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DOSSIER LA TEORÍA DEL DISCURSO EN DEBATE: DEMOCRACIA Y POPULISMO • Sociologias (Online) 27 • 2025 • https://doi.org/10.1590/1807-0337/e143281 linkcopiar

Open-access Populismo y derechos. La lucha del colectivo travesti/trans por la inclusión laboral en Argentina

Populism and rights. The struggle of the travesti/trans collective for labor inclusion in Argentina

AutoríaSCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

    Resumen

    En el presente artículo reflexionamos sobre el devenir identitario del colectivo travesti/trans argentino en el marco de las luchas por la inclusión laboral que culminaron en la aprobación de la Ley nacional “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, en el 2021. Asumiendo los supuestos onto-epistemológicos y metodológicos de la teoría y el análisis político del discurso inspirado en la obra de Ernesto Laclau, examinamos el proceso de identificación política que provocaron estas luchas por el acceso al trabajo. Analizamos las diferentes enunciaciones de las demandas de inclusión que formularon, como así también las estrategias que desplegaron en su defensa, la frontera antagónica que trazaron con un proyecto político neoliberal que definieron como “antiderechos” y el proceso articulatorio que se produjo en el marco de la lucha por el acceso al trabajo con otras organizaciones políticas y sociales, que coadyuvaron a lo que denominamos “peronización del colectivo travesti/trans”. Por último, caracterizamos la lógica populista que, desde nuestro punto de vista, articuló el discurso de derechos desde el cual el colectivo travesti/trans enunció sus demandas de inclusión.

    Palabras clave:
    identificación política; articulación populista; análisis del discurso

    Abstract

    In this article we reflect on the identity development of the Argentine travesti/trans collective in the context of the struggles for labor inclusion that culminated in the approval of the national law “Diana Sacayán-Lohana Berkins” in 2021. Assuming the onto-epistemological and methodological assumptions of political theory and discourse analysis inspired by the work of Ernesto Laclau, we examine the process of political identification provoked by these struggles for access to work. We analyze the different enunciations of the demands for inclusion they formulated, as well as the strategies they deployed in their defense, the antagonistic border they drew with a neoliberal political project they defined as “anti-rights” and the articulatory process that took place in the framework of the struggle for access to work with other political and social organizations that contributed to what we call “peronization of the travesti/trans collective”. Finally, we characterize the populist logic that, from our point of view, articulated the discourse of rights from which the travesti/trans collective enunciated its demands for inclusion.

    Keywords:
    political identification; populist articulation; discourse analysis

    1. Introducción

    En este artículo reflexionamos sobre el devenir identitario del colectivo travesti/trans argentino, en el marco de las luchas por la inclusión laboral que llevó adelante este activismo, con posterioridad a la aprobación de la ley de identidad de género en el año 2012. Dichas luchas estuvieron signadas por un cambio fundamental que operó en el escenario político, el cual se reconfiguró a nivel nacional con el triunfo electoral de la alianza neoliberal “Juntos por el Cambio”1 en las elecciones presidenciales del 2015. En esta coyuntura crítica, las luchas del activismo travesti/trans se fueron entrelazando con las de otros movimientos populares y reforzando así las cadenas de solidaridades que ya se habían forjado durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). En ese sentido, nos proponemos rastrear las huellas de una interpelación populista en el léxico político con el cual el colectivo travesti/trans enunció las demandas de cupo e inclusión laboral, hasta conseguir la sanción de la ley nacional “Diana Sacayán-Lohana Berkins” en 2021. A tales fines, apelamos a la teoría y análisis político del discurso, inspirado en la obra de Ernesto Laclau (1993, 1996, 2005, Laclau; Mouffe, 1987). Este enfoque privilegia el momento de la articulación política y hace de la hegemonía la categoría central de análisis2. Por discurso entendemos no sólo el lenguaje escrito o hablado, sino toda práctica significante, es decir, toda acción portadora de sentido. Desde nuestra perspectiva teórica-epistemológica, el análisis del discurso no supone la aplicación de ninguna metodología específica, entendida como serie estandarizada de pasos para llegar a un resultado. Contrariamente a una concepción técnica de la investigación, en un ejercicio creativo y de producción artesanal, nos apropiamos de diversos métodos y los reformulamos según los supuestos onto-epistemológicos del posestructuralismo (antiesencialistas y posfundacionales)3. Bajo este marco, adquieren importancia central las narrativas y tradiciones políticas desde las cuales se enuncian los discursos y se invisten de sentidos las prácticas de lucha travestis/trans4. A fines de reconstruir dichos sentidos, analizamos materiales heterogéneos: informes de investigaciones sociales, comunicados públicos e intervenciones artísticas de los activismos, slogans, notas periodísticas, discursos pronunciados en manifestaciones políticas; como así también entrevistas en profundidad y registros de la observación participante que realizamos en eventos relevantes para los activismos travestis/trans durante el período de ejecución de esta investigación (2019-2023)5.

    El artículo se divide en cuatro apartados. En el primero, analizamos el contexto de emergencia de la demanda de acceso al trabajo para el colectivo travesti/trans, mostrando las disputas que se produjeron en el seno de este activismo y las diferentes modalidades enunciativas de dicha demanda. Nos enfocamos en el proceso de identificación política que habilitó esta lucha, al que denominamos “peronización del colectivo travesti/trans”. Consideramos que lo novedoso de este proceso fue el involucramiento de dicho activismo en una instancia inédita de participación política que lo acercó a la tradición peronista – actualizada por el kirchnerismo –, adquiriendo su discurso una impronta populista (Laclau, 2005)6. En el segundo y tercer apartados, caracterizamos los contextos políticos en los cuales las demandas de cupo e inclusión laboral fueron ganando visibilidad en la escena pública, a medida que se fue consolidando un proceso de articulación política entre los activismos travestis/trans con otras organizaciones sociales – de la diversidad sexual, de derechos humanos, sindicalistas, feministas, de la economía popular. Para comprender dicho proceso articulatorio, consideramos necesario caracterizar los cambios que se fueron operando en la escena política: primero, con el triunfo de “Juntos por el Cambio” en las elecciones nacionales del 2015 y, luego, con el gobierno del “Frente de Todos” (2019-2023)7. Sostenemos que la articulación se dio en un juego de antagonismo con el gobierno de Mauricio Macri y de inscripción en el discurso populista del kirchnerismo, en tanto las cadenas de solidaridades forjadas con otras luchas populares fueron un efecto del trazado de la frontera con el gobierno macrista y sus políticas refractarias al paradigma de los derechos. En el último apartado, reflexionamos sobre la crítica y el cuestionamiento a un orden social excluyente por parte del colectivo travesti/trans, el cual asume con voz propia la denuncia de haber sido históricamente un grupo marginado y abyecto. En ese sentido, rastreamos en el discurso de este activismo las huellas de una interpelación populista, entendiendo por tal aquella que divide a la sociedad en dos cuando denuncia el daño perpetrado hacia un sector de la comunidad, el cual en nombre de ese desmedro reclama para sí los derechos que le pertenecen al pueblo, ensanchando los límites de la vida comunitaria. Para concluir, analizamos la lógica populista que, desde nuestra óptica, articuló el discurso de derechos del colectivo travesti/trans en el marco de las luchas por la inclusión laboral. Caracterizamos dicha lógica y mostramos los efectos identitarios que tuvo en dicho activismo, a partir de categorías teóricas y analíticas provenientes de estudios locales sobre populismo. Para finalizar, integramos las principales ideas de este artículo en una reflexión final.

    2. El contexto de emergencia de las demandas de acceso al mundo del trabajo para el colectivo travesti/trans

    Después del reconocimiento de la ciudadanía formal para la comunidad travesti/trans que significó la sanción de la ley de identidad de género durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en el seno de este activismo comenzó a esbozarse una demanda de inclusión que supuso una serie de debates en torno a su sentido y alcance. Es decir, comenzó una nueva lucha con el objetivo de llenar de contenido esa ciudadanía, dejando en evidencia que el reconocimiento de la identidad de género auto percibida era una condición necesaria pero no suficiente para el ejercicio de los derechos. Así fue como empezaron a politizar diversos malestares: desempleo y pobreza estructural, exclusión del sistema educativo y sanitario, violencias específicas hacia las infancias travestis/trans, hacinamiento en pensiones y hoteles, muertes en condiciones de vida aberrantes a las cuales le llamaron “travesticidios sociales”, como así también asesinatos cometidos por odio a su identidad de género: travesticidios, transfemicidios y transhomicidios8.

