Presentación

Este dossier presenta once artículos sobre diversos procesos de violencias políticas, y el complejo entramado de agentes y dispositivos a ellos asociados. Violencias que involucran a estados nacionales (dictatoriales, democráticos, de tipo colonial), agentes paramilitares, empresas madereras, organizaciones civiles o armadas, pistoleros, vecinos/as comunes, movimientos sociales y de familiares, población negra, indígena, campesina. Los/as autores/as abordan las narrativas estatales que se despliegan para explicar, justificar, categorizar, disculpar y/o recomponer esas experiencias, desde lenguajes de la unidad nacional, de la compasión, de la seguridad nacional, del parentesco. También son parte del análisis las voces que las cuestionan, disputan o reapropian, desde movimientos sociales y otros actores. Estos últimos, plantean sus lecturas a través de metáforas de lazos de sangre, éticas locales, y/o normativas humanitarias, para fortalecer sus demandas por los crímenes sufridos, por reparaciones, etc.

Los diversos textos que componen este dossier remiten a escenarios nacionales específicos y disímiles entre sí, como Brasil, Colombia, Argentina y Bosnia-Herzegovina. En algunos de ellos, las problemáticas analizadas tienen una marca muy local; en otros, se hacen eco de las narrativas internacionalizadas de transición y post conflicto, como resuenan en Sudáfrica y España -áreas de investigación transitadas por quienes coordinamos el dossier (Cabanillas, 2011; Villalón, 2016). De esta forma, las "Gramáticas da [pós?] violências: identidades, guerras, corpos e fronteiras" remiten a un extendido y protocolizado campo de actuación, dentro del cual se han naturalizado y consolidado prácticas, desde órganos y/o agentes internacionales.¹ En este sentido, es un gran espacio de identificación e (in)visibilización de ciertos tipos de violencias en tanto crímenes; y de temporalidades que funden presentes en supuestos pasados y prometen un ¿post? que nunca llega.

Todo este gran campo de gestión de conflictos violentos tiene como antecedente la actuación de los tribunales internacionales de Nüremberg (1945-46) y de Tokio (1946-48). La Segunda Post Guerra inauguró una nueva normativa de injerencia internacional: la emergencia de la noción de crímenes contra la humanidad, con la proclamación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención de Ginebra (1949). Entre tres y cuatro décadas más tarde, con la caída del mundo bipolar, emerge lo que hoy se llama de campo transicional. Algunos de los instrumentos jurídicos relativos a ese campo son la Declaración sobre Desaparición Forzada (1992), el Estatuto de Roma (1998) y otras normas, en las que se fueron precisando, ampliando y perfeccionando aspectos de protección y sanción ante crímenes (Hinton, 2010, 2012).

A partir de esa cadena de eventos, categorías y leyes, sumada a las demandas de movimientos sociales que cobran fuerza en los 80s y 90s, se fueron construyendo y difundiendo demandas de derechos y garantías, y responsabilización ante crímenes vinculada a las nociones de Derechos Humanos.² Desde entonces, se difunde más ampliamente la aplicación de dispositivos de verificación de violencias ocurridas y diversas variantes de reparación, siendo las Comisiones de Verdad el dispositivo más aplicado -y más criticado, por no dar cuenta de todas las dimensiones, de víctimas y de violencia ocurridas.

En esta matriz de pensamiento, la condena a los “crímenes de lesa humanidad”, inicialmente, está asociada a la condena al nazismo: atrocidades que ocurrieron en el corazón de Europa y contra poblaciones blancas (Cesaire, 2006). Sin embargo, la construcción de instrumentos jurídicos nacionales o internacionales de revisión de ese tipo de violencias se desarrolla varias décadas después, a partir de los años 80s y se difundirá en los 90s-2000s. Cuando este tipo de dispositivos emerge como “legítimo” y “efectivo”, otros grupos, previamente no contemplados, inician el planteo de sus demandas de reconocimiento por crímenes de raíz colonial, como los genocidios negros e indígenas en América Latina.

