Pueblos indígenas y elecciones en Brasil (2014, 2018 y 2022): violencias históricas e insurgencias actuales

Resumen:

En los últimos años, el movimiento indígena en Brasil se ha organizado para disputar y ocupar espacios de representación democrática, inaugurando una nueva era: la insurgencia para demarcar la política brasileña. En este contexto, el objetivo de este artículo es identificar las candidaturas autodeclaradas indígenas en las elecciones de 2014, 2018 y 2022 y, analizar las posibles causas del aumento de estas candidaturas en estas tres elecciones. La investigación, desde una perspectiva cualitativa - con un enfoque exploratorio descriptivo - reúne siete dimensiones analíticas, cuyos datos se obtuvieron de la Base de Datos Abierta del Tribunal Superior Electoral (TSE). Los principales resultados indican que el aumento de las candidaturas autodeclaradas indígenas puede estar asociado a cinco causas principales: el fortalecimiento del movimiento indígena en las últimas tres décadas; el acceso de estos pueblos a las políticas públicas de educación orientadas a la equidad y a la diversidad étnico-racial; el contexto político posterior al impeachment de Dilma Rousseff; la instrumentación de candidaturas indígenas por partidos de la extrema derecha; y la fuerte presencia de mujeres indígenas, especialmente en las elecciones de 2022.

Palabras clave:
pueblos indígenas; insurgencias; violaciones de derechos; elecciones; democracia representativa

Resumo:

O movimento indígena no Brasil, nos últimos anos, tem se organizado para pleitear e ocupar os espaços de representatividade democrática, instaurando uma nova era: a insurgência para demarcar a política brasileira. Com esse contexto, o presente artigo tem como objetivo identificar as candidaturas autodeclaradas indígenas nos pleitos eleitorais de 2014, 2018 e 2022 para, então, analisar as possíveis causas que impulsionaram o aumento dessas candidaturas nesses três pleitos eleitorais. A pesquisa, em perspectiva qualitativa - com enfoque exploratório descritivo - reúne sete dimensões analíticas, cujos dados foram obtidos na Base de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os principais resultados sinalizam que o aumento das candidaturas autodeclaradas indígenas pode estar associado a cinco causas principais: o fortalecimento do movimento indígena nas últimas três décadas; o acesso desses povos às políticas públicas educativas voltadas à equidade e à diversidade étnico-racial; o contexto político após o impeachment de Dilma Rousseff; a instrumentalização política por partidos de direita e de extrema-direita; a forte presença das mulheres indígenas, sobretudo nas eleições de 2022.

Palavras-chave:
povos indígenas; insurgências; violações de direitos; eleições; democracia representativa

Abstract:

The indigenous movement has organized in recent years to contest and occupy spaces of democratic representation in Brazil, initiating a new era of insurgency to “demarcate” Brazilian politics. Given this context, this article seeks to identify self-declared indigenous candidacies in the 2014, 2018 and 2022 elections and to analyze the likely causes for the increase of such candidacies in this period. The research was qualitative, descriptive, and exploratory, organized around seven analytical dimensions of data obtained from the Open Database of the Brazilian Supreme Electoral Court (TSE). The results suggest that five factors explained the increase in indigenous candidacies: the strengthening of the indigenous movement over the last three decades; the access of indigenous people to public educational policies aimed at equity and ethno-racial diversity; the political context after Dilma Rousseff’s impeachment; political instrumentalization by right-wing parties; and the strong presence of indigenous women, especially in the 2022 elections.

Keywords:
indigenous peoples; insurgencies; rights violations; elections; representative democracy

Introducción

La participación del movimiento indígena e indigenista en el proceso de redacción y aprobación de la Constitución de 1988 fue decisiva para la construcción de un nuevo escenario en la relación entre el Estado brasileño y los pueblos indígenas (Baniwa, 2012; Cunha, 2018; Fernandes, 2015). Sin embargo, algunas partes de esta relación siguen avanzando lentamente; por ejemplo, el bajo número de candidatos indígenas elegidos para ocupar cargos de mayor poder político en la democracia representativa a nivel estatal y federal (Oliveira; Souza Lima, 2022). Ante esta situación política, esta investigación aborda el tema de la participación de los candidatos autodeclarados indígenas en la política nacional en 2014, 2018 y 2022. La elección por este marco temporal se basa en los cambios recientes en el proceso de registro de candidatos, especialmente en 2014, cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) realizó la introducción de la categoría “raza/color” en el registro de votantes (TSE, 2022). Por lo tanto, el debate científico basado en datos oficiales sobre esta categoría es algo reciente en la literatura científica nacional.

En cuanto a la participación de candidatos indígenas en las elecciones, Oliveira y Souza Lima (2022) destacan que este debate fue construido con base en una serie de datos dispersos en trabajos específicos; además de los esfuerzos de ONGs y movimientos sociales que lograron mapear la participación indígena en las elecciones en años anteriores. En la investigación “El color de los elegidos: determinantes de la subrepresentación política de los no blancos en Brasil”, Campos y Machado (2015, p. 142, traducción nuestra) resaltan una serie de cuestiones fundamentales que nos ayudaron a pensar en esta investigación, principalmente: a) la baja representación de los grupos no blancos en la política nacional; b) la falta de literatura específica sobre este tema que, a diferencia del tema de género y política, cuenta con más referencias; c) el argumento de que la baja representación de los candidatos no blancos permea la “dinámica sociológica de la discriminación racial en Brasil”. Aunque estos autores aborden principalmente la baja representación de la población negra en la política (Campos; Machado, 2015), este trabajo puede añadir lentes interpretativas en el caso de las candidaturas indígenas.

Las experiencias de la población negra, indígena y afro-indígena se asemejan en el carácter discriminatorio de la sociedad brasileña, que se refleja, como en diversos sectores, en la política electoral (Campos; Machado, 2015; Barbieri et al., 2022). En este sentido, referenciar trabajos sobre raza y elecciones puede agregar perspectivas epistemológicas para pensar los cruces que caracterizan las candidaturas indígenas. Sin embargo, no es el propósito de esta investigación limitarse a generalizar los elementos comparativos de las experiencias de estos grupos sociales. Al contrario, con estas experiencias pretendemos ilustrar que, en un panorama más amplio, estos grupos se encuentran en un contexto similar de exclusión política, perpetrado por un modelo de sociedad que utiliza el racismo estructural como herramienta para salvaguardar los privilegios de la blanquitud. En ese contexto, el racismo estructural, como señala Almeida (2021), establece el poder y la supremacía de una raza sobre otra y, por tanto, establece categorías entre grupos sociales como forma de dominación y control social, político y económico.

Una de las funciones del racismo estructural es perpetuar las desigualdades y marginar a los grupos étnicos, subyugándolos en una sociedad que, a lo largo de su historia, se ha estructurado para excluir a los pueblos indígenas del sistema social, político y económico. Por un lado, la fuerza de esta estructura se refleja en las estadísticas, revelando que “la política nacional es mayoritariamente blanca” (Campos; Machado, 2015, p. 150, traducción nuestra). Por otro lado, esta estructura pone de manifiesto la baja representación de los pueblos indígenas en la composición de la política brasileña, ya que el país pasó treinta y un años sin ninguna representación indígena en la política federal. El primer indígena elegido a nivel federal fue el diputado Mário Juruna que, representando el estado de Río de Janeiro, su mandato se extendió de 1983 a 1987 bajo el Partido Democrático Laborista (PDT). La elección del diputado federal Mário Juruna, en la opinión de Keyla Pataxó, se produjo con el objetivo de representar, sobre todo, dos agendas: los intereses de los pueblos indígenas y las cuestiones de la agenda ambiental (Conceição, 2022).

Después de más de tres décadas sin candidatos indígenas elegidos en elecciones federales, dos fenómenos fueron decisivos en nuestra reflexión sobre esta investigación. El primero se refiere a la elección de la primera mujer indígena al cargo de diputada federal en 2018, Joênia Wapichana, que, triunfante como candidata por el partido Rede e Sustentabilidade, fue elegida por el estado de Roraima (Guajajara; Alarcon; Pontes, 2022). En segundo lugar, los datos del TSE, que indicaron un aumento de la participación de indígenas autodeclarados en los procesos electorales estatales y federales en las últimas elecciones. Ante estos dos fenómenos, una pregunta resulta interesante para esta investigación: ¿Cuáles son las posibles causas que pueden haber contribuido al aumento de las candidaturas autodeclaradas indígenas en las elecciones estatales y federales de 2014, 2018 y 2022?

