Una represión que nunca termina. Organización de familiares y militantes anticarcelarios ante la “incertidumbre”, “espera” y “confusión” durante la pandemia de Covid-19

A Repression That Never Ends. Organization of Relatives and Anti-Carceral Activists in the Face of “Uncertainty,” “Waiting,” and “Confusion” During the COVID-19 Pandemic

Resumen

Este artículo analiza las formas en que familiares de personas privadas de la libertad y militantes enfrentan la violencia institucional al interior de las cárceles de Córdoba (Argentina) durante la pandemia del COVID-19. A través del trabajo de campo etnográfico se exploran los modos en que la incertidumbre, la confusión y la espera operan como dispositivos que estructuran la experiencia carcelaria.

Asimismo, el texto reflexiona sobre el rol de la intervención antropológica en estos contextos. El trabajo de campo incluyó el acompañamiento del reclamo de los interlocutores, la producción colectiva de datos estadísticos sobre muertes y contagios, como también la organización de una conferencia de prensa, entre otras actividades, junto a familiares, organizaciones sociales y movimientos de derechos humanos. A lo largo de esta pesquisa, se reconstruyen los cruces entre las demandas acuciantes al Estado y el lugar que ocupa la labor etnográfica para vehiculizar esas peticiones, en un escenario marcado por el terror.

Palavras-chave:
Cárcel; Pandemia; Dispositivos; Intervención

Abstract

This article analyzes the ways in which relatives of prisoners and activists confront institutional violence within prisons in Córdoba (Argentina) during the COVID-19 pandemic. Through ethnographic fieldwork, it explores the ways in which uncertainty, confusion, and waiting operate as devices that structure the prison experience.

The text also reflects on the role of anthropological intervention in these contexts. The fieldwork included supporting the interlocutors' demands, collectively producing statistical data on deaths and infections, and organizing a press conference, among other activities, together with family members, social organizations, and human rights movements. Throughout this research, the intersections between pressing demands on the state and the role of ethnographic work in conveying these requests are reconstructed in a scenario marked by terror.

Keywords:
Prison; Pandemic; Devices; Intervention

Resumo

Este artigo analisa as formas pelas quais familiares de pessoas privadas de liberdade e militantes enfrentaram a violência institucional no interior das prisões de Córdoba (Argentina) durante a pandemia de COVID-19. A partir de um trabalho de campo etnográfico, exploram-se os modos pelos quais a “incerteza”, a “confusão” e a “espera” operam como dispositivos que estruturam a experiência carcerária.

O texto também reflete sobre o papel da intervenção antropológica nesses contextos. O trabalho de campo incluiu o acompanhamento das demandas dos interlocutores, a produção coletiva de dados estatísticos sobre mortes e contágios, e a organização de uma coletiva de imprensa, entre outras atividades, junto a familiares, organizações sociais e movimentos de direitos humanos. Ao longo da pesquisa, são reconstruídos os cruzamentos entre as demandas urgentes dirigidas ao Estado e o lugar ocupado pelo trabalho etnográfico na veiculação dessas reivindicações em um cenário marcado pelo terror.

Palavras-chave:
Prisão; Pandemia; Dispositivos; Intervenção

1. Introducción

Con la aparición de los primeros casos de COVID-19 en marzo de 2020, durante la gestión del presidente Alberto Fernández, se decretó en Argentina el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O)¹, una medida que restringió la circulación de la población, permitiendo únicamente los desplazamientos necesarios para el abastecimiento de bienes considerados esenciales. Quedaron exceptuados de estas restricciones los trabajadores de los denominados “servicios esenciales”, tales como personal de salud, las fuerzas armadas y de seguridad, y las autoridades gubernamentales, entre otros. El A.S.P.O, en sus diversas fases, se extendió en las principales áreas urbanas del país hasta noviembre de ese año. Estas disposiciones, pensadas para la gestión sanitaria de la población en general, tuvieron efectos particulares en aquellos espacios caracterizados por el encierro y la vigilancia permanente, como las cárceles.

En la provincia de Córdoba, la imposición de medidas sanitarias, como la prohibición de las visitas y la suspensión de todas las actividades educativas, profundizó las condiciones de encierro, haciendo que los muros se volvieran aún menos porosos a la mirada y a la intervención tanto de otras agencias estatales como de las organizaciones de la sociedad civil. A su vez, en Córdoba no se habilitó el uso de teléfonos celulares para garantizar una mínima continuidad en los vínculos familiares. A diferencia de otras provincias -como Buenos Aires y Mendoza-, la justicia local no permitió este tipo de comunicación², por lo que los familiares y allegados sólo podían enviar bagayos³ mediante una compleja serie de protocolos y largas esperas. Asimismo, las actividades vinculadas a la educación y a formación, recién retomaron su presencialidad a mediados del 2021⁴. La pandemia de COVID- 19 fue un momento de reconfiguración de las condiciones de precarización de la vida en las cárceles de Latinoamérica a nivel general y en Argentina en particular (Godoi, Mallart & Motta, 2023; Caravaca, Garriga & Mancini, 2022).

Hemos observado que con la profundización de la pandemia las cárceles de esta provincia se replegaron sobre sí mismas, pero como era de esperarse, esto no obstaculizó que el virus ingresara a los pabellones. Los datos cuantitativos sobre las muertes y contagios en el encierro nunca fueron expuestos por parte del estado provincial como tampoco del propio Servicio Penitenciario de Córdoba (en adelante SPC). A su vez, las puertas de entradas de la universidad que utilizábamos en nuestras intervenciones educativas se obturaron, por lo que aquella idea en el campo de la sociología del castigo y la antropología del encierro de llevar adelante una perspectiva no “carcelocéntrica” (Ferreccio, 2017; Godoi, 2015) para pensar los efectos extendidos del encierro se tornó más que una invitación un imperativo.

