TRABAJADORES ARGENTINOS: respuestas y propuestas frente a la ofensiva neoliberal

TRABALHADORES ARGENTINOS: respostas e propostas frente a ofensiva neoliberal

ARGENTINE WORKERS: responses and proposals facing a neoliberal offensive

TRAVAILLEURS ARGENTINS: réponses et propositions face à l’offensive néolibérale

Resúmenes

El objetivo de este artículo es examinar algunas experiencias de trabajadores argentinos que no cedieron frente al avance del neoliberalismo en los años 1990, sino que, al contrario, se organizaron y lograron resistir y en algunos casos contrarrestar la ofensiva política de aquella década. Nos referimos a tres experiencias clave para entender este proceso histórico. En primer lugar, la organización y acción de los trabajadores desocupados, hecho que rompe con cualquier lógica explicativa de la sociología clásica; en segundo lugar, la construcción de un sindicalismo alternativo por parte de los empleados del Estado, en un contexto de fuerte embestida contra este último; y, finalmente, el proceso de organización político de un grupo de trabajadores del transporte, que fue y sigue siendo testimonio insoslayable para todos aquellos obreros que deseen organizarse y luchar en un contexto de repliegue sindical. En definitiva, este artículo muestra las construcciones políticas de las que son capaces los trabajadores aun en momentos de pérdida o ausencia de referencias identitarias e institucionales.

Desocupados; Empleados estatales; Trabajadores del transporte; Neoliberalismo; Argentina

The objective of this work is to examine some experiences of Argentine workers who never yielded to the advance of neoliberalism in the 1990s, but who, instead, organized themselves and managed to resist and, in some cases, reverse the political offensive of that decade. We refer to three key experiences to understand this historical process. Firstly, the organization and the action of the unemployed workers, a fact that breaks any explanatory logic of classical sociology; secondly, the construction of an alternative trade unionism by State workers, in a context of a strong offensive against the State; and, finally, the process of political organization of a group of transportation workers, which was and still is an undeniable testimony to all workers who want to organize themselves and fight in a context of trade unionism withdrawal. In short, this article shows the political construction of which workers are capable, even in times of loss or absence of identity and institutional references.

Unemployed people; State employees; Transportation workers; Neoliberalism; Argentina

Le but de ce travail est d’étudier quelques expériences de travailleurs argentins qui n’ont pas cédé face à l’avancée du néolibéralisme au cours des années 1990, mais qui bien au contraire se sont organisés et ont réussi à y résister, voire dans certains cas à inverser l’offensive politique de cette décennie. Trois expériences-clés nous servirons de référencde pour comprendre ce processus historique. Tout d’abord l’organisation et l’action des chômeurs, fait qui rompt avec toute logique explicative de la sociologie classique, puis la construction d’un syndicalisme alternatif par les employés de l’Etat, dans un contexte de forte opposition à ce dernier et enfin le processus d’organisation politique d’un groupe de travailleurs des transports qui était et reste encore un témoignage fondamental pour tous les travailleurs qui souhaitent s’organiser et lutter dans un contexte de recul du syndicalisme. En somme, cet article montre combien les travailleurs sont capables de construire des politiques d’action même en cas d’absence ou de perte de références identitaires et institutionnelles.

Chômeurs; Fonctionnaires de l’Etat; Employés des transports; Néolibéralisme; Argentine

INTRODUCCIÓN

En el panorama latinoamericano, Argentina ha sido, sin dudas, uno de los países en los que el programa neoliberal derivado del Consenso de Washington fue aplicado de manera más drástica. Se llevaron adelante reformas estructurales radicales, que transformaron de lleno la configuración del Estado y su relación con el mercado, en un lapso de tiempo muy breve. Bajo esta estrategia política de “shock”, consumada a principios de la década de 1990, se impuso el conjunto de políticas neoliberales que cambiaron la fisonomía de la sociedad, en general, y del mundo del trabajo, en particular.

Para los trabajadores, la materialización del ideario neoliberal supuso uno de los retrocesos históricos más significativos. El denominador común fue la pérdida de derechos y conquistas históricas en todos los sectores de actividad, la expansión de las políticas de flexibilización del trabajo, de tercerización y de distintas modalidades del trabajo precarizado. Con los años, su consecuencia más dramática fue el crecimiento a marcas inéditas de la desocupación, con todos los efectos de disciplinamiento de la fuerza de trabajo que esto supone.

Las condiciones de posibilidad para la implantación de estas políticas regresivas fueron generadas en el marco de la última dictadura cívico-militar que ocupó el poder entre 1976 y 1983. El terrorismo de Estado aplicado por este gobierno de facto tuvo como prioridad principal desarticular y exterminar todas las instancias de organización popular, especialmente las sindicales, en todos sus niveles. Complementariamente, es en este período en el que se impone un modelo económico basado en la valorización financiera que tendrá como consecuencia el desmantelamiento del tejido industrial. Este proyecto será notablemente profundizado en los años 1990, con ostensibles implicancias en términos de empleo.

El avasallamiento sobre el trabajo – fundamentalmente bajo su forma como empleo – que estas reformas supusieron derivó en una profunda crisis, con graves efectos en términos sociales. Sin embargo, frente a este gran deterioro de los sectores populares, también emergieron experiencias de resistencia de gran potencia política. De esta manera, frente a las difundidas tesis sobre la crisis y el retroceso de las organizaciones de trabajadores a partir de los años 1990, nosotros sostenemos que sectores significativos y claves del mundo del trabajo argentino resistieron el embate neoliberal y, en algunos casos, incluso, lograron contrarrestar algunas de sus políticas.

Dentro de estas experiencias, los actores más dinámicos fueron los denominados “movimientos sociales”, encabezados, en este caso por las organizaciones de trabajadores desocupados. El mismo Bourdieu (1998 , p. 102) había entendido el nacimiento de estas organizaciones como un “milagro social” (miracle social), debido a la ruptura que esto supone con las lógicas explicativas de la sociología clásica, que entienden al empleo (y al lugar de trabajo) como el único centro de organización y vinculación entre los sujetos trabajadores.

El crecimiento de las organizaciones denominadas genéricamente “piqueteras” ¹ se articuló a lo largo del territorio nacional, ubicándose con particular fuerza en los barrios carenciados circundantes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Entre las características más notorias de estas organizaciones, encontramos la articulación –muchas veces contradictoria – de diferentes tradiciones de acción política e ideológica retroalimentadas con las experiencias de lucha en clave territorial. Hemos tomado como referencia para el análisis el Partido de La Matanza, ² puesto que allí se desarrollaron expresiones de los conflictos más fuertes en términos de duración (en 1998 el bloqueo de la ruta nacional N° 3 se extendió por más de 30 días) y de movilización de desocupados. A su vez, porque en éstos también confluyó un heterogéneo conjunto de organizaciones que permite visualizar gran parte de la complejidad del entramado de articulaciones políticas posibles. Asimismo, este territorio es de especial relevancia analítica en función de su fuerte pasado fabril e industrial durante el período de sustitución de importaciones, que nos permite pensar en los efectos sociales y políticos de las transformaciones del capitalismo en clave neoliberal.

Algunas de estas organizaciones de trabajadores desocupados más representativas se encontraban nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la cual se posicionó como una central sindical “de nuevo tipo”, que protagonizó buena parte de la conflictividad social de la década. A diferencia del “sindicalismo tradicional” – que experimentó un viraje hacia una lógica empresarial a partir de la adopción de una estrategia de adaptación pasiva para preservar sus estructuras, en detrimento de sus reivindicaciones históricas –, la CTA encarnó un modelo sindical de oposición, autonomía y resistencia ( Duhalde, 2009 ). El principal sindicato, dentro de esta Central, fue la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que nuclea a parte de los empleados de la administración pública, quienes se vieron particularmente afectados por las reformas estructurales del Estado, uno de los pilares del programa neoliberal.

Asimismo, en uno de los sectores más castigados por la política de privatización de los servicios públicos – nos referimos al transporte –, surge otra experiencia de particular importancia, que se constituirá con el tiempo también como referente de un sindicalismo alternativo: la construcción sindical de los trabajadores del Subterráneo de Buenos Aires. En este caso, se trata de una experiencia que recupera y resignifica un tipo de construcción política muy cara a la tradición de lucha de la clase obrera en Argentina, que es la organización gremial en el espacio de trabajo. Además, ha sido un caso paradigmático de cuestionamiento al modelo sindical basado en el “unicato” (representación única por rama de actividad).

El presente trabajo se propone, entonces, analizar estas tres construcciones emblemáticas de la lucha de los trabajadores en el marco de la ofensiva neoliberal de los años 1990: los trabajadores desocupados, principales impulsores de la organización y movilización en los territorios, y los dos casos de referencia en cuanto a las luchas de matriz sindical (una en el sector público y otra en el privado), que plantearon una política de resistencia en un contexto de crisis del sindicalismo tradicional.

