Victimización y sobrevivencia de mujeres y hombres considerados homosexuales en el marco del conflicto armado en Colombia*

Victimization and Survival of Women and Men Considered Homosexuals in The Framework of The Armed Conflict in Colombia

Resumen

El objetivo del artículo es presentar los procesos de victimización y sobrevivencia de mujeres y hombres considerados homosexuales en el marco del conflicto armado en el departamento de Caldas, Colombia. En términos metodológicos, la investigación se planteó desde una perspectiva de memoria histórica, la cual establece una centralidad del testimonio de las víctimas y de los diferentes relatos que se tejen alrededor de ellas. En general, se revela que la guerra impone un orden de género y sexual que tiene profundas repercusiones en los cuerpos y en el porvenir de las víctimas.

Víctima; LGBT; Sexualidad; Conflicto Armado; Colombia

Abstract

The aim of the article is to present the processes of victimization and survival of women and men considered homosexuals in the framework of the armed conflict in the department of Caldas, Colombia. In methodological terms, the research was raised from a perspective of historical memory which establishes a centrality of the testimony of the victims and of the different stories that are woven around them. In general, it is revealed that war imposes a gender and sexual order that has profound repercussions on the bodies and the future of the victims.

Victim; LGBT; Sexuality; Armed Conflict; Colombia

Introducción

La incorporación de la perspectiva de género para el trámite y análisis de los conflictos armados y las guerras, así como para los posteriores procesos transicionales, es una agenda institucional que se remite a la década de los noventa del siglo pasado (Goldstein, 2003; Serrano, 2018), a pesar de las denuncias que venían haciendo al respecto diferentes movimientos feministas desde décadas atrás. En particular, el enfoque de diversidad sexual y de género, es una apuesta que se emprende unos años después, gracias al proceso de politización “LGBT” a lo largo del mundo. En medio de este contexto, diferentes organizaciones iniciaron acciones –no oficiales– de reconocimiento de este componente en diferentes conflictos en el mundo, como la Alemania Nazi, las dictaduras del Cono Sur, los conflictos de Centro América y el Apartheid en Sudáfrica. Estos antecedentes fueron fundamentales para que se consolidará dicha perspectiva en los Estados y en los organismos internacionales.

Colombia se constituye en uno de los primeros casos a nivel mundial en los que se considera gubernamentalmente la victimización¹ de poblaciones LGBT² en el marco de un conflicto armado. Esta condición es producto de unas particularidades históricas concentradas, principalmente, en la permanencia del conflicto durante el proceso de politización LGBT en el país. Igualmente, esta circunstancia es producto de un proceso en el cual han estado involucrados diferentes actores. En primera instancia, las organizaciones LGBT que desde la primera mitad de la década de los 2000 empezaron a denunciar las afectaciones diferenciales en aquellas poblaciones. Posteriormente, los medios de comunicación y la academia también lo empezaron a reseñar. Aquellas denuncias fueron determinantes para que el Estado le prestara atención a esta realidad y promoviera una intervención gubernamental al respecto. Desde el año 2008, encabezada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se inició esta apuesta institucional, luego en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras³ se fortalece dicha perspectiva y, por último, aunque con muchos reveses, se ha intentado introducir esta perspectiva en el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016⁴.

A partir de este marco político y jurídico, diferentes instancias gubernamentales, encabezadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, han emprendido un esfuerzo por caracterizar y atender la victimización de las poblaciones LGBT en el marco del conflicto armado. Algunas cifras generales son:

Cuadro 1 Víctimas LGBT en el conflicto armado en Colombia

GENERO	PERSONAS
Mujer	4.170.856
Hombre	4.166.054
No Informa	61.696
LGBTI	2.250

Fuente: Registro Único de Víctimas, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Noviembre, 2018.

Cuadro 2 Hechos victimizantes dirigidos a la población LGBT en el marco del conflicto armado en Colombia

Hecho	Mujer	Hombre	LGBTI	No Informa
Homicidio	461.455	523.22	109	15.166
Abandono o Despojo Forzado de Tierras	3.793	3.661		191
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles	48.583	51.384	30	13.949
Sin información	176	256	2	9
Desaparición forzada	78.813	89.196	18	2.678
Secuestro	9.015	27.026	18	741
Tortura	4.45	6.101	28	226
Delitos contra la libertad y la integridad sexual	23.875	1.982	209	578
Otro	7.608	8.014	2	213
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes	2.451	4.907	6	193
Otros	2.533	4.746	28	162
Acto terrorista/Atentados/ Combates/Hostigamientos	40.073	52.016	28	3.456
Amenaza	201.86	188.166	535	3.991
Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo	1.135	10.208	1	123
Desplazamiento	3.796.309	3.609.709	2.069	38.317

Fuente: Registro Único de Víctimas, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Noviembre, 2018.

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, en Colombia hasta el mes de noviembre del 2018 se encontraban registradas 8.400.856 víctimas, de las cuales 2.250⁵ se identifican como LGBT⁶. Los hechos victimizantes con más altas cifras hacia esta población son el desplazamiento, las amenazas, los delitos sexuales y el homicidio. El principal acercamiento investigativo al respecto ha sido el informe Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano (CNMH, 2015), que detalla las implicaciones del conflicto en la vulnerabilidad y victimización de estas poblaciones, convirtiéndose en un referente para este campo de estudios en el país. De igual manera, no se pueden olvidar los informes de derechos humanos que han realizado otras organizaciones no gubernamentales a lo largo del territorio nacional, en especial, los realizados por Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, las principales organizaciones LGBT del país. De acuerdo a estos informes, tanto grupos armados ilegales, como las fuerzas militares participaron en la victimización a estas poblaciones; sin embargo, se pueden reconocer diferencias en sus intensidades y en sus grados de violencia, en los cuales hay una mayor denuncia hacia los grupos paramilitares, premisa que fue comprobada en los testimonios del presente artículo.

A grandes rasgos, los antecedentes investigativos sobre la materia presentan tres postulados (CNMH, 2015, Palevi, 2016). El primero de ellos plantea que los grupos armados no solo quieren imponer un orden político en los territorios, sino también un orden moral en el cual se integran implícitamente un orden de género y un orden sexual. A partir de lo anterior, como segunda idea principal, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual y las prácticas sexuales se convierten en detonantes de victimización. Por último, la victimización dirigida a las poblaciones LGBT en el marco de los conflictos armados debe entenderse como un continuum de violencia, es decir, como un acto que perdura antes, durante y después de la contienda.

A partir de estos antecedentes, se emprendió un proyecto de investigación que se acercara a este tema. El objetivo del estudio fue comprender los procesos de victimización y sobrevivencia de las mujeres y hombres considerados homosexuales en contextos de conflicto armado en el departamento de Caldas. Para ello, se indagó la conformación de los regímenes de sexo/género, las prácticas de regulación de la sexualidad y las disciplinas corporales aplicadas en contextos de guerra. Asimismo, se rastrearon los hechos victimizantes dirigidos a esta población y, por último, sus estrategias de sobrevivencia. En general, el estudio pretende aportar a la memoria histórica sobre el conflicto armado en el país, así como plantear elementos conceptuales, metodológicos y políticos sobre el tema para el proceso transicional en el que se encuentra Colombia.

Los diferentes informes sobre las implicaciones de las poblaciones LGBT en el marco del conflicto armado colombiano, hasta ahora, han relatado la historia de otras regiones del país. El presente artículo, por su parte, realiza un acercamiento de orden más local, en específico al contexto del departamento de Caldas e involucra, solamente, a hombres y mujeres considerados homosexuales, en este caso no incluye los casos de personas trans. Para lograr este cometido, el documento presenta la siguiente estructura: En un primer momento se expone el acercamiento metodológico. Luego, se relatan los atropellos que recibían las víctimas antes de la incursión de los grupos armados. Más adelante, se detallan los diferentes hechos victimizantes dirigidos a estas poblaciones en el marco del conflicto armado. Posteriormente, se describen las diferentes estrategias a las que han acudido las víctimas en sus procesos de sobrevivencia. Por último, se plantean algunas reflexiones conceptuales y políticas sobre las implicaciones del género y la sexualidad en los conflictos armados contemporáneos.

