Las corporaciones mercantiles y los comerciantes ingleses en el Río de la Plata Surgimiento, apogeo y declinación del Consulado de Buenos Aires, 1794-1821

Trading Companies and English Traders in la Plata River Emergence, Peak and Decline of the Buenos Aires Consulate, 1794-1821

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la trayectoria del Consulado de comercio de Buenos Aires a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX y en su interior las disputas entre los comerciantes, los hacendados y los comerciantes británicos. Nos proponemos demostrar que el consulado de comercio proporcionaba fondos monetarios a la corona hasta su derrumbe y a autoridades revolucionarias locales con posterioridad a él. Estos ingresos fueron proporcionados por los gravámenes aduaneros impuestos a las introducciones de efectos y salida de frutos. Desde comienzos del siglo XIX, se produjo la apertura de los puertos que beneficiaba a los hacendados y a los comerciantes ingleses. Consideramos que las consecuencias de esta apertura portuaria fue uno de los factores que explican, conjuntamente con las guerras y la adopción de políticas liberales, el declive y disolución del consulado.

Palabras clave:
Consulado de comercio de Buenos Aires; hacendados; comerciantes británicos

Abstract

The aim of the present work is to analyze the trajectory of the Buenos Aires Trading Consulate by the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries. We also analyze the disputes between merchants, landowners and British traders. We propose to show that the Trading Consulate provided financial support to the Crown, until its collapse and afterwards to the local revolutionary authorities. These revenues were provided by the custom taxes imposed on the introduction of goods and the outflow of produce. From the beginning of the 19th century, the opening of the ports that benefited the landowners and the British traders took place. We consider that the consequences of the opening of the ports were among the factors that explain, along with wars and adoption of liberal policies, the decline and dissolution of the Consulate.

Keywords:
Buenos Aires consulate; landowners; British traders

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es analizar la trayectoria del Consulado de comercio de Buenos Aires y en su interior las disputas entre sus actores a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Específicamente pretendemos abordar los vínculos entre los comerciantes agrupados en el Consulado, los hacendados y los comerciantes británicos en una coyuntura de guerras y derrumbe de la Monarquía hispánica y surgimiento de las soberanías regionales autónomas que anteceden a la conformación de los Estados nacionales.

Para ello, intentaremos desentrañar los motivos e intereses colectivos de los comerciantes y las transformaciones de su corporación a lo largo del tiempo. El Consulado de comercio de Buenos Aires fue un cuerpo - en principio mercantil - conformado institucionalmente en 1794 y suprimido en 1821 en ocasión de las medidas liberales del gobierno de la recientemente creada provincia de Buenos Aires.¹ Desde su inicio actuó como tribunal mercantil con sus normas, costumbres y fuero particular para juzgar a los comerciantes y como órgano de fomento que protegía los intereses de sus miembros. En este último aspecto, se ideaban estrategias para la conservación de sus derechos y la ampliación de sus ventajas corporativas.²

Como corporación mercantil, fue dirigida por una Junta de Gobierno compuesta por un prior, dos cónsules y nueve consiliarios que eran elegidos por el conjunto de comerciantes reunidos en Junta General. A estos cargos se les sumaban un contador, un tesorero, secretario y portero que no eran electivos ni periódicos, sino designados por las autoridades. Además, como sucedía con antelación a su creación, se nombraban apoderados del conjunto de la corporación para seguir temas puntuales. La Junta de Gobierno tenía la capacidad de resolver y la autoridad derivada de su elección por la comunidad mercantil.³

Las Juntas Generales de comercio no desaparecieron con la creación de la Junta de Gobierno del Consulado, sino que se siguieron convocando a los fines de elegir a miembros de la Junta de Gobierno o resolver temas cuya gravedad necesitara del apoyo de la mayoría, como los de recaudar préstamos y donativos o la de proteger los territorios de los enemigos.⁴ Participaban de tales Juntas el conjunto de los comerciantes, desde comienzos del siglo XIX, se convocaron como canal alternativo al Consulado. En ellas también se trataba sobre la adopción de políticas de apertura a los navíos de otros lugares que el comercio monopólico no permitía. Los intereses de los actores y la aplicación de estas políticas será uno de los objetivos de este trabajo.

Se propone demostrar que el Consulado de comercio fue, desde su inicio, una corporación mercantil con fines esencialmente fiscales que proporcionaba fondos monetarios a la Corona hasta su derrumbe y a las autoridades locales con posterioridad a él. Su importancia como cuerpo político radicaba en su capacidad de recaudación monetaria, margen de negociación con respecto a las autoridades y legitimidad del conjunto de la comunidad mercantil. Estos ingresos serían proporcionados tanto por préstamos, donativos y contribuciones como por los gravámenes aduaneros recaudados en las introducciones de “efectos” y salida de frutos. Específicamente trataremos de demostrar que una fracción de los miembros del Consulado se habría opuesto a la apertura comercial que beneficiaba a los hacendados y a los comerciantes ingleses, tanto durante la autoridad de la Corona, como de los gobiernos locales posteriores. Esta alianza habría sido uno de los factores, sumado a la presión fiscal sobre los comerciantes, que explica el declive y disolución del Consulado.

Estrechamente ligado a ello, intentaremos demostrar que los gobiernos locales impulsarían una política liberal que beneficiaría centralmente a los comerciantes ingleses y a los hacendados. Si bien la corporación de comerciantes no habría sido uniforme, ni los integrantes habrían tenido los mismos intereses, ante la apertura mercantil habrían respondido en forma colectiva oponiéndose a tal medida. Finalmente, y como consecuencia de las guerras de la independencia, los conflictos interprovinciales y la formación de nuevas soberanías políticas como el estado-provincia de Buenos Aires, el Consulado se habría disuelto porque ya no respondía a las nuevas demandas de la época. Planteamos que el Consulado habría sido una corporación que, no obstante haber tenido un auge en la etapa inicial, desde los albores del siglo XIX hasta su disolución habría perdido paulatina y gradualmente su legitimidad y su margen de poder.

Planteamos cuatro etapas en la trayectoria de la corporación. La primera, que llamamos etapa de formación y transformación del Consulado, abarca desde su fundación en 1794 hasta la integración de los hacendados al cuerpo en 1797. Esta la consideramos la época de esplendor del cuerpo que culmina en la transformación institucional. La segunda etapa, o del comienzo del declive del Consulado abarca desde este año hasta el derrumbe monárquico de 1808. En estos momentos observamos una gradual pérdida de legitimidad interna y de disminución de su margen de poder para negociar con la Corona. La tercera, abarca los años de 1808 a 1816, la consideramos la etapa de la profundización del declive del Consulado. En dicha etapa, entre el derrumbe de la Corona hasta la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se acentúa el deterioro de poder de negociación y se intensifica la pérdida de legitimidad del conjunto de la comunidad mercantil. La última etapa abarca los años de 1816 hasta su disolución en 1821. Este período que llamamos de agonía del Consulado, es la etapa en la que se conformó, luego de los conflictos interprovinciales, el estado-provincia de Buenos Aires y se desarrolló una política económica liberal que produjo una crisis institucional con la inexorable pérdida del poder de la corporación.

FORMACIÓN DEL CONSULADO DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

El Consulado de comercio de Buenos Aires fue fundado por Cédula Real el 30 de enero de 1794. Este cuerpo de comercio se conformó como resultado de la combinación de dos circunstancias. Por un lado, por el fomento de la Corona que necesitaba mayor recaudación monetaria y que impulsaba la conformación de Consulados tanto en la península como en América y por otro,⁵ como consecuencia de las propias experiencias corporativas de los comerciantes en sus recursos de representación, las Juntas de comercio.⁶ En dichas juntas, los comerciantes elaboraban estrategias de defensa de sus intereses colectivos. Sus integrantes continuaron participando en el consulado como miembros de la Junta de Gobierno o como electores en las Juntas Generales.⁷ Esta combinación de intensiones entre un proyecto “absolutista” y las prácticas corporativas de los actores locales genera, según nuestra interpretación, un sistema político mixto que hemos denominado “centralización corporativa” (KRASELSKY, 2019).

Sus integrantes fueron actores mercantiles y desde 1797, fueron integrados los hacendados que desde 1775 conformaban su propio gremio. Las relaciones entre estos dos cuerpos, frecuentemente enfrentados durante el siglo XVIII, tuvieron un punto de inflexión en un conflicto de 1791. Dicha disputa se debió al monopolio y la comercialización de cueros que culminó en el fallido reclamo de los hacendados por el cual solicitaban una Hermandad de la Mesta en 1793. La negativa del Rey se produjo paralelamente a la aprobación del Consulado de comercio. Los intereses de este gremio fueron más útiles a la Corona, la tenencia de plata efectiva y el control institucional de esta elite sobre los derechos impositivos, seguramente convenció al rey de la necesidad de apoyar a este sector en sus disputas con los hacendados (JUMAR; KRASELSKY, 2007, p. 31-57). De este modo, se configuró una sociedad corporativa en el Río de la Plata.⁸

Así, el Consulado comenzó a concentrar funciones y recaudaciones como intermediario de la Corona y la comunidad mercantil local. La Corona solicitaba fondos a los comerciantes por intermedio del Consulado y luego ésta debía devolver los intereses del capital prestado, para eso obtenía dinero de las averías y los derechos impositivos portuarios. Estos gravámenes fueron, al margen de su poder para juzgar a sus pares, vitales para el sostenimiento de los privilegios (KRASELSKY, 2019).⁹

De este modo, en 1797, tres años después de la creación del Consulado, los hacendados fueron incorporados por decisión real al Consulado de comercio alternándose en la dirección de la corporación (JUMAR; KRASELSKY, 2007, p. 31-57). La Corona impulsó la integración de los cuerpos motivada por los beneficios de la venta y comercialización de cueros, por la política de alternancia ya impulsada en otros espacios (VALLE PAVÓN, 2003, p. 262) y por las ideas reformistas del secretario del Consulado Manuel Belgrano. Estas ideas fueron en dirección de una apertura mercantil y una política de transformación de las estructuras económicas. Sin embargo, esta innovación parece haber quedado en letra muerta. Las elecciones siguieron como hasta entonces, el gremio de hacendados seguía existiendo paralelo al de comerciantes con lo que, lejos de ser una realidad, fue una incorporación sólo formal.

