Tensiones entre el movimiento indígena y el Estado a la luz de la trayectoria de las Bartolinas en Bolivia

Tensions between the indigenous movement and the State in light of the trajectory of the Bartolinas in Bolivia

Resumen

Las dinámicas de conflictividad entre el movimiento campesino indígena y el Estado en Bolivia son examinadas a la luz de la trayectoria política y las disputas que han conformado los periodos de vida de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias ‘Bartolina Sisa’ (1978-2018) y son interpretadas en clave de autonomía. Emergieron aprovechando una fisura en el movimiento campesino indígena, impulsaron un proyecto de representación no mediada o autorrepresentación política que derivó en la conformación de un instrumento político con el que lograron el control hegemónico del Estado. En un contexto de disponibilidad para su participación, a través de su doble militancia, transitan hacia la institucionalidad estatal pero su incorporación es contenida como un ejercicio de disciplinamiento. El desplazamiento de las organizaciones y la mayor centralidad del instrumento político durante la última década han reactualizado el dilema de la autonomía del movimiento campesino.

Palabras clave
movimiento indígena; mujeres campesinas; doble militancia; autonomía

Abstract

The dynamics of conflict between the indigenous peasant movement and the State in Bolivia are examined in light of the political trajectory and the disputes that have shaped the life periods of the National Confederation of Native Indigenous Peasant Women “Bartolina Sisa” (1978-2018) and are interpreted in terms of autonomy. They emerged taking advantage of a fissure in the indigenous peasant movement, they promoted a project of unmediated representation or political self-representation that led to the formation of a political instrument with which they achieved hegemonic control of the State. In a context of availability for their participation, through their double militancy, they move towards state institutions, but their incorporation is contained as an exercise of discipline. The displacement of the organizations and the greater centrality of the political instrument during the last decade have updated the dilemma of the autonomy of the peasant movement.

Keywords
indigenous movement; peasant women; double militancy; autonomy

Introducción

¿Es posible entender las tensiones y contradicciones entre las organizaciones del movimiento campesino indígena boliviano, los partidos políticos y el Estado a la luz de la trayectoria política de las Bartolinas?

El propósito en este artículo es explorar las vinculaciones entre las disputas que han configurado la trayectoria política (^{Fillieule, 2015}) de mujeres organizadas en la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias ‘Bartolina Sisa’ (las Bartolinas)¹ y las dinámicas de conflictividad que se han producido entre el movimiento campesino indígena, y el Estado boliviano, en el campo político (^{Bourdieu, 2000}) amplio.

En 1980, la organización de mujeres Bartolina Sisa emerge a partir de pulsiones de la dirigencia masculina y la efervescencia social de las mujeres de base movilizadas contra gobiernos dictatoriales. Su historia está demarcada por conflictos² en torno a los cuales se han conformado su identidad, su agenda, sus posiciones políticas en el campo sindical y político general. En el despliegue de estas disputas han recogido y han proyectado las tensiones del movimiento indígena en conjunto, en relación con el Estado y el sistema de partidos.

En la década de 1990, en un contexto político en que, por un lado, se apuntaba a la profundización de la democracia y a la modernización del Estado, y por otro, una mayor presión económica y social sobre las poblaciones daba paso a la protesta de los sectores organizados, las Bartolinas junto con otras organizaciones constituyeron su instrumento político, el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Desde su creación, este ha sido su principal canal de vinculación con el Estado y el sistema partidario. A partir de esta articulación política pudieron capitalizar varios ejes de reivindicación social. Esto ha sido posible no solo por el empuje de sus propias luchas, sino por las transformaciones de los propios campos de disputa, en términos institucionales, normativos y del capital político que circula en ellos.

El argumento es que la trayectoria política de las mujeres campesinas organizadas reverbera las tensiones y contradicciones entre el movimiento campesino y el Estado en clave de autonomía. Emergieron aprovechando una fisura en la estructura sindical y se afianzaron cuando su existencia fue amenazada. Impulsaron un proyecto de representación no mediada o autorrepresentación política que derivó en la conformación de un instrumento político con el que lograron el control del Estado. En un contexto de disponibilidad para su participación, a través de su doble militancia, transitan hacia la institucionalidad estatal pero su incorporación es contenida como un ejercicio de disciplinamiento. El desplazamiento de las organizaciones y la mayor centralidad del instrumento político durante la última década ha reactualizado el dilema de la autonomía del movimiento campesino.

El enfoque analítico entiende la militancia en organizaciones sociales como una combinación no contradictoria de acción política contestataria y acción política institucional. Es decir, que las interacciones entre organizaciones como las Bartolinas, el Estado y los agentes políticos son complejas y dinámicas y los cruces e intercambios entre unos y otros son contingentes.

El carácter contingente de estas relaciones ha estado marcado por las condiciones de disponibilidad (^{Zavaleta, 1986})³ o cierre del campo político institucional, así como por las condiciones e intencionalidades de las organizaciones y sus militantes. Por tanto, me alejo de dos presupuestos que han dominado el campo de estudio de movimientos sociales y acción colectiva: el de externalidad (los movimientos sociales, necesariamente, se constituyen y actúan externamente a los espacios estatales) y de confrontación (estos, necesariamente, se relacionan con los espacios y agentes estatales a través de repertorios de confrontación) (^{Silva; Oliveira, 2011}).

En su lugar, encuentro que, en contextos como el boliviano, es más pertinente hablar de tránsito institucional (^{Silva; Oliveira 2011}) y de transacciones asimétricas de poder (^{Zegada; Komadina, 2017})⁴ para captar mejor esos desplazamientos frecuentes entre lugares de la política y para entender que los intercambios (materiales y simbólicos) entre organizaciones, partidos políticos y Estado no han sido recíprocos sino inequitativos.

Este trabajo se desprende de la investigación de tesis doctoral, que usa técnicas cualitativas para articular tres dimensiones de análisis. El nivel macro, del campo político boliviano, fue abordado a través de la revisión bibliográfica y hemerográfica, principalmente alrededor de acontecimientos relevantes como elecciones y el proceso de la Asamblea Constituyente. Se revisó la literatura producida en torno a tres ejes y el papel de las Bartolinas en aquellos: i) la historia del movimiento campesino; ii) la conformación y consolidación del instrumento político del movimiento campesino indígena: el MAS-IPSP; y iii) el proceso de reforma estatal, a partir de la asunción de Evo Morales a la presidencia (2005) y de la Asamblea Constituyente (2006-2008).

El nivel meso – la participación de las mujeres en las estructuras de la federación, la confederación y el MAS-IPSP – fue analizado por medio de la observación participante en tres congresos: uno departamental, uno regional y uno municipal, en dos talleres internos y en dos externos de la organización, entrevistas a informantes clave (tres miembros del personal técnico que trabajó con la federación y dos dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, además de la revisión de documentos institucionales (impresos y audiovisuales). Se logró reconstruir la historia de la organización, identificando tres periodos, 1978-1990, 1991-2002 y 2003-2018, sus hitos, dinámicas internas de organización, repertorios políticos y de movilización, dirigentes y personas que han sido un referente para la organización, entre otros.

El nivel micro de análisis, el biográfico, se basó fundamentalmente en la reconstrucción de trayectorias políticas. Se entrevistó a 25 lideresas de las tres macro-regiones que conforman la federación de Cochabamba: nueve de valles, siete de la región andina y nueve del cono sur. Las entrevistadas, cuyas edades están entre 23 y 75 años, fueron seleccionadas por su participación en las diferentes etapas de la organización: siete de la primera etapa, nueve de la segunda y nueve de la tercera y por el hecho de que todas han ejercido uno o más cargos en el Comité Ejecutivo de la federación, la instancia de mayor jerarquía en la estructura.