En su texto “Del ahogado el sombrero, a manera de manifiesto: esbozos para una crítica al discurso transicional”, en este dossier, Castillejo presenta un buen repaso de estos temas -de la noción restricta de humanidad contenida en la Justicia transicional- analizando cómo este discurso normativiza las formas de recordar el pasado y reestructurar la experiencia en tiempos llamados de “paz”. Desde luego, las temporalidades de estos procesos de registro y gestión son realizadas post-facto o “post-violencias”. Articulan, por tanto, el tiempo en que la denuncia era políticamente inviable, o inaudible, y un tiempo en el que se crean algunas condiciones que abrirían una esperanza de justicia y reconocimiento para algunos actores sociales.

Pensando las gramáticas del post

Como se mencionó, actualmente ese gran campo de gramáticas de gestión e institucionalización de post-violencias constituye un entramado de eventos, escenarios y protagonistas que se constituyen y retroalimentan mutuamente, en diversos territorios y naciones. Un complejo kit de dispositivos simultáneos se despliega para montar el escenario. Primero, para empezar a registrar hechos sucedidos, ajustar narrativas, identificar y enmarcar víctimas, -figuras internacionalizadas que encarnan, en palabra y cuerpo, lo ocurrido (Dodier, 2009). Luego, para producir leyes y comisiones específicas de gestión del pathos³, sostenidas por conceptos del humanitarismo, justicias ad hoc (Fassin, 2003). Y más tarde, para designar especialistas, que se destacan en sostener (y ser sostenidos por) la gestión de esos procesos, en su transitar internacional de aplicación de categorías y tecnologías de transición (Castillejo, 2009; Madlingozi, 2010; Irazusta et al., 2017), y en el ejercicio de los "oficios de la desgracia" (Gatti, 2017). Por último, para presentar a algunos de los victimarios, que entran en escena desde espacios de confesión y revelación de datos, como en Sudáfrica y Colombia (Castillejo, 2013).

Sin embargo, esa gran narrativa transicional no logra cerrarse, y la marca post (sociedades postviolentas, postdictatoriales) permanece ad aeternum, como muchos de los ejemplos presentados en este dossier. Aun así, crea un locus de enunciación que promete la posibilidad de reconstruir la nación, abrir un tiempo fundante (Cejas, 2008), un nuevo orden social ideal (Hinton, 2010), desde prácticas que se tornaron lecciones universalizables (Le Franc, 2009; Fassin et al., 2009) y -hasta cierto punto- a-históricas, colocadas como “casos nacionales” intercambiables entre sí.

Una cuidada tarea de execración del pasado -de las violencias políticas, estatales, coloniales, estructurales- y tránsito acelerado a la vida democrática sintetiza complejos procesos sociales. De ese modo, suele producirse una descontextualización de los eventos, que quedan reducidos a la posibilidad de encajar en las categorías de dolor contempladas (Mamdani, 2002; Ross, 2003). La nota común de estas gramáticas es la consagración de versiones institucionales que se enfrentan a narrativas otras, siendo una constante la discrepancia entre requerimientos políticos, demandas sociales, tiempos y resultados jurídicos.

