El combate a la corrupción como prioridad ciudadana para la acción gubernamental: el caso de Chile, 2000-2019

Combating corruption as a citizen priority for government action: the case of Chile, 2000-2019

O combate à corrupção como prioridade cidadã para a ação governamental: o caso do Chile, 2000-2019

La lutte contre la corruption comme priorité citoyenne de l'action gouvernementale: le cas du Chili, 2000-2019

Resumen

Después de una discusión teórica sobre qué explica la percepción de corrupción y la importancia que le da la gente a que el combate a la corrupción sea una prioridad para la acción gubernamental, planteamos 4 hipótesis que testeamos en Chile, una democracia con baja percepción de corrupción, pero con varios escándalos de corrupción en años recientes. Usamos 43 encuestas (N = 63.768) nacionales del Centro de Estudios Públicos (CEP) entre 2000 y 2019 para estimar modelos logísticos binarios. La probabilidad de mencionar a la corrupción por sobre otros asuntos como prioridad para la acción gubernamental es menor entre los que aprueban al presidente, mayor entre los que más consumen medios de comunicación para informarse políticamente, menor en los primeros años y mayor en los últimos años de cada gobierno, y menor en personas que consideran que la delincuencia, el empleo y otros temas sociales debieran ser prioridad para el gobierno.

corrupción; opinión pública; confianza institucional; aprobación presidencial; Chile

Abstract

After a theoretical discussion on the determinants of perception of corruption and on the importance people give to fighting corruption as a priority for government action, we postulate 4 hypotheses and we test them for the case of Chile, a democracy with low levels perception of corruption, but with several corruption scandals in recent years. We use 43 (N=63768) national polls conducted by the Center for Public Studies (CEP) between 2000 and 2019 to estimate binary logistic models. The likelihood of mentioning corruption instead of other issues as a priority for government action is lower among people who approve of the president’s performance, higher in those who use more media to get their political information, lower in the first year and higher in the last year of every administration, and lower among those who think crime, employment and other social issues should be a priority for government action.

corruption; public opinion; trust in institutions; presidential approval; Chile

Resumo

Após uma discussão teórica sobre o que explica a percepção de corrupção e a importância que as pessoas atribuem ao combate da corrupção como uma prioridade para a ação governamental, propusemos 4 hipóteses que testamos no Chile, uma democracia com baixa percepção de corrupção, mas com vários escândalos de corrupção nos últimos anos. Usamos 43 pesquisas nacionais (N = 63.768) do Centro de Estudos Públicos (CEP) entre 2000 e 2019 para estimar modelos logísticos binários. A probabilidade de citar a corrupção em detrimento de outras questões como prioridade para a ação governamental é menor entre os que aprovam o presidente, maior entre aqueles que mais consomem mídia para informação política, menor nos primeiros anos e maior nos últimos anos de cada governo, e menor entre as pessoas que consideram que o crime, o emprego e outras questões sociais devem ser uma prioridade para o governo.

corrupção; opinião pública; confiança institucional; aprovação presidencial; Chile

Résumé

Après une discussion théorique sur les déterminants de la perception de la corruption et sur l'importance que les citoyens accordent à la lutte contre la corruption comme priorité de l'action gouvernementale, nous postulons 4 hypothèses et nous les testons pour le cas du Chili, une démocratie à faible niveau de perception de la corruption, mais avec plusieurs scandales de corruption ces dernières années. Nous utilisons 43 (N=63768) sondages nationaux menés par le Center for Public Studies (CEP) entre 2000 et 2019 pour estimer des modèles logistiques binaires. La probabilité de mentionner la corruption au lieu d'autres questions comme une priorité pour l'action du gouvernement est plus faible chez les personnes qui approuvent la performance du président, plus élevée chez ceux qui utilisent davantage les médias pour obtenir leurs informations politiques, plus faible la première année et plus élevée la dernière année de chaque administration, et inférieur parmi ceux qui pensent que la criminalité, l'emploi et d'autres questions sociales devraient être une priorité pour l'action gouvernementale.

la corruption; opinion publique; confiance dans les institutions; approbation présidentielle; Chili

Introducción

Una de las formas más comunes de medir los niveles de corrupción es la percepción de corrupción, que refleja los sentimientos de la ciudadanía sobre qué tan extendido está este fenómeno. Pero en países donde hay bajos niveles de percepción de corrupción, hay poca varianza y resulta difícil estimar los determinantes de dicha percepción. Además, como las encuestas a menudo preguntan sobre percepción de corrupción –y no ponen a la corrupción en una lista de prioridades a las que el gobierno debiera abocarse–, no sabemos si la gente da más importancia al combate a la corrupción o a otras prioridades, como el empleo, la inflación o la seguridad ciudadana. De ahí que optamos por usar un indicador alternativo que evalúa qué tan importante es para la gente que el gobierno haga del combate a la corrupción una prioridad.

Si bien es uno de los dos países de América Latina con menores niveles de corrupción, de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés), Chile ha bajado su puntaje en el CPI desde 2014. El CPI utiliza encuestas de expertos para asignar un puntaje (100, sin corrupción, 0 completamente corrupto). En 2019, con 67 puntos, Chile ocupó el puesto 26 entre 180 países y fue el segundo menos corrupto a nivel regional. En 2014, con un ranking de 73 puntos, Chile había ocupado el puesto 21 y empató con Uruguay como el país menos corrupto de América Latina. A pesar de su buena posición en el CPI, el Barómetro Global de la Corrupción ( Hardoon y Finn, 2013 ) advirtió, en el último año que se realizó en Chile, que un 76% de los chilenos percibe a los partidos políticos como altamente corruptos. El Congreso Nacional (68%), el Poder Judicial (67%) y los funcionarios públicos (58%) también son percibidos con niveles altos de corrupción.

De ahí que, aunque en general Chile aparece bien posicionado en los índices internacionales, también hay evidencia de que la gente percibe corrupción en el país. Por eso, aquí estudiamos qué tan importante es para la gente que el combate a la corrupción sea una prioridad para la acción gubernamental. En 2007, menos de un 10% de los chilenos mencionaba a la corrupción como una de las tres prioridades a las que se debería abocar el gobierno. En mayo de 2017, en medio de varios escándalos de corrupción, esta cifra llegó a un 32%, pero todavía detrás de otras prioridades, como la delincuencia, educación o salud. Con todo, desde abril de 2015, la corrupción ha estado entre las 5 prioridades más importantes para la acción gubernamental en las encuestas realizadas en Chile. Aunque, en general, Chile es percibido como un país con bajos niveles de corrupción, en las encuestas que permiten comparar la importancia que da la gente al combate a la corrupción respecto a otras prioridades para la acción gubernamental, la gente da una importancia creciente al combate a la corrupción.