Autónomas o integradas: la disputa del primer periodo (1978 - 1990)

En contraste con otras interpretaciones que consideran que este periodo estuvo marcado por la definición del carácter identitario de la organización, considero que el conflicto por autonomía/integración fue el campo de disputa más relevante en la primera etapa de vida de la organización, articulado al proceso de identificación (¿quiénes somos? ¿Por qué luchamos? ¿Contra qué o quién?), y las estrategias de alianza y lucha (¿Cómo nos organizamos y luchamos por nuestros objetivos?).

¿Por qué surge la idea de organizar a las mujeres del campo?

En medio de un periodo de represión social por parte de gobiernos autoritarios y dictatoriales (1960-80), en uno de esos breves intervalos de democracia, en 1978, la organización campesina de predominio masculino decidió promover la organización de las mujeres como una vía para fortalecer el movimiento campesino que atravesaba un proceso de gran fragmentación, persecución de sus líderes y debilitamiento político.

Como antecedente estaba que, desde la Revolución Nacional de 1952 en adelante, confluyeron dos dinámicas en el sindicalismo campesino, relacionadas con el hecho de que fue uno de los momentos de mayor apertura del Estado o de disponibilidad. Por un lado, se promovió una participación sindical en el gobierno (de arriba hacia abajo); por otro, se fue construyendo una base de representación en las comunidades y localidades (de abajo hacia arriba). Hacia 1958 se registran seiscientos mil afiliados en sindicatos campesinos, en una población de menos de tres millones.

En todo caso, la tendencia preponderante fue la primera. El gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) propició la conformación de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB) y nombró a sus dirigentes del nivel nacional; estos a su vez nombraban o promovían a dirigentes de niveles departamental, provincial y cantonal. A partir de este esquema, el nacionalismo revolucionario cumplía aparentemente con su tarea de inclusión social; sin embargo, los beneficios se quedaban en pocos operadores políticos.

Estas relaciones asimétricas en términos de poder político entre Estado, campesinos y partidos políticos han sido descritas en términos de clientelismo (^{Pearse, 1986}), prebendalismo (^{Dandler, 1986}), pongueaje político (^{Albó, 1985}), y contienen la idea común de ser situaciones en que la principal preocupación e interés del dirigente son los beneficios lícitos e ilícitos del puesto público, la acumulación de poder en cierta persona y sobre un territorio, lo que le serviría para otros intercambios políticos, no así la representación de las necesidades campesinas.

El proceso de cuestionamiento a este tipo de intercambio político se extendió a partir 1964, cuando el gobierno lanzó un nuevo “único” impuesto a la tierra y producción agrícola. Entonces, algunos grupos desafiaron la legitimidad y representatividad de la oficialista CNTCB. También reclamaron un sindicalismo campesino independiente y se opusieron al Pacto Militar-Campesino por el que el campesinado se comprometía a apoyar a los gobiernos de facto militares (^{Flores, 1986}). Uno de estos sectores que impugnó el rol de la dirigencia fue el grupo Tupaq Katari o Kataristas, con un discurso que combinaba la etnicidad y la clase, que fue capaz de conquistar el apoyo mayoritario.

A fines de la década de 1970, había por lo menos nueve agrupaciones campesinas compitiendo por la representatividad del campesinado. Finalmente, un congreso nacional en 1979 decidió la disolución de varios de esos frentes y la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que hasta la actualidad es la mayor instancia aglutinadora de los campesinos del país, tal fue el propósito de la palabra “Única”.

En este contexto de cuestionamiento, unificación y recomposición del movimiento, surgió la propuesta de sumar a las mujeres campesinas a la organización sindical. De acuerdo con las declaraciones de su principal representante, la dirigencia masculina veía en las mujeres una especie reserva moral, pues se las convocó a “hacer cambiar de mentalidad a aquellos que siempre se han puesto al servicio de los gobiernos de turno y se han vendido a los partidos que representan a nuestros explotadores” (Flores apud ^{Mejía et al., 1984}, p. 23).

Las mujeres, por su parte, llamaron la atención de sus compañeros de varias maneras. La economía familiar fue severamente afectada porque escaseaban los alimentos. El Estado había congelado los precios de los productos agrícolas, mientras que los productos procesados que complementaban la canasta subían de precio, al igual que el costo del transporte. En ese contexto, ellas asumieron tareas que complementaron los ingresos familiares – confeccionando productos artesanales, vendiendo su fuerza de trabajo o reemplazando la del marido en el trabajo agrícola, entre otras actividades – y a través su trabajo se distribuyeron los alimentos que llegaban como donación humanitaria. Es decir, se hizo evidente su participación en la economía, en los mercados como productoras y como consumidoras, y como un soporte fundamental del hogar (^{Muñoz, 1986}). Al mismo tiempo, muchas actuaron como medios de comunicación con los líderes que estaban en la clandestinidad, canalizando información, refugio y recursos de subsistencia.

Durante las protestas de enero de 1974 – frente a decretos que incrementaban en más del 100% el precio de ciertos productos básicos – sorprendió la participación de las mujeres de Cochabamba. Del 24 al 31 de enero, la población campesina bloqueó las carreteras que conectan a esa ciudad con el resto del país y como respuesta el gobierno dictatorial reprimió. Muchas estuvieron entre las muertas, heridas, desaparecidas de las Masacres de Tolata y Epizana.

En diciembre de 1979 otra medida económica provocó el levantamiento. Las mujeres participaron masivamente en los distintos puntos de bloqueo de carreteras, innovando en las estrategias de movilización. Ellas hicieron la vigilia durante el día y los hombres durante la noche, y se mezclaron con ellos durante los eventos de choque. “Así hemos repartido el peligro” (^{Mejía et al., 1984}, p. 17). Esta táctica, que consiste en usar los rasgos de delicadeza, fragilidad, debilidad, con que se caracteriza a la feminidad, para amortiguar la violencia de la represión policial, se replicaría durante las movilizaciones de las campesinas cocaleras en Cochabamba y en adelante.

Entre 1978 y 1980, una vez reinstaurada la democracia por tiempo breve, hubo un florecimiento de organizaciones de mujeres en el área rural, se organizaron no solo en clubs de madres, centros de promoción de la mujer, comités de amas de casa, sino también en sindicatos, principalmente en Cochabamba y el Altiplano paceño. Poco a poco ellas iban haciendo contactos, reflexionando sobre la situación del país y aprendiendo sobre el sindicalismo en los seminarios, talleres y congresos que organizaban las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Paralelamente, la CSUTCB promovía de arriba hacia abajo la conformación de la federación, creando primero un comité ad hoc que recorrió las provincias de La Paz para organizar a las mujeres. Finalmente, la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia ‘Bartolina Sisa’ nació durante su primer congreso, entre 10 y 12 de enero de 1980, con 1.128 delegadas de todos los departamentos (^{Sostres, 1986}, p. 133).

Emergieron en un ambiente de aparente consenso, pero, a pocos años de su creación, en 1983, su existencia fue cuestionada. Su consolidación fue un proceso contestado por diferentes sectores al interior del movimiento sindical. El contenido de la disputa fue expresado por dos tendencias internas, enfrentó a dos líderes, Lucila Mejía, Secretaria Ejecutiva de la federación de mujeres (cargo más alto en la jerarquía) y Lidia Anti, Secretaria de Vinculación Femenina de la CSUTCB o la organización de predominancia masculina, y se manifestó en estos términos.

La compañera Lucila a su regreso de Holanda empezó a decir que la Federación de mujeres no tendría que seguir afiliada a la Confederación Única sino, más bien, puesto que ya era una organización nacional, debería afiliarse directamente a la COB [Central Obrera Boliviana].