EL NEOLIBERALISMO COMO AJUSTE Y DESOCUPACIÓN

Con la recuperación de la democracia en Argentina en 1983, luego de seis años de gobierno dictatorial, empezaron los intentos de reconstruir el entramado organizativo y la capacidad de movilización de los sindicatos. El movimiento sindical argentino, blanco privilegiado del terrorismo de Estado, que llevó adelante el gobierno militar, venía de sufrir intervenciones, persecuciones, encarcelamiento y desapariciones de miles de trabajadores en todos los sectores de actividad ( Abós, 1984 ; Fernández, 1985 ). Además, su capacidad de recuperación también se veía seriamente limitada por las condiciones económicas estructurales desfavorables, signadas por la continuidad, en muchos aspectos, de las políticas económicas implantadas en la dictadura: los efectos progresivos de la desindustrialización, el endeudamiento creciente en el marco del modelo de valorización financiera y la aplicación constante de planes de ajuste que perjudicaban principalmente los intereses de los asalariados ( Fernández; Bisio, 1999 ).

Aún en ese contexto, progresivamente los sindicatos lograron recomponer buena parte de su estructura y desarrollar iniciativa política. En el plano político-institucional, y en un marco de desestructuración del Partido Justicialista, ³ las organizaciones sindicales asumieron el rol de oposición articulada al gobierno radical ⁴ del entonces presidente Raúl Alfonsín (1983-1989). Por entonces, la mayoría del sindicalismo se alineaba en una tendencia confrontacionista que tuvo como consecuencia la realización de trece paros generales – encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT) –, además de la intransigencia en negociaciones clave para el sostenimiento de políticas gubernamentales de mediano y largo plazo ( Gaudio; Thompson, 1990 ).

Sin embargo, estas condiciones comenzaron a cambiar cuando, a fines de 1989, y a meses de haber asumido el gobierno nacional Carlos Menem, esta tendencia sindical, liderada por el cervecero Saúl Ubaldini, quedó relegada como posicionamiento dominante al interior del movimiento obrero. Esto sucedió al fracturarse la CGT y al volcarse una gran parte de los gremios a una tendencia participacionista, afín al nuevo gobierno justicialista. Este último, lejos de profundizar el modelo impulsado por Perón desde la década de 1940, produjo un giro de cientochenta grados al levantar la bandera del neoliberalismo, luego de pactar con los sectores dominantes de la Argentina.

Los últimos años de la década de 1980 y el comienzo de los años 1990 estuvieron signados por una brutal ofensiva sobre el trabajo, que tuvo, en el proceso hiperinflacionario de 1989, su elemento más potente de disciplinamiento. ⁵ El trauma y el terror de la etapa hiperinflacionaria funcionó, como plantea Perry Anderson, como “[…] un mecanismo para inducir democrática y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales” ( Anderson, 2003 , p. 192), que se condensaron en el programa del “Consenso de Washington”. La transformación del rol del Estado y la disminución de su capacidad de injerencia, la apertura económica, la política brutal de privatizaciones de empresas públicas y la desregulación como criterio preponderante profundizaron el escenario de desindustrialización, acentuando el debilitamiento de la clase trabajadora. La consecuencia del giro neoliberal del gobierno menemista fue el surgimiento de grandes escisiones dentro del peronismo, que ha sido históricamente la primera fuerza del sindicalismo argentino. Así, las divisiones también se trasladaron al actor sindical ( Senén González; Bosoer, 1999 ).

Para llevar a cabo estas transformaciones de corte liberal, el gobierno adujo principalmente dos razones. Por un lado, debido al incremento de la desocupación y la falta de empleo de la época, consideró conveniente “flexibilizar” el mercado de trabajo, con el objetivo de reducir los costos laborales del empleador y, de esa manera, aumentar el empleo. Detrás de esta idea se encontraba el razonamiento de que la desocupación y la falta de reversión de esta tendencia se debían a los enormes costos que acarreaba el empleo de mano de obra. La solución invocada era, entonces, quitar definitivamente todas las “trabas económicas” para la contratación y fácil disposición de la fuerza de trabajo, por ejemplo, la eliminación de la indemnización por despido injustificado ( Recalde, 2003 ).

El objetivo principal de la reforma laboral fue, entonces, la reducción de lo que se dio en llamar “el costo argentino”. De esta manera – se razonó – la reducción del gasto en mano de obra redundaría en un incremento de la inversión y, consecuentemente, en un aumento de empleo ( Recalde, 2003 ). El resultado real fue completamente el inverso. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, organismo perteneciente al Estado nacional, en octubre de 1989 – a tres meses de haber asumido Menem la presidencia –, la tasa de desocupación abierta sobre la población económicamente activa era de 7,1%, mientras que, al terminar su primer mandato en 1995, la tasa había aumentado hasta llegar al 18,6%. Al final de la década, el fenómeno se profundizó y, para 2002, la tasa había alcanzado un histórico 21,5%. Asimismo, la incidencia de la pobreza también se incrementó notoriamente, pasando de un 21,8% en mayo de 1991 a un 42,3% en octubre de 2002.

El otro objetivo que se planteó el gobierno fue reducir el gasto excesivo que estaba realizando el Estado, con el propósito de disminuir el déficit fiscal y, de esa manera, “enfriar la economía” para reducir la inflación que, en esos años, era el gran problema de la sociedad argentina. De esta manera, el propósito de Menem fue ajustar el gasto estatal, apuntando principalmente a las empresas de propiedad del Estado (o sea, privatizando el activo público) y al número de empleados estatales ( Campione, 1995 ).

Así, en la estrategia neoliberal, la política de privatizaciones tuvo una centralidad indiscutida, por varias razones. Desde el punto de vista de la reproducción de los sectores dominantes, la significación de las privatizaciones reside en que, a través de ellas, se logró hacer converger los intereses de los acreedores externos y del capital concentrado radicado en el país, cuya puja había dado lugar al proceso hiperinflacionario de 1989 antes citado ( Azpiazu; Basualdo, 2002 ), pero a costa de un modelo que privilegió la valorización financiera y la marginalización de los sectores populares en la distribución de los excedentes. En este sentido, el proceso de privatización implicó un nuevo mercado para el sector privado y un renovado avance tendiente a erosionar los ámbitos de influencia del Estado; de ahí que las privatizaciones no constituyan simplemente una técnica, sino que son parte clave de una estrategia política destinada a consolidar los grupos económicos ( Thwaites Rey, 1993).

De esta manera, a partir del proceso privatizador, se genera una modificación substancial en el modo de vinculación entre el Estado y el capital concentrado interno, porque pierde relevancia la transferencia directa de recursos a estos sectores – en concepto de subsidios de diferente tipo –, característica de la Argentina de los años 1980, y comienza a llevarse a cabo la transferencia directa de activos estatales y la llamada desregulación de la economía. Ésta otorga a dichas empresas la posibilidad de definir el funcionamiento de sus mercados, que ya de por sí presentaban condiciones mono u oligopólicas, dando lugar a un proceso acelerado de concentración y centralización de capital ( Basualdo, 2006 ).

Uno de los sectores emblemáticos de este proceso de privatización de empresas tradicionalmente estatales fue el del transporte público, especialmente en el ámbito ferroviario. En materia de trenes, el pasaje al ámbito privado significó un verdadero y progresivo deterioro y desmantelamiento de la red ferroviaria a nivel nacional, desarticulando un medio de comunicación y desarrollo vital para numerosas regiones del país, que quedaron virtualmente aisladas del circuito productivo y fueron transformándose en verdaderos “pueblos fantasmas”. Además de estos perjuicios, la privatización tuvo un alto impacto en los trabajadores del sector de transporte: a los despidos en masa se sumó la imposición de regímenes laborales basados en la flexibilidad, que implicaban la pérdida de numerosas conquistas históricas ( Duhalde; Ventrici, 2013 ). El caso del Subterráneo de Buenos Aires, que trataremos en los siguientes apartados, es emblemático de ese proceso.

Como decíamos anteriormente, junto con las privatizaciones, la reforma estructural del Estado, que pregonaba su reducción a sus funciones esenciales (seguridad interna, justicia, defensa y relaciones exteriores), suponía una fuerte reducción del gasto público. El déficit fiscal del Estado argentino, acrecentado enormemente a partir de fines de la década de 1970, debía dar lugar a una reducción del gasto público para, de esa manera, transferir al exterior – en concepto de pago de la deuda externa – el dinero recaudado. Para esto, el Estado debía achicarse y “racionalizarse”. Con este propósito, se llevaron a cabo dos grandes medidas: una fue la privatización de la gran mayoría del activo público anteriormente mencionada, y la otra fue el achicamiento de la administración pública nacional, hasta ese momento considerada elefantiásica, deficitaria y corrupta ( Campione, 1995 ; Basualdo, 2006 ).