Metodología

El departamento de Caldas se encuentra situado en el centro occidente del territorio colombiano, está conformado por 27 municipios y tiene una población aproximadamente de 1.000.000 de habitantes. El conflicto armado tuvo –o aún tiene– profundas repercusiones, ya que históricamente hubo presencia de distintos frentes guerrilleros, al mando de los frentes 9 y 47 de las entonces FARC-EP en el norte y el centro de su territorio, y de grupos paramilitares (El Bloque Central Bolívar y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio) en el noroccidente, el oriente y el sur. El periodo de mayor intensificación del conflicto fue la segunda mitad de los años noventa y la década de los 2000, lapso en el cual se concentra la presente investigación. El estudio se realizó en seis municipios que cubren las diferentes coordenadas del departamento y que son considerados como los más afectados por el conflicto: Samaná, La Dorada, Aguadas, Riosucio, Manzanares y Manizales –la capital–, la cual ha sido receptora de las víctimas del departamento.

La investigación se planteó desde una perspectiva de memoria histórica la cual establece una centralidad en el testimonio de las víctimas y de los diferentes relatos que se tejen alrededor de ellas. El estudio asume una noción sobre memoria que implica unas interpelaciones políticas y sociales sobre el presente, no solo de los implicados en los hechos victimizantes, sino de la comunidad en general (CNMH, 2015). Además, como lo advierte Piscitelli (1993), se debe considerar que dicha memoria está atravesada por unas condiciones de género que configuran el universo re-construido y que, por tanto, expresan implícitamente las permanencias y transformaciones del orden de género instaurado, en este caso, por la lógica de la guerra. Por otra parte, en cuanto al testimonio, partimos de la premisa que es un dispositivo que no se agota en una narración oral, sino que se desborda en el cuerpo y las emociones de los sujetos, y que es un camino para rebasar el pasado y el “inmovilismo” al que han estado sumidas las víctimas (Das, 2003).

Por estas razones, se plantearon diferentes estrategias metodológicas de acuerdo a dos grupos de población: dieciocho personas que se consideraban víctimas y veintidós personajes claves de los municipios. Respecto a la población víctima una de las estrategias fue la entrevista a profundidad que permitió un acercamiento a la trama de violencia y su relación con la sexualidad en los diferentes periodos del conflicto y de su curso de vida. Con este mismo objetivo, también se realizaron recorridos por las calles de los pueblos durante las visitas periódicas que se realizaron entre noviembre del 2016 y diciembre del 2018, que permitieron conocer la geografía del conflicto. Asimismo, en tres municipios se realizaron entrevistas grupales que posibilitaron un espacio de más confianza para algunas víctimas, al igual que proporcionaron elementos más comunitarios de la memoria. Dichas entrevistas estuvieron compuestas por aproximadamente diez personas y se plantearon como grupos de discusión que permitieran la producción colectiva de un discurso sobre el conflicto armado y la victimización; además, en ellas se integraron ejercicios de cartografía corporal y fotografía, que lograron evidenciar de manera más directa la marca de la guerra en sus cuerpos⁷.

El acceso a la población tuvo varios inconvenientes. La condición de su sexualidad y de su victimización, sumado a otras situaciones como la ruralidad, la pobreza, la marginación social y política, los niveles educativos y la movilidad constante de estas poblaciones fueron antecedentes que dificultaron el acceso, como también el desenvolvimiento de sus testimonios. Estas mismas circunstancias generaban un vacío en los registros institucionales de los municipios sobre “Víctimas LGBT”. Por esta razón, los primeros acercamientos fueron con personas ampliamente reconocidas en los pueblos –no necesariamente reconocidas como víctimas–, que no tenían ningún reparo frente a su sexualidad o que ejercían liderazgos comunitarios al respecto y que posteriormente fueron una puerta de entrada a otras personas. Sin embargo, dicho reconocimiento también cerró otras puertas, ya que al relacionarnos con ellos o ellas era una evidencia de que estábamos trabajando con los “homosexuales del pueblo”, por tal motivo, si nos veían con alguien más era una prueba de que aquella persona, tal vez, también lo era. Respecto a la condición de víctimas, pocas personas se reconocían como tal –a pesar de que no lo hubieran hecho ante los registros gubernamentales–, otras lo hicieron en el transcurso de la investigación, mientras que otras se mantuvieron ajenas a esta etiqueta. Ante estas circunstancias, varios de los testimonios que han sido centrales para el estudio –y para este artículo– hacen alusión a los hechos de otros y otras, una condición que, según Theidon (2012), es común en las investigaciones sobre los conflictos armados.

Por otra parte, se realizaron entrevistas a personajes claves de los municipios que brindaran otros ángulos sobre el escenario de victimización hacia estas poblaciones y sobre la configuración de los regímenes impuestos por los grupos armados en los territorios. Entre ellos: a funcionarios de dependencias gubernamentales, a la fuerza pública, a líderes o lideresas de víctimas, a personas reconocidas como lideresas LGBT y a personajes encargados de los medios de comunicación de la región. Por último, se revisaron algunos archivos históricos y judiciales de los municipios, sin embargo, por las condiciones de vulnerabilidad de la población implicada, fueron muy pocos los documentos en los que se encontró algún registro.

La antesala del conflicto armado: género, sexualidad y violencia⁸

La victimización por asuntos de diversidad sexual o de género no se reduce a los periodos de conflicto armado, es un tipo de violencia permanente que integra el antes-durante-después de la guerra. Si bien los controles sobre la sexualidad y las identidades se vuelven más vigilados con la presencia de los grupos armados, no se puede desconocer las manifestaciones de machismo y homofobia⁹ que existían históricamente en las comunidades.

Los ámbitos familiares se constituyen en los primeros verdugos en la cadena de violencia. Algunos testimonios lo evidencian:

Yo tengo una historia de un amigo. Cuando él se declaró en la casa, al papá le dio tan duro que lo mandó para el hospital. Lo cogió a correa y lo dejó tan mal que lo mandó para el hospital. Cuando salió del hospital, lo echaron de la casa. Entonces, él estuvo mucho tiempo por ahí viviendo de la caridad de la gente (Grupo focal, La Dorada).

El entorno familiar se convierte en el principal campo de batalla para los procesos de auto-reconocimiento y salida del closet de las personas. Las familias adelantan ejercicios de control sobre sus apuestas corporales y estéticas, sobre sus relaciones sociales y sobre su agenda de actividades en el pueblo. Incluso, en algunas ocasiones, como la relatada renglones atrás, se presentan manifestaciones de violencia física. Debido a estas circunstancias, las personas aplazan sus procesos de autoafirmación o se van de sus casas, muchas veces sin los capitales económicos o sociales suficientes para emprender proyectos domiciliarios o laborales, razón por la cual deben incorporarse en sectores precarios. Ante estas circunstancias, los amigos u otros familiares se convierten en un refugio fundamental que les brinda una estabilidad emocional y material.

Otra instancia ejecutora de estas violencias es la religiosa, tanto de la iglesia católica como de las iglesias cristianas y protestantes. Si bien estas instituciones han sido señaladas históricamente como escenarios que reproducen discursos homofóbicos, esta situación presta especial atención cuando es denunciada por los propios fieles que se consideran homosexuales, ya que para ellos o ellas esta situación tiene repercusiones en sus creencias religiosas y en su espiritualidad. Al respecto:

Ahora Edison decía que Dios mandaba, pero la misma Biblia lo rechaza, rechaza la posición gay. Entonces para uno es muy duro, bastante duro, primero porque hay que obedecerle a un ser supremo que es Dios, pero bueno yo soy gay y yo no lo busco, yo no lo he buscado, yo nací así, trato de no ser muy sinvergüenza. Disculpen la palabra, trato de ser como lo más puestecito (Grupo focal, La Dorada).