La formulación de esta pregunta también se basa en la polarización política presentada en los resultados de las elecciones de 2022, cuando diez candidatos autodeclarados indígenas fueron elegidos en estas elecciones (TSE, 2022). Por un lado, entre estos candidatos se encuentran Sônia Guajajara y Célia Xakriabá, ambas con una relación directa con la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y que han promovido una fuerte oposición al gobierno federal de Jair Bolsonaro. Por otro lado, Hamilton Mourão y Silvia Waiãpi, que también fueron elegidos, defendieron y apoyaron el gobierno y las agendas políticas de Jair Bolsonaro. En este sentido, es importante analizar la configuración de las candidaturas indígenas desde la perspectiva de la Ciencia Política para comprender la complejidad de este debate, especialmente cuando los datos del TSE apuntan a un aumento del número de candidaturas autodeclaradas indígenas, basadas en el criterio “raza/color”. Para ello, la investigación se propuso identificar las candidaturas autodeclaradas indígenas en las elecciones de 2014, 2018 y 2022, y luego analizar las posibles causas del aumento de estas candidaturas en estas tres elecciones.

La participación política de los indígenas no es un fenómeno nuevo. Cuando analizamos las elecciones municipales, como discute De Paula (2020) en un estudio que examina los datos sobre la participación indígena en la política municipal de 1976 a 2016, es posible identificar que esta participación existe desde hace mucho tiempo en el país. Sin embargo, si observamos la historia de la agenda de trabajo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (en adelante APIB), podemos ver que la cuestión de la participación de estos pueblos en los procesos electorales se ha vuelto más central en los últimos años. El trabajo de la APIB, órgano de referencia del movimiento indígena en Brasil, consiste en agrupar organizaciones regionales y nacionales. La APIB también trabaja para movilizar a los pueblos y sus respectivas organizaciones contra las amenazas y ataques a los derechos indígenas. Siguiendo esta línea de trabajo, la APIB lanzó en 2017 una carta a los pueblos indígenas titulada “Por un Parlamento cada vez más indígena”, en la que destaca el siguiente extracto:

En los últimos años, los pueblos indígenas de Brasil se han enfrentado a fuertes presiones que se han intensificado en todos los ámbitos del poder estatal. En el parlamento, los intereses de grupos abrumadoramente opuestos a los derechos de los pueblos indígenas han prevalecido en todos los niveles. Teniendo en cuenta que el parlamento es el lugar donde se construyen las normas legales que son vinculantes para toda la sociedad, es necesario ver este espacio como estratégico para el empoderamiento de nuestros pueblos y asegurar que nuestras luchas y agendas sean efectivamente destacadas y transformadas en instrumentos de resistencia y poder en este contexto agudizado de correlación de fuerzas y ataques permanentes a los derechos indígenas (APIB, 2017, traducción nuestra).

En 2020, la APIB lanzó la “Campaña Indígena”, con un sitio web exclusivo,⁴ cuyo objetivo es dar visibilidad y apoyo a los candidatos indígenas. Es importante destacar que la iniciativa “Campaña Indígena” fue suprapartidaria; es decir, no restringió la participación por línea partidaria, sino que buscó apoyar a los indígenas por su historia de lucha y defensa de los derechos de sus pueblos. A lo largo de la campaña se hizo el llamado “parente vota em parente” para enfatizar la necesidad de que indígenas de diferentes regiones voten y apoyen nombres de otros indígenas. En el contexto del proceso electoral de 2022, también se hizo el llamado a “Aldear a Política com a bancada do cocar”,⁵ en una elección fuertemente polarizada. De esta forma, el sitio web de la “campaña indígena” se posicionó a favor del candidato Lula (PT), en oposición al candidato Bolsonaro (PL) y destacó la importancia de “aldear a política” con la presencia de indígenas.

Así, el movimiento indígena “Aldear a Política com a bancada do cocar”, según Andrade (2023), nació de la comprensión de la necesidad de representación física y ancestral de los pueblos indígenas en la política brasileña. Por lo tanto, los principios de este movimiento revelan, entre otras cosas, la organización de la fuerza política de las mujeres indígenas de todo Brasil, así como sus deseos de representar a sus pueblos y territorios en primera persona. Sin embargo, es importante señalar que las candidaturas autodeclaradas indígenas no siempre tienen su origen en las reivindicaciones de los movimientos y territorios. Por esta razón, también es importante entender el perfil de estos candidatos desde una perspectiva histórica, especialmente en un país con una larga historia de persecución, violencia y violaciones, asesinatos y actos que caracterizan el genocidio de los pueblos indígenas.

De acuerdo con el objetivo de la investigación, este artículo está organizado en cuatro secciones. La primera, la introducción, presentamos la pregunta y el objetivo de la investigación, centrando la atención en los elementos que describen el contexto de la participación de los pueblos indígenas en las disputas electorales en Brasil. La segunda sección trata de la violencia histórica impuesta a los pueblos indígenas en Brasil y, paralelamente, de las luchas sociales organizadas por estos pueblos. En el contexto de estas luchas, la segunda sección destaca, todavía, la participación del movimiento indígena para participar de la política nacional, presentando los elementos metodológicos de la investigación - con énfasis en las categorías analíticas, las bases de datos utilizadas y el marco teórico adoptado. La tercera sección se vuelta a los resultados de la investigación, centrando la discusión en la asociación de las candidaturas indígenas con la lucha contra el racismo estructural y la participación de las mujeres en el proyecto de “Aldear a Política com a bancada do cocar”. La última sección presenta algunas consideraciones finales y, por lo tanto, hace hincapié las cinco posibles causas del aumento del número de candidaturas indígenas en las elecciones de 2014, 2018 y 2022, entre otras cuestiones destacadas en esta parte del artículo.

Pueblos indígenas: violencia histórica y luchas actuales

Una vez establecidos el objetivo y la pregunta de investigación que motivaron esta discusión es imposible hablar de candidaturas indígenas en Brasil sin señalar la historia de violencia y violación de derechos a la que estos pueblos han sido y son sometidos. En este contexto, desde el inicio de la colonización hasta los días actuales, los pueblos indígenas han creado e innovado estrategias de supervivencia, siendo las movilizaciones sociales y políticas importantes aliadas en la lucha para conquistar derechos e intentar desnaturalizar la violencia. En el pasado reciente, el período de 1964 a 1985 en Brasil - que corresponde a dos décadas de Dictadura Militar - trajo resultados devastadores para los pueblos indígenas,⁶ estando marcado por intensas violaciones de los derechos humanos. Entre estas violaciones podemos mencionar: asesinatos; aldeas aniquiladas; expulsión forzada de sus territorios; transmisión intencional de enfermedades; secuestro de niños; reclutamiento para trabajos forzados; persecución al movimiento indígena; y una fuerte política de asimilación cultural, en un claro proceso de genocidio y etnocidio (Cabral; Morais, 2020; Calheiros, 2015; Osowski, 2017).

Con el fin de la Dictadura Militar en Brasil, los actos que caracterizan el crimen de genocidio de los pueblos indígenas aún continúan. Sin embargo, el período de redemocratización marca un nuevo horizonte para estos pueblos, con la posibilidad de tener sus derechos constitucionalmente garantizados. Desde la perspectiva de Baniwa (2012), antes de la aprobación de la Constitución Federal de 1988 (en adelante CF), los pueblos indígenas vivían bajo un régimen de tutela gubernamental, a través del Servicio de Protección al Indio (SPI). Posteriormente, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) - dentro de este régimen tutelar - desarrolló un proyecto de “integración y asimilación cultural”, que pretendía borrar la cultura étnica de los pueblos indígenas a través de la dominación y el control del aparato estatal (Baniwa, 2012; Fernandes, 2015). Para hacer frente a esta realidad, los pueblos indígenas, como resultado de una amplia movilización social, lograron incluir en la Constitución Federal de 1988 artículos que protegen sus derechos fundamentales.

Art. 231. Se reconoce a los indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, así como sus derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, y a la Unión la responsabilidad de delimitar, proteger y hacer respetar todos sus bienes.

Art. 232 Los indios, sus comunidades y organizaciones son partes legítimas para accionar judicialmente en defensa de sus derechos e intereses, interviniendo el Ministerio Público en todos los actos del proceso (Brasil, 1988, traducción nuestra).

La Constitución de 1988 es un marco fundamental para la realización jurídica de los derechos de los pueblos indígenas - incluidos los derechos políticos -, ya que el artículo 231 reconoce derechos más centrales y el artículo 232 legitima la lucha y la organización por estos derechos (Brasil, 1988). Sin embargo, en la práctica cotidiana, estos pueblos siguen siendo víctimas de constantes amenazas, violencia y violaciones de los derechos humanos, que no se limitan al período de la colonización y de la Dictadura Militar, sino que, por el contrario, forman parte de la configuración cotidiana del Brasil actual (Cerqueira; Ferreira; Bueno, 2021; CPT, 2022).⁷ Asesinatos de líderes, invasiones de territorios, acaparamiento de tierras, minería ilegal, amenazas y falta de asistencia son algunas de las muchas formas en que estos datos aparecen en las investigaciones (CIMI, 2021). Este escenario de violencia contra los pueblos indígenas ha ocurrido y ocurre durante todos los gobiernos, lo que subraya el argumento de que “el Estado brasileño actúa sobre la base de paradigmas coloniales, que constituyen el fundamento que sustenta las relaciones políticas, sociales y jurídicas que se desarrollan con los pueblos indígenas en el país desde el inicio del proceso de colonización de América” (Assirati; Moreira, 2019, p. 99, traducción nuestra).