Estas transformaciones produjeron un impacto especialmente nocivo en los empleados estatales, doblemente afectados por su particular carácter de trabajadores cuyo empleador es la institución afectada. La principal consecuencia fue la disminución del empleo público. Ésta fue provocada, fundamentalmente, por despidos directos, jubilaciones anticipadas y “retiros voluntarios”. ⁶ Esta disminución del empleo en el sector público fue mucho mayor en el ámbito de las empresas estatales – donde de 242.094 trabajadores en 1991 se pasó a 50.516 en 1995 – que en el terreno de la administración nacional, donde, en 1991, se empleaba a 534.238 personas y, en 1995, esta cantidad sólo se había reducido a 467.463 ( Diana Menéndez, 2007 , p. 81). ⁷

Todo este proceso de precarización y de destrucción de fuentes de trabajo trajo como consecuencia un incremento formidable de los conflictos encabezados por los trabajadores estatales, tanto nacionales como provinciales y municipales. En estos dos últimos casos, los conflictos tuvieron que ver, principalmente, con reclamos por retraso en los pagos y demandas de aumento salarial, mientras que los primeros luchaban directamente para impedir privatizaciones y evitar el desempleo.

Pero detrás de los dos grandes objetivos explícitos del gobierno nacional, relativos a la reforma laboral y del Estado, se encontraban otros de carácter implícito. Este embate neoliberal correspondía a un cambio de paradigma a nivel internacional, que buscaba, en la apertura de los mercados y en la liberalización de amplios sectores de la economía y la sociedad, una salida drástica de las crisis económicas y sociales a través de un programa global de restructuración social que definitivamente redefiniese las relaciones de poder. Esta redefinición afectaría a los sindicatos, a organizaciones sociales y a algunos sectores del capital nacional, considerados obstáculos en el camino hacia el nuevo proyecto social. ⁸

Estas decisiones del gobierno justicialista desconcertaron, por lo menos durante los primeros meses, a la mayoría del sindicalismo argentino, y, al poco tiempo, se pudo divisar una profunda división en su interior. Un grupo heterogéneo de sindicatos grandes, junto con varios gremios de servicios, se sumaron al giro neoliberal del menemismo, priorizando el resguardo de sus propios intereses y asumiendo, muchas veces como propia, la idea de la inevitabilidad del nuevo rumbo económico después de la caída del bloque soviético y “el fin de las ideologías”. Otros sindicatos, en cambio, de tendencia confrontacionista y combativa, históricamente asociados a prácticas sindicales críticas, optaron por la resistencia. Estos fueron los más afectados en ese momento, especialmente por la puesta en práctica del conjunto de políticas de corte liberal que, entre otras consecuencias, transformaron intensamente la fisonomía del Estado argentino y reformaron profundamente el sistema de relaciones laborales. Estos eran, principalmente, los sindicatos que nucleaban a trabajadores estatales (de la administración pública, de la educación, del sistema judicial). Estas organizaciones, como la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y la Federación Judicial Argentina (FJA), primeramente alineadas al ubaldinismo y luego unidas en un frente alternativo de lucha, fueron lideradas, desde el comienzo, por la Asociación Trabajadores del Estado y nucleadas en la CTA, escisión opositora de la principal central sindical nacional, la CGT ( Senén González; Bosoer, 1999 ).

La CTA encarnó, durante la década de 1990, la concepción de un sindicalismo “autónomo” asociado a una concepción movimentista. Bajo esta idea, la CTA se constituyó como una central sindical de nuevo tipo que, además de los trabajadores asalariados típicos, incorporó, como sujetos políticos protagónicos, a los trabajadores precarizados, los movimientos de trabajadores desocupados, las organizaciones sociales nucleadas en torno a la demanda de vivienda, las comunidades indígenas, las cooperativas, las organizaciones barriales, las asociaciones de consumidores, etc., instalando una verdadera ampliación y renovación de lo que hasta entonces se concebía como una central sindical.

Simultáneamente al desarrollo de la CTA, y en el marco de un aumento histórico de los niveles de pobreza y desocupación en Argentina, los trabajadores desocupados comenzaron a mostrar formas de organización y manifestación por fuera de los canales de expresión más tradicionales, en el contexto de una sociedad que, desde los espacios de decisión política hegemonizados por la tecnocracia neoliberal, los definía como factor estructural del nuevo modelo, o, en el mejor de los casos, como el costo del progreso. Geográficamente, desde su origen en el interior del país, se fueron extendiendo hacia el conurbano bonaerense.

Más allá de sus consecuencias inmediatamente perceptibles, la consolidación del desempleo de larga duración tuvo secuelas en términos políticos. De tal forma, los clivajes societales se fueron transformando y, si, en un primer momento, la vivencia individualizada de la desocupación prevaleció, luego la representación a través de las organizaciones de desocupados permitió recomponer sentidos de existencia, dotar de herramientas para la acción y la identificación política sobre soportes novedosos.

LAS ORGANIZACIONES DE LOS TRABAJADORES DESOCUPADOS: la resistencia desde los márgenes

Retomando lo anteriormente expuesto, encontramos que las divisiones político-sindicales, el aumento desmesurado de los índices de pobreza y de las tasas de desempleo no bastan, tomadas aisladamente, para dar cuenta del proceso de surgimiento y la posterior consolidación de las organizaciones de desocupados, y menos aún para poder explicar en qué medida la intervención de estas organizaciones en el espacio público modificó la escena social.

El aporte inicial de las organizaciones de desocupados fue dar carácter público a un fenómeno que, en su expresión original, fue presentado como privado. Pero también es cierto que, si colocamos el individualismo neoliberal en la base de la crisis de los partidos tradicionales y de algunos sindicatos, necesitamos explicar cómo esa lógica pudo ser conjurada por los desocupados pobres urbanos. Es decir, necesitamos algo más que el simple enunciado de la pobreza y la desocupación para poder explicar la constitución de movimientos en torno a prácticas con un fuerte componente solidario y comunitario, como son las organizaciones piqueteras. Para comprender su emergencia, hay que vincular las variables contextuales en donde se desarrollan cada una de las experiencias y vincularlas con las herencias organizativas en cada región, con las tradiciones de lucha que operan como un conjunto de saberes a disposición de otros movimientos sociales ⁹ y con las transformaciones en la propia identidad de los grupos.

Estos sujetos, expulsados por el modelo y creados por él, debieron reconstituirse a sí mismos por fuera de la lógica que los convirtió en excluidos. ¹⁰ Entonces, es oportuno pensar que la fortaleza de los movimientos piqueteros está en la construcción de nuevas identidades que permitieron resignificar el ser social de “los excluidos”. En otras palabras, transformaron una forma de posicionamiento social identificada con la carencia y la desposesión, en otra que los posiciona como sujetos de acción, ya sea autodenominándose piqueteros o trabajadores desocupados ( Montes Cató; Cross, 2002 ).

Este proceso de resignificación de las propias identidades se combina con otros componentes englobados dentro de “estrategias de resistencia” de las organizaciones de desocupados. Así, estas estrategias no se reducen al corte de ruta, sino que se ligan con variadas prácticas cotidianas (desarrollo de talleres formativos, emprendimientos productivos, asambleas, etc.) que contribuyen a la construcción de una identidad y a la resignificación del lugar ocupado por los desocupados.

Siguiendo a Dubar (1991) , la consolidación de una determinada identidad se encuentra sujeta a las cristalizaciones provisorias de ciertas maneras socialmente legítimas de definirse a sí mismo y de ser reconocido por otros. Por esta razón, es importante destacar los sentidos en los cuales los movimientos piqueteros se han instalado como sujetos políticos relevantes y dotados de una identidad propia. Hacia fuera del piquete, se constituyeron como actores legítimos con capacidad y poder de negociación y organización, lograron la instalación del problema de la desocupación como un problema estructural, y obligaron a actores tradicionales, como partidos políticos, sindicatos y Estado, a plantear estrategias de posicionamiento frente a sus demandas (y sus prácticas).

Por otra parte, se observa cómo las distintas organizaciones lograron recuperar el concepto de política como forma de construcción de largo plazo, destacándose la recuperación de la participación horizontal, principalmente el uso de la asamblea como modelo consensuado de toma de decisiones.

