Mujeres amazónicas, violencia política y extractivismo en EcuadorResumen:
Esta investigación estudia los atentados y amenazas contra las activistas del Colectivo Mujeres Amazónicas como formas de violencia política de género (VPG) contra mujeres indígenas que lideran procesos de contestación frente a la ampliación de las fronteras extractivas en la Amazonía ecuatoriana. Con este propósito, se articularon entrevistas en profundidad sobre los casos de intromisión cruenta en la vida privada de las impulsoras del proyecto político, durante la renovación de la XI Ronda petrolera en el año 2018. La lectura de sus experiencias a la luz de la teoría de la interseccionalidad dilucida el mecanismo de la VPG para restringir y devolver a las mujeres políticas al orden de género. Se concluye que la violencia se ejerce en dos dimensiones: en contra de la sujeta subversiva del orden patriarcal-colonialista y en contra de aquellas organizadas en entramadas colectivas sólidas que critican al proyecto civilizatorio capitalista.
Palabras clave:
activistas amazónicas; Ecuador; extractivismo petrolero; interseccionalidad; violencia política de género
Abstract:
This study examines the attacks and threats faced by the activists of the Colectivo Mujeres Amazónicas as manifestations of gender-based political violence (GBV) targeting indigenous women who lead protests against the expansion of extractive frontiers in the Ecuadorian Amazon. To this end, in-depth interviews were conducted to analyse cases of violent intrusions into the private lives of women spearheading the political movement during the renewal of the 11th Oil Round in 2018. Applying an intersectional theoretical framework, the study elucidates the mechanisms through which GBV operates to discipline women politicians into the gender order. The findings suggest that violence operates on two levels: first, as an attack on the subversive subject who challenges the patriarchal-colonial order, and second, as a means of repression against those organised within strong collective networks that contest the capitalist civilisational project.
Keywords:
Amazonian activists; Ecuador; Oil extractivism; Intersectionality; Gender-based political violence
Resumo:
Este artigo propõe-se a estudar os ataques e ameaças dirigidos às ativistas do Coletivo Mujeres Amazónicas como formas de violência política de gênero (VPG) contra mulheres indígenas que lideram processos de protesto contra a expansão das fronteiras extrativistas na Amazônia equatoriana. Para tanto, foram realizadas entrevistas em profundidade sobre casos de invasão violenta dos espaços privados das criadoras do projeto político, ocorridos durante a renovação da XI Rodada de Petróleo em 2018. A análise dessas experiências à luz da teoria da interseccionalidade elucida os mecanismos da VPG como estratégia para restringir e disciplinar as mulheres políticas à ordem de gênero. Conclui-se que essa violência opera em duas dimensões: contra o sujeito que desafia a ordem patriarcal-colonialista e contra aquelas organizadas em redes coletivas sólidas que questionam o projeto civilizatório capitalista.
Palavras-chave:
ativismo amazônico; Equador; extrativismo petrolífero; interseccionalidade; violência política de gênero
Introducción
En las últimas décadas, Latinoamérica ha experimentado el ascenso de gobiernos alineados con la vigente etapa neoliberal del capital, lo que ha conllevado el fortalecimiento de economías extractivistas. Este fenómeno se manifiesta en el ingreso sistemático e inconsulto de megaproyectos a los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas. A raíz de esto, se ha generado un conflicto socioecológico multidimensional, cuya complejidad radica en su dinámica de proceso actualizador del complejo de violencia patriarcal-colonial en tejidos sociales marcados por la reificación de los “cuerpos-territorio” (en este artículo, el uso del concepto “cuerpo-territorio” subraya la importancia de la recuperación del cuerpo humano como territorio primigenio, en el contexto de la lucha cotidiana e histórica de las comunidades indígenas por la defensa del territorio-tierra (Lorena Cabnal, 2018)). El modelo extractivista ecuatoriano se incorpora a este sistema mediante el ejercicio de la crueldad sobre los cuerpos feminizados y racializados, con la intensificación de las agresiones contra las defensoras de derechos y las comunidades indígenas movilizadas frente al despojo de tierras ancestrales en la Amazonía (Ivette Vallejo, 2014).
Este artículo desentraña los casos de amenazas de muerte y ataques directos contra las activistas del Colectivo Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva de las Bases frente al Extractivismo en el 2018 como actos ilustradores de la truculencia ejercida sobre los cuerpos Otros. En concreto, las militantes enfatizan el agravamiento de la violencia a raíz de una intensa acción política de resistencia a la declaratoria de renovación de la XI Ronda petrolera realizada por el expresidente de la República, Lenín Moreno (periodo 2017-2021). La respuesta del Colectivo a las pretensiones extractivistas no solo contempló la movilización social, sino también la cristalización de su agencia en la construcción y entrega del “Mandato de las Mujeres Amazónicas”1 en marzo de 2018 (COLECTIVO MUJERES AMAZÓNICAS, 2018).
A continuación se presenta una línea del tiempo de los actos violentos centrales ocurridos durante el año 2018.2 El primer evento tuvo lugar la madrugada del cinco de enero contra Sara -dirigenta kichwa y fundadora del Colectivo Mujeres Amazónicas- en la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza, cuando un hombre no identificado rompió las ventanas de su habitación para notificarla y amenazarla de muerte. Posteriormente, el 27 de abril, Aura -presidenta de la nacionalidad Sápara del Ecuador- fue amenazada por asumir dicho cargo a través de material difundido en redes sociales. El video muestra a Roberto M., quien expresa, “[…],3 nosotros rechazamos a esa persona [...] así vamos a matar a la compañera, que no tiene territorio. Nosotros enfrentaremos con nuestros propios derechos, ancestralmente, con la lanza” (ACCIÓN ECOLÓGICA, 2018, min. 0:08).
Semanas después, el 13 de mayo, se registró un nuevo atentado, esta vez dirigido a Tamia -dirigenta kichwa y fundadora del Colectivo Mujeres Amazónicas- en la misma ciudad. En la madrugada, individuos no identificados lanzaron piedras contra su casa y amenazaron de muerte tanto a ella como a su familia. El último atentado tuvo lugar el 29 de septiembre, con el incendio intencional de la casa de Irina - activista por los derechos comunitarios y de la naturaleza, quien se autoidentifica como mujer mestiza-, que también es sede del Colectivo en el Puyo.4
A partir de este planteamiento, interesa preguntarse ¿cómo opera la violencia política de género contra las mujeres indígenas que lideran procesos de contestación frente a la ampliación de las fronteras extractivas en la Amazonía ecuatoriana (período 2017-2018)? Para responder a esta interrogante, se propone analizar los atentados y las amenazas como formas de violencia política de género contra las impulsoras de proyectos contestatarios antiextractivistas. Aquí se entiende por violencia política de género al ejercicio de cualquier tipo de violencia -física, psicológica, sexual, económica o simbólica- cuyo objetivo es excluir, discriminar o restringir los derechos de las mujeres a la participación política por su género (Mona Krook; Juliana Restrepo, 2016b). Con este propósito, se llevó a cabo un estudio de caso centrado en los actos violentos perpetrados contra las dirigentas del Colectivo en el 2018. En este marco, se sostiene que la aplicación de mecanismos de coerción contra las activistas y dirigentas del Colectivo Mujeres Amazónicas, cristalizados en amenazas y ataques, sigue la lógica del disciplinamiento de las mujeres por su participación en procesos políticos contestatarios. En este caso, el proceso de violencia política de género se da en dos dimensiones: (i) individual, como mujer que subvierte el orden de género patriarcal-colonialista; y (ii) colectivo, en tanto mujeres organizadas en entramadas colectivas sólidas que critican al proyecto civilizatorio capitalista (Daniela Cueva-Checa, 2024).