Colombia es considerado un país católico, aproximadamente un 75% de la población se identifica como tal; sin embargo, al igual que en otros países de América Latina (Brasil, México, Argentina y Chile) las iglesias cristianas y protestantes han tenido un importante auge en las últimas décadas y se considera que entre un 15% y 20% de la población forma parte de ellas (Beltrán, 2013). Este fenómeno ha tenido una fuerte repercusión en las zonas rurales, regiones en las cuales, precisamente, se encuentran la mayoría de las víctimas del conflicto armado en el país. En los municipios como La Dorada y Riosucio fue evidente la presencia de este tipo de congregaciones en sus calles céntricas y en algunos de sus barrios.

Por otra parte, la comunidad del pueblo también se constituye en otro agente victimizador. Sobre el tema, por ejemplo:

Solo por saber que eran gais, no importaba si estaban vestidos o si tenían pinta de normal, o si eran amanerados, no importaba, era la burla (Alberto, La Dorada).

Las calles, las plazas, las zonas deportivas, los bares, entre otros espacios de ocio han sido tradicionalmente lugares en donde se exhibe la violencia homofóbica. Los silbidos, los insultos, las miradas y otras manifestaciones de desprecio han sido parte de su diario vivir. Sin embargo, para algunos o algunas este entorno de agravios, en cierta forma, se convierte paradójicamente en una plataforma de sentido para sus apuestas transgresoras de género y sexualidad; es decir, se figura como un artefacto al que hay que desobedecer. En medio de un panorama de adversidad, se resignifican los sentidos de la ofensa para emprender sus procesos de identidad genérica y sexual.

Igualmente, había un control sobre vida sexual y sentimental, las cuales debían ceñirse a un aislamiento físico o simbólico en los municipios. A pesar de que las poblaciones han establecido históricamente algunos marcos de aceptación por medio de la convivencia con algunas personas del pueblo y con algunas actividades culturales, todavía persistía la configuración de un orden homofóbico. Por ejemplo, en los hoteles o moteles, así fueran de tarifas módicas o de “mala muerte” –como se les dice comúnmente–, muchas veces no dejaban entrar a parejas del mismo sexo. Asimismo, las manifestaciones de afecto eran desterradas de los espacios públicos. Por estas razones, muchas personas que tenían los medios económicos o tenían redes familiares o de amistad decidían viajar a ciudades cercanas como Manizales, Medellín o Bogotá para entablar encuentros sexuales o sentimentales.

Las manifestaciones de violencia son, entonces, actos transversales en las vidas de las personas consideradas homosexuales en los municipios. Los informes de derechos humanos de las organizaciones LGBT y el Centro Nacional de Memoria Histórica se han dado a la tarea de revelar esta realidad, planteando que en los territorios ya había unas condiciones de posibilidad para que se efectuaran estas situaciones; las vulneraciones más marcadas son el rechazo, las agresiones, el desplazamiento, la intolerancia institucional y la segregación (CNMH, 2015; Colombia Diversa et al., 2016). Estos mismos documentos han señalado cómo las familias, la comunidad y la ineficacia operacional del Estado –en sus diferentes niveles– participan en la configuración de este escenario violento. Desde esta perspectiva, el Estado no aparece como un sujeto inmaterial, sino como un proceso estatizante capaz de producir y limitar horizontes de posibilidad del género (Vianna y Lowenkron, 2017) y de la sexualidad de las poblaciones.

En síntesis, el estigma, la discriminación y la violencia hacia las personas consideradas homosexuales no arribaron con la llegada de los grupos armados ilegales, eran vejaciones que habían perdurado históricamente en los municipios. Los albores del conflicto en aquellos territorios encontraron un terreno abonado para instalar unos argumentos relacionados al género y la sexualidad. El conflicto armado, en ese sentido, no es un antecedente que trajo consigo unos órdenes morales y políticos, sino un tramitador de algunos que ya existían. La idea estricta de un antes y un después de la guerra debe matizarse respecto a la vulnerabilidad de algunas poblaciones, en este caso, frente a la población reconocida como LGBT.

Repertorios de victimización: más allá de la vida y la muerte

La violencia desatada por los actores armados produjo una serie de hechos victimizantes. Durante las conversaciones con las víctimas o con distintas personalidades de los pueblos, como funcionarios de los gobiernos locales, locutores de radio o líderes comunitarios se relataron diferentes casos de victimización ocurridas en los municipios y en los territorios aledaños. La variedad de los repertorios de victimización se diversifica ampliamente, no solo por la presencia de diferentes grupos armados, sino por la intervención de otros factores como los marcadores de género y sexualidad tanto de las víctimas como de los victimarios.

Uno de los hechos que generaron más conmoción tanto a las víctimas como a la comunidad fueron los delitos sexuales. En varias ocasiones no fue necesario preguntar específicamente por este tipo de episodios, sino que eran sucesos que emergían en el transcurso de los testimonios. Esta situación comprueba, precisamente, la trascendencia que tiene la violencia sexual para las comunidades, incluso, por encima de otros hechos victimizantes que implican directamente la muerte. De acuerdo a varias autoras (Wood, 2009; Peres, 2011; Segato, 2014; CNMH, 2017), esta situación obedece justamente a unas de las lógicas bajo las cuales opera la violencia sexual como estrategia o como práctica de guerra: dejar marcados los cuerpos individuales y el cuerpo comunitario en el presente y en su futuro.

De acuerdo a Wood (2009), la violencia sexual en el marco de los conflictos armados tiene sus especificidades según el conflicto, el grupo armado y las víctimas. En Caldas, por ejemplo, la violencia sexual fue una de las estrategias que usaron los grupos, tanto legales como ilegales, para fomentar su orden político y moral en los municipios. El cuerpo de las mujeres y, algunas veces, de los hombres, eran representados como “cuerpos apropiables” y se figuraban como una extensión del poder militar sobre los territorios (CNMH, 2017). De acuerdo a este mismo informe, la violencia sexual contra mujeres y hombres considerados homosexuales obedecía al propósito de castigar y corregir su sexualidad.

La violencia sexual dirigida a las mujeres fue un hecho recurrente, algunos testimonios dan cuenta de ello:

Por lo general, a las lesbianas las violaban para que se volvieron mujeres. Yo estaba muy niña y aún no sabía que era así, pero sí escuchaba eso (Grupo focal, La Dorada).

Una de las mujeres con las que yo trabajo aquí en el municipio fue empalada al frente de la vereda. Allá, ella fue empalada, ella es lesbiana. Le decían: “Se vuelve mujer o la volvemos”. La violaron y la empalaron. Le rompieron una parte del intestino (Lorena, La Dorada).

Los delitos sexuales contra las mujeres consideradas homosexuales, también denominados “violencia correctiva” por su empeño de “restablecer” la sexualidad abyecta de aquellas mujeres, evidencian la implicación, por un lado, del cuerpo, y por otro, de la representación de lo femenino, en el marco de la guerra. En primer orden, como lo plantea Nieto-Olivar (2013), para hablar sobre los conflictos armados necesitamos verlos en los cuerpos y entender esos cuerpos como diferenciales. Las prácticas violentas implicadas en los abusos sexuales a las mujeres, que van desde los ultrajes verbales, el tocamiento, el acceso carnal hasta el empalamiento, son la prueba de las implicaciones de los elementos anatómicos, somáticos y corporales en la crueldad de la guerra. Por ello, la comprensión del lugar que adquiere el cuerpo dentro de la política actual es una condición indispensable para entender el sentido de los abusos sexuales dentro de los conflictos armados (Pérez, 2014).

Por su parte, la representación de lo femenino implicada en los delitos sexuales se relaciona con la subordinación, cosificación y humillación sobre la víctima. Bajo el razonamiento de la guerra, lo femenino no solo se encarna en los cuerpos de las mujeres, sino en todo aquello que es objeto de victimización. Los órdenes políticos, económicos y morales impartidos por la guerra emplean lo femenino para sus propósitos, bien sea para exaltarlo o subestimarlo, dependiendo los intereses de los armados. En términos de varias autoras (Peres, 2011; Segato, 2014), lo femenino funciona como lienzo, como bastidor y como territorio para establecer los términos de la contienda. Bajo esta perspectiva la noción amañada de lo femenino se convierte, entonces, en una pieza estratégica para la conspiración de la guerra.