Las identidades sociales, en este marco, no son interpretadas de manera esencialista ni con carácter inmutable. No creemos que la cuestión de la identidad pueda reducirse a la búsqueda de una sustancia común e inmanente a los sujetos (individuales y colectivos). Por el contrario, la identidad es una construcción que debe ser comprendida desde una perspectiva procesual, situada y no-esencialista. Así, pues, se desarrollan en contextos de producción y en determinados escenarios de socialización. En palabras de Hall (1997) , las identidades se construyen en el discurso (no fuera de él) y son reproducidas en lugares históricos e instituciones particulares, en formaciones discursivas y prácticas puntuales, a través de estrategias enunciativas. Emergen en específicas modalidades de juegos de poder y son más el producto de una diferencia y una exclusión, que el resultado de lo idéntico. Siguiendo a Sommers y Gibson (1994) , las narraciones no son incorporadas de una manera directa; ellas son mediadas a través de un enorme espectro de relaciones políticas y sociales que constituyen el mundo social.

En el caso de La Matanza, la identidad política fraguada por las experiencias piqueteras estará marcada por una base fuerte de componente local que se forjó en los años 1980 durante las grandes ocupaciones de tierras urbanas colectivas (asentamientos) en el conurbano bonaerense. La herencia de estas tradiciones de lucha estará vinculada con las experiencias de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) – afiliada a la CTA– y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). ¹¹

En julio de 2001 se realizó la primera Asamblea Nacional Piquetera con el objetivo de articular las diversas expresiones de las distintas organizaciones. Sin embargo, surgieron diferencias ideológicas y estratégicas entre los grupos, y no lograron crear una coordinación nacional y una permanente articulación de acciones en distintas regiones.

El surgimiento y desarrollo de los movimientos de trabajadores desocupados puede vincularse con el proceso de deconstrucción y reconstrucción identitario que se manifiesta en las rupturas de las trayectorias laborales individuales, en el cambio de los espacios para el desenvolvimiento de las relaciones que llevan adelante los sujetos sociales, y en el cambio en el carácter mismo de estos sujetos sociales que interpelan y están siendo interpelados. Esto actúa como condición de posibilidad para su surgimiento, en la medida en que las trayectorias individuales tienden a confluir y resignificar las antiguas identidades ligadas al trabajo ( Delfini; Picchetti, 2003 ).

La identidad de esos desocupados organizados en los barrios del Gran Buenos Aires puede pensarse desplegada en el territorio, con un punto de partida en la falta de trabajo; identidad que puede desarrollarse en la medida en que implica un reconocimiento de la desocupación como problemática social. Para ello, es necesario la configuración de una trama que posibilite su reconocimiento como tal, y la realización de acciones que también refuercen las identidades reconstruidas desde los umbrales de las cercanías espaciales y sociales.

A modo de pequeña muestra, es pertinente traer a colación la experiencia concreta de autoorganización en un territorio puntual, como puede ser la del Barrio Nicole. Aunque bien podría ser también la de El Tambo, Elisa, La Juanita, Villa Palito o cualquier otro de los cientos de barriadas que componen La Matanza.

El Barrio Nicole surge a comienzos de la década de 1990 como precaria respuesta al déficit habitacional de la región y al fuerte reclamo de los vecinos de los alrededores de Ciudad Evita (un gran núcleo habitacional obrero construido durante la segunda presidencia de Juan Perón). Los vecinos son trasladados a una zona de tierras fiscales ubicadas en el km 38 de la ruta nacional Nº 3, sobre los márgenes del arroyo La Matanza y a pocos metros de un depósito de residuos sólidos, con la promesa de títulos de tierra y facilidades para construir sus viviendas. Llegados al lugar, los vecinos se enfrentaron con dificultades para urbanizar la zona y se vieron en la necesidad de comenzar a reclamar el acceso a los servicios mínimos ligados a la vivienda (electricidad, agua, cloacas, gas). A esto se sumó la cada vez mayor dificultad para permanecer o ingresar en el mundo laboral.

El modo de organización en este asentamiento y el trabajo desplegado por los vecinos para conseguir recursos han servido para alcanzar a lo largo de los últimos 13 años una serie de mejoras sustantivas en la calidad de vida de sus habitantes. Por ejemplo, desde 2008 funciona un plan de financiamiento para cooperativas de trabajadores del barrio; cooperativas que, en concreto, se ocupan del tendido y mantenimiento de la red de agua potable. El barrio ya cuenta con una escuela de nivel primario, una sala pre-escolar y una escuela secundaria de educación técnico-profesional. Por otro lado, desde la organización, se ha construido un salón de usos múltiples, que sirve de centro cultural del barrio. Allí desempeñan funciones los tutores que envía el Estado en el marco del plan de finalización de la educación obligatoria. Desde la misma organización se fomentan talleres de debate sobre la temática de género, y se ha trabajado en la recalificación y reinserción laboral de vecinas transexuales, anteriormente dedicadas a la prostitución ( Bosisio; Delfini; Drolas; Montes Cató; Picchetti; Ventrici, 2014 ).

El barrio – convertido en escenario del despliegue de la dimensión relacional de la identidad (relaciones desde el barrio con otros actores sociales y surgimiento de una distinción “nosotros” y “ellos”) y lugar de articulación de las experiencias individuales – tiende a crear la posibilidad para el desarrollo de la acción colectiva. Acción que sólo tiene lugar en la medida en que la desocupación es comprendida en tanto problema social y con visos colectivos, y es así reconocida tanto por aquellos que la padecen como por terceros actores.

No se puede explicar la acción colectiva si no se presupone constituida la identidad de los actores sociales. En efecto, para poder establecer un vínculo entre intereses y movilización colectiva, se requiere la presencia de una identidad colectiva, de un ‘nosotros’ en el cual reconocerse para poder dar consistencia a la acción. ( Giménez, 1994 , p. 8)

En este sentido, el hoy no tan vigente piquete en la ruta abrió las puertas a la participación popular de los trabajadores, más allá de su condición de empleo, otorgando anclajes comunitarios frente a la experiencia de desafiliación, y también brindando nuevos modos de resignificar la experiencia del desempleo y la pobreza extrema, reinventando, así, colectivos de trabajo allí donde el neoliberalismo había arrasado con toda esperanza.

TRABAJADORES ESTATALES: un sindicalismo alternativo en momentos de ajuste estructural

Ya durante la segunda mitad del gobierno de Alfonsín comienza a producirse una reducción de personal estatal (principalmente a través de mecanismos de retiro voluntario) y un intento de llevar a cabo un proceso de privatización de una parte del activo público, el que entonces fue resistido en el Congreso Nacional por parte de los legisladores justicialistas. Sin embargo, en 1989, será el Partido Justicialista en el gobierno quien impulsará la ofensiva neoliberal que se consolidará en los años 1990 a partir del proceso de reforma del Estado y de privatización de la mayoría de las grandes empresas estatales ( Levitsky, 2005 ; Etchemendy, 2001 ). Todos estos desarrollos tuvieron secuelas importantes para los trabajadores del Estado.

La principal consecuencia fue la disminución del empleo público. Ésta fue provocada mayormente por despidos directos, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Sin embargo, muchos de estos nuevos desempleados fueron al poco tiempo reincorporados al aparato estatal. Un mecanismo que explica el fracaso parcial de la política gubernamental de reducir considerablemente el personal de la administración pública nacional, pero que, a su vez, sí sirvió para reducir los costos, fue aquel por el cual gran parte de las personas en relación de dependencia – con los costos en seguridad social que ello implica – que fueron expulsados de la administración, volvieron al poco tiempo a ser trabajadores estatales, pero esta vez en carácter de contratados, logrando así el Estado una importante reducción de gastos correspondientes a las cargas sociales.

Así, aprovechando una cláusula legal impuesta en 1990, que congelaba las vacantes de planta permanente, se incorporaron grandes cantidades de trabajadores mediante contratos anuales y renovables, similares a los de los profesionales autónomos privados. Estos trabajadores carecieron de vínculo laboral formal y, por lo tanto, de beneficios sociales y estabilidad. De esta manera, nos encontramos con un mecanismo de fraude a la ley, con el agravante de que provenía del Estado, quien tiene a su cargo fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral. Además, en estas condiciones, los trabajadores no podían fácilmente acceder a su representación formal por parte de los sindicatos. Todo esto produjo, como consecuencia, una precarización creciente de los empleados públicos, el comienzo de un proceso de diferenciación al interior de estos trabajadores, cierta pérdida de solidaridad y un incremento del individualismo en los organismos estatales ( Recalde, 2003 ; Oszlak, 2003 ).

A pesar de semejante ofensiva llevada a cabo desde el gobierno contra los trabajadores del Estado, dentro de las organizaciones sindicales del sector público hubo reacciones diversas y hasta opuestas. Dos son los principales sindicatos del sector: la Asociación Trabajadores del Estado y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). La organización más representativa en ese entonces era UPCN, con una supuesta representación del 70% de los empleados estatales sindicalizados, frente a un 30% de ATE. ¹² La respuesta de ambos sindicatos fue diferente. Mientras UPCN expresó su acuerdo con el gobierno justicialista y, en algunas ocasiones, incluso ayudó a la implementación de varias de las medidas que implicaron la reestructuración del Estado y la reforma del sistema de relaciones laborales, ATE se opuso fuertemente a ambos procesos de reforma, sosteniendo una actitud crítica durante las dos presidencias de Carlos Menem ( Diana Menéndez, 2005 ).