Yo decía, ‘si nos afiliáramos directamente a la COB ya no podríamos coordinar con los compañeros campesinos y terminaríamos luchando contra ellos’.

Pero ella decía: ‘no vamos a depender siempre de los hombres; tenemos que ser autónomas’.

A eso le respondía: ‘tener los mismos derechos que el marido no implica tener que desligarse de él’ […]. Yo prefiero asesorarme con un compañero de la Confederación, preguntarle qué trabajos vamos a hacer, que con una compañera de las minas por muy experta que sea.

Lucila, en cambio, cree que ser autónomas implica no consultar con la organización matriz y asesorarse con mujeres, aunque no sean campesinas

(Anti apud ^{Mejía et al., 1984}, p. 46-47).

Estas posiciones divergentes entre las dirigentes se afianzaron en dos tendencias: una quería la autonomía, o sea, tener la capacidad de tomar decisiones propias, rompiendo con el tutelaje de la CSUTCB y tener el mismo estatus de representación en la Central Obrera Boliviana (COB), y otra entendía que la autonomía significaba dividir, fragmentar, restar fuerzas, debilitar el movimiento.

Tanto autonomistas como integracionistas, influidas por el katarismo como corriente de pensamiento político dominante, basaron sus posiciones en aspectos histórico-culturales. Uno de los elementos comunes en ese sentido fue el uso de Bartolina Sisa como icono de su lucha.

Las integracionistas apelaron a la figura de Bartolina para reafirmar el valor de la complementariedad, entendida como comunión entre hombres y mujeres dados el origen étnico y la pertenencia a la misma clase social. En cambio, para la tendencia autonomista, la lucha de Bartolina por la emancipación tendría como punto de partida la independencia para tomar decisiones, reconociendo que las mujeres campesinas tienen problemas propios que las diferencian de los hombres de su misma clase. Por el contrario, para la tendencia integracionista, hablar de las particularidades de la lucha de las mujeres y del “machismo” implicaba quebrar la unidad, debilitar la lucha principal (^{Sostres, 1986}).

En estos términos se explicitaba la contradicción de género en el movimiento campesino y así surgían las demandas de género en el entorno de la tendencia autonomista que resultó la dominante en la correlación de fuerzas del segundo congreso. Entre las resoluciones del congreso plantearon su independencia orgánica respecto de la CSUTCB, reclamaron su lugar como fuerza autónoma al interior del movimiento sindical y exigieron su incorporación directa a la COB. En definitiva, el voto mayoritario por la autodeterminación de la organización de mujeres supuso una ruptura en los imaginarios del sindicalismo campesino predominantemente masculino y abrió oportunidades a nuevas formas de participación política de las mujeres.

Esta disputa tuvo varios efectos. Sin romper los estrechos lazos que las unen con la CSUTCB, las Bartolinas legitimaron su espacio autónomo de organización con base en una posición y condición diferenciada de género. Coincido con ^{Rousseau y Morales Hudon (2017)} en que la participación de las Bartolinas junto a la CSUTCB, a modo de paralelismo de género les ha permitido canales propios de movilización y representación, que posiblemente no hubieran sido posibles de otro modo.

Desde otro ángulo, en este proceso se priorizó la igualdad política del colectivo, esto es, una organización de mujeres con voz propia, con una representación legítima, tomando decisiones por sí mismas, al lado de otra organización similar con predominio masculino, lo que contrasta con el recorrido del feminismo liberal que privilegió la igualdad a título individual. Pero siendo precisa, se trata de una igualdad política en un sentido formal, más que real pues permanecen asimetrías de poder en el campo sindical que ubican a las Bartolinas en posiciones subordinadas.

Asimismo, la disputa evidenció un proceso de diferenciación con otras mujeres organizadas, tales como los comités de amas de casa de los centros mineros. Si bien ambos colectivos podrían ser vistos como integrando el mismo campo popular, se trazaron líneas divisorias por razón de clase y etnicidad ante mujeres no campesinas.

Otro elemento que derivó de esta disputa fue que las Bartolinas actualizaron en la agenda del movimiento la cuestión de la independencia político-partidaria y el objetivo de la autorrepresentación. No solo ejercieron una crítica y cuestionamiento ante las prácticas clientelares y prebendalistas de la dirigencia campesina, sino que promovieron la autonomía ideológica y organizativa. Resultado de esta etapa de autodefinición, las Bartolinas salieron como un actor válido en la política sindical, aunque todavía necesitado de guía por la inexperiencia y la falta de destreza en el manejo de los asuntos públicos.

Ya no somos escalera de nadie: disputas en torno a la autorrepresentación (1990 - 2002)

Aquí trataré de identificar el papel que jugó la organización en un campo de conflicto en el que se disputaron nuevamente los términos de la participación de los campesinos indígenas en el Estado.

Como se vio, líderes campesinos no solo mantuvieron una estrecha relación con los gobiernos de turno y los partidos políticos, sino que muchos operaron como agentes u operadores rurales. Dado que eran el segmento poblacional más numeroso, para propósitos electorales, los partidos intentaron obtener su apoyo por medio de acuerdos y alianzas. Pero no solo se adscribieron a partidos o bloques políticos cuyo contenido de clase era distinto, los campesinos también conformaron sus propios partidos políticos de carácter étnico y participaron en los procesos electorales directamente, aunque con éxito limitado. Entre los más destacados están el pionero Partido Indio de Bolivia (PIB) de Fausto Reinaga (1970), el Movimiento Indio Tupac Katari (MITKA) (1975); el Movimiento Revolucionario Tupac Katari (MRTK) (1978); su división, el Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL) (1985) (^{Ticona, 2000}).

Por tanto, la cuestión no es si los campesinos participaban o no en el Estado, sino en qué condiciones lo hacían. Las interpretaciones, en su mayoría, sugieren que se ha tratado de una participación que dependía de las intermediaciones culturales y políticas, y en ese sentido, que muchos dirigentes subordinaban sus necesidades a las del gobierno o partido, dejaban de lado sus propias reivindicaciones de clase o sectoriales y asumían la agenda política de aquellos a cambio de su continuo apoyo político.

Lo que aquí se sugiere es que se trató generalmente de una participación esporádica, reducida a ciertos individuos que no trabajaban en torno a una agenda campesina como tal, sino que se articulaban a estructuras partidarias jerárquicas o redes de dominación (^{Knoke, 1990}). Estos individuos acumulaban cierto poder personal más allá de las normas burocráticas y asumían complejas funciones institucionales con base en los contactos e intercambios entre los de la base y los de la cúpula (^{Pearse, 1986}, p. 358-359). Sin embargo, no se puede hablar de una cooptación, habría que matizarla pues el movimiento siguió desplegando acciones de protesta y rebelión, y paulatinamente construyeron una agenda propia.

La decisión de participar en el Estado sin intermediación emergió gradualmente, a partir de varias corrientes internas del movimiento indígena campesino. Entre ellas resaltan las reflexiones indianistas y kataristas que recuperaban la memoria de las luchas indígenas contra los regímenes colonial y republicano, y donde también circulaban discursos marxistas.

El indianismo, surgido en la década de 1960 entre migrantes e hijos de migrantes aymaras en la ciudad de La Paz, expuso cómo el Estado del 52 y su proyecto nacional-popular reproducían la dominación colonial y racista (^{Reinaga, 1969}). De estas reflexiones bebió el katarismo, pero su cuestionamiento puso énfasis en el proceso de exclusión y marginamiento económico, político y cultural, apuntando a la explotación y dominación que los indios viven no solo como clase, sino también como pueblo; planteó la lucha frente al Estado desde su identidad étnica. Ante este proyecto se erigieron dos visiones contrarias.