Junto a la movilización social y militancia (de familiares, organizaciones de DDHH y ONGs), la consagración y objetivación de los derechos humanos, fue avanzando la consolidación de las ciencias expertas (criminología, antropología forense, entre otras) en rastrear, exhumar e intentar identificar cuerpos (desaparecidos, asesinados, enterrados en fosas clandestinas). Así, a partir de los 80s y 90s, entran en escena esas ciencias -sobre todo aquellas creadas en respuesta a las violencias desplegadas por las diversas dictaduras del Cono Sur en los 80s (Zarankin & Salerno 2008)-. Un amplio campo de experiencias se desenvuelve por fuera de esos registros y dispositivos, por ejemplo, la masacre contra población indígena, ocurrida en 2017 y analizada por Caroline Leal en su artículo "Akroá-Gamella: territorial struggles and narratives of violence in the Lowlands of Maranhão". La autora evidencia una sucesión sistemática de crímenes de lesa humanidad contra la comunidad Akroá-Gamella en la Baixada Maranhense; tales violencias, encuadradas por Leal como etnocidio, preceden la temporalidad de los gobiernos dictatoriales en Brasil y los sobreviven. La propia existencia de la violencia etnocida para-estatal contra pueblos originarios denuncia la insuficiencia de los dispositivos transicionales y sus marcos temporales; evidencia también la colonialidad del poder en el Brasil rural y latifundista.

Las fronteras de la violencia y la frontera como violencia

En este proceso de gestión de las experiencias, se consagra qué tipo de violencias son legítimamente “cosa juzgable”/revisable”: se busca restablecer la frontera entre lo tolerable y lo intolerable (Wieviorka, 2003; Agier, 2008). En dichos períodos asistimos a nuevas formas de configuración de poderes, de la administración de las narrativas y memorias sobre violencia; y con ellas, de los sentidos y símbolos atribuidos: a la muerte (Castillejo, 2009, y a los cuerpos, construidos como descartables (Butler 2010; Blair, 2005). En el caso sudafricano, por ejemplo, autores/as como Fiona Ross (2003) y Mahmood Mamdani (1996; 2002; 2003) han puntualizado que la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (TRC-1995-2001) dejó de nombrar el apartheid y el racismo, para desagregar las violencias sistemáticas y sistémicas en hechos particulares, clasificados como “graves violaciones a los derechos humanos”; en esos eventos específicos era posible delimitar individuos particulares que actuaron como perpetradores y como víctimas. De esta forma, las narrativas sobre el apartheid y sus violencias iban transformándose a medida que pasaban los filtros de la Comisión. Las Audiencias Públicas y el Informe Final pasaron a ser la versión canonizada sobre el pasado reciente, una versión profundamente cuestionada (Grunebaum& Ralph, 2001; Castillejo, 2009; Cabanillas, 2013).

En estos marcos, la víctima ha adquirido una centralidad social que se consolida como tipo subjetivo, en su demanda de reconocimiento de su dolor, como bien describe Gatti (2017:39) "[…] La víctima ya no está fuera, ya no reside en el borde exterior del vínculo social para posibilitarlo, habita en el centro mismo". En otros contextos, como el Cono Sur, las (asociaciones de) víctimas que salieron al ruedo público hacia 1980 demandando al Estado, hoy lo trascienden, interpelando a organismos internacionales. Actualmente, el campo victimal (2017:38) admite diversas situaciones que ya no se restringen a violaciones de derechos humanos, sino que nuclean problemáticas sumamente diversas.

La negación del carácter político de determinadas violencias durante los escenarios o períodos de revisión de lo ocurrido, y su persistencia concomitante en tiempos asumidos como “post”, nos lleva, como mínimo, a preguntarnos por la relación entre ambas. La articulación entre las violencias consideradas políticas (Cabanillas, 2011) y aquellas que son des-politizadas desdibujan la misma temporalidad pasado-post instaurada por la gestión institucional. Así, ciertos cuerpos continúan viviendo en estado de excepción permanente (Calveiro, 1995); amontonados en lo que Achille Mbembe (2011) llamó “campos de muerte”, y gobernados por principios necropolíticos.⁴ Un ejemplo de estas situaciones de “excepción permanente” representa el trabajo histórico arqueológico de Pedro Maguire y Denise Costa, "‘Scientific torture’? Scientism and the marks of torture inside a police station in Belo Horizonte, Brazil". La descripción que los autores realizan sobre la articulación entre gobierno, ciencia, tortura, espacio y arqueología, trae las lógicas que sustentaron esas prácticas durante la dictadura brasilera. Lógicas aplicadas por diversos países, que involucran a la CIA y a entidades gubernamentales desde mediados del siglo XX. Así, el espacio de las instalaciones del DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), en Belo Horizonte, contó con prácticas trasladadas desde manuales, diseñados para interrogar detenidos por medio de una "tortura científica", que además incluían recomendaciones arquitectónicas. Los autores muestran que un análisis de la infraestructura de espacios concentracionarios permitiría comprender otros aspectos de las relaciones de poder, jerarquías y vivencias ocurridas en ellos.

