Reinterpretando el sindicalismo tercerizado minero en Chile. Una perspectiva marxista territorial de la subcontratación ¹

Reinterpretando o sindicalismo mineiro terceirizado no Chile. Uma Perspectiva Territorial Marxista sobre a subcontratação

Reinterpreting outsourced mining trade unionism in Chile. A territorial Marxist perspective on subcontracting

Réinterpréter le syndicalisme minier externalisé au Chili. Une perspective territoriale marxiste sur la sous-traitance

RESUMEN

En el neoliberalismo de Chile, a diferencia de lo experimentado en países semejantes de la región, trabajadores mineros atacaron radicalmente el régimen de subcontratación en 2006-2007. Con mucha investigación empírica acumulada al respecto, la agencia socioespacial de los trabajadores, sin embargo, ha recibido escasa atención. El presente texto propone una aproximación marxista territorial de la subcontratación para subsanar esa debilidad. Buscando testear esta teoría, la metodología consiste en la reinterpretación de la amplia evidencia del caso chileno y de la evidencia original focalizada. Dos hallazgos socioespaciales nuevos y centrales son: i) los trabajadores se organizan de manera territorial y multiescalar para forzar la negociación con la empresa mandante; y ii) utilizan “espacios seguros” estratégicos para enfrentar a la policía, centrales para imponerse en el conflicto. Con ello, concluyo que existe una estrategia sindical territorial radical, la cual responde a contradicciones maximizadas por los recursos naturales, pero que es relativamente reproducible por trabajadores en la estructura urbana.

huelga; espacios seguros; relaciones laborales; geografía política; revitalización sindical

RESUMO

No neoliberalismo chileno, ao contrário do que ocorre em países semelhantes da região, os mineiros atacaram radicalmente o regime de subcontratação em 2006-2007. Com muita pesquisa empírica acumulada sobre o assunto, a agência sócio-espacial dos trabalhadores, no entanto, tem recebido pouca atenção. Este documento propõe uma abordagem territorial marxista da subcontratação para resolver esta fraqueza. Procurando testar esta teoria, a metodologia consiste em reinterpretar a extensa evidência do caso chileno e a evidência original focalizada. Duas novas e centrais descobertas sócio-espaciais são: i) os trabalhadores se organizam de forma territorial e multi-escalonável para forçar negociações com a empresa cliente; e ii) utilizam “espaços seguros” estratégicos para enfrentar a polícia, centrais para se afirmar no conflito. Ao fazer isso, concluo que existe uma estratégia sindical territorial radical, que responde a contradições maximizadas pelos recursos naturais, mas que é relativamente reproduzível pelos trabalhadores na estrutura urbana.

greve; espaços seguros; relações trabalhistas; geografia política; revitalização sindical

ABSTRACT

In Chile’s neoliberalism, unlike what has been experienced in similar countries in the region, mining workers radically attacked the subcontracting regime in 2006-2007. With much accumulated empirical research, the workers’ social-spatial agency, however, has received little attention. This paper proposes a territorial Marxist approach about outsourcing to remedy this weakness. Looking to test this theory, the methodology consists of the reinterpretation of the ample evidence of the Chilean case and the focused original evidence. Two new and central socio-spatial findings are: i) workers organize in a territorial and multiscale manner to force negotiation with the client company; and ii) they use strategic “safe spaces” to confront the police, central to prevailing in the conflict. With this, I conclude that a radical territorial union strategy exists, which responds to contradictions maximized by natural resources, but which is relatively reproducible by workers in the urban structure.

strike; safe spaces; labor relations; political geography; union revitalization

RÉSUMÉ

Dans le néolibéralisme chilien, contrairement à des pays similaires dans la région, les mineurs ont radicalement attaqué le régime de sous-traitance, en 2006-2007. Avec de nombreuses recherches empiriques s’accumulant à ce sujet, l’actutation socio-spatiale des travailleurs, cependant, a reçu peu d’attention. Ce document propose une approche marxiste territoriale de la sous-traitance pour pallier cette faiblesse. Cherchant à tester cette théorie, la méthodologie consiste à réinterpréter les preuves abondantes du cas chilien et les preuves ciblées originales. Deux découvertes socio-spatiales nouvelles et centrales sont: i) les travailleurs s’organisent de manière territoriale et multi-évolutive pour forcer les négociations avec l’entreprise cliente; et ii) ils utilisent des « espaces sûrs » stratégiques pour affronter la police, ce qui est essentiel pour s’affirmer dans le conflit. Ce faisant, je conclus qu’il existe une stratégie syndicale territoriale radicale, qui répond à des contradictions maximisées par les ressources naturelles, mais qui est relativement reproductible par les travailleurs à la structure urbaine.

Grève; Espaces Sûrs; Relations de Travail; Géographie Politique; Revitalisation Syndicale

INTRODUCCIÓN

La subcontratación constituye un mecanismo de producción crecientemente paradigmático en la economía capitalista mundial ( Wills, 2009 ). En este despliegue, América Latina ha expandido su participación mediante el dinamismo de los capitales de Brasil, Argentina y Chile ( Romero y López, 2015 ). Sin embargo, mientras los dos primeros países son hegemonizados por burguesías industriales y el tercero por una burguesía transnacional en los recursos naturales –como toda la franja neoliberal heredera de los antiguos virreinatos españoles ( Dorado, 2012 ) –, solo en este último caso es posible observar que el régimen de subcontratación fue duramente cuestionado por la explosiva emergencia de un movimiento de trabajadores tercerizados en los yacimientos minerales ( Manky, 2018 ).

Pasando de una larga invisibilidad a constituir abruptamente un actor de vanguardia en el sindicalismo de Chile en 2006-2007, los trabajadores subcontratistas en la empresa estatal Codelco –la mayor productora de cobre en el mundo– logran organizar una huelga fuera de la ley, desplegar tácticas violentas de paralización y legitimar una negociación con la empresa mandante. La principal denuncia es el trato diferenciado e injusto que reciben frente a los trabajadores de planta. Más allá, el impacto del movimiento es tal que se activan protestas en los subcontratados forestales y de pesca en otras regiones, ampliando la coyuntura en una escala inédita, todo lo cual finalmente dinamiza el escenario político nacional ( Ponce, 2016 ; Donoso, 2017 ; Manky, 2018 ).

Ahora bien, este movimiento sindical logra expandirse a empresas instaladas sobre recursos naturales ( Aravena y Núñez, 2009 ), pero no hacia el conjunto de los trabajadores subcontratados del país (e.g. Echeverría, 2010 ; Campusano et. al., 2017), Lo que resulta, en definitiva, en que no emerja de forma transversal un “movimiento sindical subcontratista”. ¿Qué factores explican las tensiones trabajo-capital que experimentaron y contestaron los subcontratados en los recursos naturales en Chile, pero que no se encuentran en el resto de la fuerza de trabajo tercerizada? Entre la amplia literatura sobre este caso histórico, existe una dimensión que ha recibido la menor atención teórica y empírica, a pesar de ser fundamental: el territorio productivo y la agencia socioespacial de los trabajadores.

En la subcontratación interna, abierto el territorio de la empresa mandante para otros capitales, los trabajadores tienden a compartir un espacio geográfico con mayor o menor dispersión en función del proceso productivo. No obstante, el régimen laboral (a) divide las experiencias de socialización en dos segmentos laborales, (b) imposibilita la organización de un sindicato transversal y (c) prohíbe que los tercerizados creen un sindicato vinculado al territorio de la propiedad. Ahora bien, si la tensión territorial permanente que aquí emerge es suavizada con la gestión del management y, en ocasiones, con la deslocalización de la producción, en el presente texto defiendo que dicha tensión se maximiza en el caso de empresas de recursos naturales, por cuanto su espacio tiende a imponer una mayor exposición de las contradicciones laborales en la geografía política de la empresa.

Para testear este argumento, el presente artículo estudia el movimiento tercerizado minero en 2006-2007 en el territorio chileno, reinterpretando su abundante evidencia y análisis mediante una perspectiva marxista territorial de la subcontratación de raíz latinoamericana. En específico, analizando la empresa capitalista como un territorio ( Pérez, 2019 ) y releyendo el subcontrato a partir del concepto del obrero fluctuante ( Castro, 2016 ), en el presente texto argumento que la subcontratación opera mediante un régimen de división territorial entre dos segmentos de trabajadores, que cruza integralmente desde la escala del puesto de trabajo hasta el conjunto de la empresa (todas sus localizaciones).