Aun así, las conflictivas relaciones parecen mantenerse pacíficamente, en permanente latencia. Debido a la crisis de la Monarquía hispánica y a la necesidad de contar con mayores recaudaciones, las autoridades impulsaron una política de apertura del monopolio. En este aspecto, los comerciantes británicos que desde hacía más de un siglo estaban presentes en el Río de la Plata fueron apoyados por los hacendados, los mayores beneficiados. Los británicos, a través de una ocupación dispersa a fines de siglo XVII primero, con la toma de Colonia de Sacramento por sus aliados portugueses y como resultado del tratado de Utrecht y del Asiento de esclavos después en el siglo XVIII desplegaron su influencia y poder. La ocupación del Río de la Plata a inicios del siglo XIX no fue un proyecto improvisado, sino que llevaba su tiempo de maduración (STREET, 1967, p. 19-27, p. 137-151; FITTE, 1967, p. 73; GALLO, 1994, p. 19-23; JUMAR, 2002, p. 117-180; 2012, p. 123-135; SCHLEZ, 2019, p. 7-10).

A fines del siglo XVIII las ambiciones británicas, portuguesas y francesas sobre el territorio y el gran crecimiento de las producciones de cuero, llevaron a la creación del Virreinato del Río de la Plata. Con posterioridad a la creación de esta estructura institucional y en sintonía con el Reglamento de Comercio Libre de 1778, se produjo una lenta pero progresiva apertura que beneficiaba a los comerciantes ingleses y sus aliados locales, entre ellos los hacendados. De este modo en 1795, 1797 y 1802 se estableció el comercio con neutrales (SCHLEZ, 2011, p. 273-274; STREET, 1967, p. 138; TJARKS; VIDAURRETA, 1962, p. 4).

Creemos que esta alianza entre los hacendados y los comerciantes que buscaban la apertura mercantil, habría sido uno de los motivos que explicaría el progresivo deterioro económico y político del Consulado de comercio. La coyuntura de guerras y conflictos internacionales, la presión sobre los comerciantes, la necesidad de recaudaciones monetarias para enfrentar los gastos de una Corona en crisis y las divisiones internas entre los comerciantes fueron otros factores que colaboraron con la pérdida de capacidad de negociación y poder corporativo. Esta disminución de poder, se relaciona con la paulatina crisis de legitimidad en el interior de la corporación mercantil.

TENSIONES CORPORATIVAS Y CONFLICTOS INTERNOS ENTRE LOS COMERCIANTES. EL COMIENZO DEL DECLIVE DEL CONSULADO

A partir de los primeros años del siglo XIX, y en una coyuntura de guerra, la Corona profundizaba sus peticiones y solicitudes de préstamos, donativos y contribuciones a los comerciantes que eran quienes poseían liquidez monetaria. El Consulado como corporación recaudaba los derechos aduaneros de los comerciantes y actuaba como intermediario reuniendo montos que depositaba en la Tesorería Real para la Corona y sus urgencias.¹⁰ La pérdida de poder del Consulado como órgano colectivo de defensa de intereses comerciales comienza a resquebrajar las estructuras políticas y reimpulsar las Juntas como sucedía con antelación a la fundación del Consulado. Con ello, observamos que las Juntas de comercio, órgano previo a la institucionalización del consulado retornaron como recursos de la representación mercantil.

En 1806-1807, una expedición británica al mando de Popham y Bereford ocupó las dos bandas del río en 1806 y 1807. Uno de los primeros actos posteriores a la ocupación fue, el 4 de agosto de 1806, la de establecer la libertad de comercio y reglamentar los derechos de aduana. La ocupación británica colaboró, según Schlez (2020, p. 18) al establecimiento del comercio directo con Gran Bretaña y otros puertos europeos y norteamericanos y a la disolución del monopolio con Cádiz. Con ello, en el Río de la Plata se podría “disfrutar de las producciones de otro países a un precio moderado” y que “las manufacturas y producciones” no tendrían “la traba y la opresión que las agobiaba”. Los ocupantes señalaban que lejos de someter a las regiones, su objetivo era más bien “la felicidad y prosperidad de estos países” para lo cual sancionaron el Reglamento que declaraba “el comercio de esta plaza libre y abierto” (ARCHIVO, 1914, p. 153).

El Reglamento señalaba que los frutos, los cueros de distinto tipo o el sebo y demás producciones serían gravados en la aduana con derechos específicos, por ejemplo tendrán que otorgarle la suma del dos y medio por ciento al Consulado. El oro y los demás metales, según el Reglamento pagarían un gravamen a la corporación mercantil (ARCHIVO, 1914, p. 159). El Consulado, respondió de dos maneras oscilando entre la obediencia y la conveniencia institucional. Por un lado otorgó fondos solicitados a las autoridades hispánicas para la defensa del estuario y por otro juró fidelidad a las fuerzas de ocupación británicas.¹¹ Tras la ocupación, los británicos aseguraron conservar las cosas tal como estaban, aunque su presencia motivó a los hacendados a impulsar la venta de sus cueros en un comercio “liberado”. Esta apertura comercial si bien fue apoyada por una fracción de comerciantes locales, además de los hacendados, no lo fue por los comerciantes gaditanos que tenían intereses en las casas comerciales de la península.

Así el 17 de septiembre de 1806, una Representación del síndico de la corporación José Martínez de Hoz, solicitó la “absoluta abolición del (comercio) de los Extranjeros en esta Capital y Puertos del Río de la Plata”. Mediante este escrito, una fracción de los comerciantes suplicaba al Rey que deje en manos del Consulado la intervención “en el Resguardo de las Rentas, como así también en las oficinas de aduanas”. Finalmente los comerciantes comisionaron a “una persona de aptitud, inteligencia, y en quien concurran las circunstancias que son necesarias” para representar a esta comunidad en la Corte, defendiendo los intereses de “todo el comercio de estas Provincias Argentinas” (ARCHIVO, 1914, p. 160).

Esta Representación fue apoyada por una Junta General de comerciantes convocada el 1° de octubre de 1806 que “por disposición y acuerdo de la de Gobierno” se reunieron para idear las estrategias necesarias para oponerse a las medidas de apertura de los británicos. Una de estas estrategias fue la de enviar a un representante a la corte financiado con los fondos del ramo de la nueva avería de guardacostas. Dicho representante debía lograr “la restricción, o entera suspensión del permiso concedido para comerciar con las colonias extranjeras” (ARCHIVO, 1914, p. 161). Para efectivizar el envío del representante, la Junta de Gobierno llamó a una Junta General el 17 de octubre en la que se nombró a José Fernández de Castro (ARCHIVO, 1914, p. 162). Esta apertura del puerto contaba con el apoyo de los hacendados, quieres veían en los comerciantes ingleses socios ideales para comercio de sus corambres (TJARKS; VIDAURRIETA, 1962, p. 9).

Los conflictos se profundizaban y con ellos la necesidad de recaudaciones monetarias del cuerpo mercantil. Las autoridades promovieron otras formas de recaudar dinero. Por un lado, impulsando un aumento aduanero sobre el azúcar, vino y aguardientes nacionales y extranjeros (ARCHIVO, 1914, p. 166). El Consulado aprobó tal gravamen que consiste en aumentar los derechos de los artículos que no son de primera necesidad (ARCHIVO, 1914, p. 168). Por otro lado, con el respaldo del Consulado, las autoridades impulsaron las contribuciones patrióticas. A estas medidas se opuso, por medio de una Representación del 27 de junio de 1808, Antonio de Obligado, diputado del Gremio de Hacendados y criadores de ganado. El apoderado señalaba que

atan las manos a los hacendados agricultores de los ganados, y a los labradores, ponen al publico a los umbrales de extremas escaseces y carestías, y secan los manantiales mas copiosos del erario en estas provincias. (ARCHIVO, 1914, p. 207)

El apoderado de los hacendados criticaba a los comerciantes del Consulado, a quienes señalaba como los responsables de que los impuestos se requieran a costa de los agricultores y consumidores. Además esta contribución patriótica se realizaba sobre la producción de cueros que era la riqueza de la región rioplatense. Concluye señalando que esta contribución se tendría que recaudar

sin distinción de clase ni estados y si desechar o despreciar ninguna oferta por corta que fuese suscribiesen, o hiciese subscribir la cantidad mensual con que cada uno puede sin grave perjuicio contribuir y que mensualmente la ponga en paraje cómodo y manos seguras que VE tenga a bien determinar. (ARCHIVO, 1914, p. 208)

Dicha contribución, para Obligado no debe ser forzosa sino variable según la suma que cada uno puede o que considera justa. Finalmente, el 13 de julio de 1808, el Virrey Liniers apoya a los hacendados desaprobando las imposiciones sobre los mayores impuestos y que “recae sobre la extracción de frutos del país” y sobre “la introducción de buque neutrales” (ARCHIVO, 1914, p. 210). Ante la defensa de intereses ganaderos, los comerciantes en el Consulado, ya divididos entre los intereses de comercio monopólico y la apertura mercantil, comenzaban a perder peso y legitimidad política interna. Esta apertura mercantil, no implicaba solamente la pérdida de capacidad de negociación de los comerciantes locales sino la aceptación de un sistema de poder controlado por los comerciantes ingleses y sus socios entre los cuales se encontraban los hacendados.