El texto de Desirée Azevedo, "Our Dead and Disappeared. Reflections on the construction of the notion of political disappearance in Brazil", reflexiona sobre la construcción social de la desaparición política en Brasil. La autora muestra de qué forma ocurre la comprensión y atención de casos de desaparición en el escenario brasileño, desde la tensión entre tipo de víctimas y tipo de violencia. Hablar de desaparecidos no connota una figura única.⁵ Brasil destaca por algunas ambivalencias en el traslado jurídico de esas categorías, así como en la aplicación de convenciones internacionales sobre el delito de desaparición forzada. Al tiempo que se limita a crímenes cometidos durante la dictadura, excluye varios casos que afectan vidas y familiares a la espera de noticias. Así, Azevedo describe una diversidad de situaciones de desaparición, mezclando la tensión entre la categoría ser aplicable al caso, o el caso encajar en la categoría ¿Qué es y que no es un desaparecido en Brasil? ¿Cómo se tensiona, en Brasil, la concepción jurídica de "desaparición forzada de personas" de la ONU (2006)?

Igual que en otras naciones, el movimiento de familiares confluye en torno a las figuras de muertos y desaparecidos políticos. Los casos son discriminados según el tipo de violencia, política o sistémica. Violencias sustentadas en narrativas de seguridad quedan no abordadas; así, la violencia policial sobre espacios y poblaciones concretas se normaliza como legitima (por ejemplo contra la juventud negra en las periferias, o población indígena, entre otras). La violencia estatal y policial marcan continuidades con la dictadura, vistiendo de otros ropajes el “enemigo interno”. O en palabras de Berenice Bento (2018:3), analizando lo que la autora llama de bionecropolítica brasileña: “a governabilidade, para existir precissa produzir ininterruptamente zonas de morte”.

Desde movimientos y activistas

Estudiar el proceso de transnacionalización de los procesos de gestión y administración de violencias políticas, con la profesionalización y especialización de los procedimientos, nos permite percibir la complejidad de las implicaciones de la construcción y aplicación de dichos dispositivos. En este sentido, interesa analizar qué estrategias desarrollan las/os actoras/es para participar de los diseños institucionales, y qué lugar ocupan las víctimas -y su palabra/silencio- en la creación de un espacio de enunciación, de creación de regímenes de visibilización, y de existencia.

En el contexto argentino, movimientos consolidados de derechos humanos y, en particular organizaciones de familiares de víctimas, se tornaron activos participantes de los procesos de verdad y justicia, en disputas ininterrumpidas, desde el momento en que la última dictadura militar (1976-1983) comienza la desaparición forzada de personas. Estas disputas están atravesadas por grandes matices, algunos de los cuales describe Virginia Vecchioli en su texto, "Deserving Victimhood. Kinship, Emotions and Morality in Contemporary Politics". La articulación de apreciaciones políticas sobre valores adecuados e inadecuados, lazos de sangre y familiares, pone el dedo en la llaga sobre construcción de formas de gubernamentalidad. La lectura de la autora tensiona la legitimidad que habría entre las víctimas de la dictadura argentina, merecedoras de más o menos compasión y reconocimiento. En esta línea de pensamiento, dialoga con Veena Das (1999; 2008) y su propuesta de cruzar metáforas de parentesco y de política, entre estado y familiares, y de entender cómo el Estado contribuye en la construcción de sentimientos colectivos que pueden interpelar a la compasión.

