Pagar o no pagar, ¿esa es la cuestión? Consumo de bienes y servicios públicos en asentamientos de Buenos Aires y Rio de Janeiro

Pagar ou não pagar, essa é a questão? Consumo de bens e serviços públicos em assentamentos de Buenos Aires e Rio de Janeiro

To pay or not to pay, that is the question? Consumption of public goods and services in informal settlements in Buenos Aires and Rio de Janeiro

Resumo:

A forma como o estado, o mercado e as famílias interagem são objetivados nas práticas de consumo, impactando nas condições de vida e bem-estar dos mais pobres. Por meio de um trabalho de campo realizado em um assentamento urbano informal nas cidades de Buenos Aires e Rio de Janeiro, são analisadas as práticas e os hábitos de consumo de bens e serviços públicos. Argumenta-se que o acesso a esses bens não é apenas condição necessária para o exercício dos direitos de cidadania, mas funcionam como meio de diferenciação e distinção.

Palavras-chave:
Consumo; Bens e serviços públicos; Cidadania

Resumen:

El modo en que interactúan el estado, el mercado y las familias se objetivan en las prácticas de consumo impactando en las condiciones de vida y el bienestar de los más pobres. A través de un trabajo de campo realizado en un asentamiento urbano informal en las ciudades de Buenos Aires y Río de Janeiro se analizan las prácticas y hábitos de consumo de bienes y servicios públicos. Se argumenta que el acceso a estos bienes no solo es condición necesaria para el ejercicio de los derechos de ciudadanía, sino que funcionan como medios de diferenciación y distinción.

Palabras clave:
Consumo; Bienes y servicios públicos; Ciudadanía

Abstract:

The way in which the state, the market, and families interact objectifies itself through consumption practices, which impacts in particular material conditions and affects the life and wellbeing of poor citizens. This article analyses the habits and consumption practices of public goods and services drawing on fieldwork in informal urban settlements in Buenos Aires and Rio de Janeiro. It argues that access to these goods it’s not only a necessary condition for the exercise of citizens’ rights, but that access also functions as a means of differentiation and distinction.

Keywords:
Consumption; Public goods and services; Citizenship

Introducción

Muchas de las políticas económicas, los programas sociales y los discursos políticos en la región apuntan a ampliar el mercado de consumo masivo como un mecanismo de inclusión e integración de los sectores empobrecidos. También las aspiraciones de acenso social giran en torno a la posibilidad de aumentar la capacidad de adquisición de diversos bienes. Resulta útil, por tanto, analizar las prácticas de consumo de estos sectores. Esto incluye observar cuestiones variadas pero interconectadas entre sí que abarcan desde las prácticas mercantiles y financieras que median las relaciones familiares y vecinales con las instituciones (estatales y de mercado) hasta los sentidos que los actores les atribuyen a estas prácticas y al universo de lo material en términos de pertenencia y distinción. Implica no sólo describir las condiciones materiales de vida sino los significados que las personas atribuyen a sus experiencias.

Las investigaciones sociológicas con temas de consumo como categoría analítica vienen creciendo en Latinoamérica presentándose como un elemento relevante para estudiar diversos procesos sociales que involucran aspectos económicos, políticos, estéticos, religiosos, morales, etc. (Salata 2015; Wilkis y Hornes 2017; Díaz Rosaenz 2017; Figueiro 2013; Barbosa y Wilkinson 2017; Yaccoub 2012; Rocha y Silva 2009; entre muchos otros)

Tradicionalmente, tanto en los estudios sobre el consumo como en la opinión pública han predominado visiones maniqueas. Una de ellas bajo el ala de la economía clásica que parte del supuesto de que los individuos actúan racionalmente en su conducta de consumir, maximizando su utilidad y basándose en su jerarquía de gustos y preferencias. Estos marcos teóricos nutren a las críticas más conservadoras y se instalaron en el sentido común para denunciar la “irracionalidad” de los pobres en la administración de sus ingresos, sus elecciones de consumo y la jerarquización de sus gastos. La segunda tradición académica responde a los análisis marxistas que adoptaron parte de los estudios sociológicos de mediados del siglo pasado (Galbraith 2000; Marcusse 2002; Horkheimer y Adorno 2006; entre otros). Estos hacen hincapié en la alienación y la dominación de los individuos producto de la cultura del consumo, como base de sustentación del proceso de producción y el crecimiento del mercado. Ambas tradiciones alimentan la construcción de estereotipos y generalizaciones sobre los pobres con relación a sus prácticas de consumo: o bien como administradores ineficaces y gastadores irracionales o como sujetos alienados presos de la publicidad y las falsas necesidades.

De la mano de la sociología del consumo se fue superando esta mirada dicotómica entre racionalidad-utilitarista/dominación-encubierta, permitiendo incorporar el análisis de diversos aspectos y dimensiones más allá de la condición material y objetiva. Los elementos analíticos de la teoría de las prácticas sociales (TPS) resultan útiles para dar cuenta del estatus material y de los factores que intervienen en su producción y reproducción.

