Tiempos de crisis, resistencias e infrapolítica en la migración inmóvil venezolana

Times of crisis, resistance and infrapolitics in Venezuelan inmobile migration

Resumen

En este artículo nos aproximamos al concepto de “migración inmóvil” tomando como referencia el caso venezolano para describir el contexto que experimentan aquellas personas que se no se han movilizado de sus lugares de origen pero que se sienten migrantes a raíz de dos principales motivos: a) la diáspora que se moviliza a su alrededor y la deja desprovista de sus redes sociales; y b) los constantes cambios provocados por las contingencias que amenazan sus vidas en tiempos de crisis. Así mismo, reflexionamos sobre el origen y profundización de la crisis como consecuencia de la “cartelización del Estado”, escenario que aleja a los migrantes inmóviles de poder realizar exigencias desde la participación democrática y obligándolos a desarrollar estrategias de resistencia desde el ejercicio de la infrapolítica. Para ello hemos desarrollado una investigación de corte cualitativo, basada en 8 entrevistas en profundidad que nos permiten ahondar en las experiencias de nuestros interlocutores.

Palabras clave:
migración inmóvil; cartelización del Estado; crisis; infrapolítica

Abstract

In the following paper, we want to approach the concept of “immobile migration” taking the Venezuelan case as a reference to describe and represent the context experienced by those people who have not moved from their places of origin but feel like migrants as a result of two main reasons: a) the diaspora that mobilizes around them and leaves them without of their social networks; and b) the constant changes caused by the contingencies that threaten their lives in times of crisis. Thus, we reflect on the origin and deepening of the crisis as a consequence of the “cartelization of the State”, a scenario that pulls apart the immobile migrants from being able to make demands from democratic participation and forces them to develop strategies of resistance through the exercise of infrapolitics. For this we have developed qualitative research, based on 8 in-depth interviews that allow us to delve into the experiences of our informants.

Keywords:
immobile migration; cartelization of the State; crisis; infrapolitics

Introducción

Para el cierre del año 2018 los economistas venezolanos calcularon una tasa de inflación de 1.698.488,2% (Venezuela…, 2019), dicho dato supondría que una familia de 5 miembros necesite de 63,8 salarios mínimos para poder hacer frente a los gastos de la canasta básica para subsistir (De León, 2019). En el año 2018 el 87% de las familias se encuentran en situación de pobreza extrema (España; Ponce, 2018) y al año siguiente, se estimó que el desempleo alcanzó el 44.3% según el informe de Perspectivas Económicas Mundiales (Desempleo…, 2019). En un paisaje económicamente crítico como el relatado, se asume un “episodio de inseguridad alimentaria severa” (Raffalli, 2017) lo que ha generado como consecuencia que un 64% de los venezolanos tenga en promedio 11 kilos de menos en su peso corporal para el año 2017 (Serbint, 2018) y que sólo un 22% de los niños menores de 5 años mantienen un estado nutricional estable (Cáritas Venezuela, 2017).

Los regímenes de austeridad en Venezuela pueden observarse en la gestión de los servicios básicos: fueron 48 horas de agua corriente a la semana lo que la población venezolana recibió en promedio entre 2016 y 2017 según los planes de racionamiento del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Agua (Rojas; Salomón, 2019). Los planes de racionamiento eléctrico implican que 18 millones de venezolanos sufran recortes de un mínimo de 3 horas diarias (Carpio, 2019). Ante estas carencias, se estima que el 70% de los hospitales en Venezuela han sido afectados, sumado al 85% de desabastecimiento de insumos médicos; es por ello que entre el 19 de noviembre del 2018 y el 9 de febrero del 2019 se calculan 1.557 muertes (De León, 2019). Esto ha generado diversas reacciones en la población, las manifestaciones de descontento parecen intensificarse en los espacios públicos. Sólo entre el 2018 y 2019 se contabilizaron 29.454 protestas (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, 2020), siendo ésta un claro indicador del ambiente político del país.

Este paisaje crítico, ha propiciado una de las movilizaciones humanas más grandes de la historia de Latinoamérica: para el año 2022 el número de migrantes venezolanos se mide en 7.134.132 (R4V, 2022), cifra que representa el 21,38% de la población total venezolana.¹ Este panorama también representa verdaderos desafíos cotidianos por quienes permanecen en el territorio venezolano a quienes llamaremos “migrantes inmóviles”, los cuales deben desarrollar una serie de esfuerzos para garantizar su subsistencia y sobre las cuales nos vamos a detener puntualmente en el ejercicio de este artículo.²

Dicho esto, nuestra intención es responder a las preguntas: ¿qué es la migración inmóvil? ¿Qué exigencias políticas tiene quien permanece en Venezuela frente a una situación que lo hace tan vulnerable? Pero más concretamente ¿viven los migrantes inmóviles en un contexto que les permite expresarse políticamente en el juego democrático? O al contrario ¿se ven obligados a adaptarse a condiciones que los dejan en en una situación de sujetos políticos subalternos? ¿Por qué ocurre esto y qué circunstancias lo motivan?

Para ello debemos reflexionar sobre el concepto de la migración inmóvil como herramienta analítica que explora las experiencias de las personas que no se han movilizado de sus lugares de origen quienes se sienten extraños en su propio entorno, debido el despojo de sus redes sociales producto de la diáspora y las continuas contingencias como paisaje en sus modos de vida. Así mismo, necesitamos señalar qué aspectos del panorama político en Venezuela contribuyen a la experiencia de la calamidad que vive cotidianamente el migrante inmóvil y partiendo de ello, queremos describir las estrategias de resistencia y los cambios de las actitudes que nuestros interlocutores llevan a cabo para garantizar la continuidad de sus vidas, en un contexto de extrema vulnerabilidad como ejercicio de la infrapolítica frente a un Estado fallido cuyo ejercicio del poder, lejos de ser democrático, nos lleva necesariamente a hablar de su “cartelización” (Altez, 2019).

(In) movilidades y contingencias amenazadoras: reflexiones teóricas en torno a la migración inmóvil

La perspectiva transnacional de las migraciones internacionales ha establecido una ruptura con la idea clásica de que la migración es una acción de desplazamiento de una delimitación geográfica a otra durante un tiempo, sino que por el contrario, “la migración hace referencia a aquellos procesos y prácticas económicas, sociales y políticas que están vinculados a, y configurados por, la lógica de más de un Estado-nación y que se caracterizan por el cruce constante de sus fronteras” (Suárez, 2008, p. 55). Así mismo la categoría de “campos sociales transnacionales” de Levitt y Glick-Schiller (2004) hace énfasis en los flujos multidireccionales de información, de remesas, de cuidados entre los lugares de origen y de destino mediante el cual se hace un reconocimiento del lugar de origen fundamental que queremos destacar y con ello la visibilización de que las migraciones rara vez están dadas por motivaciones individuales, y que por tanto, suelen ser proyectos colectivos de tipo familiar o comunitario, quienes también son parte del proyecto migratorio (Tarrius, 2000). Ahora bien, históricamente, pero también en la actualidad, es notable cómo el grueso de las investigaciones que encontramos y leemos tienen como sujetos de estudio a personas cuyos cuerpos se movilizan físicamente y cuyas problemáticas son planteadas desde las sociedades de destino o acogida. Reconocer esta situación, supone señalar que los estudios migratorios han tomado un cuerpo específico, representado en el cruce de fronteras internacionales (Glick-Schiller; Salazar, 2013).

