Contexto y luchas urbanas en Argentina: el ciclo neoliberal

Context and urban struggles in Argentina: the neoliberal cycle

Resumen:

Este artículo tiene por objeto describir y analizar los procesos que han condicionado los cambios estructurales y societales en Argentina durante el ciclo neoliberal iniciado en 1976 y su consolidación hacia principios del siglo XXI.

Palabras claves:
Capitalismo; Neoliberalismo; Estado; Luchas sociales

Abstract:

The purpose of this article is to describe and analyze the processes that have conditioned the structural and societal changes in Argentina during the neoliberal cycle that began in 1976 and its consolidation towards the beginning of the 21st century.

Keywords.
Capitalism; Neoliberalism; State; Social struggles

Introducción

Hacia la primera mitad del siglo XX, historiadores y economistas como Mandel (1983) o Kondratieff (Haberle, G, 1956) advirtieron la centralidad de los ciclos históricos como modo de comprensión interpretativa de la historia y del desdoblamiento real de los procesos estructurales.

En tal sentido, la reconstrucción de los procesos así pensados remite a considerar períodos sucesivos en los que las transformaciones estructurales de la economía internacional condicionan los cambios culturales, sociales y políticos desde el sentido de totalidad objetiva planteada por la perspectiva marxiana.

La crisis del Capitalismo Keynesiano iniciada a mediados de los setenta del siglo XX y cuya extensión como período transicional hacia una nueva fase de la reestructuración del orden capitalista bajo las determinaciones de la globalización neoliberal, continuó hasta principios de los noventa, con una desigual materialización según se consideran las sociedades pertenecientes a los países centrales o periféricos.

Pero más aún, como bien señala Angus Maddison (2002), el período de institución del orden neoliberal coincide con la etapa histórica de mayor concentración de la riqueza y del aumento incremental y sostenido de la pauperización de la población mundial.

En 2018 el 1% más rico del planeta era dueño del 81% de la riqueza del mundo (Oxfam, 2018). Entre 1980 y 1990 la incidencia de la pobreza aumentó de 40,5% a 48,4%, lo que se sumó al crecimiento vegetativo de ese período, un aumento del 136 a 204 millones de habitantes viviendo en hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza (Cepal, 2014).

La crisis del Capitalismo Keynesiano tiene como principal condicionante el desdoblamiento de dos grandes procesos que promovieron la crisis del orden. Por un lado, la escasez y aumento de precio en el mercado internacional del petróleo y por el otro, la crisis fiscal que impedía el financiamiento de las políticas keynesianas en los países centrales y las de los Estados sociales latinoamericanos o las políticas residuales de ellos en los contextos de los setenta del siglo XX.

Si bien estos procesos fueron epifenómenos, consecuencia de ellos devienen dos grandes desdoblamientos que cambiarían la estructura económica del Capitalismo hacia la consolidación de lo que se ha dado en denominar Globalización neoliberal: 1) la financiarización de la economía provocada por el desplazamiento de divisas de los países exportadores de petróleo (beneficiados del aumento del precio de ese bien) hacia inversiones financieras en los países centrales (con mayor volumen acumulado en Estados Unidos); y 2) la reestructuración del modo de organización de la producción económica desde una producción situada en un único mercado productivo hacia la transnacionalización de la producción industrial.

La financiarización, entendida según señala Epstein (2005) como la “creciente importancia de los intereses financieros, los mercados financieros y los agentes e instituciones financieras en el funcionamiento de las economías nacionales e internacional” (2005, p. 3). Sin embargo, lejos de ser procesos puramente económicos, al mismo tiempo inciden modificando y alterando las relaciones sociopolíticas de las sociedades, pues exigen nuevos estándares de regulación por parte de las élites y generan nuevas resistencias en los sectores perjudicados. Los actores financieros por constituirse en élite económica y luego en élite política, también incrementan las capacidades de influencias y de imposición de poder decisorio en las políticas conforme a sus intereses.

Las consecuencias de la financiarización, como inicio de una nueva fase de internacionalización del capital, son la desregulación financiera y paralelamente como consecuencia la caída incremental de la participación de los asalariados en el ingreso total mundial. Esta tendencia en la reducción de la participación de los salarios en el ingreso ha sido y continúa siendo una tendencia incremental a nivel global.