En este escenario, las voces de familiares, allegados y militantes denunciaron no sólo el hacinamiento y la falta de atención médica, sino también dispositivos de gobierno para generar espera, incertidumbre y confusión. Pese al Aislamiento Social Obligatorio Preventivo que todavía regía en el país, algunos familiares comenzaron a movilizarse frente a los edificios del poder político y a exigir atención médica hacia las personas privadas de la libertad. Nuestros interlocutores mostraban preocupación y un estado de alerta por la escasa información que llegaba del SPC, pero fundamentalmente ante los casos de muertes y contagios que recibían de llamadas clandestinas que provenían de distintas cárceles de la provincia. Predominaba el desánimo en medio de publicaciones en redes sociales y diversas versiones que divulgaban los familiares denotando un paisaje social tan fragmentado como deshilachado. Frente a este escenario, comenzamos a pensar cómo podríamos intervenir y de qué forma el Museo de Antropologías, nuestro lugar de trabajo, podría ser un territorio clave de articulación política.

Desde el equipo de Antropología de la Violencia, Muerte y Política que funciona en el mencionado museo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), algunos investigadores, estamos ligados a cuestiones relacionadas con los mundos del encierro, el trabajo desempeñados por los agentes penitenciarios y atentos a las condiciones de las personas privadas de la libertad. A su vez, desde el 2018, nos desempeñamos con tareas de extensión universitaria relacionadas con proyectos de educación en cárceles cordobesas. Fueron estos recorridos los que nos permitieron conformar vínculos y repensar nuestras prácticas al trabajar con familiares y militantes con el objetivo de construir información y visibilizar reclamos.

En consecuencia, a partir de las experiencias llevadas a cabo durante el período 2020-2023 en diálogo y colaboración con familiares, movimientos anticarcelarios y organismos de derechos humanos, proponemos reflexionar sobre los desafíos del quehacer etnográfico en un contexto marcado por la urgencia y aquellas prácticas que actualizan bajo la categoría de “violencia institucional” o “terrorismo de estado”(Pita, 2017; Bermúdez y Villarreal, 2020; Vianna, 2024) situaciones vividas en los ´70. En particular, describimos los modos en que la espera, la confusión y la incertidumbre, así denunciados por nuestros interlocutores, operan como dispositivos de gobierno en un momento dado, al mismo tiempo que buscamos comprender la forma en la que éstos son experimentados y combatidos por quienes sostienen desde el afuera redes afectivas que permiten prácticas de subsistencia⁵. Frente a este escenario, nos interesa indagar el lugar ocupado como etnógrafos en la tarea de producción de conocimiento y articulación de demandas. Así pues, no se trata de narrar una coyuntura crítica, sino preguntarnos sobre qué puede la intervención antropológica en un contexto donde un aparente silencio institucional habilitó formas urgentes de actuación.

2. Algunos apuntes sobre la organización familiar

Como no podría ser de otro forma, la pandemia agravó aún más las condiciones de encierro. Argentina sufre desde hace más de una década un aumento progresivo de la población detenida, lo que ha provocado sobrepoblación y hacinamiento en la mayoría de las cárceles del país, una realidad que se presenta en casi todo Latinoamérica (Ariza y Tamayo, 2020). Según el último informe del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena (SNEEP), estamos hablando de una población penitenciaria cordobesa de 12.529 personas, representada en un 95,2 % por varones, siendo el robo y los abusos/violencias sexuales las principales causas delictivas, mientras que las relacionadas con tenencia y comercialización de drogas ocupan el primer lugar en mujeres. A este dato se le impone otro: en el año 2000 la población en unidades penales de todo el país era de 37.885 y en 2023 se registró un total de 125.041 personas⁶. Dicho de otro modo: en 25 años se triplicó la población argentina encarcelada. Por último, vale la pena mencionar que Argentina no produce marcas étnicas-raciales para gestionar los contextos de encierro carcelarios. Nuestro país se construyó sobre un imaginario blanco y europeo para pensarse como Estado-Nación, una nación sin razas ni racismo, lo que equivale a decir que en la actualidad ya no hay necesidad de medir lo que “no existe”(Adamovski, 2021; Briones 2002). No es materia de este trabajo discutir las clasificaciones estatales usadas para administrar la población detenida, sin embargo, nos interesa mencionar la dificultad que enfrentamos como cientistas para mensurar y construir datos, específicamente sobre raza-clase, cuando sabemos que los cuerpos que atraviesan estos territorios pertenecen a jóvenes que portan estas marcas.

En aquel contexto del 2020, con la política de aislamiento en vigencia, los primeros reclamos de detenidos, detenidas y familiares emergieron por la ausencia de condiciones de salud e higiene para enfrentar el virus, sumándose a la negativa judicial de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria para aquellas personas que padecían riesgos objetivos vida o enfermedades preexistentes. Las protestas en cárceles de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba fueron reprimidas y en gran medida rechazadas (Caminos Berton y Villarreal, 2021). Ya en septiembre, al interior de la UCA⁷ y en el Establecimiento Penitenciario N°6 de la ciudad de Río Cuarto, surgieron los primeros casos positivos de Covid, tomándose en consecuencia la drástica medida de aislar a pabellones enteros. Esta información, tal como nos era contada por familiares, surgía de forma confusa y, muchas veces, contradictoria.

En este contexto, la organización de familiares, militantes y ex detenidos se reconfiguró para atender a lo que ocurría en las cárceles. Las comunicaciones por los grupos de Whatsapp, Facebook y reuniones virtuales fueron los espacios donde se pretendía vehiculizar los reclamos de detenidos y detenidas. Entonces, uno de los grupos/organizaciones que tomó mayor protagonismo fue el “Movimiento Anticarcelario”. Fue allí cuando empezamos a asistir a algunas reuniones, participar de algunas movilizaciones y pensar el rol ocupado como etnógrafos para vehiculizar demandas dentro de un tiempo marcado por la urgencia.

