrimonio igualitario e identidad de género han logrado ser presentadas de forma más unificada, cuestión que, para ellas, resulta más problemática en el movimiento de mujeres en torno al aborto.

Los resultados obtenidos en nuestra investigación agregan dos dimensiones del activismo, necesarias para poder llevar sus demandas a la política institucionalizada y transformar normativas sexo-genéricas: las experiencias de conformación de redes temáticas (issues networks) de activistas, profesionales y representantes estatales (Htun, 2003); y el papel del activismo judicial (Reuterswärd et al., 2011).

5.1 Redes temáticas en las reformas legislativas

Parte de los activismos por el matrimonio igualitario y por la ley de identidad de género han operado como redes temáticas. Éstas se definen como pequeñas tramas de profesionales, actores estatales, periodistas, abogados/as y activistas, que tienen como objetivo la realización de modificaciones normativas (Htun, 2003).

Aunque posteriormente se expandió al resto del país, la FALGBT se inicia como un pequeño grupo de profesionales, abogados/as y periodistas, con fuerte presencia en la Capital Federal, que propuso un plan de acción: comenzar por la demanda de matrimonio, para después avanzar con el reconocimiento de la identidad de género. La FALGBT recibió asesoramiento y financiamiento de activistas españoles en base a su lucha por la ley de matrimonio en España (Friedman, 2012) y se valió de técnicas de investigación social tales como grupos focales y encuestas, para testear argumentos de cara a la opinión pública; y estrategias comunicacionales congruentes con el lenguaje hegemónico del kirchnerismo, que popularizó la expresión "matrimonio igualitario".⁴⁸

El Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género (FNLIG) impulsó el proyecto de ley más ambicioso, entre los cuatro presentados. El FNLIG operó como una red temática en la redacción y posterior unificación del proyecto de ley, que promovió la interacción de activistas con abogados comprometidos con la causa. Si bien estos últimos se alejaban del perfil de "técnicos asépticos", respondieron al pedido de las organizaciones para "traducir en derecho" reclamos o necesidades sociales, redactando el proyecto de ley bajo la perspectiva de la desjudicialización y despatologización trans. En la negociación para unificar los proyectos de ley preexistentes, se realizó un trabajo conjunto entre abogados, políticos y activistas, en los despachos de diputados, a partir del cual se logró el apoyo a la propuesta impulsada por el FNLIG.⁴⁹

En relación con el activismo por el aborto, Ariza y Saldivia (2015) observan que esta demanda tiene aristas difíciles de conciliar. La "postura sanitarista" y la "postura emancipatoria" presentan dificultades en la unificación del reclamo, que se cristaliza en las múltiples formas de designación del mismo: "aborto libre", "aborto voluntario", "despenalización del aborto", "derecho a decidir", "aborto como forma legítima de anticoncepción" (2015:191)⁵⁰. En torno a la organización política de la demanda, en nuestra investigación observamos que existen líneas de acción diferenciadas: la militancia por la legalización; el activismo judicial para ampliar el alcance del aborto no punible; y organizaciones que realizan acción directa y asesoran sobre aborto medicamentoso, como Lesbianas y Feministas por la Despenalización del Aborto, y las Socorristas en Red (estas últimas, vinculadas a la Campaña).⁵¹

La Campaña, referente central en la demanda legislativa, fue impulsada desde asambleas barriales y movimientos surgidos en la crisis socio-económica del 2001, para consolidarse en los Encuentros Nacionales de Mujeres.⁵² Tanto las entrevistadas como la literatura (Alma & Lorenzo, 2009; Di Marco, 2012; Sutton & Borland, 2013) coinciden en que el Encuentro realizado en Rosario, en 2003, resultó clave para la masificación de la demanda por el derecho al aborto y para impulsar la creación de la Campaña. Esta trayectoria la vuelve más cercana a los modos de organización -territoriales y horizontales- de movimientos de sectores populares, que a las redes temáticas de abogados/as, legisladores y profesionales descriptas por Htun (2003). Desde sus comienzos, adoptó una estructura federal, y promueve, con resultados diversos, la toma de decisiones a través de la democracia participativa.

