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Revista Direito e Práxis

On-line version ISSN 2179-8966

Rev. Direito Práx. vol.8 no.4 Rio de Janeiro Oct./Dec. 2017

https://doi.org/10.1590/2179-8966/2017/31314 

Dossiê

Constituyentes Venezolanas de 1999 y 2017: Contextos y Participación

Venezuelan constituent assemblies of 1999 and 2017: Contexts and participation

Ana Graciela Barrios Benatuil1 

Antonio González Plessmann2 

Martha Lía Grajales Pineda3 

1Colectivo Surgentes, Caracas, Venezuela. E-mail: agbarriosb@gmail.com.

2Colectivo Surgentes, Caracas, Venezuela. E-mail: antoniogonzalezplessmann@gmail.com.

3Colectivo Surgentes, Caracas, Venezuela. E-mail: martha_lia@yahoo.com.


Resumen

El artículo realiza una comparación entre los momentos constituyentes venezolanos de 1999 y 2017, a partir de los contextos que les dieron lugar y de los mecanismos de participación popular para su activación, convocatoria y deliberación. La comparación realizada posibilita la formula algunos desafíos para el proceso político bolivariano.

Palabras clave:  Constituye; Venezuela; Bolivarianismo; Chavismo; Participación; Socialismo; Democracia

Abstract

This article compares the two Venezuelan constituents processes held in 1999 and 2017, departing from the contexts in which they arise and the mechanisms of popular participation that made possible its activation, calling and deliberation. This comparison gives us the tools to formulate and to enunciate some of the challenges that the Venezuelan Bolivarian process still need to face.

Keywords:  Constituent; Venezuela; Bolivarianism; Chavism; Participation; Socialism; Democracy

1. Introducción

Los procesos constituyentes venezolanos de 1999 y 2017 fueron propuestos por las fuerzas políticas bolivarianas como mecanismos de refundación que posibilitarían la ampliación de la democracia y la justicia social. El del 2017, en particular, ya instalado el horizonte socialista en el discurso bolivariano desde el año 2005, fue presentado además como una posibilidad para ampliar el poder popular (comunero) y “lograr la paz”, en medio de un escenario de intensa violencia política.

En los 17 años que separan uno y otro proceso constituyente, las fuerzas políticas bolivarianas enunciaron un discurso de transición democrática al socialismo para Venezuela (2005), recibiendo importantes respaldos electorales1; hubo grandes logros en materia de inclusión social y derechos sociales, en la ampliación de los derechos políticos de la población, a través de mecanismos de participación directa y/o deliberativa y; se consolidó una política exterior autónoma frente a la agenda de los Estados Unidos, favoreciendo alianzas entre los pueblos y Estados del Sur Global. Esos logros, sin embargo, no se asentaron en la transformación de la matriz productiva, como condición de posibilidad para su consolidación y continuidad. No se disminuyó la dependencia de la renta petrolera, ni se avanzó en una democratización socialista del aparato productivo y financiero. El vulnerable capitalismo rentístico venezolano (que configura además un tipo de Estado y un tipo de régimen político rentistas), viene sufriendo el impacto de la caída de los precios del petróleo desde 2012; a lo que se sumó la muerte del presidente Chávez, en 2013. El proceso político bolivariano, tenía en el liderazgo carismático de Chávez, una potencia y una vulnerabilidad. Por una parte su liderazgo facilitaba la articulación de sectores, pensamientos y tendencias diversas e, incluso, contradictorias, pero que abonaban al mismo proceso político. Y, por otro, la centralidad de su figura obstaculizaba la construcción orgánica, institucionalizada, para el liderazgo colectivo del proceso, haciéndolo vulnerable. A lo antes dicho, se suma la incesante estrategia de las fuerzas opositoras, nacionales e internacionales, que ha combinado desde 1998, tácticas institucionales y democráticas (manifestaciones pacíficas, participación electoral, denuncia pública, etc) con tácticas antidemocráticas (golpes de Estado, manifestaciones insurreccionales, conspiración contra la economía, injerencia por parte de los Estados Unidos, etc).

La actual crisis económica, social y política venezolana, que se expresa con fuerza desde 2012, viene revirtiendo los importantes logros del proceso bolivariano en materia de satisfacción de derechos sociales y profundización de la democracia participativa; al tiempo que alejando los intentos de construcción de una sociedad alternativa al capitalismo. Todo ello, en un escenario internacional de reflujo para las fuerzas progresistas de la región. Es en este contexto que surge y se comienza a implementar un nuevo proceso constituyente. En este ensayo, sobre la base de una comparación entre los procesos constituyentes de 1999 y 2017 (de sus contextos y de la participación popular en los mecanismos de activación, convocatoria y deliberación), identificaremos algunos desafíos para el proceso político venezolano.

2. Los contextos constituyentes

2.1 El contexto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999

A finales del siglo XX, Venezuela experimentaba una profunda crisis económica, social y política que estremecía los cimientos de la sociedad y que anunciaba profundas transformaciones. En 1998, Hugo Chávez, un candidato radicalmente ajeno a los partidos que habían gobernado el país en los anteriores cuarenta años, gana las elecciones presidenciales con el 56% de los votos (CNE, 2017a). Llegó al Poder Ejecutivo, acompañado de una coalición de pequeños partidos de izquierda, con un discurso nacionalista, de vocación popular y crítico del neoliberalismo.