Con el objetivo de entender mejor esta organización durante la pandemia, nos resultó importante indagar sobre las lideranzas de esta red, preguntar de dónde venían esas trayectorias, cómo estaba conformados los grupos internos con sus respectivas tareas y fundamentalmente comprender los haceres y saberes históricamente acumulados de nuestras interlocutoras que permitían construir redes de afecto vitales a la supervivencia de quienes están dentro y fuera de las cárceles (Lago, 2023; Mancini et. all., 2021; Ferreccio, 2017; Pereira y Zenobi, 2016).

Muchas de las mujeres que estaban en la organización, ya se habían movilizado con la “crisis carcelaria del 2019”. Este fue un momento clave para la organización colectiva, de hecho de ahí surgió el grupo de Whatsapp, del que ahora formamos parte. Sintéticamente: en el 2019 en el Establecimiento Penitenciario N°3 (Ep3) para mujeres se produjeron cuatro muertes, en menos de un mes, por falta de asistencia médica y por supuestos suicidios. Las protestas al interior de los muros resonaron en la prensa local y fueron rápidamente encuadradas en “intentos de motines”, lo que permitió que, en un movimiento quirúrgico, el gobierno provincial dispusiera la intervención de la cárcel y el desplazamiento de algunas autoridades⁸. Las detenidas reclamaban presencia del servicio médico y mejoras en las condiciones sanitarias, al mismo tiempo que denunciaban un abuso de violencia física y exceso de psicofármacos en el tratamiento de la salud mental. Con el surgimiento de la pandemia en el 2020, el grupo se fortaleció como un espacio resonante donde se difundía lo que sucedía en las cárceles de Córdoba a través de los llamados que recibían desde el interior, sea con las denuncias que llevaban adelante o con los rumores de contagios y muertes que se producían.

Esas muertes ocurridas en el Ep3 encendieron la mecha de reclamos de las personas privadas de la libertad generando extramuros la emergencia de “Autoconvocadxs Anticarcelarixs Córdoba”. Este grupo surgió en febrero del 2019 a partir de la movilización frente al Tribunal de Justicia donde familiares y militantes se concentraron a través de redes sociales para acompañar lo que sucedía en un sistema carcelario intervenido. El grupo no sólo lo formaban madres, abuelas e hijas de detenidos y detenidas, sino también estudiantes universitarios, militantes de diferentes organizaciones y liberados. Dentro de esa conformación exístía una marca intergeneracional y de género que conectaba el “terrorismo de estado” vivido en la última dictadura cívico-militar con la “violencia institucional” denunciada actualmente. De alguna manera, aquel terror vivenciado por estás mujeres resonaba y se actualizaba en pandemia con una fuerza inusitada. Aquella eventual conexión entre terror y violencia como lo señalan algunos autores (Vianna, Facundo Navia y Efrem filho, 2024), en la que por medio de algunas mujeres de la organización se enlazaba la historia de un hermano desaparecido con una nieta actualmente intervenida con “chalecos químicos” nos habla de prácticas estrechamente conectadas. Teresa, quien fue parte fundamental de nuestro trabajo de campo, así lo advirtió: una represión que nunca termina, está desde los ‘70, entonces ¿qué podemos esperar?

En el apartado siguiente, queremos dirigir la atención hacia este lugar.

3.Esas amabilidades me confunden

Teresa tiene 70 años y, tal como ella se describe, fue una perseguida política durante la década del ’70. Su vida estuvo atravesada por la militancia en la agrupación política Montoneros, lo que ella expresa como una lucha contra el terrorismo de Estado y como consecuencia sufrió la desaparición de un hermano. Ya en democracia, luego de la muerte de un nieto a causa de gatillo fácil en el 2014, la militancia de Teresa se inscribe en una lucha contra la violencia institucional. A esto se suma que, en el año 2020, uno de sus hijos y otra nieta fueron detenidos en establecimientos penitenciarios de la provincia. Ante las diversas patologías de salud de Teresa que la tornaban una paciente de riesgo, nuestra comunicación era por teléfono y una vez que se habilitaron los encuentros presenciales nos reuníamos en la plaza del barrio para poder conversar. Cuando se produjeron los reclamos dentro del Complejo Penitenciario de Bouwer, ella nos contó de la importancia que tiene el bagayo dentro de la cárcel para solventar la cotidianidad.

Mi hijo me llamó esta mañana para decirme que se estaba armando en el MX2 [módulo del complejo carcelario], estaban discutiendo porque el jefe de seguridad les había dicho que se suspendían las visitas. Los familiares que iban hoy estaban preparados para llevar lavandina, jabón blanco y alcohol a escondidas para que se puedan lavar las manos. Mientras me llamaba escuchaba los gritos de fondo. (Conversación en chat de Whatsapp con Teresa. Abril de 2020).

Durante los primeros días del aislamiento circularon por el grupo de WhatsApp de “Autoconvocados Anticarcelarixs” videos filmados al interior de la cárcel. En uno de estos un interno con el rostro escondido tras una remera declaró:

El virus nos terminó de quitar todos los beneficios. No estamos pidiendo la libertad, queremos vivir igual que vos. Estamos pagando un error, no esperando la pena de muerte. Esto no es una queja, es una denuncia al Estado. Estamos sufriendo abandono de persona por parte de la Justicia y los organismos de derechos humanos. Estamos sufriendo también abuso de poder en manos del Servicio Penitenciario. No hay suministros médicos ni controles de la salud de los internos. (Video en redes sociales, Abril 2020).