Una de sus riquezas de la Campaña es que conviven en su seno numerosas formas de pensar lo político, y de cómo relacionarse (con) e incidir (en) las instituciones estatales. No obstante, esta convivencia no estuvo exenta de tensiones, profundizadas de cara a las elecciones presidenciales de 2015. Esta fortaleza de la Campaña, anclada en su participación federal y multipartidaria ha sido, en ocasiones, percibida por algunas militantes como motivo de retrasos en su incidencia legislativa. Por ejemplo, varias entrevistadas coinciden en que la redacción "desde abajo" del proyecto de ley fue un proceso que ellas consideraron lento, de casi dos años, de consultas y plenarios.⁵³ Este sentido de la temporalidad del movimiento se observa en ciertas posiciones de izquierda en la Campaña, que sostienen que la política debe adaptarse a los tiempos del movimiento, y no al revés.⁵⁴ Por último, las militantes entrevistadas de diferentes adscripciones políticas señalan como una barrera adicional a su labor legislativa las divisiones cada vez más intensas (al menos, hasta 2015) entre militantes kirchneristas y de izquierda. La Campaña se vio afectada por el contexto pre-electoral, de creciente polarización política, que por momentos hizo primar las lealtades partidarias a las prioridades feministas, afectando en especial su cabildeo con el FpV.⁵⁵

Las actividades de la Campaña traspasan el cabildeo y se orientan a difundir la problemática del aborto clandestino -principalmente, la muerte de mujeres pobres- y a visibilizarse como actor político a través de actos, manifestaciones, paneles, intervenciones artísticas y conferencias, en distintos puntos del país y en las cercanías del Congreso Nacional. Gracias a la recolección de firmas de la ciudadanía y el apoyo en sondeos de opinión pública, sus activistas afirman que, en la actualidad, la discusión se encuentra plenamente instalada en la sociedad (CEIL-CONICET, 2008). "Se ha logrado la despenalización social del aborto", proclaman.⁵⁶ Esta afirmación de la militancia se reitera en estudios académicos, y erosiona el argumento de legisladores conservadores y progresistas que se resisten al tratamiento legislativo del proyecto sosteniendo que la sociedad no está preparada para dicho debate.

5.2 El activismo judicial para el avance legislativo

Otro punto que enfatizan los estudios comparativos en América Latina es el papel del activismo judicial en los avances legales, en particular, en países con una Corte Suprema independiente (Reuterswärd et al., 2011), como es el caso argentino en el período de nuestro análisis.

Algunos actores clave del movimiento LGBT promovieron precedentes judiciales como forma de generar presión y abrir camino a las reformas legislativas buscadas. Por ejemplo, en el caso de matrimonio, la FALGBT desarrolló su activismo judicial identificando jueces que sentaran jurisprudencia en el fuero de Ciudad de Buenos Aires (como la Jueza Liberatori). Un caso de fuerte repercusión mediática fue el pedido de autorización para casarse de activistas lesbianas, en febrero de 2007.⁵⁷ Otras parejas sumaron posteriormente acciones similares por vía judicial, en Buenos Aires, Rosario y otras ciudades.⁵⁸

En relación al reconocimiento a la identidad de género, el caso de la actriz travesti Florencia de la V. sentó jurisprudencia. Apoyada desde la FALGBT, solicitó autorización judicial para cambiar su nombre anterior, sin pedido ni compromiso de realizar una cirugía de reasignación genital. La autorización, de lo que luego se denominó "doctrina Florencia Trinidad", fue otorgada sin realización de pericias médicas ni de informes ambientales. A su vez, los abogados del FNLIG apoyaron solicitudes similares, ofreciendo patrocinio gratuito a las personas del colectivo trans para cambios registrales (Farji Neer, 2013).