En lo que sigue, primero discutimos los múltiples significados de corrupción y luego la teoría sobre los determinantes de la percepción de corrupción y, a partir de ella, articulamos un argumento metodológico para usar un indicador que permite comparar qué tan importante es para la gente que el gobierno se aboque a combatir la corrupción respecto a otras prioridades. A partir de eso, elaboramos 4 hipótesis. Después de justificar el uso de Chile como caso de estudio, presentamos los datos y procedemos a evaluar las hipótesis. Reportamos que es menos probable que las personas que se identifican con el gobierno mencionen el combate a la corrupción como una prioridad para la acción gubernamental, que esa probabilidad es mayor en personas que consumen más medios de comunicación para adquirir información política, es menor en personas que dan más importancia a la delincuencia, el empleo y los temas económicos, y es menor en los primeros años de gobierno y mayor en los últimos años de cada gobierno.

Los múltiples significados de corrupción

La corrupción es entendida como el abuso de poder para beneficio privado ( Transparencia Internacional, 2015 ). Para Kaufmann (2015) , la corrupción se refiere a un negocio entre dos partes, en la que una ofrece un pago a cambio de un beneficio superior y la otra acepta la realización del servicio. Soriano (2011) la define como el quebrantamiento de las normas por parte de funcionarios públicos para la obtención de beneficios personales o grupales, e identifica al soborno y la extorsión como unidades básicas de estas prácticas. Rose-Ackerman (2001) la entiende como un síntoma de la mala gestión del Estado, en donde las instituciones se utilizan para el enriquecimiento personal. Mientras que, para Della Porta y Vannucci (1997) , es un fenómeno que puede atacar dos principios fundamentales de la democracia, la igualdad de los ciudadanos por sobre las instituciones y la apertura de la toma de decisiones.

De acuerdo a Transparencia Internacional (2015) , la corrupción se agrupa en tres tipos – grande, pequeña y política. La grande consiste en actos cometidos por líderes en altos niveles de gobierno para beneficiarse a expensas de los bienes públicos y distorsiona las políticas y el funcionamiento del Estado. La pequeña se refiere al abuso cotidiano de funcionarios públicos –de niveles medios y bajos– que pretenden beneficiarse de las interacciones con ciudadanos que buscan acceder a bienes y servicios básicos. La corrupción política, por su parte, corresponde a la manipulación de políticas, instituciones y reglas de parte de los decision makers para beneficiarse en la asignación de recursos y mantener su poder, status y bienestar. Para Gambetta (2002) , la corrupción “refiere a la degradación de los agentes en el sentido ético, su falta de integridad moral o incluso su depravación” (p. 34). Varraich (2014) explica que la corrupción es un umbrella concept que se compone de diversas prácticas de connotación negativa, entre las que destacan el clientelismo, patronazgo, patrimonialismo y state capture . Si bien Varraich (2014) incluye dentro del concepto de corrupción las prácticas clientelares y de patronazgo, la corrupción es una práctica ilegal penalizada por la ley, mientras que el clientelismo y patronazgo no lo son. En contextos de instituciones débiles y bajos niveles de confianza institucional, la corrupción se convierte en un mecanismo de refuerzo del clientelismo político ( Maíz, 2003 ). Filgueiras (2008) subraya la falta de consenso sobre el significado del concepto corrupción, tanto teórica como empíricamente.

Seligson (2006) advierte que la corrupción es un fenómeno complejo de medir, pues es difícil saber la cantidad de sobornos que reciben los funcionarios públicos. Los primeros esfuerzos para medir el nivel de corrupción se basaron en contar la cantidad de condenas por corrupción en un país. La principal dificultad de este método fue la gran cantidad de datos espurios. Con el fin de superar los problemas de medición, nacieron dos grandes enfoques –la percepción y la victimización– que pueden utilizar tanto datos nacionales en serie de tiempo como encuestas ( Morales, 2009 ).

La percepción de corrupción es concebida como un fenómeno cultural que depende del entendimiento social de las reglas (Melgar, Rossi y Smith, 2010). Blanchard et al. (2005) , al estudiar el fenómeno como modelo matemático –similar al de una epidemia– dan cuenta de que personas con estándares más altos de transparencia, podrían “infectarse” por la corrupción si se rodean mayoritariamente de gente corrupta. Los grados de legitimidad y confianza en las instituciones democráticas de los países influirán también en diferencias en esos niveles de percepción entre distintos países ( Rennó et al., 2011 ; Moisés, 2010 ).

Mientras la percepción de corrupción se refiere a la cantidad de corrupción que las personas creen que existe en su país ( Morris, 2008 ) y se centra en la gran corrupción política y consta de actos ilícitos altamente difundidos por los medios de comunicación ( Morales, 2009 ; Seligson, 2006 ), la victimización se refiere a la micro-corrupción y contempla actos ilícitos donde el encuestado fue un actor pasivo que recibió presiones por parte de agentes públicos ( Morales, 2009 ). Pero Julnes y Villoria (2014) indican que la percepción de corrupción depende de cómo las personas entiendan la corrupción, ejemplificando que quienes creen que la corrupción es un fenómeno que se produce sólo en los altos grados de la política percibirán solo la gran corrupción. A su vez, aquellos que tengan una definición más amplia y presenten interés en las transgresiones que se realizan en sectores medios del sistema también podrán percibir a los actores administrativos como corruptos. Así, conceptualmente, los dos métodos, percepción y victimización, “claramente no son lo mismo: uno se centra en el comportamiento, o al menos la observación directa, mientras que el otro se enfoca en las creencias generales acerca de la naturaleza del sistema y el comportamiento de otros” ( Morris, 2008 , p. 391).

Peor aún, ambos métodos tienen una serie de limitantes para estudiar la corrupción. A pesar de que la victimización es la más adecuada para identificar las implicancias de la corrupción pequeña, ésta deja de lado la importancia de la corrupción en los altos niveles de la política. Al considerar sólo a quienes declaran haber vivido en primera persona algún tipo de soborno, se sesga la muestra y no es posible determinar si los involucrados actuaron voluntariamente en el traspaso de beneficios ( Canache y Allison, 2005 ; Seligson, 2006 ). Por su parte, los estudios que utilizan la percepción de corrupción incurren en la subjetividad de los entrevistados ( Canache y Allison, 2005 ). Si bien las prácticas corruptas en un país pueden ser bajas, los sujetos pueden percibir –gracias a una multiplicad de factores– altos niveles de corrupción ( Seligson, 2006 ).

Por eso, aquí proponemos una forma alternativa de medir la corrupción – que, de hecho, busca complementar las fortalezas de los dos métodos ya discutidos. Sugerimos evaluar el combate a la corrupción en competencia con otras prioridades para la acción del gobierno. De esta forma, podemos identificar mejor qué tan importante es para la gente combatir la corrupción, más allá de cuánta corrupción perciben o de si fueron víctimas de actos de corrupción. Por eso, formalmente no estamos midiendo percepción de corrupción sino estamos evaluando qué tan importante es para la gente que el gobierno se aboque a combatir la corrupción respecto a otras prioridades de la acción gubernamental, como la salud o la educación.