Este proceso de precarización y de destrucción de fuentes de trabajo, producto de la reforma del Estado y del proceso de privatización, condujo a ATE a una doble estrategia de resistencia. Por un lado se desplegó un conjunto de reformas estatutarias al interior del sindicato, con el propósito de adaptarse a la nueva realidad laboral estatal fruto de estas transformaciones. Y, por otro lado, este sindicato realizó un conjunto de acciones externas dirigidas mayormente a obstruir el paso a las reformas por entonces en marcha y, en menor medida, a avanzar en demandas propias.

Con respecto a la adaptación del sindicato a la nueva situación del país, la dirección de la asociación – que se había renovado en 1984 en las primeras elecciones gremiales de la transición democrática – aprueba, en diciembre de 1989, su nuevo estatuto. ¹³ Éste indicaba ahora invertir el porcentaje de coparticipación que iba del Consejo Directivo Nacional a los Consejos Directivos Provinciales, creados entonces a efectos de esta nueva estrategia de resistencia. Si antes, el 70% de lo recaudado por el sindicato, en concepto de cuota sindical, se dirigía al Consejo Directivo Nacional y el resto a las seccionales de provincias, a partir de 1989 esta relación se invierte. Esto adquiere una importancia específica debido al hecho de que, si bien para mediados de la década de 1980 la mayoría de los afilados eran trabajadores dependientes del Estado nacional, para principios de la década de 1990 había disminuido considerablemente el número de trabajadores nacionales afiliados, producto de la destrucción del aparato productivo estatal puesta en marcha ya desde mediados de los años 1970, del giro definitivo de la economía al sector servicios y a causa también de la provincialización y municipalización del sector salud y educación. De esta manera, la década de 1990 también determina para ATE el surgimiento de un nuevo perfil de afilados y dirigentes. Si, desde la década de 1940 y hasta mediados de los años 1980, el perfil era mayormente obrero, en los últimos diez años del siglo XX comienza a aparecer claramente, en ATE, un tipo de empleado con perfil administrativo.

Frente a este nuevo panorama, la decisión dirigencial fue la del lanzamiento de una gran campaña de afiliación de trabajadores provinciales y municipales, favorecida e impulsada por la puesta en marcha de un mecanismo de otorgamiento de mayor autonomía y presupuesto a los Consejos Directivos Provinciales, creados, entre otras cosas, para responder específicamente a la necesidad de invertir el decrecimiento de la tasa de afiliación del sindicato. De esta manera, las seccionales, que antes dependían directamente de ATE nacional, pasaron de tal forma a responder al Consejo Directivo de su provincia, lo que mejoró la comunicación, la organización y la asignación de los recursos para llevar a cabo la estrategia de afiliación. Estos cambios operados lograron aumentar considerablemente la afiliación.

Si, en 1991, los trabajadores municipales afiliados a ATE eran 5.662, en 2010 llegaron a ser 48.864. Los provinciales pasaron, en el mismo periodo, de 21.834 a 113.746 afiliados. Por último, los trabajadores nacionales afiliados pasaron de ser 5.455 a 26.273 también para ese periodo. ¹⁴ Como puede observarse, ya desde principios de la década de 1990 la gran mayoría de los afiliados al sindicato son trabajadores provinciales.

A pesar de los embates contra los trabajadores estatales, ATE logró aumentar la afiliación en términos absolutos a lo largo del primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995). En 1988, un año antes del inicio del gobierno justicialista y del programa de reforma del Estado, esta asociación contaba con 139.499 adherentes, de los cuales cerca de 50.000 van a resultar desafiliados entre los años 1989 y 1990. Sin embargo, la cifra de adherentes llega en 1996 – en el comienzo del segundo gobierno de Menem (1995-1999) – a aproximadamente 190.000. ¹⁵ Este aumento se debió principalmente a que, a pesar de las bajas en afiliación sufridas en el ámbito de los trabajadores de empresas públicas nacionales, estas fueron compensadas por la incorporación a la asociación de sindicatos y trabajadores provinciales y municipales.

Por otra parte, la otra apuesta importante de la dirigencia sindical, también a partir de 1990, fue el impulso dado a las prácticas de representación y afiliación de esa enorme masa de empleados estatales que volvían nuevamente a la administración pública, pero esta vez en carácter de contratados precarizados por cortos períodos de tiempo. De ese modo, se abrió para la asociación una importante posibilidad para aumentar la cantidad de representados ( Diana Menéndez, 2007 ), y todo esto potenciado por el hecho de que, en aquel entonces, UPCN no permitía la afiliación a los trabajadores contratados.

De todas maneras, dado el considerable aumento en el número de empleados públicos desde el año 2003 en los tres niveles de Estado, en la actualidad se mantiene el porcentaje de representación entre los dos principales sindicatos estatales. Hoy, en toda negociación oficial, se entiende que UPCN representa el 70% de los trabajadores estatales frente a un 30% de ATE. El aumento, en términos absolutos, del personal estatal en general, así como del número de afiliados a ATE no modificó el porcentaje de representados de esta última organización.

En cuanto a las acciones externas de resistencia a la ofensiva neoliberal llevadas a cabo por el sindicato, debe mencionarse el incremento formidable de los conflictos encabezados por los trabajadores estatales, tanto nacionales como provinciales y municipales, durante la primera presidencia de Menem. Estos conflictos fueron encabezados en su gran mayoría por esta asociación. De esta manera – teniendo en cuenta los sectores estatal, industrial y de servicios –, entre 1989 y 1995, los conflictos del sector estatal fueron mayoría, o sea, superaron el 50% del total de los conflictos laborales – excepto en el año 1992 donde alcanzaron un 49% – y hasta llegaron a un 75% del total de los mismos en 1995. ¹⁶

Como ya adelantamos, en los casos de los trabajadores provinciales y municipales los conflictos fueron esencialmente de raíz salarial. En ese sentido, las luchas emprendidas en las provincias y municipios supusieron, principalmente, un proceso de resistencia frente al desinterés creciente de los gobiernos por los servicios estatales y, por lo tanto, por la remuneración a los trabajadores del Estado y sus condiciones de trabajo. En el caso de los empleados nacionales, las medidas de fuerza (huelgas, cortes de calle, movilizaciones, quites de colaboración, tomas de los lugares de trabajo, quemas de neumáticos y objetos) respondían mayoritariamente a los intentos de llevar adelante el proceso de privatización de las empresas públicas ( Senén González; Bosoer, 1999). De esta manera, la disputa se daba en un plano diferente al de los demás trabajadores, ya que la resistencia tenía que ver, entonces, con la lucha por el mantenimiento de los puestos de trabajo frente a la amenaza de los despidos y la privatización.

A pesar de los años de oposición y confrontación a las medidas del gobierno nacional, no son muchos los casos de reversión de la tendencia neoliberal que se venía imponiendo. Dos ejemplos importantes, por la tenacidad y resistencia de sus trabajadores para suspender el intento de privatización, son el del Astillero Río Santiago y el del Instituto Malbrán. ¹⁷ En el primero, los trabajadores soportaron los intentos privatizadores con una permanencia en 1987 de cinco días en la fábrica, con movilizaciones a distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con la ocupación del inmueble y con un piquete que cortó los accesos a la ciudad de La Plata en el año 1992. Estas fueron algunas de las medidas tomadas para percibir los sueldos adeudados y para hacerse oír e impedir la venta de la empresa al capital privado. En el segundo caso, se logró frenar la privatización del Instituto Malbrán durante el año 1996 tras más de 200 días de paro, 184 días de permanencia con movilizaciones y la toma misma del edificio. ¹⁸

En términos generales, la resistencia de ATE no pudo ir más allá de poner frenos u obstáculos al avance privatizador y flexibilizador de la fuerza de trabajo, aunque se lograron ciertos avances favorables a las demandas de los trabajadores durante el período. En términos de los derechos colectivos de los empleados estatales, quizá lo más importante fue cuando, en 1992, el dirigente de ATE, Germán Abdala, siendo diputado nacional, inició, promovió y logró la aprobación de una ley que, por primera vez en la historia argentina, permitía a los empleados públicos la negociación de convenios colectivos. ¹⁹

En resumen, frente al proceso de privatizaciones y de reforma del Estado, ATE se destacó como uno de los pocos ejemplos de rechazo explícito de estas políticas dentro del sindicalismo argentino y de promoción de una nueva forma de acción y organización sindical, desligada tanto del Partido Justicialista como de las posiciones de la izquierda más extrema. Muchos otros sindicatos optaron por la propia transformación de sus organizaciones en entidades de servicios al afiliado y otros eligieron la adaptación acrítica al proceso de cambio que venía imponiéndose. En contraposición, ATE logró ubicarse, durante los años neoliberales, como una referencia clave del sindicalismo confrontativo en Argentina.