En las economías industrializadas, la participación de los salarios en el ingreso total a nivel global, entre el 1980 y el 2007 tuvo una reducción marcada desde el 73,4% al 64%. Y desde un cálculo que toma como para 26 economías industrializadas, la participación de los salarios en el ingreso total se redujo del 66,1% al 61,7%. (FIDE, Coyuntura y Desarrollo, 2014, Buenos Aires FIDE con datos de Cepal).

Con respecto a la transnacionalización de la producción, las condiciones de competencia en el mercado internacional generan condiciones cerradas para los bienes industrializados. La reducción de los costos de producción se concibe en relación directa a las posibilidades de competencia en el mercado internacional. De tal modo que la concentración económica inédita en la historia tendrá su contracara en el aumento de la pobreza a nivel global paralelamente a la conformación de una élite que concentrará medios y riqueza y 200 megacorporaciones industriales que concentraran casi el 48% del PBI mundial entre 1990 y 2000 (Seoane, J & all., 2001).

Pero al mismo tiempo, el desplazamiento del modo de organizar la producción intervinculando distintos mercados en la producción de un bien determinado, según oportunidades de costo, ha promovido la transnacionalización de la producción de bienes manufacturados. Es decir, este proceso en el que en varios mercados nacionales interrelacionados se produce un único bien, ha promovido los crecientes procesos de desregulación y liberalización comercial necesarios como estándares de regulación/desregulación que permitiese el libre tránsito de bienes y personas (para promover el incremento comercial e incrementar la tasa de ganancias externalizando la maximización del lucro), pero además y al mismo tiempo, estandarizar las condiciones sociolaborales de producción, bajo los nuevos estándares regulatorios/desregulatorios.

El signo de la regulación será la desregulación. Lo que en el mundo del trabajo se traducirá en una homologación de las condiciones de trabajo, los salarios y la disolución y reducción de los derechos laborales que se manifestarán en un aumento de la precarización laboral, la de­socupación casi permanente por la reducción de fuentes de trabajo debido a la alta concentración, y en los países centrales, sumado al desempleo tecnológico. Los procesos de automatización de la producción supusieron la pérdida masiva de puestos de trabajos en el sector secundario y la creación de emprendimientos autónomos/autogestionados o la cobertura de políticas dirigidas a la satisfacción de las necesidades no resueltas vía mercado por esos sectores.

Las consecuencias sociales de estos procesos han sido devastadoras para las condiciones de vida de la población mundial y más aún en aquellas regiones escasamente industrializadas o altamente dependientes de las economías centrales en las que el deterioro de esas condiciones en el sentido extensivo cuantitativo e intensivo cualitativo se incrementaron y agravaron durante el período en examen.

La reestructuración de la producción económica en el marco de la crisis del Keynesianismo condicionó la imposición de las élites globales de la prescripción neoliberal. El liberalismo económico que tiene sus fuentes en la economía clásica del siglo XVIII, pero a partir de la década del treinta y merced a un reducido núcleo de economistas financiados por las élites (horrorizadas con las políticas distributivas e interventivas del Estado Keynesiano) inauguraron una inédita alianza con sectores conservadores.

La Sociedad Mont Pelerin será el núcleo del pensamiento neoliberal que conspira contra el desarrollo de las políticas keynesianas. Allí tomaron parte desde 1947 hasta 1980 economistas tales como Milton Friedman, Otto Von Mises, Friedrich Hayek y más cercanos en el tiempo politólogos como James Buchanan.

De esas ideas embrionarias, con la crisis terminal del keynesianismo a mediados de los setenta del siglo XX, se definirá el denominado Consenso de Washington a iniciativa del economista John Williamson quien lideró la promoción de reformas políticas y económicas estandarizadas para la regulación/desregulación del nuevo orden.

Los organismos multilaterales procedían a tener creciente influencia en la política interior de los Estados como mediaciones necesarias de la construcción del poder y de regulación acorde a los intereses de las élites financieras e industriales transnacionales.