El contexto de los delitos sexuales, es decir, los lugares, los horarios, las agresiones y sus mecanismos, demuestran, como lo señala Efrem Filho (2016), que la crueldad del sexo se desarrolla en un escenario en que la sexualidad, el crimen y la violencia se constituyen recíprocamente. La conjugación de estos elementos involucran los cuerpos de las mujeres y de los hombres de maneras particulares, al igual que otros marcadores como la edad y la adscripción étnico-racial. De manera que la violencia sexual en los contextos bélicos –al igual que por fuera de ellos– se configura bajo una trama compleja y amplia de factores relacionados con los involucrados (víctimas y victimarios) y del orden social en donde se desarrolla, por ello, los usos y significados de la violación son variables.

La violencia sexual también era orquestada con otras manifestaciones de tortura. Por ejemplo, Nicolás se refirió a la historia de un comandante paramilitar que salía con hombres jóvenes:

Entre esos hay un amigo. No sé si eran amantes o qué, pero a él sí se lo llevó. Estábamos en una esquina, cuando agarró a “Gato” –a él le decíamos así–con la correa en la cabeza y lo arrastró. Le dijo al otro que iba manejando: “arranque que voy a pelar este hijueputa, hágale que voy a arrastrarlo”. Luego lo soltó y le dijo: “párese malparido” y lo montó en el medio de la moto. Nosotros dijimos: “no marica, mataron a Gato”. Al otro día el “Gato” estaba vivo, estaba bien, pero no fuimos capaces de preguntarle nada (Nicolás, La Dorada).

La tortura era una puesta en escena del horror de la guerra que se ensañaba con unos cuerpos específicos, para estos casos, con unos cuerpos que transgredían un orden de género y sexual. La tortura fue ampliamente utilizada por los actores armados, principalmente por los paramilitares¹⁰, y era un dispositivo que satisfacía la ansiedad de dominación de sus militantes. Las lesiones y las humillaciones confluían en un sistema de atrocidad que se dirigía a unas partes determinadas del cuerpo –las más representadas sexualmente–, con unos mecanismos simbólicos muy marcados y un juego de palabras altamente degradantes. Desde esta perspectiva, la tortura podría considerarse como un escenario en sí mismo performativo, en el cual operan unas producciones del cuerpo, de género y de sexualidad, que marcan el presente y el futuro de las víctimas y las comunidades.

De acuerdo a Efrem Filho (2016), las imágenes de brutalidad pueden estar relacionadas con unas formas subterráneas de la sexualidad, por lo tanto, la tortura y otros actos de sevicia pueden convertirse en episodios que integran de manera compleja el placer, el deseo y el disfrute, al mismo tiempo que el odio, el desprecio y la repulsión. Este argumento, justamente, alude a los vínculos entre el placer y el peligro, y cómo a partir de esta relación se constituyen unos límites de la sexualidad (Gregori, 2014). Dichas premisas se ajustan a unos marcos de guerra, en los cuales los grupos armados o los combatientes –en su individualidad– producen procesos de victimización refiriendo o practicando actos sexuales, mecanismo que se intensifica con las personas que son representadas por fuera del régimen heterosexual.

Bajo esta perspectiva, el homoerotismo se confabula con el deseo y con la crueldad, dos aspectos que en principio parecen opuestos, para responder a unas lógicas propias de la guerra. Sin embargo, hasta podría ponerse en entredicho la noción de “homoerotismo”, pues el erotismo como tal implica el deseo, mientras que algunos actos de tortura son una propensión excesiva de lo sexual, en otras palabras, son hechos propiamente lascivos. De manera que podría hacerse referencia a otros conceptos como el de “conductas homosexuales” (Gagnon, 2006; Passamani, 2015), que también ha sido construido para concentrarse en las prácticas, más allá de los procesos de identidad y de clasificación establecidos por nociones como la orientación sexual o la identidad de género.

Algunos actos de tortura concluían con la muerte. El asesinato a hombres y mujeres tachados como homosexuales fue un hecho común durante el conflicto armado.

Yo sí recuerdo, allá por el puente colgante, allá siempre se iban a ver las mujeres. Seguro los paracos las vieron en el hecho y allá las mataron. Allá las dejaron que por cochinas (Grupo focal, La Dorada).

Mario iba dando la vuelta, subiendo por la zona de tolerancia, y de una cantina salieron unos manes y le pegaron como dos tiros (…) Todo el mundo al escuchar los disparos, de una se encerró. Eso fue por ahí como a las nueve de la noche (Horacio, Samaná).

El asesinato se convertía en la prueba fehaciente de que el sistema de la violencia ejecutado contra las identidades y sexualidades abyectas era verídico, que no se quedaba simplemente en las amenazas o en ciertos ataques. Los relatos demuestran que los crímenes se cometían en lugares públicos y en horarios de gran afluencia de personas. Era claro que los grupos armados querían que el resto de población estuviera involucrada como espectadora para así alimentar la zozobra de la guerra y dejar un mensaje evidente: “no queremos maricas en el pueblo”. Otra particularidad recurrente era que los homicidios se cometían cuando la víctima se encontraba junto a otras personas que también eran consideradas homosexuales, bien fueran sus amigos o su pareja. Esta circunstancia indica una dimensión más directa del mensaje, ya no al pueblo en general, sino a las “locas y machorras” en específico. Por una parte, el aviso frente a la posibilidad de la muerte era claro, de hecho, este recurso, como lo indica Efrem Filho (2016), genera una identificación con la condición de vulnerabilidad de los sobrevivientes. Por otra, se produce un efecto más prolongado en los involucrados, pues nunca se olvida que su novio, su amigo o familiar fueron asesinados por asuntos sexuales, un antecedente que marcó su sexualidad por el resto de sus vidas, como lo demuestra el siguiente relato:

A mí nunca se me sale de la cabeza cuando mataron a un primo mío delante de nosotros. Íbamos saliendo de un bar como a las 2:00 de la mañana, íbamos como cinco y de la nada salieron dos tipos que le fueron donde un tiro a mi primo y quedó ahí tirado (Esteban, La Dorada).

En ciertos episodios la escena del crimen también estaba acompañada por unas marcas sobre el cuerpo de las víctimas. Algunas de ellas signadas en las partes con mayor representación sexual como los senos, la vagina, el pene o los glúteos en donde se evidenciaba heridas más pronunciadas. En otras ocasiones, aunque pocas, se dejaron rastros escritos en el cuerpo o en notas en la que se indicaba el motivo del crimen: a una mujer en La Dorada le marcaron “cochina” y “enferma”. En otros informes se han relatado este tipo de actos, en los cuales el acervo de palabras es mucho más amplio: loca, marica, maricón, machorra, arepera (CNMH, 2015). Al respecto, Cruz (2015) plantea que en las formas en que se representan los cuerpos ejecutados por el crimen, sobresalen los significados asociados con la sexualidad dominante, para estos casos enmarcados en un carácter androcéntrico, misógino y homofóbico. Por ello, mientras la marca degrada a la víctima, a la vez enaltece al victimario; esta distinción no solo es un orgullo personal para el ejecutor, también se recibe por parte de su grupo de pares –hombres–, de su grupo armado y, algunas veces, hasta de la propia comunidad.

En la mayoría de los casos relatados, el asesinato a muchos hombres considerados homosexuales no se vinculaba, supuestamente, con su orientación sexual, sino con otros señalamientos como ser “ladrón”, “drogadicto”, “expendedor de droga” o “violador”. Este pretexto no solo era sostenido por aquellos que cometían el crimen, también era difundido por los habitantes de los municipios.

A mí me tocó una vez como una masacre. Mataron como a cuatro en una casa y tres eran gais. Pero, decían que era porque el que vivía en esa casa les guardaba cosas robadas a unos ladrones, entonces entraron a esa casa e hicieron la balacera a todos (Esteban, La Dorada).