Este texto continúa estudios previos donde analizo el poder territorial de los sindicatos mineros ( Pérez y Link 2018 , Pérez 2019 ), aprovechando ahora discutir el régimen de subcontrato a partir de la información acumulada del caso. En específico, la relevancia de re-examinar esta historia ocurrida hace más de una década reside en una controversia de paradigma científico: en la tradición de la geografía económica se ha tendido a subrayar la geografía del capital en la estructuración del paisaje económico y social, pero se ha invisibilizado la capacidad de los trabajadores para producir sus propios espacios y escalas. Esta poderosa crítica es el fundamento del nacimiento de la «geografía del trabajo», subdisciplina que, a partir de lo anterior, pasa a focalizarse en la agencia socioespacial de los trabajadores ( Herod, 1997 ). Justamente, los estudios del trabajo en la región también han desconsiderado largamente el análisis socio-espacial de los trabajadores y el sindicalismo, sea esta una dimensión latente o manifiesta ( Pérez, 2019 ). De esta manera, aproximarse a la agencia territorial de los trabajadores en subcontrato permite re-analizar novedosamente la evidencia acumulada, al focalizarse en una dimensión largamente invisibilizada.

Para potenciar el estudio de caso, sumo dos focos de evidencia original: (i) un análisis discursivo de los “espacios seguros” estratégicos utilizados en las protestas (siete entrevistas a participantes [Fondecyt 1150860]); y (ii) estadísticas del ciclo de huelgas (Base OHL), junto con la exploración de casos semejantes –mismo proyecto recién citado–, para analizar la validación externa del caso. Se suma un mapa de la empresa a nivel nacional.

El texto se ordena de la siguiente manera. En la próxima sección construyo una perspectiva marxista territorial sobre el subcontrato. En la tercera parte reviso antecedentes histórico-geográficos en Chile. En la cuarta parte reinterpreto la evidencia y análisis del movimiento subcontratista chileno en 2006-2007. En la quinta parte discuto el factor político y casos semejantes. Finalmente, concluyo y discuto sobre la relevancia de la territorialización del sindicalismo para la lucha que puede desplegar ante la geografía política de la empresa.

MARCO TEÓRICO: RELACIONES DE TRABAJO EN EL TERRITORIO DEL SUBCONTRATO

Transcurrida la crisis capitalista histórica de los años 70, emerge un nuevo ciclo de valorización caracterizado por una «acumulación flexible», donde el capital se organiza de manera más ajustada a través de la movilidad geográfica y la flexibilidad productiva ( Harvey, 2008 ), forjando así regímenes específicos de trabajo que dotan de mayor consistencia a la explotación. Expresivamente, la subcontratación, aunque nace en los orígenes del capitalismo, en la actualidad se posiciona como una estrategia paradigmática de producción ( Wills, 2009 ). Con ello, entonces, ya no solo se expande geográficamente por el mundo, sino que se perfecciona en el proceso productivo dentro de la empresa, cambiando la naturaleza del trabajo ( Davis-Blake y Broschak, 2009 ).

Tradicionalmente, la subcontratación se ha entendido como una estrategia de la empresa mandante para emplear trabajadores mediante un intermediario, desligándose de las obligaciones directas del contrato laboral. Se genera así una relación trilateral en la que el trabajador se sitúa en una doble sujeción: se subordina contractualmente a la empresa inmediata, mientras se subordina organizativamente a la empresa para la cual realiza las funciones ( Palomino, 2004 ; Echeverría, 2010 ). Esto llama la atención del analista porque la subcontratación permite poner en práctica la mayoría de las formas de flexibilización de la fuerza de trabajo. De esta manera, se ha discutido que la subcontratación no es tanto una estrategia de negocios como sí una estrategia política para erosionar el antiguo poder sindical ( Palomino, 2004 ). Es decir, es un mecanismo de control de la fuerza de trabajo ( Cifuentes, 2015 ). Una táctica de dominio, que tiende a disociar y contraponer sujetos ( Muñoz, 2017 ).

Sin embargo, aun cuando son numerosas las investigaciones de este fenómeno que plantean su análisis desde las ciencias sociales, estas desarrollan su descripción naturalizando el empleo del capitalismo del siglo pasado, incluso de forma casi explícita al tomarlo como evidencia del “trabajo normal”. Esta es la crítica marxista al concepto de subcontratación propuesta en el libro de Luis Castro, Obreros fluctuantes frente a la dominación patronal (2016), del Grupo de Estudios del Trabajo Llank’aymanta.

Para el autor, los estudios tradicionales del subcontrato comienzan y terminan su análisis en un factor necesario, pero no suficiente: la forma del “contrato laboral”. En específico, aquel que dotó de un modelo de empleo estable al capitalismo proteccionista hasta los años 70, mediante la organización de una relación estrecha entre trabajador y puesto de trabajo. En este contexto, los estudios dominantes han analizado la subcontratación tendiendo a caracterizarla por las consecuencias de la dominación patronal, pero llegando a conclusiones débiles: se ha postulado que la subcontratación genera “deslaborización” y un trabajo “atípico”; pero estas ideas se contradicen, respectivamente, con la centralidad y masividad del trabajo subcontratado ( Castro, 2016 ). El análisis científico es reemplazado por una comparación que absolutiza el punto de referencia, estimulando la dinámica de establecer lo normal y lo anormal en las nuevas relaciones laborales, terminando en un laberinto descriptivo (Aillón et. al., 2011). Se critica la inestabilidad del neoliberalismo en contraste al obrero estable del periodo fordista, mediante un análisis esencialmente legalista y descriptivo.

Más ampliamente, en esta perspectiva las instituciones y el mercado tienden a establecerse como un marco explicativo omnicomprensivo. Allí, los trabajadores −con conductas individualistas y conciencias fragmentadas− devienen en víctimas de las reformas de libre mercado, ya que la erosión de las instituciones hace que pierdan su capacidad de respuesta colectiva ( Castro, 2016 ). Entonces, en este análisis institucionalista-keynesianista, la respuesta a la problemática del subcontrato no está en los obreros, sino en reformas normativas. Pero esto lleva a explicaciones insuficientes, plantea el autor, pues, ante el contraste con la realidad, emerge la pregunta: ¿cómo en este régimen existe y persiste la conflictividad laboral, si las tendencias teorizadas apuntan a lo contrario?

Para Castro (2016) , la perspectiva marxista da una respuesta mediante una interpretación opuesta. En la medida en que la producción capitalista se desarrolla, se profundiza la relación de contingencia entre trabajador y puesto de trabajo. Así entonces, la subcontratación contemporánea es, al menos, una reproducción ampliada de dichas relaciones. En la actualidad, la contingencia se encuentra mucho más desarrollada gracias a un amplio ejército de obreros cesantes listos para aceptar el trabajo. Este constituye la capa de trabajadores que crece continuamente dentro del capitalismo contemporáneo, permitiendo explicar que la subcontratación se instale como un modo de relación laboral estable y permanente. Pero los obreros que se insertan bajo estas cadenas de capitales no pueden ser reducidos a la denominación de “subcontratados”, haciendo alusión a una relación estrechamente contractual. Más bien, la dinámica que los caracteriza en la actualidad es convertirse en “obreros fluctuantes”, concepto que pretende subrayar las posiciones que estos adquieren en el proceso de producción, caracterizadas por una «continua interinidad» en el puesto de trabajo ( Castro, 2016 ).

En este marco, ¿cómo se experimenta la subcontratación cuando ocurre específicamente dentro del espacio geográfico de la firma? La subcontratación interna, mostrando elementos políticos claves para comprender la lucha de clases que ocurre en el nivel de la empresa, constituye el tipo de subcontratación de mayor tensión laboral ( ILO, 2006 ), pues todas las contradicciones tienden a maximizarse en un espacio unívoco. En este sentido, el régimen descrito constituye una problemática notable para probar una línea de investigación fundada en una perspectiva marxista territorial de la relación capital-trabajo.

En detalle, la disputa por el control (incluido el espacial) de la fuerza de trabajo que ocurre en el centro de producción privado constituye a la empresa capitalista como un territorio laboral ( Pérez, 2019 ). Allí, el agente capitalista controla fuertemente el acceso, las posiciones internas y los mecanismos de expulsión. El capital diseña una geografía laboral para perfeccionar el control del proceso productivo, ofreciendo “abrir” el espacio privado frente al trabajador, pero con cláusulas internas de compartimentación según la organización territorial del proceso productivo. Así, esta organización divide la geografía de los trabajadores en función de la mercancía y, por ello, la posibilidad de que estos compartan territorialidades, disminuyendo globalmente su control. Entonces, el capitalista domina políticamente el territorio, aun cuando el espacio está en permanente tensión con los trabajadores ( Pérez y Link, 2018 ). No obstante, justamente por su valor, la empresa capitalista es quizás el territorio que más se invisibiliza como un campo de fuerzas políticas en conflicto. En este sentido, en el análisis de los regímenes de trabajo en general, y de la subcontratación en específico, se ha tendido a invisibilizar la disputa por el control territorial en el proceso productivo ( Pérez, 2019 ).

Poniendo en diálogo ambas perspectivas marxistas de génesis latinoamericana ( Castro, 2016 ; Pérez, 2019 ), en el presente texto se postula que la subcontratación constituye un mecanismo que, mediante la división territorial de la fuerza de trabajo en dos segmentos paralelos, refuerza el control territorial capitalista de los medios de producción frente a los trabajadores (explotación), disminuyéndoles así su control desde la escala del puesto de trabajo hasta la del conjunto de la empresa. Como resultado, el consentimiento y la conflictividad de los trabajadores están guiados por una constante tensión territorial que emerge entre la convergencia de la producción y la división de las firmas. Con especial importancia para el sindicalismo, este régimen entonces produce que los trabajadores reciban nuevos impedimentos socio-políticos para organizarse sobre el conjunto del territorio laboral, al amparo del Estado capitalista.