TRANSFORMACIONES Y PROFUNDIZACIÓN DEL DECLIVE DEL CONSULADO DE COMERCIANTES 1808-1816

El año 1808 marcó un punto de inflexión en las relaciones imperiales, Napoleón invade la península ibérica y por este hecho se derrumba la Corona hispánica y se reconfigura el mapa de las alianzas. Inglaterra, antigua enemiga de España, se transformaba en su aliada. En Buenos Aires, motivado por el derrumbe monárquico se inició el periodo revolucionario que promovió la autonomía y la centralización en la antigua capital virreinal y que abrió el camino hacia la independencia de las Provincias Unidas en 1816. El Consulado, pervivió a estos acontecimientos, reacomodándose a una situación novedosa, pasando de ser un interlocutor de la Corona, a otro que debía brindar recursos a las autoridades revolucionarias.¹² Como modo de recaudar dinero, la apertura de los puertos al comercio internacional, británico en particular, se volvió un recurso central.¹³

APERTURA MERCANTIL:

REGLAMENTO DE AMIGOS Y NEUTRALES

El lento declive de la corporación mercantil se produjo a causa de dos núcleos de intereses entrelazados. Por un lado la recaudación de dinero, préstamos y contribuciones y por otro la apertura portuaria a los ingleses. De la primera cuestión, remitimos a trabajos sobre el tema.¹⁴ Haremos hincapié en la segunda sobre la ampliación de los derechos impositivos portuarios. La necesidad de recaudaciones tornó necesaria dicha apertura a los comerciantes ingleses.

La idea de la apertura al comercio extranjero adquiere un nuevo impulso en el recurso presentado por dos comerciantes británicos Juan Dillon y John Thwaites que el 16 de agosto de 1809 pretendían introducir sus mercaderías traídas desde el puerto de Cork en Irlanda con destino a Río de Janeiro. Al estar aquella plaza abastecida de mercaderías británicas, y considerando que Inglaterra se encontraba aliada a España en la guerra contra los ejércitos napoleónicos, pretendieron bajar sus efectos en los puertos del Río de la Plata (ARCHIVO, 1914, p. 213). Este caso, reabrió el debate sobre la posibilidad de la apertura a los británicos. El Virrey Cisneros convocó a los cuerpos políticos y fiscales más importantes para luego tomar una resolución. Así, se generaron una serie de Representaciones de la corporación de comerciantes en el Consulado, otra del Cabildo de Buenos Aires, otra de los comerciantes peninsulares monopolistas y finalmente de los productores locales como hacendados y labradores y que culminó en el Reglamento Provisorio de noviembre de 1809.

Los comerciantes del Consulado, mediante su síndico Martin Yanis el 31 de agosto de este año, señalan que “esta permisión arruinaría inmediatamente nuestro comercio nacional”. Según su interpretación la apertura sería nociva y que las necesidades de recursos de la Corona podían remediarse por otros recursos como las contribuciones, el uso de crédito y los prestamos forzados que según él era “muy natural y conforme a la razón, nada tiene de violento, y perjudicial, ni menos puede causar daño alguno a la Nación, ni al Vasallo”. De este modo se podrá “pronta y fácilmente” con estos ingresos “cubrir los débitos contraídos, y aun remunerar con prodigalidad a los buenos servidores de la patria” (ARCHIVO, 1914, p. 214-215). En otro escrito, el 4 de septiembre, el síndico del Consulado y ante la avalancha de los productos ingleses observó “¿Qué le queda entonces a nuestros artesanos? Fácil de presagiar y digámoslo de una vez que solo les quedara ojos para llorar su desventura y miseria maldiciendo los autores que la han acarreado” (ARCHIVO, 1914, p. 217).

Sin embargo, unos días después, el 6 de septiembre de 1809, el Consulado por intermedio de una Representación firmada por su Prior Antonio Piran, y cónsules Joseph Rubio y Francisco Antonio de Escalada, y por su secretario Manuel Belgrano, aceptó la apertura mercantil provisoria. Esta postura demuestra que el Consulado no fue un cuerpo con intereses similares. Estos se fueron dividiendo entre los monopolistas, ligados a los peninsulares y los librecambistas en favor de una apertura. El cuerpo exigía que los comerciantes extranjeros solicitaran permiso y que nombrasen “apoderados españoles individuos matriculados por este Real Consulado para efectuarlo” y que de “estos productos deben retornar las dos terceras partes en cueros al pelo y la tercia restante en distintos frutos del país que les acomode” pagando los derechos correspondientes. El cuerpo mercantil solicitaba además de ello, que se efectuara una comisión de veedores (ARCHIVO, 1914, p. 218).

El cabildo de Buenos Aires, en su sesión del 12 de septiembre de 1809, también elevó su respuesta en la que subrayó la necesidad de recaudaciones que no fueran de los préstamos, donativos ni contribuciones. En la sesión capitular señalaron que aceptaban la introducción de productos extranjeros con la condición de ser “limitado a determinado tiempo, y a renglones de licito comercio” asegurando que “los ingleses no por si no haian de poner en esta ciudad casas de comercio, almacenes ni tiendas y solo proceder por consignaciones a comerciantes de nombre” (ARCHIVO, 1914, p. 219), esto significó una apertura limitada al mercado de importación restringido al mercado interno.

Los comerciantes gaditanos, grupo que poseía amplio margen de poder debido a su vinculación con el Consulado de Cádiz, elevaron su Representación. Ellos, mediante el escrito de Miguel Fernández de Agüero sostenían que “la concesión del libre comercio a los ingleses” ocasionaría graves perjuicios para el comercio ya que se profundizaría la crisis en la recaudación de gravámenes aduaneros. Para el apoderado la apertura traería la “ruina del comercio nacional y particularmente del de Cádiz” recibiendo con “este último golpe que será sin duda irreparable” la crisis general de “las artes, la industria y aun la agricultura misma en estos dominios” llegando a un “estado de desprecio y abandono” (ARCHIVO, 1914, p. 220). Fernández de Agüero señalaba que la apertura

va a acabar de golpe con nuestras reliquias de nuestra Marina mercantil y a arruinar enteramente el gremio de navieros” prediciendo y promoviendo que los monopolistas tendrán que “poner fuego a sus buques, sino quieren perpetuar sus quebrantos. (ARCHIVO, 1914, p. 221)

El apoderado consideraba que los comerciantes ingleses habían sido los que introdujeron efectos por intermedio del fraude, y que con la legalización de la introducción de sus efectos, su comercio ilegal se multiplicaría (ARCHIVO, 1914, p. 224). La consecuencia de esta apertura sería que los metales preciosos se irían para Inglaterra y no para las arcas reales, impulsando la recaudación de préstamos de los comerciantes locales hasta volverla inviable (ARCHIVO, 1914, p. 226). En este punto promovía el establecimiento de otros impuestos como sobre la carne o las propiedades, el cercenamiento de los sueldos a funcionarios, una lotería o la petición de fondos a interés a otros espacios como Chile o Lima quienes se mostraban “interesados en la conservación y defensa de este continente” (ARCHIVO, 1914, p. 226-227).

En respuesta a los comerciantes, el 30 de septiembre de 1809, los hacendados y labradores de la campaña oriental y occidental del Río de la Plata por intermedio de su apoderado José de la Rosa, - aunque se sabe con certeza que este fue un seudónimo de Mariano Moreno - manifestaron en un extenso escrito sus principios liberales opuestos a los de los comerciantes monopolistas. Su apoderado se esforzaba por tratar de conciliar a la “prosperidad del país con la del Erario” (MORENO, 2007, p. 65). Los hacendados decían que “no tenían necesidad (...) de ser oídos” por el Consulado (MORENO, 2007, p. 68). Si bien los hacendados fueron incorporados en la Real Orden de 1797, esta integración, en la práctica y como hemos dicho más arriba, no se materializó.