Las protestas fueron reprimidas por las fuerzas antimotines del SPC, lo que provocó diversos heridos y traslados arbitrarios a otros establecimientos penitenciarios. A través de los mensajes en los grupos de Whatsapp como en las redes sociales se rumoreaba que los internos que participaron del reclamo fueron capeados⁹ a otras cárceles del interior de la provincia, trayendo como consecuencia que los familiares no sepan con certeza dónde estaban. Uno de los afectados fue el hijo de Teresa:

Me llamó Pedro, está en enfermería con impacto de balas de goma. Dice que es al único que no han capeado, se llevaron a todos los de su pabellón. Estaba sacado, muy nervioso, me dijo que va a volver al pabellón para luchar por sus compañeros, que vio cómo los golpeaban. “Nos tiroteaban como perros”, me decía. No me llamó más, no sé qué más pasó. (Conversación en chat de Whatsapp con Teresa. Abril de 2020).

La información a cuenta gota que Teresa recibía desde adentro de la cárcel también la sufrió con su nieta. Ella fue una de las posibles contagiadas cuando comenzaron a surgir los primeros casos positivos dentro de las cárceles cordobesas y fue aislada en un calabozo de castigo por tener síntomas compatibles con la enfermedad. Sobre la comunicación que brindaba el servicio penitenciario contó:

Yo no recuerdo exactamente el día, pero me llamó una compañera y me dijo que la habían sacado muy mal del pabellón. Un rato después se comunicó el Servicio Penitenciario y me explicaron que María tenía Covid, pero que estaba bien y controlada. Sin embargo, me llamó otra compañera y me dijo que no estaba bien, que no la estaban controlando, que la encerraron en un calabozo. (Entrevista con Teresa, octubre 2020).

Unos días después la volvieron a llevar al pabellón, allí se pudo comunicar con su abuela y le explicó que no le habían hecho ningún hisopado, nunca supieron si efectivamente tuvo Covid o no. Teresa también recibió otro llamado del Servicio Penitenciario:

Me dijeron que me quedara tranquila. Pero ¿sabes qué pasa? Esas amabilidades me confunden. Todo lo que pasó con María fue muy confuso, nunca supe si tuvo covid, si la cuidaron o no (Entrevista con Teresa, octubre 2020).

La información deshilachada forma parte del orden carcelario y queda reflejada en Teresa con esas amabilidades que confunden sobre lo que sucedió con su nieta y con la falta de información del paradero de Pedro. A su vez, se suman los capeos y el miedo al contagio, las consecuencias físicas de las represiones que se llevaron a cabo frente a los reclamos, y el peso de no saber qué ocurría detrás de los muros.

En investigaciones anteriores (Villarreal, 2023) hemos analizado cómo la confusión, lejos de ser un efecto colateral de la cárcel, forma parte de un dispositivo central dela gestión carcelaria. La información difusa, poco clara o deliberadamente contradictoria afecta a los familiares de las personas privadas de la libertad. Comprendemos, por lo tanto, a la confusión como un dispositivo de gobierno que produce efectos concretos en quienes mantienen vínculos afectivos y materiales con las personas privadas de libertad. Más adelante profundizaremos al respecto.

4. Una represión que nunca termina

Raquel es otra referente del “Movimiento Anticarcelarix” y cuenta con una extensa trayectoria en la militancia por los derechos de las personas privadas de la libertad, tal como a ella le gusta presentarse. Comenzó a militar en la década del ’90. Durante la última dictadura militar fue perseguida políticamente, estuvo secuestrada y luego detenida en la cárcel del Buen Pastor. A partir de los lazos de solidaridad construidos entre “presos políticos” y “presos comunes” -primero en su experiencia como detenida y más tarde como militante-, Raquel fue tejiendo un capital social en toda la provincia. Ese entramado le permitió, años más tarde, recibir llamados y ser el primer contacto de auxilio cuando se quieren denunciar situaciones críticas, casos de torturas o muertes ocurridas en contextos de encierro.

Durante la pandemia, en algunas reuniones y comunicaciones por Whatsapp, Raquel dió cuenta sobre las condiciones de encierro, lo que ocurría cuando se producían casos de contagios y la forma en la que el Servicio gestionaba la situación.

Los centros de aislamiento son los calabozos de castigo. También están usando los espacios para recibir visitas privadas. Sin embargo, cuando hay varios contagiados en el mismo pabellón, directamente lo cierran y no ingresa nadie, ni siquiera el Servicio Penitenciario. En la cárcel de Río Cuarto taparon con un nylon las rejas del pabellón, y dejaron todos juntos a quienes habían dado positivo y quienes no tenían Covid-19 (Entrevista a Raquel, septiembre 2020)¹⁰.

El conocimiento que nos comparten Teresa y Raquel nos permiten observar el desplazamiento constante entre “violencia” y “terror”. Usualmente, ellas se apoyan en las marcas que dejó el sufrimiento durante su juventud para comprender situaciones actuales, hablan del terrorismo de los 70 para señalar la forma en la que ahora procede el Servicio Penitenciario, al mismo tiempo que nombran la violencia institucional para recordar alguna situación puntual de la dictadura. Parecería que las temporalidades están evidentemente desacopladas. Sin embargo, autores como Adriana Vianna (2025), haciendo una relectura de Michael Taussig, nos invitan a incorporar y retener algo de la “cualidad alucinatoria” que provoca el terror, al mismo tiempo, advierten que estos desplazamientos y la forma en que son enunciados no siempre están atados a la palabra o a la comunicación directa, sino más bien a “reverberaciones, ecos y fragmentos”.