Aunque cuenta con la participación de abogadas, hasta 2012, la trayectoria histórica de la Campaña no se ha destacado por este uso del litigio como herramienta para iniciar el debate legislativo, a pesar de haber acompañado, en varias ocasiones, demandas de ANPs. Previamente al fallo "F.A.L.", la judicialización activa de casos de aborto provenía principalmente de organizaciones confesionales (por ejemplo, "Portal de Belén") cuya intención era impedir la realización de ANPs. En ese período, el activismo feminista judicial consistía en responder, investigar y desarmar los argumentos anti-derechos presentes en los recursos de amparo y en las medidas cautelares de grupos religiosos, que incumplían el Código Penal de 1921. En este sentido, ese período de militancia fue de naturaleza defensiva.⁵⁹

Más recientemente, se ha consolidado esta trama de abogadas y feministas inscriptas en diferentes ámbitos -académico, judicial, organizaciones de mujeres y de derechos humanos- vinculada con la Campaña.⁶⁰ Conservando su autonomía en la toma de decisiones, esta red opera desde el ámbito del derecho, centrada en una estrategia en torno a abortos no punibles. Uno de las repercusiones de su accionar fue el ya mencionado fallo "F.A.L." de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.⁶¹

Después del 2012, esta red cuenta con las características de las redes temáticas de Htun (2003), y ha pasado de acciones defensivas al desarrollo de estrategias de litigio proactivas, partiendo de una idea rectora: que a través de las argumentaciones jurídicas es posible incluir bajo la categoría de aborto no punible casi a cualquier circunstancia de interrupción del embarazo. A su vez, su visión está comprometida con incidir en los programas de educación universitaria y en la formación de profesionales jóvenes.

Esta trama de formación inter-generacional permitió la instalación del aborto como problema de derechos humanos en ONGs, organizaciones de mujeres y de derechos humanos. Esta estrategia se ha plasmado en la colaboración de organizaciones que cuentan con abogadas feministas,⁶² organizaciones centrales a la Campaña, abogadas de diversas provincias, organizaciones que luchan por la desmedicalización del aborto, y mujeres de Partidos Políticos, para iniciar procesos judiciales contra los Estados provinciales y el Estado Nacional cuando no cumplen con el fallo "F.A.L." (Gebruers & Gherardi, 2015).⁶³ Esta red combina espacios universitarios y de la sociedad civil para capacitar a legisladores/as, funcionarios/as y a los departamentos legales de las instituciones de salud. Lleva adelante, a su vez, acciones estratégicas de incidencia legislativa, como jornadas de debate y la publicación de documentos para legisladores, que muestran los argumentos jurídicos para la legalización del aborto como un avance de los derechos humanos (CELS, 2014).

En este último caso, el historial activista ha desarrollado, desde sus comienzos, una serie de acciones enfocadas en el ámbito público, legislativo y de acción directa; y recientemente se ha conformado una red temática fortaleciendo el litigio estratégico para incidir en su tratamiento legislativo.

Conclusión

Al inicio de este artículo nos hemos preguntado si podemos considerar a la Argentina un ejemplo de pink washing (Friedman, 2016), al notar un desfasaje entre el avance de derechos LGBT y los de las mujeres. Ahora bien, el análisis comparativo realizado devela que no se cuenta con dos elementos centrales al concepto. Por un lado, el período analizado se destaca justamente, más que por violaciones de derechos a ocultar, por sus avances en materia de DDHH (Ariza & Saldivia, 2015). A su vez, tampoco se establece una oposición directa entre el kirchnerismo y el movimiento feminista, ni se observa un retroceso explícito en los derechos de las mujeres ya alcanzados, como es el caso de otras administraciones 'progresistas' de la región. En el caso de la Argentina, persisten obstáculos a los derechos no-reproductivos. De ese modo, las tensiones que observamos en el caso argentino plantean la necesidad de desagregar y abordar el estudio específico de cada una de estas políticas de género y sexualidad. En particular, diferenciar aquellas demandas centradas más fuertemente en la desigualdad de las que se apoyan en la noción de diversidad. El acceso al aborto por vías legales "apunta sus cañones sobre una desigualdad estructural más profunda" ((Ariza & Saldivia, 2015:190), lo que marca una diferencia cualitativa con la ampliación de los derechos LGBT, en torno a la inclusión en la figura legal del matrimonio y el reconocimiento a la identidad de género auto percibida.