Determinantes de la percepción de corrupción

La percepción de corrupción está determinada por factores de corto y largo plazo. Pueden ser económicos, culturales, sociodemográficos e institucionales. Los económicos pueden tener una relación endógena con la corrupción. Treisman (2000) explica que, a mayor desarrollo humano y producto interno bruto (PIB), menor será la corrupción. Pero esta interpretación también se puede realizar de forma inversa y observar que, a mayor corrupción, menor será el crecimiento económico ( Treisman, 2000 ). Montinola y Jackman (2003) identifican características económicas de corte estructural que también inciden sobre la corrupción – y sobre la percepción de corrupción. Por ejemplo, países productores y exportadores de petróleo presentan un nivel más alto de corrupción.

Un segundo enfoque corresponde al cultural y sociodemográfico. Naciones protestantes o de tradición legalista británica son percibidas –por su propia población y por otros– como menos corruptas que las católicas ( Treisman, 2000 ). Distintas sociedades reconocen y evalúan la corrupción de forma diferente (Melgar, Rossi y Smith, 2010). De hecho, Gambetta (2002) explica que, “dado que la noción de qué es legítimo o legal varía de país en país y de tiempo en tiempo, la definición de corrupción es argumentada como si fuera una inferencia obvia, que debe variar acorde y no debe entenderse como una sola” (p. 34).

Dollar, Fisman y Gatti (2001) argumentan que las mujeres piensan en el bien común en mayor medida que los hombres, por lo que deberían ser más proclives a percibir corrupción. Canache y Allison (2005) sostienen que tanto mujeres como personas mayores tienden a percibir mayor corrupción. Estos resultados serían similares para el caso chileno ( Cantillana y Morales, 2008 ). La corrupción es menor cuando mujeres ocupan puestos políticos ( Swamy et al., 2001 ). Al menos un quinto más de hombres en comparación a mujeres considera que el soborno siempre es justificable ( Swamy et al., 2001 ). De hecho, las mujeres están menos dispuestas a justificar un soborno ( Torgler y Valev, 2006 ). Por otro lado, no hay acuerdo respecto al efecto de la edad sobre la percepción de corrupción, en tanto algunos plantean que los más jóvenes perciben más corrupción ( Julnes y Villoria, 2014 ) y otros plantean lo opuesto ( Canache y Allison, 2005 ).

Otro factor que importa son los institucionales. Anderson y Tverdova (2003) explican que la relación entre corrupción y la forma en que se percibe el funcionamiento político-institucional tiene como filtro la identificación política de los individuos. En países con mayor nivel de corrupción, mayor será la evaluación negativa hacia el sistema político. Sin embargo, ésta se verá atenuada en aquellas personas que se identifican políticamente y tienen mayor valoración por el funcionamiento de las instituciones. La percepción de corrupción impacta sobre la satisfacción con el régimen democrático, lo que a su vez daña su legitimidad. Pero, la percepción no es causa suficiente para la preferencia por otro sistema político ( Morales, 2009 ). Por otra parte, Sandholtz y Koetzle (2000) explican que el nivel de corrupción dependerá de la transparencia y efectividad institucional. Países con mayor libertad democrática y probidad presentarán menor corrupción. Tavitz (2007) argumenta que la corrupción política depende de la efectividad del proceso democrático y de la capacidad de los electores para monitorear a los candidatos, y su respectiva accountability al momento de la elección.

La identificación política también afecta la percepción de corrupción. Anderson y Tverdova (2003) proponen que la identificación política del electorado neutraliza el impacto de la percepción de corrupción, en tanto la gente percibe menos corrupción en gobiernos a los que son ideológicamente afines. En un estudio comparado entre México, Costa Rica y Chile, Davis, Camp y Coleman (2004) señalan que los simpatizantes de partidos de derecha son más propensos a percibir corrupción si la coalición centroizquierdista está en el poder. Aquellos que se sienten ideológicamente más cercanos al gobierno perciben que la corrupción ha disminuido ( Cantillana y Morales, 2008 ). De ahí que nosotros también consideremos que, mientras menor sea la aprobación al desempeño del gobierno –y en particular del presidente– mayor será la probabilidad de que algunas personas consideren el combate a la corrupción como una prioridad más importante para la acción gubernamental que otros asuntos.

Otro elemento que afecta la percepción de corrupción –y por extensión, la importancia que le dan a combatir la corrupción como prioridad para la acción gubernamental– son los medios de comunicación. Éstos tienen una fuerte incidencia en la exposición de los casos de corrupción, pues cumplen una función de “perro guardián”, investigando y exhibiendo las acciones de los políticos ( Iyengar y McGrady, 2007 ). El monitoreo realizado por los medios de comunicación limita tanto las actividades como los incentivos de la corrupción ( Anderson y Tverdova, 2003 ). Los escándalos políticos, que corresponden a la exposición que realizan los medios de comunicación sobre algún tipo de actividad oculta –muchas veces ilícita– que viola valores y normas, genera una reacción de reparo y amonestación por parte de la opinión pública ( Thompson, 2003 ). Los escándalos afectan directamente la percepción de corrupción que tienen las personas. Los medios de comunicación tienen gran relevancia al analizar el escándalo político per se , pues “la política de los escándalos es el arma elegida para luchar y competir en la política informacional” ( Castells, 2003 , p. 371). Para el caso de Chile, Cantillana y Morales (2008) observan que, a mayor frecuencia en el consumo de medios en temas políticos, mayor es la percepción de corrupción, incluso más allá de la agenda o línea editorial del medio. Por esta razón, aquí también utilizamos el consumo de medios como una variable que impacta en percepción de corrupción y, por extensión, en la importancia que da la gente al combate a la corrupción como prioridad para la acción gubernamental.

Diversos estudios sobre el ciclo electoral de los gobiernos democráticos apuntan al efecto del primer año de gobierno sobre el éxito de la agenda y prioridades de cada administración. Los gobiernos son más populares en su primer año, en tanto se benefician de la cercanía del mandato obtenido en las urnas ( Rivers y Rose, 1985 ). A su vez, los gobiernos tienen niveles más bajos de popularidad hacia el fin de sus periodos (Carlin, Love, Martínez-Gallardo, 2015). Luego, cuando la gente menciona el combate a la corrupción como una prioridad para la acción gubernamental, pudiera estar realizando una velada crítica al gobierno de turno, por lo que debiésemos esperar que esa percepción también varíe junto al ciclo electoral. En los primeros años de gobierno, la prioridad que da la gente al combate a la corrupción debiese ser menor y, a su vez, debiese ser mayor en el último año de gobierno. Por cierto, esta generalización no aplicaría al caso de gobiernos que llegan al poder con una campaña donde el combate a la corrupción es una promesa central. En ese caso, el efecto del ciclo electoral no debiese ser el mismo. Pero como en Chile ninguno de los gobiernos en el periodo centró su campaña electoral en el combate a la corrupción, para este caso de estudio, esperamos que el combate a la corrupción sea una cuestión más prioritaria para la gente hacia fines del periodo presidencial que en el primer año de gobierno.