Para ilustrar este argumento, recordemos que durante los años del Partido dos Trabalhadores (PT) en el poder (2003 - 2016), las políticas públicas de derechos sociales se ampliaron y extendieron a los pueblos indígenas (Baniwa, 2019; Souza Lima, 2016). Sin embargo, esto no significó que la violencia contra esta población dejara de existir. Ejemplos de ello son los lentos procesos de demarcación, los asesinatos, las invasiones territoriales, la construcción de la represa de Belo Monte - que llevó a los indígenas a una serie de manifestaciones de gran escala - y la asidua articulación de la bancada ruralista en el Congreso Nacional, entre otras cuestiones (Assirati; Moreira, 2019). En esta línea, cabe destacar que el escenario de violencia se ha intensificado bajo Michel Temer (2016-2018) y Jair Bolsonaro (2019-2022), expandiendo la necropolítica en los siguientes poderes:

• Por la actuación de la FUNAI - órgano indígena que ha sido objeto de denuncias por su forma negligente y omisiva de asistencia en la era del gobierno Bolsonaro (Veron; Guimarães, 2020);

• Debido a la falta de demarcación de territorios (Araújo Silva, 2018; Osowski, 2017) y la constante invasión de territorios ya demarcados por agricultores, prospectores de oro y mineros (Santos, 2020).

• Por los asesinatos de líderes indígenas, ecologistas y defensores de los derechos humanos (Cerqueira; Ferreira; Bueno, 2021), entre otros.

Todas estas situaciones ponen en evidencia la necropolítica, nombrada por Achille Mbembe (2018) como una forma de poder que se construye en las más altas esferas del poder político y económico en función de diversos intereses, y utiliza la soberanía del Estado para definir quién puede vivir y quién debe morir. Más explícitamente, la necropolítica se realiza a través de la lógica de la racialización para definir “quién importa y quién no, quién es ‘desechable’ y quién no” (Mbembe, 2018, p. 41, traducción nuestra). Dentro de esta lógica de imposición de la muerte y del exterminio, desde el inicio de la invasión de las Américas hasta nuestros días, la muerte y la violencia han sido preponderantes en la historia de los pueblos indígenas.

Especialmente en los últimos años, las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas nos han presentado varias situaciones complejas, incluyendo la actuación del Estado brasileño, que ha defendido los intereses del mercado al mismo tiempo que producía la normalización de la violencia, utilizando el aparato estatal para fortalecer el racismo estructural (Cerqueira; Ferreira; Bueno, 2021; Santos, 2020). En este escenario, para defender proyectos y perspectivas “desarrollistas” - polución, deforestación, contaminación y muerte de la diversidad - el racismo estructural fue sistemáticamente reforzado en los diferentes espacios de la sociedad. En palabras de Silvio Almeida (2021, p. 32, traducción nuestra), “el racismo es una forma sistemática de discriminación basada en la raza, que se manifiesta a través de prácticas conscientes o inconscientes que conducen a desventajas o privilegios para los individuos, dependiendo del grupo racial al que pertenezcan”.

Para los pueblos indígenas, las desventajas creadas en todos los segmentos sociales se intensifican en las instituciones políticas, con el objetivo de salvaguardar los privilegios de la blanquitud en detrimento de las violaciones, la violencia y la muerte de los pueblos racializados. De esta forma, coincidimos con Almeida (2021) cuando señala que el racismo estructural se revela como un proceso histórico y político. Dicho de otra forma, el racismo estructural “entiende que las instituciones son apenas la materialización de una estructura social o de un modelo de socialización que tiene al racismo como uno de sus componentes orgánicos. Dicho más claramente: las instituciones son racistas porque la sociedad es racista” (Almeida, 2021, p. 47, traducción nuestra).

El racismo impuesto a los pueblos indígenas ha funcionado históricamente para normalizar todo tipo de violaciones y violencias, algo que cuestiona la actuación de las instituciones, la aplicabilidad de los marcos jurídicos nacionales e internacionales destinados a proteger los derechos humanos y a criminalizar los actos genocidas. En un intento de desnaturalizar esta violencia y violaciones, el movimiento indígena brasileño se ha organizado en las últimas tres décadas, con una fuerte presencia en el proceso de redacción de la Constitución de 1988 (Cunha, 2018; Fernandes, 2015). Más recientemente, este movimiento se ha insurgido para disputar espacios de representación democrática en Brasil (Chaves, 2021; Codato; Lobato; Castro, 2017). El concepto de insurgencia, como destacan Francisco y Mayorga (2020, p. 57, traducción nuestra) “evoca una organización contraria a un movimiento hegemónico; se utiliza sobre todo en contextos de rebelión contra un sistema social y político”.

En el caso de los pueblos indígenas de Brasil, la insurgencia se basa en la toma de conciencia y en la madurez política, es decir, en no aceptar la continuidad de una larga tradición de sangría colonial. Esta tradición ha impuesto a los pueblos indígenas una condición de subalternización, arrebatándoles sus derechos, sus territorios y quitándoles la vida. Frente a esta situación deshumanizadora, surge la ciudadanía insurgente, “una innovación democrática y un aliento de ciudadanía sustantiva, por lo que debe ser considerada, comprendida y potenciada” (Silva, 2017, p. 83, traducción nuestra). En un intento por comprender la insurgencia política del movimiento indígena, tomamos como marco temporal las elecciones de 2014, 2018 y 2022; es decir, las últimas tres elecciones para cargos federales y estatales que cuentan con datos oficiales sobre la autodeclaración de los candidatos.

Metodológicamente, este estudio, coherente con su objetivo y pregunta de investigación, adoptó un enfoque cualitativo exploratorio descriptivo. Según Gerring (2012, p. 722, traducción nuestra), “un argumento descriptivo describe un aspecto del mundo. Al hacerlo, pretende responder a preguntas (por ejemplo: cuándo, quién, a partir de qué, de qué manera) sobre un fenómeno o un conjunto de fenómenos”. En este caso, la pregunta en cuestión se refiere a las posibles causas que pueden haber contribuido al aumento de candidaturas autodeclaradas indígenas en las elecciones analizadas. En la búsqueda de respuestas a la pregunta de investigación, este estudio consideró siete dimensiones analíticas para los tres periodos analizados (2014, 2018 y 2022), como se muestra en la Figura 1.

Figura 1
Presencia de los pueblos indígenas en las elecciones (2014, 2018 y 2022): dimensiones analíticas

Los datos sobre las siete dimensiones analíticas descritas en la Figura 1 fueron obtenidos en el Portal de Datos Abiertos del Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre el 15 de octubre y el 10 de noviembre de 2022. Para analizar estos datos, establecemos conexiones con otras fuentes de datos, tales como: Atlas da Violência 2021 - investigación producida por Cerqueira, Ferreira e Bueno (2021) - con respecto a los pueblos indígenas; violencia contra los pueblos indígenas en Brasil - informes producidos anualmente por el Conselho Indigenista Missionário (CIMI) de 2011 a 2022; Cadernos sobre Conflitos no Campo - producidos por la Comissão Pastoral da Terra (CPT); datos del último censo demográfico producido por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), entre otros.

En el proceso de interpretación de los datos, la investigación adoptó un marco teórico que aborda principalmente los impactos históricos de la colonización sobre la marginalización de los pueblos indígenas en el campo de las disputas inherentes a la democracia representativa. En este sentido, las lentes teóricas de análisis suman aportes de investigaciones que se inscriben principalmente en el campo de los estudios poscoloniales y decoloniales y en el movimiento académico indígena e indigenista. Como marco de análisis, la perspectiva metodológica descriptiva de los datos, según Gerring (2012), parte de la idea de que esta puede integrarse al método científico social como un intento de estudiar la acción humana de manera sistemática, rigurosa y empírica.

Pueblos indígenas en las disputas electorales (2014, 2018 y 2022)

Las elecciones directas celebradas en Brasil en 2014, 2018 y 2022 fueron escenario de disputas por distintos intereses, pero muy polarizadas. Estas dos últimas elecciones tuvieron lugar tras el golpe contra la democracia, consolidado en forma de impeachment de la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Tras el impeachment, observamos el ascenso de la extrema derecha como fenómeno arrollador en las elecciones de 2018 y, por tanto, con todas las implicaciones de esta corriente ideológica ultraconservadora para la desestabilización del Estado Democrático de Derecho (Moreira, 2018; Nassif, 2020). Las dos últimas elecciones en el país han marcado las directrices restrictivas de los derechos de la clase trabajadora, destacando: el fortalecimiento de los mecanismos de opresión de las minorías políticas y vulnerables; la violencia política contra algunas personas, grupos e instituciones que se declaran opositores al proyecto nefasto de la ultraderecha; la flexibilización de las leyes ambientales y las prácticas de ecocidio; la usurpación de los derechos de las mujeres; la consolidación de escenarios de genocidio, especialmente de los pueblos indígenas, entre otros.