LA RESISTENCIA AL NEOLIBERALISMO EN EL ESPACIO DE TRABAJO: la construcción gremial en el caso del Subterráneo de Buenos Aires

El Subterráneo de Buenos Aires recorrió, durante las décadas de 1980 y 1990, una trayectoria arquetípica, representativa de las grandes transformaciones que se produjeron en materia laboral en Argentina a partir de la consolidación del programa neoliberal. Como la gran mayoría de las empresas de servicios públicos, atravesó el derrotero del vaciamiento y desprestigio previos a su privatización – en 1994 – y, luego, el consiguiente desguace en función de criterios técnica y eufemísticamente enunciados como “reestructuración productiva” o “racionalización de las empresas”, que, en realidad, encubrían procesos drásticos de despidos e intensificación del control y la disciplina en función del aumento de la productividad.

Así, con el pasaje del ámbito estatal a la gestión privada, se constituye, en este espacio de trabajo, lo que podríamos denominar como un “nuevo orden empresarial”, ²⁰ que conjugó todos los factores característicos del avance del ideario neoliberal en el mundo del trabajo. Como primera medida, se llevó adelante una disminución drástica de la plantilla estable de trabajadores. Al inicio del proceso privatizador, el plantel de trabajadores ascendía a 3.980 empleados, mientras que, para fines de 1996, ya se había reducido a 2.500. Además, en este pasaje, la empresa concesionaria – Metrovías – sólo contrató al 30% de la planta que estaba en funciones, al tiempo que se incorporaron progresivamente 1.100 trabajadores de afuera. Las herramientas utilizadas para efectuar este brutal ajuste fueron los despidos y los retiros voluntarios. Como indica la lógica flexibilizadora, esta reducción se complementó con la aplicación de una estrategia de tercerización ( outsourcing ) de numerosos servicios que históricamente habían estado bajo el control directo de la “empresa madre” (limpieza, seguridad, etc.). Este proceso involucró a más de 1.000 trabajadores y se desarrolló de manera notoriamente irregular, ya que se demostró que muchas de las empresas tercerizadas pertenecían a la misma sociedad de la empresa concesionaria.

Esta reorganización funcional fue claramente perjudicial para los trabajadores. Por un lado, porque la contratación, en las empresas subsidiarias, se hizo en el marco de Convenios Colectivos de Trabajo mucho más desventajosos que los que le corresponden a los trabajadores del transporte subterráneo propiamente dicho, por lo que esos empleados tenían una carga de trabajo mucho mayor y un salario notablemente menor que sus compañeros. Por otra parte, en términos políticos, la fragmentación del colectivo de trabajo supuso un menoscabo para la organización colectiva, en tanto las diferencias contractuales, salariales y en las condiciones de trabajo que emergían de esa división obstaculizaron, en un primer momento, la capacidad de construir identificaciones comunes y acciones concertadas.

Asimismo, la nueva gestión de la fuerza de trabajo se basó en la implementación de un régimen de flexibilización en términos técnico-organizativos. Esta reorganización implicó el desarrollo de una política de “flexibilidad funcional”, basada en la práctica de la polivalencia, la rotación del lugar de trabajo y la multifuncionalidad, de una “flexibilidad salarial”, a partir de la cual el componente variable adquiere mayor peso en la composición del salario en función del esfuerzo individual, y de una “flexibilidad del tiempo de trabajo”, que se materializó en la extensión de la jornada de trabajo, la reducción de los tiempos de descanso y la modificación de los mecanismos de asignación de francos y vacaciones.

Este proceso de reconfiguración radical de las relaciones en el espacio de trabajo, que dio lugar al nuevo orden empresarial, fue acompañado por el desarrollo de una nueva cultura gerencial, fundada en los mandatos del nuevo management , que alternó sus estrategias entre el control directo y coercitivo y los intentos de fidelización por implicación de los trabajadores. En ese nuevo marco, se consolidó, al inicio de la administración privada, “una nueva estructura de control” ( Edwards, 1990 ), resultante del proceso de expulsión, fragmentación y precarización de la fuerza de trabajo antes y durante el proceso privatizador.

En este escenario tan asimétrico de las relaciones de fuerza, empieza a gestarse una experiencia de organización colectiva en el espacio de trabajo, que fue consolidándose y fortaleciéndose a lo largo de los años, hasta terminar convirtiéndose en un caso de referencia nacional para todos los sectores. Serán principalmente los nuevos trabajadores, ingresados a partir de la gestión privada, quienes encabezarán un proceso de organización gremial que registra sus primeras manifestaciones visibles en 1997, momento en el que tienen lugar las primeras huelgas contra despidos arbitrarios por parte de la empresa. La estrategia de resistencia activa a la pérdida de derechos históricos, a las pésimas condiciones de trabajo, a los bajos salarios y al maltrato empresarial reconoció, desde sus inicios, ciertas particularidades que posicionaron al caso del subterráneo como un modelo de construcción gremial alternativa.

Como decíamos, los inicios de la organización y las primeras acciones colectivas se ubican hacia fines de la década de 1990, a contramano de la tendencia dominante que marcaba un declive del sindicalismo tradicional – en un contexto de aumento inédito de la desocupación –, junto con un claro ascenso del protagonismo de los llamados “movimientos sociales” (especialmente de desocupados) en el escenario de la conflictividad social.

El rasgo saliente de esta experiencia ha sido la centralidad de la organización en el lugar de trabajo, en la que las figuras del delegado y la asamblea en el espacio productivo cobran una relevancia indiscutida. La organización de base, en buena medida, forjó su identidad y prácticas en oposición a las del sindicato en el que el subterráneo se encontraba oficialmente encuadrado – la Unión Tranviario Automotor (UTA) –, asociadas a un verticalismo acrítico con ribetes represivos y con el cual mantendrá un enfrentamiento de origen que irá profundizándose conforme a la progresiva consolidación de este cuerpo opositor de delegados. En esa dirección, el ejercicio de una representación directa y una comunicación fluida entre representados y representantes, junto con la reivindicación del principio de independencia tanto en relación al sindicato oficial como a la empresa empleadora, se consolidaron como la base de legitimidad de la construcción gremial. ²¹

Asimismo, este ejercicio político-gremial también se caracterizó por la recuperación de concepciones y prácticas del ciclo de luchas abierto en Argentina en la segunda mitad de los años 1990 – que, como decíamos, encontró su sujeto más visible en los movimientos sociales –, dando lugar a una verdadera imbricación de tradiciones de lucha de un modo singular. En este sentido, puede rastrearse la presencia de esta impronta en la reivindicación que la organización hace de las prácticas asamblearias, de ciertos niveles de horizontalidad y en la gravitación de las ideas de “autonomía” y “democratización”, emblemáticas del clima de época de aquellas protestas. Por otro lado, esta apertura – y confluencia – se manifestó en la articulación concreta con distintas expresiones de los movimientos sociales (fundamentalmente con organizaciones de trabajadores desocupados) para plantear reivindicaciones conjuntas, ²² y a través de la incorporación a su repertorio de acciones colectivas de protesta típicas de los movimientos (piquetes, intervenciones artísticas, articulación con medios comunitarios, etc.).

A lo largo de su trayectoria, que lleva ya más de una década y media, el proceso de organización colectiva ha asumido diferentes configuraciones, que también podemos denominar “momentos político-organizativos”, conceptualización que nos permite desplegar una somera descripción analítica del recorrido ascendente de esta experiencia.

El momento inicial, de surgimiento incipiente de los primeros nucleamientos colectivos, se caracterizó por un activismo dinámico pero disperso, impulsado fundamentalmente por unos pocos trabajadores con alguna trayectoria militante, que llevaron adelante el trabajo político de intentar generar los primeros encuentros colectivos en un marco que podríamos denominar de “clandestinidad”, tanto frente a la empresa como al sindicato. Al contrario de una interpretación bastante generalizada, que indica que los procesos de activación política generalmente son promovidos por los trabajadores con más trayectoria, en este caso fueron los trabajadores jóvenes – considerados a priori por la empresa como más sumisos y dóciles por su inexperiencia laboral – quienes se transformaron en el núcleo dinámico que impulsaba la organización colectiva; los trabajadores más antiguos e históricamente sindicalizados se mostraban aplacados por las secuelas subjetivas (miedo, desmovilización) que la reestructuración privatizadora les había dejado.