Este artículo contempla cuatro secciones principales. En la primera sección se presenta una revisión bibliográfica sobre el estudio de la violencia política de género desde la academia latinoamericana, para así establecer las principales aproximaciones teóricas a la problemática. En la segunda sección se contextualiza el modelo extractivista petrolero en Ecuador, específicamente la fase de renovación de la XI Ronda petrolera. De modo que se exploran las dinámicas que dan lugar al conflicto socioecológico y a la consecuente articulación del Colectivo Mujeres Amazónicas como proyecto contestatario frente a la truculencia extractivista.
A partir de la tercera sección se acentúa el enfoque analítico, dado que en esta se debate la relación entre el auge de la VPG y la obstaculización de los intereses del entramado estatal-empresarial por ampliar la frontera petrolera. Este análisis profundiza en los actos violentos de 2018 y revela su funcionamiento como mecanismo clave dentro de los sistemas de opresión operantes en el periodo seleccionado. En la última sección, se aborda el complejo de implicaciones para la vida política de las activistas, reproducido en un fenómeno de violencia interrelacionada que actúa a nivel individual y colectivo. En respuesta, las activistas forjan estrategias de confrontación y resignifican los atentados como símbolo para sostener su lucha frente a la violencia sistemática contra las mujeres racializadas.
Metodología
El diseño metodológico se fundamenta en la investigación cualitativa, dado que se busca estudiar las experiencias, percepciones y significados generados por las activistas amazónicas en torno a los atentados y amenazas experimentadas en el 2018. Para profundizar en estos aspectos, se aplicó la técnica de entrevistas en profundidad, que promueve la reflexión a través de preguntas abiertas que guían la conversación (Álvaro Gaínza, 2006). En este caso, la construcción de la guía de entrevista incluyó tres ejes. En primer lugar, se abordaron las líneas generales de activismo, tanto interno como externo al Colectivo. A continuación, se examinaron sus interpretaciones sobre el atentado. Por último, se exploraron sus percepciones sobre los impactos de este evento, tanto individuales como colectivos.
El corte temporal del estudio se estableció entre 2017-2018 dado que este periodo representa el clímax de la violencia contra las mujeres políticas indígenas, a raíz de la escalada del conflicto socioecológico en la Amazonía centro-sur. En 2017, tras los primeros meses de la presidencia de Lenín Moreno en Ecuador, su gobierno adoptó la consigna de extender la frontera extractiva mediante la renovación de la XI Ronda petrolera, exacerbando así la conflictividad en los territorios de comunidades indígenas. En respuesta, el Colectivo Mujeres Amazónicas sostuvo la resistencia antiextractivista de grupos de base comunitaria, mediante acciones políticas multiescalares. En el 2018, en represalia, cuatro de las militantes con mayor visibilidad política fueron objeto de atentados que rebasaron la truculencia experimentada a lo largo de su trayectoria activista.
El corte espacial se enmarcó en la provincia de Pastaza, ubicada en la zona centro de la Región Amazónica ecuatoriana. Esta elección se argumenta en su comprensión socioespacial como “zona de sacrificio” para el modelo extractivista petrolero y como sede de proyectos etnopolíticos clave para la resistencia antiextractivista, como es el Colectivo Mujeres Amazónicas. El concepto de zona de sacrificio hace referencia a “áreas completas donde lo que predomina es el sufrimiento ambiental, y las vidas mismas devienen descartables y sacrificables” (Maristella Svampa, 2021, p. 10), en sintonía con su exclusiva interpretación como recursos útiles de los que se alimenta el sistema capitalista para su funcionamiento. De hecho, la imposición de lógicas reificadoras sobre esta área por parte del aparato estatal-empresarial se aprecia a partir de la instalación de las primeras actividades exploratorias hidrocarburíferas por las compañías Leonard Exploration y Royal Dutch Shell “entre las cuencas de los ríos Bobonaza y Curaray” (Miriam García-Torres, 2017, p. 39) entre 1920 y 1930, hasta la puesta en marcha de la XI Ronda petrolera con la licitación de trece bloques para explotación entre 2013 y 2017 (Ivette Vallejo; Corinne Duhalde, 2019).
Ahora bien, la estrategia metodológica adoptada para seleccionar a las interlocutoras parte del estudio de caso sobre la violencia de género contra mujeres indígenas. En ese sentido, se excluyeron los casos que no cumplen con el criterio de identificación étnica, para preservar la coherencia y pertinencia del estudio en el ámbito de las mujeres racializadas, quienes afrontan barreras específicas desde la intersección de discriminaciones que experimentan a diario.5 Por lo tanto, se aplicaron entrevistas a profundidad, de carácter individual, a activistas indígenas del Colectivo que, debido a una mayor exposición al impulsar el proyecto antiextractivista, vivieron la intromisión de la violencia directa en sus espacios de vida privada. En concreto, se escogieron los casos de Sara y Tamia con el propósito de examinar los significados, perspectivas e interpretaciones construidas en torno a la ocurrencia de los atentados en sus hogares; pues su posicionamiento como lideresas de comunidades indígenas y su reconocimiento como fundadoras de este movimiento social permiten un acercamiento integral a la evolución del proyecto etnopolítico.
Para ello, se precauteló la participación voluntaria, consentida e informada de las entrevistadas, de la mano de una comunicación oportuna sobre la metodología y los objetivos de la investigación; además, se garantizó la flexibilidad para que ellas decidan sobre la modalidad y el lugar de las entrevistas. Es importante apuntar que, a lo largo del estudio, se protegen los datos de identificación de las informantes para asegurar la confidencialidad y evitar revictimizarlas. Entonces, se emplean seudónimos para citar la información y se ocupan referencias generales sobre los lugares de las entrevistas.
El trabajo de campo se desarrolló en diciembre de 2023, con el desplazamiento a la provincia de Pastaza. En el espacio de entrevista se leyó conjuntamente el consentimiento informado, de modo que las interlocutoras pudieron conocer sobre sus derechos a lo largo de la investigación; además, se solicitó su autorización para tomar notas y realizar grabaciones de voz.
El procesamiento de la información derivada de las entrevistas se estructuró en tres etapas principales. En la primera etapa, correspondiente a la transcripción, se emplearon herramientas digitales para convertir las grabaciones en un documento preliminar. Posteriormente, este documento fue revisado por las investigadoras con el fin de corregir errores de legibilidad y garantizar la fidelidad del contenido respecto a las declaraciones de cada entrevistada.