Un ala del katarismo, la que obtuvo más apoyo dentro de la estructura sindical campesina, apuntaba a la reforma del Estado desde dentro; es decir a la inclusión de los pueblos indígenas campesinos en el Estado por vía del reconocimiento de la pluriculturalidad o multinacionalidad; la otra, buscaría la autodeterminación de los pueblos como vía de su emancipación y desarrollo.

Los Kataristas interpelan al Estado por su no reconocimiento de Bolivia como país pluri-multicultural, planteando de esta manera la necesidad de reformar el Estado. Mientras los indianistas plantean la necesidad de la autodeterminación de las naciones originarias como la única posibilidad real de la pluri-multiculturalidad

(^{Patzi, 2007}, p. 40).

En la década de 1980, ambas tendencias decantaron en organizaciones políticas de diferente cuño. Desde el ala reformista y sujetándose a los principios liberales de la dinámica estatal, el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación (MRTKL) compitió en los procesos electorales a partir de 1985. Su representante, Victor Hugo Cárdenas, llegó a la vicepresidencia a través de una alianza con el MNR, la cual resultó en el gobierno que implementó el neoliberalismo. Desde la postura de la autodeterminación de los pueblos, que reivindicaba las formas propias de organización y gobierno, operó el Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA), con fuerte influencia indianista. Posteriormente, esta organización creó su brazo armado: el Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK) que realizó acciones armadas entre 1991 y 1992, afectando infraestructura de la red energética principalmente.

En lo que sigue, sugiero que las Bartolinas, en articulación con la CSUTCB, de tendencia reformista – dentro del espectro indianista-katarista que acabamos de ver –, ha jugado un papel fundamental en la reformulación de los nuevos términos de relación con el Estado al plantearse y luchar por la autorrepresentación. Las Bartolinas, a partir de su acción movilizadora, promovieron la independencia ideológica y organizativa; es decir, una participación política no mediada por otras organizaciones políticas.

Mujeres cocaleras atravesando intermediaciones

Entre 1980 y 1985, la crisis de la deuda tuvo su peor expresión en la inflación acumulada de 24.000%. Para superar esta debacle, el gobierno asumió el paquete de políticas de estabilización y ajuste que significaron el repliegue estatal de la economía y su achicamiento. A través de una política de shock se ordenó el despido de alrededor de 35 mil trabajadores públicos, entre ellos, 20 mil mineros. De esta manera, irónicamente, el partido del nacionalismo revolucionario, el MNR junto a un partido indigenista, el MRTKL provocaban el colapso del movimiento obrero. A pesar de sus esfuerzos, la COB no pudo reposicionarse como fuerza política. A medida que iba declinando, otro sector emergía: el movimiento de campesinos de productores de coca.

Miles de extrabajadores mineros y campesinos se desplazaron al oriente del país y principalmente la provincia Chapare de Cochabamba⁵ para dedicarse al cultivo de coca principalmente. Entre 1976 y 1992 la población en esta región se incrementó de 32.836 a 108.276 habitantes, la mayor parte de origen quechua y aymara – un 81% de habla quechua (^{Zegada, 2002}, p. 133). La producción de coca era una actividad rentable por varios factores – algunos inherentes al tipo de cultivo y la demanda interna, y porque una parte de la producción ha estado inserta en el circuito internacional del narcotráfico.

En estas condiciones, como sector económico en auge, aunque bajo la estigmatización social y una permanente represión militar en el contexto de la “Guerra contra las drogas”,⁶ proliferaron organizaciones sindicales de cocaleros. Este sector se volvió uno de los más combativos entre el movimiento campesino y popular, combinando experiencias organizativas mineras, campesinas y comunitarias.

El movimiento cocalero logró articular un eje reivindicativo fundamental que le permitió conformar alianzas importantes tanto con la CSUTCB, organización matriz de los campesinos, como con el emergente movimiento indígena del oriente y con algunos partidos políticos de izquierda. Las organizaciones cocaleras reformularon el clivaje nación/antinación al hacer de la coca un elemento propio de la cultura boliviana agredida por el “imperialismo”. Ampliando este argumento, el movimiento cocalero se asumía como defensor de la soberanía nacional y la cultura, en contraposición al gobierno de quien decían que obedecía al imperialismo yanqui (^{Stefanoni, 2003}, p. 20-21).

A partir de la década de 1990, las mujeres empezaron a asumir un rol más activo⁷ en el movimiento cocalero, primero en acciones de autodefensa espontánea contra la represión. Ellas actuaron para defender su hogar y su medio de vida (el cultivo de coca) y lo hicieron primero a partir de los roles de reproducción y cuidado, en su condición de generadoras de vida, madres de los hombres que estaban siendo asesinados y guardianas de la economía familiar (^{Ramos, 2014}). Luego se organizaron, salieron en las primeras filas de las marchas, apelando a los imaginarios de feminidad. Claro que fueron golpeadas, su cuerpo actuó a manera de escudo – para frenar la violencia hacia los hombres, arriesgaron su vida; no salieron ilesas, pero asumieron con orgullo ese sacrificio. En una relación dinámica, la estructura sindical pudo reconocer ese compromiso. Así, ellas obtuvieron por sí mismas la legitimidad de su organización, separada de la de los hombres (^{Ramos, 2014}, p. 125-140). El 12 de enero de 1995 se conformó la primera de tres federaciones de mujeres cocaleras que se fundaron ese año. Así, las mujeres lograron trascender roles tradicionales y conformar organizaciones independientes de los hombres debido a un conjunto de necesidades sentidas tanto por hombres como por mujeres.

Con todo, el evento que marcó un antes y un después en la participación política de las mujeres fue la “Marcha por la defensa de la vida, la hoja de coca, los derechos humanos y la soberanía nacional” (diciembre 1995-enero 1996) porque fue una marcha de las mujeres – ellas tuvieron la iniciativa y la acordaron con los hombres; ellos participaron en la movilización como “apoyo”.

De manera inédita las mujeres se presentaron como representantes de un movimiento social para negociar con el gobierno sobre una agenda de demandas. Lo que se destaca de esta experiencia es que, para poder participar y hacer escuchar su voz en el espacio público, las mujeres cocaleras debieron sortear distinto tipo de intermediaciones: la intermediación de los hombres de su organización, así como de los partidos políticos como monopolizadores de la representación política.

El presidente y vicepresidente, finalmente, no aceptaron dialogar con ellas; en su lugar enviaron a sus esposas. En términos bourdianos, los “políticos profesionales” consideraron a las dirigentes cocaleras “profanas” y descalificaron su papel de actor político, aunque ellas gozaban de la representatividad de su base. Y como dice Ramos, el diálogo “de mujer a mujer” reunió a un grupo de mujeres dirigentes de un sector social subordinado en términos étnicos y de clase, con otras mujeres subordinadas en términos de poder político (^{Ramos, 2014}, p. 137-40). Así se verificaba una condición de subordinación estructural que atravesaba clases sociales pero que tenía matices innegables de acuerdo a la posición de cada persona y grupo en la sociedad.

Aunque fue una derrota política, las mujeres cocaleras abrieron las posibilidades para que otras puedan participar de manera autónoma y separada de los hombres. Poco después las cocaleras asumieron la dirección de la Federación Nacional Bartolina Sisa.