Finalmente, la prioridad que da la gente al combate a la corrupción entra en competencia con otras prioridades de la gente para la acción gubernamental. Morlino (2010) da cuenta de que la legitimidad sobre las instituciones democráticas está ligada a la existencia de derechos y al proceso de toma de decisiones. Por lo mismo, existen procesos de deslegitimación hacia actitudes negativas de ciertas instituciones cuando la ciudadanía cree que no están trabajando bien, o en absoluto. Por ello, “la sociedad civil y organismos intermediarios en la presencia de partidos débiles, esparcen confianza social, siendo vitales para explicar al menos una faceta de responsabilidad: la percepción de necesidades” ( Morlino, 2010 , p. 216).

Este énfasis en el desempeño del gobierno como variable explicativa de la legitimidad entiende al combate a la corrupción como parte de un set de políticas públicas cuyo diseño e implementación son normalmente prioridades de acción de los gobiernos. Para Della Porta y Vannucci (1997) , las demandas sociales son de suma importancia para el accountability y legitimación del régimen y sistema político. En efecto, las demandas ciudadanas deben darse mediante el filtro político. Citando a Pizzorno (1992) , los autores explican que,

para identificar e interpretar las necesidades y deseos ciudadanos, se deben seleccionar y generalizar aquellos que pueden ser expresados en términos políticos, además de proponer, justificar y criticar políticas y medidas para alcanzar dichos fines, o cuando sea necesario, explicar por qué no pueden ser satisfechas ( Della Porta y Vannucci, 1997 , p. 517).

Tomando en cuenta lo anterior, parece razonable suponer que, al identificar prioridades para la acción gubernamental, los ciudadanos escogen entre distintos tipos de políticas públicas, como la educación, la delincuencia o incluso el combate a la corrupción. En sociedades que atraviesan por crisis económicas, resulta comprensible que las personas prioricen el empleo o los sueldos por sobre preocupaciones post-materiales como la educación o el medioambiente ( Inglehart y Baker, 2000 ). A su vez, en democracias emergentes, las preocupaciones por ampliar oportunidades y red de protección social –como acceso a la educación o la salud – pudieran anteponerse a la corrupción entre las prioridades para la acción gubernamental. Por eso, aquí evaluamos la priorización del combate a la corrupción en competencia con otras prioridades de la ciudadanía para la acción gubernamental. Considerando que Chile es una democracia con niveles relativamente altos de desarrollo para el estándar de América Latina, pero con altos indicadores de desigualdad, sugerimos que la preocupación que pudieran tener las personas por prioridades más inmediatas relacionadas al empleo, la delincuencia y otros asuntos sociales como la educación y la salud van a estar negativamente correlacionadas con la importancia que da la gente al combate a la corrupción como prioridad para la acción gubernamental.

A partir de la discusión anterior, formalmente postulamos 4 hipótesis:

• H1: La probabilidad de mencionar la corrupción como prioridad para la acción gubernamental es menor en personas que aprueban el desempeño del presidente.

• H2: La probabilidad de mencionar la corrupción como prioridad para la acción gubernamental es mayor en personas que consumen más medios de comunicación.

• H3: La probabilidad de mencionar la corrupción como prioridad para la acción gubernamental es menor en el primer año y mayor en el último año de cada gobierno.

• H4: La probabilidad de mencionar la corrupción como prioridad para la acción gubernamental es menor en personas que consideran que la delincuencia, el empleo y otros temas sociales debieran ser prioridad.

Metodología

Utilizamos la serie de encuestas del Centro de Estudios Públicos (CEP)³ , la de mayor reputación que se realiza en Chile al menos dos veces al año. Las encuestas CEP incluyen indicadores para todas las variables del estudio. El universo utilizado para las muestras aleatorias de la CEP corresponde a una población de mayores de 18 años, en zonas rurales y urbanas. Su muestra es probabilística y de aproximadamente 1.500 personas para cada encuesta.

Si bien la encuesta se realiza desde antes del retorno de la democracia, nuestro estudio abarca desde 2000, por tres razones. Primero, como lo explicamos más abajo, la pregunta que utilizamos para medir qué tan prioritario considera la gente que debiera ser el combate a la corrupción como política del gobierno hace difícil la comparación con encuestas más antiguas, porque la lista de prioridad para la acción gubernamental que incluía la encuesta era mucho más corta. Segundo, en los primeros años de democracia, la amenaza de una regresión autoritaria y la presencia de enclaves autoritarios convertían a la consolidación democrática en la gran preocupación política del país, haciendo que los temas como la corrupción pasaran a segundo plano. Tercero, tal vez por la misma razón, la cobertura mediática de los casos de corrupción –que por cierto los hubo– fue sustancialmente menor y por lo tanto la importancia que daba la gente a que el combate a la corrupción fuera una prioridad en la acción gubernamental pudiera haber sido afectada por la menor cobertura mediática que recibían los casos.

Nuestra variable dependiente es la probabilidad de mencionar la corrupción como prioridad para la acción gubernamental. Ya que la corrupción se ha convertido en un problema de política pública solo en años recientes, las encuestas CEP no incluyen una pregunta sistemáticamente sobre percepción de corrupción. Por eso, usamos una pregunta de la encuesta CEP que ha sido incluida desde 1990. La pregunta es “¿cuál es el problema principal al que debería dedicar mayor esfuerzo el gobierno en solucionar?”. Los encuestados deben mencionar tres prioridades. Las opciones varían entre un mínimo de 15 y un máximo de 16 alternativas en una lista cerrada. Una de esas alternativas es corrupción.

Ya que la pregunta indaga sobre las tres prioridades a las que el gobierno debiera abocarse, es razonable suponer que las distintas prioridades entran en competencia entre sí. Esto tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja principal es que la gente que menciona corrupción como una prioridad, tácitamente está dándole una importancia mayor a la corrupción que a otros temas, como la educación, salud o delincuencia. Luego, las menciones a corrupción aquí representan una intensidad superior a la que podría existir cuando a una persona le preguntan si percibe que hay corrupción en el país o si percibe que la corrupción ha aumentado respecto a años anteriores. La desventaja de medir corrupción en un indicador que la hace competir con otras prioridades es que las menciones a corrupción pudieran estar influidas por otras dinámicas asociadas a la economía o la delincuencia. Si la situación económica es mala, parecería razonable suponer que más gente mencionará temas asociados al empleo o a los salarios que cuando la situación económica es buena. Luego, la importancia que da la gente a combatir la corrupción pudiera estar condicionada a otros asuntos. Cuando el país pasa por un buen momento económico y hay bajos niveles de delincuencia, el porcentaje de personas que mencionan la corrupción pudiera aumentar simplemente porque otros problemas están menos presentes entre sus prioridades. Por eso, aquí incluimos como variables de control la preocupación por la delincuencia, la salud, la educación, el empleo y los salarios (sueldos, como se les llama en Chile). De esta forma, podemos tanto minimizar las desventajas de usar un indicador que fuerza a la competencia entre distintas prioridades para la acción del gobierno como tomar ventaja de esta pregunta que fuerza a la gente a definir qué tan prioritario le resulta el combate a la corrupción. Creamos una variable en que 1 para las personas que mencionan a la corrupción como una de sus tres prioridades y 0 para quienes no lo hacen.