La segunda etapa se orientó a la organización de los datos para el análisis. Para ello, se elaboró una tabla dividida en tres columnas: 1) pseudónimo de la informante, 2) extracto del testimonio y 3) lugar y fecha de la entrevista. Cada extracto fue codificado con el propósito de sistematizar el volumen considerable de información cualitativa. Adicionalmente, se diseñó una lista de categorías temáticas que permitió agrupar los extractos de los testimonios.
Finalmente, en la tercera etapa, dedicada al análisis, se construyó una matriz en la que los extractos fueron clasificados según las categorías temáticas previamente definidas. Este procedimiento facilitó la identificación de relaciones entre categorías y fragmentos, lo que condujo a la revisión crítica de presupuestos, conceptos y propuestas teóricas pertinentes para el análisis de la información.
Principales debates sobre violencia política de género en América Latina
La violencia política de género (VPG) constituye una problemática sobre la que se empieza a reflexionar en América Latina en la segunda década del siglo XXI, a partir de la creciente participación política de las mujeres en distintas instancias de toma de decisiones (Krook; Restrepo, 2016a; García-Torres, 2017; Cherie Zalaquett, 2022). El desarrollo de estudios desde diversos territorios y abordajes epistemológicos ha dado lugar a un debate enriquecido y heterogéneo en la región. Este diálogo multisituado comprende tanto las aproximaciones jurídicas-institucionales -que contienen a la praxis política en el ejercicio estatal- como los enfoques críticos del sistema democrático, que reivindican una práctica política de resistencia comunitaria.
En un primer momento, el análisis sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito institucional se ha apuntalado como la perspectiva predominante para abordar la VPG. En este campo, se localizan las raíces de la violencia en las relaciones estructurales de poder y se propone un modelo de respuesta basado en políticas públicas y marcos jurídicos que actúan dentro del sistema de democracia representativa -en específico, a nivel del sistema de partidos y electoral. A nivel de América Latina, entre los estudios que se enmarcan en esta primera aproximación se encuentra la investigación de Hada Sáenz y Juana Vera (2023), quienes evalúan la prevalencia de la VPG en México y su impacto en los derechos políticos de las candidatas a cargos públicos en las elecciones federales 2020-2021. Las investigadoras evidenciaron que pese a alcanzar la paridad para conformar los espacios legislativos, en estos permean las expresiones discriminatorias por género que se encarnan en juicios sobre su capacidad laboral, una distribución de comisiones mediada por los roles de género y el acoso de superiores y pares.
De manera similar, en la revisión de los casos de violencia contra las candidatas peruanas durante las elecciones de 2018, 2020 y 2021, Diego Cornejo, Andrea Samaniego y Eduardo Torres (2023) identificaron perjuicios a la imagen personal, humillaciones y ataques verbales. Si bien estas investigaciones evidencian el carácter sexista contra las mujeres que transitan hacia la participación electoral y el desempeño en cargos de representación política, no reportan los impactos específicos de la violencia política contra las mujeres indígenas, más bien se alude a un carácter generalizado del fenómeno, pues existe un vacío de información y análisis sobre la influencia de la identificación étnica de las funcionarias.
En un segundo momento, se rescataron los trabajos que, pese a continuar en la matriz gubernamental, se proyectan hacia espacios políticos alternativos. Nuevamente desde México, Daniela Cerva (2021) propone conocer las barreras y expresiones violentas hacia mujeres indígenas, tanto dentro de los partidos políticos como en los sistemas normativos internos; así, revela dos obstáculos centrales para su participación. Por un lado, subraya prácticas políticas partidistas que simulan incluirlas con el fin exclusivo de cumplir la cuota de representación indígena. Por otro, distingue los sistemas de gobierno comunitario que perpetúan su relegación al espacio privado. A este análisis se incorpora el llamado de atención de las mujeres indígenas a ampliar el concepto de participación política hacia una construcción que considere sus procesos colectivos como espacios primigenios de lucha.
A su vez, Doly Jurado (2023) instala una crítica hacia la efectividad de acciones positivas como la cuota de género, cuota indígena y las modificaciones de las leyes electorales para garantizar la paridad y la alternancia de género en las listas electorales en Perú. En esta exploración encuentra recursos alternativos para impulsar la participación política, como la asociación femenina y la articulación desde las bases de los movimientos indígenas. Así concluye que los recursos organizativos poseen una mayor efectividad que las reformas legislativas electorales exploradas para alcanzar una incidencia real.
En las investigaciones que tratan la VPG contra las activistas y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza se distingue un abordaje epistemológico interseccional, destacado por el estudio de la sujeta femenina indígena militante. Zalaquett (2022) acoge esta construcción para plantear los “nudos metodológicos” que debe encarar la investigación al escoger como sujeto de estudio a las mujeres indígenas afectadas por la violencia político-militar. Mediante el estudio de caso sobre las militantes de los movimientos por la tierra y autonomía del pueblo nación mapuche de Chile y Argentina en el periodo 2018, la investigadora desmonta la noción sobre el ejercicio exclusivo de la política en el marco democrático, hacia la construcción de sistemas colectivos de resistencia. Además, resalta las relaciones de dominación institucionalizada contenidas en la militarización del territorio y la criminalización de actoras políticas.
Ahora, con base en la investigación colaborativa entre movimientos de base territorial y academia sobre los impactos socioambientales de la ampliación de la frontera extractivista en la Amazonía ecuatoriana, autoras como Vallejo (2014), García-Torres (2017), Eva Vázquez, Delmy Cruz y Manuel Bayón (2020) enfocan sus estudios en un perfil fenomenológico alternativo que consiste en el abordaje de las afectaciones específicas que experimentan los cuerpos-territorio de las mujeres racializadas. De esta manera, develan la actualización del complejo de violencia patriarcal-colonialista-clasista y su impacto multidimensional, dentro del que se destaca la incorporación de la dimensión política como antecedente para estudiar la VPG contra las mujeres indígenas en el Ecuador.
A lo largo de esta revisión de la literatura latinoamericana, se constató que, si bien en un primer momento existió una tendencia hacia el abordaje jurídico e institucional de la violencia política de género, ello ha propiciado reflexiones sobre la discriminación contra las mujeres participantes en procesos electorales o en cargos de representación política dentro de la estructura gubernamental. En un segundo momento, ha surgido una tendencia que rompe con esta construcción exclusiva de la sujeta política en tanto participante legitimada por el Estado, la cual propone resignificar y repensar a las sujetas políticas en función de un conocimiento situado en un contexto regional constituido por experiencias y realidades sociales complejas -en las que se conjugan diversas categorías identitarias-. En este escenario, el fortalecimiento del estudio de los actos violentos ejercidos contra activistas, militantes, dirigentas comunitarias y defensoras de los DDHH y de la naturaleza como casos de violencia política de género pretende reconocer la lucha de las mujeres indígenas del Sur global constructoras de agencia y acción política colectiva frente al patriarcado colonial.