Es importante reconocer que la configuración de la agenda política antiindígena en Brasil es un proceso histórico y político, pero también económico (Andrade, 2023). Esto significa que los escenarios políticos antiindígenas no son exclusivos de este período, sino que forman parte de la estructura social y política brasileña (Assirati; Moreira, 2019). Frente a esta realidad, las acciones del movimiento indígena han sido decisivas para denunciar la necropolítica, que se ha fortalecido, sobre todo, bajo el gobierno de Bolsonaro (Amado; Motta Ribeiro, 2020). Para Barretto Filho (2020), Mello y Feitosa (2021) y Guajajara, Alarcon y Pontes (2022), el período de 2016 a 2022 fue marcado como uno de los más vulnerables para los derechos de los pueblos indígenas, con frecuentes invasiones y usurpaciones de sus territorios.

En este período, la vulnerabilidad se extendió al derecho a la vida, ya que los pueblos indígenas, a partir de la ausencia y omisión intencional del Estado, fueron colocados en el límite de la existencia en sus múltiples interpretaciones (Cerqueira; Ferreira; Bueno, 2021; Guajajara; Alarcon; Pontes, 2022). Para enfrentar la histórica política contra los indígenas en Brasil, el movimiento indígena fortaleció su comprensión de que necesitaba disputar los espacios de poder en el campo democrático y, de esta forma, amplificar sus voces en la lucha por los derechos en el marco de la democracia representativa (Chaves, 2021). Así, la participación de candidatos autodeclarados indígenas en estas disputas, a partir de 2014, se puede observar en el Gráfico 1.

Gráfico 1
Total de candidaturas autodeclaradas indígenas en las elecciones de 2014, 2018 y 2022.

En las elecciones de 2014, 2018 y 2022, los cargos representativos en disputa fueron los siguientes: a) presidencia de la república - compuesta por presidente y vicepresidente; b) gobierno de los estados y del Distrito Federal - formado por los cargos de gobernador y vicegobernador; c) Asambleas Legislativas - compuesta por diputados estatales y diputados distritales (representantes populares del Distrito Federal); d) Cámara de Diputados - conformada por diputados federales; e) Senado Federal - formado por senadores representantes de los estados y del Distrito Federal (TSE, 2022). Para esta diversidad de cargos, en la suma de las tres elecciones, el TSE recibió un total de 406 candidaturas autodeclaradas indígenas.

Los datos que se muestran en el Gráfico 1 indican que, en 2014, de un total de 26.271 candidatos a las elecciones en todo el país, 85 fueron autodeclarados indígenas, lo que representa 0,3% del total. En 2018, 133 indígenas se presentaron a las elecciones de un total de 29.153 candidatos, lo que corresponde al 0,5% del total de personas que aspiraron a cargos de representación. En 2022, de un total de 29.262 candidatos, 188 fueron indígenas, lo que representó 0,6% del total de candidatos. Esto indica que de 2014 a 2018 y de 2018 a 2022 hubo un incremento de 56,5% y 41% en el número de candidatos autodeclarados indígenas, respectivamente.

Los datos presentados nos llevan a considerar la posibilidad de que el aumento de candidatos indígenas en las elecciones de 2014, 2018 y 2022 esté relacionado con el crecimiento de las organizaciones y asociaciones indígenas en los estados y municipios en las últimas tres décadas. Según la base de datos del Instituto Socioambiental (ISA, 2024), un total de 1.105 (mil ciento cinco) asociaciones y organizaciones indígenas están actualmente constituidas como personas jurídicas en Brasil. Por un lado, esto representa una fuerte organización política que se está consolidando y, por otro, podría señalar la conformación del movimiento a los dictámenes de la política institucional, caracterizando así la maduración y la nueva fase de este movimiento.

Candidaturas indígenas: horizontes políticos en la lucha contra el racismo estructural

En un análisis histórico, el crecimiento de las candidaturas indígenas en las últimas tres elecciones nacionales -2014, 2018 y 2022 - puede estar relacionado con la insurgencia política frente al racismo estructural que, bajo la narrativa del prejuicio étnico, articula múltiples dificultades para que los pueblos indígenas tengan acceso a derechos básicos, entre otras cuestiones que han terminado por alejar a estos pueblos de los espacios de poder (Chaves, 2021; Codato; Lobato; Castro, 2017). Además, el racismo estructural es un fuerte componente de las desigualdades sociales, que no sólo ha limitado la participación de los pueblos indígenas en las elecciones directas, sino que también puede condicionar las decisiones de los votantes en sentido contrario. En algunos casos, estas decisiones son el resultado de representaciones de los pueblos indígenas consolidadas en las escuelas, los materiales didácticos, los medios de comunicación tradicionales, las plataformas digitales y los discursos oficiales de representantes en posiciones de poder. Estas representaciones difunden y alimentan estereotipos, folklorización, sentimiento antiindígena y cuestionamientos sobre la indianidad de los candidatos. Teniendo en cuenta estos aspectos, el Gráfico 2 ilustra la situación final de los candidatos autodeclarados indígenas en las disputas electorales analizadas.

Gráfico 2
Estado final de las solicitudes indígenas presentadas en 2014, 2018 y 2022

El Gráfico 2 muestra el número total de candidaturas indígenas que se presentaron en las elecciones de 2014, 2018 y 2022: 85, 133 y 188, respectivamente. Es importante señalar que del total de 85 candidaturas en 2014, solo un candidato fue elegido,⁸ lo que representa el 1,2% del total de candidaturas en esa elección. En 2018, dos indígenas autodeclarados resultaron electos, lo que corresponde al 1,5% del total de candidaturas indígenas de este año. En cuanto a los datos de 2022, se eligieron 10 candidaturas autodeclaradas indígenas, lo que representa el 5,3% del total. Los datos del Gráfico 2 también muestran que el número de candidatos suplentes en 2014 fue de 55, cifra que aumentó en 2018 y 2022: 70 y 85, respectivamente. En términos de porcentajes, estas cifras corresponden al 65% en 2014, al 52,6% en 2018 y al 45,2% en 2022. Por lo tanto, estas cifras ponen de relieve el hecho de que casi la mitad de los candidatos indígenas se presentan como suplentes.

El número de candidatos suplentes puede ser interpretado, por un lado, como las diversas dificultades que encuentran los pueblos indígenas para ocupar espacios de representación democrática. Por otro lado, este fenómeno puede ser entendido como la fuerza del movimiento indígena en su intento de “aldear a política”, ya que el número de candidatos presentados y elegidos en 2022 saltó significativamente en comparación con los datos de 2014 y 2018. Los datos del Gráfico 2 también destacan el número de candidatos no electos en las tres elecciones - 2014, 2018 y 2022 - 24, 55 y 79, respectivamente. Esto significa que 28% de los candidatos indígenas no fueron electos en 2014, seguido de 41,4% en 2018 y 42% en 2022. Otro dato relevante se refiere al número de candidaturas nulas, que representaron 5,8% en 2014, 4,5% en 2018 y 7,4 por ciento en 2022. Las candidaturas nulas son aquellas que, por algún tipo de impedimento - ya sea en el momento de presentar la documentación o por procesos judiciales, entre otros -, no pudieron ser aprobadas bajo los criterios establecidos en la legislación nacional.

Los datos sobre los candidatos elegidos en 2022 muestran un aumento del 400% en comparación con 2018. Este resultado, especialmente en lo que respecta a los candidatos que cuentan con un fuerte apoyo del movimiento indígena nacional, puede indicar que existe una opinión sensible entre la población no indígena a favor de los derechos de estos pueblos, en detrimento de un supuesto sentimiento antiindígena generalizado en la sociedad brasileña. Aun así, es importante destacar que, en el ámbito político, el racismo estructural pone de manifiesto el mito de la democracia racial. Especialmente cuando el titular del Poder Ejecutivo, en carácter oficial, difunde discursos de odio contra los pueblos indígenas (Vicuña, 2019). Tales discursos tienden a diseminar una narrativa racista, basada en la idea de que los pueblos indígenas son primitivos y atrasados, llenos de estigmas y estereotipos (Bessa-Freire, 2016). De esta forma, el racismo estructural protege los privilegios de la blanquitud, que utiliza el poder político para mantener a los pueblos racializados fuera de las disputas políticas y, al mismo tiempo, aprueba proyectos y leyes que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, dejándolos vulnerables a todo tipo de violencia.