    En el marco de esta lucha por visibilizar las condiciones de vida en extrema vulnerabilidad de la comunidad travesti/trans, lxs dirigentes más reconocidxs alegaron que la prioridad era garantizar el acceso al trabajo, porque ésa sería la puerta de entrada a los demás derechos. Así fue como el activismo travesti bonaerense empezó a militar una ley de cupo laboral en el Estado provincial, entendiendo que dicha medida de discriminación positiva era el puntapié de una serie de políticas sociales tendientes a la inclusión de este colectivo. Ahora bien, no hubo un consenso unánime e inmediato respecto al sentido y alcance del derecho a la inclusión. Al igual que con la ley de identidad de género, rápidamente se escucharon voces discordantes dentro del colectivo: algunas plantearon la necesidad de una inclusión laboral que contemple también la contratación privada y otras se manifestaron a favor de una concepción de la inclusión más integral, que suponga políticas activas también en materia habitacional, sanitaria, educativa, previsional, etc. En este escenario de debates, y al calor de un proceso de organización política del activismo travesti/trans a nivel nacional, se fue forjando también una demanda de reparación histórica para aquellas sobrevivientes a la violencia institucional sufrida tanto en dictadura como en democracia9. De alguna manera, todas estas reivindicaciones apuntaban a lograr una efectiva inclusión social de la comunidad travesti/trans. Y las disputas por los sentidos de esta inclusión se fueron haciendo públicas en el marco de un proceso de articulación que involucró una participación política inédita por parte del activismo, como así también en instancias estatales que tuvieron a su cargo el diseño de leyes y políticas públicas. En las páginas que siguen vamos a recorrer el camino que inició el colectivo, desde el esbozo de sus primeras demandas de acceso al mundo del trabajo hasta la aprobación de la ley nacional “Diana Sacayán-Lohana Berkins”. Sostenemos que, en este nuevo período, la interpelación kirchnerista al colectivo – discurso de derechos centrado en los ideales de igualdad y justicia social en el marco de la lucha por la ley de identidad de género (Azarian; Allione Riba, 2022) – cobró vigor y se puso de manifiesto en las relaciones que el activismo travesti/trans entabló con otras agrupaciones políticas y sociales, como así también en el léxico a través del cual dicho activismo enunció sus principales reivindicaciones de inclusión. A dicho proceso de identificación política lo nombramos “peronización del colectivo travesti/trans”. Nuestra apuesta interpretativa es que hubo un desplazamiento político importante en el pasaje de la demanda de identidad a la de trabajo, efecto de un proceso de articulación populista que afectó al activismo travesti/trans, el cual se apropió del discurso de los derechos y de la justicia social que históricamente sostuvo el peronismo y fue actualizado por el kirchnerismo en el siglo XXI, incluyendo nuevas luchas como las que aquí estamos abordando. En el imaginario peronista, el estatus de ciudadanía y los derechos que ella conlleva se ligan inextricablemente a la posición de sujeto trabajador, en un modelo de inclusión que se condensa en la bandera de justicia social. Y bajo esta bandera, el trabajo se instituye como piedra basal, es decir, encadena los demás derechos a ese derecho particular, logrando así la efectiva inclusión en la comunidad. Ahora bien, en Argentina, la crisis del 2001 puso de manifiesto un proceso de exclusión masiva del mundo del trabajo como consecuencia de las políticas neoliberales de los noventa, lo que significó una pérdida del estatus formal de trabajador en gran parte de la población. Fue precisamente en ese contexto de dislocación cuando el discurso kirchnerista revitalizó la tradición peronista, haciendo del significante “inclusión social” un punto nodal y disputando la hegemonía en el escenario político post-2001. Sostenemos que, como efecto de dicho proceso de articulación política, el colectivo travesti/trans enunció la demanda de inclusión laboral y logró su materialización en una ley nacional. Recorramos en detalle el proceso de construcción y legitimación de dicha reivindicación.

    Un hito del proceso de articulación política por los derechos laborales para el colectivo travesti/trans fue la aprobación, en el año 2015, en la provincia de Buenos Aires, de un instrumento jurídico que garantizaba un cupo laboral en el Estado: la ley provincial Diana Sacayán, que adquirió dicho nombre en honor a quien fue la principal impulsora de esta normativa, junto a su organización: el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL, en sus siglas)10. La definición de un cupo laboral en el sector público fue una decisión estratégica, cuyo fundamento era que el trabajo es el primer derecho, en un doble sentido: el más importante para la supervivencia y el vector hacia otros derechos sociales vulnerados. Con estas palabras, daba cuenta Diana Sacayán de las razones que impulsaron la lucha por el cupo laboral en Buenos Aires y los pasos que dieron hasta la consecución de dicha ley:

    La importancia que tiene para nuestro colectivo una ley así es que tenemos una población que tiene problemas serios para insertarse en el mercado laboral. Venimos trabajando en gestión hace muchos años en relación al acceso al empleo para el colectivo trans, por ejemplo en experiencias cooperativas. La primera fue la de Lohana Berkins, la cooperativa Nadia Echazú, que luego se replicó en distintas partes del país. Ya en 2011, nos encontramos para armar un diagnóstico en cuanto al acceso al empleo. A partir de esto, [...] se pudo diagramar de una manera conjunta con el Inadi que se firme un convenio entre el Ministerio de Trabajo y el Inadi para promover el empleo para este colectivo [...]. También logramos la creación de seguros de capacitaciones de empleo y se abrieron cupos de otros programas con los que cuenta la Secretaría de Empleo para que las personas trans adhieran. Por otro lado, en Matanza, creamos el proyecto Cristina Kirchner de formación profesional laboral para personas trans. Terminamos con eso y ahora estamos con otro proyecto de entrenamiento para el trabajo. A partir de esto, pusimos en discusión la creación de políticas públicas (Alonso, 2015).

    La cita revela un trabajo sostenido por parte del activismo con el objetivo de visibilizar la extrema necesidad de esta comunidad. Remonta los orígenes de la demanda al 2011, cuando se estaba gestando la sanción de la ley de identidad de género: evidentemente la exclusión laboral fue un malestar que el colectivo travesti/trans pudo politizar en dicha oportunidad, pero no logró inscribirlo como derecho laboral en el orden jurídico. Sobre ese resto de politización y, a partir de la identificación política con el kirchnerismo que se venía dando, comenzó un proceso de articulación que, como señala Diana Sacayán, supuso desde el primer momento la participación por parte del activismo travesti/trans en diversas instancias estatales. Sostenemos que en dicho proceso articulatorio se pueden advertir los efectos de la interpelación kirchnerista a demandar nuevos derechos, llamado que surtió efectos en el marco de la lucha por la identidad de género, cuando la noción de igualdad empezó a construir un lenguaje que el colectivo travesti/trans hizo propio en sus reclamos. En el discurso de Sacayán, la plenitud ciudadana se simbolizaba con el nombre de una líder política: según la activista travesti, el gobierno de Cristina Kirchner significó un nuevo tiempo para el colectivo, el cual fue convocado a diseñar leyes y políticas públicas, generando un cambio en la representación que tenía dicho activismo del Estado, que hasta la sanción de la ley de identidad de género sólo respondía con discriminación y represión a sus demandas (Sabsay, 2011). La aprobación de dicha ley no volvió kirchnerista al colectivo travesti/trans por un hecho de cooptación, asimilación, sugestión, manipulación y/o demagogia, como sostuvo buena parte de la literatura académica sobre el vínculo entre kirchnerismo y movimientos sociales.11 Como demostramos en trabajos anteriores (Azarian, 2021), la ley de identidad de género era el resultado de una larga lucha del activismo travesti/trans; los gobiernos kirchneristas sólo generaron condiciones de posibilidad para la articulación de este activismo con otros movimientos sociales, los cuales también enunciaron sus demandas desde un discurso de derechos que se sedimentó en aquellos años. Dicho proceso articulatorio afectó el desarrollo identitario del colectivo travesti/trans, el cual dejó de posicionarse en su discurso como una minoría sexual que reclamaba reconocimiento de la diferencia, para reivindicarse como parte del pueblo trabajador, sujeto histórico del peronismo, resignificado por el kirchnerismo en su interpelación a todxs lxs excluídxs. Dicha posición de sujeto puede advertirse en los discursos activistas que se propagaron en distintos puntos del país en el marco de esta lucha:

    Yo sé que lo único que me va poder dar ese derecho que yo persigo, que necesito y me corresponde, es el peronismo, porque el peronismo es hacedor de derechos [...] todos los derechos que tenemos a nivel laboral y social fueron creados por el peronismo: el aguinaldo, el voto femenino, las vacaciones [...] en algún momento se van a dar cuenta que nosotras también necesitamos ese derecho, y que los únicos que nos van a poder dar ese derecho son ellos, como hizo en su momento Néstor Kirchner con la ley de matrimonio igualitario, como en su momento se dio cuenta Cristina Fernández con la ley de identidad de género y yo pienso que el peronismo que está ahora es el que nos va a asegurar poder acceder a ese derecho que solamente el peronismo nos puede dar, que es poder tener el derecho a poder elegir y decidir de qué queremos trabajar (Ivanna Aguilera, 2020, s/n)12.

    En primer lugar, esta última cita revela un entrelazamiento del activismo travesti/trans con una tradición política populista, portadora de un discurso de derechos, como lo fue históricamente el peronismo. Cierto es que, hasta la llegada del kirchnerismo, el peronismo se había mostrado impermeable al activismo de la diversidad sexual y de los derechos humanos en general. Sin embargo, como señalan Mercedes Barros y Virginia Morales (2024)13, un cambio decisivo se produjo con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, momento a partir del cual rastros de esa retórica popular, de sus símbolos y significantes principales, comenzaron a manifestarse progresivamente en las luchas por los derechos humanos. Esta contaminación entre el discurso de los derechos humanos y la tradición peronista afectó también a los activismos que, en nombre de los derechos humanos y mediante una apertura semántica de dicho léxico, venían enarbolando sus banderas y reivindicaciones, como lo hizo el colectivo travesti/trans desde la década del noventa (Azarian, 2024). Por último, una peculiaridad a destacar del testimonio citado es que inscribe los logros en un continuum histórico permitiéndole articular las conquistas de derechos que se produjeron durante los primeros gobiernos peronistas – aguinaldo, vacaciones pagas, voto femenino – con el proceso de ampliación de derechos que se dio durante los gobiernos kirchneristas, en el cual el activismo de la diversidad sexual logró la aprobación de leyes de avanzada – matrimonio igualitario, identidad de género – que fueron superficie de inscripción de la posterior demanda de inclusión laboral travesti/trans que enuncia la entrevistada. En ese sentido, sostenemos que esta última reivindicación produjo una nueva modulación en el proceso de subjetivación política del colectivo travesti/trans y afectó su devenir identitario. Veremos las implicancias del proceso de “peronización” del colectivo travesti/trans en las siguientes páginas, particularmente cuando analicemos el posicionamiento político de las activistas, las alianzas y cadenas de solidaridades que se gestaron en el marco de la lucha por los derechos laborales, los vínculos que se entablaron con el Estado y con otras organizaciones sociales.

    3. El cambio de escenario político y su incidencia en las luchas del colectivo travesti/trans

    En Argentina, desde el 2015, con la emergencia del colectivo “#Ni una menos” frente a la violencia de género, los feminismos y activismos sexo-genéricos experimentaron un florecimiento y crecimiento extraordinario, asistiendo a un proceso de popularización de sus principales reivindicaciones, símbolos y demandas (Barros; Martínez 2019, Martínez, 2018, Nijensohn, 2019). Como reacción a dicho proceso de politización, se organizó un activismo neoconservador muy ligado al nuevo ciclo neoliberal que experimentó América Latina en general. En Argentina, este avance conservador significó una amenaza a los derechos de igualdad sexo-genérica reconocidos durante los gobiernos kirchneristas, tal como muestra el informe “Homofobia de Estado” publicado por ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex y Mendos, 2019). Los grupos anti-derechos, vinculados al conservadurismo y a los fundamentalismos religiosos, pusieron en marcha una estrategia de deslegitimación de los activismos feministas y LGBT+, etiquetándolos como portadores de una supuesta “ideología de género”. En 2018, una embestida feroz por parte de estos grupos fue la campaña “Con mis hijos no te metas”14, que buscaba desprestigiar la Ley de Educación Sexual Integral e incidir en el debate parlamentario por la ley de interrupción legal del embarazo que se dio en medio del fenómeno de movilización popular y masiva de los feminismos a nivel nacional, conocido como “la marea verde”. En una relación antagónica con los colectivos feministas y LGBT+, el activismo y discurso neoconservador se organizó e hizo intervenciones públicas a través de los – autodenominados – grupos “provida”, en el debate social y político que tuvo lugar desde el 2018 al 2020, es decir, durante el proceso de lucha por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, desde su primer tratamiento en el recinto parlamentario hasta su aprobación. En resumidas cuentas, el informe ILGA del 2019 indicaba que la avanzada de gobiernos conservadores y neoliberales que experimentó el Cono Sur desde el 2015 significó un obstáculo para los derechos de la población LGBT+ en general, ya que frenaban el diseño e implementación de leyes y políticas públicas de gran necesidad, citando como ejemplo el caso argentino y señalando que durante el gobierno de Mauricio Macri no se habían producido avances en esta materia.

    En relación al colectivo travesti/trans, cabe señalar que, si bien ninguno de los proyectos de inclusión laboral prosperó en el Congreso de la Nación durante el macrismo, en algunas jurisdicciones provinciales y municipales se sancionaron normativas que reconocieron un cupo laboral en el sector público y en algunos casos también incentivos fiscales para promover la contratación de personas trans en el sector privado; conquistas puntuales del colectivo travesti/trans en el marco de una lucha nacional por el acceso al trabajo, organizada desde abajo y a nivel local. Ahora bien, el escenario relatado en los párrafos anteriores se modificó a partir del cambio de gobierno, con la asunción de Alberto Fernández como presidente en diciembre de 2019. El Frente de Todos incorporó en su gestión la agenda de los feminismos y activismos LGBT+. Entre las primeras medidas ejecutadas, se creó, por un lado, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyas autoridades fueron designadas en reconocimiento a sus trayectorias activistas y, por otro lado, una Dirección de Economía y Género como área de trabajo específica dentro del organigrama del Ministerio de Economía. A su vez, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad comenzaron a trabajar coordinadamente para enviar al Parlamento el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, en un permanente diálogo con los movimientos feministas y LGBT+. Desde nuestra óptica, esta institucionalización de la agenda de los activismos fue una deriva del proceso de masificación que se dio a partir del 2015 con la expansión del “#Ni una menos” y que tuvo su apogeo con la movilización popular que sostuvo la demanda de aborto legal desde 2018, coronándose con la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en diciembre del 2020.

    A su vez, la política de alianzas y construcción de agendas comunes entre los activismos LGBT+ y los feminismos también fue un efecto de este proceso de masificación, organización política y mayor visibilización en la escena pública de las demandas de estos activismos. La lucha contra la violencia de género, la reivindicación de aborto legal, seguro y gratuito y la demanda por el cupo y la inclusión laboral travesti/trans fueron puntos nodales del proceso articulatorio entre los activismos feministas y LGBT+ en oposición al macrismo, a través del cual ambos colectivos adquirieron un carácter marcadamente anti-neoliberal (Azarian, 2021). Quizás uno de los acontecimientos más relevantes en ese sentido, resultante de la lucha callejera sostenida durante años y de la fuerza que tuvo la mentada política de coaliciones, fue la transformación del “Encuentro Nacional de Mujeres” en “Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries” a partir de octubre de 2019.