Las Bartolinas y la creación del Instrumento Político

Las mujeres campesinas, en sus propios términos, plantearon la no intermediación económica ni política ya a fines de 1970. Ellas sostenían que el intermediario, en el mercado, gana más plata por los productos que los campesinos cultivan; de igual manera, el intermediario político se beneficia del esfuerzo de los campesinos, quienes son los que bloquean, marchan, hacen huelga, dan sus vidas. En esos años ya demandaron no ser escalera de nadie (^{Muñoz, 1986}, p. 374-376).

La metáfora de la escalera fue empleada muchas veces por las dirigentes en diversos contextos. Su trasfondo refiere a su conciencia de ser la estructura sobre la cual algunos ascienden. En otras palabras, apela al poder que son y que confieren a otros. Así se refiere una dirigente.

Analizamos quién llevaba el poder y quién hacía al poder; a quién empoderábamos. En los ampliados se hacía todo eso, entonces, veíamos que nosotros mismos dábamos el poder a alguien, y que para las elecciones nos utilizaban, y de esa forma hemos decidido; ¿Por qué nosotros no construimos nuestro propio instrumento y lo fortalecemos más?

(Ramos apud ^{García, 2015}, p. 67).

La idea de conformar un instrumento político propio de las organizaciones indígenas-campesinas ya es mencionada en un congreso en 1988 y va madurando hasta ser una tesis promovida por el movimiento cocalero en la década de 1990. Esta tesis recoge los sentimientos de frustración acumulados por fallidos intentos de incidir en el Estado a través de la intermediación de partidos políticos de izquierda, e incluso las incursiones a través de partidos propios, que habían terminado en fracasos, frustraciones y fragmentaciones. Por tanto, la propuesta pretendía no repetir los errores del pasado.

En el congreso de marzo de 1995 se funda el instrumento. En este evento, además de la CSUTCB, participan la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Federación de Mujeres Bartolina Sisa y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) a través de la Central de Pueblos étnicos de Santa Cruz (CEPESC).

La decisión no fue unánime, tuvo resistencias. Como se ha señalado, había posiciones radicales de transformación social, incluso por medio de la lucha armada. La tesis del instrumento tuvo mayor apoyo. Este se basaría en el reconocimiento y la participación indígena dentro del Estado boliviano, asumiendo las posibilidades disponibles desde las estructuras liberales vigentes, esto es, por medio de los procesos electorales para ocupar las instituciones representativas. Eso sí, sus posibilidades de éxito para llegar al poder dependerían de dos factores: la unidad de las organizaciones campesinas indígenas en esta apuesta, y el hecho de ser una mayoría poblacional entre hombres y mujeres, militantes y afines.

La vía fue usar las mismas estructuras de base territorial (la estructura sindical) para operar políticamente, no crear una estructura distinta; es decir establecer un vínculo orgánico entre las organizaciones y el instrumento político para mantener una adhesión permanente. De los mismos sindicatos, centrales, subcentrales saldrían las candidaturas y representantes.

A partir de la creación del instrumento, las Bartolinas militan con un pie en su organización y el otro en el instrumento. Esta doble militancia ha tenido la particularidad de permitir en ciertos casos la transferencia y validación de capitales entre el campo sindical y el político partidario. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando hasta tres grupos se disputaron el liderazgo del instrumento entre 1999 y 2002. En ese contexto de inminente fragmentación, las dirigentes de la federación de Cochabamba logaron preservar la unidad y reconducir el proceso de manera consensuada. En reconocimiento, algunas fueron nominadas para cargos en el Estado y otras ascendieron en la estructura sindical. De igual manera, destaca el caso de Silvia Lazarte, fundadora de las organizaciones de mujeres cocaleras que llegó a ser la presidenta de la Asamblea Constituyente.

Disputas en torno a la participación en el Estado (2002 - 2018)

Las Bartolinas, junto a otras organizaciones sociales, enfrentaron a los gobiernos del régimen neoliberal. Durante la década de 1990, desplegaron un amplio repertorio de movilizaciones que incluyeron marchas hacia la sede de gobierno, bloqueos de carreteras, huelgas, manifestaciones etc. Pero, fue entre los años 2000 y 2005 que se desplegó el proceso de cuestionamiento al Estado y al sistema de representación de mayor trascendencia – por sus efectos –, en el que múltiples luchas se articularon, emergieron y fueron transformándose.

El año 2000 opera una inédita alianza urbano/rural de campesinos, obreros, profesionales, vecinos y pobladores de Cochabamba, que logró impedir la privatización del servicio de agua y defender los derechos de usuarios en la llamada “Guerra del Agua”. En mayo de 2002, de Santa Cruz partió la cuarta marcha de pueblos indígenas de tierras bajas “Por la soberanía y la dignidad” que se unió en el altiplano a indígenas y campesinos de tierras altas. Entre los acuerdos logrados estaba la demanda de una Asamblea Constituyente.

Bajo la conducción de las organizaciones indígenas/campesinas, se conformó un bloque social compuesto (^{García, 2005}) que protagonizó una serie de protestas y enfrentamientos el año 2003, culminando en la dramática “Guerra del Gas”, que detuvo el proyecto de venta de gas por puerto chileno, y derivó en la destitución del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En este contexto, las organizaciones sociales de mayor convocatoria (CSUTCB, Bartolinas, COB y otros) reactualizaron la demanda de una Constituyente.

Esta crisis permitió la manifestación de clivajes históricos no resueltos en términos de clase, etnicidad y ciudadanía y en torno a ellos la articulación de bloques antagónicos, uno conformado por sujetos colectivos del campo popular y otro de élites políticas y económicas tradicionales. Las disputas, en todo caso, trascendieron a los actores que intervinieron y se extendieron hasta la Asamblea Constituyente, siendo el nuevo texto aprobado uno de los medios de resolución.

El otro campo donde se dirimió la disputa fue el electoral. Siendo una organización política con un pie en el sistema representativo y otro en las organizaciones sociales, el MAS se proyectó como un mecanismo de institucionalización de las demandas sociales, así capitalizó la fuerza política de las luchas sociales y adscribió la agenda de construcción plural en su programa electoral. Desde el año 2002 fue ganando espacios en el Estado, ese año Evo Morales, como candidato presidencial, alcanzó el 21% de votos. La presencia del MAS en los gobiernos municipales también se incrementó exponencialmente. En 1995 había ganado en 3,5% de las alcaldías, y para 2005, dirigía 84% (^{García Yapur et al., 2014}, p. 141). El 2005, Morales es elegido presidente con más del 50% de apoyo, y son la mayoría en el Congreso.

En esta parte sugiero que en un contexto de consecutivas victorias electorales y político-institucionales del MAS, desde 2005, y su consolidación hegemónica en 2009, copando los lugares de poder a lo largo y ancho del territorio nacional, la disputa principal giró en torno al alcance de la participación en el Estado.⁸ Este escenario fue un gran momento de disponibilidad para la participación plena de las Bartolinas, sin embargo, han sido sujetas al disciplinamiento y contención por parte de su entorno.

Las Bartolinas, durante este periodo, desplegaron su doble militancia, como líderes de una organización de la sociedad civil y como militantes del partido de gobierno. Su rol de “guardianas del proceso” adquirió notoriedad durante el proceso constituyente tanto en las calles como en el hemiciclo (^{Zegada, 2011}). De igual manera, se posicionaron como defensoras del gobierno durante el conflicto por la construcción de una carretera que atravesaría un parque y territorio indígena en 2010, y en 2016, a propósito de la disputa por la reelección de Evo Morales por cuarta vez consecutiva y ante los resultados de un referendo que no aprobaba ese cambio en la Constitución Política. Su compromiso con la gestión política del MAS-IPSP y del presidente llegó al punto de sacrificio, cuando algunas de sus dirigentes que ejercieron como ministras de desarrollo rural asumieron solas la responsabilidad por malos manejos económicos del Fondo Indígena, cuando otras autoridades también estaban involucradas.