Las informaciones mostradas en el Gráfico 2, especialmente el bajo número de candidatos electos en 2014 y 2018, puede indicar que el racismo estructural afecta al éxito de las candidaturas indígenas, cuya falta de financiación electoral adecuada, menor aparición en los medios de comunicación - y tantos otros factores - acaban creando dificultades para la consolidación de la representación democrática en un país multiétnico e intercultural como Brasil. Sobre este tema, por un lado, existe un vacío en la producción de datos sobre la financiación de las candidaturas indígenas en Brasil. Por otro lado, este campo de investigación ha avanzado un poco más cuando se trata de las candidaturas de las personas negras. En este contexto, el estudio de Campos y Machado (2015) destaca las marcadas desigualdades entre candidatos blancos y no blancos en términos de acceso a la financiación de las campañas.

La investigación realizada por Barbieri y colaboradores (2022) presenta un panorama de la distribución de los recursos de campaña de los candidatos en las elecciones municipales de 2020 y 2016, según raza y género. Los resultados de esta investigación indican que, con las nuevas reglas de financiación de campañas, resultantes de la decisión ADPF 738/DF del Supremo Tribunal Federal (STF), hubo un cambio en la distribución de recursos a favor de las candidaturas de mujeres blancas, lo que acabó repercutiendo en las candidaturas de mujeres negras. A pesar de esas evidencias empíricas, la investigación constata que la baja presencia de mujeres blancas y negras, hombres y mujeres, “elegidas para las cámaras legislativas del país dificulta la representación de los intereses, luchas, demandas y experiencias de esas candidaturas en la formulación de leyes y políticas públicas, obstruyendo la conquista y realización de derechos para esas poblaciones” (Barbieri et al., 2022, p. 7, traducción nuestra). El Gráfico 3 muestra la distribución de las candidaturas autodeclaradas indígenas por estados.

Gráfico 3
Total de candidaturas indígenas por entidad federativa en 2014, 2018 y 2022

Las informaciones del Gráfico 3 muestran que el número de candidatos indígenas en las tres elecciones fue mayor en los estados de Roraima (7, 20 y 32) y Amazonas (9, 17 y 21). La suma de los datos de estos dos estados (106), con relación al total de candidatos indígenas en las tres elecciones (406), muestra un porcentaje del 26%. Según el último censo demográfico del IBGE (2022), Brasil tiene 1.69 millones de indígenas, lo que representa el 0,8% de la población nacional. La región Norte tiene la mayor población indígena del país, con 753.357 habitantes, es decir, el 44,5% de todos los indígenas autodeclarados de Brasil. En ese sentido, se destaca el cuantitativo de 490.854 indígenas que viven en el estado de Amazonas y los 97.320 que viven en el estado de Roraima, que representan el 65% y el 12% respectivamente del total de indígenas que viven en el Norte de Brasil. Al analizar los datos presentados en el Gráfico 3, asociados al número de población indígena por estado (IBGE, 2022), se observa que el estado de Roraima, con la quinta mayor población indígena de Brasil, presentó el mayor número de solicitudes indígenas. El estado de Amazonas, con la mayor población indígena, ocupó el segundo lugar.

La asociación de estas dos variables - número de candidaturas y población indígena por estado - también se muestra interesante cuando analizamos los datos de los demás estados que concentraron los mayores índices de candidaturas indígenas en las tres elecciones. Los datos del Gráfico 3 muestran que, en 2014, los estados de Amazonas y Bahía ocuparon el primer lugar en cuanto al número de candidatos indígenas autodeclarados - cada estado tuvo 9 (nueve) candidaturas -, concentrando estos estados el primer y segundo mayor número de indígenas de Brasil, respectivamente. En las elecciones de 2018, Ceará quedó en 3ª posición con 10 candidatos indígenas y São Paulo en 4ª posición con 9 candidatos, ocupando estos estados la novena y décima posición en el ranking de estados con mayor población indígena, respectivamente. Por otro lado, en las elecciones de 2022, São Paulo quedó en 3ª posición (12), seguido de Mato Grosso do Sul (11) y Río de Janeiro (11) en 4ª posición. Cabe destacar que estos tres últimos estados ocupan la siguiente clasificación en la lista de estados con mayor población indígena de Brasil: décima posición, tercera posición y vigésimo primera posición, respectivamente (IBGE, 2022).

El análisis realizado, basado en la asociación de las dos variables mencionadas, es ilustrativo al destacar que el número de poblaciones indígenas por estado no representaba proporcionalmente el número de candidatos indígenas. Este análisis describe, entre otros casos, la situación de los candidatos indígenas en el estado de Pernambuco y en el estado de Pará, que tienen una población indígena de 106.634 y 80.974 respectivamente (IBGE, 2022). Sin embargo, en ambos estados, en la suma de las tres disputas electorales analizadas, el número total de candidatos presentados en cada estado fue de 16 candidatos. Esto significa que existen dinámicas más profundas en el movimiento indígena, en las candidaturas autodeclaradas indígenas y en otras áreas que deben ser estudiadas.

La asociación de las candidaturas con el número de indígenas por estado obedece a otro análisis; es decir, a un acercamiento a los conflictos socioambientales y territoriales que con mayor frecuencia colocan a los pueblos indígenas como víctimas de violencia y violaciones. En este sentido, Brighenti (2015, p. 105, traducción nuestra) destaca la necesidad de comprender la violencia contemporánea contra los pueblos indígenas a partir de un análisis sistémico, ya que “no basta con analizar datos estadísticos, es necesario comprender la subjetividad de la violencia, cómo es sentida, percibida y comprendida por los propios pueblos indígenas, a partir de sus cosmovisiones”. En el ápice de la violencia sistémica se encuentra la violencia letal: los homicidios. Según el Atlas da Violência (2021), la profundización de las desigualdades, de las vulnerabilidades y de la violencia étnica e interétnica se refleja y se hace explícita en la evolución de las tasas de homicidios indígenas en todo Brasil (Cerqueira; Ferreira; Bueno, 2021).

El movimiento indígena brasileño ha denunciado la violencia letal contra los pueblos indígenas en diversos foros nacionales e internacionales, y este es un tema importante que no sólo ha movilizado la insurgencia del movimiento en las luchas y reivindicaciones de derechos, sino que también es uno de los argumentos que ha fortalecido la participación de los indígenas en las disputas en el campo de la representación democrática - especialmente en las elecciones de 2018 y 2022 (Chaves, 2021; Guajajara; Alarcon; Pontes, 2022). El argumento de la denuncia y la búsqueda de justicia que se está consolidando en el campo político, como estrategia para desmantelar las redes que promueven la violencia letal contra los pueblos indígenas, tiene su origen en el reconocimiento de la violencia histórica impuesta a estos pueblos, especialmente en territorios de interés para los grandes campos económicos, como el agronegocio, la minería, entre otros (Andrade; Carmo; Henriques, 2022). La realidad cotidiana de estos pueblos revela que la violencia letal ha aumentado en los últimos años, como señala el Atlas da Violência 2021, ya que en el período de “2009 a 2019, en números absolutos, hubo 2.074 homicidios de indígenas” (Cerqueira; Ferreira; Bueno, 2021, p. 83, traducción nuestra).

En los análisis presentados en el Atlas da Violência 2021, una cuestión abre espacio para interpretaciones de los datos asociadas al concepto de racismo estructural y necropolítica: las tasas de homicidios indígenas aumentaron en el período de 2009 a 2019, mientras que la tasa brasileña viene disminuyendo. En este sentido, siete estados - en los que hay municipios con territorios indígenas demarcados - tuvieron tasas de homicidios superiores a la tasa indígena nacional (20,4 por 100 mil habitantes). Estos estados incluyen: Mato Grosso do Sul (53,6), Santa Catarina (31,2), Amazonas (30,2), Tocantins (29,5), São Paulo (24,9), Acre (24,4) y Ceará (20,42) (Cerqueira; Ferreira; Bueno, 2021). Algunos de estos estados también tuvieron el mayor número de candidatos indígenas en las elecciones estudiadas: Amazonas, São Paulo, Acre, Mato Grosso do Sul y Ceará (TSE, 2022). Esto sugiere que debemos hacer, también, una asociación entre los resultados empíricos de esta investigación - especialmente el aumento de las candidaturas indígenas - y el aumento de la violencia letal, es decir, los homicidios indígenas.