En el plano económico, la caída de los precios del petróleo, el enorme endeudamiento externo, la devaluación progresiva del bolívar frente al dólar iniciada en febrero de 1983 con el llamado “viernes negro”, la inflación sostenida que llegó a alcanzar el 100% en febrero de 1989, generaron un impacto inmediato y profundo en las condiciones de vida de la población. En 1998 el porcentaje de pobreza por ingresos, según el Instituto Nacional de Estadística, llegó a alcanzar el 49%, de la población, 21% de la cual estaba en pobreza extrema (INE, 2017a) .El Índice de Prevalencia de la Subnutrición (IPS) alcanzaba para 1999 un 21% de la población (MPPP, 2015. P. 32), llegando a ser el más alto en la década. El desempleo se ubicaba en el 12% para 1999 (INE, 2017b) y la informalidad laboral en el 52% (INE, 2017c) de la población económicamente activa. La tasa de mortalidad infantil se ubicaba en 19,1, mientras que el porcentaje de matrícula escolar, no alcanzaba el 45% para los niveles preescolar y bachillerato y la de educación primaria se encontraba por debajo del 90%. El déficit de viviendas se ubicada por encima del millón y medio. La inversión social alcanzaba apenas un 34% del presupuesto nacional (MPPP, 2015. P. 54).

Las respuestas a esta grave crisis, en materia de políticas públicas, estuvieron marcadas por el guión neoliberal, tanto en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989 – 1993), como en el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999). Sus planes de Gobierno: el Gran Viraje (Pérez) y la Agenda Venezuela (Caldera)2, respondían a las demandas de los organismos multilaterales de financiamiento, disminuyendo el peso del Estado, la inversión social y, en consecuencia, restringiendo cada vez más los derechos sociales de la población.

En este contexto de crisis económica y social, se producen en un lapso de apenas 3 años (entre 1989 y 1992), tres eventos políticos de gran magnitud que ponen descarnadamente a la vista la fractura social y política del país: la rebelión popular de febrero de 1989 conocida como el “Caracazo”, generada como respuesta popular al proceso de empobrecimiento sostenido de la población, y que fue brutalmente reprimida por la fuerza pública (especialmente por la Fuerza Armada), dejando un número indeterminado de personas fallecidas3; y los intentos de golpe de Estado (febrero y noviembre de 1992) que evidenciaban el descontento en las Fuerzas Armadas, de los mandos medios de la institución. Estas últimas, aunque fracasaron militarmente despertaron simpatías en la población4. La frase del líder de la rebelión militar, Hugo Chávez, cuando se rindió ante las cámaras de TV, se convirtió rápidamente en una promesa que entusiasmaba a una población hastiada de la corrupción de las elites, el empobrecimiento y la desigualdad: “los objetivos que nos planteamos, por ahora, no fueron logrados”.

En el plano político, la crisis se expresaba además, en una desafección generalizada hacia los dos grandes partidos políticos que desde 1958 se repartían el poder cada cinco años (Acción Democrática, socialdemócrata, y Copei, socialcristiano), y que electoralmente se evidenció en el aumento de la abstención5.

En este contexto irrumpe la candidatura de Hugo Chávez en 1998, con un discurso radicalmente crítico de la corrupción, del neoliberalismo y de las formas representativas de la democracia. En su Agenda Alternativa Bolivariana (1996) anticipaba lo que sería su oferta electoral, en la que se incluía la activación del poder constituyente:

“… la estrategia bolivariana se plantea no solamente la reestructuración del Estado, sino de todo el sistema político, desde sus fundamentos filosóficos mismos hasta sus componentes y las relaciones que los regulan […] El poder constituido no tiene, a estas alturas, la más mínima capacidad para hacerlo, por lo que habremos, necesariamente, de recurrir al Poder Constituyente, para ir hacia la instauración de la Quinta República: la República Bolivariana” (Asamblea Nacional, 2014, p. 23).

2.2 El contexto de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017

La Asamblea Nacional Constituyente iniciada en el año 2017, al igual que la de 1999, ocurre en medio de una enorme crisis económica, social y política. La lucha hegemónica venezolana que venía manifestándose con fuerza desde 1998, tomó una cariz bélico (Terán, 2017), a partir de 2013, luego de la muerte del Presidente Chávez y de la disminución del ingreso petrolero en un 76,5%, entre 2012 y 20166.

La actual crisis económica venezolana, como hemos señalado, es producto tanto de las vulnerabilidades del capitalismo rentístico venezolano y de los errores y vicios de su gestión e intentos de transformación por las fuerzas bolivarianas, como de agresiones externas a la economía por parte de la derecha local y transnacional. Su impacto en la vida de la población y en la inestabilidad política es de grandes magnitudes, como expresan los indicadores disponibles.