    Como corolario de este proceso de movilización popular y articulación política en el cual los feminismos y los activismos de la disidencia sexo-genérica ocuparon un rol protagónico, cabe destacar una saga de conquistas legales que se dieron bajo la gestión del Frente de Todos y enmarcaron la lucha del colectivo travesti/trans por los derechos laborales y sociales: ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley de cupo e inclusión laboral travesti/trans, aprobación y reglamentación de la ley de respuesta al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis, decreto presidencial que reconoce las identidades de género no binarias, entre los logros más importantes. También merece destacarse el hecho de que en el censo 2022 se incluyó a las familias y personas LGBT+, decisión promovida por parte de los activismos. Estos últimos pusieron en valor la importancia de contar con información específica para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a la población LGBT+ en general y trans/travesti en particular (Ramos, 2022).

    Por supuesto que el reconocimiento estatal de los activismos y la aprobación de leyes y políticas igualitarias no significó el goce efectivo de los derechos consagrados. En la práctica, la inoperatividad de los derechos no obedece necesariamente a las resistencias ejercidas por determinados sectores de la sociedad civil. En muchos casos, paradójicamente, el propio Estado es el que dilata la reglamentación de las leyes y la implementación de las políticas públicas. Como ha ocurrido, por ejemplo, en las jurisdicciones provinciales en las que se ha sancionado el cupo laboral travesti/trans: en Buenos Aires, la ley se aprobó en septiembre del 2015, pero se reglamentó luego de 4 años de su sanción, constituyendo un claro ejemplo de cómo obstaculizan los gobiernos de derecha la vigencia de los derechos conquistados por el activismo LGBT+ (a la sazón, la puesta en suspenso de la normativa se dio durante la gestión de María Eugenia Vidal, gobernadora de “Juntos por el Cambio”).

    4. La conquista de la ley nacional de cupo e inclusión laboral “Diana Sacayán - Lohana Berkins”

    Desde el año 2015, en la Cámara de Diputados de la Nación se presentaron en total dieciséis proyectos de cupo/inclusión laboral/inclusión integral trans/travesti, firmados por diputadas de distintos bloques: Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unión Cívica Radical, Unidad Ciudadana/Frente de Todos. Dichas propuestas fueron discutidas y redactadas entre legisladores y diversas redes de organizaciones travestis/trans de distintos puntos del país. A su vez, las iniciativas legislativas retroalimentaron un proceso de organización e incidencia política del activismo travesti/trans que se extendió por todo el territorio nacional, convocando a referentes de diferentes provincias y ciudades. Dicho proceso de politización significó la formación de importantes alianzas estratégicas entre activistas travestis/trans con otras organizaciones sociales (de la diversidad sexual, de derechos humanos, feministas, de la economía popular, sindicatos). También formaron parte de estas coaliciones espacios partidarios afines al kirchnerismo y al peronismo (La Cámpora Diversia, La Sublevada-Nuevo Encuentro, Diversidades Peronistas, entre otras), como así también a las izquierdas (Libre Diversidad-MST, Pan y Rosas, Libres y Diverses-Mumala, entre otras), junto con activistas independientes.

    En los años previos al tratamiento de los proyectos de ley por parte del Congreso, se produjo un intenso debate al interior del activismo travesti/trans cuya resultante fue la emergencia de nuevos espacios de coalición que tendieron vínculos estrechos con legisladores y dirigentes kirchneristas/peronistas y de izquierda. Podemos destacar, en ese sentido, al “Frente Orgullo y Lucha” y el “Frente Federal Travesti/Trans”, el cual se conformó como un espacio liderado e integrado exclusivamente por activistas travestis/trans, referentes de las distintas provincias15. Durante el macrismo, desde el 2016 al 2019, ninguno de los proyectos de cupo/inclusión laboral presentados recibió tratamiento parlamentario. Sin embargo, las iniciativas legislativas mencionadas permitieron unificar al colectivo que se encontraba dividido en discusiones internas sobre las formas y modalidades de las demandas de inclusión social de esta comunidad (como vimos: cupo e inclusión laboral, inclusión integral, reparación histórica). Para alcanzar algunos consensos mínimos fueron cruciales, primero, las presentaciones de proyectos de ley y, luego de la llegada al gobierno del Frente de Todos en diciembre de 2019, la voluntad política de los distintos sectores de la coalición para que dichos proyectos sean tratados en el recinto parlamentario y cuenten con los votos necesarios para su aprobación.

    Recién en el 2020, en plena pandemia del Covid-19, comenzaron a analizarse y debatirse los proyectos de ley en sesiones telemáticas16 de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional17, junto a referentes activistas y/o militantes de distintos puntos del país18 y con representantes del Poder Ejecutivo Nacional y de los Poderes Ejecutivos Provinciales. En esta Comisión – compuesta por legisladores de diferentes bloques, la mayoría vinculados a los activismos (trans)feministas y LGBT+ –, se pudo lograr un consenso a favor de la urgencia de sancionar una ley que garantice el acceso al trabajo para la comunidad travesti/trans. Las diferencias versaron sobre el sentido y alcance de la inclusión laboral, ya que los diputados del bloque PRO (en “Juntos por el Cambio”) no apoyaron la incorporación de beneficios fiscales para empresarixs que contraten personas travestis/trans en sus plantas laborales.

    A los fines de consensuar las modalidades de inclusión laboral que reconocería la ley, la Comisión trabajó junto a funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de organizaciones LGBT+ y travestis/trans. Al debate se sumó la Comisión de Legislación del Trabajo, ambas comisiones presididas por diputadas kirchneristas, vinculadas a los feminismos y al sindicalismo. Luego de una intensa labor, que no estuvo exento de polémicas – en particular con diputados de “Juntos por el Cambio” que integraban la Comisión de Legislación del Trabajo, quienes se abstuvieron de la votación o plantearon reservas –19, en octubre de 2020 ambas comisiones dictaminaron a favor del tratamiento en el recinto del proyecto “Ley de Acceso Laboral para personas Travestis-Trans Diana Sacayán-Lohana Berkins”. El dictamen fue festejado por las diputadas que promovieron la iniciativa y por los activismos:

    Siempre orientadas por un transfeminismo que busca la justicia social y la autonomía de los proyectos de vida [...]. En la Comisión de Mujeres y Diversidad asumimos un compromiso impostergable: el primer proyecto de ley que dictaminaríamos iba a ser el Acceso Laboral para personas Travestis Trans. Y así lo hicimos. Porque se lo debemos a todxs lxs que dejaron la vida en esta lucha, en este reconocimiento, a Diana Sacayán y Lohana Berkins como íconos indispensables, y porque es nuestra obligación moral y social para con todxs las que siguen el camino de vivir su identidad de forma plena y libre (Macha, 25/10/2020, s/n)20.

    El 11 de noviembre del 2020 se logró dictamen favorable al proyecto de ley en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. En dicha instancia, los legisladores macristas se opusieron a dos principios rectores del proyecto: por un lado, la reafirmación del carácter autopercibido de la identidad de género y por el otro, el reconocimiento explícito de la obligación de reparar que pesa sobre el Estado por la persecución y criminalización histórica a las personas trans/travestis. Dicho reconocimiento justificaba la eximición de acreditar legajos penales “de buena conducta” para ocupar un puesto laboral en el Estado, razón por la cual los diputados del PRO vertieron duros cuestionamientos al proyecto de ley: afirmaron que había “excesos”, propios de la “demagogia kirchnerista” y su “relación clientelar” con las militancias travestis/trans. Quisieron incorporar la acreditación de “buena conducta” hasta el final del debate en comisión, a pesar de los intentos que realizaron activistas y diputadas de otras bancadas para explicarles que la población travesti/trans había sido criminalizada por su identidad hasta hacía poco tiempo y si se mantenía el requisito aludido, la mayoría quedaría excluida del cupo21. Más allá de los embates, el proyecto obtuvo dictamen favorable para ser tratado en el recinto por una amplia mayoría. Las agrupaciones volvieron a celebrar y a pedir su rápido tratamiento en el recinto:

    El proyecto de Ley impulsado por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTI de las Provincias y la Convocatoria Federal Travesti Trans de la Argentina ya había obtenido Dictamen favorable de las Comisiones de Mujeres, Género y Diversidad y de Legislación del Trabajo, presididas por las diputadas Mónica Macha y Vanesa Siley respectivamente. Ahora, el Dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el Diputado Carlos Heller, aprobado por 25 votos a favor y 15 en contra, permitirá rápidamente el debate y media sanción en el recinto de esta urgente medida. El Dictamen aprobado incluye un Cupo Laboral para personas Travesti y Trans en todo el Estado nacional, estímulos al sector privado y una línea de economía popular. Desde 100% Diversidad y Derechos expresamos nuestra más profunda satisfacción por este importante paso adelante y esperamos su pronta sanción para comenzar a terminar con la exclusión estructural de las personas travesti y trans del trabajo formal (100% Diversidad y Derechos, 11/11/2020)22.