Las incongruencias entre tipos de violencia y dimensiones temporales pueden leerse en el trabajo de Adriana Novais: "Los pueblos del campo y los desafíos alrededor de la justicia transicional en Brasil". La autora analiza memorias y narrativas de asociaciones de campesinos e indígenas que interpelan las nociones de la Comisión Nacional de la Verdad - CNV en Brasil (2012 y 2014). Tanto la dimensión temporal (1962-1985) como la conceptual no son aceptadas por las entidades militantes. Novais destaca principalmente los desacuerdos entre las definiciones de violencia, el concepto de "violación de Derechos Humanos" que utiliza la CNV y los conceptos más amplios utilizados por asociaciones de militantes y comisiones de verdad regionales, como la paulista “Rubens Paiva”. La definición de la CNV de qué serían "graves violaciones de derechos humanos” no necesariamente condice con la realidad campesina. En cambio, apelan a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla otros tipos de violencia.

El trabajo de Novais dialoga, desde un ángulo diferente, con el de Azevedo, en las tensiones en torno a la categoría de desaparición política y su ambigüedad. En tanto Azevedo mostraba su fuerte conexión con el movimiento de familiares de muertos y desaparecidos políticos, excluyendo otras violencias, Novais, agrega el caso de otras comunidades: las poblaciones indígena y campesina; que son menos reconocidas en el imaginario local y político, y que disputan desde el espacio rural también su lugar en esas categorías.

Dibe Ayoub trae a este dossier, con Land as Home: Women, Life and Violence in Land Conflicts, otra dimensión de conflictos, aquellos que se desenvuelven alejados de grandes dispositivos de gestión, y que desarrollan sus dinámicas propias. La autora aborda el conflicto por la tierra en una pequeña comunidad rural del sur brasileño. Se trata de una disputa que involucra a grandes empresas y sus representantes locales, quienes mantienen relaciones de vecindad y parentesco con la población local amenazada por éstos. La autora analiza las formas en que las mujeres locales desenvuelven estrategias de vida y éticas de la autoridad, de las relaciones de género y de la pertenencia a la tierra. Todo ello entre tensos enfrentamientos, atravesados por incendios, desalojos y muertes.

Celeste Ciccarone, en su texto "Guarani Farm: indigenous narratives about removal, reclusion and escapes in the period of the military dictatorship in Brazil", recupera las formas específicas de violencias contra la población indígena durante el período dictatorial brasileño, centradas en torno a la desposesión de la tierra, mentiras organizadas para el traslado forzado de población y su aislamiento en campos de reclusión (Fazenda Guaraní) estilo “reservas nativas”, destinados a “dejar languidecer” vidas indígenas. Ciccarone, Leal y Ayoub muestran dinámicas rurales de la violencia en Brasil, que exceden el binarismo “democracia-dictadura” y que permanecen fuera de los marcos de la CNV; dinámicas que, a su vez, demandan nuevas formas de conceptualización de la violencia y del ejercicio del poder en el Brasil contemporáneo.

Siguiendo la reflexión y genealogía establecidas por Marcia Leitão Pinheiro en su artículo “The sound of silenced voices": mobilizations, connections, and demands in the investigation of slavery in Brazil", la autora se enfoca en argumentar las continuidades de la violencia contra la población negra y de la lucha antirracista, en un tejido temporal de larga duración. La memoria de la esclavitud y las consecuencias de este período, su falta de reconocimiento como crimen de lesa humanidad y parcialidad de las políticas correctivas de restitución de derechos, amalgaman la continuidad de la violencia racial y racista en el Brasil contemporáneo. La autora coloca en primer plano el activismo negro de la Organización de Abogados Brasileños, para reclamar las deudas históricas del Estado y la aplicación del dispositivo “Comisión de la Verdad” al proceso de esclavitud en el Brasil, mostrando que tales dispositivos no son prerrogativa de organismos internacionales o estatales.