La Tabla 1 muestra todas las encuestas que utilizamos con información básica sobre cuándo se realizaron, el número de encuestados y el porcentaje de personas que menciona la corrupción como una de las prioridades para la acción gubernamental.

Tabla 1
: Cuadro comparativo de las encuestas CEP utilizadas en el estudio, Chile, 2000-2019

# Encuesta CEP	Fecha	# casos	% que menciona corrupción como prioridad para la acción de gobierno	# prioridades para la acción gubernamental que incluye la encuesta
39	2000: Marzo – Abril	1503	5	15
40	2000: Noviembre – Diciembre	1503	8	15
41	2001: Junio	1502	7	15
42	2001: Diciembre – 2002: Enero	1501	8	15
43	2002: Julio	1504	11	15
44	2002: Diciembre	1505	13	15
45	2003: Junio – Julio	1503	11	15
46	2003: Diciembre	1505	16	15
47	2004: Junio – Julio	1504	14	15
48	2004: Diciembre	1503	12	15
49	2005: Junio – Julio	1505	11	15
50	2005: Agosto – Septiembre	1505	11	15
51	2005: Octubre – Noviembre	1505	11	15
52	2006: Junio – Julio	1505	8	15
54	2006: Diciembre	1505	15	15
55	2007: Junio	1505	11	15
56	2007: Noviembre – Diciembre	1505	9	15
57	2008: Junio	1505	11	15
58	2008: Noviembre – Diciembre	1505	14	15
59	2009: Mayo – Junio	1505	11	15
60	2009: Agosto	1505	15	15
61	2009: Octubre	1505	13	15
62	2010: Junio – Julio	1495	11	15
63	2010: Noviembre – Diciembre	1436	15	15
64	2011: Junio – Julio	1554	10	15
65	2011: Noviembre – Diciembre	1559	10	15
66	2012: Abril	1564	8	15
67	2012: Julio – Agosto	1512	10	15
68	2012: Noviembre – Diciembre	1484	12	15
69	2013: Julio – Agosto	1471	8	15
70	2013: Septiembre – Octubre	1437	12	16
71	2014: Julio	1442	9	17
72	2014: Noviembre	1432	9	17
73	2015: Abril	1434	28	16
74	2015: Agosto	1420	25	16
75	2015: Noviembre	1449	24	16
77	2016: Julio – Agosto	1416	36	16
78	2016: Noviembre–Diciembre	1464	25	16
79	2017: Abril – Mayo	1481	32	16
80	2017: Julio – Agosto	1419	22	16
81	2017: Septiembre – Octubre	1424	20	16
82	2018: Octubre – Noviembre	1402	19	16
83	2019: Junio	1380	23	16
Total	43 encuestas	58143	---	---

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta CEP (2000-2019).

La variable independiente para la primera hipótesis es la aprobación presidencial. Para ello, utilizamos la pregunta ¿Usted aprueba la forma en que el/la presidente/a está conduciendo su gobierno?”. Recodificamos las respuestas de tal forma que 1 es aprueba, 0 no aprueba ni desaprueba y -1 desaprueba. Esta pregunta aparece en 42 de las 43 encuestas (en marzo-abril de 2000, la encuesta indaga por el presidente que acaba de dejar el poder, Eduardo Frei, no por el que recién asumía, Ricardo Lagos).

Nuestra variable de interés para la hipótesis 2 es el consumo de medios de comunicación. La pregunta utilizada para medir esta variable es “para cada actividad que le nombraré, por favor dígame si usted la realiza frecuentemente, a veces o nunca”. Usamos dos indicadores, “mira programas políticos en televisión” y “lee noticias sobre política”. Excluimos a los que no responden y, para los que responden, promediamos la frecuencia en el consumo de ambas respuestas. Dado que esta pregunta no se presenta en todas las encuestas, incluimos modelos con y sin esta pregunta.

Nuestra variable de interés para la hipótesis 3 es el ciclo electoral. Para ello, identificamos las encuestas que se realizaron en el primer año de gobierno de los 5 gobiernos cubiertos en el periodo (2000, 2006, 2010, 2014 y 2018) y en último año de cada gobierno (2005, 2009, 2013, 2017). En ambos casos creamos variables dummy para identificar dichos años.

Nuestra variable independiente de interés para la hipótesis 4 son los temas alternativos que la gente pudiera mencionar como prioridades de gobierno. Como los temas que más se mencionan en el periodo son educación, salud, empleo, delincuencia y sueldos, usamos el porcentaje de menciones a esos temas como variables explicativas de la mención de corrupción como una prioridad para la acción gubernamental. Ya que a las personas se les pide indicar 3 prioridades, la suma total de menciones llega a un 300%. Naturalmente, debe haber una correlación negativa entre la mención de corrupción y la mención de otras prioridades. Pero como muestra la Tabla 2 , la magnitud de estas correlaciones varía dependiendo de las prioridades. Así, la corrupción aparece con mayor correlación negativa con la salud, el empleo y los sueldos, mientras que la correlación –aunque siempre negativa– es menor con la delincuencia. Esto es, las personas que mencionan a la corrupción como una de las 3 prioridades para la acción gubernamental tienen más probabilidades de mencionar también la delincuencia que de mencionar los sueldos o el empleo.

Tabla 2
: Correlaciones de selección de prioridades a las que debe abocarse el gobierno, Chile, 2000-2019

	Corrupción	Delincuencia	Salud	Educación	Empleo	Sueldos
Corrupción	1	-.011** 0.005	-.165** 0.000	-.084** 0.000	-.123** 0.000	-.125** 0.000
Delincuencia		1	-.191** 0.000	-.169** 0.000	-.143** 0.000	-.171** 0.000
Salud			1	.015** 0.000	-.108** 0.000	-.062** 0.000
Educación				1	-.128** 0.000	-.151** 0.000
Empleo					1	-.075** 0.000
Sueldos						1

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta CEP (2000-2019).
• N = 63.768. ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Usamos como variables de control la identificación ideológica, edad, género, ruralidad y nivel de escolaridad. Para identificación ideológica, usamos la pregunta “¿Con qué posición política usted se identifica o simpatiza más?”. Hay 7 opciones de respuesta: izquierda, centroizquierda, centro, centroderecha, derecha, independientes y ninguno. Siguiendo la forma en que tradicionalmente se codifica la identificación ideológica en Chile, agrupamos las respuestas de derecha y centroderecha en derecha, y las de izquierda y centroizquierda en izquierda, de tal forma de crear cuatro variables dummy: derecha, centro, izquierda e independiente/ninguno. Excluimos a los que responden no sabe/no contesta. La variable edad es de categoría continua. En género, 1 es mujer y 0 es hombre. Identificamos ruralidad con la variable zona, donde 1 corresponde a rural y 0 a urbano. Finalmente, el nivel de escolaridad es de categoría continua, medido por los años de escolaridad de cada persona.

La Tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos de nuestras variables dependiente e independientes. La media de la variable priorización del combate a la corrupción es de 0,13 y su desviación estándar es 0,34.