Considerando esto, el objetivo del artículo es analizar las prácticas de consumo de las familias de sectores populares en torno a la adquisición de bienes y servicios públicos. ¿Qué lógicas y estrategias despliegan los actores en sus prácticas cotidianas de consumo? ¿Qué aspiraciones y significados incluyen? ¿Qué nos dicen estas prácticas acerca de la desigualdad, el bienestar y el reconocimiento como ciudadanos? Estas son algunas de las preguntas que el trabajo se propone responder.

La metodología empleada es de tipo cualitativa a partir del trabajo de campo realizado en dos asentamientos informales en las ciudades de Buenos Aires (Villa 15 conocida como Ciudad Oculta) y Río de Janeiro (Comunidad de Turano).²

El artículo se organiza de la siguiente manera. Primero, se plantea la perspectiva analítica y metodológica. Segundo, se examinan las prácticas de consumo dirigido a los bienes y servicios públicos. Finalmente, se comparten algunas reflexiones.

Perspectiva analítica y consideraciones metodológicas

En este trabajo se parte de considerar al lugar que tienen y ocupan las familias. Ya sea en la reproducción de la vida social a partir del despliegue de estrategias cotidianas o como unidad fundamental para comprender de qué manera sus decisiones y comportamientos se relacionan e influyen en otras esferas como el estado y el mercado, las familias constituyen un elemento fundamental para la comprensión del mundo social. Sus estrategias nos advierten que los procesos de producción y reproducción de la vida social suceden en la continuidad de las prácticas, ligadas a un espacio, a un entorno determinado y a relaciones sociales y comunitarias específicas. Lo segundo refiere a que las prácticas de consumo popular y las estrategias familiares se interrelacionan con otros ámbitos de la sociedad (del estado, del mercado u otras clases), influyéndose y actualizándose mutuamente (Zelizer 2005).

Explorar las prácticas de consumo que despliegan las familias resulta relevante, entonces, porque a través de estas es posible percibir cómo se desenvuelven las estrategias de reproducción social en la cotidianidad y cómo interactúan con otras esferas de la sociedad. En este sentido, la teoría de las prácticas sociales incluye elementos clásicos de la teoría social como Bourdieu (2007), con la noción de sentido práctico socialmente constituido, al que se suman nuevos aportes que permiten entender al consumo como un “momento de toda práctica” haciendo énfasis en la dimensión rutinaria, habitual y convencional de la vida social (Warde 2005; Shove, Pantzar y Watson 2012; Reckwitz 2002). Tal como lo sintetiza Ariztía (2017,222), una práctica se entiende como “entidad que antecede analíticamente al individuo y la estructura: tanto la acción individual, como la capacidad de las instituciones de moldear el mundo social, serían el resultado del despliegue de las prácticas”. En el campo de la investigación empírica, el contexto, los conflictos sociales y las instituciones que intervienen también forman parte del rendimiento y de la organización de las prácticas (Warde 2005).

En concordancia con esta perspectiva, la estrategia metodológica apunta a conocer y analizar las prácticas de consumo de las familias de sectores populares esperando que den cuenta del entramado social e institucional que estas objetivan. Éstas deben comprenderse dentro de su contexto de producción, esto es, en el territorio en el que las familias viven. Para ello el trabajo de campo en ambas locaciones incluyó la observación participante y entrevistas en profundidad. Se realizaron en total de 35 entrevistas semiestructuradas.³

Se entrevistaron exclusivamente a mujeres con la intención de explorar cómo recaen sobre ellas las decisiones de compra y administración de los ingresos del hogar y, adicionalmente, en caso de los beneficiarios de programas sociales, son las mujeres quienes reciben el dinero proveniente del estado. En la administración del hogar se hacen visibles los roles de género típicamente asociados a tareas femeninas. En el caso de estudio se manifiestan dos características en función a las decisiones de consumo. La primera refiere a la división de tareas. Exceptuando los casos de hogares monoparentales, la mayoría de las entrevistadas indican una clara distribución de tareas donde las mujeres asumen la administración del gasto en alimentos, ropa y todo lo relacionado a cuidados domésticos. La segunda está dada por los esfuerzos que las mujeres hacen por combinar de manera “efectiva” el ámbito laboral y el familiar. Las que cuentan con otros ingresos deciden reducir las horas de trabajo o buscan alternativas que les permitan tener mayor flexibilidad: “Mira, es preferible trabajar un poco menos y estar más con la criatura, estar más pendiente, por lo menos ahora que está todo tan pesado... prefiero quedarme más tiempo en casa” (entrevista 2). En el intento de compatibilizar ambas esferas (laboral y familiar) se refuerza un proceso de doble rol donde las mujeres suman a su trabajo reproductivo (manejo cotidiano de la casa y de los hijos) un segundo turno de trabajo productivo (Weinerman 2007). A esto se suma la función de administradoras de los ingresos del hogar ya que son quienes controlan los gastos en los rubros de alimentación y cuidado de los hijos, reforzado esto por el hecho de ser ellas las titulares de los subsidios provenientes de programas sociales. Una de las consecuencias que supone disminuir las horas trabajadas es la puesta en marcha de una serie de estrategias materiales y relacionales donde se relega el ahorro y se jerarquizan las decisiones de consumo donde los hijos son la prioridad.