No obstante, los estudios sobre (in)movilidades han visibilizado que, aquellas personas que permanecen, se encuentran inmersas en contextos complejos, que exige una atención teórico-epistemológica que transcienda las categorías que reducen la inmovilidad a la “no migración” o sujetos “dejados atrás”. En este sentido, varias investigaciones (Glick-Schiller; Salazar, 2013; Hannam; Sheller; Urry, 2006; Mata-Codesal, 2014, 2016; Salazar, 2021) resaltan que el proyecto migratorio transnacional no sólo involucra una agencia en quienes cruzan fronteras, sino también en los sujetos inmóviles, puesto que, así como emigrar supone un reto, el permanecer requiere de una planificación y un esfuerzo que va desde la reorganización de la familia y las labores para la subsistencia, hasta enfrentar las ausencias desde un punto de vista material e inmaterial.

Por ello consideramos que, la perspectiva transnacional invita al investigador a mirar con curiosidad al terruño, y a pesar de que metodológicamente haya un interés dialógico (entre el lugar de origen y lugar de destino), no lo es a su vez epistemológico. Esta visión de la migración, centrada únicamente en la movilidad es debatible si tomamos en cuenta el concepto de “territorio”.

José Luis García (1976) indica que, el territorio está configurado por unas prácticas sociales ritualizadas, que determinan ciertos códigos compartidos en una unidad social, de manera que el territorio no está definido como la entidad física adscrita a un grupo, sino que es la conformación de un conjunto de relaciones que construyen un referente sociocultural. Por extensión, la desterritorialización con la que se reconocen parte de las experiencias migratorias no puede ser asumida estrictamente como aquel proceso que únicamente enfrenta el actor que físicamente se desplaza, sino que también puede ser enfrentada por aquel que permanece en el lugar de origen e igualmente experimenta una desarticulación en sus relaciones sociales, códigos y sus rituales cotidianos. Por lo tanto, los sujetos que permanecen, podrían -o no- merecer la categoría de migrantes en su condición de migrantes inmóviles.

Valorando dichos aportes, definimos a la migración inmóvil (D’Hers, 2021) como el contexto en que se encuentra inmersa la población que permanece en sus lugares de origen y que se ve afectada por: a) la diáspora, en tanto que su tejido social, o parte de éste, ha emprendido un proyecto migratorio móvil o ha sido desplazado en condición de refugiados. Así pues, personas que tienen familiares y amistades cercanas, vecinos/as, etc. que se marchan del territorio, sufren una transformación en la construcción social de su realidad. Pero también es necesario tomar en cuenta, como aspecto que se interrelaciona con el anterior: b) que todos y cada uno de los elementos que obligan y/o motivan a la migración móvil a desplazarse, son factores que viven y enfrentan quienes permanecen en el lugar de origen.

Ahora bien, destacamos a la “diáspora” como uno de los importantes motivos que dan lugar a la migración inmóvil y cuyo concepto es definido como: “la dispersión de un grupo de personas -con un origen territorial común- en virtud de un hecho masivo y traumático” (Merenson, 2015, p. 212). En este sentido, la diáspora es una manera de describir un flujo masivo de migrantes que resulta relevante no sólo por el punto de vista cuantitativo, sino por el cualitativo, es decir, por las semejanzas de las razones y motivos que los llevaron a movilizarse a otros territorios, lo que tiene una connotación social, cultural y profundamente política que influye sus procesos y sus prácticas, y que nos lleva a hablar de la migración inmóvil como el resultado narrativo de una experiencia colectiva.

Es cierto que parte sustancial de los cambios en las sociedades emisoras no tendrían lugar si ciertos sujetos no hubiesen viajado, pero también resulta necesario destacar un factor determinante que en ocasiones ignoramos: las condiciones materiales e inmateriales que obligan y/o motivan la migración afectan al que se marcha, pero aún en mayor medida comprometen a los que se quedan, puesto que es éste quien sigue afrontando las condiciones de vida. Por ello, planteamos abordar el contexto de los tiempos de crisis, desde los aportes teóricos de la antropología del futuro.

Rebecca Bryant (2019a) reflexiona sobre la utilidad de incorporar en nuestros análisis, la percepción que colectivamente se tiene del futuro, en función de observar cómo las crisis afectan las cotidianidades de las personas que las enfrentan. La anticipación puede ser un acto de inercia desde un punto de vista individual, pero la anticipación en el plano colectivo nos revela ciertos datos del presente social y cultural, que refleja lo que se visualiza como peligroso, lo que creemos que nos puede afectar y que amenaza nuestro futuro. La migración, por ejemplo, puede ser una de las muchas respuestas anticipatorias a un peligro latente, como también lo puede ser abastecernos de comida para prevenir la posible escasez en un futuro. Dicho esto, estas acciones buscan transformar nuestro propio futuro en función de mitigar los efectos del posible conflicto, que por otro lado puede asumirse como un acto de responsabilidad frente al riesgo y que tienen un efecto calmante, que alivia la ansiedad frente a la incertidumbre de lo que aún no ha pasado (Bryant, 2019a). Pero ¿qué ocurre cuando el conflicto se vive en tiempo presente y los parámetros de vida cambian drástica y aceleradamente? ¿Qué pasa cuando no podemos anticiparnos o siquiera visualizar el futuro? Bryant (2016) denomina “presente incierto” a aquellos momentos en que el futuro es imposible de prever, lo que genera ansiedades viscerales frente a la incertidumbre, convirtiendo el ahora en una temporalidad poco familiar, extraña, irreconocible, el cual denominamos tiempos de crisis.

Así pues, la incertidumbre de no poder visualizar el futuro nos hace conscientes de nuestro presente, pero al mismo tiempo, el futuro resulta incierto porque el ahora se experimenta convulso, extraño, poco familiar, extraordinario, anormal. Este escenario, similar al que establecimos como una de las motivantes de la migración inmóvil, aquí las denominaremos: “contingencias amenazadoras” (Visacovski, 2019), el cual hace referencia a una serie de cambios convulsos, radicales y continuos a los que se deberán hacer frente de manera recurrente, en función de garantizar la continuidad de la vida.

Metodología

Nuestro trabajo ha sido desempeñado desde la disciplina de la antropología social y por ende, la investigación es de corte cualitativo con una finalidad exploratoria, cuya principal herramienta sobre la cual nos apoyamos fueron las entrevistas en profundidad.

Se contó con 5 informantes claves que cumplieran con los siguientes requisitos:

• • Que residieran en Venezuela en el momento del contacto.

• • Que tuvieran miembros familiares o amigos cercanos fuera del territorio.

