La noción de que las políticas públicas deben basarse en evidencias ha ganado popularidad en los últimos años, concitando tanto defensores como críticos. Este artículo sostiene que una parte significativa de este debate se debe a la coexistencia de dos concepciones distintas de lo que significa fundamentar las decisiones políticas en evidencias: la evidencia como restricción, que opera como condición necesaria para la admisibilidad de las opciones; y la evidencia como criterio de preferencia, que orienta la elección entre opciones ya legitimadas por criterios políticos o normativos. El artículo define estos dos conceptos, analiza sus respectivas ventajas y limitaciones, y demuestra que, bajo supuestos plausibles, cada enfoque puede aplicarse de manera aislada, pero difícilmente de forma simultánea sin contradicciones prácticas. Las contribuciones clave ofrecen una tipología normativa que permite diagnosticar tensiones en el uso de la evidencia, sitúa esta distinción en relación con las tipologías clásicas de la literatura y orienta el diseño institucional de los sistemas de asesoramiento científico en contextos democráticos.
Palabras clave:
políticas públicas basadas en evidencias; políticas públicas informadas por evidencias; teoría de la decisión; teoría de la elección pública; evaluación de políticas públicas