El conocimiento que fuimos construyendo con el “Movimiento Anticarcelarix”, específicamente de la mano de mujeres como Teresa y Raquel es complejo de traducir. A veces nos resultaba incoherente, en otras oportunidades, abiertamente contradictorio entre lo que alguien del Movimiento comunicaba y lo que otro miembro afirmaba. Números alarmantes de contagios, cifras imparables de muertes, personas que estando detenidas en un lugar dejan de estarlo. Que dónde están, Que por qué no llaman, Me dijeron que me quedara tranquila, El Servicio Penitenciario no dice nada, El Servicio Penitenciario se comunicó…

Siguiendo a Veena Das (2008), nos parece necesario comprender la fenomenología de estos rumores: la existencia de un pánico creciente frente a la crisis desatada por la pandemia del Covid-19; la escasez de la información sobre el impacto de la enfermedad tanto al interior como extramuros; la ruptura de la comunicación familiar, la incertidumbre del lugar de los enfermos junto a la construcción de relatos incompletos o contradictorios. En esa inscripción territorial, el rumor, animado por una memoria social setentista, dota a las palabras de una fuerza perlocucionaria, convirtiéndose en papel fundamental para la movilización de familiares y activistas anticarcelarios.

¿Qué puede la intervención antropológica en un contexto así? Del trabajo con nuestros interlocutores supimos interpretar dos problemas acuciantes: la ausencia de información institucional sobre lo que ocurría al interior de las cárceles, lo que generaba incertidumbre en familiares y militantes; y por otro lado, la necesidad de producir datos cuantitativos sobre la cantidad de contagios y muertes que se sucedían en cárceles cordobesas. En consecuencia, entendiendo que los propios interlocutores plantean interrogantes y comparten saberes comprendimos que era posible establecer una “antropología por demanda” en los términos de Segato (2015). Así en relación al primer problema, desde el Núcleo de Antropología de la Violencia, Muerte y Política tomamos la decisión de realizar un reclamo formal a las agencias estatales que gestionan las cárceles de Córdoba. Allí requerimos que se brinde respuesta acerca de los mecanismos empleados para reducir o controlar el hacinamiento e información fehaciente sobre la cantidad de muertes y contagios producidos en cárceles.

La construcción del comunicado dirigido a las autoridades estatales no estuvo exenta de tensiones. Su redacción y posterior circulación generaron debates intensos entre distintos equipos de investigación y extensión universitaria que también trabajan en contextos de encierro. Si bien muchas voces coincidieron en la necesidad de visibilizar la situación sanitaria en las cárceles y acompañaron con sus firmas, también surgieron reticencias vinculadas a los posibles efectos de la denuncia pública. Algunas personas manifestaron su preocupación por eventuales represalias: directas, hacia los propios detenidos; indirectas, hacia los equipos universitarios provocando deterioros en el vínculo institucional con el Servicio Penitenciario. En ese contexto, sostener la publicación del comunicado implicó una toma de posición ética y política que también tensionó nuestras propias formas de habitar la universidad y, por lo tanto, de nuestras pesquisas.

Con voluntades explícitas y ausentes (actores de la universidad, cátedras, equipos de investigación y extensionistas, como también organizaciones políticas y de derechos humanos) decidimos realizar una conferencia de prensa con la lectura del comunicado que habíamos interpuesto ante distintas agencias estatales. Debido al contexto sanitario, la conferencia de prensa se realizó virtualmente desde el canal institucional del Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba. Se leyó el comunicado y tanto la directora del museo como la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades ofrecieron precisiones sobre la necesidad de exponer la situación carcelaria. Allí también algunos familiares pudieron hablar y exponer el sufrimiento que se vivía al interior de las cárceles¹¹.

¿Qué podemos hablar de las cárceles sino sentir mucha tristeza? Hace 7 meses que no vemos a nuestros seres queridos, desgraciadamente es mucha la incertidumbre. (…) Anoche me comentaba un señor del penal que ya no resisten, que ya hace dos días que no reciben la comida ni quieren salir a trabajar. El Servicio Penitenciario les pregunta si lo hacen porque están en huelga o por miedo a la pandemia y ellos dijeron por miedo a la pandemia.

(…) Es verdad que están pasando cosas muy horribles dentro de la cárcel y se esconde, no se dice la verdad, porque hemos sacado a los chicos muertos, yo personalmente tengo una forma de pensar: si con vidas se los dejamos con vida los queremos nuevamente en la calle.

Es realmente preocupante, estoy pidiendo por todos los de la cárcel, no solamente por el mío, que se fijen qué pasa, porque yo saco la cuenta y por lo menos ocho o nueve pibes estamos sacando, los estamos sacando en bolsas negras y es muy triste, porque ya están pagando su condena (Teresa en conferencia de prensa, junio 2020)

Algo de esto también contó Sonia, otra interlocutora, sobre los días que debía asistir a Bouwer para llevar mercadería a su hijo.

Las filas se hacen en la ruta y son inconmensurables, a veces tenés cuatro o cinco horas de espera, a veces tres. A medida que se ha acentuado la pobreza cada vez hay menos fila y también yo empecé a aprender los horarios que me convenían y acomodar mis actividades al paquete. (Sonia en Conferencia de Prensa, junio 2020)

Bagayo, paquete, caja, mercadería es algo que autoras como Natalia Padovani (2018) e Ines Mancini (2021) nos han enseñado a observar con delicadeza a los fines de entender cómo las redes de afecto son vitales a la existencia de las cárceles, y esto, de acuerdo con nuestros registros, no hizo más que agudizarse durante los años 2020, 2021 y 2022. En estos fragmentos, elaborados por madres, novias y hermanas encargadas de sostener y viabilizar los cuidados y supervivencia de sus familiares detenidos, pudimos identificar -tal como Auyero (2016) nos invita a pensar-, los mecanismos institucionales por medio de los cuales la espera es comprendida como un proceso temporal que produce y reproduce la subordinación política.