Tabla 3
: Estadísticos descriptivos de variables relevantes, encuestas CEP, 2000-2019

Variables	# encuestas	N	Mín.	Máx.	Media	Desviación Estándar
Prioridad Corrupción	43	63768	0	1	0,13	0,34
Aprobación Presidencial	41	56637	-1	1	0,46	0,90
Consumo Medios de Comunicación	32	47536	1	3	1,61	0,62
Prioridad Delincuencia	43	63768	0	1	0,48	0,49
Prioridad Salud	43	63768	0	1	0,40	0,49
Prioridad Educación	43	63768	0	1	0,32	0,46
Prioridad Empleos	43	63768	0	1	0,32	0,46
Prioridad Sueldos	43	63768	0	1	0,28	0,45
Identificación Política	43	63768	1	4	3,01	1,15
Dummy luna de miel	43	63768	0	1	0,20	0,40
Dummy último año	43	63768	0	1	0,25	0,43
Edad	43	62357	18	99	46,51	17,73
Género	43	63768	0	1	0,58	0,49
Zona	43	62595	0	1	0,14	0,35
Escolaridad	43	63267	0	21	10,22	4,59

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta CEP (2000-2019).

El caso de Chile

Si bien Chile aparece relativamente bien posicionado en los rankings internacionales de corrupción, en años recientes una serie de escándalos de corrupción han sido ampliamente cubiertos por la prensa y, al haber dominado el debate político en distintos momentos, presumiblemente pudieran haber impactado en los niveles de percepción de corrupción y en la importancia que da la gente al combate a la corrupción como una prioridad para la acción gubernamental.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile (2009) recopiló información sobre escándalos de corrupción durante el periodo 2000-2009. Para el gobierno de Lagos (2000-2006) identificó 15 escándalos de corrupción. De ellos, 4 estuvieron ligados a municipios, el de San Fernando, en 2002, Iquique y Pitrufquén en 2003 y Coquimbo en 2005. Cinco se vincularon a las Fuerzas Armadas – caso Mirage en 2003, caso Riggs en 2004, y los casos Tanques Leopard, Venta de Armas a Croacia y Venta de Armas a Ecuador en 2005. Tres estuvieron relacionados al sistema legislativo e instituciones del Estado – caso Coimas en 2002 y los casos Banco Central-Inverlink y Corfo-Inverlink de 2003. Uno involucró a empresas del Estado – caso Indemnizaciones de 2000. Otro involucró tanto al poder legislativo como a municipalidades (Caso Programa de Generación de Empleos en 2005) y uno a ministerios (MOP-Gate en 2003). Este último tuvo alta repercusión e impactó en la agenda de transparencia y medidas anticorrupción de años posteriores.

El efecto de los escándalos políticos que estallaron en el gobierno de Lagos llevó a un acuerdo para una reforma de modernización del Estado entre el oficialismo y la oposición que fijó nuevas prácticas de transparencia, tanto en el nombramiento de altos funcionarios como en la gestión financiera del sector público y en las campañas electorales. Adicionalmente las reformas buscaron regular el lobby y una mayor y mejor entrega de información estatal a los ciudadanos ( Rehren, 2008 ). Las consecuencias de este acuerdo fueron la ley 19.884 (Sobre la transparencia, limite y control del gasto electoral) que regula el financiamiento electoral de partidos políticos y candidatos, y la ley 19.886 (Sobre bases de contratos administrativos y prestación de servicios), que determina la regulación de los contratos del Estado.

Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile (2009) identificó 16 escándalos de corrupción. En 2006, se dieron a conocer 6 casos (Chiledeportes, Municipalidad de Camarones, Municipalidad María Elena, Publicam, Publicam-Servel y el Caso Revistas). En 2007, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile identificó solo dos casos (Empresas de Ferrocarriles del Estado –EFE– y el caso de la Municipalidad de Quinta Normal). En 2008, salieron a la luz ocho casos (caso Cancillería, caso Frambuesa, GMA-Huechuraba, Recoleta, Viña del Mar; Municipalidad de Algarrobo, Red de Corrupción, Registro Civil-TATA, Sobresueldos en Municipalidad de Viña del Mar y el caso de Subvenciones Escolares).

Durante el primer mandato de Bachelet (2006-2010), se promulgaron cuatro leyes anticorrupción. En 2006, se dictó la ley 20.088, que exige la declaración jurada de patrimonios de los funcionarios públicos. En 2007, se publicó la ley 20.205, con la que se busca proteger a los funcionarios que denuncien faltas a la probidad. En 2008, se promulgó la ley 20.285, que regula el principio de transparencia y el derecho al acceso ciudadano a la información. Finalmente, en 2010, se realizó una reforma constitucional mediante la ley 20.414 para la transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, que obliga a una declaración de intereses de candidatos a cargos públicos y el traspaso de estos a terceros para evitar conflictos de interés.

Debido a que el Centro de Derechos Humanos dejó de recopilar este tipo de datos después de 2010, intentamos replicar su metodología para identificar los principales escándalos de corrupción dados a conocer por la prensa en el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y en la segunda administración de Michelle Bachelet (2014-2018). En el mandato de Piñera, identificamos 10 casos de corrupción. En 2010, hubo un nuevo escándalo en Chiledeportes –esta vez rebautizado como Instituto Nacional de Deporte– y otro del programa de reconstrucción por el terremoto de 2010, Manos a la Obra. En 2011, hubo 3 casos – MINVU-Gate o Kodama, los subsidios entregados por la Intendenta de la Región del Bío-Bío, y el caso Fragatas. En 2012, también hubo tres casos (Perdonazo del Servicio de Impuestos Internos a la cadena comercial Johnson’s, el Caso Plan Frontera o Sobreprecios y el caso de la Policía de Investigaciones, PDI). Finalmente, en 2013, se dieron los casos de la Municipalidad de Arica y el de las inversiones no declaradas del exministro, y precandidato presidencial oficialista, Laurence Golborne.

Por último, en el segundo mandato de Bachelet (2014-2018), se dieron a conocer, en 2014, los casos de financiamiento irregular de la política de las empresas Penta y Soquimich (SQM) – que a su vez incluye la llamada arista Cascadas. En 2015, explotaron el Caso Caval –que involucraba al hijo de la presidenta–, el caso Corpesca de captura del Estado y el caso Basura. En 2016, los casos SQM, Caval y Penta mantuvieron su presencia en los medios de comunicación a medida que las investigaciones seguían su curso. A ellos, se les sumó el caso de alza de sueldos y pensiones irregulares en Gendarmería, las que serían sobre el límite legal y que habrían beneficiado a civiles. Por otra parte, tanto en 2016 como en 2017, se dieron a conocer los casos de financiamiento irregular de la política de las empresas de construcción brasileñas OAS y Odebrecht, que afectan a prácticamente toda América Latina. En este caso, se vieron involucrados varios políticos de centro-izquierda por supuestas contribuciones irregulares de campaña realizadas por OAS. Por otra parte, también se distinguen las irregularidades investigadas por contraloría sobre gastos de alcaldes y concejales para viajes internacionales bajo el marco de capacitaciones de funcionarios municipales. Finalmente, en 2016, estalló el escándalo conocido como Paco-Gate, que involucraba un fraude al fisco por US$ 40 millones en la policía de Carabineros.