La selección de las locaciones para el trabajo de campo se enmarca en un contexto de crecimiento económico para muchos países de la región, incluyendo a Argentina y Brasil, con gobiernos que priorizaron la participación económica y el acceso a bienes y servicios de consumo de sectores de la población históricamente excluíos (Franco, Hopenhayn y León 2011). En este marco de crecimiento del consumo popular, los dos casos permiten conocer algunas de las características y condiciones que adquirió ese modelo en la vida cotidiana de las familias de sectores populares. Ambos lugares presentan conocidos déficits de prestación de servicios públicos y las condiciones de vida en la que se encuentran las familias y sus hogares están determinadas por un alto nivel de informalidad (laboral, de tenencia de la vivienda, de provisión de servicios etc.). Si bien la realidad socioeconómica al interior de los asentamientos urbanos es heterogénea y difiere entre los dos países, existen características estructurales y contextuales compartidas que permiten analizar ambos casos en conjunto. Tal como lo expresó una de las vecinas del barrio porteño: “¿Vos a quien querés entrevistar? ¿Pobre, medio pobre, muy pobre? Porque, aunque vivan acá, tenés todas las categorías” (entrevista 1). Atender a estas heterogeneidades es fundamental para no reproducir visiones totalizantes de la pobreza, popularizadas por la idea de “cultura de la pobreza” (Bayón 2015).

Estas diferencias no solo se manifiestan en torno al consumo de bienes individuales (como la vestimenta, los gastos en cuidados estéticos, el amoblamiento del hogar, los aparatos electrónicos y tecnológicos etc.), sino que el trabajo demuestra que el acceso y uso de ciertos bienes y servicios públicos también revela aspiraciones de ascenso social y cumplen la función de distinción entre los grupos de pares al mismo tiempo que son condición necesaria para el reconocimiento de derechos de ciudadanía.

Entre lo público, lo privado y la autogestión

Los vecinos de Ciudad Oculta en la Ciudad de Buenos Aires se encargan de proveerse el acceso a bienes y servicios públicos y, en consecuencia, recae sobre ellos la tarea de solucionar los problemas y las deficiencias que estos acarrean:

Cuando íbamos a edificar, pagamos para que nos traigan la red de las cloacas. Lo hicimos todos los vecinos. Todos pagamos. Con la luz también, nos enganchamos. Vino la gente de Edesur y nos sacaron el cable para engancharnos, pagamos una fortuna, sale como 13.000 o 14.000 pesos. Pagamos y estamos todos enganchados. No es gratis. Acá nosotros no vivimos gratis y si no tenés, no tenés. (entrevista 5).

Con la luz teníamos muchos problemas porque se cortaba mucho, más en el invierno. Pero ahora hicieron todo nuevo y a nosotros, en la reunión de la luz, nos dijeron que los que querían buena luz, tenían que poner un cable como corresponde, de acuerdo a lo que gasta la casa. Y bueno, los que podíamos lo hicimos y no tuvimos más problemas. Los que no pudieron hacer siguen teniendo problemas, porque a cada rato se les incendia o se les corta. (entrevista 4).

Dos elementos son interesantes para resaltar que ilustran el funcionamiento general de los servicios públicos. Por un lado, la deficiente provisión de luz se debe a las conexiones irregulares típicas en estos barrios (los llamados “enganchados”). Debido a las dificultades con las que se enfrentaban cotidianamente (cortes, incendios, baja tensión), se realizó una reunión en la sede vecinal para tratar el problema. Por el otro, solo quienes pueden pagar el cableado correspondiente a los niveles de consumo de electricidad pudieron resolver el problema. Es decir, tanto la provisión del servicio como la resolución de los conflictos dependen de la acción conjunta entre la organización comunitaria (en este caso reunidos en la sede vecinal) y de la capacidad individual de los vecinos (en términos de disposición de recursos económicos). Solo quienes pueden comprar los cables y pagar la instalación resolvieron el inconveniente.

Las familias naturalizan esta deficiencia en la provisión de servicios básicos y despliegan estrategias a partir de ello, y esto tiene consecuencias en los hábitos de consumo cotidiano. Así, por ejemplo, en todos los hogares se reemplaza el clásico uso de la cocina a gas por el uso de electrodomésticos para cocinar (horno eléctrico, jarra eléctrica, freidora etc.). Al no estar conectados a la red de gas (como el resto de los hogares urbanos), los hogares en Ciudad Oculta utilizan gas envasado en garrafas. Al momento de realizar las entrevistas el costo de la garrafa era seis veces más caro que el equivalente a la red domiciliaria. Ante esta situación, optan por utilizar la red eléctrica que, como se trata de conexiones irregulares, no se paga. Esto también se ve reflejado en el gasto de consumo que hacen en equipamiento de electrodomésticos para el hogar:

El gas, tengo un gas de 10 litros y uno de 15, por si se termina. Pero mucho no gastamos, porque agua calentamos en la pava eléctrica Philip. Después uso horno eléctrico y esa freidora eléctrica que se calientan en aire. (entrevista 6).