⁠⁠⁠Ellos metían el cuento, los “legalizaban” diciendo que vendían vicio –drogas–, que robaron, que se metió con la esposa de no sé qué comandante, que no sé qué. Cualquier excusa se inventaban para que la gente no cayera en cuenta que estaban atentando contra las locas (Nicolás, La Dorada).

La persecución a la homosexualidad, por tanto, se ejecutaba desde diferentes lógicas, en algunos momentos debía evidenciarse y en otros se encubría, volviéndose un recurso ambivalente y estratégico. A pesar de que había un mensaje claro contra ella, algunas veces cuando ocurrían delitos, como el asesinato o la tortura, se ocultaba el motivo y era necesario adjudicar otros móviles. Siguiendo a Efrem Fliho (2016), es común que las relaciones de género y sexualidad vinculadas con el crimen sean negadas a priori –“no existen crímenes homofóbicos”–, mientras que son señaladas otras para detentar la legitimidad de la víctima (ladrón, drogadicto, violador). De manera que los grupos armados, en complicidad con la comunidad, instauraban un locus de victimización en el que las categorías victimizantes algunas veces se yuxtaponían y en otras se particularizaban dependiendo del contexto del delito, del mensaje que se quería comunicar y de la estrategia de guerra.

La doctrina de la muerte no solo implicaba al asesinato como procedimiento para implementar el mando de los grupos armados. Otro mecanismo fue la postergación o la no reclamación de cadáveres.

Usted es la mamá y usted puede ir a reclamarlo. Y me dijo: “yo sin poder salir de acá y mi hijo tirado en esa losa”. Le dije: “ahí sí, hasta que usted no llegue no puedo hacer nada. Y cuentan que al entierro fue muy poquita gente (Liliana, Samaná).

Las amenazas de los grupos armados no concluían en el momento del homicidio, se extendían hasta sus exequias y las posteriores veneraciones en su tumba. Sus familiares o sus amigos eran reacios al reclamo de sus cuerpos, ya que los exponía ante el grupo armado como una amenaza o ante la comunidad como un desprestigio, en especial, cuando eran contextos familiares que no habían aceptado la sexualidad de la víctima. Por tales razones, la trama ritual se tergiversaba, marginándose al silencio y a la soledad de la muerte. Los funerales de aquellos que finalmente eran reclamados eran solitarios, privados y transcurrían en un ambiente de zozobra.

El escarnio de la guerra también produjo altas cifras de personas no identificadas (PNI). Algunas no fueron reconocidas por la amenaza que implicaba hacerlo y otras porque no eran oriundas del municipio, razón por la cual nadie, ni sus familiares, se dieron cuenta de su muerte. Algunos muertos no eran de nadie, no fueron llorados y su sepulcro, si era que lo había, era el menos visitado y el más mohoso de los cementerios. Los datos sobre PNI en el marco del conflicto armado son variados debido a las características propias de este hecho victimizante, algunas instituciones estiman cifras aproximadas de 25.000 (Centro Nacional de Memoria Histórica) y otras de 30.000 (Ministerio del Interior).

Sumado a la anterior, la guerra ha generado altas cifras de desapariciones forzadas, en donde ya ni siquiera aparece un cuerpo como prueba o como objeto para ser ritualizado. En los registros gubernamentales, como en los testimonios de las personas, fueron comunes las alusiones a los casos de desaparición, frases como “simplemente se la llevaron en una camioneta y la tiraron abajo en el río” lo demuestran. Según el observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica se registran aproximadamente 83.000 casos de desapariciones forzadas desde el año 1958 hasta el 2015 en Colombia, para el departamento de Caldas esta cifra oscila en los 3.500 (Registro Único de Víctimas).

La producción de PNI y de desapariciones forzadas orquestada por el sistema de la guerra tiene unas repercusiones particulares para las poblaciones reconocidas como LGBT. En principio, hay que considerar que la segregación estructural a la que ha estado sometida históricamente esta población genera, precisamente, una mayor probabilidad de no identificación de sus cuerpos, como se señaló renglones atrás, así como de ser representados como cuerpos descartables y por tanto objeto de desaparición. Por otra parte, son crímenes que permiten un encubrimiento de ciertas adscripciones identitarias de las víctimas, entre ellas, las referidas a su sexualidad, por ello, no se podrían calcular fácilmente cuántos de estos casos hacen parte de la población LGBT, asunto que es distinto para otras categorías como el género, la etnia o la edad. El borramiento de marcadores de identidad sobre las víctimas es un factor clave para la lógica de la guerra, ya que genera una menor contundencia investigativa, tanto judicial, como periodística y académica sobre el tema. En este sentido, la producción de PNI y de desapariciones forzadas podría considerarse como un sistema que termina socavando la violencia homofóbica en medio de la guerra.

La categoría de “desaparecido” genera una controversia política sobre su definición, en la cual el Estado y las víctimas se disputan sobre su dictamen. Por tal motivo, es una noción que en sí misma contiene unas imprecisiones y limitaciones (Lacerda, 2014), que suscitan desaciertos judiciales y humanitarios para su tratamiento. Como la plantea Azevedo (2018), se debe considerar el “desaparecimiento” como una categoría producida y productora de un campo social en el que convergen debates y acciones de diferentes actores. En este caso, a ese campo social se le suma la condición de involucrar sujetos estigmatizados por su sexualidad, produciendo discusiones no solo sobre la idea de “desaparición forzada” sino sobre la implicación de sus construcciones genéricas y sexuales en la configuración de este hecho victimizante. Ese cúmulo de controversias, debates y discusiones se ajusta cabalmente a la confusión y desconcierto que procura la guerra.

Para terminar, la marcada desinstitucionalización de algunos grupos armados, principalmente de los paramilitares, generó una mayor presencia de este tipo de actos: tortura, desapariciones y casos de PNI. Como lo advierten varios autores (Mbembe, 2011; Kaldor, 2012; Segato, 2014), una de las principales características de las “nuevas guerras” es la amplia desinstitucionalización del conflicto, premisa que se evidencia en asuntos como la informalización de la contienda –desentendiendo los protocolos internacionales–, la presencia de ejércitos irregulares y la multiplicidad de actores en el conflicto. Esta desinstitucionalización se instala en los grupos armados produciendo rupturas en la capacidad organizativa y de control sobre sus políticas y prácticas de guerra.

Procesos de sobrevivencia de las víctimas: trámites y resistencias

El paso de la guerra dejó profundas marcas en las víctimas, dejó unas huellas en sus cuerpos, pero, principalmente, dejó un rastro en su porvenir. Las historias de las personas no solo están vinculadas con la victimización, también están relacionadas con sus estrategias de sobrevivencia en etapas posteriores a los periodos de intensificación del conflicto armado. Desde esta perspectiva, como lo plantea Lacerda (2014), los acontecimientos de violencia pueden constituirse en referentes a partir de los cuales se emprenden procesos de identidad política, en la cual la aflicción y el dolor están acompañados de acciones macro y micro políticas que permiten gestionar la sobrevivencia. Los testimonios de las víctimas estaban plagados de referencias sobre su presente, así no fuera una cuestión suscitada en las conversaciones. Para ellas y ellos era muy importante comunicar sus superaciones, fundamentalmente, frente a su sexualidad. Esta situación delata, precisamente, la condición transformadora de la acción de testimoniar, en la cual todo tipo de manifestación se pueden constituir en formas de agencia de los sujetos victimizados (Das, 2011).

El estudio de la guerra está supeditado, muchas veces, a una lógica propia de ella: indagar sobre los periodos más cruentos de la contienda. Una prueba de ello, como lo plantea Theidon (2011), es que los investigadores, al igual que los funcionarios de los organismos de cooperación internacional y los agentes estatales, generalmente, se enfocan en los hechos victimizantes, dejando de lado otras perspectivas. En este sentido, el dolor y el sufrimiento parecieran ser elementos que le otorgan legitimidad al testimonio de las víctimas (Efrem Filho, 2017), así como a la labor académica, humanitaria o gubernamental. Siguiendo al autor, en la construcción de los testimonios sobre la violencia, el género y la sexualidad también operan como factores para movilizar, remarcar y ahondar ese dolor.