En 2015, en respuesta a los escándalos Penta, Soquimich y Caval, Bachelet creó una comisión especial –la Comisión Engel– que realizó una serie de propuestas de reformas a favor de la probidad (Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, 2015). Entre las recomendaciones adoptadas a partir de las sugerencias del Consejo, destacan la mayor autonomía del Servicio Electoral, mayor transparencia en el financiamiento de campañas electorales, una nueva ley de partidos políticos y de financiamiento estatal de los partidos, un sistema integral de transparencia y la creación de una institución que vele por los derechos de los ciudadanos en temas de Administración Pública (Ciudadano Inteligente, 2015).

Como queda en evidencia, en todo el periodo que cubre nuestro estudio, hubo distintos casos de corrupción que recibieron amplia cobertura mediática. Pero, como veremos a continuación, la importancia que la gente daba a la corrupción como una prioridad para la acción gubernamental no varió mucho en los primeros años de este siglo. La Figura 1 presenta la evolución en la mención de corrupción como uno de los tres principales problemas a los que debiera abocarse el gobierno, la aprobación presidencial y la evolución en la confianza en instituciones del Estado. Este último indicador también lo obtenemos de las encuestas CEP ya discutidas anteriormente. Las encuestas CEP preguntan por el nivel de confianza en distintas instituciones del Estado –tribunales de justicia, partidos políticos, congreso y gobierno– en una escala de cuatro valores que son nada de confianza, poca, bastante y mucha confianza. Normalizamos esas respuestas a una escala de 0-100 y calculamos el promedio de respuesta a las 4 preguntas.

Figura 1
: Confianza institucional, aprobación presidencial y corrupción como prioridad para la acción gubernamental en Chile, 2000-2019

Es evidente que ha aumentado –en particular desde 2015– la importancia que la gente atribuye a la corrupción como una prioridad para la acción gubernamental. La confianza en las instituciones del Estado se ha mantenido relativamente estable desde 2011 – después de haber alcanzado puntos máximos en 2008 y 2009. La aprobación presidencial ha disminuido en el último gobierno.

La Figura 2 muestra la comparación de la importancia que la gente atribuye a combatir la corrupción en relación a otras prioridades incluidas en las encuestas CEP que más menciones reciben – delincuencia, salud, educación, empleo y sueldos. La priorización de corrupción como problema más importante al que el gobierno debiera abocarse se mantiene estable en los primeros años. Sin embargo, a partir de 2015, comienza a competir con las otras opciones, incluso llegando a superar a educación, empleos y sueldos en 2016, 2017 y 2019.

Figura 2
: Evaluación de la priorización de corrupción y de otras prioridades en la acción gubernamental en Chile, 2000-2019

Análisis inferencial

La Tabla 4 presenta seis modelos logísticos binarios. La variable dependiente es la mención al combate a la corrupción como prioridad para la acción gubernamental. Es una variable dicotómica e indica si la persona encuestada menciona a la corrupción como una de las tres prioridades a las que debe abocarse el gobierno.

Tabla 4
: Modelos logísticos binarios sobre los determinantes de mencionar a la corrupción como una prioridad para la acción gubernamental, Chile, 2000-2019

	Modelo 1 H1 Aprobación	Modelo 2 H2 Consumo de medios	Modelo 3 H3 Ciclo electoral	Modelo 4 H4 Competencia con otras prioridades	Modelo 5 Todos	Modelo 6 Todos excepto consumo de medios
Aprobación Presidencial	-0,189*** (0,014)	--	--	--	-0,230*** (0,018)	-0,206*** (0,016)
Consumo Medios de Comunicación	--	0,100*** (0,024)	--	--	0,098*** (0,028)	--
Efecto Luna de Miel	--	--	-0,331*** (0,036)	--	-0,184*** (0,052)	-0,204*** (0,040)
Efecto último año gobierno	--	--	0,067* (0,028)	--	0,103** (0,038)	0,089** (0,034)
Prioridad Delincuencia	--	--	--	-0,905*** (0,028)	-0,886*** (0,035)	-0,933*** (0,030)
Prioridad Salud	--	--	--	-1,497*** (0,031)	-1,526*** (0,040)	-1,529*** (0,034)
Prioridad Educación	--	--	--	-1,140*** (0,032)	-1,093*** (0,040)	-1,149*** (0,034)
Prioridad Empleo	--	--	--	-1,357*** (0,033)	-1,372*** (0,040)	-1,353*** (0,035)
Prioridad Sueldos	--	--	--	-1,468*** (0,036)	-1,458*** (0,045)	-1,496*** (0,039)
Dumm y Centro	-0,108* (0,042)	-0,166*** (0,048)	-0,130*** (0,040)	-0,174*** (0,043)	-0,176*** (0,054)	-0,144*** (0,045)
Dummy Izquierda	-0,120*** (0,034)	-0,125*** (0,038)	-0,119*** (0,032)	-0,159*** (0,034)	-0,161*** (0,045)	-0,160*** (0,037)
Dummy Derecha	0,040 (0,035)	-0,040 (0,038)	0,010 (0,033)	0,000 (0,035)	-0,049 (0,043)	0,023 (0,037)
Género (Mujer)	-0,365*** (0,026)	-0,344*** (0,028)	-0,361*** (0,024)	-0,311*** (0,026)	-0,314*** (0,033)	-0,313*** (0,028)
Nivel Educacional	0,071*** (0,003)	0,071*** (0,004)	0,072*** (0,003)	0,073*** (0,003)	0,062*** (0,004)	0,067*** (0,003)
Zona (Rural)	-0,204*** (0,043)	-0,230*** (0,046)	-0,217*** (0,040)	-0,170*** (0,042)	-0,186*** (0,053)	-0,166*** (0,045)
Edad	0,013*** (0,001)	0,012*** (0,001)	0,013*** (0,001)	0,012*** (0,001)	0,011*** (0,001)	0,012*** (0,001)
Constante	-3,142 (0,046)	-3,055 (0,073)	-2,948 (0,062)	-1,055 (0,068)	-1,005 (0,090)	-0,984 (0,074)
% predicho	87,1	86,3	86,9	86,8	86,5	87
R2 Cox y Snell	0,021	0,020	0,020	0,112	0,119	0,116
R2 Nagelkerke	0,039	0,036	0,037	0,208	0,217	0,215
N	53799	44334	60726	60726	38096	53799

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta CEP (2000-2019).
• ***significativo al 0.001, **significativo al 0.01, *significativo al 0.05.

El modelo 1 evalúa el efecto de la aprobación presidencial y de las variables de control. Quienes aprueban el desempeño del presidente tienden a mencionar menos la corrupción como prioridad. Si bien esto parece razonable, como el efecto de la aprobación se incluye en este modelo junto a las variables de control, podemos aseverar que, independientemente de si los electores comparten el color político del gobierno, aquellos que aprueban el desempeño del presidente son menos propensos a mencionar la corrupción como una prioridad a la que debe abocarse el gobierno. Este efecto parece especialmente relevante de entender, en tanto la importancia que da la gente al combate a la corrupción no es autónomo a la evaluación que la gente hace del desempeño del presidente.