    Cabe destacar que en los meses que duró el debate en comisión del proyecto, se dieron una serie de intervenciones por parte del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, principales dirigentes del Frente de Todos. Nos referimos a decretos del Poder Ejecutivo y Legislativo que reconocieron la necesidad de implementar un cupo laboral travesti/trans en la administración pública nacional23. Así fue como se inició el proceso de reconocimiento de derechos laborales para el colectivo travesti/trans: el decreto presidencial 721/2020, que estableció el cupo laboral del 1% en el Estado para personas travestis, transexuales y transgéneros, y fue publicado el 3 de septiembre del 2020, en medio de la pandemia del coronavirus. Comprender el contexto en el que se promulgó dicho decreto es importante para entender el apuntalamiento que significó para la lucha colectiva – la comunidad travesti/trans se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, que fue señalada por activistas que entrevistamos personalmente al comienzo de la cuarentena:

    Las chicas trans tuvieron que salir obligadamente a la calle porque, al no tener trabajo formal y muy poca ayuda social, tuvieron que salir a realizar su única actividad posible que es el trabajo sexual. Si no, no comen (Aimé, ATTTA-Red Nacional, 22/03/2020).

    El colectivo trans está siendo muy golpeado por la crisis ya que la mayoría son trabajadoras sexuales y con ese trabajo pagan sus alimentos y el alquiler de sus viviendas. La calidad de vida de las personas transgéneros se está viendo muy perjudicada (Michelle, Ser Trans Córdoba, 23/03/ 2020).

    Si bien el gobierno del Frente de Todos, que asumió en diciembre del 2019, priorizó en su agenda las demandas de igualdad sexo-genérica y creó una cartera específica de Mujeres, Géneros y Diversidad, con funcionarias/os trans/travestis en puestos decisorios en el diseño e implementación de políticas públicas para el colectivo24, la pandemia y la cuarentena impactaron duramente en estos grupos. Apenas el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social obligatorio en todo el territorio nacional – con el objetivo de evitar la mayor cantidad posible de contagios, muertes y, sobre todo, la saturación del sistema de salud –, activistas y militantes trans/travestis denunciaban que el colectivo se encontraba en un estado de emergencia habitacional, carente de ingresos, de alimentos y artículos de primera necesidad, con serias dificultades para acceder al sistema sanitario, entre otras situaciones críticas. En este contexto, un primer gesto político por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue la implementación de políticas sociales coordinadas desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. No obstante, los paliativos fueron insuficientes frente a la situación de precariedad en la que se encontraba el colectivo. Debido a ello, se formaron redes solidarias entre activistas y militantes trans/travestis, LGBT+, feministas, estudiantiles, sindicales, de derechos humanos y de diferentes agrupaciones políticas y movimientos sociales, que dieron visibilidad a las urgentes demandas trans/travestis. Esa visibilidad y legitimidad que logró el activismo fue fundamental para obtener reconocimiento por parte del Estado, como lo muestran los fundamentos del DNU presidencial. Dicho reconocimiento al colectivo generó mucho entusiasmo, y el decreto de cupo laboral fue recibido como “un abrazo político para las disidencias”, según la frase textual de la líder travesti Marlene Wayar:

    Este decreto significa un gran abrazo, como el que alguna vez recibimos del expresidente Néstor Kirchner, como recibimos de Cristina Fernández. Este es un gesto simbólico enorme para una comunidad tan vulnerada, tan golpeada. Después tiene visos concretos. Alrededor de cuatro mil personas que van a entrar al Estado Nacional. Y eso va a producir significados simbólicos. Niños con sus papis y mamis que van a ver a una trava que les haga sus trámites. Y ahí encontrarán un espejo. Esto va a mostrar otra cosa que esa estadística del 85 por ciento de nosotras en situación de prostitución… Sin todo el camino realizado previamente esto no podría ser. Un camino de concientización, de sensibilización y visibilización… y eso es invaluable. Empieza a resquebrajarse una institución del odio, de la exclusión (Wayar, 2020, s/n)25.

    Finalmente, el 11 de junio de 2021 la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley. La sesión estuvo marcada por el pronunciamiento de apasionados discursos por parte de las/os diputadas/os que tomaron la palabra para defender la medida y un palco colmado de emotivos festejos, donde flameaban banderas con los colores trans y de la diversidad sexual, sostenidas por activistas de distintas ciudades y provincias.

    A las dos semanas, el 25 de junio de 2021, el Senado de la Nación aprobó la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, estableciendo un cupo mínimo del un por ciento de los cargos y puestos del Estado Nacional para dicha población. Una vez más, los gritos de alegría del activismo desbordaron los palcos y los pasillos del Congreso, y los discursos políticos más comprometidos con la causa inscribieron la aprobación de la ley en un proceso histórico de ampliación de derechos para el colectivo travesti/trans, que se había iniciado con el reconocimiento de la identidad de género durante la presidencia de Cristina Kirchner.

    5. La articulación populista del discurso de los derechos

    El acceso a empleo de travestis y trans es una lucha que se viene dando desde 2015, con Diana Sacayán como pionera y es un horizonte de justicia social [...] Implica una integralidad de derechos fundamentales para gran parte de nuestra población. La primera es el acceso a un trabajo, a poder desarrollar la capacidad laboral. Luego da posibilidad de tener una obra social y quedar protegides dentro de lo que es la seguridad social, y la posibilidad de tener una jubilación. Y además implica el desarrollo de nuestras capacidades laborales: un reconocimiento social [...] el horizonte de empleo formal para nosotras las personas travestis y trans debe ser abordado desde las políticas públicas de Estado. Tiene que ver con el reconocimiento de un derecho y la vulnerabilidad histórica de nuestro colectivo (Rueda, 08/07/2020)26.

    Para concluir, queremos poner el foco en la lógica política que, desde nuestro punto de vista, articuló la conquista de derechos para este colectivo. Comprender dicha lógica nos parece crucial para poder captar cómo operó el proceso de “peronización” y cuáles fueron sus implicancias en el devenir identitario del colectivo. Estas preguntas nos parecen importantes en tanto plantean un problema que en el campo de estudios no ha sido abordado, excepto por quienes rápidamente cuestionan y rechazan el acercamiento político del activismo travesti/trans al kirchnerismo a partir de la aprobación de la ley de identidad de género. Las críticas realizadas a dicho acercamiento son variadas pero afines: suponen una pérdida de autonomía por parte del activismo, la manipulación por parte del gobierno, la cooptación por la lógica estatal, la asimilación con la sociedad cis-heterosexual, etc. Aquí propusimos otra mirada a dicho proceso de articulación política y, en consecuencia, tratamos de mostrar otras aristas de la relación que dicho activismo entabló con la estatalidad, como así también del uso del lenguaje de derechos para enunciar sus reivindicaciones. En el primer apartado, abordamos el fenómeno como un proceso de identificación política, al cual hemos llamado “peronización del colectivo travesti/trans”, emparentándonos con investigaciones como las de Barros y Morales (2024). Ellas analizaron un proceso de peronización de las Madres de Plaza de Mayo, en el cual pueden reconocer desplazamientos significativos en su discurso (que van desde nuevas lecturas de los orígenes y el desarrollo de la lucha, pasando por análisis críticos de la coyuntura presente en los cuales buscan representar y defender al pueblo pobre/empobrecido, hasta las relaciones de amistad y enemistad política que entablan con otros actores sociales). De manera análoga, en este artículo tratamos de vincular las recientes estrategias y retóricas de lucha por la inclusión laboral travesti/trans con el proceso de articulación política que se dio durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, cuyo fruto más preciado para este activismo fue la aprobación de la ley de identidad de género. Ahora bien, ¿cómo podemos caracterizar esa lógica de articulación política que nos permite atar cabos entre ambos procesos de ampliación de derechos?