No parecen existir consensos teóricos sobre la relación entre politización y territorialización. Pero planteo, a modo de abrir la discusión, que la politización –i.e., el aumento del interés político en una fuerza social– como variable causal puede variar entre proyectos que busquen el control de un espacio determinado (en dos formas divergentes: para disputarlo, o bien para contribuir a un consenso previo) o, al contrario, negar su control. Y esto, en diferentes orientaciones escalares. En definitiva, una relación ambivalente y compleja. Paralelamente, la territorialización –el aumento del control sobre el espacio en una fuerza social– como variable causal tiende a contribuir a la politización del actor social de forma necesaria pero insuficiente (yendo desde el habitar y lo inconsciente, hasta una estrategia “territorialista”). Por tanto, una relación más directa y lineal pero incompleta, que también se complejiza en otras dimensiones socioespaciales (como la escala). En este sentido, es interesante notar que el polo del sindicalismo corporativo y de negocios ha tendido a un consenso con la dirección, respetando el lugar de trabajo y habitándolo sin cuestionamientos sobre el espacio y el poder. Esto estimula la naturalización de la propiedad privada en los sindicatos ( Pérez, 2019 ). Mientras que, en el polo opuesto, el sindicalismo político radical ( D’Urso y Longo, 2017 ) tiende a ser un actor territorial frecuentemente explícito –aunque no necesariamente con una escala común– al buscar democracia organizativa, alianzas extra-laborales, huelgas estratégicas y resistir los despidos. No obstante, incluso en el lugar de trabajo, varía significativamente sus espacios y escalas organizativas según se focaliza en representar trabajadores de “posiciones estratégicas”, o –al contrario– de cualquier cualidad laboral.

En este marco, el presente texto busca testear el poder explicativo de la propuesta teórica en la reinterpretación socioespacial de la amplia evidencia y análisis existentes sobre el movimiento subcontratista minero en Chile en 2006-2007. Además de mi trabajo previo, reviso catorce estudios de caso: Aravena y Núñez (2009) , Castillo (2011) , Cifuentes (2015) ; Cueva y Hughes (2009) , Donoso (2017) , Durán-Palma y López (2009) , Echeverría (2010) , Hughes (2013) , Leiva (2009) , López (2008) , Manky (2018) , Montecinos (2014) , Muñoz (2017) y Ponce (2016) . Dicho material posee la profundidad y amplitud necesaria y suficiente para testear teorías de alcance explicativo sobre el subcontrato minero. Además, para aumentar el poder explicativo de los estudios de caso y profundizar en la búsqueda socioespacial, sumo evidencia cualitativa para profundizar en aspectos territoriales no explorados, y evidencia mixta para contribuir a des/validar externamente los resultados encontrados. Con esto, entonces, se torna heurísticamente provechoso testear datos y teoría en este caso histórico.

ANTECEDENTES GENERALES EN LA LITERATURA

En la década de 1990, la inversión en exploración minera creció fuertemente en América Latina, configurándose un “neoextractivismo” –popular en gobiernos progresistas–organizado mediante franjas hegemonizadas por compañías transnacionales ( Dautrey, 2018 ). En este escenario, Chile se especializa como una economía basada en recursos naturales mediante un modelo de acumulación rentista-exportador, donde el cobre –que constituye el 60% de las exportaciones– pasa a identificarse como el “sueldo del país”, si bien esta formulación invisibiliza la riqueza extraída por las potencias extranjeras ( Caputo y Galarce, 2007 ; Fazio y Parada, 2010 ).

Con el país como líder en el mercado cuprífero global con un tercio de las exportaciones internacionales, la empresa estatal Codelco es la principal compañía extractora de cobre, productora de 1/3 del metal nacional –siendo el resto producido por multinacionales– (Phelps et. al., 2015), donde radica el caso de estudio. En términos de modelo corporativo, la dirección de la empresa (compuesta históricamente por cuadros político-profesionales del gobierno de turno y dos cuotas para dirigentes sindicales de planta, bajo la influencia histórica de los partidos de centro y centro-izquierda) sostiene el intercambio más estratégico en la historia de la compañía: conservación de la propiedad estatal y estabilidad para los sindicatos, a cambio de altos salarios para los gerentes de la empresa de mayores sueldos en el Estado ( Cademartori, 2007 ).

Sin embargo, en las últimas décadas, la transformación en la minería se torna notable: el sector experimenta la mayor expansión del subcontrato, utilizando esta estrategia como una poderosa herramienta de aumento de la producción y disminución de costos laborales ( Hughes, 2013 ; Echeverría, 2010 ).

A partir de ahí, el subcontratista minero –bajo la contradicción de estar inmerso en un sector punta en dinamismo económico, pero en el eslabón último del proceso productivo– expresará la recomposición del obrero colectivo en el territorio de trabajo. En específico, constituirá una figura invisible y desconocida, hasta el momento de su emergencia explosiva.

ANÁLISIS

Apertura del territorio productivo

La subcontratación es una estrategia de apertura del territorio de la propiedad de la empresa mandante, por lo cual el espacio laboral ve ingresar, ante su tradición, un cúmulo de nuevas relaciones capital-trabajo. Por ello, al contrario de la sentencia dominante sobre “relaciones triangulares” en el subcontrato –en el esquema de un trabajador solitario frente a dos empleadores–, emergen, más bien, «relaciones sexagonales» de producción: entre dos capitales, dos trabajadores subcontratados (i.e., con potencialidad de articularse) e, igualmente, dos trabajadores de planta.

En el periodo comprendido, mientras los trabajadores mineros que se emplean en empresas contratistas aumentan sostenida y dinámicamente, aquellos pertenecientes a las empresas mandantes disminuyen su participación relativa. La estadística muestra que, mientras en 1999 el 37% de las empresas del sector subcontratan, ya en el 2004 lo hace el 63%. A su vez, esto aumenta en el caso de las grandes empresas que marcan 68%, de las cuales el 65% subcontrata dentro del establecimiento ( Leiva, 2009 ; Cueva y Hughes, 2009 ; Cifuentes, 2015 ).

En estas tendencias, el caso de Codelco será gravitante. La Figura 1 muestra el mapa de la empresa sobre la geografía natural:

Figura 1
: Geolocalización (puntos de acceso) de las Divisiones de Codelco, Chile

En el mapa es posible observar los siete centros productivos –localizados en cuatro regiones del país–, más una fundición y refinería ( Ventanas ), y la casa matriz en Santiago, RM (Región Metropolitana). En todas estas, menos la última, aumentará significativamente el subcontrato.

El aumento significativo de la dotación de trabajadores subcontratados en la década del 2000 encuentra una de sus causas en la decisión de la dirección de aumentar en 30% la producción de la mina El Teniente, lo que llevó a incrementar especialmente la cantidad de “contratistas de operación” en el núcleo del proceso de valor ( Hughes, 2013 ). Con ello, determinadas cuadrillas de contratistas comienzan a ser más numerosas en el proceso laboral que las de planta. Por ejemplo, algunas se componen de 10 a 20 trabajadores contratistas, cuando en otras tareas –que requieren mayor calificación– se presenta un par de contratados directos ( Castillo, 2011 ). Dichas tendencias crecen y el trabajador contratista comienza a ocupar funciones no acotadas a la extracción y procesamiento de la roca, sino que también ligadas a los servicios de casinos, seguridad y transporte ( Cueva y Hughes, 2009 ). De hecho, predominando la masificación contratista especialmente en los trabajos de servicios, surge la novedad de que se delinean espacios de trabajo feminizados en la minería, donde emergen delegadas sindicales claves en la historia interna del movimiento ( Montecinos, 2014 ). En suma, el contratista se masifica como fuerza de trabajo, comienza a ingresar a todo espacio laboral y se va tornando la figura hegemónica entre los trabajadores.

A su vez, por el lado de las empresas se tiende a estructurar un cúmulo de capitales contratistas que abandonan la periferia del negocio y se van ligando íntimamente al territorio, girando y usufructuando en torno al núcleo de la producción (Phelps et. al., 2015), lejos de su caracterización como “externas”, “variables” o “temporales”. De hecho, analizando todas las ramas de la economía, la evidencia chilena señala que los grados de autonomía de las empresas contratistas con la empresa mandante son bajos en todos los índices: en la trayectoria de la fuerza de trabajo, en recepción de maquinarias e insumos y en la estructura de capital de la firma ( Cifuentes, 2015 ). ¿Cómo experimentan las partes estas transformaciones en la cotidianidad? Retrospectivamente, es plausible plantear que las empresas contratistas ingresan con poder, justamente, porque son una extensión territorial de la empresa mandante. En determinadas faenas –aunque existe escasa evidencia–, los trabajadores de planta resienten la llegada de las empresas contratistas por su forma relativamente ofensiva: irrumpiendo la rutina laboral, aparecen en la faena sin previo aviso –por parte de ambas jefaturas– y se apropian del espacio mediante la instalación de instrumentos de trabajo ( Castillo, 2011 ).