Por el otro lado, no hay evidencia de un cálculo estratégico de costos y beneficios por parte de las sucesivas administraciones, que tenga como finalidad complacer a observadores externos. Nuestra comparación de los procesos de reforma muestra que estas discontinuidades son el producto de los ensambles entre instituciones, procesos y actores políticos centrales, en las cuatro dimensiones aquí descriptas.

En primer lugar, nuestros resultados muestran que el momento político (timing) tuvo incidencia en el éxito de las propuestas de los movimientos LGBT. Tanto la FALGBT como el FNLIG encontraron ventanas de oportunidad en el período de mayor popularidad del kirchnerismo (2003-2007 y 2007-2011), marcado por índices favorables, una mejor imagen pública y una agenda de derechos abierta a las demandas de los colectivos sexopolíticos.

A su vez, y en ambos casos, la conflictividad entre el Estado Nacional y la Iglesia Católica, en los dos primeros gobiernos kirchneristas (2003-2007 y 2007-2011), abrió oportunidades para que activistas LGBT logren reformas progresistas en temas sensibles para la Iglesia. Lo relevante para el caso argentino es que la incidencia de la Iglesia en este tipo de reformas progresistas no se basa, ni en su influencia directa en el voto popular, ni en su presencia en la legislatura, a través de partidos religiosos o de derecha. Aquí, lo distintivo es su incidencia en el comportamiento del Poder Ejecutivo marcado por sus momentos de cooperación o conflicto con la cúpula eclesiástica.

En contraste, esta coyuntura política no fue una ventana de oportunidad para el proyecto del feminismo, presentado en cuatro oportunidades al Congreso. Durante el período de conflicto entre gobierno e Iglesia, el proyecto de IVE no contaba con las firmas necesarias para lograr su tratamiento legislativo (contaba con 22 en 2007). Mientras el proyecto iba cosechando firmas entre los legisladores (aumentó a 67 en 2014), el Poder Ejecutivo comenzó a revincularse con la Iglesia, al asumir el argentino Bergoglio como Papa Francisco.

En este escenario se conjugan, a su vez, barreras institucionales tales como la falta de apoyo de autoridades de las comisiones legislativas y el comportamiento del partido mayoritario (FpV) en la Cámara de Diputados, donde parte de sus legisladores -considerados 'progresistas' (Pecheny 2003)- o de las firmantes del proyecto han mostrado reticencias en cabildearlo activamente. Este comportamiento se explica en gran medida por la ausencia de apoyo al proyecto de legalización del aborto expresada en los últimos años por la presidenta Cristina Fernández y voceros del gobierno, como por ejemplo Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete de Ministros.⁶⁴ El sistema político presidencialista, combinado con la lógica verticalista de organización del peronismo, resulta en una relevancia adicional de la posición que el Poder Ejecutivo adquiera, generando costos y beneficios al interior del FpV, que coartan esta demanda del feminismo. Así, a pesar del número creciente de legisladores/as firmantes -donde, resaltamos, la actual mayoría representa al FpV- el proyecto no ha conseguido sortear aún la instancia de debate en las comisiones del Congreso Nacional.

Este punto subraya los efectos informales de este sistema político. En el contexto de los sistemas presidencialistas latinoamericanos, la incidencia de la posición presidencial sobre los/as legisladores/as de su partido (FpV), que se considera 'progresista' y es mayoría en ambas cámaras, es una variable estructurante del campo de acción de los movimientos para lograr reformas legales. Este punto distancia nuestro análisis de los estudios comparativos de reformas legislativas en sistemas parlamentarios, que analizan exclusivamente las dinámicas al interior de la legislatura.