Dicho esto, la investigación inició con 3 colaboradores claves, que fueron entrevistados en una primera ocasión en diciembre de 2018. Posteriormente se volvieron a entrevistar en enero de 2020, con el propósito de obtener una perspectiva diacrónica de cómo el migrante inmóvil experimenta los cambios, las transiciones, los contextos de crisis y una diáspora ascendente de su entorno social. Es decir, de 3 interlocutores iniciales, logramos obtener 6 entrevistas en profundidad. Y finalmente, establecimos contactos con 2 colaboradores claves adicionales quienes fueron entrevistados en enero de 2020. Por tanto, contamos con un total de 5 colaboradores claves, de quienes obtuvimos en total 8 entrevistas en profundidad.

Cuadro 1
Tabla de informantes.

N° de entrevista	Pseudónimo	Código de entrevista	Lugar de residencia	Edades	Fecha de entrevista
1	Carmen	Carmen, 2018-1	Caracas	57	27/12/2018
2		Carmen, 2020-2			1/1/2020
3	Mario	Mario, 2018-1	Caracas	27	29/12/2018
4		Mario, 2020-2			12/1/2020
5	Andreina	Andreina, 2020-1	Caracas	24	2/1/2020
6	Verónica	Verónica, 2018-1	Caracas	25	28/12/2018
7		Verónica, 2020-2			13/1/2020
1	Ignacio	Ignacio, 2020-1	San Cristóbal	27	15/1/2020

Resulta valioso aclarar que, se tuvo la intención de seleccionar a los informantes a partir de la pretensión de heterogeneidad, también denominada como “variables relevantes” (Parella, 2007). Es decir, se hicieron contactos con posibles informantes teniendo en cuenta las siguientes variables de selección: que residieran en diferentes regiones del país y que fueran diversos en edades y género. No obstante, las contingencias amenazadoras limitaron las disponibilidades de los informantes, como el acceso a internet o de la calidad del servicio de internet que cada informante presentó en el momento del contacto, motivo por el cual 4 de 5 informantes provienen de la capital del país (quienes experimentan una privilegiada situación de servicios básicos frente a otras regiones del territorio). Esto supone, que la mayoría de las observaciones, análisis y conclusiones de este trabajo son reflejo de una realidad que corresponde a las condiciones materiales de la capital venezolana, siempre con el esfuerzo de incluir matices y comparaciones con los datos proporcionados por el único informante fuera de Caracas.

Cartelización del Estado en tiempos de Revolución Bolivariana y sus consecuencias en la migración inmóvil

Son diversas las categorías con las que se han hecho referencia a aquellos indicadores de fragilidad institucional en la que se da cuenta de la existencia de un nexo clandestino entre un liderazgo político formal, los organismos e instituciones del Estado y el crimen organizado (Bautista-de Alemán, 2020b; Hirschfeld, 2015; Kleemans; Van de Bunt, 1999; Lupsha, 1996; Polga-Hecimovich, 2021; Rotberg, 2003). Sin embargo, para el caso venezolano utilizaremos la categoría de “cartelización del Estado” propuesta por el antropólogo venezolano Rogelio Altez (2019, p. 9) quien reflexiona lo siguiente:

Si el socialismo bolivariano instaurado desde 1999 debe leerse veinte años después a través de ocho dígitos de hiperinflación, más de cuatro millones de desplazados, o con una producción petrolera que registra las cifras más bajas de setenta años, algo debe haber ocurrido en el manejo del Estado venezolano. A pesar de ese cuadro, en tiempos de Chávez (1999-2012) se registraron los ingresos más altos por venta de crudo de la historia del país. La desaparición de esa riqueza, así como la paralización económica general, no pueden explicarse por errores en la administración o por falta de experiencia, sino por estrategias deliberadas de aprovechamiento ilícito, o bien, por formas novedosas y depuradas de utilizar las instituciones y empresas del Estado con ese fin. Lo que sucede en Venezuela es un proceso sui generis de “redes de corrupción” y “redes de criminalidad” que se entrelazan entre sí, tanto a escala global como regional y específicamente a nivel nacional.

Aquí el concepto de “cartel” no es utilizado como una analogía, sino como una adaptación del término para identificar lo que ocurre en el territorio. Así pues, ésta es utilizada para hacer referencia a cómo el Estado venezolano en los últimos 20 años ha buscado imponer su control y dominación bajo el uso de la violencia en sintonía con los grupos delictivos, teniendo como prioridad eliminar a los competidores, cuyo objetivo ha sido especialmente consagrado debido al soporte legislativo y del monopolio de la violencia que poseen las instituciones estatales. Agrega el autor que la cartelización de los negocios en el país, más que una elección, ha sido una consecuencia de la imperante necesidad de configurar una “plataforma de enriquecimiento y satisfacción de intereses que desplazase a los vigentes, instaurados por más de un siglo en el país, y que además garantizara su alejamiento definitivo de las relaciones de poder” (Altez, 2019, p. 16-17).

Consideramos necesaria esta reflexión, porque contribuye a explicar el nexo económico que existe entre la violencia, las organizaciones criminales y el Estado, para dominar la política y el mercado, cuyas actividades (i)lícitas producen -o extraen- una riqueza desde una lógica poco sostenible y depredadora ya que “no reduce a sus competidores, los extermina; no proyecta la durabilidad de su enriquecimiento, absorbe hasta agotar la fuente” (Altez, 2019, p. 21). Por lo tanto, estudiar la cartelización del Estado nos permite, por un lado, entender la distancia que ha buscado trazar el proyecto chavista frente al modelo democrático, y por otro lado, examinar qué consecuencias acarrea esto para la población, para ello proponemos detenernos sobre el caso particular de El Arco Minero del Orinoco (AMO).

En 2011 Hugo Chávez anuncia el megaproyecto del Eje del Orinoco, constituido por la Faja Petrolífera ubicada al norte del río Orinoco, y al sur del mismo río, se encuentra el Arco Minero, el cual figura como un proyecto de megaminería para la explotación de oro, bauxita, coltán, cobre, hierro, y diamantes.

>Figura 1
Eje del Orinoco (Mingorance, 2019).

Dicho proyecto se concreta 5 años después, por la urgencia de liquidez inmediata como consecuencia de la caída de los precios del petróleo en 2014, de la crisis mundial del capital en 2008, pero sobre todo, por la destrucción de la industria petrolera debido a “la escandalosa fuga de capitales, el endeudamiento creciente, corrupción, presiones y bloqueos internacionales de muy reciente data” (Ruíz, 2018, p. 130). Así pues, el 24 de febrero de 2016 Nicolás Maduro decreta la operatividad de 113.598 kilómetros cuadrados (el 12% del territorio total del país) cuya extensión es más grande que Cuba, Bélgica, Irlanda o Suiza (Ruíz, 2018). Con este proyecto, se expande y diversifica la geografía extractivista en el país luego de haber agotado los capitales tradicionales y luego de haber desgastado los enclaves de explotación históricos.