En este sentido, si en los estudios del trabajo se ha identificado que la transformación en las condiciones productivas tiende a constituir un factor de conflictividad en los trabajadores ( Edwards, 1993 ), es plausible plantear que esta forma en que los capitalistas ingresan territorialmente juega a favor de una conflictividad horizontal ( Hughes, 2013 ), desde los trabajadores de planta hacia los subcontratados, en función de que la organización del proceso productivo estimula el interés en proteger el puesto de trabajo.

Precisamente, el recurso de producción más valioso, la fuerza de trabajo, es dividida por la dirección mediante una gestión territorialmente minuciosa, incluso logrando extenderla por todas las escalas de la empresa.

División territorial entre dos segmentos

La apertura del territorio productivo del capital mandante asienta las bases para que se estructuren dos segmentos de trabajadores: de planta y subcontratados; los cuales tienden a constituirse como fuerzas separadas por estar, persistentemente, divididos en el control territorial del proceso de trabajo.

Antes de ingresar a la faena e, inmediatamente, desde el comienzo de esta, los trabajadores ya son fragmentados en el proceso de trabajo. Primero, los trabajadores son trasladados hacia el territorio de la propiedad –y luego transitan por dentro de este– mediante buses diferentes para cada segmento, impidiendo su primera socialización. A su vez, los segmentos poseen diferencias etarias provenientes del mercado laboral, siendo los contratistas más jóvenes. Igualmente, utilizan vestimentas diferentes para facilitar la gestión de división dentro de la empresa mandante ( Castillo, 2011 ; Cueva y Hughes, 2013 ).

Ya en el proceso productivo, aunque el análisis tradicional defiende que ambos segmentos realizan los mismos trabajos, esto, más bien, varía por área de la empresa en el país y –dentro de cada área– por las distintas secciones internas del proceso productivo. En este sentido, también existe evidencia de que los contratistas tienden a concentrar el trabajo de mayor desgaste físico ( Castillo, 2011 ), por lo cual se posicionan como la vanguardia en la apertura del cerro minero, el trabajo más peligroso ( Pérez, 2019 ).

La conexión de los segmentos en la producción causa que, en determinados espacios socio-técnicos, el trabajador de planta se muestre más defensivo ante el ingreso de los contratistas. Continuando con la evidencia anteriormente analizada (la llegada sorpresiva y de facto de las empresas contratistas), determinados trabajadores de planta organizan pequeñas huelgas de brazos caídos para oponerse al ingreso de la subcontratación en su espacio laboral específico. A su vez, en otros espacios el comportamiento es de indiferencia. Mientras que en otros, finalmente, es de apertura al cambio. Aun así, los trabajadores de planta se tornan más críticos respecto de los subcontratados cuando conversan en las oficinas a puertas cerradas ( Castillo, 2011 ).

De conjunto, las diferencias y desigualdades en las condiciones de trabajo y de salario son vivenciadas cotidianamente por los trabajadores ( Hughes, 2013 ), gracias a la comparación constante ( Muñoz, 2017 ) que les brinda la convergencia socio-espacial. Más ampliamente, la legalidad laboral lleva este discurso a la hegemonía al postular que los subcontratistas “no son trabajadores” de la empresa mandante ( Leiva, 2009 ), vale decir, negando la realidad territorial del contratista, a la vez que normalizando el empleo directo.

Por otra parte, fuera de las actividades directas de trabajo y subrayando el contrato como un dispositivo jurídico-político en el territorio, destacan diferencias gravitantes en el habitar semilaboral.

Primer ejemplo: los dos tipos de contratos determinan diferentes condiciones de almuerzo para los segmentos, por lo cual estos se separan en la hora de colación ( Pérez, 2019 ). Análogamente, los trabajadores de planta acceden a baños y camarines, mientras que los subcontratados no ( Castillo, 2011 ). Se mantienen entonces marginales las chances de socialización inter-segmentos para compartir informaciones y miradas de análisis.

Segundo ejemplo: los segmentos poseen diferentes condiciones de seguridad, minimizándose las del subcontratado. Quizás el dato más llamativo es que los segmentos poseen distintos canales territoriales de salud: ante un accidente, los de planta acceden a médicos de la compañía ubicados en el territorio productivo, mientras que los subcontratistas salen de la propiedad para buscar médicos en la ciudad. No obstante, en ocasiones ocurre que trabajadores de planta –algunos ligados con los subcontratados por vínculos familiares– prestan implementos más adecuados para que aquellos mejoren sus condiciones de seguridad, aún contra lo mandatado por las jefaturas y los comités paritarios ( Castillo, 2011 ).

Como último ejemplo, los segmentos se divorcian por el salario recibido mediante el cual reproducen su vida, donde los trabajadores de planta ganan entre el doble y el triple que los contratistas ( Caputo y Galarce, 2007 ). Así, fuera del territorio productivo, emergen nuevas actividades comunes entre los trabajadores de ambos segmentos: eventos deportivos, socialización en tabernas y encuentros familiares. Pero se diferencian en gran medida por el nivel de consumo al que acceden con los salarios segmentados y el estatus de la empresa. Con ello, existen sucursales del mundo financiero “abiertas” para los trabajadores de Codelco –i.e., son invitados con especial interés–, mientras que son cerradas para los subcontratados. Más ampliamente, supervisores y trabajadores de planta habitan en conjuntos de viviendas separados de la ciudad, lejos de los barrios de los subcontratistas ( Castillo, 2011 ). En suma, existen políticas territoriales de la empresa mandante que buscan continuar el divorcio de la producción, posteriormente, en el mundo reproductivo.

Con todo lo anterior, operando dentro y fuera de la empresa, existen tensiones propias del sindicalismo porque se pone en jaque el equilibrio socio-político de la tradición sindical, donde las cúpulas de dirigentes más altas concentran la desconfianza hacia los nuevos contingentes obreros ( Castillo, 2011 ). En este contexto, la subcontratación se va estructurando, también, como un mecanismo ideológico-cultural: las condiciones distintas de apropiación territorial contribuyen a que algunos trabajadores de planta discriminen a los trabajadores tercerizados al reconocer una fracción de clase distinta ( Pérez, 2019 ).

En este sentido, como resultado global del territorio, los trabajadores se separan, finalmente, en un “nosotros”, “los internos”, “los de planta”, por una parte; y los “otros”, “los de afuera”, “los subcontratados”, por otra. Como efecto de la geografía política que implementa este régimen de producción, una potente analogía para entenderlo ha sido conceptualizarlo, por los mismos sujetos, como un “apartheid” de los derechos laborales (e.g. Donoso, 2017 ) y de las condiciones socio-materiales de trabajo ( Pérez, 2019 ). En la organización del proceso productivo, entonces, opera un régimen de división territorial gravitante y persistente.

Territorialización de los sindicatos

En esta geografía, las tensiones territoriales internas al centro productivo se descomprimen en parte con la creación del sindicato, en cuanto instrumento de los trabajadores para anclarse al territorio de la empresa –en última instancia, mediante el fuero de los dirigentes–, buscando así cuestionar abiertamente el régimen de trabajo con mayor seguridad organizativa.

Delineando una estrategia para oponerse a este régimen, en el núcleo de los trabajadores tercerizados –con dirigentes jóvenes e inexpertos poniéndose a prueba ( Ponce, 2016 ) – se instala la creencia en la necesidad de desarrollar un “sindicalismo popular de base territorial” ( territorially based grassroots unionism ), que detecte problemas específicos que puedan reactivar a los trabajadores ( Donoso, 2017 ). Dichos temas los reinterpreto como problemáticas sentidas por los trabajadores en la vida social de la faena, en tanto que primera escala colectiva –devenida a partir de la escala individual del puesto de trabajo– donde está dividida transversalmente la fuerza laboral. Con esto, las direcciones sindicales nacientes apuntan a formar masiva y horizontalmente una “fuerza contratista”, como expresión elemental del “poder de los trabajadores” ( Montecinos, 2014 ).

Entre los diversos “espacios seguros” laborales para conspirar a espaldas de las jefaturas ( Pérez y Link, 2018 ), la evidencia más minuciosa señala que el espacio-tiempo nodal donde se comienza a dialogar cotidiana pero secretamente sobre la posibilidad de organizarse en sindicatos, es en la actividad de preparación del almuerzo, que los contratistas realizan entre los socavones de las minas; la “choca”, en el lenguaje nativo ( Montecinos, 2014 ). Con más preparación e intencionalidad, los dirigentes sindicales también comparten informaciones estratégicas en dos lugares: los camarines de cambio de vestimenta y los buses de traslado ( Pérez, 2019 ). En estos lugares comienza la formación sustantiva del movimiento.