Asimismo, fueron aspectos favorecedores en el caso del matrimonio, y de algunos aspectos de la ley de identidad de género -específicamente, el cambio registral-, el que tuvieran bajos costos de implementación. Esto explica que se hayan reglamentado tardíamente los artículos de la ley de identidad de género sobre tratamientos hormonales o quirúrgicos gratuitos. Estos tratamientos, y en mayor medida, la realización de abortos de forma legal y gratuita, implican costos económicos relativos a la adecuación y capacitación de los servicios de salud, y un proceso de negociación, con obras sociales públicas y privadas, que un trámite de casamiento o un cambio registral no requieren.

Dadas estas condiciones institucionales, se observan diferencias en la construcción de los marcos de interpretación y las estrategias comunicacionales de las tres demandas, para lograr el apoyo de la opinión pública, los medios masivos de comunicación y las/os legisladoras/es. Hemos percibido una mayor capacidad de acercamiento entre los discursos activistas por el matrimonio y la identidad de género al discurso kirchnerista de inclusión, celebración de la diversidad y ampliación de derechos presentes en las agencias estatales. El derecho a la identidad y las lógicas familiaristas fueron un canal de conexión entre los proyectos políticos nacionales y los referentes más salientes del colectivo LGBT del período. No advertimos este acercamiento entre discursos estatales y activistas en el caso del derecho al aborto, en el que compiten diversos marcos interpretativos y sistemas de valores. En este caso, prevalecen marcos interpretativos que despliegan una puja poderosa de cosmovisiones en torno a la autonomía del cuerpo de las mujeres, y pone de relieve condiciones de desigualdad de clase; de hecho, presenta una disputa con lógicas familiaristas históricas del peronismo. Como propone Omar Acha, "una de las maneras de decir 'peronismo' es establecer su nexo entre sexualidad y erotismo, entre deseo y Estado, entre pueblo y goce" (2013:17).

En cuanto a las diferencias de organización activista, hemos apuntado a identificar el desarrollo de redes temáticas (issue networks), eficaces para lograr la aprobación de leyes en temas de género y sexualidad (Htun, 2003), así como también los usos del activismo judicial como antesala del cabildeo legislativo, cuando contamos con una Corte Suprema de Justicia independiente (Reuterswärd et al., 2011). En el caso del matrimonio e identidad de género, tanto la construcción de redes temáticas como la consecución de fallos judiciales favorables fueron acciones impulsadas previamente o en paralelo a la demanda de la ley. En el caso de aborto, en tanto, que comienza con una tradición movimentista, sólo recientemente se ha fortalecido el armado de redes y el litigio estratégico. La Campaña ha tenido en primer término un foco de expansión territorial en el movimiento de mujeres, apuntando a construir un piso de legitimidad para el reclamo legislativo, y recientemente ha subrayado la profesionalización en términos judiciales o de cabildeo, ámbito donde se enfrenta con las trabas políticas analizadas.

De este modo nuestra hipótesis final es que al contexto de particularidades políticas, históricas e institucionales trabajadas a lo largo del artículo, el movimiento feminista está respondiendo con una diversificación paulatina de estrategias y líneas de acción múltiples. Así es que, al tiempo que continúa avanzando por la demanda de legalización y la visibilización de problemáticas vinculadas a la clandestinidad del aborto, emergen otras estrategias contemporáneas. Por un lado, se conforman y expanden organizaciones dentro y fuera de la Campaña, con líneas de acción territorial, que realizan consejerías y atención directa, para ampliar el acceso de las mujeres al aborto medicamentoso con misoprostol. A su vez, actualmente operan redes temáticas centradas en el activismo judicial y el litigio estratégico, con miras a extender la aplicación de los abortos no punibles. Esta red temática fue un actor central en el logro de fallos de la Corte Suprema de Justicia; permea los espacios de la sociedad civil y construye vínculos para el litigio estratégico con organizaciones feministas y de derechos humanos.