Desde 1990 en adelante, las Bartolinas fueron incrementando su capital político, individual y colectivamente. En su desplazamiento por distintos escenarios institucionales fueron incorporando competencias propias de la dirigencia, como la oratoria, la conducción de eventos, mejoraron sus herramientas de reclutamiento, de gestión institucional y económica. También participaron en procesos de reflexión ideológica y formación política. Durante los eventos de protesta fortalecieron sus lazos y reafirmaron sus compromisos colectivos, soportaron persecución política, represión y violencia. Todos estos aprendizajes conformaron su capital militante, esto es, el cúmulo de saberes y maneras de hacer, aprehendidas e incorporadas en la forma de técnicas, de disposiciones a actuar, pasibles de conversión, en contextos de acción colectiva (^{Matonti; Poupeau, 2004}, p. 7-8).

A partir de él, pero articulado al compromiso demostrado en todos los escenarios, las dirigentes fueron obteniendo el reconocimiento y la confianza de sus bases y de sus pares. Muchas mujeres destacaron por su sentido de servicio a la colectividad bajo un principio de reciprocidad, consiguiendo recursos diversos, informando, entrenando a otras mujeres etc. He denominado capital orgánico a la red de relaciones de representación y reciprocidad que se expresa en cargos, en votos, en reconocimiento social, en legitimidad, y proviene del vínculo con la base social, ya sea en el entorno de la organización social o del instrumento político.

Mientras el proceso de movilización de recursos y acumulación de capital militante gira en torno a la dirigente en términos individuales, el reconocimiento o la valoración de aquel capital es un proceso colectivo que involucra a la persona y al resto de los participantes del campo político sindical. En el caso de las Bartolinas, la base social tiene un papel fundamental, porque es la que otorga confianza, delega autoridad en las dirigentes. A su vez, esto les permite un incremento en su poder de negociación y una mejor posición en el escenario político.

A pesar de una trayectoria de empoderamiento, las Bartolinas no participaron en el gobierno con la fuerza ni en la proporción que esperaban, aun siendo la única organización exclusivamente de mujeres del MAS-IPSP. ¿Por qué?

Ellas demandaron 50% de los espacios de decisión en su propuesta Anteproyecto Ley de Igualdad y no de Cuotas de 2003, impugnando la cuota del 30% vigente. Pero haciendo un repaso de la participación de las Bartolinas en cargos legislativos a nivel nacional, se tiene que la mayor presencia fue en la Asamblea Constituyente (2006-2008) con un 33% en relación al total de mujeres y un 22% en relación al total de asambleístas del MAS-IPSP. Posteriormente, pese a que se incorpora la paridad como criterio de diseño de listas de candidatura,⁹ es decir la presencia de mujeres en un 50%, su participación efectiva ha sido muy escasa en relación al total de representantes del MAS – ellas han sido el 7% en 2009 y 17% el 2014 (Órgano Electoral Plurinacional).¹⁰

Una explicación es que sus capitales militante y orgánico no fueron validados o convertidos con facilidad y, en la mayor parte de los casos, fueron considerados ilegítimos en el campo institucional. Tuvieron que disputar cada espacio y en el nivel central fueron, en general, desplazadas por mujeres urbanas con credenciales profesionales.

La incorporación de las Bartolinas al Estado, en sus diferentes niveles, ha estado enmarcada en una dinámica compleja de disputa por el poder. Al mismo tiempo que el MAS ha consolidado su posición hegemónica en los territorios, el poder de decisión se ha ido concentrando en las instancias cupulares, desplazando hacia los márgenes la intervención de las organizaciones sociales que lo componen. El estudio ha explorado los procesos de selección de candidaturas a nivel municipal en Cochabamba y estos son los hallazgos.

Son escenarios de disputa donde las dirigentes, casi en solitario, pugnan el puesto con varios hombres, nivel por nivel, en un contexto cada vez más contencioso. En muchos casos, cada grupo elige a sus candidatos y diseña su plancha. En estos casos una instancia superior del instrumento dirime el conflicto ante la ausencia de mecanismos formales, dando cabida a una permanente renegociación. El elemento común es que las instancias de decisión final son de composición casi exclusivamente masculina.

Con el desplazamiento del centro de toma de decisión desde las organizaciones hacia las instancias dirigenciales del MAS-IPSP se rompe el equilibrio que tendría que existir entre organizaciones campesinas e instrumento político. Se quiebra la lógica de los mecanismos propiamente orgánicos campesinos de elección de representantes. En ese sentido, es un intercambio desigual en detrimento de las organizaciones, y, en este marco, las piezas más débiles pueden ser eliminadas, pues ante las nominaciones de procesos ‘desde abajo’ se impone una negociación y validación desde la cúpula. Por ahora uno de los recursos en el que se apoyan las mujeres es en su condición de género, ya que es un requisito para la mitad de las postulaciones, a partir de las medidas de paridad.

Otro fenómeno que ha rodeado la participación de las Bartolinas en el Estado se relaciona con el acoso político como forma de disciplinamiento. Puede iniciar en el proceso de selección de candidaturas, o durante el ejercicio de funciones. El modus operandi es el siguiente. A media gestión el suplente moviliza a sus bases u organizaciones sociales afines, quienes presionan a las titulares a renunciar, incurriendo muchas veces en violencia física. ¿Cuál es el argumento?

Se ha manipulado el mecanismo de la alternancia, el que sirve a la organización de las listas de manera secuencial e intercalada por género. Por medio de un uso patriarcal del mecanismo de paridad, empezó a funcionar como alternabilidad en el ejercicio del cargo entre titular mujer y suplente hombre: “las mujeres media gestión y los hombres media gestión”. Este recurso es presentado como una regla del juego político para todos/as, pero su aplicación solo es exigida a las mujeres y principalmente a las mujeres campesinas indígenas, en municipios rurales. De esa manera, por medio de una articulación de violencias, se ha obligado a muchas mujeres a renunciar.¹¹ Sin embargo, llama la atención que sean principalmente mujeres y campesinas las que no han callado ante las prácticas de violencia política y, entre las entrevistadas, destaca una líder, exconcejal del municipio de Tiquipaya, cuyo caso expuesto en medios masivos fue uno de los primeros en los que la defensa de su derecho político y deber de fiscalización llegó a costarle la expulsión del instrumento;¹² posteriormente se han dado otros casos de expulsión de mujeres por discrepancias políticas.

Balance de la doble militancia de las Bartolinas

Los estrechos vínculos entre las organizaciones sociales y su instrumento político han permitido una fluidez en el tránsito de un espacio a otro. Pero las dinámicas de cada uno son diferentes y emergen tensiones a propósito del dominio del instrumento en la gestión política.

Desde la federación se espera que su compromiso principal sea con las comunidades, conformando sus organizaciones de base, fortaleciendo liderazgos nuevos. Hacer el recorrido nivel por nivel, garantizaría su capital orgánico, saltar estos pasos podría significar aprovecharse de la organización. En cambio, desde el instrumento, otras competencias son requeridas y otros capitales además del orgánico son valorados. Lo que se espera de ellas es que tengan éxito en las competencias electorales para asegurar su hegemonía. Muchas mujeres son convocadas para ser candidatas y autoridades sin exigirles una trayectoria de cargos, cuando tienen otros recursos y capitales valiosos.