No obstante, y esto quizás sea la evidencia política territorial más central de todo este régimen, los trabajadores subcontratistas no pueden constituir un sindicato en (la organización de) la empresa mandante, con la que tienen contacto día a día y en la cual desenvuelven sus funciones. Territorialmente, los subcontratados no pueden crear un sindicato vinculado a la propiedad y, por ello, no pueden crear un sindicato transversal al proceso productivo. De facto, los subcontratistas pueden crear una organicidad territorializada en la faena, entre otros factores, según el grado de permanencia de la empresa contratista. Pero es prácticamente imposible que los subcontratistas extiendan su ámbito de influencia a los trabajadores de planta, por cuanto, desde un comienzo, no pueden entablar contacto libre con estos sin, por ello, dar razones a los capitalistas de ser expulsados.

En efecto, analizando las posibilidades de expulsión territorial del activista sindical –a veces legal y a veces no–, el capitalista posee las condiciones materiales necesarias y suficientes para lograr su cometido en el acto, resaltando en ello la función de los guardias de seguridad (tanto directos como subcontratados) en el control de los accesos, quienes son identificados por los obreros como la “policía” de la compañía ( Pérez, 2019 ). Incluso contraviniendo la ley, si el empresario asume el pago de las multas laborales –con una fiscalización laboral del Estado sobre las empresas que alcanza el 10% del universo (Durán-Palma y López, 2008 ) – se produce la paradoja aparente de que el capitalista puede optar por la ilegalidad como si fuera la norma.

En este marco, los trabajadores subcontratados comienzan a crear múltiples sindicatos divididos por firmas, creándose, en un inicio, una “fauna” de asociaciones desarticuladas, pero en un proceso inédito ( Cifuentes, 2015 ).

¿Cómo responde ante lo anterior el trabajador de planta, que ya goza de macro-organizaciones sindicales? A nivel federativo o confederativo, la eventual unificación sindical entre ambos segmentos expresaba la posibilidad de avanzar en el desarrollo de una negociación de facto por rama de la producción, noticia que presionaba a los empresarios del sector y probablemente de otros sectores. Sin embargo, el máximo dirigente sindical de los trabajadores de planta, ligado a uno de los partidos políticos de la coalición gobernante del país e integrante de la mesa directiva de Codelco, se pronuncia en el conflicto para oponerse al accionar del movimiento subcontratista por intentar negociar con la empresa mandante ( Castillo, 2011 ), en un ejemplo claro de corporativismo potenciado territorialmente. De hecho, ante las movilizaciones huelguistas de los contratistas, dicha directiva sindical solicitó la intervención de las fuerzas policiales ( Donoso, 2017 ).

Movilizaciones huelguistas: espacios seguros de conflicto (evidencia nueva) y escalamiento de la acción

A pesar de las dificultades de sindicalización que la democracia neoliberal creó en el territorio chileno, la aparición del polo de resistencia en la minería se da desde un núcleo de lucha inesperado por el capital: los sindicatos de obreros tercerizados, periféricos respecto a los agrupamientos históricos de la clase trabajadora chilena ( Cueva y Hughes, 2009 ), pero que, no obstante, comparten territorio justamente con uno de estos bastiones sindicales. Para explicar este movimiento, la hipótesis más razonable es que este constituye el resultado de un largo desarrollo organizacional y de acumulación de agravios ( Donoso, 2017 ). Asimismo, las contradicciones se maximizaban en función de que la producción chilena de cobre, pilar del modelo económico, vivía uno de sus mejores momentos hacia el 2007 ( Fazio y Parada, 2010 ). Sin embargo, para que este movimiento se haya visibilizado en el escenario político nacional, la forma que adquirieron las movilizaciones tuvo una importancia específica.

En específico, con expresiones del movimiento huelguista que arrancan desde el 2002 y que se tornan más fuertes en 2005 y 2006, abriendo directamente el próximo conflicto, existen dos huelgas en 2006 y 2007, siendo la última la que se posiciona como el peak histórico en la radicalidad de las demandas y de las tácticas ( Hughes, 2013 ; Montecinos, 2014 ; Ponce, 2016 ). Por ello, se califica como la movilización laboral más impactante desde el retorno a la democracia liberal en 1990 ( Donoso, 2017 ).

La conflictividad de los subcontratistas emerge producto de las desigualdades (sentidas) que perciben con respecto a sus pares de planta, expresado en la demanda de internalización de los contratistas a Codelco o, reflejamente, de igualación en las condiciones de trabajo y remunerativas. Es decir, a parte de exigir elementos que vinculan la empresa con el mundo reproductivo (salario y bonos), los trabajadores subcontratados buscan, especialmente, mejorar las condiciones de apropiación territorial de la vida en faena. Esto se expresa en dos oleadas de movilización laboral.

Primero, a inicios del 2006, los contratistas organizan una primera huelga que se extiende por 21 días. Desde un comienzo, sin importar tanto el contrato como sí el territorio, los trabajadores se posicionan estratégicamente para presionar: se concentran en realizar cortes en las carreteras de acceso a la compañía y, así, impiden a los trabajadores de planta el ingreso al trabajo ( Ponce, 2016 ; Donoso, 2017 ).

Con este control en los límites del territorio y la ruta de acceso a las minas, se ponen en práctica en el espacio interno del capital dos repertorios tácticos. Por una parte, especialmente al inicio, los trabajadores mantienen “turnos éticos” en procesos productivos nodales para las ganancias de la empresa ( Montecinos, 2014 ). En general, el sindicalismo minero posee un mayor control del espacio de trabajo que el registrado en el común de las movilizaciones del país, las cuales, frecuentemente, se alojan en el espacio público circundante a la empresa (e.g. OHL, 2017 ). No por ello, de todas formas, algunos huelguistas desplegaron acciones contenciosas en puntos urbanos de las ciudades próximas ( Montecinos, 2014 ).

Por otra parte, una táctica radical de masas creciente finalmente hegemoniza el escenario. La razón es que, con el paso de los días, los trabajadores, tensionando a las partes (políticas) de la directiva sindical, deciden profundizar la paralización de la producción ( Montecinos, 2014 ), cobrando cada día mayor valor el control del territorio de los medios productivos.

El producto más reconocido de esta coyuntura es una ley de 2006 que regula el subcontrato. Esta no responde a las demandas planteadas por los subcontratados (eliminar el régimen), ni tampoco logra imponer una regulación eficaz a la realidad de las relaciones laborales ( López, 2008 ). En este contexto, pero sorpresivamente, el movimiento consigue un salto en la escala del conflicto y en 2007 en el sur del país pasan a movilizarse, inéditamente y en conflictos ajenos a los plazos legales, los subcontratados forestales el 2007 y los de pesca el 2008 ( Aravena y Núñez, 2009 ), lo cual analizaremos en el siguiente subapartado.

Esto tensiona más la coyuntura y, continuando con la acumulación de fuerzas ante los problemas de la ley, se organiza finalmente la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) como estructura sindical permanente, cuya primera decisión y acción es desatar la huelga masiva de junio y julio del 2007, segunda movilización de 31 días que deja una huella histórica mayor.

Hacia el exterior, las comisiones de negociación y de conflicto toman la escena. La acción comienza inmediatamente con protestas, piquetes, cortes de carretera y confrontaciones con la policía (Duran-Palma y López, 2008 ). Este último aspecto no aminoró la movilización, por cuanto la represión era costosa para la policía en función de que manejaba en menor grado la geografía minera frente a los huelguistas y, por tanto, era contra-reprimida ( Pérez, 2019 ). Esto no quita que, entre el conjunto de las huelgas en Chile de 2010-2016, la represión policial sea mayor en aquellas conducidas por trabajadores subcontratados de los sectores estratégicos de la economía ( Velásquez y Somma, 2021 ).

Los trabajadores arrancan desplegando acciones forzosas que paralizan directamente el aparato productivo, al sentir la necesidad de presionar objetivamente a la empresa mandante a negociar con ellos ( Cifuentes, 2015 ). Esto fue más urgente en la medida en que los trabajadores de planta no solidarizaron con sus demandas y acciones, buscando continuar la producción de Codelco.

Una quema de buses de la empresa mandante se tornó una “imagen” crítica de la coyuntura y motivo de controversia pública. Al contrario, en acciones más invisibilizadas por ocurrir dentro del espacio productivo, se emplean acciones disruptivas claves, resaltando el volcamiento de ferrocarriles de traslado del metal rojo ( López, 2008 ; Aravena y Núñez, 2009 ).