El proyecto está configurado por la participación unas 150 empresas provenientes de 35 países. Además, el 10 de febrero de 2016 se publica en la Gaceta Oficial n.º 40.845 el Decreto Presidencial nº 2.231 (Venezuela, 2016) con el que se crea la empresa del Estado Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) la cual tiene por objeto, realizar todas las actividades económicas referidas a la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos existentes en el subsuelo del país, entre otras. Con esta institución se promueve una estructura oligárquica, que gestiona los bienes y recursos de la nación (Teran-Mantovani, 2016), en tanto que la cúpula militar adquiere una funcionalidad clave que articula las redes de corrupción donde se destaca la participación de la guerrilla colombiana: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Amazonas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Bolívar (Moncada, 2020) y colectivos armados autodenominados “sindicatos” para llevar a cabo una minería destructiva a grandes escalas, difundiendo el terror al sur del Orinoco (CODEHCIU, 2020).

Se estima que el 90% del oro producido en el AMO es de origen ilícito. Se calcula que desde 2012 al 2016 unos 3.008 millones de dólares se perdieron por fuga de oro venezolano (Boon; Meléndez, [2020]) en países como Aruba, Curazao, Bonaire, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes y China.³ Y sólo entre el 2017 y 2018 salieron del país unos 2.174 millones de dólares en oro, de los cuales el Banco Central de Venezuela (BCV) no declara públicamente las cadenas de suministros de proveedores provenientes del AMO y que se vende -debido a los bloqueos económicos de Estados Unidos- a países como Turquía, Emiratos Árabes quienes pagan en euros. Así pues:

La institución [BCV] ha intervenido en el mercado cambiario con esa moneda y obliga a los bancos venezolanos, bajo la amenaza de imponer penalidades, a vender los euros productos del oro extraído del Arco Minero. Al insertar esas divisas en el sistema financiero local, concluyen analistas, el BCV contribuye a legitimar recursos procedentes de una actividad que se sospecha ilegal en su origen. (Boon; Meléndez, [2020]).

Esta dinámica claramente supone un mayor flujo de divisas de manera transaccional en la economía de las principales ciudades venezolanas, con la que se hace cómplice a la ciudadanía en la fase final del lavado de dinero, con el que se logra dar liquidez a un contexto de hiperinflación que ahoga a la población en su compleja crisis humanitaria. No obstante, es relevante resaltar el viraje radical de las políticas de Estado frente al control de precios y control cambiario, hacia la liberización del mercado que ha surgido a partir de la ausencia de políticas públicas que la regulen. De tal manera que, por un lado, el Estado promueve la explotación del AMO, pero se muestra “pasivo” en las consecuencias del lavado de dinero que conlleva esta nueva actividad económica. Estas dinámicas de reciente data no son productos de la incapacidad institucional o de la pérdida del control que ejerce el Estado en su función del monopolio de la violencia, sino que por el contrario es una decisión concreta que forma parte de un mecanismo sistemático donde éstos “abandonan sus compromisos constitucionales y operan como mercenarios al servicio de los intereses cleptocráticos” (Bautista-de Alemán, 2020c, p. 261). De esta manera, la dolarización transaccional e informal es una consecuencia de los intereses de las élites políticas ante la necesidad de hacer circular aquellas riquezas como parte del lavado de dinero de dichas actividades ilícitas, así como también guarda relación con el envío de remesas de los migrantes transnacionales, el narcotráfico, la corrupción, el contrabando de gasolina y el lavado de dinero (Bautista-de Alemán, 2020c; Sutherland, 2019).

Ahora bien, es fundamental comprender que este panorama, producto de decisiones y de voluntades políticas, tienen consecuencias directas en la vida de los migrantes inmóviles, las cuales transforman las condiciones materiales y da lugar a un aumento en la vulnerabilidad de la población, obliga a la creación de estrategias alternativas de subsistencia y, por ende, condiciona un cambio en las actitudes frente al futuro. Este hecho, da lugar a que nuestros colaboradores indiquen que su permanencia en Venezuela depende en gran medida del envío de remesas de sus familiares en el exterior, o de la oportunidad de conseguir trabajo u ocupación cuya retribución monetaria sea en divisas, especialmente motivado por la hiperinflación de la moneda nacional.

Nuestra colaboradora Carmen, quien es profesora universitaria e indica recibir un salario mensual que al cambio en dólares son 4 o 5 $,⁴ se ve obligada a buscar alternativas económicas con cierta indignación, la cual no proviene del hecho de tener que dejar la labor académica a un lado para asumir otras responsabilidades productivas, sino porque éstas se encuentran enmarcadas en una economía sumergida, sin garantías ni respaldos. Aquí el aspecto generacional y de clase influye, puesto que interlocutores cuyas vidas laborales apenas han iniciado, muestran unas capacidades de adaptación a la precariedad. Las actividades productivas en función de obtener divisas, suelen ser informales, esto implica que aquellas personas con recorrido laboral tienen el reto de desplazar un sistema de trabajo y un status quo previo para incorporar nuevas dinámicas en cuanto a: actitudes (frente a su nuevo rol productivo); aptitudes (capacidades para desempeñar otros oficios y mecanismos para mercadear sus nuevas iniciativas); exigencias (que propone el mercado); y, finalmente, la necesidad de ser flexible y tener una disponibilidad constante para enfrentar múltiples responsabilidades por el hecho de ser “tu propia jefa” y sobrellevar la carga de trabajo individualmente.

A esto se le suma la preocupación colectiva sobre el origen de aquellas divisas adquiridas con las que buscan mitigar la hiperinflación.

Yo si estoy claro que me perturba que el dinero con el que vivo proceda del narcotráfico y me preocupa a futuro, porque esto responde a un interés político concreto: el lavado del dinero. Y cuando ya no sea una necesidad o ya busquen otra manera de control social, pues nos vamos a mamar un cable y otra vez a la miseria. O peor aún -aunque no sé si es peor o mejor- pero cuando este panorama cambie y tengamos que volver a los medios tradicionales y regulares de producción e inyección de capital al país, también se va a notar. (Ignacio, 2020-1).

Este debate ético-moral es denunciado por los interlocutores de diversas maneras: algunos desde un punto de vista crítico; otros desde la imposibilidad de rehuirle; otros, conociendo la existencia de una situación irregular. Ignacio, por ejemplo, tiene familiares quienes a su vez poseen vínculos con militares, cuyas redes les han permitido llevar a cabo negocios con el contrabando de gasolina en la frontera con Colombia, gestionando la venta de gasolina (regulada y en escasez) a aquellas personas que la pagan en divisas. Comenta que éste es otro ejemplo más de las variopintas estrategias que la gente utiliza en la actualidad para aprovecharse de la situación y enriquecerse. La informalidad y la ausencia de políticas que atiendan estos escenarios no sólo da pie a los negocios de los carteles del Estado, sino que expande sus lógicas de funcionamiento a otros niveles de la sociedad, permeando cada rincón, asimilando en su sistema a las personas, haciéndolas cómplices. Paralelamente, la falta de intervención del Estado desprotege al ciudadano al no poder denunciar estas redes de corrupción ya sea porque no hay un rechazo oficial de este fenómeno, o porque las instituciones que deberían ocuparse de evitar estos actos delictivos son quienes las promueven. Por ende, hay niveles de complicidad ante las diferentes estrategias de subsistencia que pueden surgir, lo que complejiza y dificulta la posibilidad que tiene el migrante inmóvil de distanciarse del problema.