En esa misma línea, Graeber (2015) advierte que la espera puede ser leída también como una forma específica de captura y consumo del tiempo a través de múltiples dispositivos burocráticos, los cuales convierten a los sujetos en administradores permanentes de sus propias existencias, ya que se burocratiza todas las dimensiones de la vida cotidiana. En el caso de los familiares de personas privadas de la libertad, esta dinámica se expresa en horas y días consumados en filas, protocolos cambiantes y trámites confusos, donde la espera aparece como un dispositivo estructural impuesto por la institución estatal que regula el acceso de bienes materiales, sino también el ingreso de las personas y la administración de sus tiempos. Se trata, como plantea Lugones (2012), de una “espera amansadora”, cuyos efectos desalentadores producen incertidumbre y desgaste. Desde esta perspectiva, el tiempo se constituye como un mecanismo central de la gestión carcelaria, en el que la espera opera como un método para subordinar y “amansar” a quienes interactúan con las instituciones estatales.

Sin embargo, hemos podido registrar algo más que la mera reproducción de la subordinación. Aprender cuáles son los horarios que convienen también implica un saber-hacer, un tiempo de reorganización de las estrategias de movilización y un espacio destinado a garantizar la subsistencia de los lazos de parentesco, vecindad y trabajo de organizaciones sociales. De esta forma, es crucial dimensionar que estos haceres y estos saberes, aún con profunda creatividad, no emergen en el vacío y sí en un tiempo histórico de experiencias acumuladas con la gestión cotidiana burocrática.

Esperar para muchas de estas familiares, tal como Adriana Vianna nos invita a pensar, es “ser ponerse y ser puesto en un punto de máxima indefinición” (2015: 415). Esta antropóloga nos señala que el lugar de itinerancia y peregrinaje por las más diversas instituciones estatales, lejos de ser un tiempo vacío o paralizado, está lleno de agencia. Tal como señala Díaz (2024) en relación a la demanda por la regulación del uso terapéutico de cannabis en Argentina, los espacios de espera pueden transformarse en ámbitos de producción de saberes y de tejido de redes. Mientras que Elibaum (2024) a partir de su trabajo etnográfico con familiares de víctimas de violencia de Estado que aguardan por una audiencia judicial, muestra cómo, durante ese tiempo, gracias a la espera se aprende a navegar sobre las opacidades del sistema estatal: a sortear trabas administrativas, interpretar silencios institucionales y desarrollar modos eficaces de interlocución con funcionarios públicos. En este marco, la espera no se reduce únicamente a una condición impuesta que debe ser soportada, sino que se convierte también en una temporalidad estratégica desde el cual agitar el orden establecido y afirmar que, aunque no se controle el tiempo estatal, se conserva la autonomía de lucha y la memoria colectiva.

De este modo, como etnógrafos interpelados por la demanda acuciante, formulada por integrantes de las organizaciones junto a los movimientos de derechos humanos, de saber dónde están y cómo están sus familiares, fuimos desafiados a comprender con mayor nitidez de qué sustancia estaba hecha esa espera, inscripta en un tiempo generificado. Al momento de la escritura de este artículo, la información requerida y formalmente peticionada ante las instituciones estatales continúa sin ser respondida.

4.Etnografiar el encierro

Otra de las cuestiones que nos interpelaba con nuestras interlocutores era la ausencia de datos cuantitativos sobre las muertes en las cárceles cordobesas, una problematización que, claramente, superaba los límites de la pandemia.

Desde la crisis desatada en el 2019 hasta el presente, Raquel construye un relevamiento artesanal a partir de los llamados recibidos tanto desde las cárceles como de familiares. Una práctica que pone de manifiesto dos cuestiones: la ausencia de datos cuantitativos oficiales de muertes en contextos de encierro y, por otro lado, evidencia la falta de investigación estatal sobre los decesos ocurridos. En ese marco, Raquel daba cuenta de aquellas muertes que se producían en los hospitales públicos, pero cuyas enfermedades habían sido contraídas dentro del encierro. Asimismo, cuestionó e impugnó las distintas versiones sobre los contagios de Covid y las formas en que estos fueron gestionados.

Frente a este escenario, nos reunimos mensualmente con Raquel para sistematizar la información que llegaba a través de los llamados telefónicos. De este modo comenzamos a producir un relevamiento de las muertes producidas en las cárceles cordobesas. Para ello indagamos en la fecha y en los presuntos motivos del deceso, el nombre, la edad y el establecimiento penitenciario donde estaba alojado, además de la situación judicial -condenando o procesado- y si los familiares cuentan con abogado particular o con la defensa pública del Estado. No siempre se logra reconstruir la totalidad de los datos, ya que en algunas ocasiones, la información que se puede recolectar es escasa, dependiendo también de la fuente a la que se accede. Este trabajo se formuló como una respuesta a la ausencia de datos oficiales, tanto a nivel provincial como nacional, y puso en tensión, además, las formas en que estas muertes eran categorizadas por los medios de comunicación y por la institución carcelaria.

Con toda la información que recogimos -aislada, fragmentada- intentamos elaborar una lista de muertes que fue enviada al Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), con previas reuniones donde manifestabamos nuestras preocupaciones por la ausencia de datos al respecto. Los datos que brindamos fueron parte del informe que realizó el CNPT sobre los Derechos Humanos en contextos de encierro en Córdoba.

En el trabajo realizado junto a Raquel buscamos construir algunos datos cuantificables con el objetivo de cuestionar la forma en la que esas muertes fueron tratadas y clasificadas por los agentes estatales. Se trató, en este sentido, de disputar políticamente las muertes y las categorías en la que eran nombradas, en tanto dichas clasificaciones tendían a eximir de responsabilidad a la gestión estatal¹². Es importante señalar que “la interpretación etnográfica no se reduce únicamente a la observación participante en un contexto determinado. Más bien, implica una interconexión compleja entre prácticas sociales y significados que, muchas veces, son difusos y heterogéneos, atravesados por diversas concepciones y experiencias” (Motta, 2019:73). Desde esta perspectiva, hacer etnografía en contextos de violencia institucional sostenida, como los que configuran el entramado carcelario en Córdoba, implica asumir que el trabajo de campo no es -ni puede ser- una práctica neutral desde las experiencias y concepciones de familiares. Esta no neutralidad se volvió aún más evidente durante la pandemia de COVID-19, cuando las condiciones de acceso a la información y las posibilidades de intervención de la sociedad civil se vieron profundamente alteradas por el repliegue institucional.