El apoderado remarcaba que los hacendados y labradores, a quienes representaba simbolizaban trabajadores de la tierra y que “el sudor de su rostro produce un pan” (MORENO, 2007, p. 69). Continuando con la disputa de las décadas pasadas, se presentaban como los productores de “frutos de la tierra” con intereses locales contrarios a los comerciantes a quienes acusaban de especuladores. Mariano Moreno observaba que la tierra, “está íntimamente ligado(a) a la prosperidad nacional” identificaba la “tierra” con los intereses de los productores, la que “no puede ser funesto sino a cuatro mercaderes que ven desaparecer la ganancia que esperaban de clandestinas negociaciones” (MORENO, 2007, p. 113). El apoderado observaba que en apoyo a la apertura que

De un pueblo que no tiene minas, nada mas saca el erario que los derechos y contribuciones impuestas sobre las mercaderías los apreciables frutos que abunda esta provincia, y el consumo proporcionado a su población son los verdaderos manantiales de riqueza que deberían prestar al gobierno abundantes recursos. (MORENO, 2007, p. 76)

De este modo observaba que debido a las guerras existía “falta de buques”. El comercio con los ingleses era considerado como “un mal necesario, que siendo imposible evitar, se dirige por lo menos al bien general” (MORENO, 2007, p. 76). Este sería recaudar los derechos aduaneros derivados de la dinámica mercantil. Los británicos y extranjeros impulsaban la extracción de “frutos” y la riqueza de la tierra.

El apoderado de los Hacendados descartaba la recaudación de donativos y préstamos a los que consideraba “un recurso miserable, con que se consuman los males que se intentaban remediar” (MORENO, 2007, p. 82). Con la libertad de comercio se podría abrir las “fuentes inagotables del rápido circulo que tendrán entonces las importaciones y sus respectivos retornos” (MORENO, 2007, p. 84). Moreno consideraba que el libre comercio con Inglaterra es “el único medio que le queda a la España para reparar sus quebrantos, y precaver a la entera ruina de su comercio” los territorios peninsulares podrían, gracias a los fletes extranjeros, “sostener giro que en el día está cortado por falta de marina mercante que no tiene” (MORENO, 2007, p. 125).

En respuesta a Fernández de Agüero, señalaba que el comercio monopólico es ruinoso, y caracterizaba a los comerciantes de los puertos de mar como “corredores, trajineros del comercio” que se enriquecían de la especulación y del “precio exorbitante” de las producciones (MORENO, 2007, p. 127). Según su interpretación, ellos no cuidaban al comercio ni a los colonos, “¿cómo tratais al comercio? Como un viajero trata a los muebles de un quarto alquilado” además pensaba que con el libre comercio decaería el comercio clandestino (MORENO, 2007, p. 128). Este comercio ilegal podría suprimirse con estas medidas y a la vez impulsar el comercio de los frutos de la tierra.

En conclusión, el representante de los hacendados y labradores recomendaba efectuar la apertura mercantil como respuesta a la falta de dinero que debería extenderse por dos años siendo llevada adelante por consignatarios. A estos puntos le agregaba lo más importante para su gremio, que la mitad de los valores de importación debían hacerse en frutos (MORENO, 2007, p. 163-164). Para asegurarse esto, exigía que de las dos personas que se eligieran para veedores e interventores en los reconocimientos de los géneros tanto en Buenos Aires como Montevideo “sean uno hacendado precisamente, reservándose el apoderado de este gremio pasar a VE una lista de los principales hacendados sobre quienes puede recaer el nombramiento” (MORENO, 2007, p. 165).

Finamente el virrey, después de haber escuchado a los grupos de interés más importantes y luego de expedirse los fiscales, sancionó el Reglamento Provisorio del 3 de noviembre de 1809. Por este, se permitía a los comerciantes de las “naciones amigas y neutrales” a comerciar mediante factores locales nombrados “en personas notoriamente conocidas por Comerciantes de esta plaza”. Los buques debían ser “amigo, neutral, o nacional procedentes de Puertos extranjeros con cargamentos de efectos y frutos de igual propiedad y procedencia, bajo las reglas y con las limitaciones siguientes que deberían regir en su introducción y extracción de Frutos del País” (ARCHIVO, 1914, p. 255). Con lo cual, los comerciantes ligados a casas españolas no perderían la hegemonía en la distribución de los productos en el mercado local y regional.

Por lo tanto se excluían los comerciantes británicos de la venta al público y a sus consignatarios de “vender a vareo” pero podían vender “en tienda particular”. Por último, la Junta de Gobierno del Consulado propondría a cuatro sujetos “de la clase del comercio” que poseyeran las cualidades de “probidad, inteligencia, aptitud y demás que favorecen” para destinar dos a veedores que controlaran en la aduana y los dos restantes como auxiliares del juez (ARCHIVO, 1914, p. 256). Es decir que el Reglamento de 1809, permitió que los comerciantes ingleses pudieran introducir sus mercaderías a los puertos y venderlas sólo por intermedio de consignatarios locales. Es decir, el mercado interno quedaba cerrado para sus actividades (JUMAR, 2012, p. 152).

El Reglamento de Amigos y Neutrales fue una medida transitoria, que caducaba en mayo de 1810. Luego de lo cual, y en virtud de lo dispuesto por el Consejo de Regencia, los comerciantes extranjeros debían ser expulsados. Esto llevaría a Fitte (1967, p. 137) a interpretar su peso en la Revolución ya que el día posterior a este acontecimiento, se permite la libertad de residencia. Desde este año, disminuyeron los impuestos de exportación de los cueros y demás productos ganaderos (STREET, 1967, p. 164) con lo cual los hacendados se beneficiaron. Los contactos estrechos entre los revolucionarios y los comerciantes ingleses, impulsaron a aquellos a la petición fallida de reconocimiento formal, protección y armamentos por parte de las autoridades británicas (GALLO, 1994, p. 137). Esta búsqueda de legitimad se lograría recién en 1825.

Desde esta época, los comerciantes británicos que tuvieron un papel protagónico desde fines del siglo XVII, se agruparon en la Comisión de Comerciantes, ámbito informal que dio paso al Comité de comerciantes Británicos en Buenos Aires al que le sucedió la British Commercial Rooms fundada en 1810 (FITTE, 1967, p. 108; STREET, 1967, p. 192, p. 261). Este cuerpo fue un ámbito en el cual los comerciantes británicos intercambiaban informaciones sobre el abastecimiento de los mercados y las rutas establecidas para ello. Significaba un ámbito de presión a las autoridades revolucionarias en la que se proyectaban estrategias colectivas (SILVEIRA, 2014, p. 224-228; 2015, p. 275). Este cuerpo británico presentaba características similares al Consulado de comercio de Buenos Aires como ámbito de protección de sus miembros.

Creemos que en la profundización del declive del Consulado jugaron un rol destacado tanto la alianza entre hacendados y comerciantes ingleses, como conformación de instituciones corporativas, en particular los grupos de presión política de los comerciantes ingleses. En 1811, el Consulado perdía margen de negociación declinando en su posición de entidad fiscal. Los Ministros de la Real Hacienda le ordenaron al Consulado depositar en la Tesorería General todos los fondos que tuviera en sus cajas.¹⁵ Los mayores perjudicados eran los comerciantes españoles otrora poderosos, vinculados al sistema monopólico.¹⁶

1812, RADICALIZACIÓN DEL PROCESO REVOLUCIONARIO. LOS COMERCIANTES BRITÁNICOS Y SUS RELACIONES

CON EL CONSULADO Y LOS HACENDADOS

En 1812 con la formación del Segundo Triunvirato y la presión sobre los españoles peninsulares que debían otorgar préstamos forzosos al gobierno, se inició una nueva etapa de los gobiernos revolucionarios. En esta etapa, además de la incautación de “pertenencias extrañas” a los comerciantes peninsulares (GALMARINI, 1985, p. 15), podemos analizar la nueva conformación de la estructura de los organismos de gobierno local como las audiencias y los cabildos y el aumento de la rivalidad con Montevideo que se mantiene fiel a lo dispuesto por el Consejo de Regencia.¹⁷ En esta etapa, se dictaron dos decretos relevantes, el primero ordenaba que las expediciones procedentes de “puertos de España o sus dependientes se consideraban como extranjeras para la exacción de derechos”.¹⁸ Por el segundo se sancionaba la libertad “plena” de comercio, con lo cual los comerciantes ingleses y extra peninsulares podían comerciar libremente sin necesidad de contar con consignatarios locales. Por este decreto “Los extranjeros pueden vender por mayor sus cargamentos, comprar los retornos, y correr con las dirigencias de embarco, quedando sin efecto la obligación de consignarse a un comerciante nacional.”¹⁹

Esto permitiría ampliar las recaudaciones aduaneras en momentos de guerra y de necesidad financiera. Paralelamente al impulso de los comerciantes británicos, el 14 de mayo, el Consulado fue reformado por la intervención del poder revolucionario. Se estableció que las elecciones se realizaran “con la calidad de quelas dos terceras partes de electores y elegidos sean oriundos delas Provincias Unidas del Río de la Plata”.²⁰ Esto implicaba una profundización de su crisis.