Manky (2017) plantea la interrogante de si los bastiones sindicales existentes en los “campamentos” de El Salvador y El Teniente evidencian el peso de la geografía de la empresa minera en la organización de los trabajadores, pues en dicho régimen socio-espacial destaca, justamente, una menor movilidad espacial del trabajador y, por tanto, una acción colectiva densificada. Para responder esto acabadamente sería provechoso un análisis completo de las acciones y la geografía de cada lugar, pero al menos es conveniente señalar que la división El Salvador, la última ciudad del cobre en el país ( Garcés, 2003 ), tuvo incidentes de alta violencia y represión, así como el apoyo de un alcalde comunista y las tomas más largas de los medios productivos ( Muñoz, 2017 ). Esto ocurre de forma semejante a El Teniente, único ejemplo de asentamiento minero industrial de montaña en Chile ( Garcés, 2003 ), donde se encuentran las protestas de mayor masividad y radicalidad, cortando la arteria de acceso vital para la producción de la compañía ( Hughes, 2013 ). Los Andes es el escenario de cortes de carretera, de operaciones disruptivas en el interior de la empresa, además de ser el lugar de trabajo de la dirigencia que conduce el movimiento; mientras que en Chuquicamata se realizan marchas de mineros con sus familiares en la ciudad adjunta al mineral, así como tomas estratégicas de la mina ( Castillo, 2011 ). Finalmente, en Ventanas no hubo acciones de envergadura semejantes. Las huelgas entonces explotan en todas las divisiones, menos en la casa matriz.

Para ahondar en el análisis de las tácticas socioespaciales, las entrevistas producidas evidencian, aparte de la condición estratégica de paralizar la ruta de acceso del mineral en ciertas divisiones ( Pérez, 2019 ), un recurso clave poco explorado de las movilizaciones: el uso de viviendas geográficamente cercanas de socios, familiares y/o vecinos, como lugar de retaguardia.

M1: “Por ejemplo, en cada región –yo no conocía allá–, en cada lado o en cada zona, hay grupos que conocen la zona, hay viejos que tienen casas por allá, hay lugares donde quedarse, ¿entiendes? Se ocupa la logística de los que están. Los mismos viejos van y de repente [te dicen] «¿sabes qué?, hay una casa allá», y doblamos y vamos”.

-M2: Casi todo esto, es todo programado. Por lo menos este es un sindicato de lucha, sindicato de lucha. Donde debes tener sectores para llegar después.

-E: Ah, recursos… ¿Y hay vecinos ahí?

-M2: Todo “se corre” po’ [i.e., la información se traspasa] , […] también, también.

Más aún, dirigentes (M5, M6 y M7) cuentan que parte de ellos, al momento de la huelga, eran o fueron dirigentes sociales en sus territorios de viviendas. Así, se estructuró una red de apoyo y sostén de los piquetes por familiares, amigos o vecinos, que cortaban las rutas en puntos claves.

Con ello, es plausible plantear que la combinación de lo anterior y la sensibilidad de la ruta minera para detener la producción –y su dificultad para que la policía pueda reprimir a la masa radicalizada en espacio abierto ( Pérez, 2019 ) –, fueron los principales factores territoriales que permitieron a los trabajadores imponerse en el conflicto con la policía, ayudando, finalmente, a su nivel de triunfo en la negociación con la empresa mandante. De todas formas, los factores refieren a un control territorial que se va modificando en el tiempo:

M3: “Porque ya más o menos manejan los tramos, entonces tienes que irlos cambiando. Por ejemplo, en algún minuto usábamos X tramo y ahora tienes que usar el tramo Z, porque ese ya lo tienes muy ‘funado’ [i.e., detectado por la policía] , y ya saben, ya te esperan ahí. Entonces, tienes que ir cambiando las estrategias”.

M2: “Hoy día conocemos todo, ya sabemos. Lo mismo cuando vamos a hacer algo acá al cerro: nosotros partimos por lo menos 2 días antes. Caminamos en el cerro, vemos si… también tenemos que investigar si cambiaron las condiciones. No siempre son las mismas condiciones. […] Ahora tenemos que hacerlo en otros sectores”.

Por otra parte, en la organización interna, la huelga se coordinó mediante tres comités permanentes: de alimentación, colecta de donaciones y limpieza. En ello era recurrente el apoyo de familiares de los huelguistas. Por su parte, en las noches permanecía en el lugar una comisión para sostener la toma física de la empresa. Todos estos aspectos se revisaban en una asamblea diaria, ejecutada en las mañanas, focalizada en la organización de la huelga. En la noche, una segunda asamblea diaria se focalizaba en aspectos socio-políticos del movimiento y en las demandas ( Donoso, 2017 ).

En este marco, i) la radicalidad de las tácticas y demandas, ii) la organización interna permanente y iii) la masividad de los participantes, confluyen en un ciclo de huelgas sorpresivas y sumamente planificadas, que obligan al gobierno a exponer su falta de neutralidad –tomar parte por un bando– y a la directiva de Codelco a negociar, aunque esto no elimina el subcontrato ( Ponce, 2016 ).

La consecuencia sindical que destaca entonces es que se desarrolla una estrategia nueva: la organización sindical avanza de forma territorial y multiescalar hacia el capital mandante; la movilización huelguista forzosa se impone; y se desemboca, finalmente, en una negociación colectiva cuasi-territorial (restringida a los subcontratistas) en el espacio de Codelco. Su mayor consecuencia, sin embargo, excede el caso y consistirá en incentivar un nuevo salto de escala y territorios en la acción sindical.

Impacto en territorios extractivos con subcontrato y en el escenario político nacional (evidencia cuantitativa y validación externa i)

El movimiento iniciado por los subcontratados mineros contagia, inéditamente, a los homólogos forestales en 2007 (VIII Región) y a los subcontratados de cultivo de pesca en 2008 (X Región), que también despliegan movilizaciones radicales apuntando a la empresa mandante. Con esto, finalmente, la coyuntura subcontratista escala hacia una discusión nacional. Para Aravena y Núñez (2009) , estas experiencias representan una superación del espontaneísmo común entre trabajadores precarizados del país, como no había ocurrido en las últimas décadas. Reinterpretando los datos de estos autores, los forestales (3.000 trabajadores de 100 empresas contratistas) realizan fuertes combates con la policía usando la geografía de los bosques como “espacios seguros” de retaguardia. Por su parte, los 1.000 trabajadores de la pesca salmonera –quienes sufrirán la mayor derrota– tenían un espacio-tiempo diferente: por un lado, la estructura de oportunidad política venía en retroceso; por otro, la geografía de los cultivos de peces es convergente pero limitada con el mar y conectada a la comunidad urbana. Por tanto, aparece la acción represiva policial, que debilita la huelga. Esto último me parece determinante, porque, valga repetir, los mineros logran doblegar a las fuerzas represivas en la carretera, lo que les permite sostener e imponer, finalmente, la negociación colectiva supra-empresa.

Junto a la movilización minera, entonces, se proyectaban las primeras negociaciones semiramales en el sector privado del país, como un golpe clave para el gobierno y los empresarios en su modelo laboral ( Ponce, 2016 ), el cual busca concentrar la conflictividad en el nivel opuesto: la firma ( Pérez y Link, 2018 ). Con ello, se multiplica el debate por la injusticia del régimen de subcontratación. No obstante, la ley de subcontratación que se aprueba en 2007 –entre las huelgas analizadas– no afecta la dimensión territorial de este régimen y, en detalle, un punto clave será que esta se ancla en el concepto peculiarmente formalista de “empresa” en la legislación chilena ( López, 2008 ), fuertemente ageográfico. Por último, el movimiento no logra movilizar sectores subcontratados de empresas urbanas (e.g., Campusano et. al., 2017), imposibilitando el máximo potencial del debate.

¿Dónde se expresará mayormente el impacto del movimiento subcontratista? Como se observa en la Figura 2 , el 2006 –a pesar de las derrotas– constituye un contrapunto a partir del cual, en los años siguientes, aumenta tendencialmente el número de paralizaciones y trabajadores movilizados, con una fuerte alza de eventos primero en 2008 y luego en 2013. Esto se ha caracterizado como un nuevo ciclo de huelgas ( OHL, 2017 ):

Figura 2
: Cantidad de huelgas (por sectores de la economía) y de trabajadores movilizados en Chile (1996-2016)

De la mano de esta tendencia, y observando que a este ciclo de movilizaciones le sigue en los próximos años un repunte significativo pero leve en las tasas de sindicalización, inédito en el tiempo anterior ( Gutiérrez, 2013 ), es plausible concluir, entonces, que el movimiento subcontratista logra instalar una posibilidad sustantiva y medianamente reconocida de revitalización sindical en el escenario político nacional. ¿Cómo? La respuesta específica queda pendiente, pero es plausible plantear que el movimiento emergido en los recursos naturales alcanza un fuerte eco que resuena en distintos centros de trabajo, irradiando y dinamizando una mayor conflictividad y/o organización obrera en distintas latitudes. A su vez, los trabajadores dinamizan su conciencia de clase en los conflictos, en una tesis clásica del marxismo ( Pérez, 2019 ). Combinando estos factores, entonces, la conflictividad huelguista parece ser el principal factor que comienza a estimular una revitalización sindical en el contexto neoliberal.