Esta articulación y porosidad que observamos en la reciente conjunción entre activismo judicial y movimientos feministas, y la diversificación de acciones y organizaciones que actúan en múltiples niveles -territorial, de acción directa, legislativo, judicial- va a ser necesaria para hacer frente al escenario político post-2015, donde se vislumbraron resultados conservadores en las elecciones nacionales y cambios en los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que no favorecen las demandas del feminismo.

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• TARDUCCI, M. & RIFKIN, D. 2010. "Fragmentos de historia del Feminismo en Argentina" En: CHAHER & SANTORO (eds.) Las palabras tienen sexo II Buenos Aires: Artemisa Comunicación Ediciones.

• 1
  Esta investigación fue parte de un proyecto regional "Contesting the Transformation: Gender, Sexuality, and the Latin American Left" dirigido por Elisabeth Jay Friedman, Professor of Politics and Latin American Studies, University of San Francisco.
• 2
  Aun cuando sus vínculos están marcados por coyunturas políticas y trayectorias históricas particulares, varios estudios consideran que los gobiernos progresistas -de izquierda o centro-izquierda- y los períodos de mayor apertura democrática son los más propicios para la incidencia de los movimientos de mujeres, feministas y LGBT. Para análisis empíricos de esta hipótesis desde diversas perspectivas véase: Friedman (2009); Molyneux (2003); Htun (2003). Bajo la categoría Pink Tide se incluyen los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
• 3
  Agradecemos a Mónica Tarducci por la sugerencia de incorporar el debate regional en el cuerpo del artículo. A su vez, agradecemos a las dos personas que realizaron las evaluaciones anónimas, por sus sugerencias para enriquecer nuestro trabajo.
• 4
  Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Expediente 2249-D-2014.
• 5
  Por ende, ricos y complejos sectores y organizaciones del activismo, comúnmente ligados al anarquismo, el punk, el arte, o que no demandan al Estado para lograr el cambio social, han quedado por fuera del presente artículo.
• 6
  Este período, caracterizado como una década de avances, tiene un record mixto en indicadores sociales. Después de las mejoras iniciales obtenidas, desde el 2012, las condiciones sociales se han estancado o descendido (Kessler, 2014).
• 7
  En el período analizado también se aprobaron: Cupo sindical femenino (Ley 25.674/2002); Prevención y Sanción contra la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas (Ley 26.842/2012); Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844/2013).
• 8
  Ver: http://www.falgbt.org/
• 9
  De los votos afirmativos, casi el 37% corresponde al FPV, sin contabilizar otras fracciones provinciales del Partido Justicialista ni aliados, como el partido de Nuevo Encuentro.
• 10
  El Frente se formó en 2010 para sancionar una ley que garantice el derecho a la identidad de las personas trans. Lo componen: A.L.I.T.T., Cooperativa "Nadia Echazú", Hombres Trans Argentinos, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, Futuro Trans, Encuentro por la Diversidad (Córdoba), MISER, Antroposex, Viudas de Perlongher, Jóvenes por la Diversidad, Escénika Arte y Diversidad, Cero en Conducta (Santiago del Estero), ADISTAR-Salta, Comunidad Homosexual Argentina, Apid, Crisálida (Tucumán), AMMAR Córdoba, y activistas independientes. Ver http://frentenacionaleydeidentidad.blogspot.com.ar/
• 11
  Organización fundada en 2005, ver: http://www.abortolegal.com.ar/
• 12
  http://www.cepal.org/oig/WS/getCountryProfile.asp?language=spanish&country=ARG
• 13
  La población se considera creyente pero no es practicante en su mayoría. En este punto se distingue de, por ejemplo, Brasil.
• 14
  Verbitsky, H. "El pasado me condena", en Página/12, 11 de abril de 2010; "Jalics y Yorio dijeron que Bergoglio los entregó" en Página/12, 18 de abril de 2010.
