Políticas redistributivas y élites en contexto de crisis. Argentina y México (2020-2022)

Redistributive policies and elites in the crisis context. Argentina and Mexico (2020-2022)

RESUMEN

Introducción:

La pandemia por COVID-19 afectó críticamente a América Latina. La contracción económica incrementó la desigualdad, la pobreza y el desempleo. En este contexto, los diferentes países movilizaron recursos para mitigar los impactos negativos de la pandemia e implementaron distintas políticas socioeconómicas. Por su parte, cuando las políticas afectaron los intereses de las élites, éstas respondieron con acciones diversas. En este artículo analizamos la influencia de las élites económicas y sus acciones frente a las políticas redistributivas que implementaron los gobiernos de Argentina y México entre 2020 y 2022.

Materiales y métodos:

A partir de un análisis empírico comparativo, utilizamos dos originales bases de datos de fuentes primarias. Una de ellas se constituyó con las declaraciones y las comunicaciones públicas de las principales cámaras empresariales; la otra, con las políticas públicas implementadas en ambos países.

Resultados:

El carácter fragmentado de las élites en Argentina permitió al gobierno implementar políticas redistributivas. Sin embargo, las élites poseen un doble poder de veto, político y económico, y condicionaron el marco de la economía, conduciendo a la sociedad hacia un juego de suma cero. Por el contrario, en México la cohesión de las élites condicionó a los decisores de política pública limitando la posibilidad de llevar a cabo medidas tendientes hacia la redistribución.

Discusión:

El estudio es una contribución a la discusión sobre el poder estructural e instrumental de las élites en América Latina, adoptando una visión situada e histórica del poder con un enfoque multicausal.

Palabras clave
políticas redistributivas; élites económicas; influencia política; cámaras empresariales; COVID-19

ABSTRACT

Introduction:

The COVID-19 pandemic has critically affected Latin America. The economic contraction increased inequality, poverty, and unemployment. In this context, the different countries mobilized resources to mitigate the negative impacts of the pandemic and implemented different socioeconomic policies. For their part, when the policies affected the interests of the elites, they responded with various actions. In this article, we analyze the influence of economic elites and their actions against the redistributive policies implemented by the governments of Argentina and Mexico between 2020 and 2022.

Materials and methods:

From a comparative empirical analysis, we used two original databases of primary sources. One of them was made up of statements and public communications from the main business chambers; the other, with the public policies implemented in both countries.

Results:

The fragmented nature of the elites in Argentina allowed the government to implement redistributive policies. However, the elites have a double power of veto, political and economic, and they conditioned the framework of the economy, leading society towards a zero-sum game. On the contrary, in Mexico the cohesion of the elites conditioned the decision-makers of public policy, limiting the possibility of carrying out measures tending towards redistribution.

Discussion:

The study is a contribution to the discussion on the structural and instrumental power of the elites in Latin America, carrying a situated and historical view of power with a multi-causal approach.

Keywords
redistributive policies; economic elites; political influence; business chambers; COVID-19

I. Introducción¹

América Latina fue una de las regiones más afectadas por el COVID-19 (OCDE, 2021; CEPAL, 2020b). La contracción económica trajo efectos negativos en la estructura productiva, el empleo, la pobreza y la desigualdad (CEPAL, 2021a). En este contexto, los países movilizaron recursos para mitigar los efectos de la crisis, a partir de la implementación de políticas de transferencia fiscal y monetaria. Asimismo, la coyuntura reabrió el debate acerca de las desigualdades y los sistemas tributarios, y una de las alternativas que se propuso en la agenda global y regional fue gravar a las grandes fortunas (Picketty, 2015; CEPAL, 2021; Landais et al., 2020; Saez, 2020; IGM FORUM, 2020). Este marco abrió un escenario propicio para la reflexión sobre estrategias propias para América Latina, que permitan analizar esos proyectos en clave Latinoamericana (Heredia, 2020).

En este artículo analizamos la implementación de políticas redistributivas implementadas en el marco de la crisis y la influencia de las élites desde una perspectiva comparada, tomando los casos de Argentina y México, durante los gobiernos de Alberto Fernández (2019-) y Andrés Manuel López Obrador (2018-). Elegimos ambos países por tratarse de dos casos nacionales con economías medianas y grandes, procesos de industrialización temprana, rasgos sociohistóricos compartidos y porque tuvieron gobiernos antineoliberales durante el período estudiado.

La pregunta de esta investigación es por qué, aun siendo dos gobiernos antineoliberales, en Argentina se aplicaron políticas redistributivas, mientras que en México las medidas tendientes hacia una mayor redistribución fueron más limitadas. El presente artículo parte de la hipótesis según la cual el carácter fragmentado de las élites argentinas le permitió al gobierno implementar políticas redistributivas, pero como estas poseen un doble poder de veto, político y económico, presionaron para condicionar el marco de la economía, conduciendo a la sociedad hacia un juego de suma cero. En México las élites poseen mayor cohesión y una organización que representa los intereses de la élite como clase, esto permitió dar continuidad al modelo económico que se ha extendido desde los años setenta. Esta fuerza de las élites económicas condicionó a los decisores de política pública limitando la posibilidad de llevar a cabo medidas redistributivas.

La cuestión de las políticas públicas y la influencia de las élites económicas en América Latina ha sido objeto de análisis desde diversas perspectivas. A menudo los estudios suelen dividir entre el poder estructural, referido al control sobre la propiedad y la concentración de la riqueza en un grupo reducido de personas (Winters, 2011; Best, 1976; Miliband, 1969), del poder instrumental o poder político, que refiere a la capacidad de las élites de participar activamente en política mediante diversos mecanismos de influencia (Acemoglu & Robinson, 2006; 2008; Bogliaccini & Luna, 2016). En contraste con los estudios que plantean el debate en términos de dicotomía, Fairfield (2015) propuso ambos enfoques como complementarios. Así, cuanto más fuerte es el poder estructural e instrumental de las élites, más difícil resulta a los formuladores de las políticas públicas aplicar medidas contrarias a sus intereses.

Las explicaciones sobre los factores que determinan las políticas públicas se han debatido entre los argumentos estatistas o institucionales, que hacen hincapié en la acción de las elites estatales y en los contextos institucionales e históricos, y los análisis “sociocéntricos”, los cuales subrayan el papel de la presión y la capacidad de influencia de los agentes económicos y actores sociales (Oszlak & O'Donnell, 1995; Viguera, 1998). La idea de que las políticas están relativamente condicionadas por presiones sociales o estructurales fue permeando los diversos análisis sobre el tema, y desde entonces varios estudios centraron su mirada en el empresariado como actor y a la acción colectiva como una manera de complejizar las miradas estatistas (Acuña, 1994; Viguera, 1998; Dossi & Lissin, 2011; Grass & Hernández, 2016; Dulitzky, 2018).

El Estado, entendido como un ámbito que posee autonomía relativa (Mann, 2007), repone la idea de que los gobiernos y las élites estatales pueden tener sus propios objetivos y formular políticas basadas en sus ideas. Pero al mismo tiempo, estas políticas están condicionadas por un conjunto de factores que emergen de las condiciones sociohistóricas y de la multiplicidad de demandas de la sociedad, por ejemplo, la presión de las élites mediante mecanismos diversos de influencia (Castellani, 2018; Durand, 2019; Nercesian, 2020). La actividad empresarial colectiva realizada a través de las entidades gremiales que agrupan al empresariado es una de las formas de influencia que las élites dominantes encuentran para condicionar las políticas públicas (Rivera Ortíz, 2002; Heredia, 2003; Tirado, 2006; Beltrán, 2007; 2011; Dossi, 2012). Estas cámaras, incluso cuando muestran diferencias internas (Dossi, 2009) son un actor fundamental de posicionamiento en el espacio público, donde intentan anteponer el interés general del “empresariado” para manifestar sus posicionamientos.