Respaldadas por las pequeñas redes que se fueron conformando a partir de este trabajo político, se gestaron las primeras acciones colectivas que devinieron en los primeros conflictos abiertos post-privatización. En esta etapa que, recuperando una definición de los propios delegados, podemos nombrar como “foquismo”, el nivel de dispersión de los activistas de los distintos sectores y los delegados independientes era muy alto, y esta falta de organicidad implicó que la metodología de lucha se basara en acciones disruptivas de gran impacto, producidas fundamentalmente por el grupo acotado de los militantes más activos, que luego lograban acoplar al resto de los trabajadores. En la medida en que fueron desarrollándose exitosamente las primeras acciones reivindicativas, el cuerpo de delegados comenzó a ganar terreno en la disputa por la representatividad en desmedro de la legitimidad del sindicato oficial y fue posicionándose como un interlocutor imprescindible en las negociaciones tanto con la empresa como con las distintas dependencias del Estado.

Los recursos que la organización fue desplegando a lo largo de su crecimiento le permitieron alcanzar notorias conquistas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Entre ellas se destacan el destierro del despido como mecanismo disciplinador, el incremento sustantivo y sostenido del salario promedio, la reducción de la jornada de trabajo, la incorporación de nuevos derechos para las mujeres trabajadoras, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la reversión prácticamente total del proceso de tercerizaciones en el sector. De esta manera, la consolidación y el ascenso de la organización colectiva en el lugar de trabajo forzó una notable redistribución del poder al interior de ese espacio, que permitió desandar el modelo de relaciones laborales impuesto tras la privatización. ²³

Una vez alcanzado el momento institucional, comienza a profundizarse un proceso de “autonomización política” por parte de la organización de base, signado por un quiebre progresivo con la estructura del sindicato UTA. Este distanciamiento político, paralelo al crecimiento de la organización de base, finalmente derivó, en 2008, en la creación de un nuevo sindicato por parte de los delegados: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro. La creación y el reconocimiento estatal de esta nueva institución fue por demás trabajosa y conflictiva, reavivando fuertemente el viejo debate acerca de la conveniencia y legitimidad del modelo del unicato (representación sindical única por rama de actividad) vigente en Argentina, modelo que se ve cada vez más desafiado por el surgimiento de experiencias similares a la que retratamos, que no encuentran lugar – la mayoría de las veces son combatidas por las direcciones gremiales – en la estructura sindical tradicional.

CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo, hemos analizado el contexto histórico de emergencia y las principales características de tres experiencias de lucha claves para entender los procesos de resistencia desde los sectores populares a la ofensiva neoliberal en la década de 1990 y principios del nuevo siglo, que, en Argentina, se manifestó con particular virulencia y vertiginosidad.

El avasallamiento del trabajo supuso un grave proceso de deterioro social, pero, a su vez, dio lugar al surgimiento de expresiones de resistencia innovadoras, de gran potencia política, que nos permiten ubicarlas como contracasos testigos de las principales tesis sobre la crisis y el retroceso de las organizaciones de trabajadores en el período. Se trata de experiencias que resignificaron viejas tradiciones combativas de los sectores populares, al mismo tiempo que innovaron incorporando nuevas formas de expresión, de organización y nuevas consignas reivindicativas fuertemente contemporáneas, es decir, con una lectura política ajustada a la especificidad del contexto social en el que se desarrollaron. El surgimiento y la consolidación de estas experiencias permitió que la movilización social pudiera fijar un límite al avance del programa neoliberal, impidiendo que se profundizara aún más en sectores estratégicos de la sociedad.

Frente al grave deterioro del empleo y la degradación política del sindicalismo tradicional, el protagonismo de la protesta social estuvo a cargo de los denominados “movimientos sociales”, encabezados por las organizaciones de trabajadores desocupados, articuladas a lo largo de todo el país. Como dijimos, estas organizaciones, que mixturaron en clave territorial diferentes tradiciones de acción política e ideológica, fueron un actor fundamental para instalar el problema de la exclusión como problema estructural y, a partir de su capacidad de incidencia, obligaron a plantear estrategias de posicionamiento frente a sus demandas, tanto al Estado como a los partidos políticos. Al mismo tiempo, hacia el interior de la organización, la recuperación de la práctica política como forma de construcción permitió recomponer sentidos de existencia, encontrar nuevas herramientas para la acción y, en definitiva, constituir una nueva identidad. La relevancia política de estas experiencias quedó manifestada también en su capacidad para fundar una suerte de nueva tradición de lucha, que incorporó definitivamente una serie novedosa de ideas y recursos a las formas de resistencia de los sectores populares.

A pesar del retroceso político general a nivel sindical, junto con las acciones territoriales tuvieron lugar algunas experiencias de lucha por parte de trabajadores asalariados que desafiaron la pasividad de las cúpulas sindicales hegemónicas, mostrando la posibilidad de una construcción gremial alternativa.

Por un lado, una gran parte de los trabajadores del Estado lograron edificar, de a poco, un modelo sindical alternativo al modelo tradicional ligado a la CGT y al Partido Justicialista. En el contexto general de posicionamientos gremiales dubitativos y participacionistas, ATE y la CTA implementaron una estrategia hegemónica, de tipo frentista, para enfrentar no únicamente los problemas circunscriptos al ámbito laboral, sino fundamentalmente los problemas sociales y económicos generales a los que conducía la puesta en práctica de las ideas neoliberales. El carácter eminentemente político y no corporativo de esta decisión, definida por la articulación de demandas de trabajadores ocupados y desocupados, de vecinos, de cooperativistas, de representantes de pueblos originarios, de jubilados, etc., permitió que esta experiencia tomara un gran impulso y que, en ese momento, se posicionaran como líderes de la batalla contra el neoliberalismo en Argentina. Esta lucha tuvo lugar tanto a nivel de las prácticas sociales concretas, como en la instancia ideológico-discursiva. ATE y la CTA construirán, en esos años, tal poder simbólico, que serán llamadas por varios sectores sociales a ser las organizaciones que encabecen la salida popular a la gran crisis de 2001-2002 en Argentina. Lo que efectivamente sucedió no fue lo que entonces se imaginaba, pero las condiciones para estas elucubraciones estaban, sin duda, presentes.

Por otra parte, en el ámbito privado, destacamos el proceso de organización y construcción sindical de los empleados del Subterráneo de Buenos Aires. Esta experiencia revela el poder estratégico de los trabajadores en el lugar de trabajo y la posibilidad de su organización en contextos de fuerte arremetida contra los sectores asalariados. Este ejemplo del cuerpo de delegados del Subterráneo nos muestra que una organización tendientemente horizontal y democrática (no sin inconvenientes cotidianos) es posible, a partir de la cual se puede no solamente resistir la embestida patronal sino generar una arremetida propia para recuperar los derechos históricos perdidos. A su vez, este caso condensa varias de las principales problemáticas que aquejan al modelo sindical argentino y que, en la actualidad – en un contexto de fuerte crisis de representación del sindicalismo tradicional, y, al mismo tiempo, de recuperación del protagonismo de los asalariados en la conflictividad social –, derivan en debates insoslayables.

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• SCHIAVI, M. El control obrero de la producción durante el peronismo (1946-1955): una primera aproximación. In: SEGUNDAS JORNADAS DE HISTORIA DE LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2008.
• SCHIAVI, M; CERUSO, D. La organización obrera de base en una época en transición: las comisiones internas en los orígenes del peronismo (1936-1947). In: IX JORNADAS NACIONALES Y VI LATINOAMERICANAS “HACER LA HISTORIA”. Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, 2010.
• SENÉN GONZÁLEZ, S.; BOSOER, F. El sindicalismo en tiempos de Menem . Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 1999.
• SOMMERS, M.; GIBSON, G. Reclaiming the epistemological “other”: narrative and social constitution of identity. In: CALHOUN, C. (Org.) Social Theory and the politics of identity . Londres: Blackwell, 1994. p. 37-79.
• THWAITES REY, M. La política de privatizaciones en la Argentina: consideraciones a partir del caso Aerolíneas. Realidad Económica , Buenos Aires, n. 116, p. 46-75, 1993.
• TORRE, J. C. El proceso político interno de los sindicatos en Argentina . Buenos Aires: Instituto Di Tella, 1974.
• TORRE, J. C. Introducción: las reformas de mercado y el sindicalismo en la encrucijada. In: SENÉN GONZÁLEZ, S.; BOSOER, F. El sindicalismo en tiempos de Menem . Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 1999. p. 219-239.