Tiempo después, en el año 1813, el Segundo Triunvirato convocaba a una Asamblea General Constituyente y Soberana,²¹ la cual promovió, por medio de un decreto del 9 de diciembre de 1813, la aplicación de un incremento de 25% de los derechos a la introducción de productos y manufacturas extranjeras. Algunos artículos como el aceite, muebles y calzado aumentarían 35%.²² Este ajuste sobre las manufacturas importadas, se produce en un contexto de guerra y apunta al pago de los comerciantes ingleses que tenían los mayores beneficios. La Asamblea subrayaba que “no ignora” la importancia del comercio y de los derechos impositivos pero debido a las circunstancias “ha preferido recargar algo estos efectos” para que los ciudadanos contribuyeran “de manera indirecta, y menos sensible. Al violento recurso de empréstitos forzosos, de contribuciones directas siempre odiosas y que naturalmente no podrían repartirse con igualdad proporcional”.²³

Dicha Asamblea, sancionó una serie de reformas liberales. Una de ellas era la cuestión de la ciudadanía, por la que todos los españoles que no la recibían serían desplazados de sus cargos.²⁴ Este año no se produjeron las elecciones de los miembros del Consulado (TJARKS, 1962, p. 894), con lo cual interpretamos que la importancia de esta institución se reducía progresivamente.

En enero de 1814, se produjo un nuevo capítulo en el conflicto entre comerciantes del Consulado y hacendados por el monopolio de la comercialización de cueros. A partir de un proyecto que reglamentaba las barracas o espacios de venta del puerto, presentado por el Consulado, el Segundo Triunvirato resolvía que todos los cueros y piezas de sebo debían marcarse, y eso debía tramitarse en el Consulado. La corporación mercantil mantenía sus privilegios otorgados por el gobierno. En este punto, adquiría las funciones de control y vigilancia sobre las ventas de los derivados de la producción ganadera.²⁵ En septiembre del mismo año, los comerciantes “nacionales”, en oposición a los extranjeros, solicitaron rebajas en derechos de importación. Señalaban que desde 1809, se atacaban sus derechos y ellos eran quienes debían financiar al Estado. Así se lee en su Representación

fue preciso valerse de arbitrios extraordinarios y empezaron las contribuciones, y los empréstitos que cargando sobre los comerciantes nacionales, lacerados ya con las anteriores desgracias, han consumado su ruina precisándoles a estar mano sobre mano, invirtiendo en estas erogaciones, y en la necesaria subsistencia de sus familias, los cortos restos de sus fortunas.²⁶

Los comerciantes locales se quejaban de la competencia extranjera y de las abusivas peticiones de dinero por parte del gobierno solicitando una “revaja de un 10% en las manufacturas y frutos que de su propia cuenta y pertenencia importen los comerciantes nacionales”. Además de este gravamen solicitaban que las ventas de los comerciantes extranjeros al interior de las provincias “sean gravadas con un 10 % de derechos”.²⁷ En uno de los periodos más agudos de la guerra de la independencia, en la que los comerciantes extranjeros debían financiar las guerras, los comerciantes locales vieron la posibilidad de restaurar la antigua hegemonía de la corporación.

Este proyecto fue apoyado por Juan José Anchorena con un escrito en el cual reafirmaba su defensa al monopolio de los actores locales frente a los extranjeros. En su escrito, de septiembre de 1814, señalaba que para beneficiar al Estado “es necesario protexer la industria y comercio del Pais, no despreciar los clamores de nosotros los comerciantes”.²⁸ Anchorena proponía elevar una serie de medidas con el fin de bloquear a los comerciantes extranjeros y al mismo tiempo darle al “comercio nacional” una importancia “que ahora no tiene”.²⁹ Sin embargo, su Representación no prosperó. Las autoridades publicaron un Decreto fechado el 27 de mayo de 1815 por el que disminuían los gravámenes de los productos extranjeros que se reembarcaban en el puerto de Buenos Aires.³⁰

Desde 1814, con la caída de Napoleón, Fernando VII retornó al trono y en él intentó reconquistar los territorios americanos. En este aspecto, la necesidad de mayor recaudación fue profundizada.³¹ Un año después la expedición de Morillo desembarca en la antigua Nueva Granada para enfrentarse con Bolívar. Desde allí, los temores acerca de una expedición al Río de la Plata fueron una amenaza constante que impulsó la declaración de la independencia de 1816.³²

Aún en momentos en que el declive del Consulado se acentuaba, los comerciantes locales se resistían a la creciente pérdida de hegemonía. El 25 de febrero de 1815, la Junta de Gobierno elevó al Director Supremo un oficio que señalaba que “no concurriendo más de cuatro de sus individuos” consultaba si el tribunal podía deliberar igualmente.³³ Según nuestra interpretación ello está revelando la escasa importancia corporativa del gremio. En esta dirección y ese mismo año, los comerciantes apelaban a la convocatoria a Juntas de comercio para planificar estrategias corporativas.³⁴ El primero de septiembre el síndico presentó un oficio “firmado por muchos individuos” que manifestaba la decadencia del comercio y solicitaba la convocatoria a una Junta General para “acordar los remedios que se consideren oportunos, e indispensable a evitar su total ruina” la Junta de Gobierno aceptó y la convocó mediante esquelas. En dicha Junta, fechada el 29 de agosto del mismo año, se leyó un oficio presentado por el cónsul Manuel de Aguirre sobre “los perjuicios que hace al país la conducta de los extranjeros en nuestro territorio”. En dicha Representación Aguirre se preguntaba

¿desde el año de 1809 (…) somos mas ricos o mas pobres? ¿las necesidades han aumentado o han disminuido? ¿nuestros medios de industria u ocupaciones son mayores, o menores en su proporción? Todos a una vos claman somos mas pobres, con mas necesidades y menos medios para satisfacerlas; haciéndonos lentamente dependientes de unas naciones que nos debilitan con su sistema de comercio que nos pone al nivel de nuestra ruina. Por dios que no se crea qe atribuyo estos males ala nación inglesa.³⁵

Las mercancías extranjeras “se venden por estos por mayor y por menor aquí o en el interior”, dichos comerciantes compraban los cueros frescos en los mataderos para salarlos. Aguirre señalaba que los únicos comerciantes ocupados en tales actividades eran los extranjeros, con lo cual los locales se sentían “abatido(s) y humillado(s) delante de unos extranjeros, a quienes hago la justicia de considerarlos superiores”.³⁶

Manuel Aguirre señalaba que esta situación se podría remediar con una comisión compuesta por “ciudadanos de conocido patriotismo, aptitud y honradez” que tendría como misión organizar un censo “de todos los extranjeros residentes actualmente en el país”, que regulasen la actividad comercial y la producción de curtiembres y que

ninguno pueda permanecer en el territorio sino con licencia concedida, y renovada cada tres meses por la comisión, y para ejercitarla libremente quatro leguas en conjunto de la ciudad, que ninguno de ellos pueda hacer viajes para afuera del rio, o el interior sin obtener la licencia dela comisión.³⁷

Con ello, los comerciantes “nacionales” intentaban restablecer su hegemonía sobre los comerciantes extranjeros como antes del Reglamento de Libre comercio de 1812 o al menos disminuir sus perjuicios. Los comerciantes locales intentaban fallidamente, que los extranjeros pagaran derechos y brindaran sus recaudaciones. Este error de cálculo sobre su fuerza relativa a la hora de negociar, quedó al descubierto en las decisiones del gobierno.

Así, el 13 de enero de 1816 se produjo una Junta General de “españoles europeos y extranjeros” que tendría como objetivo otorgar un préstamo de carácter forzado al gobierno. Dicho préstamo de 200.000 ps se distribuiría entre los comerciantes españoles e ingleses, pero mientras los españoles estaban obligados a aportar, los ingleses suplicaron la decisión de las autoridades. El Director Supremo dispuso que “desde luego que no pasen vms. (…) los comerciantes ingleses, quienes han ofrecido ventajas al estado”.³⁸ Con ello, los comerciantes ingleses no estaban obligados a efectuarlo.

Es decir en esta etapa, la corporación mercantil perdió poder de negociación no sólo por disminución de integrantes a la Junta de Gobierno y la apelación cada vez más frecuente a las Juntas de comercio,³⁹ sino por la importancia que adquieren los comerciantes británicos y sus aliados los hacendados. La profundización de la apertura económica y los reclamos de la Junta de Gobierno del Consulado para que esto no ocurriese, eran manifestaciones de la profundización de su declive. Además el Consulado como caja financiera fue tomado por las autoridades revolucionarias y como corporación de Antiguo Régimen fue despojada de muchos recursos aduaneros y obligada a pagar los préstamos de los comerciantes. Con ello, los comerciantes tuvieron que readaptarse a las nuevas condiciones.

LA AGONÍA DEL CONSULADO DE COMERCIO: DESDE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA HASTA LA SU DISOLUCIÓN (1816-1821)

En esta etapa el gobierno revolucionario continuó presionando al consulado para que aportase mayores recursos monetarios. El poder inicial, luego transformado en declive y pérdida del margen de negociación siguió su camino descendente hasta su disolución. En la sesión de la Junta de Gobierno del 16 y 21 de agosto de 1816 se trató sobre las deudas que tenía que afrontar el Consulado. En su seno, el síndico Pedro de Lezica presentó un oficio en el que puso de manifiesto que el Consulado “se hallaba en estado de quiebra por la notoria desigualdad entre sus entradas y atenciones, y por las intercepciones que habían sufrido sus fondos en razón de las urgencias del erario” por lo cual, la Junta de Gobierno se hallaba en la necesidad de elevar al gobierno que se la excluya de obligaciones, que “abruman esta corporación” y solicitaba

un uno por ciento mas, sobre el medio que se recauda en la aduana por derecho de averia, duradero en el tiempo que sea necesario, para la amortización de sus deudas, (…) y mejor expedición en los negocios que están a su inspección y cuidado.⁴⁰

Estos reclamos del Consulado permiten interpretar su crisis. Ligado a ello, la escasa recaudación impulsó al Director de las Provincias Unidas a centralizar la administración de la hacienda y a concentrar las funciones de la recaudación de impuestos, créditos, empréstitos, contribuciones y demás erogaciones.⁴¹ Con lo cual el gobierno desplazaba al Consulado en sus funciones de recaudación y fomento. Los problemas financieros del Consulado eran ya evidentes, actuaba como fondo del Estado sin recursos propios.