La inflación pasó de 20,1% anual en 2012 (Ministerio del Poder Popular para la Información, 2013) a 180,9% en 2015 (BCV, 2016), último año en el que hubo una cifra oficial. Los cálculos privados la ubicaban alrededor de 600% al cierre de 2016 y alrededor del 1000% al cierre de 2017, siendo la inflación más alta de la historia del país. A la inflación se le suma la contracción económica (estanflación): la economía se contrajo en un 5,7% en 2013 y en un 3,9%, en 2014, según los datos oficiales del Banco Central de Venezuela (Serrano, 2016). La caída de los precios del petróleo implicó una radical disminución de la capacidad de compra en el exterior de los bienes intermedios y finales que el país requiere para su funcionamiento. Ello produjo un intenso desabastecimiento de productos de primera necesidad; en particular alimenticios, de salud, higiene personal, repuestos y maquinarias; ocasionando largas colas y complejas gestiones realizadas por la población, para intentar acceder a esos bienes escasos. La dependencia de las importaciones, estructural en la economía venezolana, se acentuó en los últimos 18 años. Según los datos del Banco Central de Venezuela, el “…petróleo, en el valor total de las exportaciones, pasó de representar un 68,7% en el año 1998 a 96% para el momento del inicio de la actual crisis en el año 2013” (Lander, 2017).

En este contexto, el poder adquisitivo del salario cayó dramáticamente y, con ello, aumentó también dramáticamente, la pobreza. El último dato oficial disponible, señala que un 33,1% de la población está en situación de pobreza, al cierre de 2015, 9,3% de ella, en pobreza extrema (INE, 2017d). En los dos años que han pasado desde la publicación de ese dato oficial la situación se ha agravado sustancialmente: la inflación se multiplicó por 3 en 2016 y por 5 en 2017, por lo que resulta muy evidente que la pobreza ha seguido aumentado, pese a las medidas paliativas impulsadas por el Gobierno, en materia de acceso a alimentos subsidiados.

Esta situación se agrava con las agresiones externas sobre la economía nacional. Desde un bloqueo encubierto hasta sanciones económicas abiertas (las más recientes de las cueles ocurrieron en agosto de 2017), por parte del Gobierno de los Estados Unidos. En relación con lo primero, la Pascualina Curcio señala que “…desde 2013 y de manera encubierta, estamos bloqueados porque se presionan a otras naciones para que no realicen transacciones financieras con Venezuela, además que se nos limitan los accesos a créditos de los organismos internacionales, porque resulta que somos el país con mayor riesgo financiero en el mundo, con 3 mil 600 puntos de riesgo, un índice creado por las calificadores de riesgo que a su vez pertenecen, casualmente, a los grandes bancos” (Moreno, 2017). La enorme dificultad para acceder a crédito o al refinanciamiento de su deuda, producto de las sanciones directas o encubiertas, reducen radicalmente la disponibilidad de recursos del Estado para enfrentar la crisis, minando también, con ello, la legitimidad de las fuerzas gobernantes. Es esa la intencionalidad explícita de la Casa Blanca. En su comunicado de agosto del 2017, al anunciar las sanciones contra Venezuela, señaló que “Estas medidas están cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de Maduro una fuente crítica de financiación para mantener su gobierno ilegítimo” (León, 2017).

En el plano político, luego de la muerte del Presidente Chávez, se realiza la elección presidencial del 14 de abril de 2013. El candidato bolivariano, Nicolás Maduro, resulta vencedor, por menos del 2% de los votos sobre el candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonski7. Ante resultados tan estrechos, la oposición denuncia fraude y llama al desconocimiento del presidente Maduro. “Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. (…) así que señor Maduro, si usted antes era ilegítimo, usted hoy está más cargado de ilegitimidad” (Capriles, 2013a), señaló Henrique Capriles Radonski. Las auditorías sobre el proceso electoral fueron realizadas, pero el candidato opositor no reconoció nunca la legitimidad de Maduro.

Un día después de anunciados los resultados electorales, la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, procedió a proclamar a Nicolás Maduro Moros como Presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2013-1019. Tras esta proclamación, Henrique Capriles Radonski, se dirigió al país y llamó a sus seguidores a “descargar la arrechera”:

“Entonces, a las ocho de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí, usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue esa, bueno, toda esa, esa arrechera, descárguela ahí”. (Capriles, 2013b).

Como consecuencia de ese llamado, durante los días siguientes se registraron hechos de violencia, con un saldo de 11 personas asesinadas, todas simpatizantes del chavismo; 35 personas heridas; 15 establecimientos públicos de salud atacados; 5 sedes de partidos políticos violentadas, y la sede de la Defensoría del Pueblo de estado Mérida, atacada (Defensoría del Pueblo, 2014).

Bajo este contexto de crisis/guerra económica y de alta confrontación política, 8 meses después de las elecciones presidenciales (aún en 2013), se convocan a elecciones municipales. La oposición asume que esta contienda no es simplemente una elección de carácter municipal y las anuncia como un plebiscito al gobierno de Nicolás Maduro. En los siguientes términos realizó el llamado Henrique Capriles a su base social:

“Esta no es una elección simplemente de carácter municipal para elegir a alcaldes y concejales; va a determinar lo que va a pasar en los próximos años […] debe convertirse en un plebiscito […] El 8 de diciembre [de 2013] será definitivo para lo que venga en Venezuela. Esos que están allí no van a estar seis años en el poder, tengan la plena seguridad” (Capriles, 2013).