La falta de acción corporativa en el espacio público no implica la ausencia de influencia (Beltrán, 2011), ya que la eficacia del lobby radica muchas veces en su en su carácter secreto, a través de encuentros o comunicaciones privadas. Incluso hay empresarios que por su propio volumen realizan estrategias individuales de lobby, evitan la exposición pública y prefieren expresar sus posiciones de forma menos explícita a través de centros de pensamiento (Think Tanks) creados, financiados o patrocinados por ellos mismos u otras instancias similares (Salas Porras, 2017).

Existen distintos enfoques sobre el estudio de las élites económicas. Después de los estudios pioneros de Pareto (1965), y Mosca (1939) y, tiempo más tarde, los análisis de Mills (1959), surgieron una serie de investigaciones que analizaron a la élite económica como una minoría organizada. Estos entienden por élite económica al conjunto de posiciones estructurales clave del poder ocupadas por diversos individuos en función del momento histórico de que se trate (Atria, 2017; Camp, 2006; Cárdenas, 2018; Castellani & Heredia, 2006; De Imaz, 1962; 1964; Gaggero, 2006; Rovira-Kaltwasser, 2018). Dentro del campo del marxismo el concepto de élites también ha sido objeto de debates y uno de los referentes que planteó la posibilidad de pensar la categoría de élite junto a la de clases dominantes fue el intelectual inglés Miliband (1972; 1991a; 1991b). Además, la categoría de élite económica es utilizada para identificar empíricamente a esa minoría que se ubica en el vértice de la pirámide la cual, al mismo tiempo, constituye la clase burguesa o una fracción de la burguesía. Este enfoque ha sido retomado en estudios más recientes (Cassaglia, 2019; Codato & Perissinotto, 2001; Nercesian, 2020; Nercesian & Cassaglia, 2019; Schorr, 2020).

En esta investigación asumimos como élite económica a una minoría organizada que ocupa posiciones clave en el poder económico, ya sea como administradores del capital o propietarios del mismo; y al mismo tiempo entendemos que el uso del concepto de élite es complementario con la definición más clásica de burguesía o fracción de la burguesía. El concepto de élite permite captar el poder de influencia, su capacidad de condicionar y vetar políticas estatales y, al mismo tiempo, realizar un análisis empírico sociológico y cualitativo.

La primera sección del artículo está dedicada a explicar la estrategia metodológica, la selección de variables para el análisis comparativo y la conformación de las bases de datos. La siguiente sección analiza las características históricas de las élites en ambos países en cuanto a su cohesión y formas de organización política. A continuación, se analizan las principales políticas públicas y la respuesta de las cámaras empresariales. En la sección de discusión y conclusiones, se realiza un análisis comparativo con el objetivo de caracterizar la capacidad de influencia y condicionamiento de las élites; se retoman las reflexiones realizadas a lo largo del texto y se realiza una contribución teórica y metodológica al estudio del poder de influencia de las élites.

II. Metodología

En esta investigación procuramos analizar las políticas redistributivas implementadas durante la pandemia y los mecanismos de influencia del empresariado. Para ello trabajamos con dos bases de datos. En la primera, sistematizamos las medidas tomadas en Argentina y México durante el período 1/03/2019 al 31/09/2021, a partir de fuentes como el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sitios web institucionales, medios de comunicación oficiales (Télam: Agencia Nacional de Noticias (Argentina), Notimex: Agencia de Noticias del Estado Mexicano) y medios periodísticos. Argentina fue uno de los países de la región con mayor cantidad de políticas públicas (262) y del total de esas medidas, 95 fueron económicas, 19 orientadas al empleo y 28 a la protección social. México se encontraba entre los países con menor implementación de políticas (75), 28 fueron medidas económicas, 4 relativas al empleo y 3 de protección social. Para este análisis, también utilizamos informes y artículos de investigación sobre el impacto de las políticas en el contexto de la crisis (Blofield et al., 2020; Blofield & Filgueira, 2020; Nercesian et al., 2021).

Para analizar los mecanismos de influencia, construimos una segunda base de datos donde sistematizamos el posicionamiento de las cámaras empresariales del sector industrial y agroindustrial más importantes de cada país (ver Tabla 1). La base de datos se conformó a partir de los comunicados emitidos por estas instituciones, a través de los sitios web institucionales, las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) y los posicionamientos de las autoridades en sus redes personales o medios masivos de comunicación. La selección de las cámaras se tomó teniendo la historia, la relevancia en la sociedad y la destacada participación pública durante el período estudiado.

Tabla 1
Cámaras empresariales en Argentina y México

Cámaras de Argentina	Año de fundación	Socios	Breve descripción
Sociedad Rural Argentina (SRA)	1866	Representantes de los 14 distritos del país	Agrupa a los grandes terratenientes vinculados a la economía agroexportadora. Históricamente se asoció a la “aristocracia” y a los grupos de poder durante la dominación oligárquica.
Unión Industrial Argentina (UIA)	1887	Plenarios (50), Activos (21), Adherentes (67)	La UIA representa al sector industrial. Agrupa a las a las grandes cámaras de los diferentes grupos. Entre los adherentes hay grandes grupos empresariales que por su propio volumen se asocian de manera directa.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)	1943	Representa a federaciones o confederaciones (unas 14)	Es una asociación de tercer grado (no asocia a individuos) y representa a los grandes productores rurales.
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)	1975	Cámaras Asociadas (35), Empresas adheridas (40)	Agrupa y representa a casi la totalidad de los sectores que conforman la industria de alimentos y bebidas de Argentina.
Cámaras de México	Año de fundación	Socios	Breve descripción
Confederación de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)	1918	Cámaras nacionales (47), Cámaras regionales (14), Cámaras genéricas (3), Asociaciones (59).	Es la máxima entidad representativa de los distintos sectores industriales. Según su estatuto, es un órgano de "consulta y colaboración del Estado", por lo que no suele tener una posición beligerante.
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)	1929	Empresarios nacionales y extranjeros. Reúne a parte del empresariado mexicano. Tiene un formato de tipo sindical que le permite realizar trabajo político de defensa del empresariado y suele tener posiciones beligerantes.
Consejo Mexicano de Negocios (CMN)	1962	Grandes empresarios nacionales (60)	Agrupa a grandes empresarios de origen nacional. Son la élite empresarial mexicana.
Consejo Coordinador Empresarial (CCE)	1976	Siete cámaras asociadas (CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX, AMIS, CMN, CNA y ABM) y 5 invitados permanentes (CANACO, CANACINTRA, AMIB, COMCE y ANTAD).	Es la organización paraguas que engloba y representa a prácticamente todos los empresarios mexicanos

Fuente: elaboración propia (2023).

El trabajo de campo incluyó entrevistas a informantes clave como diputados, empresarios, referentes de cámaras empresariales e investigadores especializados en el tema, los cuales se citan sólo cuando se mencionan extractos textuales. En cuanto al análisis comparativo se realizó un análisis multicausal donde se cruzaron las siguientes variables: características de las élites, capacidad y mecanismos de influencia, políticas públicas redistributivas (tributarias y socioeconómicas) y grado de confrontación con las élites.