Los bajos o nulos costos de la energía eléctrica también se traducen en su uso “irracional”. Con todo, queda claro que las condiciones en las que se da la provisión de servicios tienen consecuencias en múltiples ámbitos de la cotidianidad de las familias, desde las estrategias que despliegan para garantizar el acceso hasta en las compras de electrodomésticos o las modalidades elegidas para cocinar o para refrigerar/calefaccionar el hogar.

Si las condiciones de acceso y el uso de los bienes públicos están incorporados y forman parte de la administración de los presupuestos de los hogares, también se naturaliza la calidad deficiente de su provisión. Si bien algunos estudios sostienen que los habitantes de las periferias han comenzado a enmarcar sus demandas (referidas al acceso a servicios y a las condiciones de vida en general) dentro de un discurso de legalidad (Besana, Gutiérrez y Grinberg 2015) o de derechos de ciudadanía (Holston 2009), el caso particular de las entrevistas realizadas en Ciudad Oculta muestra otra realidad. El descreimiento en las elites políticas y en los canales clásicos de participación se combina con la naturalización de las desigualdades y la normalización de prácticas cotidianas basadas en esas desigualdades.

Tener que autoproveerse de los servicios (conexiones irregulares de agua, electricidad, sistema de desagüe etc.) y tener que hacerse cargo de los consecuentes problemas (falta de presión de agua, cortes prolongados de luz, inundaciones, cortocircuitos etc.) forma parte de la cotidianeidad y de los presupuestos de las familias.

A diferencia de los enfoques que sostienen que servicios como la energía eléctrica no tienen para los moradores de sectores populares un valor mercantil (Yaccoub 2012), las entrevistas en Ciudad Oculta sugieren lo contrario. Pagar por servicios de calidad no forma parte del universo de opciones y posibilidades y, consecuentemente, tampoco la demanda desde una perspectiva de derechos. Es justamente porque se reconoce su valor mercantil que no se los identifica como factores constitutivos de la ciudadanía y en esta ecuación no se demanda ni se reclama lo que no se paga: “Porque a nosotros se nos corta la luz y ¿a dónde vamos a reclamar? A ningún lado. Esto es tierra de nadie” (entrevista 5). En esta misma dirección: “Acá no pagamos nada, no pagamos luz, no pagamos nada. No podemos hablar nosotros, no nos podemos quejar, no podemos hacer una manifestación” (entrevista 11).

De esta manera, se naturaliza el hecho de estar excluidos de los bienes púbicos. No pagar no responde a un acto de insurgencia como lo plantea Holston (2009), sino que forma parte del habitus (Bourdieu 2007), en tanto conjunto de disposiciones relativamente estables, duraderas y en tanto “interiorización de la exterioridad”, es decir, como forma de internalización de las desigualdades. Los derechos aparecen como privilegios de otros sectores sociales y la ilegalidad de las conexiones para disponer de servicios como prácticas congruentes con su realidad. La posibilidad de pagar por estos bienes públicos está vinculada a la idea/deseo de poder acceder a un servicio eficiente y de ser reconocidos como sujetos con derecho a reclamar. Sin embargo, la materialización efectiva de esta idea aparece como algo muy lejano para las familias. Como se mencionó, no pagar por el uso de la electricidad o el agua forma parte de las prácticas cotidianas (por ejemplo, las comidas que se preparan están condicionadas de manera tal de optimizar el uso del gas y en consecuencia también el gasto que hacen en ciertos alimentos y en los electrodomésticos para cocinar) y de la administración sobre la cual se organiza el presupuesto de los hogares. Detrás de estas prácticas no solo subyace la posibilidad de ser reconocido, sino también la realidad económica que los atraviesa. Los testimonios indican que muchos de los sujetos podrían pagar por estos servicios pero que ello significaría reducir su patrón de consumo destinado a otros bienes y mercancías: “Si me voy a vivir a otro barrio, sé que lo primero que voy a tener que sumar a todos los problemas que tengo es pagar mis impuestos y servicios” (entrevista 6). Otra vecina comenta:

Yo prefiero tener todo y pagar, pero hay gente que no se si llegaría al mes a pagar todo. Tendría la casa, pero no tendría que poner. Es así. Una de las cosas que te deja el barrio es que esa plata que no la gastas en la luz ni en el agua, la podés invertir en otras cosas. (entrevista 14).

En el caso del barrio carioca de Turano los servicios de infraestructura básica representan áreas deficitarias con niveles de desarrollo que dependen de la zona de la comunidad que se habite y cuyas insuficiencias son suplidas por arreglos particulares y/o comunitarios. En general, existen servicios que han comenzado a ser regularizados y facturados (como el caso de la electricidad); otros que continúan siendo irregulares (como el agua); los que se obtienen de manera irregular y se pagan (como la televisión satelital); y aquellos cuyo alcance depende de la zona del morro, siendo en general las áreas más elevadas las de menor acceso (como el sistema de cloacas o la recolección de residuos).