• 15
  El fallo F.A.L. - s/medida autosatisfactiva, aclara la interpretación del artículo 86 del Código Penal acerca de la no punibilidad de los abortos. Reafirma el concepto de no judicialización y aclara en qué casos la práctica del aborto es no punible (en todo tipo de violación y si está en riesgo la vida o la salud de la mujer). En este sentido, sentó las bases para que finalizara la obstaculización de sectores de la salud y la justicia al derecho al acceso al ANP. Para un análisis del ANP en el derecho argentino, ver Bergallo & Michel (2009).
• 16
  http://www.noticiacristiana.com/sociedad/iglesiaestado/2010/07/iglesia-catolica-en-argentina-matrimoniohomosexual-es-una-movida-del-diablo.html (acceso Julio 2011).
• 17
  Periódico EL PAÍS de España, Gallego-Díaz, Soledad, "'Guerra de Dios' contra las bodas gays en Argentina", Buenos Aires, julio, 2010. http://internacional.elpais.com/internacional/2010/07/14/actualidad/1279058406_850215.html
• 18
  Entrevista, activista, Campaña, 9-12-2015.
• 19
  No contamos con partidos religiosos (como la bancada evangélica en Brasil), ni con partidos de colisión (como en Chile por ejemplo), lo que favorece los proyectos en materia de género y sexualidad: (Reuterswärd et al. 2011).
• 20
  Ariza y Saldivia (2015) incorporan asimismo la mención del "personalismo argentino", en referencia a las figuras de la presidenta Cristina F. de Kirchner y del Papa Francisco, cercanos en los últimos años de kirchnerismo, como parte de los factores de influencia que han trabado el reconocimiento del derecho al aborto en nuestro país.
• 21
  Este proyecto de ley se trató en Diputados en las comisiones de Legislación General, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y en Senadores en la comisión de Legislación General.
• 22
  Entrevista a activista FALGBT, 5/12/2014.
• 23
  Entrevista a legisladora, FpV, 16/12/2014, y a ex diputada nacional, 05/12/2014.
• 24
  Senadoras Marina Riofrío, de San Juan, y Anda Iturrez, de Santiago del Estero.
• 25
  Entrevista a legisladora, FpV, 16/12/2014.
• 26
  Para una descripción de los distintos proyectos previamente a su unificación ver Farji Neer y Castro (2011). Los artículos sobre salud fueron los más controversiales y se temía que operaran como una traba a la hora de conseguir la mayoría de votos, pues implican una inversión de presupuesto del Estado, obras sociales y empresas de medicina prepaga. En marzo de 2015 se elevó una carta al Ministro de Salud firmada por decenas de agrupaciones solicitando la reglamentación, finalmente lograda.
• 27
  Este proyecto de ley fue tratado en Diputados en la comisión de Legislación General y Justicia, y en Senadores en las comisiones de Legislación General y Población y Desarrollo Humano.
• 28
  Entrevista a abogada, FALGBT, 5/12/2014. La expresión remite a que se aprobó sin traba alguna
• 29
  Entrevista a abogado, FNID, 16/12/2014.
• 30
  Entrevista a ex diputada nacional, Frente Grande, 05/12/2014.
• 31
  Entrevista abogada, FALGBT, parte de la Campaña, 5/12/2014, y Entrevista a activista, Campaña, 05/12/2014.
• 32
  Ver: http://www.infobae.com/2014/11/03/1606192-la-despenalizacion-del-aborto-no-es-un-tema-debatir-esta-argentina-dividida
• 33
  Este proyecto se asignó en Diputados a las comisiones de Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
• 34
  Versión taquigráfica, Comisión de Legislación Penal, 4-11-2014.
• 35
  Entrevista a legisladora, FpV, 16/12/2014.
• 36
  Como Diana Conti (FpV), Victoria Donda (Libres del Sur) y Manuel Garrido (UCR), entre otros.
• 37
  Entrevista, legisladora, FpV, 16/12/2014. El comportamiento de Diana Conti en el debate en comisión es paradigmático de este argumento.
• 38
  Entrevista a ex diputada nacional por Frente Córdoba Nueva - Frente Grande, 05/12/2014.
• 39