Una mirada sociopolítica al modelo extractivista ecuatoriano
Sistemáticamente, el Ecuador se ha regido por un modelo extractivista de materias primas destinadas a la exportación en el mercado internacional. Aquí se entiende por extractivismo al sistema basado en la “explotación de grandes volúmenes de recursos naturales, que se exportan como commodities y generan economías de enclave (localizadas, como pozos petroleros o minas, [...]) [Que] requiere grandes inversiones de capital intensivas” (Lucrecia Wagner, 2020, p. 513). De este modo, el sistema político internacional ha influido en el estatus del país como productor-exportador de insumos para la expansión global del capitalismo.
La revisión académica sobre el modelo extractivista petrolero en el Ecuador devela un marco histórico estructurado por cuatro fases, la primera inicia en la década de 1960 con la búsqueda de los primeros yacimientos hidrocarburíferos en la Amazonía, auspiciada por consorcios transnacionales (Alberto Acosta, 2006). En la segunda fase, se advierten periodos neoliberales de reducción del control y participación estatal -a raíz del excesivo endeudamiento externo y posterior negociación con instituciones financieras internacionales (IFI)- y de acceso empresarial inédito a la producción petrolera. Este modelo continúa en la tercera fase, caracterizada por el surgimiento de crisis socioambientales y resistencias territoriales indígenas en respuesta a las políticas extractivistas. Por último, la cuarta fase se distingue por periodos posneoliberales en los que el Estado reconcentra la gestión exportadora y marca una ruptura con las IFI, sin interrumpir su participación en el sistema capitalista.
Este artículo se enfoca en la cuarta fase del extractivismo petrolero nacional como ciclo posneoliberal y neoextractivista, desarrollado a partir del 2006 con el impulso del gobierno de Rafael Correa (2007-2017). A nivel internacional, se encuadra en el consenso de los commodities, proyecto reconcentrador de la economía regional latinoamericana en la exportación de materias primas a mercados globales (Vallejo; Duhalde, 2019) con el alza histórica de sus precios por la creciente demanda de China para expandirse económicamente.
Ahora bien, la matriz neoextractivista entra en esta dinámica con el discurso gubernamental que autoriza la explotación de recursos para obtener condiciones financieras sustentadoras del modelo de bienestar social (Marcelino Chumpi, 2015). Así, la consigna se plasma en la apertura de la XI Ronda Petrolera en el 2012, que contempló actividades sobre dieciséis bloques ubicados en territorios indígenas, en las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago (Andrea Bravo; Ivette Vallejo, 2019). En este contexto, las instituciones estatales negociaron con líderes masculinos de facciones favorables a la explotación, para obtener un consentimiento a nombre de los pueblos indígenas.
Dentro de esta fase, el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) constituye el retorno al neoliberalismo con medidas para recuperar la presencia de las IFI (Álvaro García-Mayoral, 2023) mediante el acercamiento con el Fondo Monetario Internacional para acceder a créditos destinados al pago de la deuda nacional. En sintonía, se redujo el gasto público y se introdujeron bloques de medidas calificadas como transgresoras de los derechos de los sectores populares. Respecto a la explotación de commodities, el reajuste neoliberal se tradujo en el fortalecimiento del patrón de acumulación en la economía extractivista, mediante la reanudación de la XI Ronda en el 2018.
En síntesis, la historia de la Amazonía ecuatoriana ha estado inmiscuida en un continuum de dominación colonial-capitalista en el que los cuerpos y territorios indígenas se han utilizado como “zonas de sacrificio”. La aplicación de este concepto alude al cometido del aparato estatal-empresarial por reificar al mundo indígena como moneda de cambio en el mercado internacional, mediante sistemas de explotación y colonización que perpetúan la dependencia del país al extractivismo, al servicio de la diseminación global del capitalismo.
En respuesta a este fenómeno, emergen colectivos de resistencia que develan los sistemas de opresión involucrados y denuncian los efectos sobre los cuerpos feminizados-racializados, este es el caso del Colectivo Mujeres Amazónicas, quienes se presentan como un proyecto dinamizador de la etnopolítica amazónica, al advertir el agravamiento de la dominación patriarcal-colonial con la expansión de la frontera petrolera. Detalladamente, ante la convocatoria del gobierno del expresidente Correa a la XI Ronda Petrolera en el 2013, las dirigentas y activistas de Pastaza se agruparon en una acción política acuerpada en el Colectivo. Para el 2018, con una experiencia política teñida por la lucha contra la criminalización gubernamental y la marginación de organizaciones tradicionales indígenas, Mujeres Amazónicas se presentaron como pieza clave del fortalecido frente antiextractivista que interpeló al gobierno de Moreno por renovar la explotación en la Amazonía centro-sur.
Mecanismos de coerción contra mujeres indígenas políticas en el contexto extractivista
Descartar el carácter patriarcal del conflicto socioecológico es invisibilizar la violencia contra los cuerpos feminizados-racializados en el territorio. En ese sentido, es imperativa la trasversalización de la perspectiva de género, dado que los atentados y amenazas contra las activistas representan mecanismos de la violencia política de género (VPG). A su vez, esta violencia se descubre como un complejo de dinámicas que afectan la vida de las mujeres indígenas y sus procesos de acción política colectiva. Para ello, es preciso estudiar en profundidad a los actos violentos como piezas clave que responden a sistemas de opresión transversales a su contexto espacio-temporal, mediante el diálogo entre el enfoque teórico interseccional y los testimonios de las interlocutoras.
En retrospectiva, la participación política de Sara y Tamia se desarrolla previo a la creación del Colectivo y surge desde su incursión en la política interna comunitaria, como presidentas o dirigentas de la mujer y la familia. Desde su ingreso en espacios políticos tradicionales -ya sea en la estructura dirigencial comunitaria o en organizaciones indígenas tradicionales- se enfrentan a la asignación del Uno masculino y del Otro femenino por esferas de la existencia social (Rita Segato, 2016).
En concreto, se legitima a los hombres en su capacidad de participar y decidir en las asambleas internas, conformar la dirigencia y presentar sus propias agendas; en sí, son legitimados a ocupar el espacio público. Por otro lado, al ser asignadas previamente al espacio privado, las mujeres que llegan a cargos dirigenciales experimentan la reproducción de los roles de género en sus funciones y marcos de acción limitados. Esta dinámica se traslapa a las organizaciones indígenas tradicionales -como los procesos nacionales aglutinadores por la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas- en la forma de marginalización política de las mujeres (Manuela Picq, 2009). Por lo tanto, las interlocutoras constatan la perpetuación de la matriz patriarcal de liderazgo masculino, como lo evidencia Sara:
Las organizaciones comunitarias habían tenido ese tinte de que solo lideraran hombres, pero no es porque no había mujeres capaces ni porque no podían hablar, sino que habían tenido la forma de relegar a las compañeras mujeres a cargos domésticos. Todas las tareas domésticas se trasladaron a la dirigenta dentro del proceso organizativo. [...] Eran roles que no permitían que realmente la mujer se expresara y pudiera estar participando políticamente en la toma de decisiones (Cueva-Checa, Daniela, 18/12/2023. Entrevista a Sara.).