    Creemos que la novedad radica en que dicha lógica articulatoria incluyó a un sujeto político que se encontraba en ciernes y que, anteriormente, al momento de su emergencia como movimiento social en la década del noventa, bajo otras condiciones histórico-políticas, no se había inscripto en el imaginario peronista. ¿Cómo se volvió la tradición peronista superficie de inscripción de las demandas travestis/trans? Sostuvimos que el discurso kirchnerista generó un punto de inflexión en dicho ideario para articular demandas sexo-genéricas que irrumpieron a fines del siglo XX. Dicho esto, todavía nos queda por caracterizar esta lógica política que muchas veces en Argentina parece privativa de algunos gobiernos peronistas y ha sido calificada peyorativamente en la literatura académica – y también en el campo más vasto de la discursividad política – como “populismo”27. En relación con el análisis presentado en este artículo, creemos necesario enfocar en una dimensión específica del fenómeno: su vínculo con el discurso de derechos. Y a su vez, consideramos importante hacerlo de manera situada, es decir, dando cuenta de las singularidades del caso trabajado y su inscripción en una coyuntura política específica.

    A tales fines, vamos a seguir algunas pistas que nos proponen Mercedes Barros y Sebastián Barros en “¿Qué hace el populismo con los derechos? La reconfiguración de derechos en el caso argentino” (Barros; Barros, 2023). En primer lugar, sostienen que, en el contexto argentino, un sello de los gobiernos populistas ha sido el reconocimiento de nuevos derechos, o viejos derechos extendidos a grupos antes excluidos del alcance de dichas prerrogativas. En segundo lugar, dicen que lo importante es poder caracterizar el vínculo que el populismo, como lógica política, habilita y promueve con el discurso de los derechos, poniendo el foco en las tensiones que genera el primero sobre los límites del demos legítimo (asumiendo que el dispositivo jurídico es la forma por antonomasia del desplazamiento de los límites comunitarios y que la ampliación de derechos expande dichos límites, incluyendo elementos a la vida comunitaria). En ese sentido, lxs autorxs rescatan dos rasgos específicos del populismo: por una parte, se trata de una lógica articulatoria que tiende a la partición de la comunidad a partir del trazado de una frontera antagónica del tipo pueblo/no pueblo; por otra parte, esta lógica tiende a perpetuar la tensión entre el demos legítimo y un conjunto de identificaciones que da cuenta del orden social excluyente, demandando la ampliación de sus límites en términos igualitarios.

    Desde nuestra óptica, las huellas de esa discursividad populista y sus rasgos están presentes en el proceso de identificación política del colectivo travesti/trans en el marco de las luchas por el cupo y la inclusión laboral. A continuación, señalaremos esos rasgos en fragmentos de testimonios de lxs activistas. El colectivo travesti/trans se inscribe como parte del pueblo pobre, dañado, vulnerado; tal como lo muestra este fragmento del documento leído el 2 de noviembre de 2019 en Plaza de Mayo, consensuado por todas las agrupaciones convocantes de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires: “El ajuste neoliberal genera desempleo y precarización laboral y afecta a toda la población, en particular a la población travesti/trans”. O en palabras de la reconocida activista Susy Shock (2019, p. 13-14):

    […] en el medio de la batalla por la aprobación de la ley de cupo trans, esa casi panacea, esa balsa de salvación que levantamos como bandera, las propias y los ajenísimos, en el medio de un gobierno de derechas… porque nos falta todo y nosotras al querer ser parte, agarramos lo que nos den...

    El trazado de esa frontera política con el gobierno de derecha fue un proceso que consistió en la construcción de un antagonismo con los responsables de esas privaciones, identificados claramente como adversarios de la lucha. Ya en 2017, denunciaba la presidenta de Otrans, La Plata:

    Desde que asumió Macri al gobierno, quienes pertenecemos a los sectores populares y a colectivos desaventajados de la sociedad civil, experimentamos de manera hostil y arrolladora el ajuste, desempleo, criminalización de la protesta social, persecución política a militantes del campo nacional, popular y a defensorxs de derechos humanos. La implementación de este modelo neoliberal va acompañada de políticas de mano dura y represión, donde la población trans y travesti es una de las más violentadas (Vásquez Haro, 2017, s/n).

    Hemos tratado de mostrar que el antagonismo se configura en oposición al neoliberalismo, proyecto que, durante los años en que se gestó la lucha por los derechos laborales del colectivo travesti/trans, se encarnó en el gobierno de Macri. Sostuvimos que dicho antagonismo siguió latente los años posteriores y se puso de manifiesto durante el tratamiento parlamentario de la ley de cupo e inclusión laboral, cuando los diputados macristas objetaban el proyecto de ley, negando al colectivo y su historia – desde la persecución y criminalización sufrida hasta su mayor orgullo: la identidad de género autopercibida, reconocida legalmente en 2012, sin necesidad de ningún otro tipo de acreditación. Cierto es que al momento de la sanción de la ley, ese sector político que se oponía a la necesidad de amparar la identidad de género de la población travesti/trans a través de acciones afirmativas por parte del Estado era un grupo minoritario, pero en poco tiempo fue adquiriendo fuerza y centralidad en el discurso público, al punto tal que, desde el triunfo electoral de “La Libertad Avanza” en los comicios presidenciales del 2023, cada vez se escuchan más voces que ponen en tela de juicio la igualdad de género como horizonte normativo.

    Por último, para contestar la pregunta sobre el vínculo entre populismo y derechos, nos parece necesario mostrar la relación entre las demandas de leyes por parte del activismo y el imaginario que ha construido el mismo sobre el peronismo, como un movimiento político que tiene en su ADN el reconocimiento de derechos y, más aún, derechos laborales. Así lo expresaba la referente de “La Nelly Omar”, agrupación transfeminista y peronista:

    Nosotras que somos parte de una población vulnerada, venimos a ejercer nuestros derechos políticos y, también, nuestros derechos como actoras en la vida social [...] La democracia habla de la soberanía del pueblo y del derecho a elegir [...] Ese derecho a elegir, para nosotras, ha sido una condena, porque elegimos una definición identitaria que está fuera de la norma. El estado usó todas las fuerzas, desde las fuerzas de seguridad y todo el aparato judicial, para disciplinarnos [...] Recién a partir de 2012 adquirimos un primer derecho, que fue la puerta de muchos derechos que faltan. Ahí empezamos a sentir la primera brisa de la democracia en nuestros rostros, pero necesitamos muchísimo más, esos derechos plenos que marca la democracia [...] Evita siempre decía: donde hay una necesidad, nace un derecho. Nosotras tenemos esa misma necesidad y esa misma urgencia en tratar de resolverlo. Por eso somos peronistas, por eso entendemos el ser de Eva Perón y por eso nos significa tanto la imagen de Evita (Arraigada, 2020, s/n).

    En primer lugar, es claro el sujeto colectivo que hay detrás de la enunciación, en primera persona del plural. En ese sentido, es un derecho reconocido a un grupo y, como hemos visto, el fundamento de ese reconocimiento es el perjuicio ocasionado por el resto de la sociedad durante tantos años. Desde esa consigna histórica del peronismo, según la cual “donde hay una necesidad hay un derecho”, la activista explica la “necesidad y urgencia” de que se apruebe la ley. Encontramos ahí una especificidad, si podemos pensar en “derechos populistas” como sugiere Panizza (2019), es porque nos referimos a un grupo menoscabado que exige reparación urgente, y esta premura en la resolución de las necesidades y su transformación en derechos también es una dimensión inherente al populismo. Además, si la demanda es satisfecha bajo la lógica populista, la inclusión de este sector desvalido conmueve los bordes comunitarios y sus imaginarios. Al respecto, recordemos la cita de Marlene Wayar en la sección anterior: “Alrededor de cuatro mil personas que van a entrar al Estado Nacional. Y eso va a producir significados simbólicos. Niños con sus papis y mamis que van a ver a una trava que les haga sus trámites. Y ahí encontrarán un espejo” (2020, s/n). En este fragmento podemos ver también cómo la articulación populista de los derechos visibiliza, le da expresión y entroniza una zona de abyección (Barros; Barros, 2023). Lo interesante es que la operación populista no solo valoriza lo abyecto y lo dota de reconocimiento social para que se aquiete como un elemento comunitario más. La interpelación populista llama a la disputa, a continuar la lucha por lo que sigue, por lo que falta, que siempre es mucho, porque ese “exceso” – que tal como vimos, molesta a quienes desean una sociedad completamente ordenada, donde todo encaja perfectamente sin conflicto – es la materia prima de la lógica populista. Sobre ese resto de sentido y esa insatisfacción trabaja, y en esa labor incesante se encuentra la promesa de transformación social, como expresa Susy Shock (2019, p. 14): “[…] porque ésa también es y deberá ser la osadía trava trans, no suponer que, porque estemos en el fondo de todos los tachos, en el fondo de todas las repartijas, en el fondo de todas las agendas, no podemos exigirlo y merecerlo todo”.