En diálogo con Julieta Quirós (2023), esta forma de hacer etnografía podría ser pensada como una práctica de investigación-intervención, donde el conocimiento no se produce para ser acumulado, sino para ser puesto en circulación, en disputa y en uso. Tal producción se orienta, como señala la autora, a lo que afecta vitalmente con quienes investigamos, y requiere involucrarnos en su mundo desde una atención encarnada. Esto no significa sustituir sus voces ni liderar sus luchas, sino asumir que el trabajo antropológico puede -y debe- habilitar otras formas de ver, decir y actuar, que interrumpan los marcos normativos dominantes.

Al mismo tiempo, retomamos los planteos de Natalia Bermúdez (2025), quien problematiza las jerarquías que persisten en los mundos académicos y militantes a la hora de reconocer los saberes populares sobre la muerte, el duelo y la justicia. En su trabajo con altares, grutas y murales construidos por familiares de víctimas de violencia estatal, Bermúdez nos recuerda que no toda práctica política se canaliza por las vías formales del reclamo jurídico o la protesta pública, y que limitar nuestra mirada a esos repertorios es una forma de obturar la potencia expresiva, afectiva y epistémica de las comunidades. Su noción de “intervención colaborativa” como espacio de co-producción de sentidos resulta clave para repensar nuestras propias prácticas a partir de la pandemia, cuando nos encontramos trabajando junto con familiares y militantes para construir información, visibilizar reclamos y sostener vínculos en medio del aislamiento y la incertidumbre.

En nuestro caso, ello implicó tensionar incluso los propios límites de lo pensable y lo decible en el espacio universitario. La elaboración de una carta pública dirigida al Estado provincial, en la que se denunciaban las condiciones sanitarias en las cárceles, generó debates y resistencias entre colegas, delineando los contornos de aquello que resulta incómodo o temido dentro del ámbito académico. En este sentido, lo que proponemos no es una antropología “comprometida” en un registro compasivo (Abélès y Badaró, 2015), sino una práctica situada, consciente de sus implicancias y atenta a las formas de poder que atraviesan tanto los contextos investigados como los dispositivos desde los cuales se produce conocimiento.

Reflexiones finales

En este trabajo nos interesó no sólo detenernos en una coyuntura crítica, sino preguntarnos sobre qué puede la intervención antropológica frente a estos contextos. A partir de ello, pudimos establecer tres ejes necesarios para lapensar construcción de la gestiónla gestión carcelariaa: la incertidumbre, la confusión y la espera. El trabajo etnográfico nos permitió pensar estos elementos como dispositivos de gobierno pasibles de generar un “espacio de muerte” (Taussig, 2012).

Con esto queremos decir que, a través de las prácticas de incertidumbre relatadas -respecto de lo que ocurre con el hijo de Teresa frente a la violencia ejercida por el Servicio Penitenciario de Córdoba-, la confusión -en torno a los contagios y las formas de morir en la cárcel- y las esperas -para ingresar a la cárcel y entregar el bagayo, así como la ausencia de información-, es posible pensar que nos encontramos ante dispositivos que producen formas específicas de vivir y de morir dentro de la cárcel. No buscamos aquí construir definiciones sobre cada uno de esos dispositivos, sino pensar en un campo semántico desde el cual reflexionar sobre las prácticas de resistencia que realizan nuestros interlocutores.

De este modo, el “espacio de muerte” se configura como una zona de indistinción donde confluyen las contradicciones del orden institucional y se despliega una maquinaria de arbitrariedad que construye una cultura del terror (Taussig, 2012). La confusión, la espera y la incertidumbre no son circunstanciales, sino formas específicas de producción del miedo, en el que la latencia de la muerte constituye el núcleo de la eficacia simbólica del poder. A partir de nuestro trabajo de campo, observamos cómo los dispositivos de gobierno constituyen y reproducen ese espacio, atravesado por la sustancia del terror.

Ahora bien, ¿qué hacer como antropólogos frente a estos “espacios de muerte”? Nuestras investigaciones etnográficas se constituyeron desde un compromiso con familiares y militantes, con la lucha que llevan adelante y con las estrategias y herramientas que construyen. Retomando las palabras de Juliana Farias (2021) sostenemos que es necesario sustentar un posicionamiento político explícito en el campo académico.

Lo que hicimos, entonces, con nuestros interlocutores fue escribir y producir contra el terror: la sistematización artesanal de muertes y contagios; la redacción y difusión de una carta pública a la institución estatal; la organización de una conferencia de prensa organizada con familiares, universidades y organismos de derechos humanos; las palabras de Teresa reclamando que “la represión nunca terminó desde los años setenta”. Con todo ello pretendimos formular una denuncia política sobre cómo opera el espacio de muerte y construir respuestas posibles frente a la capacidad corrosiva del terror (Vianna, 2024: 04).

Frente a ello, construimos un contra archivo, un esfuerzo ético y político por registrar, narrar y preservar las huellas de lo no dicho, a través de las listas de muertes y la re categorización sobre los decesos en un contexto marcado por la urgencia. Estas prácticas no buscan suplir una información faltante, sino impugnar activamente los modos en que las instituciones estatales producen y gestionan lo decible sobre la cárcel. Ya que, como Teresa y Raquel lo señalaron, hay que disputar los saberes institucionales. Las madres además de buscar, caminar y peregrinar por oficinas estatales, nos han enseñado a cuestionar la manera en la que se cuentan las muertes: cómo se clasifican, cómo se nombran y cuántas son. Entendemos, por lo tanto, que la producción de cifras no es un acto neutral, sino una disputa moral en torno a qué vidas importan y cuáles son dignas de ser reconocidas.