Inventando y evitando formas de convivir

En torno de las políticas reales de reconciliación, reparación del daño o, simplemente, aceptación de la convivencia forzada, Andréa Schvartz Peres, en su artículo "For Human Rights: The construction of multinational Brčko District (Bosnia and Herzegovina)", analiza las políticas educativas y patrimoniales con base en una detallada etnografía en el escenario post etnocidio. Estas políticas, en realidad, colocan el futuro del distrito multirracial de Brčko en una nube de dudas y tensiones, donde el pasado se niega a diluirse en el presente de segregación de experiencias: cómo reconocer cada versión de la historia-memoria sin que los caminos narrativos refuercen las dinámicas de separación dentro de cada espacio educativo y de la ciudad. La autora muestra la complejidad laberíntica de las políticas de reconciliación en el ámbito escolar y patrimonial.

En el escenario colombiano, Marco Tobón retrata, en "Metamorfosis trágica en la Amazonia colombiana. El cuerpo en los juegos de la guerra y la paz", una etnografía de los procedimientos de reconciliación en clave local. En ella, encuentra que las formas de restituir el tejido social rasgado es desplazar el poder de matar de ciertos integrantes de la comunidad durante los conflictos armados en una otredad animal o animalizante. Así, escapa a las dinámicas judicializadoras y estandarizadoras de los Estados modernos, así como de los dispositivos internacionalizados de justicia transicional. Las comunidades del Amazonas colombiano encuentran formas de cura rituales para restituir las transformaciones de cuerpos y el tránsito de espíritus de animales a humanos, y viceversa. Éstas resultan no sólo una fuente epistemológica para hacer inteligible la violencia; sino también la posibilidad de la paz, en contextos sociales donde el punitivismo o la expulsión no son una opción.

Tanto estos casos como los otros permiten pensar las complejas dimensiones de los procesos ¿post? -en los cuales no funcionan fórmulas de reconciliación (Theidon, 2004), ni es posible recuperar lazos previos- por lo que, en algunos casos, se imponen las "coexistencias contenciosas" (Payne, 2009). En esta era de víctimas, disculpas y demandas (Wieviorka, 2003; Brooks, 1999; Blatz et al., 2009; Fassin et al., 2009), la dimensión de repliegues jurídicos que esgrimen los Estados nacionales, para evitar efectivar reparaciones reales, limitándose a disculpas públicas gubernamentales y memoriales (Bessone, 2013), es una constante.

En la cartografía de las formas de matar, dejar vivir y controlar a través del terror en tiempos “pos-violencia”, durante la preparación de este dossier (2017-2018) asistimos en Brasil a una escalada de asesinatos y masacres en pueblos indígenas y jóvenes negros/as, así como líderes de los pueblos del campo. Es imposible no preguntarnos sobre esta reestructuración o profundización de las formas para-estatales de la guerra, en una América Latina que día a día se posiciona como el continente más violento del mundo.⁶ Estos procesos emergieron en la agenda pública internacional con el asesinato de la edil de Rio de Janeiro Marielle Franco, activista negra y lesbiana contra la militarización de las comunidades negras y contra la violencia, policial y para-policial. Las gramáticas de la ¿post? violencia nos plantea, como problema teórico, social, político y humano, las macabras formas de asociación -de existencia simbiótica- entre el Estado y diversas formas de para-estado (Segato, 2016); la interconexiones y superposiciones entre funcionarios públicos, y las organizaciones nacionales e internacionales del tráfico de drogas ilegales y de personas.⁷

Tal proceso, sin embargo, ya estaba en curso mucho antes de 2018, y está marcado por la normalización del estado de excepción para determinados grupos: de qué formas y con qué gramáticas las prácticas genocidas, el terrorismo racial y de género, se perpetúan. Repensar estas cuestiones implica también considerar qué significan la paz y la guerra en el quehacer etnográfico, y cuáles son nuestras responsabilidades y debates antropológicos, en tiempos en que muchos profesionales trabajan/trabajamos en áreas construidas como “zonas de muerte”. Las gramáticas de las violencias racializadas y/o políticas no sólo invisibilizan socialmente las cartografías de la muerte; también procuran aislar a los sujetos marcados como “matables” de posibles aliadas/os.