III. Marco sociohistórico. Las élites y sus estrategias de representación

En Argentina las élites económicas se caracterizan por una representación sectorial que divide a los miembros del agro, de los industriales y los bancos. Pero además de esta división sectorial, también hay diferencias en cuanto al volumen, lo cual muestra el grado de heterogeneidad de las élites económicas y su representación (Dossi, 2012). Esta falta de cohesión repercute en que las élites no poseen una visión ideológica común o una visión global del destino económico del país, por lo que, a diferencia de otros países donde hubo una larga continuidad neoliberal desde los años setenta y ochenta, en el caso argentino hubo disputas por la construcción de modelos económicos alternativos (Undurraga, 2016; Nercesian, 2020). Otra de las características del caso argentino es que las élites no sólo tienen capacidad de veto político, es decir, de influenciar y condicionar las políticas estatales, también tienen influencia relativamente directa sobre las principales variables económicas del país, como los precios del mercado interno y la oferta y el valor de la moneda extranjera (Schorr, 2021). Así, pese a tratarse de élites fragmentadas, esta capacidad de influencia las convierte en un actor con gran peso político e injerencia en el curso socioeconómico.

El sector agropecuario cuenta con cuatro entidades reconocidas por el Estado como interlocutoras: la Sociedad Rural Argentina (SRA) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) representan a los terratenientes medios y grandes, y la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), a los pequeños propietarios. La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue creada en 1866, por un grupo de grandes propietarios de la pampa. Su nacimiento estuvo estrechamente vinculado al proceso de formación estatal y al modelo agroexportador, por lo que se convirtió en el centro de confluencia de la élite económica, política y social del país (Palomino, 1988; Sidicaro, 1982; Heredia, 2003; Grass & Hernández, 2016). Posee una ideología liberal y una desconfianza hacia los gobiernos peronistas, cuyas políticas afectaron históricamente sus intereses y amenazaron su lugar en la centralidad de la política (Heredia, 2003). A pesar de las transformaciones económicas, estos grupos vinculados a la agroexportación continuaron teniendo un peso económico y político muy significativo a lo largo de los siglos XX y XXI, por ser uno de los sectores más importantes de provisión de divisas y porque sus productos inciden en la canasta básica alimentaria (Basualdo, 2010; Schorr, 2021). En 1943, como resultado de una escisión en la SRA, algunos miembros de esa institución crearon las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad de tercer grado que representa a los propietarios de medianas y grandes explotaciones; reivindica su carácter sindical, por lo tanto, su posición frente al Estado es de confrontación y no más de cooperación (Viguera, 2000). Coincide con la SRA en sus posiciones ideológicas y en el rol del Estado en la economía.

Existen entidades que representan a los sectores medios y pequeños, como la Federación Agraria Argentina (FAA), una institución de segundo grado creada en 1912 por los arrendatarios rurales. Representa los intereses de los chacareros, arrendatarios, pequeños y medianos productores de diferentes regiones del país, con peso de las economías regionales. Su visión política e ideológica difiere de la de las otras asociaciones ya que reivindica la intervención del Estado (Palomino, 1988; Dossi, 2012), aunque en los últimos tiempos actuó junto a las otras instituciones a través de la llamada “Mesa de enlace”. En 1956, las cooperativas regionales se agruparon en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Se trata de una entidad de tercer grado que reúne y representa a federaciones regionales de cooperativas agrarias. Sus posiciones político-ideológicas cercanas a las de SRA y CRA y busca relacionarse y conciliar con el Estado en la discusión de políticas sectoriales.

En Argentina existen disputas históricas entre los sectores exportadores y los industriales. El desarrollo del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) marcó los orígenes de esta tensión, la cual se profundizó durante los años del peronismo (1946-1952/1952-1955), cuyas políticas proteccionistas y de promoción del mercado interno fueron rechazadas por los sectores exportadores (Basualdo, 2010). Esta puja se resolvió sin haberse eliminado el poder de las fracciones vinculadas a la economía agroexportadora, de allí que, aun cuando el patrón de acumulación sufrió cambios a lo largo de los años, estos sectores lograron mantener su poder de veto (Diamand, 1983; Basualdo, 2010; 2017; Schorr, 2004; 2021). De esta forma coexistieron y disputaron fracciones que históricamente defendieron modelos antagónicos.

Sin embargo, la UIA, creada en 1887, es la que ha logrado mantener su perdurabilidad en el escenario nacional, su capacidad de negociación con el Estado, y es la única reconocida como interlocutora válida y representativa del sector industrial en su conjunto (Dossi, 2012). Representa tanto a los sectores tradicionales, los grandes industriales y la élite económica del país, como a los sectores intermedios (Viguera, 1998; Dossi, 2004). Entre las organizaciones sectoriales, en 1975 se creó la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). Esta organización tuvo un peso específico en el período analizado porque representaba a un sector muy sensible como el alimentario.

En México, las élites están cohesionadas, poseen una organización unificada, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que representa los intereses de la élite como clase e intervienen en los asuntos generales de la política pública. Esto permitió consolidar el proyecto neoliberal que se inició en 1976, al tiempo que permitió influenciar a los decisores de política pública (Gates, 2009; Cárdenas, 2016). La forma en que se forjó el neoliberalismo en el país se dio con el reforzamiento del poder de las élites económicas a partir de mecanismos como la movilización activa por parte de las élites neoliberales, el mayor acceso al Estado y el otorgamiento de mayor poder económico. Esta correlación de factores explica el aumento del poder corporativo en México, desde la década de 1970 (Gates, 2019).

Una de las primeras organizaciones fue la Confederación de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), creada en 1918. Históricamente la Concamin ha sido reconocida como la gran representante de los industriales del país. Según su estatuto es un órgano de “consulta y colaboración del Estado”, por tanto, no suele tener una posición pública beligerante (Alcázar, 1970). La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) fue creada en 1929, reúne a empresarios nacionales y extranjeros y tiene un formato de tipo sindical que le permite realizar un trabajo político de defensa del empresariado y suele tener posiciones beligerantes (Alcázar, 1970). La Coparmex también destaca porque fue semillero de políticos del Partido Acción Nacional (PAN) que formaron una corriente política dentro de ese partido (Tirado, 2006; 2015).

Otra de las cámaras relevantes es el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), creado en 1962. Agrupa a un reducido grupo de empresarios nacionales, motivo por el cual se convirtió en una élite muy cerrada que, por la posición que ocupa, fue caracterizada como una “elite económica estratégica” (Rivera, 2002). El CMN articula intereses y aspiraciones de los empresarios, pero sin embargo establece vínculos directos con el Ejecutivo, generando cierta desigualdad en el acceso a los poderes públicos respecto de otros actores empresariales. Desde sus inicios, el Consejo operó de manera “informal”, debido a la cercanía con las entidades estatales. El Consejo se pronuncia de manera escasa públicamente, aunque tiene gran interlocución con el presidente y los altos funcionarios, a quienes expresa de manera directa sus disensos y sus propuestas (Tirado, 2006; 2015). Al representar directamente a la élite empresarial, el CMN es la organización que tiene mayor impacto en el sector empresarial.