Cuando se trabaja con víctimas, entonces, queremos indagar sobre su sufrimiento, mientras ellas manifiestan, entrelineas, muchos otros rastros de su vida. Por ello, la indagación por otros ángulos del conflicto no solo son una apuesta que enriquece los testimonios, sino que podría considerarse como una postura ética y política frente a las víctimas. En particular, dicha postura genera otros marcos de agencia de su condición victimizante, que permiten la búsqueda de herramientas, tanto individuales como colectivas, para afrontar su futuro.

A pesar de la homofobia que se les adjudica a las iglesias católicas y cristiano-evangélicas, para muchas víctimas la dimensión religiosa ha sido fundamental para sobrellevar sus duelos y salir adelante en sus vidas.

Yo creo que independiente del credo de cada uno, Dios es la primera persona, él es el que resuelve todos nuestros problemas (…) Yo le he dicho: “Señor, yo soy gay”. O sea, el hecho de ser gay es mi rol y así me voy a morir, lo digo feliz, orgulloso. No les dé pena decir que son gais, que son lesbianas, qué vamos hacer pues, el mundo no se va a caer si yo lo digo en el grupo que sea. Jesús es la fe en la que yo me paro (Grupo focal, La Dorada).

Para varios y varias interlocutoras(es) la figura de Dios representaba una base fundamental para sus biografías. Algunas veces no se adjudicaban ningún credo en particular o en otras ocasiones, sin preguntárselo, hacían alusión a ellos, bien fuera de manera explícita o por algunos vocablos característicos de los cultos. Así fuera de una iglesia u otra, la idea de Dios era un referente que los había acompañado en las diferentes vicisitudes que habían afrontado, hasta en aquellas relacionadas con su sexualidad, aunque pareciera contradictorio. Si bien al ámbito religioso se le imputa como uno de los principales responsables de la homofobia, para muchas personas que se reconocen como gais, lesbianas o trans (u otros denominadores) sigue siendo una dimensión fundamental para sus vidas, incluso para asumir sus construcciones genéricas y sexuales. Curiosamente, para muchos y muchas el argumento religioso es una herramienta para contradecir los discursos patologizantes, criminalizantes y estigmatizadores en su contra. Frases como “Dios me hizo así” y “Dios nos ama a todos” se convierten en emblemas para conciliar la idea de Dios con su sexualidad y para enfrentar el contexto que los y las discrimina. La espiritualidad, entonces, jugó un papel de vital importancia en los procesos de duelo y de sobrevivencia de las víctimas; diferentes estudios lo han recalcado y puntualizan la incidencia de las iglesias protestantes en estos contextos (Ríos, 2002; Demera, 2007).

Por otro lado, las “víctimas LGBT” denuncian una serie de problemas de las entidades de atención a víctimas. Al respecto:

A nosotros nos tocó a trancas, nunca nos llegó nadie ni siquiera a decirnos: “vea, eso es un momento duro”. Nos tocó superarlo solos (Tatiana, Aguadas).

Las críticas se dirigen a muchas instancias. Desde un comienzo, las personas afirman que no conocen los programas de atención, muchas ni siquiera sabían que existían. Para la población LGBT esta situación se empeora debido a la segregación del ámbito público y político de la que ha sido objeto históricamente (Serrano, 2018), razón por la cual no cuenta, muchas veces, con los suficientes capitales políticos para emprender un recorrido por los organismos de atención. Por tanto, se evidenció una escasa o nula participación política de estas poblaciones, no solo frente a asuntos individuales como la reclamación de sus derechos, sino también en asuntos colectivos de las comunidades. Sin embargo, esta situación ha venido cambiando en los últimos años.

El no conocimiento de los programas de atención y el bajo capital político genera una alta tasa de subregistro, es decir, pocas inscripciones de víctimas LGBT en los sistemas de registro del Estado. En las visitas a los organismos de atención como el Enlace Municipal de Víctimas, la Unidad de Víctimas y la personería de los diferentes municipios, así como a las divisiones judiciales como la Policía o la Fiscalía hubo algo en común: no existían registros sobre esta categoría de víctimas. Si se conocían casos eran desde el circuito del rumor o del chisme. Albarracín y Rincón (2013) plantean otros motivos de esta situación como el miedo o vergüenza de identificarse como LGBT, el poco apoyo que reciben las víctimas por parte de su familia o de su comunidad, la negación a las causas de la victimización y el ocultamiento inadvertido o estratégico de la homofobia como móvil del hecho. Otro elemento que podría sumarse al subregistro son las tensiones y dilemas de los procesos de constitución identitaria respecto a las categorías propuestas por los sistemas de registro del Estado (Aguião, 2016; França, 2017), para este caso respecto a la categoría “víctima LGBT” o de cada una por separado.

Por su parte, las víctimas que sí conocen los sistemas de atención denuncian manifestaciones de homofobia, bien sean por parte de los mismos protocolos o por parte de los funcionarios de las diferentes instituciones, desde los establecimientos de salud hasta los judiciales y gubernamentales. A pesar de que desde el año 2009 la entonces Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación empezó a implementar protocolos de atención con perspectiva de diversidad sexual y de género, y luego la Ley de 1448 del 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) ratificó y profundizó dicho enfoque, han perdurado este tipo de situaciones. En sus testimonios, algunas víctimas denunciaron la atención que habían recibido en los hospitales, otras argumentaban que los funcionarios de aquellos establecimientos no tenían conocimientos sobre asuntos de diversidad sexual o de género, como tampoco los equipos de psicólogos de las unidades dedicadas a las víctimas. Asimismo, se imputaron otro tipo de actos como miradas, burlas e insultos que habían recibido en aquellos espacios. Ante estas circunstancias, las víctimas terminan desechando los programas de atención no como un acto de descuido, sino desde una postura crítica frente al Estado. Para algunas, incluso, su menosprecio a estos programas representa una posición política respecto a su situación de victimización.

Las críticas también se dirigen a los enfoques de atención. Por ejemplo, Lorena, una víctima de violencia sexual declaraba que la atención tenía una fuerte inclinación machista, que no consideraba los daños ocasionados a las mujeres, en especial, a las mujeres lesbianas. Existe, entonces, un juzgamiento generalizado: primero, frente a una perspectiva androcéntrica implícita en la estructura de trabajo con víctimas, que afecta de maneras puntuales a las mujeres lesbianas; y segundo, respecto a la integración de asuntos sobre orientación sexual y sobre identidad de género en un mismo paquete de atención. Las críticas frente a la homofobia institucional reproducida por diferentes organismos también han sido denunciadas a lo largo del país por diferentes organizaciones de derechos humanos y por colectivos LGBT (Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, 2016).

Otro aspecto para considerar se relaciona con el enfoque diferencial. Ser “víctima LGBT” del conflicto armado conlleva la adscripción a dos categorías propuestas por la lógica de las políticas poblacionales del Estado: la de “´víctima” y la de ser parte de la población “LGBT”. Esta circunstancia genera, en algunos momentos, articulaciones, y en otros, rupturas. Mientras algunas personas se vinculan con las dos, otras no, que es lo que ocurre regularmente. Sin embargo, esto se puede interpretar como una estrategia de las víctimas para agenciar su proceso de sobrevivencia, para algunas una categoría puede ser más provechosa que la otra.

Como lo plantean varias autoras (França, 2017; Aguião, 2016; 2017), las categorías inmersas en los marcos gubernamentales instauran unos procesos de producción sobre los sujetos. Por ello, la situación de las “víctimas LGBT” implica nuevos panoramas regulados por lógicas institucionales. El orden estatal promueve otros espacios, libertades y derechos, pero a la vez otras restricciones a las que los individuos acceden o, simplemente, las rechazan. En palabras de Aguião (2016; 2017), estos mecanismos de reconocimiento político sobre las poblaciones pretenden producir a los sujetos –o que se produzcan a sí mismos– como modelables y adaptables para la “morfología del Estado”, al mismo tiempo que esos sujetos están produciendo al Estado mismo, es decir, una relación mutuamente constitutiva. Sin embargo, el Estado no es el único que reproduce estos procedimientos, las agencias internacionales, las organizaciones de derechos humanos y hasta la misma academia también los realizan.