El tipo de acceso y el uso de estos servicios no depende exclusivamente de la capacidad económica de los sujetos de afrontar el pago. Existen muchos casos que aun pudiendo destinar recursos optan por conexiones clandestinas (el llamado gato ya sea a partir de la conexión directa en el poste de la red eléctrica o de la alteración de los relojes medidores por lo que se registra un consumo menor al real). Yaccoub (2012), analiza el fenómeno de los gatos de energía eléctrica entre los habitantes más acomodados de un barrio popular e indica que la mejoría en la situación económica y material que se puede percibir en muchas familias no se traduce en una menor predisposición a hacer uso irregular y clandestino de la electricidad. Esto quiere decir que, si bien ciertas personas podrían pagar por el servicio, no lo hacen o pagan menos de lo debido. Monsen y Downs (1971), sostienen que los bienes públicos representan un tipo de consumo inefectivo para satisfacer anhelos de reconocimiento, de estatus —individual y de clase— y de diferenciación, que es mayoritariamente canalizado a través de los bienes individuales. En el caso aquí analizado, esto explicaría por qué las viviendas y el acceso a ciertos bienes (como los electrodomésticos, los equipos de audio y video, los automóviles etc.) son tan importantes para estos ciudadanos en términos de distinción, pero no el hecho de pagar por los servicios públicos como la luz o el agua. ¿Por qué demostrar cierto nivel de capital económico a través del pago de servicios básicos no es efectivo para materializar deseos de pertenencia y distinción? Esto también lleva a preguntarnos sobre la demanda de qué bienes y servicios públicos se articulan las ideas sobre el reconocimiento como ciudadanos de derechos.

Yaccoub (2012) demuestra que las justificaciones sobre el uso irregular o fraudulento de la energía eléctrica están atravesadas por diferentes motivos/elementos: mercantil (la energía no es vista como un bien tangible que se deba pagar y ese “ahorro” supone una redirección hacia gastos de consumo); ideológico (no se considera justo el valor ni el beneficio económico de la empresa por lo que la ilegalidad no es visto como una falta moral); cultural (existe la costumbre y hábito de hacerlo y hay un alto grado de desconocimiento acerca del sistema de generación de electricidad y los posibles efectos y perjuicios del uso irregular). Al considerar los distintos servicios públicos en Turano, las entrevistas dan cuenta de justificaciones y percepciones complementarias:

Primero, las consideraciones y la predisposición a destinar recursos económicos dependen del servicio del que se trate, es decir, no es posible hacer generalizaciones sobre el uso que los pobres urbanos hacen de los servicios públicos. En el caso de la electricidad, el nivel de provisión está bastante extendido, aunque el pago del servicio es heterogéneo. El servicio de pago más difundido es el de TV (ya sea por cable o satelital, a través de empresas autorizadas como SKY o por la recepción no autorizada de señal llamada GatoNet que proveen internamente). “Solo pagamos la luz, el agua todavía no la estamos pagando. También tenemos TV por cable e internet también. Hicimos un plan de pago con los muchachos de acá de la comunidad y pagamos R$100” (entrevista 22). Otra entrevistada cuenta que “Solo pago la luz. El agua, gracias a Dios, no pagamos […] No tengo teléfono fijo, solo el celular que pago un plan de Claro de R$39 y Claro TV que pago R$40 (entrevista 28).

Otro elemento adicional está relacionado con la preferencia por adquirir y la predisposición a pagar servicios que permiten el funcionamiento de bienes asociados a las nuevas tecnologías de información y comunicación: el pago de los servicios de telefonía móvil, internet y cable aparecen como los infaltables entre los presupuestos de los hogares: “Yo pago Claro TV, e internet tenemos wifi y la de los teléfonos, ¡no me quedo sin Net!” (entrevista 26). Estos servicios aparecen como condición necesaria para el uso de bienes considerados posicionales, ya sea por el prestigio que otorgan o porque son efectivos para la demostración de un consumo diferencial y privilegiado, como los televisores de último modelo o las computadoras portátiles.

Además, como ya se mencionó, el no pagar por algunos servicios de infraestructura, como el agua, no solo significa una redirección de esos ingresos destinados a otros gastos de consumo o un alivio económico para aquellos con ingresos más bajos, sino que estos consumos son percibidos como un “beneficio” o al menos una ventaja comparativa respecto a otros vecindarios donde el costo de los servicios es mucho mayor: “Acá tenemos la suerte de que no tenemos que pagar ni luz ni agua, si la gente tuviera que pagar eso, cambia” (entrevista 35).