Todas estas cámaras están organizadas en una institución superior, el Consejo Coordinador Empresarial, creado en 1975 y mencionado anteriormente. Esta institución también llamada “cúpula de cúpulas” reúne a la élite empresarial en su conjunto y aglutina a siete cámaras de los distintos sectores industrial, agropecuario, comercial, financiero y de seguros. Esta característica la ha convertido en la entidad más importante para la acción colectiva de los empresarios mexicanos (Luna & Tirado, 1992)². Se asume como la voz de todo el empresariado y se ocupa de los grandes temas generales: política, grandes políticas y decisiones públicas que afectan a todos los empresarios y más allá de ellos. El CCE surgió con un carácter político, con el objetivo de crear un frente de toda la comunidad empresarial para imponer condiciones en el rumbo del país, en momentos en que México transitaba desde un modelo de desarrollo, predominantemente proteccionista y nacionalista, centrado en el Estado, a un modelo de corte neoliberal y aperturista, centrado en el mercado (Knight, 2001; Gates, 2009; Salas Porras, 2014). Nació a partir del acuerdo entre los presidentes de las asociaciones sin mediar procesos asamblearios que hayan aprobado esa fundación, sellando una impronta jerárquica de la organización (Luna & Tirado, 1992). Junto a estas transformaciones la élite extendió su presencia e influencia a las áreas del aparato estatal con mayor poder de decisión y construyeron un campo de poder y reflexión que, si bien experimentó algunos ajustes en su composición a lo largo de los sexenios, logró mantener e incluso profundizar el contenido neoliberal del nuevo proyecto (Tirado, 1982; Salas Porras, 2014).

IV. Resultados

IV.1. Argentina. Políticas fiscales y socioeconómicas. Moderada confrontación con las élites y juego de suma cero

Argentina fue uno de los países donde la imposición de cuarentenas estrictas motivó un conjunto de políticas de transferencias monetarias, a través de programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (1,0% del PIB) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) (0,6% del PIB) (Ministerio de Economía, 2020).

La estructura tributaria del país es una de las que posee mayor presión fiscal de la región, con un 28,6% como porcentaje del PBI (según datos de la OCDE para 2019). Si bien existen cinco tipos de impuestos (que gravan: comercio exterior, ingresos, ventas, propiedad y transacciones, contribuciones al seguro social) (Heredia et al., 2020), el mayor aporte proviene de tres fuentes: IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social (Agosto, 2017)³. El sistema es de carácter regresivo (al gravar más a los bienes y servicios que a la renta) y posee altos niveles de evasión y elusión, en particular en el impuesto a la renta, donde esta práctica es más recurrente (Jiménez et al., 2010).

En la coyuntura crítica de la pandemia, cuando se combinaba aumento del gasto, la herencia de la deuda pública y una menor recaudación fiscal por causa de la crisis económica, se instaló el debate acerca de la posibilidad de aplicar un impuesto extraordinario a las personas más ricas del país. Así, en diciembre de 2020 la Cámara de Senadores sancionó la Ley n. 27605 “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia”, que proponía un impuesto por única vez a las personas con grandes fortunas, a todas aquellas personas que superen los doscientos millones de pesos ($200 000 000) inclusive, en una escala progresiva entre 2,00% y el 3,5% sobre los bienes en el país y entre el 3,00% y el 5,25% sobre los bienes residentes en el exterior. El número de personas alcanzadas fue superior a 10000 y tuvo una alta aceptación del 80% del universo potencial de contribuyentes (Grandes fortunas: quiénes y cuánto...). Del 20% restante que al momento no pagó, sólo 200 judicializaron la medida (Aporte Solidario: la lista de los millonarios...).

Aunque hubo voces en contra, en líneas generales la sociedad tuvo una buena acogida. Entrevistado para esta investigación el diputado oficialista Carlos Heller, quien lideró el proyecto de ley, sostuvo que en pleno proceso de debate las encuestas decían

Que había un 70% de opinión pública a favor. Muy pocos temas en este país llegan a ese porcentaje de consenso en la opinión pública. [Sin embargo] empezamos a recibir obviamente todo tipo de presiones, sugerencias, ese tipo de cosas. Había planteos por ejemplo de la Unión Industrial Argentina, pidiendo que sea un anticipo de ganancias, un bono, convertirlo en vez de un aporte en este tipo de cosas. [Aunque] Debo decir que personalmente, presiones agresivas no recibí. Yo no tuve. No puedo decir que no haya habido (Heller, entrevista personal, 2021).

Este relato coincide con las declaraciones de un importante representante de la UIA, quien dijo que no se trataba de una oposición estricta al Aporte Solidario “porque se entendió la situación de excepcionalidad”. La UIA afirmó que este aporte no afectaría “al tipo que tiene capital hundido en una empresa porque en los últimos años no pudo producir, que lo tenga no significa que valga la pena” (Esteban, referente de la UIA, entrevista personal, 2021). Públicamente, la posición de esta entidad fue cuestionar que la iniciativa podría provocar la “descapitalización de las empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia sanitaria” (Unión Industrial Argentina, 2020b), y que el nuevo aumento de la presión tributaria recaería sobre el sector formal de la economía afectando “negativamente a las empresas de capital nacional” (Unión Industrial Argentina, 2020b).

Estas posiciones coinciden con las expresadas por cierto sector del empresariado. En una entrevista realizada para esta investigación un empresario importante vinculado al mundo textil afirmó que el Aporte Solidario fue “un desastre” y ante la pregunta de por qué hubo pocas posiciones adversas, aseveró que el avance de la ley había sido demasiado “contundente”, como para poder lograr imponer una posición diferente (Jorge, entrevista personal, 2021).

La SRA tuvo una posición políticamente más agresiva contra el Aporte Solidario, reforzada por un posicionamiento histórico contrario a los gobiernos peronistas. En el Twitter oficial planteó que la medida iba a “quitar liquidez a las empresas” y que el Congreso estaba manejado “como si fuera un feudo” (Sociedad Rural Argentina, 2020c). También se cuestionó que algunos productores iban a tener que “liquidar parte de su capital para cancelar el pago” (Sociedad Rural Argentina, 2020c) En un sentido similar se expresó el otro sector del agro nucleado en la CRA, que cuestionó el incremento de los impuestos (Consolani: “El Aporte Solidario y Extraordinario...).

La aprobación de la medida y el alto nivel de cumplimiento se pueden explicar por diferentes razones. Se trataba de una política transversal que desbordó los intereses sectoriales, y dentro de la población afectada había empresarios, políticos, personalidades del espectáculo, deportistas. El contexto crítico y la oportunidad de colocar el tema en la agenda pública contribuyeron a la construcción de consensos. Además, a diferencia de México donde existe el Consejo Coordinador Empresarial que funciona como gran paraguas de todo el sector empresarial, la representación sectorial que existe en Argentina desalentó las posibilidades de realizar un planteo común por parte de las élites económicas. Aunque se alzaron voces en contra, en ningún caso hubo altos niveles de confrontación. Sin embargo, las otras políticas impulsadas por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis se dirigieron a sectores concretos de la élite económica y encontraron respuestas más contundentes.