Los comerciantes prestamistas pronto profundizaron sus reclamos de devolución de lo prestado.⁴² El gobierno revolucionario, por intermedio de su Director Supremo Juan Martin de Pueyrredón estableció, el 9 de abril de 1817, la amortización de todo crédito contra el Estado concediendo beneficios sobre las importaciones a los comerciantes locales. Estos comerciantes deberían, para obtener el beneficio, matricularse en un registro impulsado por la Junta de Gobierno del Consulado que a su vez dependía del Departamento de Hacienda.⁴³ Dicho registro tendría el objeto de otorgar a los comerciantes nacionales ventajas, como disminuciones de los gravámenes aduaneros pero también les exigía una contribución mensual para enfrentar los gastos de la corporación. Estas reformas a los aranceles de comercio iban en dirección de un aumento del control y vigilancia del gobierno sobre la introducción de mercaderías extranjeras. Estas reformas apelaban a las contribuciones indirectas de la comunidad más que a las directas (SANTILLI, 2010, p. 33-63).

En este sentido, el 14 de agosto de 1818, se elevó a la Junta de Gobierno del Consulado un proyecto para constituir una compañía de comercio que bajo la protección de esta corporación, promoviera “los minerales del cerro de Famatina”. La Junta de Gobierno, tras la consulta a especialistas en el tema, acordó diputar a cuatro apoderados para que los represente ante el Supremo Director del Estado. En dicha representación, los apoderados debían solicitarle “el establecimiento de dicha compañía con las gracias y exenciones”.⁴⁴ En estrecha relación con la compañía de comercio local, los actores mercantiles impulsaron también un banco de rescate. Estos dos proyectos contaron con la oposición de los comerciantes británicos, quienes desde hacía tiempo contaban con el monopolio financiero. La Junta de Gobierno del Consulado lo eleva al supremo director promoviendo esta corporación tiene ya entablada ante la suprema autoridad la solicitud de formar una compañía de comercio para la elaboración, rescate dela mina de Famatina sin que jamás pueda depender del monopolio del extranjero.⁴⁵

No está claro que sucede con este proyecto, las Actas del Consulado no lo mencionan. Intuimos que el proyecto quedó trunco tras el impulso de los comerciantes británicos que estaban agrupados en cuerpos como la British Commercial Rooms y el margen de maniobra limitado y cada vez menor de la corporación local. Con el declive tanto económico como político del Consulado, este intento habría quedado en el olvido. Las riquezas que podrían extraerse de Famatina siempre habrían estado en la mira de los gobiernos revolucionarios, a este iban ligados los de los bancos de rescate y casas de la moneda.⁴⁶

El liberalismo político y su rasgo más destacado el individualismo se contraponía a la lógica de la corporación y su orden casi inmutable. La permanente pérdida de poder de la corporación de comerciantes se manifestaba en las convocatorias a Juntas Generales,⁴⁷ en la incautación del gobierno sobre las recaudaciones del cuerpo⁴⁸ y en la pérdida de autoridad en el control de las licencias de las casas comerciales fundadas por los extranjeros.⁴⁹ En relación a ello, el gobierno apuntaba a un paulatino reemplazo del Consulado como entidad bancaria y a la creación de la Caja Nacional de Fondos Sud-América que se encargaría de devolver los préstamos y sus intereses a los comerciantes, lo cual fue una función estructural del Consulado desde su creación.⁵⁰ Por otra parte las autoridades gubernativas le quitaron miembros a la Junta de Gobierno del Consulado y suprimieron los sueldos de prior, cónsules y síndico.⁵¹

Desde mediados de la primera década del siglo XIX, las guerras de la independencia se convirtieron en interprovinciales. A inicios de la década del 1820, se derrumba el gobierno central de las Provincias Unidas del Rio de la Plata y con ello, comienza a definirse las fronteras de la Provincia de Buenos Aires.⁵² Esto implica una redefinición de la jurisdicción del Consulado que atravesaba su crisis terminal. Así, el 22 de marzo de 1820, el Cabildo de Buenos Aires, señalaba que el “ayuntamiento y el Consulado se le deje en la justa libertad de elegir a su satisfacción y confianza las manos subalternas por donde haya de correr los negocios de su inmediato cargo, y responsabilidad”, en un periodo de cambio, las corporaciones debían transformarse.⁵³

A principios 1821, la situación financiera pendía de un hilo, el Consulado agonizaba. La Gaceta exponía claramente esta crisis estructural señalando que la provincia de Buenos Aires atravesaba una etapa de crisis, las guerras civiles, la recaudación excesiva de préstamos y contribuciones,⁵⁴ la destrucción de “capitales, la aniquilación del comercio” habían cercenado la administración central.⁵⁵ Posteriormente y ante la solicitud de un préstamo, el gobernador resolvía que el ente recaudador sería la Secretaría de Hacienda y el Consulado “de la provincia”.⁵⁶ Con lo cual, además de sumarse una entidad de gobierno a la tradicional función del Consulado, esta corporación pasa de tener una jurisdicción virreinal a otra provincial.

En el mes de mayo, el gobierno provincial por intermedio de su Junta de Representantes sancionó un Decreto por el que el Consulado quedaba al borde de la disolución. En dicho Decreto se promovió una serie de medidas centralizadas por el secretario de Hacienda. Se destaca la formación de una Junta de tres individuos que regulara las recaudaciones en general y todos los temas vinculados a los préstamos solicitados. Dicha comisión se reuniría en la sala del Consulado, que debería proporcionarle “las manos auxiliares que necesite”.⁵⁷ Con lo cual, el Consulado perdía su función más importante. En el mes de junio, se produjo una fallida Junta de comercio que tuvo como finalidad elegir los miembros de la Junta de Gobierno. Luego de fracasar el primer intento, las autoridades provinciales instaron a los comerciantes a participar “esperándose no miraran con indiferencia un acto que tan cerca toca a su propio interés”.⁵⁸ Es decir, el Consulado había perdido legitimidad ante los miembros de la comunidad mercantil.

El Consulado, o lo que quedaba de él, sufría la transformación que promovió el gobernador y capitán general Martín Rodríguez y su Ministro de Gobierno y Relaciones exteriores Bernandino Rivadavia en un Decreto del 7 de agosto de 1821. En él se establecía una Junta de comerciantes y hacendados de doce miembros bajo la presidencia B. Rivadavia, quien a su vez nombraba a los miembros. Esta Junta se componía de seis comerciantes y seis hacendados con el fin de fomentar una “protección ilustrada del comercio, agricultura e industria”.⁵⁹ Es decir, aunque el Consulado persistía formalmente, ya carecía de funciones como entidad recaudadora y como ámbito de protección de sus intereses. Las funciones eran centralizadas por el nuevo gobierno.

En agosto de 1821, el gobierno provincial solicitaba al Consulado la conformación de una bolsa mercantil que “ha sido en todos los países cultos, uno de los medios que ha dado más impulso y rapidez a todos los negocios del comercio”. Mediante una orden, señalaba la necesidad de reglar y promover “la circulación de fondos y rentas públicas” y solicita al Consulado la elaboración de un proyecto,⁶⁰ el cual aparece en la memoria del Consulado de 1821. Las lentas transformaciones sufridas en la Junta ya analizadas, se concretaron en este año de su disolución. No están muy claras las funciones de dicha bolsa, en las Actas del Consulado se describe que se integraría por corredores que tendrían como tarea el giro de letras y fomento a la industria. Dicho proyecto se concretó en 1822, un año después de la disolución del Consulado, impulsado por los comerciantes británicos (STREET, 1967, p. 264).

La Junta de Gobierno del Consulado señalaba que era indispensable promover su uso para “poner en acción todo el valor de los hombres industriosos y activos, llenando el vacío del capital real que nos falta; (fomentando) por este medio la industria en general” y apoyar el reconocimiento de “esta clase de papel circulante”. Estos corredores debían ser nombrados por el resto de los comerciantes de acuerdo a “su conocida buena fe y honradez, a que se debe unirse la inteligencia en el comercio, exactitud en sus cuentas”. El Consulado elegiría a los 4 corredores mediante el llamamiento de Junta General. Esta informaría al Consulado el resultado y luego la corporación elevaría al gobierno. Pero dada la urgencia serían nombrados directamente por el Consulado.⁶¹

El Consulado reclamaba al gobierno provincial “los fondos íntegros de la corporación para atender a los objetos de su instituto y cubrir la inmensa deuda que reconoce de capitales e intereses cuia retención por falta de aquellos había causado el descrédito de este cuerpo”⁶² la Junta de Gobierno del Consulado, acordó se elevase una representación enérgica al gobernador solicitando la devolución de todos los fondos Consulares desde esta fecha para llenar los deberes a que está ligado por compromisos con respecto a su deudas. Con ello, la corporación mercantil en tiempos de su agonía, le solicitó al Estado que éste le brindara fondos para seguir existiendo.