En la comunidad son muy pocos los que pagan por el consumo de agua y son aún menos los que tienen conexión a una red de saneamiento provista por la Cedae (Compañía Estatal de Agua y Aguas Residuales). Otro elemento está relacionado con el planteo hecho por Monsen y Downs (1971), según el cual, el pago de este servicio no proporcionaría un bien diferencial respecto de aquellos que no lo pagan. Lo contrario ocurre con el acceso a ciertos bienes públicos privatizados a través del cual sí es posible demostrar superioridad económica (a través del pago de una cuota) y diferenciación (el servicio recibido es diferente al del resto que no paga por él como en el caso de la educación o la salud privada). Dicho de otro modo, pagar por la misma agua que recibe el vecino que no paga resulta ineficiente como forma de demostrar un consumo diferenciado. Esto se refuerza por el hecho de ser una práctica naturalizada como habitual, por lo que el uso irregular no incluye una condena moral o acusatoria entre los habitantes de la comunidad. En consecuencia, el uso “correcto” tampoco se valoriza como un accionar cívico destacable:

Mi madre crió seis hijos aquí en la comunidad y nunca tuvo problemas. Yo crie tres hijos y nunca tuve problemas, nunca [...] Sobre irse a otro lugar, mi hijo me dice: ‘ma, yo no pago agua, luz pago unos R$60 u R$80’, yo no sé por qué pago 17 o 18, no sé por qué ni procuré saber. No pago agua. (entrevista 34).

Distinción y aspiraciones detrás de la adquisición de bienes públicos

Analizar las prácticas de consumo de bienes contribuye a comprender mejor las estrategias de reproducción y también las de diferenciación social, cualquiera sea la posición que se ocupa en el sistema de clases (Bourdieu 2015). En el trabajo de campo se identificaron algunas de las estrategias de diferenciación a partir del consumo de bienes y servicios públicos como es el caso del acceso a la educación privada en Ciudad Oculta y del transporte en Turano.

Si bien las escuelas estatales en Argentina concentran mayoritariamente a los estudiantes de los hogares más pobres, se ha registrado en el país (y con mayor énfasis en la Ciudad de Buenos Aires) un incremento de la asistencia de estos a instituciones privadas. Algunos autores sostienen que este crecimiento —promovido por el Estado a partir de subsidios y regulaciones—, indica la consolidación del proceso de privatización de la educación (Narodowski y Moschetti 2015). Otros sostienen que el “proceso de mercantilización simbólica y material” responde, en el caso de los sectores vulnerables, a la búsqueda de alternativas que garanticen la protección, cuidado y contención que no encuentran en los establecimientos estatales (Gamallo 2011, 224).

Las entrevistas demuestran que la educación, cualquiera sea el tipo de gestión, sigue siendo en el imaginario popular un elemento de movilidad social. Además, en el caso particular de la educación privada constituye un marcador de estatus entre los pares que incluye ciertas aspiraciones sociales. Olivia cuenta que sus dos hijos van a colegio privado subsidiado por el estado. Al consultarle por qué prefieren enviarlos a este colegio, expresa que:

Es privado pero subsidiado por el gobierno, pagamos la mitad de la cuota. […] Me gusta el colegio. Es el único colegio que no van tanto los chicos de acá. Por ejemplo, el que esta acá en la calle Echeandía, son todos los chicos de acá. El que está allá en Av. del Trabajo, también es de jornada completa y también está repleto de chicos de acá […] A este también van, pero son un poco mejor. Porque todos tienen padres, tienen que estar bautizados, tiene que tener un montón de requisitos que acá te aceptan como vengas […] Yo prefiero que vayan a un colegio religioso. Y nosotros, si bien vivimos acá y estamos bien, no queremos que se relacionen tanto con los chicos de acá. Por el tema de que acá, hay mucha gente como nosotros, que van los chicos allá y que tratamos de que sea un poquito mejor. Pero si los mandamos acá van con los peores de acá, con los padres peores. Por ejemplo, si a mi hijo le pegan, yo no puedo ir a decir algo a un papá o una mamá porque por algo le pegó el chico, por ahí vino de una situación fea y entonces ¿qué le podés ir a reclamar? (entrevista 4).

Al analizar los motivos que están detrás de la selección de la escolarización de gestión privada se deben tener en cuenta aspectos más allá de la calidad educativa. Otros criterios parecen prioritarios, especialmente aquellos vinculados a la diferenciación (entre allá — el colegio — y acá — el barrio —) y selectividad (existencia de requisitos). Por un lado, no desconocen la situación a las que se enfrentan muchas de las familias del barrio y por el otro quieren diferenciarse, distanciarse de ellas. Muchas de las entrevistadas expresan que el “ambiente” en los colegios privados es mejor para sus hijos y que sienten más acompañamiento y contención por parte de la institución. El hijo de Yanina va a un colegio privado a partir de una beca que le consigue el cura de la parroquia del barrio. Al repetir de año, comenta que está considerando cambiarlo de colegio:

Estoy buscando otro colegio. Me gustaría que vaya a un colegio del estado para probar... porque conozco muchos chicos de colegio privado que no les fue tan bien y entonces se pasan a uno del estado y les va rebien. Se sienten más cómodos... supongo que debe ser como que pertenecen, se sienten que tienen lugar […] El colegio privado al que va ahora me gusta, igual mi categoría no es. Es más alto. Ahí todos son gente de clase media para arriba. Y yo sería de clase media para abajo. Muy para abajo […] Aparte mi hijo se tiene que poner las pilas porque como todo colegio privado, te exige un montón de cosas, si no, no va a pertenecer nunca. Y si va a un colegio público que no le da tanta bola, igual pasa, igual tiene el título, igual estudia, es alguien en la vida. (entrevista 1).