Ocupar la política nacional: las mujeres indígenas, protagonistas

El aumento progresivo de candidaturas autodeclaradas indígenas en las elecciones de 2014, 2018 y 2022 abre muchas posibilidades de análisis. Una de ellas está relacionada con la comprensión de los pueblos indígenas sobre la responsabilidad del Estado brasileño en términos de implementación de políticas públicas, protección de derechos constitucionales, seguridad y demarcación de territorios indígenas, entre otras cuestiones (Brasil, 1988). De esta forma, la agenda indígena se constituye como una agenda nacional, ya que las disputas de poder que caracterizan la vulnerabilidad de los derechos de estos pueblos tienen lugar en los espacios representativos de la política nacional. Por lo tanto, el movimiento indígena - que se ha ido fortaleciendo en las últimas tres décadas - se ha dado cuenta de que necesita ocupar estos espacios, que sus voces y demandas necesitan entrar en la arena de la política nacional y así tensionar el campo de la democracia representativa. El Gráfico 4 muestra un panorama de los cargos disputados en 2014, 2018 y 2022.

Gráfico 4
Candidaturas indígenas: puestos disputados en 2014, 2018 y 2022

Los datos expuestos en el Gráfico 4 indican que, en las tres elecciones analizadas, hubo una preponderancia de candidaturas para el cargo de diputado estatal. En 2014, el 61% de las candidaturas fueron para este cargo y el 29,4% para el de diputado federal. En 2018, sin embargo, el 59,4% de las candidaturas fueron para el cargo de representante estatal y el 29,3% para el de diputado federal. En cuanto a las elecciones de 2022, el 59% de las candidaturas fueron para el cargo de representante estatal, mientras que el 31,4% fueron para el cargo de diputado federal. Esto significa que, en las tres elecciones, la suma de las candidaturas indígenas al cargo de representante estatal (52, 79 y 111) representó el 60% del total de candidaturas (406).

Además, los datos de 2022 muestran que ha habido una ligera variación en el patrón de candidaturas indígenas, con un pequeño aumento en el porcentaje de candidaturas dirigidas al cargo de diputado federal. Esta variación debe ser monitoreada en las próximas elecciones y, en caso de que continúe creciendo, debe ser estudiada, ya que el patrón nacional se basa en una mayor concentración de candidaturas para el cargo de diputado estatal, seguido del cargo de diputado federal (TSE, 2022). Además, los datos mostrados en el Gráfico 4 destacan que el movimiento indígena viene creciendo cada vez más con la presencia de mujeres, que han lanzado un proyecto político en las elecciones de 2022 para “Aldear a Política com a bancada do cocar”.

La presencia de mujeres en las elecciones de 2014, 2018 y 2022, ilustrada en el Gráfico 4, nos invita a analizar un tema muy pertinente en el escenario actual: la distribución por género de las candidaturas indígenas. La investigación muestra que, de los 26.271 candidatos en 2014, sólo 8.127 eran mujeres (31%), de las cuales 29 eran mujeres indígenas (0,11%). En cuanto a la etnia, 34% de los candidatos indígenas en 2014 eran mujeres indígenas. En las elecciones de 2018, de un total de 29,153 candidatos, 9.204 fueron mujeres (31,5%). De este número de mujeres, 49 fueron candidatas indígenas, lo que representa el 0,5% del total. En términos de etnia, en 2018 el porcentaje de mujeres indígenas participantes aumentó a 37%. En 2022, del total de 29.262 candidatos, 9.892 fueron mujeres (34%); de éstas, 87 fueron mujeres indígenas (0,9%) del total. En términos de etnia, el número de candidaturas de mujeres indígenas se elevó a 46%. Con base en estos datos, podemos comprender que las mujeres indígenas todavía están en número inferior en el escenario de candidaturas por género. Sin embargo, este mismo escenario muestra que de 2014 a 2018 hubo un crecimiento de 69% y de 2018 a 2022 este incremento fue de 77,6%; es decir, un resultado positivo para el movimiento de mujeres indígenas en la lucha por incursionar en la política.

Si nos fijamos en el grupo étnico que ocupan, los datos son interesantes. En 2014, 34% de los candidatos indígenas eran mujeres, lo que demuestra una mayor representación de las mujeres dentro de su grupo étnico en comparación con las mujeres en general. Este dato es aún más evidente en los escenarios electorales de 2018 y 2022, en los que 37% y 46% de los candidatos indígenas fueron mujeres, respectivamente; es decir, una repartición de género casi equitativa en esta última elección, lo que representa un incremento de 9% en cuatro años. Al respecto, Tavares (2021) destacan que es posible pensar el crecimiento de la participación de las mujeres indígenas en las disputas electorales entendiéndolo como un movimiento que se extiende a distintas instancias.

Desde una perspectiva histórica, las mujeres indígenas están ganando espacio dentro de los movimientos étnicos, en sus comunidades, en las universidades, ocupando posiciones centrales en la última década - también como representantes político y espiritual de sus comunidades. Este crecimiento se refleja también en el aumento considerable de su participación en las elecciones políticas (Tavares, 2021). Entendemos que la conciencia política que surge del deseo de representar a sus comunidades en primera persona también está relacionada con la lucha por el derecho a la escolarización. Por esta razón, el nivel de escolaridad de las candidaturas autodeclaradas indígenas es un aspecto de interés en esta investigación, como se ilustra en el Gráfico 5.

Gráfico 5
Escolaridad de candidatos indígenas: elecciones 2014, 2018 y 2022.

Los datos mostrados en el Gráfico 5 revelan el nivel de escolaridad de las candidaturas autodeclaradas indígenas en las tres elecciones. En cuanto a tener estudios superiores concluidos, en 2014 y 2018 esta variable alcanzó 42% y 44,3% respectivamente; y en la elección de 2022 llegó a 47,3%, mostrando un incremento progresivo a lo largo de los años. A pesar de este aumento en las elecciones de 2022, el porcentaje de candidatos indígenas con educación superior concluida sigue estando por debajo de la media nacional en esta elección: 55% (TSE, 2022). Cuando analizamos el total de candidatos indígenas con estudios superiores, a partir de la suma del número de candidatos en las tres elecciones, los datos muestran un porcentaje del 45%. Esta cifra es ilustrativa para comprender el perfil de escolaridad de estos candidatos, así como otros aspectos que pueden caracterizar las dificultades que tienen estos pueblos para acceder a la educación superior.

A pesar de las dificultades históricas impuestas a los pueblos indígenas a la hora de garantizar el derecho a la educación (Baniwa, 2019; Souza Lima, 2016), la mayoría de los indígenas que se presentaron a la disputa electoral en el periodo analizado han completado el ciclo de educación básica; es decir, el 39%. Estos datos nos invitan a mirar las políticas educativas de equidad e inclusión de la diversidad étnico-racial. Especialmente en las últimas dos décadas, se han creado e implementado diversos programas y políticas educativas para la inclusión de ciertos grupos sociales en la educación superior, entre ellos los pueblos indígenas. Entre los programas más esenciales para los pueblos indígenas podemos destacar:

• Programa Universidade para Todos (PROUNI): creado en 2004 por la Ley 11.096/2005, tenía como objetivo democratizar el acceso a cursos de educación superior en el país mediante la concesión de becas totales o parciales en instituciones privadas de educación superior (Baniwa, 2019; Souza Lima, 2016);

• Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas (PROLIND): este programa fue creado por el Ministerio de Educación en 2005 con el objetivo de apoyar financieramente las carreras de grado destinadas específicamente a la formación de maestros de escuelas indígenas, en el ámbito de las licenciaturas indígenas o licenciaturas interculturales (Andrade; Nogueira; Neves, 2022; Baniwa, 2019; Brasil, 2008; Souza Lima, 2016);

• Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO): creado por el Ministerio de Educación en 2007 y posteriormente fortalecido en el Decreto nº 7352, del 4 de diciembre de 2010, que instituye la Política Nacional de Educación Rural y el Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (PRONERA) (Brasil, 2010). Este decreto enfatiza que la Política de Educación Rural tiene como objetivo ampliar y mejorar la oferta de educación básica y superior para las poblaciones rurales, incluidos los pueblos indígenas (Andrade; Nogueira; Neves, 2022);

• Política de cotas nas universidades brasileiras: implantada mediante la Ley nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Esta ley cambió la realidad de la enseñanza superior pública brasileña, ya que la distribución de plazas, a través de cuotas raciales y de discapacidad, se realiza en función de la proporción de indígenas, negros, pardos y discapacitados en el estado donde se encuentra la universidad o instituto federal (BRASIL, 2012). Esto ha permitido que los indígenas amplíen su presencia en la educación superior y, por lo tanto, ocupen plazas en cursos que históricamente han tenido características elitistas (Baniwa, 2019 Souza Lima, 2016);

• Programa Bolsa Permanência: creado por la Ordenanza nº 389 del 9 de mayo de 2013, tiene como objetivo proporcionar ayuda financiera destinada a minimizar las desigualdades sociales y étnico-raciales y contribuir a la permanencia y graduación de estudiantes de pregrado en situación de vulnerabilidad socioeconómica (Baniwa, 2019 Souza Lima, 2016).