Una medida de gran impacto fue la relacionada con el apoyo al empleo. Además de las políticas de transferencia monetaria hacia las empresas, el gobierno decretó la prohibición de despidos, suspensiones y doble indemnización (Decreto 329/2020), que afectó a los sectores industriales. Al principio fue una política relativamente aceptada, porque tenía compensaciones vía transferencias monetarias y porque se “entendía” la coyuntura crítica; pero luego de la paulatina apertura de la economía, los empresarios y las cámaras comenzaron a manifestar su rechazo. La UIA envió una carta pública al presidente Alberto Fernández donde sostenía: “Entendemos que ya no están vigentes las condiciones de excepción que motivaron las medidas [...] el ‘triple cepo’ que implica la prórroga del esquema de prohibición de despidos y suspensiones sumada a la doble indemnización plantean un escenario de incertidumbre” (La UIA criticó la extensión del “triple cepo” laboral). Carolina Castro, prosecretaria de la misma entidad, afirmó que la medida atentaba contra la posibilidad de promover más contrataciones y generación de empleo (Esta es la carta que enviaron empresarios...). El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, manifestó en reiteradas oportunidades que la media implicaba un “cepo laboral” y al mismo tiempo, aumentaron las conversaciones entre la cámara y el Ministerio de Trabajo (Funes de Rioja planteó eliminar la prohibición...). El empresario textil al cual entrevistamos para esta investigación y mencionamos anteriormente, se expresó en un sentido similar con posiciones muy duras acerca de la doble indemnización y prohibición de despidos.

Las otras políticas que tuvieron impacto en el sector fueron las destinadas a controlar el aumento de los precios de la canasta básica de alimentos. Estas medidas afectaron tanto a los industriales vinculados a la industria alimenticia, el comercio y los supermercados, como a los agroexportadores, a cargo de la producción de la materia prima con fuerte incidencia sobre el precio de los alimentos. El gobierno continuó con las políticas existentes de gestiones anteriores como “precios cuidados” (una lista amplia de productos con precios acordados entre el gobierno y los empresarios) e implementó políticas de precios máximos y mayor fiscalización⁴.

El principal interlocutor para estas medidas fue la COPAL, que agrupa al sector de la producción y venta de alimentos. Por tratarse de un tema sectorial muy específico, estas cuestiones eran trabajadas directamente por esta cámara, que eventualmente se comunicaba con la UIA para informar o solicitar alguna intervención (Esteban, referente de la UIA, entrevista personal, 2021). Ante la medida de precios máximos, la COPAL manifestó “Total desacuerdo y preocupación frente a la decisión de la Secretaría de Comercio Interior de extender nuevamente la política de Precios Máximos” (Copal contra el control de precios). Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la institución declaró, “no estamos a favor de la Ley de Góndolas, no creemos que sea el camino para bajar la inflación porque oferta hay” (No estamos a favor de la Ley de Góndolas...). También se opuso al congelamiento de precios asegurando que “No sirve en ninguna parte del mundo” (Daniel Funes de Rioja sobre el congelamiento de precios...). Otro empresario miembro de la industria alimenticia, Juan Airoldes presidente de la Unión de Industriales Fidereros (Uifra), sostuvo que “las empresas pueden perder plata por el producto que les quede congelado, las más grandes lo pueden bancar, [...] a la pyme le haces mucho daño” (Daniel Funes de Rioja sobre el congelamiento de precios...). La postura ante estas medidas no fue homogénea, hubo algunos industriales del sector alimenticio que defendieron las medidas. Por ejemplo, Víctor Fera, dueño de Marolio y Maxiconsumo y presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, reivindicó la política de congelamiento y criticó con dureza a quienes no se acogían a medida (El dueño de Marolio, enfurecido contra empresarios...). Por el contrario, como veremos más adelante, el sector del agro se mostró más cohesionado y reticente a este tipo de políticas.

Para controlar el incremento inflacionario, el otro instrumento implementado por el gobierno fue la prohibición de las exportaciones a través del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (Resolución 287/2020 y Decreto 408/2021). Estas políticas suscitaron importantes cuestionamientos por parte de los sectores del agro los cuales se sumaron a los reclamos históricos del sector sobre los impuestos a la exportación.

Hubo declaraciones públicas dirigidas hacia el presidente e incluso políticas de acción como un paro general promovido por todos los sectores del campo. Daniel Pelegrina afirmó que la medida era “un contrasentido” y que no tenía “razonabilidad económica”, pero que se trataba de una cuestión “política”. “Sabemos que quienes gobiernan están siempre buscando a quiénes echar la culpa, son expertos en relatos…” (Sociedad Rural Argentina, 2020b). “Le vamos a pedir a Alberto Fernández [...] que nos consulte cuando va a tomar una medida así (Sociedad Rural Argentina, 2021c)”. Por su parte la CRA afirmó “Es un error creer que poniendo cepos a los productos que exportamos se bajarán los precios” (Consolani: Es un error creer que poniendo cepos...). La CRA y la SRA tuvieron posicionamientos muy similares y emitieron comunicados de rechazo.

Inclusive la SRA puso en duda que fuera el sector que representan el que incidiera en el aumento del precio final de los alimentos porque “En su composición impactan muchísimo más los costos provenientes de otros eslabones de la cadena y, sobre todo, del Estado, a través de los impuestos y tributos” (Retenciones: una medida devastadora para la producción). A partir de diciembre de 2020, la SRA y la CRA se declararon en “estado de alerta”, aumentaron sus intervenciones en medios de comunicación y redes sociales y hubo pedidos públicos de reuniones con distintos funcionarios.

La prohibición de algunos cortes de carne generó los mismos cuestionamientos: “Solicitamos al Sr. Presidente de la Nación, la eliminación de todas las restricciones a las exportaciones” (Las políticas ganaderas y agropecuarias…). El posicionamiento unánime fue de rechazo porque según su perspectiva se trataba de una medida basada en un “discurso ideológico” “cargado de mentiras” (Las políticas ganaderas y agropecuarias…). La SRA afirmó que “Las medidas tomadas por el gobierno nacional hicieron que todos perdamos: menos precio a los productores, menos actividad para la industria y el gobierno, y carne más cara para los consumidores” (Con el cierre de exportaciones de carne...). Las entidades publicaron un documento conjunto: “Nos vemos en la obligación de hacerle saber a la opinión pública que ‘perdimos todos’ luego de cuatro meses de medidas tomadas de forma unilateral e inconsulta” (Conflicto de la carne: “Perdimos todos”...).

Estas políticas sectoriales de prohibición de las exportaciones permitieron a los sectores del agro confirmar su cohesión y adoptar una voz unívoca, a diferencia del sector manufacturero que tuvo manifestaciones más moderadas y su posición no fue homogénea. Todo esto confirma que las élites en Argentina no están cohesionadas y tienen diferentes intereses económicos y políticos.

IV.2. México. Baja confrontación con las élites y continuidad del modelo

En México las políticas de transferencia monetaria fueron menores en comparación con Argentina, así como también el gasto público, en virtud del compromiso de “austeridad” que asumió el gobierno (López Obrador, 2020). En cuanto a la dimensión tributaria, México es el quinto país que menos recauda de América Latina, con un número que alcanza apenas el 16,5% como porcentaje del PIB, según datos de la OCDE y la CEPAL, siendo superado sólo por Panamá, Paraguay, República Dominicana y Guatemala. Y si se toma en cuenta su nivel de desarrollo, la presión tributaria es menos de la mitad de la recaudación potencial (Jiménez et al., 2010). Tiene un promedio histórico que creció progresivamente de 12,5% en 1990 a 16,5% para 2019 con relación al PBI (López & Vence, 2021; OCDE, 2021), sin embargo, continúa siendo un número inferior a la mitad de la media de los países de la OCDE (34,3%) o de la Unión Europea (40,3%). Es incluso inferior a la media de los países del área de América Latina y el Caribe (23,1%), y, sobre todo, de países comparables como Brasil (33,1%) y Argentina (28,8%) (López & Vence, 2021).