El modelo 2 evalúa nuestra segunda hipótesis, sobre el efecto del consumo de medios. Quienes se informan sobre política a través de televisión y radio son más propensos a mencionar que la corrupción debiese ser una prioridad para la acción gubernamental. Como este modelo también incluye las variables de control que dan cuenta de los determinantes ya identificados en la literatura como relevantes para explicar la percepción de corrupción, resulta claro que el consumo de medios tenga un efecto positivo sobre las menciones de corrupción como una de las prioridades a las que se debe abocar el gobierno. Mientras más se informa la gente de política a través de radio y televisión, más probabilidades tienen de considerar el combate a la corrupción como una prioridad a la que debe abocarse el gobierno.

El modelo 3 evidencia que el efecto luna de miel es el esperado. La priorización de corrupción tiende a ser menor en los primeros años de gobierno y mayor en los últimos años de gobierno. Ya sea porque la gente le da el beneficio de la duda a los gobiernos que recién asumen o porque las prioridades en los primeros años se asocian más a las promesas que llevaron al gobierno a ganar la elección, la gente tiene menos disposición a mencionar la corrupción como una prioridad a la que debe abocarse el gobierno en el primer año y, coincidentemente, más disposición a mencionarla en el último año de cada gobierno.

El modelo 4 evalúa la importancia que la gente da a la corrupción como una prioridad respecto a otras prioridades. Como la encuesta requiere que la gente mencione tres prioridades, es esperable que el efecto de las otras prioridades sobre la corrupción sea negativo. Pero como mostramos en la Tabla 2 más arriba, la correlación entre las menciones a corrupción y las menciones a otras prioridades no es uniforme. De hecho, la magnitud del efecto de la importancia a otras prioridades varía. Las personas que priorizan sueldos y salud están inclinadas con menor magnitud a priorizar corrupción que los que priorizan delincuencia.

El modelo 5 incluye todas las variables del estudio mientras que el modelo 6 excluye el consumo de medios de comunicación – ya que esta pregunta no es incluida en todas las encuestas. En ambos modelos observamos que la aprobación presidencial mantiene un efecto negativo. Esto es, a mayor aprobación presidencial, menos probable es que la gente mencione a la corrupción como una prioridad a la que debe abocarse el gobierno. Asimismo, el efecto del consumo de medios de comunicación –incluido solo en el modelo 5– permanece positivo. Mientras más se informa la gente de política por radio o televisión, más probable es que mencionen el combate a la corrupción como una prioridad para el gobierno. El efecto del ciclo electoral también se mantiene: es menos probable que la gente mencione a la corrupción como una prioridad en el primer año y es más probable que lo haga el último año de cada gobierno. Esto apunta a la existencia de un efecto de luna de miel. En el primer año de cada gobierno, disminuye la preocupación por la corrupción en la ciudadanía y aumenta en el último año. Luego, el ciclo electoral parece afectar también la importancia que la gente da a la corrupción. En años electorales –que coinciden con el último año de cada gobierno– la gente parece más preocupada de la corrupción que en el resto del periodo.

El efecto de las otras prioridades a las que debe abocarse el gobierno –delincuencia, salud, educación, empleo y sueldos– se mantiene negativo con similares magnitudes. A mayor preocupación por sueldos, empleo y salud, menos probable es que la gente mencione a la corrupción como una prioridad a la que debe abocarse el gobierno.

Las variables de control, por cierto, presentan los signos y significancia esperados, con una excepción. A mayor nivel de educación, urbanidad y edad, mayor es la importancia que la gente atribuye a la corrupción. La excepción es el efecto del género. Si bien hay múltiples estudios que muestran que las mujeres perciben más corrupción –y están menos dispuestas a aceptarla– estos modelos muestran que los hombres tienen más probabilidad de mencionar a la corrupción como una prioridad a la que debe abocarse el gobierno. Especulamos que esta anomalía se puede deber a que, como los encuestados deben escoger entre distintas prioridades, las mujeres pudieran escoger otras prioridades asociadas con el bienestar de sus familias o de la sociedad –como la educación, la salud o el empleo– y por ello dan menor importancia relativa a la corrupción que los hombres.

Conclusiones

Chile se destaca como uno de los países con menores niveles de corrupción en América Latina. Transparencia Internacional (2019) –a través del CPI– lo clasificó en el puesto 26 a nivel mundial. Sin embargo, el Barómetro Global de la Corrupción ( Hardoon y Finn, 2013 ) muestra que la ciudadanía chilena considera a los funcionarios públicos, partidos políticos y al congreso, como altamente corruptos. Es más, en años recientes, varios casos de corrupción han generado escándalo y polémica pública.

Con evidencia de encuestas de opinión realizadas en Chile entre 2000 y 2019, evaluamos la evolución en la importancia que da la gente al combate a la corrupción como una prioridad para la acción gubernamental en Chile. Reportamos que, a mayor aprobación presidencial, menor la probabilidad de mencionar al combate a la corrupción como una prioridad para la acción del gobierno. Por otro lado, mientras más se informa de política la gente en televisión y radios, más probable es que mencione a la corrupción como una prioridad. Finalmente, las menciones a corrupción como una prioridad a la que debe abocarse el gobierno son menores en los primeros años de gobierno y mayores en los últimos años. La mención de corrupción como una prioridad para la acción gubernamental tiene una relación inversa menos marcada con la priorización de la delincuencia que con la salud o los sueldos.

Porque la percepción de corrupción está influida por la historia de corrupción en cada país –por lo que en algunos países con altos niveles de corrupción la gente deja de percibirla como un problema– y por los niveles de tolerancia ante la corrupción –que responden a patrones culturales y también históricos– aquí medimos corrupción de una forma que permite ver qué tan importante es para la gente que el gobierno convierta al combate a la corrupción en una prioridad de su accionar – contrastándola con otras prioridades de interés para la opinión pública. Esta forma de medir la importancia que da la gente al combate a la corrupción nos permite complementar los estudios que dan cuenta de qué tanta corrupción percibe las personas y de la evaluación que hace la gente sobre la forma en que los gobiernos la combaten.

En general, precisamente porque la corrupción es un concepto que significa distintas cosas para distintas personas, al evaluar la priorización que da la gente a que el gobierno combata la corrupción nos permite ubicar este fenómeno en un contexto de las prioridades de políticas públicas que tiene la ciudadanía. Así, podemos ir más allá de simplemente identificar qué tanta corrupción se percibe para indagar qué tan importante es para la gente que los gobiernos se aboquen a combatir la corrupción.

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  Toda la información sobre estas encuestas, incluidas las bases de datos, cuestionarios y metodología, se puede encontrar en su sitio <web www.cepchile.cl> .

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  06 Oct 2021
• Fecha del número
  May-Aug 2021

Histórico

• Recibido
  18 Jun 2018
• Revisado
  9 Ene 2020
• Acepto
  3 Mayo 2021