    A través de esa promesa de transformación social, el populismo provoca un “escándalo” en el discurso de derechos de los activismos y en la propia esfera pública. También lo dijo con mucha claridad Lohana Berkins (2016), quien antes de morir dejó a sus sucesoras un enorme legado:

    Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora [...] ¡Furia travesti siempre! No abandonen la ley de reparación, tiene que salir. ¡Va a ser un escándalo! (05/02/2016, s/n).

    La ley de reparación es “eso que falta” luego de aprobada la ley nacional de cupo e inclusión laboral, por eso vemos en la actualidad un activismo movilizado por esta causa: conquistar derechos de protección y seguridad social también para las “vejeces travestis/trans”.

    6. Reflexión final

    En este artículo analizamos el proceso de peronización del colectivo travesti/trans argentino en el marco de las luchas por el acceso al trabajo. Tratamos de mostrar que el discurso populista del kirchnerismo fue la superficie de inscripción de las demandas de cupo e inclusión laboral travesti/trans que se formularon a nivel nacional con posterioridad a la aprobación de la ley de identidad de género en 2012. A tales fines, caracterizamos los cambios que se dieron en el escenario político en 2015, primero mostrando los desafíos que le planteó a los activismos el retorno del neoliberalismo al centro de la escena política argentina, luego del triunfo electoral de Juntos por el Cambio en las elecciones de dicho año. Sostuvimos que dicho contexto de crisis y adversidad política fue una oportunidad para la articulación de los activismos sexogenéricos en general junto a otros movimientos sociales, que se reconfiguraron en oposición al proyecto neoliberal hegemónico que encarnaba el macrismo. Luego, analizamos el nuevo escenario político que se abrió con el gobierno del Frente de Todos, cuando el colectivo travesti/trans pudo conquistar la ley de cupo e inclusión laboral travesti/trans “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, trayecto de lucha que recorrimos detenidamente y trazamos un continuum entre ésta última y la ley de identidad de género. En ese sentido, analizamos cómo el discurso kirchnerista sobredeterminó el proceso de enunciación de las demandas de inclusión travesti/trans y las articuló bajo una lógica populista, que les permitió inscribir el daño sufrido como grupo excluido de la vida comunitaria y exigir reparación al Estado y a la sociedad. Mostramos que, lejos de despolitizar las reivindicaciones del colectivo travesti/trans, la articulación populista del discurso de derechos potenció los procesos organizativos a nivel federal, motorizando nuevas luchas que inscribieron los malestares que las leyes aludidas no pudieron cristalizar como derechos positivos en nuevas demandas: inclusión integral y reparación histórica travesti/trans para las adultas mayores que ya no podrán ingresar al mercado laboral formal. Del análisis realizado a lo largo del artículo, podemos concluir que la lógica populista que articuló el proceso de politización de malestares y enunciación de demandas de inclusión travesti/trans tuvo efectos subjetivantes en dicho colectivo, y produjo una total conmoción en la sociedad, tensionando y ampliando los límites del demos legítimo a través del reconocimiento de derechos a un grupo excluido y aborrecido socialmente, que actualmente disputa sentidos sobre la vida comunitaria y recrea los imaginarios emancipatorios disponibles en la Argentina de hoy.