Las políticas públicas mencionadas son algunos ejemplos de programas gubernamentales que pueden ser utilizados para interpretar el nivel de escolaridad de los candidatos autodeclarados indígenas en las elecciones de 2014, 2018 y 2022. En este sentido, el número de indígenas con estudios secundarios y superiores que compiten por cargos electorales revela, entre otras cosas, el poder de las políticas públicas inclusivas para las minorías políticas. En este contexto, es importante señalar, por ejemplo, que la diputada federal indígena Célia Xakriabá, elegida en 2022, se graduó en 2013 en el curso de Formación Intercultural para Educadores Indígenas de la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Sin embargo, como señalan Baniwa (2019) y Souza Lima (2016), estas políticas educativas no llegaron sin lucha y movilización por parte de los pueblos indígenas a lo largo de este período. Por el contrario, la participación de los pueblos indígenas fue más allá de las demandas, con las siguientes acciones: señalamiento de fallas e incompletud en los documentos que orientaron la implementación de esas políticas públicas; indicación de mejoras a esos documentos para ampliar el acceso a la educación. Esto coloca a los pueblos indígenas en una posición de sujetos de la política; es decir, no sólo como personas que reciben políticas públicas, sino que participan y construyen políticas.

Desde una perspectiva histórica, la reafirmación de los pueblos indígenas como sujetos de la política tiene, entre otros ejemplos, la participación del movimiento indígena brasileño en el proceso de redacción de la Constitución de 1988. Esta participación fue emblemática de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en el ámbito de las políticas públicas actuales. Dicho esto, muchas de las conquistas en el campo de las políticas públicas dirigidas a la equidad y a la inclusión social de la diversidad étnico-racial son fruto de las luchas de los movimientos sociales, entre ellos el movimiento indígena.

Esto pone de manifiesto la importancia de que los pueblos indígenas actúen como sujetos políticos para consolidar políticas y programas que permitan la formación de una nueva generación que represente sus intereses y demandas en el ámbito de la democracia representativa. Además, pueden construir diálogos y alianzas con diferentes partidos políticos para defender los intereses más amplios del movimiento y también las demandas más específicas de cada territorio. En un intento por comprender la formación de estas alianzas en el campo de la política partidaria, el Gráfico 6 muestra los partidos políticos que acogieron a candidatos autodeclarados indígenas.

Gráfico 6
Elecciones 2014, 2018 y 2022: partidos políticos y candidaturas indígenas

El Gráfico 6 muestra los datos sobre la afiliación partidista de los candidatos indígenas en las elecciones de 2014, 2018 y 2022. Por un lado, los datos destacan una mayor inclusión de candidatos indígenas en partidos considerados de izquierda, tales como: a) Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) - reunió 14%, 20% y 13,2% de las candidaturas indígenas en 2014, 2018 y 2022, respectivamente; b) Partido dos Trabalhadores (PT) - concentró 18%, 10,5% y 12,2% de las candidaturas indígenas en 2014, 2018 y en 2022, respectivamente; c) Rede e Sustentabilidade - en 2014 no tenía candidaturas autodeclaradas indígenas, pero en 2018 el partido albergó 7,5% y en 2022 agrupó 10,1% del total de candidaturas indígenas. Los datos indican que estos partidos - y otros con un espectro político similar - han logrado atraer un mayor número de candidaturas autodeclaradas indígenas. El Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) tuvo la mayor capilaridad en este sentido, obteniendo el 16% del total de candidaturas indígenas en las tres elecciones. Existe la posibilidad de que la agenda de defensa de los pueblos indígenas del partido haya sido un diferencial en la construcción de alianzas con estos candidatos.

Por otro lado, los datos del Gráfico 6 también muestran que hay candidatos indígenas afiliados a partidos del espectro político de derecha, en particular el Partido Liberal (PL), con un total de 14 candidatos autodeclarados indígenas en las tres elecciones, 13 de los cuales concurrieron a las elecciones de 2022. Otro ejemplo de estas afiliaciones puede verse en el contexto del Partido Humanista da Solidariedade (PHS), que tuvo 8 candidatos en las elecciones de 2014 y 7 en 2018, totalizando 15 candidatos. Es importante señalar que en 2019 este partido se incorporó al partido Podemos, que saltó de 2 candidatos indígenas en 2018 a 5 en 2022. El aumento de estas candidaturas afiliadas a partidos políticos de derecha nos lleva a pensar que, en el campo político, la presencia de indígenas también se configura como un espacio en disputa; es decir, presencias que pueden legitimar agendas y acciones que, en muchos casos, son entendidas por el movimiento indígena como agendas antiindígenas.

En investigación de campo en la 1ª Marcha de las Mujeres Indígenas en 2019 en Brasilia, fue posible identificar - a partir de los discursos de los líderes - el disgusto de que indígenas estuvieran componiendo el entonces gobierno de Jair Bolsonaro, gobierno responsable por una serie de ataques a los derechos indígenas (Tavares, 2021). En la disputa por los órganos indígenas afiliados a partidos políticos de derecha y extrema derecha, se materializó la participación de Silvia Nobre Waiãpi - indígena del pueblo Waiãpi del estado de Amapá - en la Secretaría Especial de Salud Indígena. La colaboración de Silvia Waiãpi con el gobierno de Bolsonaro fue vista con gran desaprobación por la gran mayoría de las mujeres indígenas presentes en la marcha (Tavares, 2021).

En las elecciones de 2022, Silvia Waiãpi fue elegida diputada federal por Amapá en el Partido Liberal (PL), el partido de Jair Bolsonaro. Este dato nos ayuda a construir el argumento de que las candidaturas indígenas no son homogéneas y que existen disputas internas, ya que Silvia Waiãpi defiende la minería en tierras indígenas, en total oposición al movimiento indígena nacional. Este movimiento tiene como importante representación a la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que no sólo reúne a las diversas asociaciones indígenas de Brasil, sino que también construye y organiza las movilizaciones de estos pueblos. En este sentido, la posición de la APIB en las elecciones de 2018 y 2022 fue oponerse a la agenda política del gobierno de Jair Bolsonaro y, por esta razón, el proyecto político de Silvia Waiãpi va en contra de las expectativas y agendas del movimiento indígena nacional.

Los análisis producidos a partir de los datos mostrados en el Gráfico 6 introducen al debate la posición política de la multiplicidad de partidos políticos que acogieron candidaturas autodeclaradas indígenas, algo que requiere ser estudiado con mayor profundidad, ya que las agendas políticas de algunos de estos partidos actúan radicalmente desde una perspectiva “tutelar” e “integracionista” de los pueblos indígenas, con narrativas y acciones que niegan el derecho a la diferencia cultural, especialmente en la forma en que estos pueblos se relacionan con la naturaleza y sus territorios. Además, otra cuestión compleja que se desprende de los datos se refiere al criterio de autodeclaración de las candidaturas indígenas, que, independientemente del espectro político partidario, ha colocado en el mismo grupo trayectorias de vida completamente diferentes, reuniendo, por ejemplo, la candidatura del senador Hamilton Mourão y la de la diputada federal Silvia Waiãpi.

En el contexto de la complejidad del criterio de autodeclaración de las candidaturas indígenas, De Paula (2022) considera que para entender el “embrollo identitario” es posible utilizar cuatro tipos de legitimidad: a) la autodeclaración puesta a disposición por el TSE; b) la conexión con las colectividades/comunidades indígenas; c) la legitimidad de la APIB; d) la legitimidad territorial. En su trabajo, el autor se esfuerza por separar las candidaturas de 2018 y 2022 en cada una de estas categorías, así como el diálogo entre ellas. No haremos aquí el mismo trabajo, ya que señalamos ese estudio como referencia. Sin embargo, si nos referimos a las 10 candidaturas autodeclaradas indígenas electas en las elecciones de 2022, De Paula (2022) sólo enumera a Sônia Guajajara y Célia Xakriabá como legitimadas por las otras categorías, además de la categoría de autodeclaración prevista por el TSE. Esas dos mujeres indígenas tienen relaciones con APIB, colectividades y territorios indígenas, además de la autodeclaración. En este sentido, es importante destacar que De Paula (2022) no deslegitima el criterio de autodeclaración del TSE, sino que señala la necesidad de un análisis más profundo de esta categoría, para comprender la participación de los indígenas en el proceso electoral.

Consideraciones finales

El objetivo de esta investigación fue realizar un análisis exploratorio de las candidaturas de indígenas en Brasil en las elecciones de 2014, 2018 y 2022. Para ello, utilizó información del portal de Datos Abiertos del Tribunal Superior Electoral (TSE), combinándola con datos del Atlas da Violência, de los Cadernos da Pastoral da Terra (CPT) y de informes elaborados por el Conselho Indigenista Missionário (CIMI). Como elementos de interpretación de los datos, la investigación adoptó un marco metodológico cualitativo, con un enfoque descriptivo exploratorio, en un intento de responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las posibles causas que pueden haber contribuido al aumento de candidaturas autodeclaradas indígenas en las elecciones de 2014, 2018 y 2022, a nivel estatal y federal? Los principales resultados de la investigación indican que de 2014 a 2018 y de 2018 a 2022, hubo un incremento de 56,5% y 41% en el número de candidatos autodeclarados indígenas, respectivamente.