Pero las cartas estaban echadas, el conjunto de las disposiciones del gobernador apuntaban a la disolución del cuerpo y la formación de entidades modernas. El 5 y el 12 de septiembre de 1821, la Gaceta publicó un artículo y decretos donde, aunque no señalaba la disolución, se especificaba la reforma hacendaria y el desarrollo de las llamadas Juntas de Industria.⁶³ La creación de estas Juntas fue consecuente con las citadas Juntas de comerciantes y hacendados creadas por el decreto del gobernador Martín Rodríguez y su secretario de gobierno Bernandino Rivadavia del 7 de agosto de 1821. A partir de estos Decretos gubernamentales, el Consulado como corporación de comerciantes dejó de funcionar. El tiro de gracia, un decreto del 10 de diciembre que eliminaba la Junta de Gobierno del Consulado dejando en pie el Tribunal de comercio TJARKS, 1962, p. 865). En su última sesión de la Junta de Gobierno del 19 de diciembre se leyó un oficio en el que los comerciantes reunidos aceptaban su disolución.⁶⁴

CONCLUSIÓN

Este trabajo analizó la trayectoria del Consulado de comercio de Buenos Aires desde su creación en 1794 hasta su disolución en 1821. Hemos analizado el desarrollo y declive de este cuerpo político comercial de Antiguo Régimen. Pretendimos analizar las disputas entre los comerciantes locales y peninsulares que monopolizaban la importación de los “Efectos de Castilla”, la circulación de estos por el espacio rioplatense y el monopolio de la comercialización hacia los mercados permitidos por las autoridades monárquicas y los hacendados que eran quienes producían esos “frutos”, como uno de los factores que explican el progresivo declive de la corporación mercantil. Si bien estos dos grupos no estaban esquemáticamente separados y sus actividades se entrelazaban, creemos que sus intereses no siempre coincidían y que en momentos de algidez, los obliga a una definición y su rivalidad aparece más definida.

En dicha rivalidad, los hacendados tuvieron el apoyo de los comerciantes librecambistas entre los cuales sobresalen los británicos. Estos últimos, que a partir del último tercio del siglo XVII habían tomado un papel destacado en la economía y la sociedad del espacio rioplatense, consolidaron sus intereses a partir de la apertura mercantil de sus puertos desde la última década del siglo XVIII. Nuestro objetivo fue tratar de demostrar que esta alianza entre comerciantes británicos y hacendados locales fue un factor muy importante en la política de apertura de los puertos y una de las razones por las cuales el Consulado, como ámbito de defensa de comerciantes monopolistas locales y peninsulares comienza a decaer.

Así analizamos de qué modo, el Consulado después de su formación y del apogeo inicial, fue gradualmente perdiendo capacidad de negociación y margen de poder hasta su disolución en la segunda década del siglo XIX. La creación de los Consulados fue coherente con las intenciones de la monarquía borbónica y su impulso al incremento de ingresos de los espacios ultramarinos. Específicamente en la región “Río de la Plata”, espacio integrado al “mundo hispánico” (JUMAR, 2018) las elites locales, en particular los comerciantes eran quienes recaudaban los ingresos aduaneros mediante su posición privilegiada en la corporación. Estas desde 1748 impulsaban las Juntas de comercio, y desde la última década del siglo XVIII por la acentuación de sus conflictos con el cuerpo de hacendados, fomentaron la institucionalización del Consulado. De este modo la Corona que necesitaba la recaudación de ingresos, promovió la creación de Consulados en los lugares de desarrollo mercantil. En esta dirección, el Río de la Plata ya contaba con una corporación mercantil informal. Las elites de comerciantes que dirigían la Junta de Gobierno representaban a toda la comunidad mercantil y contaron con su consenso. Estas, podían extraer de la comunidad los ingresos necesarios para la Corona, con lo que los privilegios resultaban indispensables para recibir ingresos como contraprestación. En este aspecto, los Consulados, de los que el de Buenos Aires fue uno, trataban de agilizar la justicia entre sus miembros y de negociar con los actores locales las recaudaciones de sus aduanas portuarias.

Este margen de poder inicial, fue gradualmente perdiendo influencia hasta su disolución. Las guerras, los conflictos y la presión de las autoridades se incrementaron cada vez más, las recaudaciones de préstamos, donativos y contribuciones se hicieron cada vez más frecuentes y onerosas para los comerciantes. Estos tuvieron que adaptarse a las nuevas coyunturas. Si bien es cierto que muchos prestamistas recibieron beneficios de los pagarés del gobierno, pudiendo descontarlos en la Aduana como señala Zacarías Moutoukias (2018, p. 175-195), el Consulado como corporación fue progresivamente perdiendo sus funciones. Todos estos factores minaron la representatividad y capacidad de negociación. Al margen de estas recaudaciones, la apertura de los puertos, que se consolidó con el Reglamento de Libre comercio de 1778 se transformó cada vez más, en una salida para la recaudación de ingresos aduaneros que fueran imposiciones directas sobre los comerciantes. De este modo, hemos analizado los debates y conflictos entre los intereses de los comerciantes monopolistas locales y peninsulares por un lado y los hacendados y los comerciantes británicos que promovían la libertad de comercio por otro.

El Consulado de ser una corporación que defendía los intereses de los comerciantes que negociaban con la Corona, se transformó luego de la Revolución en una entidad prestamista en la cual los gobiernos pudieron extraer los ingresos para pagar sus gastos. La disolución de este cuerpo, estuvo asociada a varias razones entrelazadas entre las cuales podemos destacar el liberalismo económico, la disgregación del poder central de las Provincias Unidas y la conformación del estado-provincia de Buenos Aires como entidad soberana. Esta última necesitaba nuevas instituciones que respondieran más eficazmente a las necesidades del nuevo estado como la formación de una bolsa mercantil, bancos y un patrón de cambio que se relacionara estrechamente al avance del sistema capitalista. Es decir que el Consulado, de ser proyectado por la Monarquía de los Borbones como de comerciantes poderosos, a pesar de haber tenido un auge en las postrimerías del siglo XVIII, fracasa como factor de centralización administrativa y monárquica siendo, progresivamente desmantelada por los gobiernos revolucionarios.

La disolución del Consulado como corporación de fomento a las actividades del comercio, se produjo como consecuencia de la necesidad de nuevas instituciones acordes a la nueva época revolucionaria y al contexto económico de inicios del siglo XIX. Desde esta época se promovieron nuevas instituciones de préstamo más dinámicas, acordes al lento surgimiento de una economía capitalista. Desde 1821, muchas de sus facultades fueron disueltas y muchas de sus potestades fueron trasladadas a otras instituciones.

De las dos funciones que tenía desde su fundación en 1794, sólo quedaba en pie la administración de justicia que se transformó en Cámara de Comercio, que cumplía las tareas de Tribunal mercantil hasta tanto no se organizara la justicia comercial. Este proceso llevó, en el interior de la provincia de Buenos Aires, a la sanción del Código de Comercio de 1859. La disolución definitiva del consulado como tribunal mercantil, fue en 1862, año en que Bartolomé Mitre, presidente de la República Argentina, unificó la administración de justicia quedando transformado en juzgado de comercio letrado adoptando el código de comercio provincial a toda la Republica (TJARKS, 1962, p. 863-865; CORVA, 2014, p. 165-170). El Consulado como corporación, con sus épocas de esplendor y de agonía, ha sido el faro con el cual intentamos iluminar la historia de las prácticas políticas y comerciales entre los actores en el Río de la Plata en el período de la transición de la monarquía a la Republica liberal.