Mientras que lo que prevalece en la selección de escolarización privada responde a ciertas aspiraciones sociales a partir de los criterios de diferenciación y selectividad, lo que importa en la de tipo pública es finalizarla, obtener el título.

En las motivaciones que subyacen la elección de la educación privada sobre la pública se pueden observar lógicas múltiples y diversas. Por una parte, como estrategia de reproducción en pos de incrementar el capital social y cultural (Bourdieu 2015). Por otra, también influyen las condiciones objetivas (cercanía, cuota que se debe pagar, obtención de beca etc.) y valorativas (educación confesional, confianza en la institución, contención, mayor seguridad etc.). Esto nos advierte que no solamente los bienes individuales tienen un valor simbólico, sino que los bienes públicos también funcionan como medios de distinción y diferenciación. La capacidad de acceso a la educación privada se transforma así en un bien que ostenta pertenencia (como en el caso de Olivia que se siente más identificada con la gente que asiste a esa institución que con los vecinos de su barrio) o el deseo de pertenecer (como en el caso de Yanina que reconoce que el colegio no es de “su categoría”). Por supuesto que la búsqueda de posicionamiento y diferenciación frente a “los otros” a través del consumo no es algo exclusivo de los sectores populares, solo que adquiere modalidades específicas en función a los significados que se construyen socialmente alrededor de ciertos objetos o prácticas. Mientras que estar “enganchado” a los servicios públicos no funciona como un elemento de diferenciación entre el grupo, el acceso a otros tipos de bienes como la educación privada si constituye una forma de distinción.

En Río de Janeiro el caso del transporte es uno de los ejemplos más nítidos de cómo falencias públicas se resuelven de manera privada y al mismo tiempo funcionan como elementos de distinción entre los vecinos de Turano. La solución al problema del transporte público y de acceso a las distintas zonas de la comunidad es garantizada de manera particular a través de la compra de automóviles y motos. Estos bienes, a su vez, representan un elemento de progreso al que muchos de los moradores de la comunidad aspiran. La capacidad de pagar por taxis o mototaxis para acceder a la comunidad también funcionan como un mecanismo de compensación ante la falta de oferta pública. Consecuentemente, el hecho de poder pagar estos medios de transporte particulares es percibido como una mejoría en las condiciones de vida en detrimento de demandas por mejor calidad y oferta de transporte público. Muchas de las entrevistadas se mostraron muy satisfechas con el hecho de poder comprar un auto como manera de resolver el problema de movilidad que supone vivir en la comunidad y perciben esto como un progreso. En paralelo, la demanda por mejores condiciones de trasporte público es inexistente. Así, el acceso a al automóvil representa una forma de progreso material que genera sentimientos de pertenencia (formar parte de la distribución material de bienes de la sociedad) y de proximidad (permite acceder a los mismos bienes que otros sectores sociales tienen). Al mismo tiempo la demanda por el acceso a bienes y servicios públicos se desestima. Esto evidencia una naturalización de los déficits de ciudadanía donde la concreción de los derechos básicos resulta más factible por medios privados e individuales que a través de las instituciones públicas y estatales, contribuyendo a enfatizar la percepción de los “derechos como favores o privilegios” (Pandolfi 1999).

Mi hija baja todos los días para tomar el ómnibus en Rio Comprido y sube con la mototaxi. No tiene ningún problema en subir y bajar, en la Comunidad no tenemos esos problemas […] Antes teníamos que cargar todas las compras del mercado porque no teníamos carro. Ahora que tenemos un carro hacemos las compras del mes. Como tenemos un garaje en la entrada de abajo, no tenemos necesidad de subir todo de una vez. Traemos las cosas que requieren heladera y luego durante la semana mi esposo trae de a dos o tres bolsas. (entrevista 35).

Mientras que tener un auto aparece como un sueño de consumo viable y alcanzable, contar con líneas de autobuses que circulen aledañas a la comunidad no figura entre el universo de lo esperable. Muchas de las entrevistas dan cuenta de los esfuerzos físicos en los que incurren las personas que viven en las zonas más altas y de más difícil acceso o de la organización de la rutina diaria que incluye tener en cuenta el tiempo de traslado desde las viviendas particulares hacia los puntos de ómnibus. Muchas acompañan a sus hijos pequeños hacia el bus o combi más cercanos para que vayan al colegio lo que implica largas caminatas y tiempo que no se proporciona a otras actividades. Otras incluyen en sus presupuestos mensuales el gasto de mototaxi o de taxi. También las aplicaciones móviles para contratar autos particulares tales como Uber se volvieron muy recurrentes. Una de las entrevistadas que vive en la zona más alta de la Comunidad cuenta cómo incluye en el presupuesto del hogar el cálculo del gasto diario de Uber para el traslado de los hijos. Otra, evidencia que en la ecuación no solo considera el gasto monetario sino aspectos como la comodidad, la seguridad, el tiempo y el servicio recibido: “Si vuelvo cargando bolsas, mi hijo llama un Uber que sube hasta aquí. El otro día dio R$17 contra de R$35 que cobra un taxi. Con aire acondicionado y todo” (entrevista 36).