Con el ingreso de proyectos extractivistas en territorios indígenas, los relatos de cada mujer encajan en un complejo de violencias patriarcales-colonialistas reforzado por la reproducción de la dominación masculina a cargo de los ejecutivos de compañías petroleras y funcionarios estatales, lo que se entiende por repatriarcalización del territorio (García-Torres; Vázquez; Cruz; Bayón, 2020, p. 29). Este complejo afecta a los cuerpos femeninos con la violencia sexual, el recrudecimiento de la violencia intrafamiliar y la militarización de sus espacios de vida. En términos de la dimensión política, se da una masculinización de los espacios de toma de decisiones (García-Torres; Vázquez; Cruz; Bayón, 2020), en los que, pese a debatirse el futuro comunitario, intervienen exclusivamente los actores autorizados por los ejecutivos petroleros, los dirigentes masculinos. Esta dinámica les resta a las mujeres el ya escaso marco para participar y decidir, como actoras que viven en sus propios cuerpos-territorio, los estragos del extractivismo. Mediante su testimonio, Tamia representa el impacto de la violencia:
Como mujeres vivimos violencia intrafamiliar, nuestros esposos salían a trabajar en las empresas petroleras y cuando les pagaban del trabajo tomaban mucho [alcohol]. Las mujeres empezaron a brindar sus propios cuerpos a la gente de la empresa, empezaron a dañarse, a vender su cuerpo a cambio de algunas cosas que la empresa daba, como gasolina y comida. Viendo eso como presidenta no tuve otra opción que ponerle una demanda a la empresa para que ya no sigan violentando a las mujeres (Cueva-Checa, 20/12/2023. Entrevista a Tamia.).
En respuesta, ellas se apropian de los espacios y acuerpan la lucha en la forma de resistencia antiextractivista a la vez que antipatriarcal; no puede existir una sin la otra. Así, problematizan el carácter múltiple de la violencia que las atraviesa como mujeres indígenas del territorio y se inscriben -mediante su accionar político y marco ideológico- en el feminismo ecoterritorial, movimiento levantado por mujeres en la defensa territorial y ambiental en Latinoamérica (Svampa, 2021). Entonces, se habla de luchas interseccionales que reconocen la imbricación de sistemas de opresión que pretenden desvanecer su voz política (Lucía Busquier; Fabiana Parra, 2021). Esta voz se recrea en un discurso contrario a la lógica del pacto patriarcal-colonialista intermediado por un momentáneo poder económico que copta a los líderes comunitarios.
Una cosa es que yo aparezca hablando en la Corte IDH o en los medios y otra cosa es que las mujeres de varias nacionalidades y pueblos hayan podido expresarse y decir “nosotras no queremos explotación, nosotras reivindicamos derechos, [...] y aquí estamos para exigir que se respeten nuestros derechos”. No sabíamos mucho de feminismo, pero yo creo que era nuestra forma de reivindicar (Cueva-Checa, Daniela, 18/12/2023. Entrevista a Sara.).
En su ejercicio político, las dirigentas indígenas critican explícitamente estas alianzas masculinas que ponen en peligro la autonomía territorial de su pueblo y la autonomía sobre sus propios cuerpos. Al reivindicar su estatus como mujeres defensoras del territorio en los espacios políticos internos, se concibe a las dirigentas y activistas como actoras que subvierten el orden (Aura Cumes, 2009). En primer lugar, un orden patriarcal que tradicionalmente ha anulado a las mujeres por su género, y que, influenciado por el modelo extractivista de despojo, se refuerza con un orden colonial que condena y censura a aquellas mujeres que contravienen el mandato colonial designado para sus tierras y cuerpos. Al participar paulatinamente de la política e incursionar en espacios externos, ellas conectan con la lucha de compañeras de otros territorios y consolidan una percepción compartida de la injusticia en un marco de realidad específico. Así, establecen los fundamentos de su propio proceso, una organización no tradicional que trasciende el escenario de política comunitaria, con el objetivo de consolidar un espacio propio para el diálogo y la reivindicación. El testimonio de Sara respalda esta dinámica:
Uno de los puntos para que las Mujeres Amazónicas aparezcamos es reivindicar ese derecho de expresarnos con nuestra propia voz, dentro de nuestras propias estructuras y también fuera. [...] Nosotras decidimos decirles que no estábamos de acuerdo con la explotación del petróleo, pero como mujeres (Cueva-Checa, Daniela, 18/12/2023. Entrevista a Sara.).
La creación e involucramiento de dirigentas y activistas en el Colectivo Mujeres Amazónicas da cuenta de un proyecto de acción política colectiva (Mary Luz Alzate, 2008), que cuestiona y repiensa las relaciones de dominación en las zonas de explotación petrolera. Al forjar una percepción conjunta de la injusticia en un contexto específico, se construye una identidad compartida para desarrollar la acción política, que es la evocación de “las mujeres amazónicas de base defensoras de la selva” (COLECTIVO MUJERES AMAZÓNICAS, 2018, p. 1). En este caso, la acción política se materializa en la manifestación social para posicionar el problema; sobre esta línea, entre el 2013 y 2018, fortalecen y cristalizan su participación en foros académicos, convocatoria de marchas, espacios gubernamentales de toma de decisiones y ruedas de prensa.
El “Mandato de las Mujeres Amazónicas Defensoras de la selva de las bases frente al extractivismo” del 2018 se construye en la cumbre de la incidencia política del Colectivo y constituye la materialización de la lucha tejida y narrada desde sus propias voces. Además, este representa una propuesta para deconstruir las relaciones de dominación (Lorena Cabnal, 2018, p. 117) por medio del llamado de acción e investigación sobre las violencias que afectan a las mujeres en el territorio.
Desde el día que pusimos el Mandato de Mujeres Amazónicas nos empezamos a unir todas las mujeres, ya proponiendo fuertemente, alzando nuestra voz hacia el gobierno. Ahí las empresas nos empezaron a amenazar, me amenazaron a mí, amenazaron a [Sara] y ya tuvimos que andar con precaución (Cueva-Checa, 20/12/2023. Entrevista a Tamia.).
A la luz de las narrativas de Sara y Tamia se decodifica que la violencia patriarcal-colonialista se manifiesta como constante a su accionar político. Por lo tanto, es preciso abordar y estudiar los actos violentos dirigidos contra ellas en el 2018 como el culmen de la violencia política de género, conceptualizada como un complejo de mecanismos de coerción destinados a frenar o suspender su participación política y activismo por el hecho de ser mujeres (Krook; Restrepo, 2016b).
A continuación, se recuperan las representaciones sobre la temporalidad y la autoría de los atentados y amenazas. En cuanto a la temporalidad, el inicio de esta narrativa se sitúa en el 2017, con las declaraciones emitidas por el gobierno del expresidente Lenín Moreno para reanudar la XI Ronda en la Amazonía centro-sur. Ante esto, las dirigentas y activistas indígenas -integrantes y aliadas del Colectivo Mujeres Amazónicas- se reorganizaron para planificar y liderar acciones que resultaron en la marcha para presentar el documento de demandas ante el poder ejecutivo.