Estrategias de resistencias y sostenibilidad de la vida

Como indicamos anteriormente, definimos la migración inmóvil como el contexto vivido por las personas que se no se han movilizado de sus lugares de origen pero que se sienten migrantes a raíz de dos principales motivos: en primer lugar, por la diáspora que se moviliza a su alrededor y la deja desprovista de sus redes sociales;⁵ y, en segundo lugar, por los constantes cambios provocados por las contingencias que amenazan sus vidas en tiempos de crisis. Punto que exploraremos a continuación.

Que los flujos migratorios de venezolanos hacia afuera del territorio alcancen la cifra de 7 millones en menos de 10 años, sólo se puede explicar debido a la grave y compleja crisis humanitaria. Quien huye, busca dejar de estar sometido a sus dramas. Pero quien se queda, convive diariamente con la inflación, el desabastecimiento, la inseguridad alimentaria severa de los sectores más vulnerables de la población, la violencia y el autoritarismo, las carencias o cortes de servicios básicos y la debilidad de la asistencia sanitaria. Por ello, es fundamental que desentrañemos el impacto que tienen las contingencias provocadas por la crisis en la vida de nuestros interlocutores, explicadas a continuación.

Los procesos de dolarización focalizada de la economía, demanda a nuestros interlocutores una planificación minuciosa, con el objetivo de proveer de recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad de sus vidas y las de sus entornos afectivos.

El acceso a los bienes de consumo, que en el pasado el Estado venezolano gestionaba a través del control militar y sometido a controles de precios, hoy se ha “liberalizado” (Bull; Sutherland; Rosales, 2022; Rosales, 2021; Rosales; Jiménez-Morales, 2022). Esto ha permitido que los tiempos de escasez varíen hacia una cuestionable abundancia. No obstante, que en la actualidad se encuentren en los escaparates aquellos productos y alimentos que años atrás estaban ausentes, no quiere decir que con ello se garantice su acceso a la población. Por ello, han cambiado las dinámicas que los informantes llevan a cabo cuando salen a comprar aquellas cosas que requieren, las cuales consisten principalmente en una cuidadosa planificación de una ruta urbana que pasa por los lugares a los que pueden ir o donde saben que pueden ir, en función de comparar precios y productos. Ahora sus cotidianidades se encuentran teñidas de momentos exclusivamente reservados para explorar la ciudad, ver qué consiguen a buen precio y adquirirlo para aprovechar la oportunidad -estrategias puestas en marcha para acceder a bienes de consumo excepcionales como el recambio de una pieza para coche, o para comprar productos tan cotidianos como una barra de pan, un kilo de harina de trigo, huevos o medicinas-. Así pues, el abastecimiento y el aprovisionamiento es una tarea de todos los días, sin excepción, y requieren de una maquinaria logística compleja y funcional que depende de un capital social solidario que comparta información sobre lugares útiles, con precios asequibles e indicando los productos disponibles.

Esta logística debe contemplar también un factor esencial de la planificación: el tiempo. Invertir tiempo para abastecerse de elementos básicos para la subsistencia, supone dejar a un lado otras actividades productivas, de ocio e inclusive de descanso.

Esto fue hace tres días: compré un litro de leche en 34.000 bs, que son 34.000.000 bs de los viejos. Justo al día siguiente, pasé por una farmacia y tenían la misma leche a 80.000 bs, o sea: 80.000.000 bs de los viejos. Lo dejé así y esa misma tarde fui a una panadería donde veo el mismo litro de leche y pregunto por el precio: 136.000 bs. Entonces ¿qué tienen que ver los 34.000 bs del día anterior con 80.000 y 136.000 bs del día siguiente? Finalmente, un día después de esta travesía, voy al mismo local donde la había comprado en 34.000 bs y ya estaba en 45.000. Por supuesto que me lanzo como una rebatiña a comprarla porque, aunque ya la estoy comprando a muy sobreprecio, ya sé que en otros sitios está impagable. (Carmen, 2020-2).

De esta dinámica, los principales afectados son quienes aún se manejan en bolívares debido a la hiperinflación. Además, en la cita no sólo podemos ver cómo compara precios entre lugares y días relacionando el coste del litro de leche, sino también cómo compara los montos con la conversión monetaria antigua, como ejercicio mental que busca establecer referentes familiares de una hiperinflación a la que resulta complicada seguirle el ritmo.⁶

De este panorama se derivan evidentes problemas alimentarios relacionados con la pérdida de valor de la moneda y, también, un cambio en los hábitos de consumo de la población. La alimentación cotidiana dependerá de la planificación y astucia. El día a día puede girar alrededor de pensar y repensar estrategias de cocción, aprovechamiento, cálculos matemáticos sobre componentes nutricionales de cada ingrediente y cómo puede dilatar sus efectos en su estómago: “la alimentación me hace maquinar interminablemente qué comprar para consumir y no enfermarme” (Carmen, 2020-2). Sin embargo, poder invertir en comida producto del aprovisionamiento de alimentos al momento de la obtención de divisas, adquiridos por la disponibilidad de recursos económicos circunstanciales y no por la necesidad real, puede también ser un motivo de nuevas ansiedades: existe el temor de invertir en productos que luego puedan pudrirse si llega a fallar la electricidad,⁷ es decir, los intentos de anticiparse prudentemente a las potenciales amenazas, pueden hacer aún más dramáticas las contingencias.

El tema de la energía eléctrica está latente como contingencia amenazadora en las vidas de todos los migrantes inmóviles entrevistados. Los apagones a pesar de no ser a nivel nacional cada vez son más comunes en Caracas, aún siendo ésta una ciudad significativamente privilegiada con respecto al resto del territorio. La ausencia de servicio eléctrico y de agua se produce por fallos en el suministro. Por lo tanto, no existe una planificación en los recortes y la población no cuenta con la posibilidad de prepararse. Tareas esenciales como mantener la higiene de los hogares, de las vestimentas y de los cuerpos, cocinar, trabajar, transportarse, comunicarse, resultan más complicadas tanto en su realización como en su planificación. Desde una perspectiva de género, se tratan de actividades que, de entrada, ya resultan física y mentalmente desgastantes y cuyas labores son asumidas, diariamente y en su gran mayoría, por las mujeres. En este sentido, el impacto de estas actividades reproductivas y de cuidado, tienen consecuencias diferentes dependiendo del género y de la clase social. “La falta de acceso a alimentos tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres que son las principales encargadas y/o las jefas de familia, quienes se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019, p. 4).