    • 1
      Coalición electoral conformada a nivel nacional por diversos partidos políticos – la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO), la Coalición Cívica –, que llevó, en el año 2015, a Mauricio Macri al gobierno nacional. Dicha coalición se quebró tras los resultados electorales del 2023, cuando algunos sectores entraron oficialmente al gobierno del presidente Javier Milei, líder ultraderechista de “La Libertad Avanza”.
    • 2
      Las prácticas hegemónicas son operaciones instituyentes en el campo de la política: permiten estabilizar los sentidos de las prácticas sociales. Ahora bien, tal como afirma Laclau (2012, p. 33): “[…] el acto de institución se muestra plenamente sólo a través de aquello que lo pone en cuestión” y “[…] estos actos de institución contingentes, que tienen lugar en un campo surcado por la presencia de fuerzas antagónicas, es exactamente lo que entendemos por política”. En este marco, el análisis consiste en determinar los puntos de ruptura y los diferentes tipos de articulación que pueden existir entre los antagonismos sociales. Para una visión antiesencialista de la política, basada en el carácter inestable de las hegemonías – siempre posibles de subvertir –, el concepto de articulación se vuelve relevante: las prácticas hegemónicas son prácticas articuladoras. Llamamos articulación a “[…] toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa práctica” (Laclau; Mouffe, 1987, p. 142). En este artículo nos proponemos mostrar los efectos que tuvo la articulación populista de las demandas de inclusión en el colectivo travesti/trans argentino, el cual se reconfiguró identitariamente en dicho proceso articulatorio.
    • 3
      Nuestro enfoque posfundacional se inscribe en una tradición de la teoría política contemporánea que cuestiona todo fundamento del orden social que se presente como necesario. El supuesto ontológico de esta concepción se resume en las palabras del filósofo argentino Ernesto Laclau (2012, p. 28): “[…] no hay fundamento último, tampoco hay fijación última del sentido; pero porque este momento de no-fijación debe ser representado, este abre el camino a fijaciones parciales, es decir, a fijaciones que muestran las huellas de la contingencia que las penetra, y que son el único medio de mostrar discursivamente el abismo presente en el lugar del fundamento”. En ese sentido, asumimos una concepción antiesencialista radical, según la cual el sujeto político adquiere su identidad a través de determinadas acciones que son posibles en un contexto dado, formando parte de un sistema de relaciones, donde el poder y el antagonismo resultan constitutivos. Estas premisas teóricas tienen su correlato en la investigación empírica, en tanto nos exigen enfocar la mirada en la dimensión retórico/discursiva de las luchas, entendida como instancia performativa de las articulaciones políticas: el sujeto no es anterior a la demanda sino que se constituye en y por medio de la demanda misma y a través de los complejos procesos identificatorios a los que esta da lugar.
    • 4
      Sostiene Marchart (2009, p. 16-17): “[…] la actividad política – por infundable que sea – no acontece en un vacío, sino que está siempre envuelta en capas sedimentadas de tradiciones [...] Las tradiciones son principalmente estructuras plagadas de poder mediante las cuales se perpetúan formas multifacéticas de exclusión y dominación”.
    • 5
      En lo que respecta a nuestro trabajo de campo, además de las entrevistas referidas (hicimos diecisiete en total), realizamos observación-participante en actividades organizadas por el activismo para la aprobación del cupo y/o la inclusión laboral travesti/trans; las marchas del Orgullo; las marchas contra los Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios; la participación de las agrupaciones trans/travestis en el Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries; entre otras. Registramos las intervenciones activistas en un cuaderno de campo elaborado ad-hoc y ampliamos la información recabada apelando a la técnica de recolección documental en sitios web. También transcribimos manualmente las intervenciones de legisladores, presidentes, dirigentes políticos y sociales que recolectamos en nuestra búsqueda de información on-line.
    • 6
      En La razón populista, Laclau afirma que las demandas populares tienen el potencial de constituir al pueblo como sujeto político en el marco de un proceso de identificación colectiva. En dicha obra, a diferencia de los análisis políticos tradicionales, “populismo” no remite a una práctica económica, ni a una ideología política ni a un tipo de movilización social que protagoniza un agente preconstituido – como mero epifenómeno –, sino a la propia forma de conformar la unidad de un grupo, a través de prácticas articulatorias. Desde esta concepción, el pueblo no es algo dado sino una construcción política discursiva, donde se materializan relaciones reales entre diversos agentes sociales. Siguiendo la teoría laclauniana sobre el populismo, en este artículo, la unidad de análisis más pequeña es la “demanda social” y el siguiente nivel de análisis atiende al proceso de emergencia de una identidad colectiva, como resultado de un proceso de articulación política.
    • 7
      Coalición electoral conformada en el año 2019 a través de la cual llegó al gobierno Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Se compuso por diversos partidos, entre los cuales se destaca el Partido Justicialista, agrupaciones afines al kirchnerismo (Nuevo Encuentro, Partido Solidario, Partido de la Victoria) y otras organizaciones peronistas (Partido Renovador, Movimiento Evita). Para las elecciones de 2023 pasó a llamarse “Unión por la Patria” y llevó a Sergio Massa como candidato a presidente.
    • 8
      En 2017 se publicó el libro La revolución de las mariposas. A diez años de la gesta del nombre propio, como resultado de una investigación llevada a cabo por el Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017). El texto reúne intervenciones activistas e indaga en las condiciones materiales de vida de la población travesti/trans residente en Buenos Aires, exhibiendo severos indicadores de pobreza y exclusión en materia de educación, familia, salud, trabajo, violencias, y mostrando un impacto relativamente bajo de la Ley de Identidad de Género respecto a las vulnerabilidades socioeconómicas del colectivo.
    • 9
      A nivel nacional, se presentaron diversos proyectos de ley con el objetivo de reconocerles una pensión no contributiva a las personas mayores travestis/trans, a los efectos de reparar la vulneración sistemática de los derechos humanos de este colectivo y garantizarles una vejez digna. A lo largo del tiempo, la demanda ha experimentado cambios significativos y fue incluyendo conceptos como indemnización, reparación y genocidio (Cabrera, 2024). En 2023, las provincias de Santa Fe y Santa Cruz aprobaron normativas de avanzada al respecto (Mizerniuk; Rodríguez, 2023, Télam, 2023).
    • 10
      En septiembre de 2015, se aprobó en la Provincia de Buenos Aires la ley 14.783, que establece un cupo laboral trans del 1% para la administración pública. Dicha conquista fue producto de un arduo trabajo articulatorio entre organizaciones sociales y políticas, liderado por la militante travesti Diana Sacayán. Esta fue la primera ley de cupo laboral trans en todo el país, y marcó un antes y un después en la agenda del colectivo travesti/trans argentino, el cual se hizo eco de la demanda en muchas otras provincias y ciudades.
    • 11
      Durante los gobiernos kirchneristas, tuvieron mucha circulación en el ámbito académico y en la opinión pública ensayos que sostenían este tipo de caracterizaciones, escritos por prestigiosos intelectuales que miraban con recelo el vínculo político que comenzaba a construir el kirchnerismo con los movimientos sociales. Entre los más reconocidxs se encuentran los trabajos de Torre (2004), Svampa (2009), Sarlo (2011), por citar sólo algunos.
    • 12
      Entrevista en profundidad realizada personalmente en marzo del 2020. Ivanna Aguilera es una referente del activismo travesti/trans de Córdoba, Argentina.
    • 13
      La categoría “peronización” y la idea de pensar de este modo el proceso de identificación política del colectivo travesti/trans en lucha por los derechos laborales, la tomamos prestada del artículo “Sobre los usos de la categoría ‘peronización’ en el estudio de las identificaciones populares. Aportes para comprender el acercamiento de las Madres de Plaza de Mayo al peronismo”, escrito por Barros y Morales (2024), quienes proponen este nombre para analizar los efectos identitarios que tuvo el proceso de articulación populista que hegemonizó el kirchnerismo (2003-2015) para el mentado organismo de derechos humanos.
    • 14
      Durante dicho año, el avance del discurso neoconservador se manifestó en el marco de la campaña “Con mis hijos no te metas”, realizada durante el proceso de debate de una nueva ley nacional de educación sexual integral, en clara oposición al contenido de la misma, manifestando que la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral no debe ser obligatoria ya que incita a la “ideología de género” en el país. Fuente: Minutouno (2018).
    • 15
      Una de las principales impulsoras de dicho espacio fue Paula Arraigada, dirigente trans de la agrupación La Nelly Omar. Se autodefine como “militante peronista y transfeminista” y se desempeñó como asesora parlamentaria del Frente de Todos, ocupando también un lugar en su boleta electoral en los comicios legislativos de 2021. Ver: Campaña Feminista (2025).
    • 16
      La descripción que sigue sobre el tratamiento parlamentario de la ley se hizo después de observar y transcribir las sesiones telemáticas de las Comisiones y de la sesión en el recinto.
    • 17
      Disponibles en el canal de Youtube (2020a) de la Cámara de Diputados.
    • 18
      Organización La Rosa Naranja; Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina; Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos; Casa Trans CABA; Movimiento Trans Nadia Echazú; Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) Red Nacional y Delegación Córdoba; Organización Ser Trans Córdoba; El Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L); Frente por la Igualdad del Movimiento Evita; Fundación Travesti Trans de Chaco, entre otras organizaciones nucleadas tanto en la Federación Argentina LGBT como en la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.
    • 19
      Reservas y objeciones vinculadas a lo que denominan “excesos” de la “demagogia” kirchnerista, que vuelven a plantear los diputados de Juntos por el Cambio cuando se trata el proyecto de ley en la Comisión de Presupuesto. Las enunciaremos y reflexionaremos sobre ellas en los párrafos siguientes.
    • 20
      Extracto de una nota de opinión escrita por la diputada Mónica Macha (2020) (Nuevo Encuentro-Frente de Todos).
    • 21
      Fuente: observación del debate en comisión en el Canal de Youtube (2020b) de la Cámara de Diputados de la Nación.
    • 22
      Agrupación integrante del Frente Nacional Orgullo y Lucha. Extracto del documento disponible en la página de la agrupación (Cien por Ciento Diversidad y Derechos, 2020).
    • 23
      La definición política de un cupo laboral en el Estado Nacional se hizo con el objetivo de lograr una rápida inserción laboral y previsional para esta población, bajo el criterio de que el acceso al mundo del trabajo es necesario y apremiante para poder garantizar una vida digna. Posteriormente, a los fines de garantizar la inclusión laboral también en el sector privado, el gobierno nacional anunció el 20 de marzo de 2021 la reducción de aportes patronales a las empresas que contraten personas trans en diez provincias argentinas de la región Norte, luego de una reunión que mantuvieron representantes del PEN con militantes trans/travestis y LGBT+ en general. Fuente: comunicados oficiales de Cien por Ciento Diversidad y Derechos (2021) y La Rosa Naranja (2021).
    • 24
      Entre quienes se destacan Alba Rueda, de Mujeres Trans Argentinas, Luisa Paz (de D.I.V.A,S. Santiago del Estero y Attta-Red Nacional), Eugenio Talbot Whright (de la Asamblea Trans/Travesti de Córdoba).
    • 25
      Según declaraciones textuales que transcribimos de Marlene Wayar, en una entrevista radial del 5 de septiembre del 2020.
    • 26
      Alba Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentinas (Fornaro; Ludueña, 2020).
    • 27
      Ese es el enemigo fantasmal, caricaturizado en la tradición argentina liberal antiperonista, que intentaban describir los diputados del PRO cuando veíamos en el apartado anterior que cuestionaban los rasgos “demagógicos” y “clientelares” del proyecto de ley de cupo e inclusión laboral travesti/trans, a los cuales calificaban como un “exceso” (la dispensa de antecedentes penales y que alcance con la autopercepción de género para ingresar al cupo en el Estado).
    • Apoyo financiero:
      Ninguno.
    • Aprobación del Comité de Ética:
      nada que declarar.
    • Disponibilidad de los Datos:
      Los datos de investigación no están disponibles.

    Referencias

    Editado por

    • Editor:
      Gabriel Bandeira (UFRGS, Brasil).

    Disponibilidad de datos

    Los datos de investigación no están disponibles.

    Fechas de Publicación

    • Publicación en esta colección
      20 Jun 2025
    • Fecha del número
      2025

    Histórico

    • Recibido
      15 Oct 2024
    • Acepto
      28 Abr 2025
    Creative Common - by 4.0
    Este es un artículo publicado en acceso abierto (Open Access) bajo la licencia Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, sin restricciones siempre que el trabajo original sea debidamente citado.
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