Previo a la movilización, en enero del 2018, se registró el primer atentado dirigido a Sara en su entonces lugar de residencia en el Puyo, frente a lo que se concertó continuar con la acción planificada. Así, en marzo del mismo año, se impulsó la marcha desde la Amazonía hacia Quito para entregar el mandato; hecho que evidencia la incidencia política de las Mujeres Amazónicas en la resistencia antiextractivista. Un mes después, Tamia experimentó un atentado en la residencia de un familiar en el Puyo, donde habitaba temporalmente. En palabras de Sara,
¿quiénes eran las que más protestamos con la décima primera ronda de explotación petrolera? Éramos nosotras. Ya se habían caído varias rondas de explotación a raíz de la actuación de las mujeres que estaban ahí de frente. Había un interés específico aquí en Pastaza de hacer la explotación petrolera y lo sigue habiendo. [...] Yo no tengo enemigos, la única cuestión que he hecho públicamente es la defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas y pronunciarnos directamente respecto a que no aceptaremos actividades extractivas (Cueva-Checa, Daniela, 18/12/2023. Entrevista a Sara.).
Respecto a la autoría, considerando el proceso político del que provienen las mujeres entrevistadas y fundamentándose en sus testimonios, se desentraña la intervención del entramado estatal-empresarial en colusión con líderes y grupos comunitarios favorables a la explotación petrolera. De este modo, se esboza un complejo escenario en el que múltiples actores contribuyen, mediante acciones y omisiones, al alcance del atentado, lo que permite asignar responsabilidades y desmitificar la figura de “crímenes cometidos por particulares”.
En el caso de Sara, al mencionar en su testimonio la participación de agentes de los cuerpos estatales de seguridad en el atentado, establece una conexión entre el incidente y la violencia derivada de la militarización del territorio, experimentada años antes en su comunidad -destinada a reprimir la resistencia de las mujeres y de la comunidad al ingreso de equipos de perforación para la exploración de hidrocarburos. En este punto, se aborda la masculinización del territorio (García-Torres; Vázquez; Cruz; Bayón, 2020) como una práctica de reforzamiento de las relaciones patriarcales-coloniales en las comunidades, que deriva en el dominio falocéntrico de los espacios.
La intervención militar adquiere un significado específico en la narración de Sara, que evoca la truculencia infligida por el pacto patriarcal representado, en este caso, por las instituciones estatales encargadas de la guerra. Segato establece una relación entre “truculencia” y “pacto patriarcal” para explicar la ejecución de acciones cruentas contra los cuerpos feminizados por parte de las fuerzas estatales y paraestatales en contextos de guerra o conflicto. En palabras de Segato, “la truculencia es la única garantía del control sobre territorios y cuerpos, y de los cuerpos como territorios” (2016, p. 61). Entonces, en el testimonio anteriormente revisitado se recrea una demostración de poder que reproduce el “cercamiento social” de las mujeres en el espacio privado, mediada por la detonación de sentimientos de inseguridad y miedo a ocupar espacios públicos.
Para mí la persona que atacó era alguien del sector de seguridad. Ya sea militar o policía. Cuando la comunidad luchaba contra la compañía petrolera, nosotros vimos que los del ejército habían firmado un convenio para dar protección a las empresas petroleras. [...] se me quedó en la mente que tienen todavía este tipo de acuerdos, por eso tengo mis sospechas (Cueva-Checa, Daniela, 18/12/2023. Entrevista a Sara.).
Respecto al caso de Tamia, se expone el papel de las instituciones gubernamentales en la falta de identificación de los responsables y en la ausencia de seguimiento a su proceso; una serie de omisiones que derivaron en el archivo del caso. Estos elementos invitan a repensar el complejo de dimensiones estructurantes y legitimadoras de la violencia manifiesta en los atentados contra las mujeres para limitar su participación política. De esta manera, sobresale la violencia política institucionalizada, descrita por Laura Albaine (2019) como el nivel invisible de la violencia política de género. En este nivel, las instituciones políticas desempeñan un papel central al incumplir los marcos normativos nacionales e internacionales que protegen la “igualdad entre los géneros en el ámbito político” (Albaine, 2019, p. 35). Entonces, la obstrucción del acceso a procesos judiciales e investigaciones que visibilicen el carácter interseccional de la violencia en los casos de las activistas indígenas constituye un mecanismo central de la violencia política institucionalizada.
Después del atentado los vecinos llamaron a la policía y salieron a ver qué estaba pasando, habían estado dos, pero se escaparon. Sospecho que son personas contratadas por la empresa, no eran de aquí de la ciudad. Denuncié, pero nunca se dio esa investigación, [...] y fue archivada la demanda (Cueva-Checa, 20/12/2023. Entrevista a Tamia).
A lo largo de este apartado se establecieron los fundamentos para analizar la violencia política de género implicada en los ataques contra las activistas de Mujeres Amazónicas. Esta identificación se desprende de un examen minucioso de los sistemas de opresión transversales al contexto de los hechos. Una vez sentadas las bases, resulta imperativo profundizar en el estudio de los elementos constitutivos de los actos violentos para desentrañar los mecanismos involucrados en el intrincado tejido de la violencia política de género.
Efectos individuales y colectivos de la violencia política de género
En este apartado se identifican los impactos de la violencia política de género sobre el activismo de las militantes del Colectivo Mujeres Amazónicas; para ello, se examinan los espacios, mecanismos y las formas de violencia asociadas a los atentados y amenazas, como elementos que operan en red y cuyo estudio relacional dilucida los efectos de la VPG. Krook y Restrepo (2016b) cuestionan el presupuesto de atribuir exclusivamente la ocurrencia de actos violentos a los espacios públicos, y ofrecen una perspectiva enriquecida en la que los actos violentos pueden darse tanto en la esfera pública como en la privada (2016b). Además, amplían la perspectiva analítica, lo que permite develar la multidimensionalidad de la VPG y generar relaciones entre el espacio de ocurrencia y los mecanismos de la violencia.
El 5 de enero del 2018 eso fue ya como el culmen de todo lo que estaba viviendo. Era la una de la mañana y todo el mundo dormía, incluida yo. Estaba con mis padres, mi hermano, mi guagua6y mi esposo. [...] Yo escuché que se rompían los vidrios de la casa y cómo se caían las cosas encima de mí. [...] fue exactamente el departamento nuestro en el que rompieron todos los vidrios. Entonces hasta yo reaccionar y decirle a mi esposo “mira, esa es la persona que acaba de hacer esto”, se regresó [el atacante] y me dijo “hija de puta, la próxima te vamos a matar” [...] (Cueva-Checa, Daniela, 18/12/2023. Entrevista a Sara.).
Entre el 13 y el 18 de marzo del 2018 estuvimos con mi cuñada en la lucha para poner el Mandato de mujeres. Nos fuimos a quedar en la Plaza Grande en Quito más de cuatro días [...]. Pasado un mes de que habíamos regresado, pasa a la una de la mañana el atentado que tuve en la casa de mi exsuegra. Estábamos descansando y empezaron a tirar piedras [...] mi cuñada sale a ver y casi le golpea una piedra en la frente. Le digo “cierra la puerta, nos están tirando a nosotras” y luego nos metimos y pedimos auxilio, estábamos gritando porque no dejaban de botar las piedras y también amenazaban (Cueva-Checa, 20/12/2023. Entrevista a Tamia.).