También debemos tomar en cuenta las diferentes contingencias experimentadas en la capital del país en referencia a otras regiones. Los abuelos de nuestra colaboradora Verónica, residentes de Barquisimeto en el occidente del país, se enfrentan a situaciones de mayor vulnerabilidad porque pueden estar semanas o meses sin electricidad ni agua. Pasan meses sin tener servicio de gas, ni siquiera a través de bombonas y deben encender fogones en el patio de su casa para poder cocinar. Tampoco tienen servicio de telefonía fija ya que robaron el cableado de la calle y las colas para obtener gasolina, pueden durar días a menos que se cuente con capital suficiente para sobornar al funcionario de turno. Dicho esto, no es igual hablar de contingencias amenazadoras en Caracas que en el resto del país. Inclusive, autores hablan de Venezuela como un “estado fallido y parcialmente colapsado” ya que de tal manera se hace referencia al deterioro desigual del territorio nacional (Bautista-de Alemán, 2020a), es decir, la distribución de los servicios básicos (que está a manos del Estado) presenta un colapso en mayor o menor medida dependiendo de la lejanía o cercanía de la capital nacional (el centro del poder político) ya que es común que allí se cristalice más rápidamente el descontento popular y su represión conlleve mayor revuelo periodístico internacional. Por tanto, quienes sufren con más dramatismo el colapso de los servicios, es donde el costo político de su represión sea menor y cuyo descontento pueda ser fácilmente silenciado. “De esta manera, se logra encapsular el descontento y se construye estabilidad autocrática a costa de la distribución desigual de la miseria” (Bautista-de Alemán, 2020a, p. 362). Dicha situación promueve flujos migratorios en el interior del país de poblados rurales y de otros centros urbanos hacia Caracas, puesto que las poblaciones más afectadas por la distribución desigual de la pobreza buscarán mejorar sus condiciones de vida (cf. Figueroa, 2019).

Así buscamos ilustrar que las contingencias amenazadoras pueden llegar a ser tan arrolladoras, que suponen una ruptura de la cotidianidad en todos los aspectos, a pesar de que algunos tengan mayor capacidad de mitigar las incomodidades o tragedias que deriven de ella. En este sentido, la ausencia de “normalidad” más allá de lo que esto pueda significar para cada ser humano y su lugar en el mundo, no es simplemente una referencia a “las comodidades materiales y a las satisfacciones que se poseen, sino el sentido legítimo de las expectativas que vienen con ellas. Un cierto ethos de esperanza, auto-respeto y optimismo” (Bryant, 2019b, p. 72), de tal manera que, la normalidad en su sentido normativo y simbólico nos refiere también a la construcción social de una realidad que debe resignificarse en detrimento del futuro y de la sostenibilidad de la vida. En este orden de ideas, las contingencias y su azarosidad se presentan en la vida de los migrantes inmóviles como acontecimientos repetitivos: desde los más mínimos detalles hasta los más imprevisibles, impactan en sus cotidianidades, en sus capacidades adaptativas y por tanto en las construcciones sociales de la realidad del presente y del futuro, donde hay un reconocimiento, en la construcción social de sus realidades desde la “extrañeza” o desde temporalidades “no familiares”.

Así mismo, estas contingencias también tienen un impacto en las formas cómo los migrantes inmóviles se relacionan con su entorno físico (el espacio público). Las contingencias amenazadoras impactan de tal manera la cotidianidad, que la urgencia de garantizar la sostenibilidad de la vida es de tal nivel de demanda, que obliga a los migrantes inmóviles a la renuncia al tiempo de ocio o de ocupar espacios centrales, lo que denota una desposesión del “derecho a la ciudad” (Lefebvre, 1978) en tanto que, la relación de los informantes con el entorno físico empieza a ser distante. Es decir, la “extrañeza” para el migrante inmóvil tiene lugar en ambas dimensiones: temporal y espacial. Esto se debe a que los lugares de vida colectiva empiezan a resultar ajenos y desiguales, lo que nos permite reconocer unos procesos de desterritorialización -o al menos de una “precarización de la territorialización” (Haesbaert, 2013)- de los interlocutores.

Entonces, consideramos que es precisamente sobre esta ruptura de la cotidianeidad, como construcción social de la realidad y del entorno, donde descansa una de las bases del concepto de migración inmóvil, puesto que es la consecuencia de las transformaciones cotidianas, que sitúa a los sujetos en una situación de extrañeza en relación con su entorno y la incertidumbre que moldea sus vidas. De ahí la decisión sobre la elaboración de una propuesta analítica que incluyera la categoría “migración”, puesto que de su etimología “migrare en latín viene de la raíz mei- que conlleva la idea de movimiento, pero también de mutación” (Mata-Codesal, 2014, p. 3988) del cual destacamos su significado, para así reflejar los cambios que sufren y viven los venezolanos, como migrantes inmóviles.

Infrapolítica y migración inmóvil

El antropólogo Daniel Knight (2019), en su trabajo etnográfico sobre la crisis económica en Grecia, denominó con el término “austeridad estructural” las condiciones de precariedad a las que la población fue sometida durante más de 8 años, expandiendo una sensación de agotamiento en todas las generaciones y en todo el territorio. Tanto adultos mayores, como jóvenes y adolescentes mantenían una actitud de rechazo hacia un futuro poco prometedor como consecuencia de su cansancio frente a una realidad que no parecía mejorar. Se trata de una situación similar al contexto de crisis que viven nuestros interlocutores. Enfrentar los continuos retos, no sólo supone un gran sacrificio físico, también es agotador en el plano emocional y psicológico. Planificar cada decisión es extenuante, sobre todo si en ellas descansa la posibilidad siempre perseguida, de mejorar o empeorar las condiciones de vida futuras. Este hilo de ideas nos lleva a reflexionar sobre lo que a continuación Verónica nos comparte:

La gente optó por asumir estos episodios como si fueran desastres naturales: “es una vaina que pasa, porque es la fuerza de la naturaleza”, no hay un ente que te respalde, que te advierta, que pueda ofrecerte protección ante los acontecimientos, pero bueno… cosas que pasan y que no podemos controlar. (Verónica, 2020-2).

Sabemos desde la antropología social (Altez, 2002; Junquera, 2002) que los desastres naturales no existen, ya que, a pesar de que hayan eventualidades originadas por fenómenos de la naturaleza, sus impactos suelen estar determinados por factores humanos, así como las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas pueden dar lugar a acontecimientos eficientemente contenidos o a grandes tragedias. En este sentido, usamos la referencia de Verónica como suerte de metáfora para dar nombre a la percepción por parte de los informantes, de la situación de la destrucción masiva del país, sus instituciones, su infraestructura y los impactos que tiene en sus habitantes. De hecho, otros colaboradores secundan la idea de vivir en un contexto de “desastre natural” cuando comentan: “Es un país en emergencia, pero sin salvamento. Es que no hay para salvar a nadie, te tienes que salvar a ti mismo” (Carmen, 2020-2).

“Sabemos que seguirán las tragedias, pero no tenemos cómo contenerlas, como tampoco tenemos a quién reclamarle” (Mario, 2020-2). Estas narraciones no se alejan del concepto de agotamiento al que Daniel Knight (2019) hacía referencia en su trabajo, como fenómeno resultante de repetidas contingencias, ninguna de las cuales ha sido subsanada por el Estado y sin que, en más de 7 años, ningún responsable político haya asumido responsabilidades. Este es un discurso desarrollado por los interlocutores para señalar metafóricamente la desesperanza. Esta asociación del desastre con un origen natural normaliza la crisis y la construye como algo inevitable, al mismo tiempo que desmoviliza a la población respecto a la posibilidad de exigir responsables políticos y de ejercer acciones de control. Todo ello es resultado del agotamiento que se produce por la pérdida de confianza en las élites políticas que ejercen el poder o que buscan ejercerlo. La propuesta de la Revolución Bolivariana que ha gobernado durante más de 20 años ha devenido en un régimen autoritario que conduce y profundiza la crisis que atraviesa el país. A ello debe sumarse la ineficiencia de la propuesta alternativa al chavismo, quienes han resultado incapaces de capitalizar el descontento hacia una transición democrática, sino que, por el contrario, también se han visto inmersos en una serie de casos de corrupción, que desemboca en una situación de desesperanza generalizada frente a la posibilidad de alcanzar una salida política alternativa.