Las entrevistadas de mayor edad comentaron que tienen más dificultades para subir y bajar con las compras que hacen y que dependen de la ayuda de los hijos que tienen carro o, en el caso de las que se animan, del uso de mototaxis. La dificultad y el costo que implica cargar los materiales de construcción o bienes de peso y tamaño como electrodomésticos también suponen un sobrecosto al precio inicial de esos productos, ya que deben pagar extra para que se los lleven a los hogares.

Aquí en la comunidad hay una tienda que el metro de arena cuesta R$130 y cobran para cargar R$170. Entonces es más caro, ¿no? Entonces tenemos que juntar el dinero del material y el dinero para cargar, porque yo no puedo cargar ni mi esposo porque está trabajando. Entonces, infelizmente, tenemos que pagar, ¿no? (entrevista 22).

Reflexiones finales

En línea con Warde (2005) y los estudios enmarcados en la teoría de las prácticas sociales, analizar las prácticas de consumo no solo sirve para conocer los hábitos, estrategias y aspiraciones de las familias, sino también comprender cómo en esas prácticas se enraízan procesos institucionales y macrosociales. Estas se objetivan en el quehacer cotidiano de manera directa (a través de la deficiente o inexistente provisión de servicios públicos) e indirecta (a través de la concepción y el ejercicio de los derechos de ciudadanía de los sujetos).

El consumo de bienes y servicios públicos funciona como medio de distinción, asimilación y - a su vez- como una forma de naturalización y reproducción de las desigualdades que se materializa en el reconocimiento de un trato desigual entre quienes viven en estos asentamientos y quienes no.

La total ausencia de provisión de servicios públicos regulados (como en Ciudad Oculta) o las dificultades vinculadas al transporte (como en Turano) son concebidas como parte de las problemáticas con las que lidian diariamente como parte normalizada de sus rutinas. La gratuidad o el bajo costo de los servicios también forman parte de la vida de las familias, generando modificaciones en los hábitos de consumo (la preferencia de cocinar con aparatos eléctricos en detrimento de la cocina a gas) o funcionan como desincentivos para demandar servicios regulares, de buena calidad. Las familias reconocen que sus niveles de consumo se verían afectados si tuvieran que pagar por los servicios básicos (la electricidad en Ciudad Oculta y el agua en Turano son los ejemplos más claros), percibiendo entonces esta falencia como una ventaja económica. Esto contribuye a generar una visión patrimonialista de los derechos donde el reconocimiento de los servicios básicos como derechos se construye en función a su valor económico. En el caso brasileño las prácticas se amoldan y acomodan en función a una carencia histórica en torno a lo que muchos académicos llaman “los derechos como privilegios”. Esto es particularmente visible en la provisión de servicios vinculados a la movilidad en torno a los cuales las rutinas se acomodan a la carencia y las mejoras, en caso de existir, se perciben como una dádiva.

En este sentido, si bien la provisión de bienes colectivos/públicos es igualmente deficiente en Ciudad Oculta, la asociación entre el acceso a los servicios y el reconocimiento como ciudadanos de derecho está más presente en las narrativas y, por lo tanto, en las representaciones sobre el contenido de la ciudadanía:

Acá ni aparecemos en el mapa, no estamos registrados. Habíamos ido a pedir, y dijeron que iban a venir, pero no. Eso es, el reconocimiento del lugar, eso me gustaría. Que se reconozca que es una vivienda, que es un asentamiento, que se llame como se llame, pero es un lugar donde viven personas, familias. (entrevista 5).

Las narrativas muestran que la perspectiva de mejorar la calidad de vida en ambos barrios se materializa en torno a la posibilidad de acceder a los bienes públicos ligada al esfuerzo individual, los arreglos comunitarios y la disposición de recursos monetarios.

• 2
  Se utilizan diversos nombres para designar los territorios de pobreza urbana que surgen de la apropiación ilegal de tierras. El término villa es la denominación oficial utilizada en Argentina. En Brasil son conocidas como “favelas” término que será reemplazado aquí por el de “comunidad”.
• 3
  Las entrevistas se realizaron de manera intencional — no probabilística — a partir de la estrategia de “bola de nieve” tratando de incluir diversos perfiles en términos de edad, situación ocupacional y nivel educativo. El trabajo de campo se realizó en dos etapas: la primera tuvo lugar en los meses de enero a marzo y la segunda entre los meses de octubre y diciembre del 2016.
• Os textos deste artigo foram revisados pela Poá Comunicação e submetidos para validação da autora antes da publicação.

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  27 Ene 2023
• Fecha del número
  2022

Histórico

• Recibido
  20 Ago 2021
• Acepto
  30 Mayo 2022
• Publicado
  08 Dic 2022