Los resultados electorales del 8 de diciembre de 2013 favorecen al chavismo por más de 6 puntos de diferencia8, generando una importante victoria táctica del bolivarianismo. Luego de las elecciones, el gobierno nacional llama a un diálogo a la oposición a principios de 2014, pero solo un sector de ella (los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Avanzada Progresista), se sienta en la mesa, mientras que el sector más radical liderado por María Corina Machado (Vente Venezuela), Leopoldo López (Voluntad Popular) y Antonio Ledezma (Alianza al Bravo Pueblo), apela a “La Salida”, una estrategia de presión de calle, con rasgos insurreccionales.

En el marco de “La Salida” 43 personas perdieron la vida, 873 resultaron heridas, de los cuales 278 (32%) fueron funcionarios de los cuerpos de seguridad, y se causaron daños importantes a la infraestructura de centros de salud, guarderías, centros de distribución de alimentos, medios de transporte público, vías públicas, entre otros. Aunque la oposición intentó mostrar que las personas muertas y heridas eran responsabilidad exclusiva de la represión del Estado, los datos demuestran que de las víctimas mortales sólo 5 (12%) son atribuibles a los cuerpos de seguridad del Estado, mientras 38 (88%) a particulares. En cuanto a la adscripción política de las víctimas, se observa que cerca de la mitad eran chavistas o en funciones de gobierno (Surdh, 2014). Los datos desmontan la idea, extendida en medios internacionales, de la existencia de un pueblo enfrentado a un gobierno ilegítimo y la acercan más, a la de un pueblo dividido en relación con la continuidad o no de un proceso de cambios, que venía siendo impulsado desde el Estado. Después de 6 meses de intensas protestas, la lucha de calle de la oposición se fue agotando. La oposición concentró entonces sus esfuerzos en visibilizar los errores de gestión del chavismo e intentar capitalizar el descontento de la población por la profundización de la crisis económica. A juzgar por los resultados electorales del año siguiente (2015), esa táctica fue efectiva.

Aunque el Presidente Nicolás Maduro logra sortear la violencia política de 2014, la crisis económica precariza cada vez más la vida de la población. Su liderazgo sigue siendo débil, incluso a lo interno de las fuerzas bolivarianas. Un trabajo etnográfico realizado en 7 barrios pobres de Caracas, nos permite señalar la existencia de un arraigado malestar en relación con el liderazgo de Maduro entre las bases sociales bolivarianas o chavistas. Su liderazgo se acepta, en parte por una conciencia de clase que identifica en la oposición a los intereses de las élites históricas y frente a la cual no hay que dividirse y, en parte, por lealtad a Chávez, quien pidió públicamente apoyo a Maduro, antes de morir. La gestión de Maduro, ha logrado mantener el gobierno, en medio de la crisis y ataques incesantes pero no ha logrado demostrar eficacia, ni coherencia con el programa de transición democrático socialista. Son permanentes los cambios en el gabinete ejecutivo, en lo que parecen más repartos de cuotas de poder dentro del chavismo, que verdaderos cambios orientados a mejorar la gestión de las políticas públicas. El presidente denuncia la “guerra económica”, pero no presenta un plan creíble para combatirla, sino medidas puntuales que no logran mejorar permanentemente la situación. La mayoría de estas medidas son dispositivos paliativos que alimentan la dependencia económica de la población y la relación clientelar frente al Estado. El discurso y las políticas asociadas a la transición socialista, enmarcadas en el fortalecimiento del poder popular territorial y la democratización económica, ha venido perdiendo fuerza, tanto en la dirección del partido de gobierno como en la acción del gobierno.

En ese contexto de debilidad, llegan las elecciones parlamentarias de diciembre del año 2015, en las que las fuerzas bolivarianas sufren una derrota contundente, perdiendo el control de la Asamblea Nacional. La oposición tuvo 7.707.422 votos a su favor en esta elección, lo que le dio el 67% de los diputados a la Asamblea Nacional, mientras el chavismo logró obtener 5.599.025 votos, correspondiente al 32,93% de las curules (CNE, 2017e). Los votos de la oposición terminaron sobrerepresentando su mayoría, debido a una reforma a la ley electoral realizada unos años antes, por el parlamento dominado por las fuerzas bolivarianas, que disminuía la representación proporcional de las minorías. En su momento, esa reforma favoreció a las fuerzas bolivarianas, mientras que en 2015, el resultado fue radicalmente adverso. La mayoría calificada de la oposición en el Poder Legislativo Nacional le permitiría designar nuevas autoridades a la cabeza de los poderes públicos (Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, entre otros) y, con esto, iniciar procesos administrativos y judiciales favorables a su objetivo político inmediato: un cambio de gobierno.

Sin embargo, luego de las elecciones parlamentarias pero antes de la envestidura del cargo por los nuevos parlamentarios, el partido de Gobierno realiza una maniobra de dudosa legalidad que limita las aspiraciones de la oposición. Ese año (2015) se cumplía el periodo de varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y es así como a través de un atípico proceso, en el que varios magistrados renuncian con algunos meses de anticipación, la saliente Asamblea Nacional adelanta el procedimiento para el nombramiento de los magistrados principales y suplentes, asegurándose una composición favorable del máximo tribunal. De manera paralela, fuerzas chavistas impugnan la elección de los diputados de uno de los estados del país (Amazonas), y en consecuencia, el TSJ ordena suspender el acto de totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos electos. Ante la negativa de la oposición, ahora mayoría legislativa, de reconocer la decisión del TSJ y desincorporar a los diputados de Amazonas de la Asamblea Nacional, este Tribunal la declara en desacato, suspendiéndole en la práctica, desde entonces, sus competencias.