El crecimiento de estas candidaturas puede ser interpretado a través de diferentes lentes, cuyos análisis, basados en los resultados, apuntan a una perspectiva multicausal, con cinco posibles causas principales. La primera es el creciente número de organizaciones y asociaciones indígenas en los estados y municipios - como ya hemos señalado, en Brasil se han constituido un total de 1.105 (mil ciento cinco) asociaciones y organizaciones indígenas con personalidad jurídica. Las primeras organizaciones y asociaciones se constituyeron en la década de 1980; sin embargo, se multiplicaron después de la promulgación de la Constitución Federal de 1988, debido a la apertura para la constitución de estas organizaciones como personas jurídicas. Por lo tanto, los datos sugieren que el aumento de candidaturas autodeclaradas indígenas en el período analizado refleja la maduración y consolidación del movimiento indígena en Brasil y, consecuentemente, la conformación del movimiento a los dictámenes de la política institucional, caracterizando así una nueva fase de este movimiento como sujetos políticos.

La nueva fase del movimiento indígena en la participación política del país destaca la fuerza de los movimientos sociales, en este caso la APIB, en la organización de la lucha por la democratización de los espacios de poder, aumentando la presencia de los pueblos indígenas en el campo de la democracia representativa. Por lo tanto, como característica del análisis, la investigación resume que el aumento de las candidaturas indígenas en 2014, 2018 y 2022 también puede reflejar la forma en que los pueblos indígenas buscan, en el campo de la democracia representativa, desnaturalizar el racismo estructural y la necropolítica en un intento por reconstruir un país intercultural. De esta manera, la fuerza de la APIB consistió en aglutinar a 30 candidatos indígenas en las elecciones de 2022, dos de los cuales ganaron en las urnas. Es decir, en 2022 hubo un incremento del 100% respecto a las elecciones de 2018 en cuanto a candidatos electos legitimados por este movimiento. La organización de un total de 30 candidatos con vínculos reales con el movimiento refuerza el argumento de la insurgencia indígena en el ámbito de la democracia representativa.

Como segunda causa, los datos de la investigación indican que el aumento de las candidaturas autodeclaradas indígenas también puede estar asociado a la expansión de las políticas públicas de educación en las últimas dos décadas, dirigidas a incluir la diversidad étnico-racial, especialmente en el ámbito de la educación superior. A pesar de las diversas complejidades y problemas inherentes a la implementación de esas políticas en las instituciones educativas - como la dificultad de permanencia, cuestiones financieras, distancia territorial, diferencias lingüísticas, racismo institucional, etc. - el 45% de todas las candidaturas autodeclaradas indígenas en las tres elecciones habían completado estudios superiores. Del mismo modo, el 39% de todos los candidatos, según la suma de las tres elecciones, había completado la educación básica. Esto significa que las políticas públicas inclusivas para la equidad y la diversidad étnico-racial pueden haber sido importantes aliadas en la lucha de los pueblos indígenas por fortalecer posiciones políticas orientadas a la participación en la democracia representativa.

Además, los datos de la investigación sugieren que el contexto político de los últimos años en el país pudo haber influido en el aumento de las candidaturas autodeclaradas indígenas en este periodo, lo que constituye una posible tercera causa de este fenómeno. En este sentido, los resultados destacan que, de 2014 a 2018, hubo un aumento del 56,5% en el número de candidaturas autodeclaradas indígenas; es decir, después del golpe contra la democracia, legitimado en el proceso de impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, seguido de la entrada de Michel Temer en el cargo de Presidente de la República. Siguiendo este crecimiento, de las elecciones de 2018 a 2022 hubo un aumento del 41% de candidatos autodeclarados indígenas; es decir, durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En este sentido, es importante destacar que, desde el punto de vista del movimiento indígena - como se destaca a lo largo del artículo -, el período posterior al impeachment fue de gran vulnerabilidad para los derechos de los pueblos indígenas de Brasil. La comprensión de esta situación política por parte del movimiento indígena ha dado lugar a diferentes movilizaciones y agendas de la APIB, una de las cuales es el proyecto de “aldear a política”.

En el marco del contexto político de los últimos años en el país, la investigación también señala la intensa polarización política de este período y la instrumentalización de algunos candidatos indígenas por parte de la extrema derecha, siendo ésta la cuarta posible causa del aumento de las candidaturas indígenas en el período analizado. Por un lado, la forma en que algunos candidatos, sin vínculos reales con los territorios o el movimiento indígena, utilizan el criterio de la autodeclaración a la hora de inscribirse para generar algún tipo de ganancia política o vergüenza para las agendas del movimiento. Por otro lado, algunos candidatos, incluso aquellos con vínculos legítimos con los territorios, utilizan esta legitimidad para apoyar proyectos de partidos políticos que tienen una visión radical “integracionista” y “desarrollista” de los pueblos indígenas y sus territorios; es decir, proyectos que están en desacuerdo con las agendas del movimiento.

Sin embargo, también es importante considerar que algunas de estas candidaturas pueden representar otros fenómenos, como indígenas que abrazan ideologías de derecha y ultraderecha, descontento y en desacuerdo con las agendas del movimiento indígena nacional. En las elecciones de 2022, la afiliación de candidatos autodeclarados indígenas a partidos de derecha y ultraderecha parece ser un movimiento creciente y, por lo tanto, este tema debe ser analizado con mayor profundidad en estudios posteriores.

Los análisis producidos a partir de la comprensión de las principales causas que pueden haber impulsado el aumento del número de candidatos autodeclarados indígenas en las elecciones de 2014, 2018 y 2024 - presentadas anteriormente - nos hacen pensar que la insurgencia política del movimiento indígena para demarcar la democracia representativa se constituye en la lucha por la libertad y la autonomía. En otras palabras: convertirse en sujetos de la política, poder hablar por sí mismos y no que hablen en su nombre. Esta investigación considera que la autonomía política de los pueblos indígenas se está logrando a través de la organización del movimiento y de la denuncia de la historia de violencia vivida por los pueblos indígenas desde la época colonial. En este sentido, los candidatos indígenas en las tres elecciones analizadas, especialmente aquellos que cuentan con el reconocimiento del movimiento indígena, buscan enfrentar la política estatal que pone en práctica la necropolítica y el racismo estructural contra estos pueblos. Sin embargo, los datos indican que el aumento de candidatos autodeclarados indígenas no significa automáticamente un aumento de la representación del movimiento indígena en las contiendas electorales analizadas.

Además, la investigación destaca la creciente participación de las mujeres indígenas en las disputas electorales, ya que el 50% de los candidatos indígenas elegidos en 2022 son mujeres. Este hallazgo corrobora el argumento de que el movimiento de mujeres indígenas en Brasil está en constante crecimiento, ocupando diversas posiciones en diferentes áreas de la sociedad - siendo esta una posible quinta causa del aumento de las candidaturas autodeclaradas indígenas. La presencia del movimiento de mujeres indígenas demuestra la insurgencia y la fuerza de este movimiento en la construcción de un proyecto político nacional de “Aldear a Política com a bancada do cocar”. Sin embargo, como se ha subrayado a lo largo de la investigación, los desafíos para cambiar la política son enormes e implican también el trabajo y la continuidad histórica del Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI). Este ministerio es una posibilidad concreta de cambios en la relación entre el Estado brasileño y los pueblos indígenas, en lo que respecta a sus derechos en sus territorios y fuera de ellos. Por lo tanto, estos desafíos también implican la superación del imaginario tutelar e integracionista, la desnaturalización de la violencia y la criminalización del racismo y de los actos genocidas.

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• ⁴
  Para más información, visite: https://campanhaindigena.info/
• ⁵
  El lema hace referencia a la demanda de ocupación de la política por parte de los pueblos indígenas, y para eso, utilizan el sustantivo “aldea o villa indígena” como verbo “aldear”.
• ⁶
  Hemos adoptado la terminología “pueblos indígenas” de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
• ⁷
  Desde 2016, cuando la expresidenta Dilma Rousseff fue destituida, el país se encuentra en un proceso de reducción de los presupuestos para programas de desarrollo en el campo, unido a la incapacidad del Estado para garantizar los derechos y mediar en los conflictos. Esto ha provocado invasiones de tierras, conflictos, violencia, etc. (CPT, 2022).
• ⁸
  En las elecciones de 2014, José Carlos Nunes da Silva, candidato del PT, fue elegido, por coeficiente de partido, diputado estatal en el estado de Espírito Santo (TSE, 2022).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  04 Oct 2024
• Fecha del número
  2024

Histórico

• Recibido
  16 Oct 2023
• Acepto
  17 Abr 2024