Debido a ello, se expresa en las narraciones de los entrevistados, un punto de quiebre donde expresan una visión mucho más pragmática frente a sus necesidades y también, sobre los nuevos mecanismos que deberán poner en práctica para satisfacerlas. En otras palabras, la normalización de la ruptura de la cotidianidad bajo estas nuevas actitudes resulta más una intención premeditada de forjar nuevas normalidades desde la gestión individual, familiar o en algunos casos comunitaria, como actos de adaptación a la contingencia, donde se asumen como responsabilidades propias aquellas condiciones mínimas de subsistencia, mediante acciones autogestionadas de resistencia en la medida de sus posibilidades.

En ocasiones, panoramas como el experimentado por la migración inmóvil suelen ser identificados como actitudes de “resiliencia” en tanto forma de empoderamiento, referido a la capacidad de adaptación que tienen las personas ante cambios impuestos, pero sobre las que se obtienen unos aprendizajes y se reorganiza la vida frente a la adversidad (Kleist; Jansen, 2016). Pero este concepto suele ser una herramienta discursiva apropiada por las clases políticas, como una suerte de refuerzo positivo donde se resaltan como provechosas las competencias que recaen en los individuos y que simultáneamente buscan blanquear las implicaciones de quienes han dado origen y continuidad a los contextos de crisis y de calamidad. Así pues, la idea de la resiliencia debemos problematizarla, puesto que consideramos que es un recurso interpretativo utilizado en tiempos de crisis, con la intención de naturalizar las dificultades y así plantear la continuidad del panorama a futuro de manera estructural. La resiliencia pues, es la retórica política de reconocer como positivas las capacidades que tiene un grupo social determinado de “sobrevivir”, como si fuese una opción o una decisión y no una capacidad universal del ser humano en su lucha por vivir. En este sentido, marcamos una distancia intencional al no reconocer este cambio de actitud en la migración inmóvil como resiliencia y preferimos señalarla como una nueva etapa emancipadora que engloba acciones concretas -individuales o colectivas- que están orientadas a ganar autonomía frente al control que pretende perpetuar la clase política en sus dinámicas de cartelización del Estado. En otras palabras, rechazamos el concepto de resiliencia como un discurso normalizador del “desastre natural”; y, al contrario, la connotación que le otorgamos a este proceso de emancipación, remite al esfuerzo físico y simbólico que llevan a los migrantes inmóviles a hacer lo posible para hacer cumplir sus voluntades y trazar un camino en sus vidas lo menos condicionado por factores externos que la violencia política del autoritarismo les imponen.

También mucha gente lo tomó como que ya, aquí fue, compré la planta [eléctrica], y mucha gente está tratando de ser lo más independiente de lo que pueden ser. En este día leí un Tweet de un maracucho⁸ que fue a unas residencias en donde ellos mismos tienen su propio pozo de agua, tienen planta eléctrica y las cosas funcionan bellísimas como si fuera una república independiente. (Verónica, 2020-2).

Nuestra colaboradora pone de ejemplos iniciativas comunitarias donde la premisa es depender cada vez menos del Estado en la medida de sus posibilidades. Esto se debe a que la ciudadanía ha generado una conciencia colectiva por la que se sabe a priori, que las responsabilidades centralizadas por parte del Estado (electricidad, aguas servidas, gasolina, sanidad, movilidad, comunicaciones y telefonía, alimentación, seguridad, entre otras), están condenadas a una destrucción inminente. De tales experiencias y conocimientos, surgen acciones donde se organizan en diferentes niveles familiares, vecinales y en algunos casos comunales, para satisfacer sus múltiples necesidades, por ejemplo: se compran generadores eléctricos; se contratan servicios de camiones cisternas regularmente para acceder al agua; se buscan alternativas para gestionar los residuos sólidos; se intenta adquirir medicamentos desde otros países; se crean cooperativas vecinales para salvaguardar su seguridad; se contrata internet satelital; se convocan a ayudas económicas a través de GoFondMe para enfrentar gastos médicos, entre otras iniciativas.

Estas acciones concretas, buscan asumir las responsabilidades del Estado y de sus instituciones como una forma de renunciar al control del poder político y así consolidar un relativo nivel de emancipación, que, al mismo tiempo, reduce la incertidumbre de tener o no tener la garantía de un servicio que se sabe incapaz.

Siento que mientras más personas puedan vivir la vida que desean en Venezuela, le estaríamos ganando a estas personas que nos gobiernan, que no desean que eso pase y que quieren reprimirnos, reprimir nuestras libertades humanas, de trabajar y vivir tranquilos. (Mario, 2020-2).

Con este comentario, Mario pone en evidencia que, rechazar las vías tradicionales de la política donde se reclama y se le exigencia al Estado y a sus instituciones llevar a cabo sus responsabilidades, no significa la renuncia de la vida política en sí misma, puesto que la resistencia (en sus diversas expresiones mencionadas) es también, una forma de hacer política: el de la “infrapolítica”.

Este término acuñado por el antropólogo James Scott es descrito como aquellas “circunspectas luchas cotidianas de los grupos subordinados, los cuales se hallan, como rayos infrarrojos, más allá del extremo visible del espectro” (Scott apudIrwin, 2020, p. 57). Con ello hace referencia a una población que hace vida en los márgenes de las instituciones, como lo es el caso de lo que nos explican nuestros interlocutores. El Estado ha rechazado sus responsabilidades constitucionales al mismo tiempo en que sus ciudadanos han rechazado su figura como garante de su seguridad, asociándolo como responsable de sus penurias. En este sentido, la infrapolítica en la migración inmóvil venezolana se ejerce desde aquellos espacios que tienen disponibles para “continuar librando una lucha contra su subordinación, pero de manera oscurecida desde la perspectiva del poder dominante” (Bourbean; Ryan, 2017, p. 227).

Los cambios en los intereses del Estado (cartelizado), inciden en las expresiones de las contingencias que amenazan la vida de los migrantes inmóviles y por consecuencia, las estrategias de resistencias y las actitudes frente a los retos que se deben asumir, también deben cambiar. Por lo tanto, en Venezuela existe un horizonte de transformación continua, ante el perenne esfuerzo de la población por reorientar y actualizar constantemente la información sobre el tiempo y el espacio que se habita, lo que en definitiva apunta a una población que construye continuamente nuevas territorialidades (Haesbaert, 2013).