Como se aprecia en las narraciones de las interlocutoras, los hechos se suscitan en torno a sus hogares, en los que no solo se encontraban ellas, sino también sus familias. Esto influye en su percepción de vulnerabilidad, al ser atacadas directamente y al ver implicados a sus familiares en el hecho. De esta manera, se acentúa el ejercicio de la violencia en la esfera privada. En esta lectura, es preciso repensar la ocurrencia del atentado en torno al hogar, más allá de la sola apreciación del espacio físico vaciado de contenido, como espacio social primigenio en el que interactúan las relaciones de poder. En su testimonio, Sara atestigua: “En ese momento del ataque pienso en la familia. Yo creo que ese es el objetivo, sabían que yo estaba con mi familia, con mis padres, el objetivo era callarme” (Cueva-Checa, Daniela, 18/12/2023. Entrevista a Sara.).
Bajo esta lógica, el atentado opera como catalizador para que el núcleo familiar interpele y cuestione la participación política de la activista. Así, se pretende generar presión para obligarlas a retirarse de la exposición política o, en palabras de Krook y Restrepo, para dar lugar a la “intimidación social o familiar en espacios privados” (2016a, p. 138). Precisamente, aquí se devela la intención de reforzar la asignación de los espacios y roles por género, como forma específica de violencia contra las mujeres políticas. Por lo tanto, el estudio de la esfera privada como ubicación socioespacial para el atentado desnuda el mecanismo de la violencia política de género como una herramienta para restringir y devolver a las mujeres políticas al lugar y a los roles construidos históricamente para ellas. Esto se debe a que, como lo explicita Segato, “algo central, esencial, fundacional para el ‘sistema’ debe ciertamente depender de que la mujer no salga de ese lugar, de ese papel, de esa función” (2016, p. 97).
Para estudiar los impactos de la violencia política de género, es necesario revisitar el concepto desarrollado por Krook y Restrepo (2016a), cuya definición descubre un complejo de afectaciones que rodean el acto central. Este fenómeno, denominado por las autoras “violencia interrelacionada”, se fundamenta en la premisa de que “una acción puede tener múltiples significados debido a las diferentes posibilidades en términos de cómo es interpretada o vivida por la víctima u observadores externos” (Krook; Restrepo, 2016a, p. 150, 151). En consonancia con este enfoque, se recurrió a los testimonios de las interlocutoras para explorar las formas de violencia inmiscuidas en sus casos. Una vez examinadas sus percepciones en torno al acto central, se distinguieron impactos a nivel individual y colectivo.
En primera instancia, se identifica la violencia psicológica, presente en la amenaza del uso de la violencia física a través de ataques directos. Krook y Restrepo distinguen este mecanismo como “una herramienta particularmente usada contra las mujeres” (2016a, p. 144). A raíz de ello, las activistas identificaron impactos individuales con repercusiones sobre su salud mental. Aunque se aprecia un nivel de impacto psicológico variable, dependiendo del caso, se identifican elementos compartidos, entre ellos se incluyen una percepción disminuida de la seguridad propia y familiar, la consecuente restricción para ocupar espacios públicos, la adopción de diversas medidas a modo de rituales para afrontar la incertidumbre, y la interrupción de sus planes de vida. En este punto, es necesario enfatizar la influencia que tuvo el involucramiento de sus familias en las amenazas recibidas como un factor que agudiza la percepción de inseguridad.
Con mi exesposo empezamos con problemas, ya empezó a ponerse más grosero de lo que era. En mi vida familiar afectó bastante el atentado, no podía vivir en esa misma casa porque ya me encontraron y tuve que cambiarme a otra ciudad, a vivir en un departamento. Tuve problemas con mi exesposo, me agredió, y por defenderme de la violencia me mandó presa (Cueva-Checa, 20/12/2023. Entrevista a Tamia.).
Particularmente, en el caso de Tamia, es evidente la intensificación de las formas preexistentes de violencia basada en género (VBG), como la violencia de pareja. La dirigenta comenta que, a lo largo de la relación con su exesposo, vivió constantemente insultos y humillaciones, eventos característicos de la acumulación de la tensión en el ciclo de la violencia (Victoria Ferrer; Esperanza Bosch, 2003). No obstante, a raíz del atentado, con los constantes cambios en su estilo de vida y ante la decisión de persistir en la militancia, ve incrementada la frecuencia de los eventos violentos de parte de su agresor. De esta manera, la violencia escala hasta la fase de descarga de la tensión (Ferrer; Bosch, 2003), con el evento de agresión física, ante el que ella se defiende y es encarcelada.
Aquí, cabe destacar el acompañamiento del Colectivo Mujeres Amazónicas con la denuncia pública por revictimización en su caso. Las activistas expusieron que además de la violencia de pareja, se evidenció la complicidad de los funcionarios públicos con el agresor, quienes, pese a las declaraciones sobre el historial de violencia psicológica vivida en la relación, tomaron una acción que no tuvo en perspectiva la VBG.
Después del atentado, cuando llegamos donde los gobiernos autónomos éramos mal vistas, decían “ya llegaron las Mujeres Amazónicas”. Pero también nos tenían miedo porque éramos más fuertes que otros grupos, decían “estas mujeres son peligrosas [...] (Cueva-Checa, 20/12/2023. Entrevista a Tamia.).
En clave colectiva, las interlocutoras avizoraron como principal efecto el reforzamiento de la violencia simbólica de género, entendida aquí como la serie de dinámicas y acciones, conscientes e inconscientes, por medio de las cuales la sociedad patriarcal y sus instituciones han construido representaciones negativas en torno a la figura de las mujeres políticas (Krook; Restrepo, 2016a). Precisamente, sus testimonios evidencian la articulación de la noción de la mujer subversiva desde su incursión individual en la política comunitaria. Empero, con el alcance de una mayor incidencia y la ocurrencia de los actos violentos en el 2018, la noción de subversión se nutre de la dimensión plural de las mujeres indígenas subversivas en procesos contestatarios. Entonces, se extrae que la VPG no solo “busca anular o borrar la presencia de las mujeres en las oficinas públicas” (Krook; Restrepo, 2016a, p. 147) sino que pretende criminalizar y disciplinar a las mujeres racializadas unidas en la lucha por sus propios derechos y en sus propios términos.
A lo largo de la investigación se evidencia la consolidación de una entramada colectiva sólida acuerpada en el Colectivo Mujeres Amazónicas. Desde su creación en el 2013, este proyecto se ha distinguido por una práctica política crítica frente a la intersección de discriminaciones promovidas por el extractivismo en expansión. La implantación de este modelo se concibe como una nueva fase del colonialismo en la que interactúan formas actualizadas de despojo sobre los territorios de comunidades indígenas del Sur Global. No obstante, las activistas indígenas amazónicas han evidenciado la existencia de violencias específicas sobre los cuerpos feminizados. A partir de este reconocimiento han impulsado y fortalecido un proyecto político propio que opera en disfuncionalidad y amenaza al proyecto hegemónico del capital (Segato, 2016).