Durante la visita a los municipios, se evidenció una mayor conformidad con el componente LGBT que con la condición de víctima, circunstancia que podría estar relacionada con distintos factores. Primero, con las críticas que han recibido en sus comunidades los programas dirigidos a las víctimas. Segundo, a la novedad y el menor conocimiento sobre la agenda LGBT, lo cual podría suscitar una mayor esperanza. Y tercero, porque simplemente para ellos y ellas, en su configuración identitaria, prevalece su sexualidad por encima de su condición de víctima. Por ejemplo, fue recurrente la declaración de que su testimonio les había brindado alivio, un descanso que estaba dirigido más a su sexualidad que a su condición de víctima, lo cual evidencia la jerarquización que desarrollan las personas frente a sus diferentes marcadores sociales.

Por último, los programas de atención a “víctimas LGBT” promovidos por el Estado de la mano con los organismos de cooperación internacional y las organizaciones nacionales de derechos humanos conllevan unos principios y unas lógicas ajenas a los órdenes sexuales de los territorios. Dichos programas de atención a víctimas, al igual que las políticas públicas de los municipios referidas a la población LGBT se instauran bajo un principio de universalidad del “ciudadano LGBT” o de una especie de “colectividad imaginada” (Aguião, 2016) que deja de lado algunas demandas particulares de las poblaciones de determinados territorios. Para estos casos, asuntos relacionados con la ruralidad, con el paso del conflicto armado y con la condición de víctima. La ruralidad implica unas circunstancias relacionadas con el anonimato y lo comunitario que tienen una repercusión en el trámite de la sexualidad. Por su parte, el paso de la guerra acarrea una transformación profunda de los órdenes de género y sexuales impuestos por los grupos armados. Y la condición de víctima constituye una experiencia que marca profundamente la subjetividad de los sujetos. Como lo advierte Aguião (2017), las políticas LGBT deben incluir otros marcadores para una representación correcta de la población, permitiendo desplazamientos a partir de las experiencias de campo que amplíen los modos de comprensión de la categoría LGBT.

En este sentido, los proyectos LGBT promovidos en los municipios podrían catalogarse como iniciativas colonizadoras, ya que instauran unos marcos conceptuales, epistemológicos, políticos e identitarios que, tal vez, le sean ajenos a los territorios y a la realidad que está atravesando la población implicada¹¹. Esta premisa tendría estrecha relación con la noción de “imperialismo de la democracia sexual” planteada por Eric Fassin (2009). Por ejemplo, algunas personas nunca habían escuchado el vocablo “trans” o muchas no estaban de acuerdo con ciertas actividades recreativas promovidas por los gobiernos locales para la “población LGBT”, mientras había otros asuntos más urgentes que atender relacionados con su victimización. No obstante, desde la otra cara de la moneda, no se puede desconocer que dichas iniciativas políticas son producto de una historia de lucha de las organizaciones de derechos humanos –que para estos casos no son locales, sino del orden nacional o internacional– y que son plataformas que implican otros procesos de inclusión y reconocimiento con los que no contaban esta población en sus territorios.

Finalmente, los procesos de sobrevivencia de las víctimas atraviesan diferentes circunstancias, algunas adversas y otras convenientes para pasar la página de la guerra. El espectro del conflicto político y de las pugnas que les ha generado su sexualidad se articulan y se vuelven un solo precedente sobre el cual construyen apuestas personales y colectivas que buscan otras condiciones de bienestar. Así como se ha planteado, insistentemente, en la configuración de unos órdenes de género y sexuales durante el conflicto armado, ahora emergen otros órdenes, los del posconflicto¹², que no son estrictamente diferentes, pero que implican otros componentes, entre ellos: la permanencia de grupos armados ilegales, la arremetida neoconservadora a través de los cultos religiosos y de movimientos políticos, así como la consolidación de otros marcos políticos y sociales frente a la diversidad sexual y de género, encabezados por las políticas poblacionales y por liderazgos y organizaciones “LGBT”.

Reflexiones finales

De acuerdo a Blair (2010), en los debates conceptuales sobre las “nuevas guerras” se reconocen dos características sobresalientes: la centralidad de la población civil y el carácter de violencias extremas. Por ello, vale la pena insistir que es una noción que brinda herramientas necesarias para reflexionar la situación de las poblaciones LGBT en estos contextos, no solo para el caso nacional sino frente a la violencia organizada que se extiende por América Latina. El interés se concentra, principalmente, por las maneras como se involucran las identidades, los cuerpos y la sexualidad en sus análisis.

En estas “nuevas guerras” el control de la violencia se configura de acuerdo a una política de la identidad (Kaldor, 2012). En este marco convergen dos circunstancias: por una parte, la reivindicación del poder político de los grupos armados se ejerce sobre la base de unas identidades aparentemente “tradicionales”; y por otra, el contexto global posibilita nuevos repertorios y posibilidades identitarias. Esta paradoja, justamente, produce una ordenación y unas intensidades particulares de la violencia sobre ciertas poblaciones, como la LGBT. Sin embargo, esta premisa tiene una repercusión distinta para el contexto latinoamericano en cuanto a asuntos relacionados con la sexualidad, ya que las políticas de la identidad sostienen unas lógicas particulares. Mientras en el campo de la sexualidad del mundo anglosajón hay un fuerte vínculo entre la práctica sexual y la identidad, en la región esa asociación es distinta. Por ello, los análisis políticos, jurídicos y académicos sobre los escenarios bélicos deben incorporar apuestas conceptuales y metodológicas más pertinentes.

Las implicaciones de las sexualidades en los contextos bélicos traen consigo una consideración sobre los sentidos y significados de la homosexualidad. Como se pudo comprobar a lo largo del texto, su involucramiento no tiene una sola dirección, sino que se fragmenta en muchos derroteros de victimización, deseo, ansiedades y hasta una instrumentalización y complicidad al servicio de la lógica armada. Sumado a lo anterior, de igual manera se debe considerar las implicaciones de la homosexualidad en contextos como los latinoamericanos. De acuerdo a Barrientos (2015), las diferencias regionales –que se pueden encontrar en un mismo país–, la variedad de prácticas socioculturales, al igual que las prohibiciones legales y no legales imposibilitan examinar la noción de homosexualidad desde un único parámetro, esta premisa se vuelve más compleja cuando le sumamos los dispositivos implicados en la violencia armada. De manera que la noción de la homosexualidad se reviste de un sin fin de formatos que sobrepasan una visión homogénea sobre ella.

Las anteriores premisas frente a la homosexualidad son fundamentales para las reflexiones teóricas y políticas sobre la violencia organizada, los procesos transicionales y los estudios sobre la paz. La victimización a la población LGBT durante la guerra no solo quiere dejar un mensaje en el presente más inmediato de las comunidades, sino en su futuro (Blair, 2010), por ello este proceder tiene una repercusión en la configuración de los órdenes de género y sexuales venideros, tanto de los territorios como del Estado en su conjunto. Por tal razón, como lo plantea el CNMH (2017), la reconstrucción de la memoria histórica debe ser en sí misma un acto transgresor que, en este caso, perturbe los principios heteronormados y binarios sobre los cuales se han construido ese Estado y esos territorios, cuestionando, en especial, las condiciones que permitieron ese tipo de violencia. Para este cometido, justamente, se puede acudir al historial de transgresión de estas poblaciones para emprender estos proyectos.