El sistema tributario mexicano se ha caracterizado por su débil capacidad recaudatoria y su dependencia de los ingresos no tributarios provenientes del sector petrolero. Esa limitada capacidad para la recaudación se plasmó en una estructura tributaria ineficiente, sesgada por intereses sectoriales, carente de objetivos estratégicos y con altos niveles de evasión y elusión fiscal (López Pérez & Vence, 2021; Moreno-Brid et al., 2019). Los altos niveles de informalidad de la economía también se traducen en una menor recaudación fiscal.

El gobierno de López Obrador se propuso llevar adelante una política de austeridad basada en la recomposición del gasto público, sin recurrir al endeudamiento adicional, pero tampoco a la instrumentación de una reforma tributaria (Moreno-Brid et al., 2019). En cambio, puso énfasis en el control y la recaudación, sosteniendo que no habría exenciones para los grandes empresarios que habían evadido impuestos y no merecían apoyo: “Nada de rescates al estilo del período neoliberal”. Ya antes de la pandemia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había firmado un decreto para eliminar las exenciones fiscales vigentes desde hace 12 años, a las que calificó de “excesivas, abusivas e injustas” (Millonarios y empresarios que se beneficiaban...).

Tomando como modelo la experiencia argentina, a principios del 2021, el diputado del partido oficialista MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, realizó un proyecto que proponía aplicar impuestos de 2% a los patrimonios entre 20 000 000 y 1 000 000 000 millones, de 3% para patrimonios entre 1 000 000 000 y 2 000 000000 millones y de 3,5% para patrimonios mayores a 2 000 000 000 millones (Ramírez Cuellar, 2021).

El diputado enmarcó este proyecto en la denominada “Justicia Fiscal” y la necesidad de una progresividad fiscal (Diputados de Morena buscan cobrar impuesto...). La propuesta circuló por diversos medios y las respuestas fueron desde el rechazo hasta el silencio. Patricia López Padilla vicepresidenta de la comisión fiscal de COPARMEX cuestionó la propuesta por “Electoral y populista” (Aplicar un impuesto a la riqueza en México...). El CCE no hizo grandes comentarios al respecto y la CONCAMIN sostuvo que estaban analizando la cuestión (Diputados de Morena buscan cobrar impuesto...).

El gobierno de AMLO no retomó este proyecto y optó por una política de mayor control de la evasión fiscal y de rechazo a las solicitudes de exenciones y rescates que exigían los empresarios. Ante la petición de las élites económicas de recibir una tregua en el pago de impuestos, el presidente de México respondió “que no sería de esa forma como enfrentaríamos la crisis” y que no habría “rescates o subsidios para las grandes corporaciones” (López Obrador, 2020).

Para estos fines, implementó medidas administrativas y regímenes especiales de normalización tributaria; el Sistema de Administración Tributaria (SAT) realizó acciones que generaron recursos adicionales equivalentes a un 2,2% del PIB, entre las cuales se destacan las medidas de fiscalización dirigidas a la evasión y elusión, que aportaron 1,7% del PIB (CEPAL, 2021). Mientras que los ingresos tributarios disminuyeron en la mayoría de los países, en México la recaudación aumentó en términos relativos (1,3% en relación con el PIB) y absolutos (0,8% en términos reales), como resultado de los esfuerzos del SAT. No obstante, el desplome de los precios del crudo tuvo un impacto crítico (CEPAL, 2021).

Los empresarios se posicionaron en contra de estas decisiones del gobierno. Una de las primeras expresiones fue la del presidente del CCE, Carlos Salazar, quien sostuvo en una carta su rechazo a la solicitud de AMLO de colaborar en el reclamo de los impuestos que adeudan los empresarios inscritos en su cámara: “Eso escapa mis atribuciones” y pertenece a la órbita del SAT (Esta es la carta que enviaron empresarios a AMLO...). Pero ese no fue el único argumento, también se cuestionó el “tono” del SAT que fue considerado “desafortunado” (Los contribuyentes no tienen obligación...). La CONCAMIN señaló que ante a la crisis la política fiscal debe ponerse “Fin [a] cualquier medida unilateral de presión fiscal” (La industria mexicana frente a...).

La COPARMEX, cuyas posturas han sido históricamente más agresivas, también apuntó contra el SAT y cuestionó la aplicación de presión fiscal al trabajo formal: “Lo deseable hubiera sido [...] el combate a la informalidad, y no como desafortunadamente se percibe, [afectar] al contribuyente cautivo (El SAT debe priorizar sus facultades...). “En vez de medidas que generen confianza en los inversionistas, el Gobierno opta por una mayor agresividad fiscal contra los contribuyentes cautivos, sin actuar frente a la informalidad” (El poder legislativo debe impulsar reformas...).

La presión fiscal mexicana es una de las más bajas de América Latina y el país se encuentra entre los que tiene mayor desigualdad de ingresos (CEPAL, 2019). Según estudios recientes, en el país existe una muy baja predisposición a pagar impuestos, que aumenta entre las personas con mayor concentración de ingresos (Campos Vázquez et al., 2020). La baja predisposición a aceptar la presión tributaria y los altos niveles de evasión coincidieron con la existencia de élites económicas cohesionadas. Esto sugiere que las distintas formas de influencia alcanzan a casi todas las élites empresariales, no sólo a algunas y las demandas consiguen expresar intereses de clase o de la élite en general (Aragón Falomir & Cárdenas, 2020). Esto se vio reforzado por la existencia de una élite enquistada en el Estado desde los años ochenta e instituciones como y tanques de pensamiento afines a las ideas de estas élites (Salas Porras, 2017).

A diferencia de lo ocurrido en Argentina, donde extensas cuarentenas obligaron al Estado a tomar políticas de contingencia para mitigar los efectos de este “enfriamiento” de la economía, en México no hubo restricciones obligatorias a la circulación. Por lo tanto, los efectos socioeconómicos provocados por la pandemia estuvieron más relacionados con la crisis general que vivieron todos los países que por causas específicas derivadas de políticas de cierres.

El gobierno no adoptó políticas específicas para mantener el empleo, aunque el tema estuvo en la agenda pública y fue cuestionado por las cámaras empresariales. México es un país que posee un alto nivel de empleo informal, según las últimas estimaciones del INEGI la informalidad laboral alcanzó el 56,3% y la subocupación el 12,9%, en tanto la desocupación es de 4,2 % (INEGI, 2021). El empleo informal fue uno de los sectores más afectados por la crisis porque al haberse alterado el curso “normal” de la vida social, muchas actividades informales relacionadas con el comercio y los servicios se vieron afectadas (CEPAL, 2021).

Para atender esta problemática, el gobierno propuso la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de subcontratación, publicada el 23 de abril de 2021 (aunque entraría en vigor en 2022). En la misma, se prohibía la “subcontratación de personal” y a partir de esa modificación las empresas deberán contratar sin intermediarios (Diario Oficial de la Federación, SEGOB, 2021). El objetivo de esta reforma era incentivar a que las compañías beneficiarias del trabajo contraten directamente al personal, respetando los derechos y cargas laborales que contempla la ley, que resultaban eludidas mediante la estrategia de la “subcontratación”. Este proyecto encontró resistencias por parte del empresariado, el presidente de la COPARMEX, José Medina Mora Icaza, defendió la importancia de mantener el esquema de subcontratación laboral, con el argumento de que “otorga flexibilidad a las empresas, a los trabajadores y aporta competitividad al país” (Prohibir la subcontratación detendrá...). El CCE también se opuso al proyecto alegando que “desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo” (Comunicado Iniciativa subcontratación...).