Desde 2015, es cada vez más evidente que a lo interno de las fuerzas bolivarianas, empiezan a cobrar fuerza los sectores que justifican el desconocimiento de las reglas de juego democrático, sobre la base de la existencia de una guerra encubierta (económica, política, militar, de inteligencia, diplomática) impulsada por la oposición nacional e internacional. En condiciones de guerra y asedio, no son justas las contiendas electorales, es la idea que subyace a este sector del gobierno. En consecuencia, responde con un acomodamiento conveniente del ordenamiento jurídico interno o directamente a su vulneración, para preservar el poder político.

Esa línea de acción se profundiza en el 2016, cuando desde el Consejo Nacional Electoral y el Poder Judicial se le cierra las puertas al referendo revocatorio del mandato presidencial (figura constitucionalmente establecida) que venía impulsando la oposición y el TSJ emite dos sentencias que le transfieren las competencias de la Asamblea Nacional al máximo tribunal, mientras aquella se mantenga en desacato, levantando, además, la inmunidad parlamentaria. Cerrado el camino electoral del revocatorio y anulado el Poder Legislativo, cobra fuerza el sector radical de la oposición, y en abril de 2017 se inicia nuevamente un periodo de protestas (tanto pacíficas como violentas) que se extendió hasta el mes de julio, con el objetivo de lograr la salida del presidente Maduro. Durante estos cuatro meses, y con gran apoyo internacional (de Estados, medios de comunicación e instancias multilaterales), se realizaron en el país, 5.594 manifestaciones exigiendo la salida de Maduro (MPPIJP, 2017), el 64,32% de las cuales ocurrieron en 15 municipios del país (lo que representa el 4,5% del total de municipios). Más de 130 personas murieron como consecuencia de la violencia política de estos 4 meses, protagonizada tanto por particulares (de ambos bandos del espectro político), como, en menor medida, por funcionarios de los cuerpos de seguridad.

Es en este contexto de violencia, en que se produce el llamado a un nuevo proceso constituyente. El primero de mayo de 2017, durante la marcha y concentración chavista en conmemoración del día internacional del trabajador y la trabajadora, el presidente Maduro señala: “….en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, de acuerdo al artículo 347 convoco al Poder Constituyente Originario para que la clase obrera y el pueblo convoque a la Asamblea Nacional Constituyente” (Maduro, 2017a). Durante el anuncio, señaló que la constituyente del 2017 tendría tres grandes objetivos: “El primero, lograr la paz y la justicia, transformando el estado y cambiando todo lo que haya que cambiar. Lo segundo, establecer la seguridad jurídica y social para el pueblo y el tercero perfeccionar y ampliar la Constitución pionera de 1999” (Maduro, 2017b). En el mismo discurso, rechazó que la oposición hubiera abandonado el camino del diálogo: “Son testigos que he convocado al diálogo político con sectores de la derecha una y otra vez, y que en algunas oportunidades hemos logrado sentarlos al diálogo, pero en la última fase se retiraron del diálogo que tanto costó […] 16 semanas llamándolos, 16 semanas buscándolos, para buscar a través de la palabra acuerdos de paz para el país, se han negado, ya yo hoy tengo clara la película, ellos no se va a detener con su plan fascista y nos toca derrotarlos con las leyes, con la Constitución, con la unión cívico-militar” (Maduro, 2017a).

El anuncio de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente tomó por sorpresa a propios y extraños. Tanto en las filas bolivarianas como en los sectores de oposición se recibe con temor y desconfianza la iniciativa del presidente. En el caso del chavismo, los temores giran en torno a la posibilidad de perder las conquistas alcanzadas con la Constitución de 1999, en tanto se percibe que la correlación de fuerzas políticas no es favorable a la profundización del proceso político. En el caso de la oposición, los temores giran en torno a que la constituyente sea utilizada por el Gobierno como un mecanismo dictatorial.

Tres meses después de ese anuncio, el 30 de julio de 2017, se realizaron las elecciones de las personas que conformarían la nueva Asamblea Nacional Constituyente, con unas bases comiciales no sometidas a consulta popular y con vicios que vulneran la universalidad del voto. La oposición decidió no participar en ese proceso electoral, con lo cual las fuerzas bolivarianas cuentan con el control de la Asamblea que, al reclamarse plenipotenciaria concentra poderes superiores a los de cualquier otra institución del Estado.

3. La participación en las constituyentes

3.1. La participación en los procesos de iniciativa, convocatoria y deliberación de la Constituyente de 1999

El proceso constituyente de 1999 se activó en el mismo momento en que el Presidente Chávez juró su cargo, el 2 de febrero de 1999, ante el Poder Legislativo. El decreto presidencial número 3, establecía la convocatoria a un referendo para que el pueblo se pronunciara sobre si deseaba o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Las bases comiciales de la ANC fueron propuestas por el Presidente Chávez mediante decreto presidencial, del 10 de marzo de 1999 publicado en Gaceta Oficial 36.658 del 10 de marzo de 1999 y modificadas posteriormente por el Consejo Nacional Electoral, quedando configuradas de la siguiente manera:

  • Propósito de la ANC: “Transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa”.