Pero, así como existen infinitas maneras de emigrar, también existen infinitas maneras de permanecer y, por tanto, infinitas estrategias de adaptarse a la crisis, lo cual genera distanciamientos considerables en las experiencias de vivir en Venezuela. Asumir la vida en contextos de inmovilidad frente a una diáspora que aumenta cada día y de crisis, es una realidad difícil de digerir, especialmente porque no es una experiencia estandarizada. Nuestra colaboradora Carmen, que es profesora universitaria a dedicación exclusiva vive su migración inmóvil de un modo muy diferente al de Mario, quien es hijo de una abogada que redacta documentos de compraventa de inmuebles y cobra en dólares. Estos contrastes son abismales, por lo que también serán abismales las diferencias en sus formas de justificar y dar sentido los cambios en la construcción social de sus realidades y sus procesos de re-territorialización.

Por este motivo consideramos que las expresiones de la infrapolítica en este caso concreto deben ser observadas desde un lente crítico. Las iniciativas que se orientan a la creación de una comunidad autogestionada en paralelo a la formalidad de las instituciones pueden expresarse en diferentes niveles, donde claramente se distingue la capacidad de agencia a partir de las posibilidades económicas que se tengan. En este sentido, mitigar la ausencia del Estado asumiendo la responsabilidad como propia, no solo promueve la autoexplotación y profundiza la desigualdad, sino que significa la renuncia sistemática a la lucha de ocupar escenarios centrales democráticos y al hecho mismo de reconocerse como ciudadanos, mientras se disminuye el costo político de quienes dan continuidad a la crisis y se aumenta el costo social para los sujetos subalternos.

Este escenario de respuesta a la crisis venezolana por parte de la migración inmóvil no podemos entenderla como expresión de su voluntad intrínseca hacia el egoísmo y a la apatía frente a sus connacionales, sino como consecuencia de estrategias de resistencia y de adaptación ante años de incertidumbre política, social y económica. Así como también podría entenderse como el resultado de unas tecnologías de poder en función del control disciplinario de la sociedad, que ha moldeado y llevado a su población a estas alternativas de subsistencia residuales a las que, seguramente, le esperan muchos cambios y transformaciones.

Conclusiones

La mayoría de las investigaciones sobre migraciones internacionales, están centradas en las personas que cruzan las fronteras internacionales y con ello, aquellos sujetos que permanecen suelen quedar invisibilizados. El caso de la migración inmóvil venezolana es particular, puesto que dicha población enfrenta un constante cambio provocado por la diáspora, en tanto que quedan despojadas de sus vínculos sociales continuamente, pero que simultáneamente, deben enfrentar las repetidas y convulsas contingencias como parte de vivir en tiempos de crisis. Es decir, son sujetos que enfrentan unos tiempos políticos, económicos, sociales y culturales que permutan de manera más acelerada en relación con las capacidades que tiene la sociedad de origen para comprenderlas, asimilarlas y adaptarse a ellas, siendo un panorama que impacta y transforma, las cotidianidades y relaciones con el entorno, entre otros aspectos. Lo cual genera una sensación de “extrañeza” en tiempo y espacio, que los hace sentir migrantes, a pesar de no moverse.

Ahora bien, el origen de la crisis, su profundización y sostenimiento en el tiempo, al estar motivado por la cartelización del Estado, como fenómeno político es relevante mencionarlo ya que, de esta manera, podemos comprender mejor las actitudes que la población venezolana puede tener frente a su condición de migrante inmóvil. Por ello, su emancipación ha sido materializada a través de iniciativas concretas para organizarse desde los ámbitos familiares, vecinales o comunitarios, con el fin de dar respuesta a las carencias y restablecer aquellos servicios esenciales para la vida que han sido absorbidos por la cartelización del Estado. Ante dicha situación, la migración inmóvil ignora el camino de la política formal y ejerce la infrapolítica como alternativa en tanto que el ciudadano asume responsabilidades del Estado como propias, ya que se entiende que no existen condiciones democráticas para garantizar la transformación de sus realidades puesto que el Estado rechaza a sus ciudadanos al evadir sus responsabilidades constitucionales y asumiendo su gestión como negocio depredador al cual deberá poner en marcha todos sus herramientas y recursos para garantizar su continuidad.

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• VISACOVSKI, S. Futuros en el presente. Los estudios antropológicos de las situaciones de incertidumbre y esperanza. Publicar, Buenos Aires, año 16, n. 26, p. 6-25, jul. 2019.

• 1
  Cálculo llevado a cabo según la población proyectada para el 30/06/2022 publicado en la web del Instituto Nacional de Estadística (2022).
• 2
  El presente artículo es parte de un Trabajo Final de Máster Oficial en Antropología Urbana, Migraciones e Intervención social, de la Universitat Rovira i Virgili (URV), y cuyo tema es central en el desarrollo de la tesis doctoral, financiada por el Programa Martí i Franquès.
• 3
  Para leer algunas de las noticias sobre flujos irregulares de comercio de oro fuera de Venezuela, revisar: J. García (2019), Un diputado… (2019), Martín, (2019), Confiscan… (2020).
• 4
  Para corroborar esta información otorgada por nuestra informante, se recomienda revisar la “Tabla Salarial Universitaria” (Uzcátegui-García, 2019).
• 5
  Sobre este punto en específico, se puede revisar un texto (D’Hers, 2021) donde se explica, desde un punto de vista teórico-etnográfico, cómo la migración masiva afecta a quién permanece desde un punto de vista material e inmaterial, tomando en cuenta a su vez las condiciones de interdependencia entre la movilidad y la inmovilidad.
• 6
  Desde el 2001 hasta el 2021 bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se han llevado a cabo 3 reconversiones monetarias y se han restituido 5 veces el cono monetario, lo que se traduce en la eliminación de un total de 14 ceros del valor nominal de la moneda, como parte de las políticas económicas frente a la (hiper)inflación. La implementación de la primera reconversión monetaria se dictó bajo la vigencia de una de las varias Leyes Habilitantes que la Asamblea Nacional aprobadas a favor del entonces presidente Chávez en Gaceta Oficial nº 38.638 del 6 de marzo de 2007, dando lugar al “bolívar fuerte” (Venezuela, 2007). La segunda reconversión fue dictada por Nicolás Maduro mediante el Decreto Presidencial nº 3.332, publicado en la Gaceta Oficial nº 41.366 del 22 de marzo de 2018 (Venezuela, 2018), dando lugar al “bolívar soberano” (cf. Abadi; García, 2018). Y finalmente se lleva a cabo el Decreto Presidencial nº 4.553 publicado en la Gaceta Oficial nº 42.185 con fecha 6 de agosto de 2021 (Venezuela, 2021), dando lugar al “bolívar digital” (Urrego, 2021).
• 7
  El 7 de marzo de 2019 colapsó el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La corriente eléctrica no fue restablecida hasta 5 días después de ausencia ininterrumpida, seguida de múltiples cortes. Y en algunas regiones no volvió hasta 2 semanas después. No obstante, los fallos eléctricos a nivel local y regional son comunes (cf. Carpio, 2019).
• 8
  Se refiere al gentilicio de las personas que viven en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  27 Mar 2023
• Fecha del número
  Jan-Apr 2023

Histórico

• Recibido
  21 Feb 2022
• Acepto
  25 Nov 2022