La pérdida de empleos fue tema de cuestionamiento del empresariado. La COPARMEX elaboró un proyecto denominado #Salario Solidario que debería estar integrado por “el gobierno, el patrón y el trabajador” con el pretendido objetivo de evitar despidos (Coparmex Chetumal trabaja para la atracción...), al tiempo que distribuían la carga y responsabilidad de los salarios en tres partes. También la CONCAMIN manifestó reiteradas veces su preocupación por la situación crítica relativa a la pérdida de empleos (Primer informe Covid-industrial).

La perspectiva de los empresarios era que el gobierno mexicano no había adoptado suficientes medidas socioeconómicas para mitigar la crisis. Así, cuestionaron cierta “incertidumbre” en el contexto apremiante de la pandemia. La COPARMEX “exigió” al presidente “no desperdiciar más tiempo y aplicar el Decálogo de medidas económicas” que le había entregado en mano, donde el sector privado le proponía medidas de reactivación (SAT debe “poner su granito de arena”...). Según la misma organización, el bajo nivel de inversión del sector privado “responde a la pérdida de confianza empresarial” que impacta sobre “la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho” (Gobierno Federal debe realizar acciones...). El CCE también expresó su exigencia de políticas que incentiven la inversión y apuntó contra las fuerzas gubernamentales: “Morena y aliados atentan contra la inversión privada” (Morena y aliados atentan contra la Inversión Privada). En el mismo sentido, CONCAMIN planteó su preocupación por la crisis económica y la falta de credibilidad para la inversión del sector privado. A diferencia de Argentina, en México el rasgo característico es la gran cohesión y la construcción de largo plazo de vasos comunicantes con el Estado que forjó una economía neoliberal de largo aliento y condicionó a los decisores de política pública, limitando las posibilidades de implementación de políticas redistributivas aun contexto de crisis.

V. Discusión y conclusiones

El presente artículo constituye una contribución al debate acerca del poder estructural e instrumental de las élites. Encontramos que cuanto mayor es su poder estructural e instrumental, más difícil es para los responsables políticos implementar medidas que vayan en contra de sus intereses. A partir de la comparación de los casos de Argentina y México, hallamos que la influencia de las élites no sólo puede se puede estudiar desde una perspectiva que cuantifique el poder. También es necesario analizar un conjunto de factores como el carácter de las élites en cuanto a su cohesión o fragmentación y su concepción sobre el modelo económico de país, las acciones políticas de los sujetos que definen las políticas públicas, los problemas relacionados con el modelo económico (deuda externa, restricción externa e inflación, en el caso de Argentina; la informalidad de la economía y los bajos niveles de presión tributaria en el caso de México). Este artículo ha tratado de complementar los debates sobre el poder estructural e instrumental con una perspectiva sociohistórica y multicausal.

En Argentina, la contribución extraordinaria a las grandes fortunas fue implementada y tuvo un alto nivel de cumplimiento. Este relativo “éxito” del caso argentino puede explicarse por un conjunto de razones. En primer lugar, la voluntad política de las elites dirigentes implementó las estrategias políticas para alcanzar las mayorías en el Congreso. En segundo lugar, la legitimidad que tuvo la medida dentro de una sociedad que consideraba favorable que “paguen más los que más tienen” en el marco de la crisis. Esto produjo cierta “resignación” por parte de los empresarios quienes en pocos casos llevaron adelante una confrontación directa. Y, en tercer lugar, cuenta el hecho de que las élites económicas argentinas se encuentran fragmentadas y poseen una representación sectorial marcada (cuyo clivaje es económico, pero también político y cultural), por tanto, no hubo posiciones homogéneas sobre el tema. Por otro lado, el Aporte afectó el patrimonio de una amplia gama de actores de la sociedad, que incluyó además del mundo empresarial a políticos, deportistas, personalidades de TV, y ese recorte transversal dificultó la posibilidad de que se organizara un reclamo colectivo de rechazo a la medida.

La prohibición de despidos tuvo cierta aceptación al comienzo de la pandemia, pero a medida que la economía comenzó a reactivarse debido al levantamiento de las cuarentenas, se convirtió en una política cuestionada por el sector industrial. Algo similar ocurrió con las diversas políticas de control y limitación de precios, que encontraron la resistencia de los industriales. Las voces que se alzaron contra estas medidas no fueron homogéneas, hubo algunas posiciones alternativas que defendieron las medidas o directamente no las cuestionan.

La política de prohibición de las exportaciones, destinadas a controlar la subida de los precios de los alimentos, encontró resistencia por parte del sector agrícola, cuya oposición fue más agresiva. Se trata de un sector que, por razones históricas de concentración de la tierra y proveedor de divisas, tiene poder de veto económico y político y ha sido capaz de bloquear medidas e incluso tensionar la estabilidad de gobiernos peronistas anteriores.

Las políticas distributivas, como el Aporte Solidario, fueron opacadas por el otro conjunto de variables macroeconómicas sobre la cual las elites tienen influencia, en específico la escalada inflacionaria que afectó de manera severa a los sectores más vulnerables. Y aunque el gobierno adoptó políticas que afectaban a los intereses sectoriales de las élites para mitigar los efectos causados por la crisis socioeconómica, éstas resultaron insuficientes. Este complejo escenario, donde el gobierno implementó políticas redistributivas con unas élites fragmentadas, pero que además tienen la capacidad de influenciar sobre las principales variables económicas del país, llevó al gobierno a un juego de suma cero.

En México, a diferencia de Argentina, no fue posible implementar ninguna modificación en el esquema de contribuciones fiscales, aunque hubo una propuesta de algunos sectores del partido gobernante. El presidente optó por no modificar el esquema de aportes y adoptó una política de aumento de la recaudación fiscal mediante el control de la evasión fiscal. México tiene una historia de muy baja presión tributaria y altos niveles de evasión y elusión, hecho que se agrava si se tiene en cuenta el potencial recaudatorio debido al desarrollo de su economía. Además, a diferencia de Argentina, las élites mexicanas tienen un nivel de cohesión muy alto. De ahí que exista un organismo como el Consejo Coordinador Empresarial que reúne a todas las cámaras y empresarios del país y representa la voz de toda la élite económica en su conjunto. Esta cohesión ha dado a las élites una gran capacidad para influir en las políticas estatales y la política fiscal ha sido históricamente muy regresiva. Durante la pandemia, las élites empresariales exigieron exenciones fiscales, mientras que la respuesta del gobierno fue encontrar un punto de equilibrio, evitando cobrar impuestos extraordinarios, pero avanzando en una política de persecución a la evasión y elusión fiscal.

En líneas generales, los indicadores macroeconómicos mantuvieron los estándares de los años anteriores (a diferencia de Argentina, donde hubo que resolver problemáticas que se arrastraban de años anteriores, como la inflación, la escasez de divisas y la deuda externa pública), y el gobierno adoptó escasas políticas públicas. Parte de las quejas del sector empresarial estuvo relacionada con la falta de medidas destinadas a paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia, especialmente en relación con la pérdida de empleo y lo que denominaron “falta de confianza” en la inversión privada. A diferencia del caso argentino, el posicionamiento de las cámaras empresariales fue prácticamente homogéneo y sus posturas fueron muy similares a lo largo de todo el período.