• 1
  Véase FRADKIN, 2012.
• 2
  Los comerciantes en el Rio de la Plata y sus corporaciones es un tema ampliamente abordado por la historiografía. Véase por ejemplo TJARKS, 1962; SOCOLOW, 1991; JUMAR, 2002; 2012; KRASELSKY, 2011; MOUTOUKIAS, 2015; 2018; GRIECO, 2009; 2014.
• 3
  La bibliografía sobre los Consulados es muy profusa. Remitimos a IBARRA, 2017; VALLE PAVÓN, 2016; MAZZEO, 2012.
• 4
  Véase CONSULADO DE BILBAO. Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la M.N y M.L. Villa de Bilbao, insertos sus reales privilegios, aprobadas y confirmadas con el Rey Nuestro Señor Don Felipe Quinto. Madrid: Imprenta de Sancha, 1796. Disponible en: <http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/11174>. Acesso en: 3 mar. 2019.
• 5
  Las trasformaciones del siglo XVIII han sido tratadas por una abundante bibliografía. Véase por ejemplo BEUNZA, 2017; LEMPÉRIÈRE, 2013; SANCHEZ SANTIRÓ, 2010.
• 6
  Desde 1748 ya se conformaban reuniones que buscaban la defensa de los intereses mercantiles y desde 1779, se conforma una estructura política permanente de tres apoderados. Dicha representación era electiva, poseían un tesorero y tenían las mismas características del Consulado, que tras estos antecedentes se formó en 1794 (KRASELSKY, 2011; 2019).
• 7
  Por ejemplo comerciantes como Martin de Sarratea, Esteban Anchorena o Martin de Alzaga, que participaron habitualmente de las Juntas de comercio, fueron miembros de la Junta de Gobierno del Consulado. Para un análisis particular de los comerciantes en las etapas de origen y desarrollo del Consulado, de sus políticas y agencias colectivas, remito a mi tesis de doctorado (KRASELSKY, 2011).
• 8
  La convocatoria a Juntas para elaborar sus estrategias no fue privativa de los comerciantes y los hacendados, desde la última década del siglo XVIII diversos cuerpos de la sociedad, como los artesanos, también practicaron dicho recurso. Véase JOHNSON, 2013.
• 9
  En 1793 mediante reuniones en Junta, los comerciantes recaudaron 100.000 pesos como préstamo a 6% de interés para las urgencias de la Corona como contraprestación a la formalización de su corporación en el Consulado. Dicho préstamo se devolvería a través de los derechos de aduana recaudados por el Consulado y efectuados por toda la comunidad mercantil. Estas prácticas de financiación fueron habituales y fueron realizadas como contraprestación al otorgamiento de privilegios para los grandes comerciantes hasta su derrumbe en 1808. Véase KRASELSKY, 2016; 2018; GRIECO 2009; 2014.
• 10
  No sólo el consulado recaudaba montos para colaborar con la corona, el cabildo también recaudó para la defensa de Buenos Aires. Véase KRASELSKY, 2016; 2018; MOUTOUKIAS, 2015; GRIECO 2009; 2014.
• 11
  El 7 de junio el cuerpo juró fidelidad al “Rey de la Gran Bretaña”. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ARGENTINA (en adelante AGN). Sala IX, cuerpo 29, anaquel 1, n. 5, f° 54.
• 12
  Esta corporación, el 26 mayo 1810, juró fidelidad a la Junta Provisoria Gubernativa. AGN. Sala IX, 29-1-5, f° 224vta.
• 13
  Ya previamente al derrumbe, en 1808 los comerciantes recaudaron en Junta de comercio la suma de 72.064 pesos y 5 reales para la corona. Véase KRASELSKY, 2018.
• 14
  Véase entre otros, AMARAL, 2015; JUMAR, 2012; GRIECO, 2014; SCHMIT; WASSERMAN, 2018; MOUTOUKIAS, 2015; 2018.
• 15
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 1, n. 6, fº 10vta.
• 16
  Las autoridades revolucionarias solicitaron al Consulado préstamos forzosos por 100.000 pesos y 150.000 pesos en 1811 y 1812, véase KRASELSKY (en prensa). No obstante ello, a partir de 1813 los comerciantes prestamistas recibían pagarés o títulos de deuda emitidas por el gobierno, los que podían ser utilizados como redescuentos en el pago de los derechos aduaneros. Dichos prestamistas recibían intereses de tales aportes al estado. Véase MOUTOUKIAS, 2018.
• 17
  En 1812 desaparece definitivamente la Real Audiencia que es transformada a Cámara de Apelaciones. En el Cabildo se produjeron cambios importantes en la periodicidad de sus miembros, aboliendo la perpetuidad de los cargos (TERNAVASIO, 2007, p. 84-96).
• 18
  Véase LA GACETA DE BUENOS AIRES, Reimpresión facsimilar, Junta de Historia y numismática Americana, Compañía sud-Americana de billetes de Banco, t. I-VI, 1915 (en adelante LA GACETA DE BUENOS AIRES), n. 24, t. II, 18 sept. 1812, p. 97.
• 19
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, n. 24, t. II, 18 sept. 1812, p. 96-97.
• 20
  AGN. Sala IX, 29-1-6, fº 37.
• 21
  El 31 enero se reunió la Asamblea General Constituyente en Buenos Aires, declarándose a sí misma soberana. Esta debía proclamar la independencia y sancionar una constitución para el conjunto de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
• 22
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. III, n. 83, 15 dic. 1813, p. 587-588.
• 23
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. III, n. 83, 15 dic. 1813, p. 587-588.
• 24
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. III, n. 44, 5 feb. 1813, p. 399. Este Decreto fue complementado por otro, en el que se establecían las condiciones específicas para la solicitar de la ciudadanía, LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. III, n. extraordinario, 9 feb. 1813, p. 401. En lo que respecta al Consulado, tal es el caso de Joseph de Alvarez, quien se desempañaba como tesorero desde su creación. AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 1, n. 6, fº 124.
• 25
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. IV, n. 88, 19 ene. 1814, p. 513-514.
• 26
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 1, n. 6, f° 5vta-6.
• 27
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 1, n. 6, f° 10.
• 28
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 1, n. 6, f° 13vta.
• 29
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 1, n. 6, f° 18.
• 30
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. V, n. 6, 3 jun. 1815, p. 277-278.
• 31
  Un Decreto de 14 jun. 1815, instaba a los comerciantes “europeos sean de la clase que fueren” a brindar un préstamo de 200.000 pesos. LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. V, n. 9, 24 jun. 1815, p. 293.
• 32
  El 9 jul. 1816, en el Congreso Constituyente se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de España. Véase el Bando del gobierno en LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. V, n. 65, 27 jul. 1816, p. 266-267 y el Acta de Independencia en el mismo órgano de prensa en el t. V, n. 68, 17 ago. 1816, p. 277-278.
• 33
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 1, n. 6, f° 34vta.
• 34
  Desde el derrumbe monárquico, se convocaron a muchas de ellas. Por ejemplo, puede verse el 15 de enero 1810 una Junta para nombrar un apoderado en Sevilla y otra el 26 de mayo 1812, para tratar sobre la capitación que deberían dar los comerciantes. AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 1, n. 5, f° 210; AGN. Sala IX, 29-1-6, f°30. Dichas Juntas, se componían de comerciantes con intereses particulares que no se sentían representados en temas puntuales por el Consulado. Realizaban sus reuniones informales y elevaban sus requerimientos a la Junta de Gobierno.
• 35
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 1, n. 6, f° 46vta.
• 36
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 1, n. 6, f° 47vta-48.
• 37
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 1, n. 6, f° 50.
• 38
  AGN. Sala IX, cuerpo 4, anaquel 6, n. 16, fº 144.
• 39
  El 1° de junio 1816 en el seno de la Junta de Gobierno se observa que por “suma escases de individuos” que pueden cumplir los cargos y solicitan que “se tome el arbitrio deque se reduzca el número de consiliarios a seis individuos únicamente (…) y que las Juntas puedan celebrarse con cinco vocales”. AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 2, f° 87.
• 40
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 2, f° 92.
• 41
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. IV, n. 72, 14 sept. 1816, p. 295-296.
• 42
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 2, f° 13.
• 43
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 2, f° 25vta. LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. V, n. 16, 29 mar. 1817, p. 93-94.
• 44
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 2, f° 118.
• 45
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 2, f° 124.
• 46
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. V, n. extraordinaria, 24 mayo 1819, p. 669-672.
• 47
  En esta etapa puede observase sesión del 25 de junio 1819, en la cual, conjuntamente con el cabildo de Buenos Aires, proyectan estrategias para recaudar dinero para obras públicas. Para tal fin desde el Consulado se promueve una Junta General de comerciantes se viabilizara un aumento de derechos del 2% al 4 % para los censitarios americanos. AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 2, f° 152.
• 48
  El Director General monopolizó los fondos recaudados por la Aduana y el Consulado. AGN. Oficio del director a la Junta de Gobierno del Consulado, 30 jul. 1819. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 2, f° 154vta. El 8 mar. 1820, en la Junta de Gobierno reclamaba sobre “la privación de fondos”. AGN, Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 3, f° 2vta.
• 49
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. VI, n. 23, 4 oct. 1820, p. 270.
• 50
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. V, n. extraordinario, 23 dic. 1818, p. 558-559.
• 51
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 2, f° 30.
• 52
  En el año 1820 se produce el levantamiento de los caudillos provinciales opuestos a la forma central de gobierno que la Asamblea constituyente había impulsado en 1819. Con este acontecimiento cae el poder central y las provincias readquieren su soberanía.
• 53
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. VI, n. 167, 12 abr. 1820, p. 138-14.
• 54
  El Consulado continuaba recaudando fondos para las autoridades. Por ejemplo, el 13 jul. 1818 se señala en las Actas de la corporación que la Tesorería de dicha institución debía recaudar la suma 500.000 pesos. AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 2, f° 114vta.
• 55
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. VI, n. 42, 14 ene. 1821, p. 391.
• 56
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. VI, n. 50, 11 abr. 1821, p. 421.
• 57
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. VI, n. 56, 24 mayo 1821, p. 500.
• 58
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. VI, n. 61, 27 jun. 1821, p. 534.
• 59
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. VI, n. 68, 15 ago. 1821, p. 579.
• 60
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. VI, n. 69, 22 ago. 1821, p. 585.
• 61
  AGN Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 3, f° 71vta-72.
• 62
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 3, f° 79.
• 63
  LA GACETA DE BUENOS AIRES, t. VI, n. 71, 5 sept. 1821, p. 599-602.
• 64
  AGN. Sala IX, cuerpo 29, anaquel 2, n. 3, f° 93vta-94.

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  09 Oct 2020
• Fecha del número
  Sep-Dec 2020

Histórico

• Recibido
  07 Mayo 2020
• Revisado
  12 Jun 2020
• Acepto
  18 Ago 2020