DISCUSIÓN SOBRE EL FACTOR POLÍTICO Y LOS SUBCONTRATADOS URBANOS (EVIDENCIA NUEVA Y VALIDACIÓN EXTERNA II)

El movimiento subcontratista minero en el territorio chileno y su crítica al régimen de subcontratación logran sumar a los homólogos forestales y de pesca, pero no así a grupos subcontratistas de empresas urbanas. Como resultado, no logra emerger un movimiento sindical subcontratista en el sentido amplio del término. Para que ocurriese esto, la politización territorial en el sindicalismo chileno habría de ser más amplia e intensa. No obstante, el sindicalismo chileno solo ha desplegado una estrategia territorial en los inicios del siglo xx, con las “mancomunales” y “sociedades de resistencia”; luego, con los “cordones industriales” 1972-73, en las tensiones de la “vía chilena al socialismo”; y, por última vez, a mediados de los 80 en dictadura, con talleres de formación sindical en barrios pobres de trabajadores/as ( Santa Cruz, 1990 ; Pérez, 2020 ).

Esto ha estimulado hallar factores políticos internos que contribuyan a explicar la fuerza del caso minero ( Donoso, 2017 ). Entre los más destacados, Manky (2018) analiza el papel desempeñado por organizaciones y activistas políticos. En una explicación comparativa, el autor argumenta que, a diferencia de Chile, los subcontratados mineros de Perú o Colombia –siguiendo la franja neoliberal– no han podido construir organizaciones sindicales fuertes y transversales, por lo que plantea la interrogante: ¿qué factor está presente en el primer país y ausente en los dos últimos? Su respuesta principal apunta a una fuerte tradición de izquierda (y actores de izquierda), quienes proveen de recursos claves a los trabajadores precarizados, cambiando el equilibrio de fuerzas con los empleadores.

Con más detalle, un clivaje en la generación de dirigentes político-sindicales en torno al Partido Comunista, algunos profundizando su militancia y otros optando por superarla, juega un papel clave en la explicación del movimiento y en cómo fue conducido ( Montecinos, 2014 ). Si bien aquí se ha cuestionado el nivel de presencia de los partidos políticos frente a la autonomía desarrollada por las bases ( Medel, 2017 ), este caso constituye una colisión histórica entre ambas dimensiones. En una escala temporal amplia, la novedad del movimiento radica en que integra repertorios de la cultura política propia de la “huelga obrera” ( Aravena y Núñez, 2009 ), pero esta vez operando frente a una geografía de explotación nueva entre los trabajadores.

A modo de contribuir a la des/validación del análisis presente con información externa, en la base de datos primarios utilizada (Fondecyt 1150860) se ha podido explorar que esta dinámica sucede de forma semejante en el sector de la construcción. Allí nuevamente se presenta un espacio laboral convergente (por ejemplo, un edificio) con una firma dominante y, en parte, una tradición sindical radical que busca imponer negociaciones colectivas a todo trabajador del territorio. Ahora bien, no parecen existir más casos de espacios convergentes y de subcontrato masivo con los cuales comparar. En el resto del sector primario, la agricultura y pesca constituyen espacios fijos extensivos (no son yacimientos altamente valorizados). En el sector secundario, las industrias no subcontratan al nivel de la minería y, además, muchas avanzan en la fragmentación socio-espacial en la urbe. Finalmente, en el sector terciario, el subcontrato es geográficamente versátil. Aun así, este es un marco de análisis exploratorio, que es necesario profundizar, donde el artículo presente se inscribe como un aporte.

Esto plantea entonces un segundo interrogante lógico: ¿Cómo se explica que los trabajadores subcontratados chilenos lejanos a los recursos naturales no se organizaron contra este régimen, aún con una tradición de izquierda en el país? La presente investigación no puede dar una respuesta acabada a esta pregunta, pero ilumina como un factor explicativo clave la naturaleza territorial de la subcontratación en los sectores extractivos y, con ello, la orientación política que estimula en el sindicalismo minero. Más ampliamente, en minería existe una trayectoria histórica de politización sindical y extra-sindical ( Manky, 2018 )² , a partir de lo cual los subcontratados ven la posibilidad y utilidad de un modelo unitario de sindicato. En este sentido, hoy y antes, la minería ha constituido un escenario atractivo para la acción territorial de los trabajadores a fin de enfrentarse a la dirección de la empresa cuando esta busca maximizar la explotación –en este caso, mediante nuevas contradicciones socioespaciales.

En el final de las entrevistas, dos entrevistados/as resaltan reflexiones exploratorias cuando se les consulta por la hipótesis general sobre lo teorizado arriba. La respaldan, pero con descripciones más precisas:

M3: “Estratégicamente el cerro es bueno, es bueno. O sea, para nosotros ha sido una ventaja. Pero, sí, vamos a tener que profesionalizarnos más. […] Si se han podido dar esas batallas acá, han sido netamente por el tema geográfico. O sea, es sumamente estratégica la carretera […], no estás en plano, así que tienes donde moverte, como esconderte, donde fondear [camuflar] . Pero, así también, hay que estar constantemente cambiando las estrategias, porque tú dejas cosas preparadas y ya te cachan [conocen] así más o menos el actuar, entonces [los policías] andan revisando, andan merodeando”.

-E: ¿Tú crees que la existencia de estas condiciones –de que hay condiciones para controlar espacios, por lo que veo– ha fomentado la lucha sindical?

-M4: Sí, yo creo que igual da como empoderamiento de los espacios . O sea, que tú seas posicionado en un territorio o en un espacio, y que tú seas como un modelo para los demás, ¡insta, sí! Incentiva y motiva al resto: “¡oye, se está haciendo esto!”. Y como hay descontento acumulado, como hay disconformidad, da fuerza para el tema.

- E: ¿Es relevante para el sindicalismo en general en Chile tomarse espacios de trabajo, o piensas que en otros trabajos no es tan importante? ¿Tú crees que ello podría jugar algún factor o no?

- M4: Sí, de mi punto de vista sí. Yo pienso que es importante, sí. Porque el sistema hoy en día no te permite […] que tú te puedas sentar a conversar y que arreglemos todo de buena forma, que sería lo ideal. […] Siempre se empuja a los trabajadores a esa instancia. Se empuja. Porque tampoco hay una buena voluntad de poder arreglar las cosas de buena forma, entonces se juega también con eso, siempre se juega. Entonces, para mi es importante el hecho de tomarse un lugar porque genera revuelo, porque genera impacto. Sin eso, pasas sin pena ni gloria.

En este contexto y para indagar en la desmovilización del subcontratado urbano, es posible releer la conclusión de Manky (2018) bajo la hipótesis de que la izquierda chilena, luego de ser altamente reprimida en la dictadura y posteriormente desbandarse en democracia³ , sobrevivió en el mundo sindical mayormente en territorios productivos donde estaba arraigada. Estos eran centros productivos masivos convergentes: aparato público, grandes fábricas y minería. Luego, en la dictadura (1973-1989) retrocede y pierde continuidad en nuevos centros laborales. Finalmente, en el régimen democrático, pasa a desplegar una política sectorial y corporativa (Campusano et. al., 2017). En este punto vale recordar que dicha política legitima y naturaliza las posiciones (territoriales) divididas de los trabajadores por firmas, y justamente este estudio ha entregado evidencia de que esto se da particularmente en la minería con los trabajadores de planta, quienes retraen su territorialidad e intensifican el corporativismo según la magnitud del yacimiento y la posición territorial beneficiada de que allí gozan.

En este contexto, el sindicalismo chileno se ha dedicado más a defender lo conservado que a conseguir nuevos derechos, orientación que se ha reflejado en la ausencia generalizada de una estrategia de crecimiento permanente a centros laborales no sindicalizados, justamente cuando estos se expanden en la ciudad. Esto sugiere que, en los tiempos actuales marcados por nuevas opciones de revitalización (Campusano et. al., 2017), se torna sumamente interesante y necesario estudiar cómo se han organizado y movilizado los subcontratados urbanos en Chile y/o en perspectiva comparada.

En este marco, la territorialización sindical y la lucha contra la geografía política de la empresa es la doble cara que constituye la relevancia política principal del caso estudiado, porque está reforzada por la geografía minera pero, de hecho, es relativamente reproducible en empresas urbanas. Esta es una discusión que profundizo a continuación en la sección final.

CONCLUSIONES

En el presente texto se ha propuesto una perspectiva marxista territorial de la subcontratación y una reinterpretación de la evidencia y análisis del movimiento subcontratista minero de Chile (2006-2007). Como se observa, el estudio posee un objetivo general de investigación de alcance tanto teórico como empírico.

En el foco del problema, planteo que la naturaleza geográfica del mineral constriñe al capital a organizar una voluptuosa convergencia de la producción, maximizando con ello las tensiones de la subcontratación al territorializarlas en el interior de la empresa. En este marco, a la luz de los resultados, es plausible concluir que al combinarse i) un proyecto de organización sindical en los trabajadores, ii) las condiciones geográficas de la minería y iii) el régimen de subcontratación, los trabajadores que pretendan instaurar sindicatos están fuertemente condicionados para generar una estrategia de carácter territorial, es decir, orientada a incrementar el control espacial desde la colectividad de los trabajadores. En el caso estudiado, dicha estrategia se evidencia en tres niveles: a) una táctica organizativa territorial y multi-escalar en el conjunto de faenas, b) la orientación territorial del pliego de demandas en la negociación impuesta y c) las tácticas forzosas de movilización. Con esto, la acción contra el régimen de subcontratación puede releerse como una lucha contra la geografía política interna de la empresa mandante, soportada por el Estado capitalista. Más aún, el movimiento tematiza el subcontrato, pero, necesariamente, sin restringirlo al ámbito del contrato. Por tanto, se posiciona como una fuerza sindical que, a través de su pugna contra la subcontratación, muestra una posibilidad de lucha sindical más amplia que la propia.