  • Integración de la ANC: 131 constituyentes principales (sin suplentes), elegidos de forma directa a través de dos circunscripciones: regional (104 constituyentes) y nacional (24 constituyentes). Se acordó la elección de 3 constituyentes representantes de las comunidades indígenas.

  • Aprobación de la convocatoria a la ANC: Se considera aprobada la convocatoria a una ANC si el número de número de votos afirmativos era superior al de los votos negativos, en el referendo convocado para tal fin.

  • Postulaciones a la ANC: Cualquier persona venezolana de nacimiento y mayor de 21 años podía postularse ya sea a través de organizaciones de la llamada sociedad civil, a través de los partidos políticos o por iniciativa propia.

  • Duración de la ANC: Su duración se estableció en 180 días.

  • Referéndum aprobatorio del texto constitucional: Se fijó la realización de un referendo aprobatorio que debía ser convocado en los 30 días siguientes a la aprobación del texto constitucional por la ANC.

  • Límites de la Asamblea Nacional Constituyente: se estableció como límite del poder constituyente, el respeto a los derechos humanos y a los pactos, convenciones y compromisos internacionales adquiridos por la nación; así como mantenerse apegados a los principios y valores democráticos y republicanos.

La entonces vigente Constitución de 1961, no preveía el proceso constituyente, ni el referéndum para su activación y convocatoria. No obstante, el discurso y la práctica democrática con la que se activó el proceso desde el Estado, abrieron los cauces institucionales para tal fin, a partir de la propuesta presidencial que fue legalizada por una sentencia del máximo tribunal del país.

El referendo consultivo se realizó el 25 de abril de 1999, arrojando como resultado un 87,75% de votos a favor del sí para la primera pregunta (sobre la convocatoria y propósito de la ANC) y un 85,74% para la segunda (sobre las bases comiciales)9 (CNE, 2017f).

En el proceso de elecciones de los constituyentistas se inscribieron 1.167 candidatos y votó el 46,23% del padrón electoral, resultando electos por abrumadora mayoría, los candidatos y candidatas propuestos por el Gran Polo Patriótico, alianza de gobierno. El 3 de agosto de 1999 se instaló en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente.

La ANC sesionó durante 4 meses, en un proceso transmitido en directo por radio y TV. Durante esos meses se produjo un intenso debate en el país sobre el contenido del nuevo texto constitucional y se promovió, desde la ANC y el Gobierno, la participación popular. Los sectores organizados del país tuvieron amplias posibilidades de incidencia en los debates constituyentes. Un estudio que recoge la participación de organizaciones sociales señala que

“… de las 624 propuestas clasificadas (…) se puede concluir que el nivel de éxito de las organizaciones y redes organizacionales estudiadas fue relativamente alto: más del 50% de las propuestas fueron incorporadas en el texto constitucional, sea de forma textual o con algunas modificaciones de estilo” (García Guadilla, 2002).

El 15 de diciembre de 1999 se realizó el referendo aprobatorio el texto constitucional, con un resultado del 71,78% de los votos a favor de la aprobación de nueva Constitución (CNE, 2017g). Como el analista opositor Ricardo Combellas, “Nunca antes en la historia republicana una Constituyente había sido directamente convocada por el pueblo y menos refrendada gracias a la participación popular. La Constitución de 1999 es, sin duda, una Constitución genuinamente democrática, gracias a la cual los ciudadanos mediante el referéndum deciden su destino colectivo como nación”. (Combellas, 2003).

Este proceso constituyente fue reconocido, aún por sus detractores, como un proceso altamente participativo en todas sus fases: desde su convocatoria hasta su aprobación. Los sectores de oposición que se abstuvieron de participar de los referenda (convocatoria y aprobación), terminaron con los años, reivindicando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

3.2 La participación en los procesos de iniciativa, convocatoria y deliberación de la Constituyente de 2017

Realizado el anuncio sobre la Asamblea Nacional Constituyente por el presidente Nicolás Maduro, el 1 de mayo de 2017, se inició en el país un debate sobre la obligatoriedad o no de convocar a un referendo consultivo para, al igual que en 1999, consultarle al pueblo si deseaba o no una ANC y en qué términos (bases comiciales). Los argumentos del Gobierno plantearon que no era necesario realizar un referéndum para la convocatoria ni para las bases comiciales, dado que la Constitución de 1999 (a diferencia de la de 1961) preveía los mecanismos de convocatoria. Mientras que la oposición y también algunos sectores de las fuerzas bolivarianas10, defendían lo contrario. Se trataba de una interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución, que señalan lo siguiente:

“Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral”.

Es evidente que los artículos diferencian entre el poder de convocar, que le pertenece al pueblo de Venezuela que “es el depositario del poder constituyente” (Artc. 347) y “la iniciativa de convocatoria” que pueden hacerla distintos actores institucionales o un porcentaje de la población (Artc. 348). Una interpretación transversal de la Constitución, que subraya el protagonismo popular en su Preámbulo y en todos su Títulos, no puede más que coincidir en que el poder constituyente solo puede convocarse por la opinión favorable de la mayoría del pueblo, lo que implica un referéndum.