En el contexto de la organización social no es socialmente aceptado que las personas permanezcan en el poder indefinidamente sino solo por dos años, pero ocurre lo contrario en el instrumento político porque hay una necesidad de formación de cuadros, y una tendencia casi natural hacia la burocratización. Producto de esta burocratización y la formación de cuadros, algunas dirigentes se han quedado en el entorno del MAS y en puestos de gobierno, y solo acuden a las organizaciones para la confirmación de un poder que es delegado directamente por el instrumento. El correlato de este proceso ha sido el cambio de residencia, de estilo de vida hacia uno más citadino. De esta manera se han establecido las distancias entre las trayectorias orgánicas y las políticas, en términos de clase también.

Después de casi cuatro décadas, muchas dirigentes sostienen que la militancia está cambiando. La demanda de líderes de arriba hacia abajo que es una característica de las formas asimétricas de relacionamiento entre Estado y movimiento, sumada a la capacidad que supone el gobierno como fuente de empleo público o como proveedor de otro tipo de prebenda están actuando como elemento movilizador entre las mujeres. La organización y la dirigencia estarían siendo tratadas como plataformas para acceder al instrumento y de allí a la administración pública. “Ahora todas quieren ser Bartolinas”, dice Elena (ex Secretaria Ejecutiva, ex asambleísta constituyente).

La dirigencia que emerge, a diferencia de la previa al momento hegemónico del MAS, habría descuidado sus compromisos con las mujeres, las comunidades, los territorios, y con el país, a pesar de controlar el poder del gobierno, se trataría de una representación simbólica, sin un contenido sustantivo. Julia (dirigente y ex diputada) sostiene que las organizaciones han dejado de dar la línea política “no hay una propuesta, no hay proyecto político”.

Conclusiones

La trayectoria y experiencias analizadas aquí muestran que las perspectivas plantean un escenario desafiante para la organización de mujeres, sus dirigentes y el movimiento en general.

A diferencia del componente masculino, las mujeres campesinas indígenas estuvieron al margen del Estado y del sistema político hasta la década de 1990. En una primera etapa de organización, aprovecharon un resquicio para participar en el movimiento indígena con voz propia y desde su condición diferenciada de género.

En una segunda fase, esa pulsión autonomista tuvo reverberaciones y se sumó a otras corrientes indigenistas que promovieron la autorrepresentación y la conformación del propio instrumento político. En ese entorno fértil de lucha del movimiento campesino, indígena y popular contra el neoliberalismo y los modelos excluyentes de Estado nación, las mujeres transitaron hacia la política institucional en condiciones muy precarias, con sus herramientas y recursos limitados, y aun así tuvieron importantes logros por sí mismas. De a poco construyeron y acumularon su capital político, principalmente desde el componente orgánico.

En la última década ha ocurrido un proceso de subordinación de las dinámicas y liderazgos campesinos. A medida que el instrumento se ha consolidado en el gobierno, la atención y los intereses se han dirigido allá. La vía de acceso de las organizaciones al Estado, necesariamente, ha sido el MAS-IPSP, y en ese sentido este ha predominado en el establecimiento de las reglas de juego. Consecuentemente, los perfiles están modificándose para incorporar cualificaciones y competencias formales del campo político partidario, en desmedro en muchos casos de trayectorias de servicio. Además, estos cuadros deben alinearse a los mandatos de la cúpula del instrumento. Muchas mujeres campesinas indígenas, aun siendo legítimas representantes, han sido desconocidas, repelidas y disciplinadas para contener su participación política cuando no ha convenido a los intereses hegemónicos partidarios.

Entonces, el empoderamiento de las campesinas se ha desarrollado en un contexto en que, por un lado, la organización y el movimiento, en general, han delegado su capacidad de mando a cambio de la posibilidad de que el copamiento del Estado les brinde algún beneficio; por otro lado, la autonomía del movimiento ha sido desarticulada en sus formas y contenidos de representación propios toda vez que los segmentos cupulares y masculinos del instrumento han restringido la autonomía de su voz.

De ahí que se ha reproducido, en otros términos, una transacción asimétrica de poder que ha favorecido la fuerza del segmento burocrático del instrumento político en desmedro de la base campesina cuyos líderes no logran ser reconocidos, ni sus capitales validados. En el tránsito institucional del movimiento campesino indígena, la disputa por la hegemonía y el poder estatal ha requerido una constante sustitución de los representantes de sectores campesinos indígenas y populares en favor de las necesidades partidarias, de ahí que la fibra que aglutinaba a las diversas partes de la organización se ha debilitado y enfrenta un proceso de fragmentación de nuevo cuño.

De manera paradójica, si bien lograron muchos de sus objetivos principales, siendo una fuerza política hegemónica, se ha producido un reflujo en su capacidad crítica e interpeladora, que también ha sido restringida desde los nuevos centros de poder. De ahí la sensación de que el rol y la misión de la organización han cambiado y hay una desorientación en el sentido de la acción política.

El dilema de la autonomía del movimiento indígena por ahora se está expresando en procesos de fragmentación. Ante una dinámica verticalista y cupular, los liderazgos que no son validados por el instrumento están buscando otras vías de expresión. En el otro sentido, en general, las nuevas organizaciones políticas que se desprenden del instrumento apuntan a la reconducción del proceso de cambio que planteó el MAS-IPSP en un inicio, desde formas de hacer política y un contenido más cercano a la población y recogiendo la experiencia acumulada en esta trayectoria.

• 1
  Se trata de un colectivo diverso de mujeres con ciertos aspectos comunes: están afiliadas, como parte de una unidad familiar, a un sindicato campesino y a la organización de mujeres de ese sindicato. La mayoría se identifica como indígena, su primer idioma es quechua o aymara y tiene bajos niveles de escolaridad. En Bolivia, el movimiento campesino indígena asume una estructura sindical piramidal que tiene dos rasgos: i) formas de relacionamiento orgánicas, es decir, lazos de carácter vinculante de ida y vuelta entre las diferentes unidades y niveles, y en la construcción social de las decisiones y la autoridad; ii) deben seguir un itinerario en el ejercicio de cargos para llegar a ser dirigentes. Asumen el nombre de Bartolina Sisa en honor a la heroína que luchó junto a su pareja Julián Apaza (Túpac Katari) en la rebelión anticolonial de 1781 y cuya participación en el cerco a la ciudad de La Paz (que duró 109 días) fue muy destacada. Cumplió el papel de Virreina planificando las estrategias políticas y de guerra, e impartiendo justicia en igualdad de condiciones que Katari. Fue traicionada, ahorcada y descuartizada, su cabeza y sus extremidades fueron exhibidas en lugares donde luchó.
• 2
  El conflicto es entendido no solo como un factor inherente a la dinámica del campo, sino como una categoría estructurante, es decir con capacidad creativa y transformadora – un factor que está al centro de los procesos de cambio social, pues es en torno a él que se establecen alianzas y articulaciones, se conforman hegemonías y se configuran y se entienden posiciones e identificaciones de clase, género y etnicidad. Entiendo la conflictividad como la expresión de una contradicción principal que ocurre en un campo de disputa, no solo de disputas, porque los conflictos o contradicciones que encierran pueden ir cambiando de matices, de actores, de posiciones, pero los campos permanecen abiertos y solo en ciertas ocasiones se cierran (^{Zegada, 2011}).
• 3
  La disponibilidad ocurre por un desborde de lo social, que disuelve la ficticia separación entre Estado y sociedad, y expande la capacidad de creación de nuevas creencias colectivas desde las cuales se pueden transformar el orden social y la manera en que es distribuido el excedente económico (^{Zavaleta, 1986}).
• 4
  De acuerdo con estos autores “la historia de la relación entre el Estado y el movimiento campesino indígena es variable en el tiempo y bascula entre momentos de rebelión y episodios de consolidación de pactos o alianzas; en suma, variantes de reciprocidad asimétrica, mediadas por el ejercicio del poder.” (^{Zegada; Komadina, 2017}, p. 22)
• 5
  Chapare es una región subtropical de grandes extensiones de selva que han operado como fronteras naturales, reservas de la biodiversidad y territorios de pueblos amazónicos. Está vinculada al oriente y occidente por la carretera panamericana, parte de un corredor bioceánico.
• 6
  La Ley 1008 – Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – del 19 de julio de 1988, constituye el marco legal que regula las políticas estatales frente a la coca. El mandato es la erradicación forzosa (con uso de la fuerza militar) de los cultivos excedentarios y en las zonas de producción ilícita.
• 7
  Ellas no participaron en la organización sindical hasta que fue necesario, pues el criterio para la afiliación al sindicato era la propiedad de la tierra y esta generalmente estaba en manos de un hombre. Participaron viudas, mujeres solas que suplían al titular (abandono, migración u otro) y las pocas propietarias de tierra. Desde la década de 1980 se creó en los sindicatos la cartera de Vinculación Femenina, pero sus funciones se limitaban a atender problemas y necesidades domésticas de la organización y la comunidad.
• 8
  No significa que otras contradicciones y disputas no se hayan expresado o congregado a diferentes actores, pero lo hicieron coyunturalmente.
• 9
  La normativa que pone en vigencia la paridad es la Ley del Régimen Electoral de 2010.
• 10
  https://atlaselectoral.oep.org.bo/
• 11
  Entre 2000 y 2009 registró 249 casos de acoso a concejalas y el 41% de ellos fue por presión para la renuncia. Solo el 28% de los casos son denunciados (^{ACOBOL, 2013}).
• 12
  Para resguardar la seguridad y la trayectoria de las dirigentes, no se revelan sus nombres reales.