Este escenario de fuerte presencia de las elites con importantes vasos comunicantes con el Estado generó condiciones para los decisores de políticas públicas, al punto que aún en el contexto de crisis hubo limitadas políticas tendientes a redistribuir la riqueza (Tabla 2).

Tabla 2
Cruce de variables

	Carácter de las élites	Tipo de influencia	Principales políticas durante el período	Confrontación	Resultado
Argentina	Fragmentadas	Doble veto político y económico	- Aporte solidario y extraordinario	Moderada	Juego de suma cero
			- Prohibición de despidos
			- Control de precios
			- Prohibición de exportaciones
México	Cohesionadas	Condicionamiento general sobre el rumbo económico	- Control de la evasión	Baja	Continuidad
			- Modificación de la ley de subcontratación

Fuente: elaboración propia (2023).

Los contextos de crisis son momentos que permiten estudiar cómo se articulan las variables coyunturales con características sociohistóricas de más largo plazo en cada uno de los países. Así, entendemos que un enfoque multicausal y sociohistórico que estudie el poder de las élites de manera situada constituye un gran aporte para el campo de estudios. Para ello, habría que considerar: i. las características de las élites (si se encuentran más o menos cohesionadas y con qué sector del proceso productivo se relacionan, cuál ha sido históricamente su perfil ideológico y cultural, sus formas de organización y capacidad de veto en la arena política); ii. el poder de las instituciones estatales y políticas capaces de imponerse sobre los poderes fácticos; iii. el perfil ideológico de los responsables políticos que, en última instancia y en función de una multiplicidad de factores, deciden si se adoptan o no políticas redistributivas; iv. el marco general en el que se insertan las políticas que estoy analizando, es decir, el conjunto de problemas socioeconómicos o macroeconómicos de cada país que me permiten entender si estas políticas realmente modifican o alteran el status quo o si existe un conjunto de problemas igual o más acuciantes que deben ser abordados simultáneamente (el problema de la deuda, la inflación, la informalidad económica, la precariedad del sistema tributario, por citar algunos ejemplos). En conclusión, este artículo pretende contribuir a los estudios sobre el tema proponiendo una perspectiva sociohistórica y multicausal que complementa los estudios sobre el poder estructural e instrumental de las élites, a partir de un estudio empírico y comparativo.

• 1
  Este texto se realizó con apoyo del Centro Maria Sibylla Merian (CALAS) y del PICT “Estado, élites y políticas públicas en América Latina 2000-2018”.
• 2
  Representa a siete cámaras: CONCAMIN, la CONCANACO (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo), COPARMEX, ABM (Asociación de Bancos de México A.C.), CMN, CNA (Consejo Nacional Agropecuario), AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, industria aseguradora). Además, cuenta con cinco invitados permanentes.
• 3
  Contribuciones a la seguridad social 32%, IVA 26%, Ganancias 19%, Créditos y débitos 6%, Derechos de exportación 3%, Combustible 3%, Derechos de importación 2%, resto de los tributos 9%.
• 4
  Resolución 100/2020; Resolución 112/2021; Carne a precios “populares”; Resolución 237/2021; Resolución 397/2021; Resolución 485/2021; Congelamiento de 120 productos de la canasta; Resolución 1050/2021 (Fuente: Télam - Agencia Nacional de Noticias).

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• Retenciones: una medida devastadora para la producción (2021) Sociedad Rural Argentina Buenos Aires: 8 de febrero. Disponible en: <https://www.sra.org.ar/gacetilla/retenciones-una-medida-devastadora-para-la-produccion/ Acceso en: 21 de abr. 2023.
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• SAT debe “poner su granito de arena” y retrasar fecha límite para declaración de personas físicas (2020) Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. México: 02 de abril. Disponible en: <https://coparmex.org.mx/sat-debe-poner-su-granito-de-arena-y-retrasar-fecha-limite-para-declaracion-de-personas-fisicas/ Acceso en: 21 de abr. 2023.
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• Siempre tropezamos con la “misma piedra”. Comunicado de CRA (2021) Confederación Rural Argentina. Buenos Aires: 24 de junio. Disponible en: <http://www.cra.org.ar/nota/25404-siempre-tropezamos-con-la-misma-piedra/ Acceso en: 21 de abr. 2023.
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• Sociedad Rural Argentina [@SociedadRural], 2020a (26 sept.) Las restricciones a la circulación que no ha tenido una intervención desde el gobierno hacia las provincias. El impuesto a la riqueza Twitter. Disponible en: <https://twitter.com/SociedadRural/status/1309866913011503104 Acceso en: 21 de abr. 2023.
  » https://twitter.com/SociedadRural/status/1309866913011503104
• Sociedad Rural Argentina [@SociedadRural], 2020b (27 sept.) Ahora viene el impuesto a la riqueza que va a afectar a la producción y a la ganancia. No nos cierra eso [Comentario de Noticia] Twitter. Disponible en: <https://twitter.com/SociedadRural/status/1310220234138288131 Acceso en: 21 abr. 2023.
  » https://twitter.com/SociedadRural/status/1310220234138288131
• Sociedad Rural Argentina [@SociedadRural], 2020c (13 oct.) Impuesto a la riqueza: para la Rural, es confiscatorio y afecta la propiedad [Comentario de Noticia] Twitter Disponible en: <https://twitter.com/SociedadRural/status/1316067461972852736 Acceso en: 21 de abr. 2023.
  » https://twitter.com/SociedadRural/status/1316067461972852736
• Sociedad Rural Argentina [@SociedadRural], 2021a (10 ene.) Ratificamos el cese de la comercialización de granos Twitter. Disponible en: <https://twitter.com/SociedadRural/status/1348334370046832641 Acceso en: 21 de abr. 2023.
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• Sociedad Rural Argentina [@SociedadRural], 2021b (11 ene.) TN - Desde el llano. Daniel Pelegrina - Presidente de la Sociedad Rural [Video]. Twitter. Disponible en: <https://twitter.com/SociedadRural/status/1348818940898799623 Acceso en: 21 de abr. 2023.
  » https://twitter.com/SociedadRural/status/1348818940898799623
• Sociedad Rural Argentina [@SociedadRural], 2021c (13 ene.) La Mesa de Enlace anunció el levantamiento del paro. [Comentário de Notícia] Twiter. Disponible en: <https://twitter.com/sociedadrural/status/1349410894950891521 Acceso en: 21 de abr. 2023.
  » https://twitter.com/sociedadrural/status/1349410894950891521
• Unión Industrial Argentina (2020a) Reunión de Junta directiva Buenos Aires: 17 de septiembre. Disponible en: <https://www.uia.org.ar/prensa/3660/ Acceso en: 21 de abr. 2023.
  » https://www.uia.org.ar/prensa/3660/
• Unión Industrial Argentina (2020b) Reunión de Junta directiva. Buenos Aires: 30 de septiembre. Disponible en: <https://www.uia.org.ar/prensa/3664/ Acceso en: 21 de abr. 2023.
  » https://www.uia.org.ar/prensa/3664/

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  07 Jul 2023
• Fecha del número
  2023

Histórico

• Recibido
  21 Abr 2022
• Revisado
  17 Ene 2023
• Acepto
  01 Feb 2023