En cuanto a las bases comiciales también se generaron importantes debates y desacuerdos sobre su contenido y sobre si debían o no someterse a referéndum. De acuerdo con los anuncios realizados por el presidente Maduro, solamente 364 de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente serían elegidos en representación de los territorios en los que está dividido el país, y el resto, 181, provendrían de ocho sectores: trabajadores, campesinos y pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios, y comunas y consejos comunales. Para ello, el Consejo Nacional Electoral procedió a solicitar los registros de los sectores a las instituciones oficiales, ministerios del sector educativo, gremios y asociaciones debidamente establecidos para realizar la agrupación.

Las principales críticas de la oposición y de algunos sectores de las fuerzas bolivarianas, al respecto, se concentraron en lo siguiente: a) la elección por sectores atenta contra al voto universal, en tanto distintos sectores en donde el chavismo tiene mayor fuerza, quedarían sobrerepresentados; al tiempo que todos los municipios del país elegirían la misma cantidad de constituyentes, independientemente de su población; b) a diferencia del registro electoral utilizado en el país para todas las elecciones anteriores, que es auditable y público, los registros por sectores lo tienen solamente las instituciones del Estado y no es auditable en el corto plazo; c) las bases comiciales, que definen el mandato de la ANC y su forma de elección, requieren su aprobación por parte de la mayoría de la población, tal como ocurrió en 1999.

El Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia del sistema de administración de justicia de Venezuela, zanjó el debate avalando la convocatoria para elegir a los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, en los términos propuestos por el Presidente Maduro, sin necesidad de realizar un referendo consultivo previo. La Sala Constitucional en su Sentencia N° 378, en la cual respondió un recurso de interpretación de los artículos constitucionales 347 y 348, afirmó:

“La Sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX (…)

En efecto, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en tal condición, y como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por regla general, a los órganos del Poder Público (…) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular. La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral. De tal manera que el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al “Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular.” (TSJ, 2017)

Finalmente, el 30 de julio de 2017 se realizaron las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, sin la participación de los principales partidos de oposición, que llamaron a la abstención y a impedir la realización de esta contienda electoral. De acuerdo con los datos suministrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se registró una participación del 41,53% del padrón electoral, lo que corresponde a un total de 8 millones 089 mil 320 venezolanos (CNE, 2017h). La totalidad de los constituyentes electos son favorables a las fuerzas de gobierno y la inmensa mayoría de ellos fueron postulados por el Partido Socialista Unido de Venezuela.

La ANC se instaló el 4 de agosto de 2017. Con ella se extinguieron las protestas violentas generadas en el país en los cuatro meses anteriores. Se trata de un triunfo táctico para el presidente Maduro, que cuenta además con un dispositivo institucional que, según le ha atribuido el TSJ, tiene un poder superior al de cualquier otra institución del país. Ese triunfo, sin embargo, ocurrió a partir de una expropiación del poder constituyente al pueblo de Venezuela, lo que puede entenderse como una derrota moral de las propias fuerzas bolivarianas que han sido las principales impulsoras de la radicalización democrática del país en los tres lustros anteriores.

Los debates al interior de la ANC, en los tres meses transcurridos desde su instalación, ocurren a puerta cerrada y no se ha promovido la participación social en los mismos. Varios asambleístas bolivarianos se han quejado públicamente de que aún a lo interno de la ANC se están limitando los debates.

4. Comparaciones y desafíos

Ambos procesos constituyentes ocurrieron en contextos de grandes crisis económicas, sociales y políticas, que se retroalimentaron. La crisis de 1999 tenía una década previa de expresión intensa. La crisis de 2017, tiene 3 años de expresión intensa. Ambas, sin embargo, son expresiones de una crisis mayor del modelo rentista venezolano, altamente dependiente de los precios del petróleo en el mercado internacional. La superación democrático socialista de ese modelo rentista que, como hemos dicho, configura un tipo de Estado y de régimen, es uno de los principales desafíos del proceso político bolivariano.

En ambos contextos constituyentes existía una grave crisis económica con alto impacto en la pobreza y vulneración de los derechos sociales de la población. En el contexto de 1999 el Estado había aplicado medidas de corte neoliberal que solo profundizaron la pobreza y la desigualdad. En el contexto de 2017, el Estado viene aplicando medidas de emergencia (subsidios a la alimentación y entrega de pensiones), que tienen un importante efecto paliativo, pero que carecen de impacto estructural; al tiempo que promueven relaciones clientelares negadoras de la autonomía política de los sectores populares. Disminuir el impacto de la crisis económica en la vida de la población, con políticas consistentes con el programa bolivariano de transición democrático socialista es otro de los desafíos del proceso político. La tentación de prolongar el poder político en el corto plazo, sobre la base de medidas clientelares, implicaría una traición a la apuesta estratégica de las fuerzas bolivarianas.