Si la pregunta de Castillejo Cuellar para Colombia es qué antropología necesitamos para la paz, qué alianzas y colaboraciones establecemos más allá de los palcos analíticos, localizadas en el campo de la antropología brasileña cabe preguntarse qué antropología -y en definitiva, qué ciencias humanas- necesitamos para un estado de excepción permanente, y territorialmente fragmentario. ¿Cómo pensamos el trabajo de campo con sujetos que habitamos un mundo desdoblado, entre cuerpos que merecen vivir y cuerpos cuyo derecho a la vida pende cotidianamente de un hilo? ¿Qué alianzas, qué palabras, qué lenguajes? ¿Qué etnografías merecen los días de hoy, en que la “zona del no ser” (Dussel, 1979; Grosfoguel, 2012) está cada vez más, poblada de cadáveres?

En definitiva, investigar y escribir sobre políticas, conceptos y agentes que abordan y gestionan efectos de violencias internas, debería también generar propuestas y herramientas para abordar escenarios de violencia.

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• WIEVIORKA, Michel. 2003. “L’émergence des victimes”. Sphera Publica, 3: 19-38

• 1
  Este campo de actuación suele englobarse en el concepto de Justicia Transicional (JT), instituido por expertos con alto capital académico e institucional, como los juristas. Sobre este concepto existen diversos análisis que marcan el momento de su irrupción, las críticas a su aplicación a-histórica, su reemplazo de la justicia punitiva (por ser más demorada), y su difusión actual como supuesta solución universal para atender atrocidades masivas, entre otros (Le Franc & Mouralis, 2014).
• 2
  Uno de los casos paradigmáticos es Argentina, que de la mano de un activismo incansable de los organismos de DDHH, instaló un proceso endógeno que va desde el Juicio a las Juntas Militares, entre los años 1984-85 (con condenas de los altos mandos militares) a la condena por genocídio de Miguel Etchecolatz en 2006, instalando la noción de que los crímenes de la dictadura serían imprescriptibles.
• 3
  Pathos, como fuera definida por Fassin (2003:2), la lectura de procesos históricos, desigualdades sociales en términos de sufrimiento, ha generado "[…] una patetización del mundo, es decir, una representación patética de las desigualdades sociales y la introducción del pathos en lo político". La entrada de una política del sufrimiento focalizada en la psique, el individuo, que usa la escucha como herramienta", tan común en el marco de los dispositivos transicionales.
• 4
  En nuestro contexto, los campos de muerte pueden ser asimilados a los campos de refugiados, cracolandia, villas miseria, población de calle.
• 5
  En cambio, en Argentina, la categoría “desaparecido” se instaura e institucionaliza para explicar y dar nombre a una práctica de la violencia genocida (Gatti, 2010) que emerge durante la última dictadura militar (1976-1983).
• 6
  Con base en el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP, 2018), que todos los años elabora el ranking. De las 50 ciudades más violentas, 17 están en Brasil, 12 en México y 5 en Venezuela. En términos metodológicos, el informe establece la comparación midiendo la tasa de asesinatos cada 100 mil habitantes.
• 7
  Como señala Berenice Bento, los rituales y ritos de la eliminación del Otro pueden variar en diversos universos de población (trans, carcelaria, indígena). Sin embargo, con responsabilidad directa por acción, o indirecta por omisión estatal, es necesario desarrollar formas de teorizar que permitan hacer inteligible la dinámica de la gobernabilidad, la construcción de la soberania y el ejercicio de dar la vida y dar la muerte (Bento, 2018).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  23 Nov 2018
• Fecha del número
  2018