Referencias

• ¹
  ALBÓ, Xavier. De MNRistas a kataristas: campesinado, Estado y partido, 1953 -1983. Historia Boliviana, v. 1-2, 87-128, 1985.
• ²
  ASOCIACIÓN DE CONCEJALAS DE BOLIVIA – ACOBOL. El acoso y la violencia política hacia las mujeres en Bolivia. Avances formales y desafíos reales para la igualdad. La Paz: GIZ ACOBOL, 2013.
• ³
  BOURDIEU, Pierre. Propos sur le champ politique Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 2000.
• ⁴
  DANDLER, Jorge. Campesinado y reforma agraria en Cochabamba (1952-53): Dinámica de un movimiento campesino en Bolivia. In: CALDERÓN, F.; DANDLER, J. (comp.). Bolivia: la fuerza histórica del campesinado. Cochabamba: CERES-UNRISD, 1986. p. 205-274.
• ⁵
  FILLIEULE, Olivier. Propuestas para un análisis procesual del compromiso individual. Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, v. 2, p. 197-212, 2015.
• ⁶
  FLORES, Gonzalo. Estado, políticas agrarias y luchas campesinas: revisión de una década en Bolivia. In: CALDERÓN, F.; DANDLER, J. (comp.). Bolivia: la fuerza histórica del campesinado. Cochabamba: CERES-UNRISD, 1986. p. 443-542.
• ⁷
  GARCÍA, Álvaro. La lucha por el poder en Bolivia. In: GARCÍA, Á. et al Horizontes y límites del Estado y el poder. La Paz: Muela del Diablo, 2005.
• ⁸
  GARCÍA YAPUR, Fernando (coord.). No somos del MAS, el MAS es nuestro Historias de vida y conversaciones con campesinos indígenas de Bolivia. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia–CIS, 2015.
• ⁹
  GARCÍA YAPUR, Fernando; GARCÍA ORELLANA, Luis; SOLIZ ROMERO, Marizol. “MAS legalmente, IPSP legítimamente” Ciudadanía y devenir Estado de los campesinos indígenas en Bolivia. La Paz: PIEB, 2014.
• ¹⁰
  KNOKE, David. Political networks: the estructural perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
• ¹¹
  MATONTI, Frédérique; POUPEAU, Franck. Le capital militant. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, v. 55, p. 5-100, 2004.
• ¹²
  MEJÍA, Lucila et al Las hijas de Bartolina Sisa La Paz: HISBOL, 1984.
• ¹³
  MUÑOZ, Blanca. La participación de la mujer campesina en Bolivia: un estudio del Altiplano. In: CALDERÓN, F.; DANDLER, J. (comp.). Bolivia: la fuerza histórica del campesinado. Cochabamba: CERES-UNRISD, 1986. p. 364-399.
• ¹⁴
  PATZI, Felix. Insurgencia y sumisión Movimientos sociales e indígenas (1983-2007). La Paz: Yachaywasi, 2007.
• ¹⁵
  PEARSE, Andrew. Campesinado y Revolución: el caso de Bolivia. En CALDERÓN, Fernando; DANDLER, Jorge (comp.). Bolivia: la fuerza histórica del campesinado. Cochabamba: CERES-UNRISD, 1986, p. 313-361.
• ¹⁶
  RAMOS, Sandra. Transformaciones en la participación política de las mujeres: formación de las federaciones de mujeres campesinas del Chapare, 1994-2000. La Paz: IIS-UMSA, 2014.
• ¹⁷
  REINAGA, Fausto. La revolución india La Paz: Ediciones PIB 1969.
• ¹⁸
  ROUSSEAU, Stéphanie; MORALES HUDON, Anahí. Indigenous women’s movements in Latin America Gender and ethnicity in Perú, México and Bolivia. Nueva York: Palgrave MacMillan, 2017.
• ¹⁹
  SILVA, Marcelo K.; OLIVEIRA, Gerson de L. A face oculta(da) dos movimentos sociais: trânsito institucional e intersecção Estado-Movimento – uma análise do movimento de economia solidaria no Rio Grande do Sul. Sociologias, v. 13, n. 28, p. 86-125, 2011. https://doi.org/10.1590/S1517-45222011000300005
  » https://doi.org/10.1590/S1517-45222011000300005
• ²⁰
  SOSTRES, María F. El largo camino en la búsqueda de la identidad. In: ENCUENTRO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, III, 1985, Cochabamba. Historia y evolución del movimiento popular Cochabamba: CERES, 1986. p. 131-151.
• ²¹
  STEFANONI, Pablo. El nacionalismo indígena como identidad política: la emergencia del MAS-IPSP (1995-2003). In: MOVIMIENTOS SOCIALES Y NUEVOS CONFLICTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Buenos Aires, 2002. Informe final […]. Buenos Aires: CLACSO, 2003.
• ²²
  TICONA, Esteban. Organización y liderazgo aymara La experiencia indígena en la política boliviana 1979 -1996. La Paz: Plural, 2000.
• ²³
  ZAVALETA, René. Lo nacional-popular en Bolivia México: Siglo XXI, 1986.
• ²⁴
  ZEGADA, María Teresa (coord.). La democracia desde los márgenes: transformaciones en el campo político boliviano. La Paz: CLACSO; Muela del Diablo, 2011.
• ²⁵
  ZEGADA, María Teresa. Dinámica Política en el Trópico: Actores, conflictos y estrategias destructivas. In: ARGANDOÑA, Á.; ASCARRUNZ, C. (comp.) Seminario Futuro del Trópico de Cochabamba Escenarios para el Desarrollo Sostenible. Cochabamba: UMSS-CEP, 2002.
• ²⁶
  ZEGADA, María Teresa; KOMADINA, George. El intercambio político, indígenas/campesinos en el Estado Plurinacional. Cochabamba: CERES-Plural, 2017.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  26 Set 2022
• Fecha del número
  May-Aug 2022

Histórico

• Recibido
  13 Mayo 2021
• Acepto
  29 Jun 2022