La conclusión principal entonces es que este movimiento subcontratista es estimulado por contradicciones socioespaciales novedosas en la relación trabajo-capital –sobre un territorio histórico tanto para el sindicalismo como para el capital–, las cuales se descomprimen por una agencia organizativa territorial de los trabajadores –la causa central del caso–. Así, cuando un grupo de trabajadores subcontratados toma la iniciativa de organización en este escenario, tienden a construir una estrategia sindical territorial.

Esto permite una conclusión global: la subcontratación constituye una nueva geografía política de explotación, de mayor nivel de plusvalía. ¿Cómo opera específicamente? A la luz de la evidencia revisada, es plausible postular que el subcontrato funciona mediante el agente capitalista organizando un régimen territorial que divide transversalmente a la empresa en dos segmentos de trabajadores. Así, todo un segmento obrero es por estructura más fluctuante que el otro en torno al puesto de trabajo ( Castro, 2016 ), divorciándose la territorialidad de los trabajadores tanto en la escala más acotada de colectividad (la faena y, en contraste, los tiempos de descanso), como en el conjunto de la empresa. De la misma manera, ambos segmentos tienden a continuar experimentando separaciones homólogas, aunque en menor medida, en el mundo reproductivo. En definitiva, un segmento posee un menor control sobre el proceso productivo (mayor explotación), al punto de no poder organizarse sobre el conjunto de los trabajadores (dominación). En esta línea, si la subcontratación afecta el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización ( Castillo, 2011 ), el rearme sindical expresa lo opuesto: un deseo de los trabajadores por aumentar el control del territorio, mediante una crítica al régimen que los divide en dos segmentos.

Mientras la lectura tradicional de la subcontratación tiende a maximizar la desestructuración de los trabajadores como un sujeto, para luego, sin mecanismos, pasar a proponer y reclamar soluciones institucionales ( Castro, 2016 ); una lectura marxista territorial de este régimen laboral defiende que este se puede enfrentar –justamente– mediante una estrategia territorial de los trabajadores, con acciones que cuestionen el territorio de la empresa de una forma multi-escalar, desde el puesto de trabajo hasta el soporte en el Estado. Así, para criticar sustantivamente la subcontratación se requieren masas movilizadas en el lugar de los problemas. Entonces, si se busca una propuesta para debilitar la subcontratación, la solución más adecuada es convertirse en un dirigente sindical en faena, no una figura política externa.

Esta conclusión centrada en la estrategia de territorialización sindical es semejante a la de Wills (2009) quien, en el marco de los estudios del “sindicalismo comunitario”⁴ –a través del análisis de luchas exitosas de trabajadores subcontratistas urbanos en Inglaterra en campañas de “salario digno” – plantea como balance final la necesidad de los trabajadores de desarrollar un poder político para exponer al “empleador real”, así como para identificar una escala adecuada de acción organizativa. Ahora bien, mientras con esto la autora concluye que las alianzas comunitarias son necesarias para enfrentar al subcontrato, el concepto de “sindicalismo territorial” ( Pérez, 2019 ) pretende analizar los poderes internos y externos de los trabajadores en todo centro de trabajo; por lo que en cada empresa los trabajadores deben realizar, en última instancia, un balance particular. En el caso presente, localizado en enclaves naturales (Phelps et. al., 2015), se destaca –desde fuera– el aporte de las militancias políticas y sus disputas, así como las casas de seguridad próximas; y –desde el interior– la novedad política en cuestionar el orden territorial delineado entre la faena y la empresa, a partir de la experiencia material cotidiana y sentida de los trabajadores.

Sobre la evidencia encontrada de los espacios seguros en los barrios de trabajadores al momento del conflicto, McFarland (2019) es probablemente quien más ha estudiado este factor a propósito de la ciudad. El autor revisa en la literatura el hecho de que manuales anti-sindicales advierten mantener las plantas industriales lejos de las aglomeraciones obreras y, a partir de allí, pasa a recopilar evidencia histórica⁵ que da cuenta de que, cuando los lugares de trabajo y las comunidades residenciales estaban estrechamente entrelazadas, la clase de disposición política en los trabajadores tendía a ser más holística e intensa, la acción política-militante más probable, y las huelgas más difíciles de ser derrotadas (sea por métodos pacíficos o violentos). El presente análisis de caso, entonces, aporta evidencia al menos en este último punto, aún bajo la particularidad geográfica del yacimiento natural.

¿Qué implica lo anterior para los trabajadores urbanos –subcontratados o no– en países de alta desigualdad? El escenario de mayores obstáculos es cuando el sindicato se desenvuelve entre empleados que viven geográficamente dispersos en la ciudad con respecto a la empresa. En tal caso, a la luz de la evidencia, es provechoso que el sindicato establezca alianzas con las organizaciones locales, vecinales o comunitarias más cercanas, al menos para los momentos posibles de movilización huelguista. A la inversa, mientras menor sea la dispersión mencionada –la relación geográfica contingente entre la vivienda y el lugar de empleo de los trabajadores–, más fácil es comenzar la tarea anterior. De conjunto, esto plantea el desafío de cambiar la orientación territorial-política del sindicalismo, buscando que este pase a relacionarse e involucrarse en el mundo de organizaciones barriales o comunitarias ( Pérez, 2020 ; Wills, 2009 ). Más allá, según la escala de la acción, un conjunto de sindicatos articulados en una zona y, a su vez, articulados con organizaciones vecinales, facilitaría la existencia de “negociaciones colectivas territoriales” y/o “paros comunales” en determinadas áreas de la urbe por demandas de mayor alcance.

Globalmente, la literatura ha tendido a focalizarse en la subcontratación deslocalizada, sugerir mejoras legislativas para regular el régimen, y sugerir estrategias sindicales orientadas a campañas internacionales (e.g. Dekker y Koster, 2018 ). Sin embargo, la similitud entre la literatura de sindicalismo comunitario, revitalización sindical en escala local, y la evidencia presente –incluso con la particularidad geográfica de la minería–, también señalan la importancia del problema del subcontrato producto de la propiedad privada (i.e., entender este régimen como un mecanismo novedoso de geografía política capitalista) y, frente a ello, el poder de la acción sindical territorial: la conclusión de que los trabajadores pueden constituir un sujeto clave ante la explotación capitalista, aún en subcontrato.

Al respecto, una sistematización a nivel comparado de experiencias radicales y locales de sindicatos bajo el neoliberalismo, entonces, parece constituir un próximo desafío en la literatura de las líneas de investigación referidas.

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NOTAS

• 1
  . Agradecimientos al detallado trabajo de los/as revisores/as, Beca Doctorado Nacional ANID 21181069, CONICYT/FONDAP/15130009 y Fondecyt N°1150860.
• 2
  . ¿Cuánto influyó la politización en la territorialización? Esto quizás podría responderse con un estudio mayor donde se indague quién expresó una mayor territorialidad: el sindicalismo minero histórico o el movimiento subcontratista revisado.
• 3
  . Vale decir, combinando elementos de fragmentación, dispersión y transformación. Esto es diferente al caso de la Concertación, conglomerado político de centroizquierda y centro, quien comandó la transición al régimen democrático (1989-1990) y los gobiernos siguientes con una profundización del neoliberalismo, hasta la llegada de los gobiernos de derecha (2010-2014 y 2018 al presente).
• 4
  . Concepto producido en torno a la geografía del trabajo, el cual postula la necesidad en los sindicatos de generar alianzas con organizaciones civiles extra-laborales.
• 5
  . Katznelson ( City trenches: urban politics and the patterning of class in the United States , 1981), Hobsbawm ( Labour in the great city , 1987) y Lichtenstein ( Walter Reuther: the most dangerous man in Detroit , 1995), entre otros.
• BASE DE DATOS
• Fondecyt 1150860. «El conflicto sindical chileno: las modalidades que asume y el sentido que le imputan los actores» (2015-2018). Investigadora responsable: Helia Henríquez. Co-investigadores: Domingo Pérez y Sebastián Link. Entrevistas .
• OHL. Base huelgas 1979-2018 , Observatorio Huelgas Laborales (COES-UAH), en: https://dataverse.harvard.edu/dataverse/coes_data_repository/

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  18 Feb 2022
• Fecha del número
  2022

Histórico

• Recibido
  16 Abr 2019
• Revisado
  8 Jun 2020
• Revisado
  3 Oct 2020
• Acepto
  4 Feb 2021