Por último, la victimización y la sobrevivencia de la población LGBT generan algunas reflexiones sobre la labor del Estado. La resolución de conflictos y los procesos transicionales se constituyen como acciones modernizadoras para las sociedades, sin embargo, esta empresa también puede traer consigo ciertas acciones de corrección y disciplinamiento (Serrano, 2013), en especial, cuando estamos discutiendo asuntos de género y sexualidad. Esta reconfiguración, como lo plantea França (2017), implicará nuevas fronteras que establecerán quiénes serán los sujetos protegidos por el Estado, al mismo tiempo que redefinirá los mecanismos de gestión, control y criminalización de aquellas poblaciones. Por tal razón, no debemos fetichizar el proceso transicional, ya que es un contexto compuesto no solo por unas transformaciones, sino también por unas permanencias del orden de género y sexual del pasado. Es decir, desde ahora debemos considerar que la esperanza de la transición también está llena de fantasmas.

Para terminar, la perspectiva de género, en específico, de diversidad sexual en el marco del proceso transicional, se ha convertido en una agenda central para la opinión pública en Colombia. Por ello, sin importar los designios de los gobiernos de turno, seguirá siendo un tema destacado en las discusiones políticas y académicas en los próximos años. La puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, las negociaciones de paz con otros grupos armados, y los procesos ciudadanos de reconciliación y construcción de paz serán escenarios en los cuales se reactualizarán las discusiones en torno a estos temas. Por tal razón, el panorama adverso planteado por el gobierno actual y por el movimiento conservador que se extiende por toda América Latina no debe figurarse como el acta de defunción de esta agenda, sino como una circunstancia que está configurando otras maneras de acentuar las implicaciones del género y la sexualidad en el porvenir político del país y de la región.

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• El presente artículo es producto del proyecto de investigación “Sexualidades e identidades de género disidentes en el marco del conflicto armado colombiano 1985-2015. Un aporte a la memoria y la construcción de paz”, financiado por la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Agradezco a todo el equipo de investigación (profesores y estudiantes) por su compañía y por sus aportes académicos para la construcción de este artículo.
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  La categoría “víctima” es entendida, siguiendo a Jimeno (2010), como un punto de confluencia de un reconocimiento personal, social y jurídico que permite exponer la desgracia de la violencia desde la perspectiva de quienes la han sufrido. En ese sentido, la “victimización” es el proceso por medio del cual se lleva a cabo dicho reconocimiento. Según la autora, en los últimos años este proceso ha estado marcado por el testimonio como medio para narrar las experiencias de sufrimiento.
• 2
  A lo largo del artículo se encuentran dos categorías que hacen referencias a sexualidades por fuera de un marco estricto de la heterosexualidad. (1) La primera de ellas es “mujeres y hombres considerados homosexuales”, la cual hace referencia a las personas que eran señaladas con esta etiqueta por parte de los grupos armados o la comunidad, sin que necesariamente fueran personas que la practicaran o que se identificaran con alguna denominación al respecto. (2) La segunda es “población LGBT”, para aludir a la manera como son nombradas dichas poblaciones por parte de los ámbitos gubernamentales y de los organismos internacionales.
• 3
  Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta ley reconoce el enfoque diferencial en su articulado, estableciendo el género y la orientación sexual dentro de sus categorías, lo que garantizó la puesta en marcha de un marco institucional para su administración.
• 4
  El Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto fue el resultado de los Diálogos de Paz entre el Estado Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo). Los diálogos iniciaron el 4 de septiembre del 2012 y culminaron con la firma oficial del acuerdo el 26 de septiembre del 2016 en la ciudad de Cartagena. Este documento debía refrendarse por medio de un plebiscito en el cual los ciudadanos debían votar “Sí” o “No” al acuerdo. El resultado sacó victoriosa la opción del “No”, razón por la cual el Estado y las FARC tuvieron que re-negociar el acuerdo con los sectores políticos que habían promovido esta opción. Tras este periodo de re-negociación se firmó un nuevo texto para el Acuerdo de Paz el 24 de noviembre del mismo año en la ciudad de Bogotá.
• 5
  La cifra de las víctimas LGBT conlleva varias consideraciones. Una de ellas es la producción del cálculo, ya que, como se señalará en páginas posteriores, la población LGBT tiene una alta tasa de subregistro en los sistemas del Estado, por lo tanto, es muy difícil estimar una suma que integre más víctimas. Otro punto, que también será discutido a lo largo del artículo, se relaciona con el hecho de que muchas personas no se identifican desde la etiqueta “LGBT”, a pesar de que sus hechos victimizantes o los de sus más cercanos hayan sido provocados por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o prácticas sexuales. Por último, se debe resaltar que las cifras no son estrictamente las que definen una mayoría o minoría poblacional –y sus respectivos réditos para las políticas poblacionales–, sino las particularidades históricas y sociales de ciertas poblaciones, para este caso, las especificidades respecto a la víctimización y sobrevivencia en el marco del conflicto armado de las poblaciones reconocidas como LGBT.
• 6
  Resulta paradójico que la incorporación de la perspectiva de género en los sistemas de registro propuestos por el Estado tenga errores de carácter conceptual y metodológico; en este caso, considerar una rejilla LGBT aparte de la categoría de Mujeres y Hombres, lo que resulta ser un acto que genera varias reflexiones. Primero, se constituye en un acto de violencia epistémica en la cual el Estado impone una acción clasificadora sobre las construcciones de género de las víctimas (Spivak, 2003), sometiéndolas a una segregación de la noción de hombre o mujer. Esta clasificación, en términos de hipótesis, podría ser una de las razones por las cuales haya un subregistro de este conjunto de víctimas. Por otra parte, la abreviatura LGBT se convierte en una herramienta que oculta y desconoce las particularidades, las intensidades y las lógicas diferenciales implicadas en los hechos victimizantes dirigidos a cada población implicada en la sigla.
• 7
  Como resultado del ejercicio de fotografía se publicó la cartilla “Sobreviviendo a pesar de la limpieza. Memorias de personas LGBT en el marco del conflicto armado en Caldas 1985-2015”, que se puede encontrar en la internet.
• 8
  La noción de violencia trazada a lo largo del artículo proviene de los postulados conceptuales de las “nuevas guerras” (Kaldor, 2012), en los cuales se entiende como un dispositivo histórico, relacional y desinstitucionalizado –por lo tanto exacerbado–, que se ensaña contra unos marcadores de identidad (género, sexuales, étnicos, raciales, religiosos) según la contienda. Dicha violencia obedece a unos mercados económicos y políticos locales, nacionales o mundiales.
• 9
  A lo largo del artículo, la homofobia se considera como las diversas formas de agresión, estigma y discriminación hacia las personas representadas por fuera de un marco heterosexual, que se manifiesta como un continuum de violencia y que constituye un orden desigual entre quienes están dentro y fuera de ese régimen, estableciéndose en un modo particular de especular sobre la diferencia y en un dispositivo que permite pensar la identidad, la sexualidad y el poder (Eribon, 1999; Barrientos, 2015; Efrem Fliho, 2016).
• 10
  De acuerdo a las cifras del informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), de los 588 eventos reportados con episodios de sevicia y crueldad extrema, el 63% fueron atribuidos a los grupos paramilitares, el 21,4% a grupos armados no identificados, el 9,7% a miembros de la Fuerza Pública, el 5,1% a las guerrillas y 0,7% a grupos paramilitares y Fuerza Pública en acciones conjuntas.
• 11
  Esta noción de “colonización LGBT” debe plantearse con sumo cuidado, ya que podría confundirse con las propuestas de las facciones políticas neo-conservadoras sobre la llamada “ideología de género”. Sin embargo, esto no puede ser una excusa argumentativa para ignorar que la intervención del Estado –del orden nacional–, de los organismos internacionales y de la academia sobreponen estándares conceptuales y políticos sobre la sexualidad por encima de las particularidades de los territorios, de su historia y sus conflictos sociales.
• 12
  Por posconflicto se entiende el periodo transicional en el cual el Estado colombiano está implementando la estructura institucional pactada en los Acuerdos de Paz, que implican medidas de justicia, reconciliación y reintegración, y en la que la sociedad colombiana emprende procesos de construcción de paz. Algunas propuestas plantean la noción de “posacuerdo” debido a que el conflicto político y armado con otros actores no ha terminado.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  03 Ago 2020
• Fecha del número
  2020

Histórico

• Recibido
  16 Nov 2018
• Acepto
  28 Ene 2020