• 1
  Si bien el término “piquete” remite originariamente a una herramienta de conflicto clásica del movimiento obrero, que consiste en realizar una protesta en las puertas de las fábricas para evitar la entrada de trabajadores, gerentes y mercancías, en la Argentina de los años 1990, toma una nueva significación, fundamentalmente como una traba a la circulación y como posibilidad de visibilización de conflictos sociales que, de otro modo, permanecerían invisibilizados y relegados a los espacios donde están recluidas estas poblaciones desempleadas y pobres.
• 2
  En Argentina, un Partido es una división territorial y administrativa al interior de un ámbito provincial. El Partido de La Matanza forma parte del aglomerado urbano conocido como Gran Buenos Aires, siendo el más extenso del Conurbano bonaerense y el más poblado de toda la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, este territorio fue testigo de los primeros piquetes de desocupados en la zona lindera a la Ciudad de Buenos Aires que marcaron la entrada en la escena pública de los trabajadores desocupados a nivel nacional. Las primeras manifestaciones de este heterogéneo grupo social tuvieron lugar entre 1996 y 1997 en diferentes regiones del interior del país, aunque fueron abordadas como problemáticas puntuales y locales.
• 3
  El Partido Justicialista es el continuador del Partido Peronista, fundado por el general Juan Domingo Perón en 1947. Desde entonces, ha quedado muy ligado a la clase obrera y a los sindicatos.
• 4
  La Unión Cívica Radical es un partido político fundado en 1891, de orientación socialdemócrata y centrista. Ha sido el gran rival del Partido Justicialista desde la fundación de este último.
• 5
  En el proceso hiperinflacionario de 1989, los precios al consumidor aumentaron 3.079% (comparando el índice de precios al consumidor de 1989 con el del año anterior). Esto produjo un aumento de la pobreza, que pasó de 25% a comienzos de 1989, al récord de 47,3% en octubre del mismo año.
• 6
  El “retiro voluntario” se trató de una práctica extendida en todas las empresas estatales gracias a la cual se instaba a los trabajadores a renunciar a su empleo a cambio del pago de sumas de dinero que, en algunos casos, superaba la indemnización. Consiste en un acuerdo empleado-empresario, por el cual, frente a la propuesta empresaria, un empleado recibe un monto determinado de dinero como contraprestación a su “aceptación” de ser desvinculado de la empresa.
• 7
  A su vez, hay que tener en cuenta que parte del personal de la administración nacional pasó a engrosar las administraciones provinciales y municipales debido al traspaso de, entre otros, el sector salud y educación del ámbito nacional al ámbito de las provincias. En estas últimas, se pasó de 1.159.370 trabajadores en 1991 a 1.178.623 en 1995 ( Diana Menéndez, 2007 , p. 81).
• 8
  Con este propósito, se decidió encarar el debilitamiento del sindicalismo, que era, para esta corriente de pensamiento, un factor de presión colectiva que no permitía el normal desenvolvimiento de la oferta y la demanda. El sindicato era uno de los actores principales de la sociedad argentina en el contexto del modelo nacional-distribucionista, desde la década de 1940, y parte fundamental de la estructura corporativa con la que se procesaban los conflictos sociales. En el nuevo contexto, reducir las capacidades del Estado era quitarle a las asociaciones sindicales un aliado imprescindible para continuar siendo uno de los más importantes factores de presión política ( Torre, 1999 ).
• 9
  Es significativo reparar en este punto, puesto que muchas de las opciones evaluadas como posibles por un determinado colectivo dependen de las experiencias acumuladas en términos de conquistas y también de derrotas. Detengámonos, por un momento, en otra de las salidas organizativas que han surgido en los últimos años a raíz del agravamiento de la crisis internacional: nos referimos a las empresas recuperadas por sus trabajadores. Si bien, como en el caso que nos compete, no puede dejarse de lado el problema de la desocupación ni el de la devaluación de la moneda nacional para comprender la proliferación de este tipo de experiencias, es necesario concentrar la mirada en los cambios de percepción de los trabajadores a partir de que se llevaron a cabo algunos casos exitosos en la toma de fábricas (exitosos en términos de que, por un lado, los trabajadores mantienen la fuente de trabajo; en segundo lugar, de que la organización queda en sus manos; y finalmente porque estas experiencias comienzan a ser reconocidas legalmente). En este ejemplo, como en el de las organizaciones piqueteras, existe un desplazamiento de los límites entre lo permitido y lo reprobable, y se produce, así, una ruptura en el horizonte de posibilidades ( Picchetti, 2002 ).
• 10
  A modo de hipótesis podríamos pensar que, en la misma medida en que se presentaba a los desocupados como excluidos (en términos de su capacidad de consumo), el rol político que les fue asignado estuvo relacionado con presentarlos como amenaza frente a los trabajadores con empleo, y, en este sentido, lograr acentuar el disciplinamiento de estos últimos.
• 11
  Se trata de las dos organizaciones de desocupados más importantes de la Argentina hacia fines de la década de 1990 y comienzos del 2000, por cantidad de afiliados y por capacidad de movilización.
• 12
  Decimos “supuesta” porque, en su momento, el número de afiliados mostrado llevó a la presentación de denuncias de arbitrariedad por parte de ATE y nunca se logró comprobar fehacientemente esas cifras. Para los porcentajes de representación, véase el Decreto 66/99, Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional. Homologación. Boletín Oficial: 26 de febrero de 1999.
• 13
  Estatuto de la Asociación Trabajadores del Estado de 1989.
• 14
  Los datos estadísticos fueron cedidos por el Departamento de Afiliaciones del Consejo Directivo Nacional de ATE.
• 15
  Datos indicados en Martuccelli y Svampa (1997 , p. 279).
• 16
  Fuente: Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Extraído de Senén González y Bosoer (1999 , p. 201).
• 17
  El primero es un astillero argentino ubicado en la ciudad de Ensenada. Es uno de los astilleros de mayor actividad e importancia de Latinoamérica. Fundado en 1953, ha realizado diversos trabajos en el sector naviero, industrial y ferroviario. En su época de esplendor el astillero, llegó a tener 8.000 trabajadores en doble turno. Por otro lado, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” es un organismo público descentralizado, que tiene por misión fundamental participar en las políticas científicas y técnicas vinculadas a los aspectos sanitarios del ámbito público. En este sentido, actúa como institución nacional de referencia para la prevención, control e investigación de patologías. Es un relevante centro de investigación microbiológica a nivel internacional, y en él han trabajado importantes científicos, tales como los premios Nobel Bernardo Houssay y César Milstein.
• 18
  Véanse las Memorias de ATE Nacional (1987-1997).
• 19
  Hoy en día, la Ley de Convenios Colectivos para el Empleo Público es llamada “Ley Abdala”.
• 20
  Esta noción se emplea refiriendo – y parafraseando – el concepto de orden en la producción de Jean Paul Gaudemar (1991) .
• 21
  Vale destacar que este tipo de construcción sindical se inscribe en una notable tradición histórica del movimiento obrero argentino vinculada a la presencia sindical en el propio espacio de trabajo a través de cuerpos de delegados y comisiones internas elegidas por voto directo de los afiliados en elecciones convocadas por los sindicatos en el propio lugar de trabajo. Sobre todo desde el peronismo en adelante, este tipo de representación cobra un gran impulso, tanto en términos de masividad como de densidad política, transformando a estas organizaciones de base en actores protagónicos insoslayables en la historia reciente de la clase trabajadora en Argentina. El cambio sustantivo en esta materia se producirá a partir de 1976, cuando el terrorismo de Estado tome como blanco privilegiado a estas organizaciones de base y a través del genocidio consiga su prácticamente total aniquilación. Un desarrollo analítico de esta temática puede encontrarse en James (1981 ; 2006), Doyon (1984 ; 1977), Gilly (1990) , Jelin (1975), Torre (1974), Schiavi (2008) , Schiavi y Ceruso (2010) , Basualdo (2009), Gighliani y Belkin (2010) .
• 22
  Un ejemplo fue la creación del Movimiento Nacional por las Seis Horas, impulsado por el Cuerpo de Delegados del Subterráneo y distintas organizaciones de trabajadores desocupados, para demandar la reducción de la jornada laboral promedio de 8 a 6 horas como un modo de generar puestos de trabajo en un contexto de alta desocupación, a la vez que mejorar la calidad de vida de los trabajadores ya ocupados.
• 23
  A pesar de que el activismo gremial ha denunciado públicamente en varias oportunidades irregularidades e incumplimientos contractuales por parte de la empresa concesionaria del subterráneo (grupo Roggio), la re-estatización no llegó a constituirse en una reivindicación de la organización en función de la cual plantear un programa de lucha. En el discurso de algunos de los dirigentes más reconocidos, aparece la necesidad de repensar el rol de lo público más allá del tándem Estado-privado.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  May-Aug 2015

Histórico

• Recibido
  22 Ago 2014
• Acepto
  23 Mar 2015