  En este punto coincidieron una integrante de la Campaña y militante sindical (entrevistada en enero de 2015) y una ex legisladora por el Partido Justicialista (entrevista en el mismo mes).
• 40
  Entrevista a activista, la Campaña, 05/12/2014.
• 41
  La votación en Cámara de Diputados se llevó adelante con la presencia de 241 parlamentarios (de un total de 257).
• 42
  Entrevista, abogada y activista, FALGBT, 5/12/2014.
• 43
  Para Acha (2013), la lógica sentimental del familiarismo y del presidente-padre es una de las significaciones populares del peronismo.
• 44
  La votación en la Cámara baja se realizó con la presencia de 192 diputados (de un total de 257), y en Senadores, los presentes al momento de la votación fueron 56 (de un total de 72).
• 45
  Entrevista a abogado, FNLIG, 16/12/2014.
• 46
  Estos sectores afirman: "asimilan el término 'concepción' al de 'fecundación'. En su apoyo, citan investigaciones obsoletas o diversos estudios carentes de consenso o rigor científico u opiniones aisladas de académicos, científicos, o cientistas sociales" (CELS, 2015:15).
• 47
  Versión taquigráfica, Comisión de Legislación Penal, 4-11-2014.
• 48
  Entrevista, activista, FALGBT, 5/12/2014.
• 49
  Resultó clave el despacho de Diana Conti para el trabajo de unificación de los proyectos (Entrevista a abogadx FNLIG, 16/12/2014).
• 50
  La postura sanitarista subraya que el aborto inseguro causa muertes y secuelas graves a las mujeres, especialmente a las más pobres. La postura emancipatoria entiende al aborto como una forma de revelarse/resistir contra el régimen patriarcal heterosexual/capitalista (Ariza & Saldivia 2015:191, nota 16).
• 51
  Ver: http://www.abortoconpastillas.info/ y http://socorristasenred.blogspot.com.ar/
• 52
  Los Encuentros constituyen una práctica del movimiento de mujeres en Argentina, que se destaca por su carácter federal, su concurrencia masiva y su continuidad histórica. Se realizan anualmente desde 1986.
• 53
  Entrevista a Asesores de legisladores, FpV, 06/12/2014.
• 54
  Entrevista a Activista, Campaña, 18/12/2014
• 55
  Entrevista a Activista, Campaña, 05/12/2014.
• 56
  Entrevista a ex diputada nacional, Frente Córdoba Nueva - Frente Grande, 05/12/2014.
• 57
  Se trató de María Rachid y Claudia Castro. El Registro Civil de la ciudad denegó su pedido y posteriormente, las activistas presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Nacional en lo Civil de Familia, patrocinada por los abogados de la FALGBT. Dicho recurso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
• 58
  http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-99810-2008-02-28.html
• 59
  Entrevista a abogada feminista, red de abogadas feministas por los derechos sexuales y reproductivos, Universidad de Palermo, 11/12/2014.
• 60
  En especial con sus organizaciones principales, destacándose Católicas por el Derecho a Decidir.
• 61
  Entrevista a abogada, 11/12/2014; Entrevista a abogada, activista, 02/12/2014.
• 62
  Como ADC (Asociación por los Derechos Civiles), Amnistía Internacional Argentina, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).
• 63
  Por ejemplo, en 2012, se presentó un amparo colectivo contra el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "Asociación por los Derechos Civiles y otros contra GCBA sobre Amparo (art. 14 CCBA)", Expediente N°46062, Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°2, Sec. N°4. Cámara CAYT, Sala III. En 2014 se presentó una acción colectiva contra el gobierno nacional: "Centro de Estudios Legales y Sociales y otros c/ en-m salud s/proceso de conocimiento", Expte. N° 71865/2014, juzgado en lo civil y comercial federal N° 8 sec. 16.
• 64
  Lo que responde, en buena medida, al período de cooperación del Poder Ejecutivo nacional con la cúpula eclesiástica.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  Abr 2016

Histórico

• Recibido
  07 Nov 2015
• Acepto
  29 Feb 2016