Las compañeras del Colectivo se solidarizaron totalmente. En algún momento temían que sean las próximas amenazadas, pero creo que hicimos tanto ruido que no siguieron las amenazas. [...] El atentado hizo que nos aglutinemos más y nos empecemos a proteger en grupo. Dijimos “bueno, si a una de nosotras nos violentan, esto implica a todas las mujeres y todas vamos a protestar por esa situación y todas vamos a protegernos, a cuidarnos, a solidarizarnos, a respaldarnos (Cueva-Checa, Daniela, 18/12/2023. Entrevista a Sara.).
El carácter de entramada colectiva sólida cobra especial sentido al constatarlo en las estrategias confrontativas de la violencia política de género contra el Colectivo. Como se aprecia en los testimonios de las interlocutoras, los valores de reciprocidad y solidaridad entre militantes dan sustento al proyecto político frente a la ocurrencia de los atentados. De la misma forma, se identifica un complejo de dinámicas comunitarias de arraigo, manifiestas en prácticas para el cuidado en colectivo, como la organización de reuniones frecuentes entre las militantes para compartir sus experiencias y sentires respecto a la violencia vivida en su accionar político. Además, se distingue la coordinación de acciones compartidas para denunciar los atentados.
Fortalecimos el Colectivo, nos apoyaron más las mujeres, fuimos reconocidas a nivel internacional también como luchadoras sin miedo. [...] Si a una compañera de nosotras le cae un atentado o alguien le hace algo, estamos ahí para luchar y para defendernos (Cueva-Checa, 20/12/2023. Entrevista a Tamia.).
Las manifestaciones de las interlocutoras exhiben la centralidad del reforzamiento de la identidad colectiva, al exterior e interior del Colectivo, como estrategia para confrontar la violencia política de género. La construcción de una identidad colectiva es uno de los elementos fundamentales para mantener un proceso de acción política (Alzate, 2008), por ende, fortalecerla resulta prioritario frente a la amenaza del debilitamiento de sus cimientos.
En el caso del Colectivo, el reforzamiento identitario sigue dos lógicas. Al exterior, ellas alcanzan foros para denunciar los actos de VPG, mediante la consolidación de su reputación como actoras políticas frente al conflicto socioecológico en Ecuador. Esto se evidencia en la campaña de presión internacional impulsada junto a la ONG Amnistía Internacional para recoger firmas de la Sociedad Civil y exhortar a la justicia interna a garantizar los derechos de las defensoras de DDHH por medio de la apertura de sus casos archivados. Al interior del Colectivo, se fortalecen las bases del proyecto político mediante la capacitación de mujeres y niñas indígenas de comunidades amazónicas en temas políticos y sociales, con el objetivo de concientizar sobre los problemas sistemáticos que enfrentan las mujeres indígenas en el territorio.
Todavía existe un racismo muy latente. En el caso de las mujeres indígenas, a eso se suma la violencia en todos los niveles, por ser mujer, por ser indígena, por ser de comunidades. [...] Entonces, aún estamos en un caminar. Hemos estado exigiendo y hemos logrado que muchas de nuestras lideresas estén en procesos organizativos (Cueva-Checa, Daniela, 18/12/2023. Entrevista a Sara.).
Por último, las dirigentas y activistas del Colectivo, resignifican los episodios violentos del 2018 como un símbolo para fortalecer su resistencia frente a la discriminación y violencia sistemática contra las mujeres racializadas. De esta manera, la lógica que orienta su acción política colectiva resurge en el reconocimiento de horizontes alternativos para las relaciones sociales (Alzate, 2008). Esta lógica transformadora no solo se mantiene mediante su protesta contra las relaciones de dominación vigentes en el ámbito petrolero, sino en el sostenimiento de procesos de acción política colectiva frente a los nuevos riesgos asociados con la megaminería. En este sentido, el Colectivo Mujeres Amazónicas continúa desafiando el orden hegemónico.
Conclusiones
A lo largo de este artículo, se problematiza la violencia política de género como un fenómeno multidimensional, complejo y situado, a la luz del diálogo entre la teoría interseccional y los testimonios de las activistas indígenas amazónicas que experimentaron atentados y amenazas en el contexto de la renovación de la XI Ronda petrolera del Ecuador en el año 2018. Esta construcción fenomenológica ha permitido examinar elementos como los espacios, mecanismos, narrativas y percepciones que actúan de manera simbiótica dentro del estudio de caso.
De esta manera, se da paso a una investigación que critica la corriente teórica predominante dentro del estudio de la VPG, que restringe la participación política al espacio democrático-estatal y preconfigura el arquetipo del “sujeto político legitimado”. Por lo tanto, este artículo se inserta en un abordaje epistemológico interseccional sobre el estudio de las mujeres indígenas militantes, que reposiciona la ontología del “sujeto político” frente a las sujetas feminizadas y racializadas en Abya Yala.
Esta aproximación teórica-metodológica permitió constatar que los atentados y amenazas ocurridos en 2018 representan el culmen de la violencia política de género como herramienta para restringir y devolver a las mujeres políticas al espacio y a los roles construidos históricamente para ellas por su género. La aplicación de mecanismos de coerción contra las activistas del Colectivo Mujeres Amazónicas, cristalizados en el acto violento, sigue la lógica del disciplinamiento de las mujeres por su participación en procesos políticos contestatarios. En este caso, el proceso de violencia política de género se da en dos dimensiones: individual, como mujer que subvierte el orden de género patriarcal-colonialista, y colectiva, en tanto mujeres organizadas en entramadas colectivas sólidas que critican al proyecto civilizatorio capitalista.
Asimismo, es necesario destacar el carácter transnacional de la violencia política de género, entendida como un fenómeno inscrito en el marco de la denominada “guerra contra las mujeres” (Segato, 2016; Cueva-Checa, 2024). En el proyecto contemporáneo de la guerra, la violencia ejercida contra las mujeres se configura como un objetivo estratégico que se materializa mediante dinámicas de conquista sobre sus cuerpos. El análisis de casos emblemáticos, como el feminicidio político de la activista Berta Cáceres en Honduras (Nancy Tapias, 2022) y la judicialización acompañada de brutalidad policial contra la defensora ambiental Máxima Acuña en Cajamarca, Perú (Yuliana Alarcón, 2024), permite dilucidar un conjunto de prácticas silenciadoras dirigidas contra activistas y defensoras indígenas de derechos humanos en el ámbito regional de América Latina.
Frente a este panorama, resulta esencial destacar que el Colectivo Mujeres Amazónicas ha desarrollado redes de apoyo y solidaridad que se basan en la consolidación de una identidad colectiva, el mantenimiento de prácticas de cuidado y la difusión de dinámicas comunitarias de arraigo. Estas estrategias funcionan como factores clave para la perdurabilidad de los proyectos etnopolíticos, debido a que no solo fortalecen la resistencia frente a la expansión del extractivismo petrolero y minero, sino que también permiten que las acciones de la organización alcancen a más comunidades y, en el caso del colectivo estudiado, continúen siendo un referente regional de la feminización de las luchas por el territorio.
Agradecimientos
Agradecemos a Sara y Tamia, quienes compartieron con nosotras su tejido de vivencias en el activismo frente a la violencia patriarcal y colonial del extractivismo. Sus testimonios son piedra angular para esta investigación.
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