Resumen
La política económica segregadora y la inexistencia o ineficiencia de políticas habitacionales son aspectos que profundizan las desigualdades sociales entre los diferentes segmentos de renta. Uruguay, por medio de la llamada Ley de Vivienda, buscó solucionar la debilidad habitacional, positivando el derecho a la vivienda y regulando la inserción de cooperativas al acceso a las políticas públicas. La ley, aún en vigor, posibilita que el bien inmueble sea tratado como derecho, no solo como propiedad, y permite que las cooperativas actúen en el proceso de planificación, ejecución y administración de los proyectos habitacionales, principio comprendido como autogestión. En Brasil, los primeros programas que atendían a la demanda habitacional eran fragmentarios, atendiendo a una pequeña parte de los demandantes. Con el surgimiento del Banco Nacional da Habitação (BNH) se amplió el acceso al crédito para la obtención de vivienda. Las cooperativas habitacionales estaban incluidas en ese programa, comprendiendo la atención del mercado de renta media. Con el fin del BNH y la insatisfacción resultante de la crisis económica, surgieron movimientos sociales en torno a la cuestión de la vivienda urbana, buscando articulaciones prácticas y políticas para transformar la vivienda en derecho. A finales de la década de 1980, el intercambio de experiencias con Uruguay inició el abordaje del ingreso de las cooperativas en la vivienda de interés social; un aspecto, hasta entonces, no experimentado en Brasil. Utilizando el método histórico-descriptivo, este estudio resulta del análisis de los ordenamientos normativos y de producciones académicas sobre el tema. Se busca comprender la participación de las cooperativas en la vivienda popular y sus dificultades de acceso a las políticas públicas habitacionales.
Palabras clave:
Cooperativas; Vivienda; Autogestión; Uruguay; Brasil