Mientras que en 1999 las fuerzas contrahegemónicas (el bolivarianismo) venían en ascenso, con amplia legitimidad; en 2017, su carácter Contrahegemónico y su legitimidad se ha debilitado, producto del desgaste de la gestión, el fracaso en la superación por la izquierda del capitalismo rentístico y por la corrupción. Aunque las fuerzas bolivarianas cuentan con una sólida base social y política, la correlación de fuerzas actual le es desfavorable. Ante esto y en un escenario en el que, como hemos señalado, la oposición de derecha juega de manera desleal con la democracia, se hace fuerte la tentación autoritaria, justificada como acción defensiva. La experiencia de los socialismos del siglo XX demostró que las derivas autoritarias terminaron por anular las apuestas emancipadoras. Un reto fundamental del proceso político venezolano es recuperar la radicalidad democrática con la que nació y ampliar la legitimidad de la ´dirigencia chavista, sobre la base de la identificación y corrección de los vicios que ha venido acumulando en estos últimos años y la renovación de liderazgos.

En términos de participación, resulta muy evidente que el proceso constituyente de 1999 fue profundamente democrático (consulta popular en torno a las bases comiciales y la convocatoria a la ANC y amplio debate social y transparencia en torno a la agenda constituyente) y que el proceso de 2017 nace viciado, a partir de una expropiación del poder constituyente al pueblo venezolano. La ANC de 2017, más que un momento fundacional, fue una jugada táctica del gobierno que le permitió neutralizar la violencia opositora y recuperar la gobernabilidad y en ese sentido fue exitosa. Pero ello ocurrió a un costo moral muy alto. La evidente vulneración de la legalidad construida en estos años de Revolución Bolivariana y la construcción de una arquitectura electoral para lograr el control de la ANC sin contar con los votos necesarios para ello, asemeja a la clase política chavista a las prácticas frente a las cuales insurgieron dos décadas atrás, con lo cual ocurre una derrota moral, con efectos en el largo plazo. Es muy difícil recoger el vaso derramado, pero un desafío del proceso político, sería ampliar el carácter democrático del proceso constituyente y garantizar que el nuevo texto constitucional sea sometido a referéndum aprobatorio.

1Un año después de la apuesta pública por la democracia socialista, en 2006, con un programa abiertamente socialista, Chávez gana las elecciones presidenciales con el 62,8% de los votos. Vuelve a ganar en 2012 y Nicolás Maduro, vuelve a hacerlo en 2013.

2Caldera llegó al poder con una oferta crítica del neoliberalismo, pero transcurridos dos años de gobierno inició un Programa de Ajuste Estructural.

3Las cifras oficiales reconocen alrededor de 400 personas asesinadas, mientras que cálculos extraoficiales señalan alrededor de 2000 personas.

4Como le declaró el expresidente socialcristiano, Rafael Caldera, días después del intento de golpe de Estado, ante el Congreso de Venezuela, "Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia; cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad” (Caldera, 1992).

5Según datos del Consejo Nacional Electoral, la abstención pasó de 18,1% en las elecciones presidenciales de 1988 a 39,84% en las elecciones presidenciales de 1993 (CNE, 2017b). En las elecciones presidenciales de 1998 (Hugo Chávez), si bien este índice bajó a 36,5%, siguió siendo muy elevado para la tradición electoral venezolana.

6El precio promedio del petróleo venezolano en 2012 fue de 103,42$ el barril. Mientras que en febrero de 2016, era de 24,25$, según los datos del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo (Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, 2017).

7Durante el primer boletín, la presidenta del CNE informó que, con un 99,12% de actas transmitidas y una participación del 78,71% del electorado, el candidato Nicolás Maduro había obtenido para el momento 7 millones 505 mil 338 votos (50,66%); el candidato Henrique Capriles 7 millones 270 mil 403 (49,07%); y el resto de los candidatos y candidatas sumaban 38.756 votos (0,26%) (CNE, 2017,c)

8De acuerdo con los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los primeros resultados de las Elecciones municipales de Venezuela en el año 2013, de 335 municipios, el chavismo gana 196 alcaldías y la Oposición 53, mientras que ocho los obtienen otras fuerzas políticas. A su vez, también se informó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y aliados alcanzan 5.111.336 (49,24%) votos y la oposición de derecha 4.435.097 votos (42,72%), quedando por lo tanto a una distancia superior a los seis puntos. (CNE, 2017)

9Se sometieron a consulta las siguientes preguntas: 1. ¿Convoca Ud. a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa? y 2. ¿Está usted de acuerdo con las bases comiciales propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el CNE en sesión de fecha Marzo 24, 1999, y publicadas en su texto íntegro en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.669, de fecha Marzo 25, 1999

10Destacan los análisis de Javier Biardeau, un intelectual próximo a las fuerzas bolivarianas, cuyos textos pueden ser consultados en https://www.aporrea.org/autores/javier.biardeau

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Recibido: 05 de Noviembre de 2017; Aprobado: 17 de Noviembre de 2017

Sobre os autores

Ana Graciela Barrios Benatuil Trabajadora social, activista de derechos humanos, miembra del Colectivo Surgentes. E-mail: agbarriosb@gmail.com.

Antonio González Plessmann Sociólogo, activista de derechos humanos, miembro del Colectivo Surgentes. E-mail: antoniogonzalezplessmann@gmail.com.

Martha Lía Grajales Pineda Abogada, activista de derechos humanos, miembra del Colectivo Surgentes. E-mail: martha_lia@yahoo.com.

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