Retomar la idea de una represión que nunca termina no supone establecer una vinculación lineal entre la última dictadura cívico militar y la gestión de la pandemia, sino inscribir esta última en una genealogía más amplia de prácticas estatales. Tal como muestran las trayectorias de Teresa, Raquel y otras mujeres que sostienen las redes afectivas del encierro, la pandemia no inauguró estas formas de gobierno, sino que las intensificó y reconfiguró bajo nuevas legitimidades sanitarias, administrativas y judiciales. En este sentido, la represión no se presenta como un acontecimiento excepcional, sino como una cotidianidad que adopta formas variables según las coyunturas históricas. El hecho de que el terrorismo de Estado de los años setenta sea evocado para comprender la violencia carcelaria contemporánea y que, a la inversa, la “violencia institucional” actual sea utilizada para resignificar episodios del pasado dictatorial da cuenta de una temporalidad no lineal, donde el sufrimiento presente se vuelve inteligible a partir de marcos interpretativos construidos en otras experiencias de violencia estatal.

En definitiva, lo que procuramos mostrar es cómo opera el espacio de muerte y cómo el terror se filtran a través de los dispositivos de gobierno. Sin embargo, frente a esa sustancia del terror, emergieron prácticas colectivas impulsadas tanto por los interlocutores como por quienes investigamos, orientadas a producir saberes situados y respuestas posibles ante la violencia institucional. Como sostiene Bermúdez (2025), colaborar no es solo trabajar “con” otros, sino dejarse afectar por los saberes, los tiempos y las formas de enunciación que esos otros ponen en juego. En este proceso, no solo se producen datos, sino también relaciones, disputas y memorias compartidas. Intervenir, en este sentido, es también disputar el lugar desde donde se cuenta y se valida la violencia institucional intramuros.

Referências bibliográficas

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• Información sobre financiación
  Esta investigación se realizó con financiación del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET).
• Declaración de disponibilidade de datos
  Los datos que respaldan las conclusiones de este estudio están disponibles en el propio artículo.
• Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial
  No se ha utilizado una herramienta de IA en el desarrollo de este trabajo.
• 1
  Decreto de Necesidad y Urgencia n° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional
• 2
  Resolución N° 292/04-2020 -Cámara en lo Criminal y Correccional.
• 3
  Bolsas habilitadas para el ingreso de mercadería y artículos de primera necesidad. A lo largo de este trabajo para dar cuenta de las enunciaciones realizadas por nuestros interlocutores utilizaremos la cursiva. Por otro lado, el doble encomillado será empleado para referirse a nombres de organizaciones, citas textuales y para connotar el uso de categorías analíticas.
• 4
  En diciembre de 2020 arribaron al país las primeras vacunas contra el COVID-19 y se dio inicio al plan de vacunación, que priorizó a los trabajadores esenciales, entre ellos al personal del servicio penitenciario. Sin embargo, la población carcelaria atravesó un proceso de vacunación lento e irregular, en un escenario marcado por sucesivos brotes de contagio. Como se analizará más adelante, esta situación dio lugar a múltiples reclamos por parte de las personas privadas de la libertad y de sus familiares
• 5
  Al referirnos a “dispositivos de gobierno” conscientemente estamos usando una terminología foucaultiana, en la que un conjunto heterogéneo de prácticas y mecanismos cumple una función estratégica y siempre inscrita dentro de un juego de poder. Para un mayor desarrollo véase: Giorgio Agamben. “¿Qué es un dispositivo?”, Sociológica, año 26, número 73, pp. 249-264 mayo-agosto de 2011.
• 6
  Último Informe del SNEEP: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2024/10/sneepcordoba2023.pdf
• 7
  La Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) es un establecimiento penitenciario donde se alojan a los aprehendidos (sin distinción de género) por la Policía de la Provincia de Córdoba por delitos. Estas personas quedan bajo custodia del Servicio Penitenciario de Córdoba hasta tanto la justicia defina su situación legal. A partir de la cantidad de contagiados que surgieron en las cárceles de Córdoba, el gobierno provincial dispuso la creación de una UCA II en el Instituto Pasos de Vida de Complejo Esperanza, lugar donde funciona un centro para adolescentes menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal.
• 8
  Para más información véase: https://www.lavoz.com.ar/sucesos/otra-muerte-derivo-en-intervencion-de-carcel-de-mujeres-de-bouwer/ Último ingreso el 3 de julio de 2025.
• 9
  Capaer: traslado repentino y como forma de castigo hacia otro establecimiento penitenciario. Los familiares generalmente toman conocimiento de esto cuando la persona ya está en otra cárcel.
• 10
  Algunos medios de comunicación independientes se hicieron eco de las denuncias que señala Raquel: https://www.cosecharoja.org/cordoba-el-temor-de-contagiarse-coronavirus-en-la-carcel/ Ultima visita 20 de junio de 2025.
• 11
  La conferencia de prensa puede ser localizada y reproducida en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=FlDQmEi6Zys&t=2244s Ultima visita: 6 de junio de 2025
• 12
  Según los protocolos internacionales a los que adhiere el Estado Nacional, toda muerte que ocurre bajo custodia estatal deben ser investigadas, ya que son potencialmente ilícitas.

Editado por

• Editoras responsables de la revisión y Edición
  Carolina Alves Vestena e Bruna Bataglia.

Disponibilidad de datos

Los datos que respaldan las conclusiones de este estudio están disponibles en el propio artículo.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  27 Mar 2026
• Fecha del número
  Jan-Mar 2026

Histórico

• Recibido
  26 Jul 2025
• Acepto
  18 Dic 2025