Así, instituciones tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos promovían, en los países con crisis económicas, políticas que tendían la estabilización macroeconómica, la liberalización económica y sobre todo la reducción de las capacidades del Estado hacia tres esferas institucionales centrales y casi exclusivas: seguridad, administración de justicia y políticas de asistencia para la contención de la conflictividad social. Todas las demás áreas de intervención, procesos sociales a intervenir, necesidades colectivas que no fueran las de subsistencia, se transfería al sector privado de la economía. De tal modo y tal como lo formularon desde la Escuela de Virginia con James Buchanan a la cabeza: el Estado se redefine organizacional e institucionalmente y así también sus capacidades funcionales hacia un ente subsidiario del mercado.

En materia económica, el recetario implicaba ajustes estructurales y transformaciones del Estado y la administración pública basados en la estabilidad fiscal, la reducción al mínimo del gasto social y la redefinición operativa a las capacidades mencionadas.

Desde este marco global, a continuación se describirán los impactos de estos cambios globales en la economía y la sociedad argentina durante el período del 1976 al 2000 y la activación de la acción colectiva organizada desde la conformación de nuevos y viejos actores sociales como los Movimientos sociales, cuya redefinición organizacional, táctica estratégica e identitaria se ha ido cambiando al calor de las particularidades coyunturales de los cambios estructurales desarrollados desde mediados de los setenta hasta el siglo XXI, en la actualidad en un nuevo inicio de una etapa crítica del orden.

1. La implementación del neoliberalismo en Argentina 1976 a 1999: de la imposición de facto a la sobredeterminación consensuada de la política global sobre la local nacional

Los cambios estructurales ocurridos en la economía internacional desde mediados de los setenta no solo han impactado en los modos de organización de la producción, los procesos de creciente concentración económica y aumento de la pobreza y la indigencia a nivel global, sino que además las necesidades de regular políticamente las relaciones sociales necesarias para adaptarlos a la reproducción del orden, impactaron en la redefinición del sistema del poder mundial.

La soberanía de los estados nacionales cede ante la condicionalidad de los organismos multilaterales (ONU, FMI, IOT, OMC entre otros) que comienzan a instituirse como entidades supranacionales decisorias en la política interior de los Estados miembros. Sumado a la crisis del socialismo real y la reestructuración capitalista de aquel orden, las regulaciones dirigidas a reproducir una producción transnacionalizada de bienes y de resguardo y ampliación del modelo de acumulación tendían a conformar instancias institucionales globales de control y regulación.

Para las élites globales, el problema consistía en controlar los procesos socioeconómicos y productivos en varios mercados simultáneamente por las características que asumía la dinámica productiva globalizada. Tal era el nivel de concentración que aquella élite poseía influencia decisoria sobre la política exterior estadounidense que controlaba a su vez las decisiones centrales de los principales organismos multilaterales de regulación del orden global (Seoane, J. & Taddei, E., 2001).

América Latina fue el temprano laboratorio de experimentación del recetario neoliberal. El primer gobierno a adoptar las políticas dictadas por el Consenso de Washington fue el de Pinochet en una segunda etapa hacia el año 1975, una vez consolidado el gobierno de facto merced a un profundo proceso represivo sobre sindicatos, movimientos sociales y organizaciones autónomas/autogestionadas de la sociedad. El sueño de la transición democrática hacia el socialismo del gobierno de Allende quedaba sepultado a sangre y fuego para la imposición de un modelo económico, social y cultural exógeno e impuesto por las economías centrales.

Los programas de ajuste estructural y de redefinición del Estado y la transferencia al sector privado de las empresas de servicios como así también de las políticas sociales, significaron un desmantelamiento de las políticas de bienestar y la retracción de los derechos en materia social y en el plano cultural de reducción a la individualidad y a la subjetividad política y económica de acuerdo con las prácticas de consumo y producción de la economía de mercado.

En los setenta, la excesiva liquidez de capital en el mercado bajo el control de las economías centrales y sobre todo de la burguesía financiera transnacional, con motivo de la rentabilidad financiera de las inversiones derivadas de las ganancias de los exportadores de petróleo, promovieron la oferta de crédito para las economías periféricas. Este proceso generó un desplazamiento de estos capitales hacia América Latina, en los cuales los gobiernos de facto asumieron la contracción de crédito bajo la imposición de las élites de las economías centrales.

En Argentina la deuda externa en 1975 durante la tercera presidencia de Perón, gobierno inmediatamente anterior al golpe militar del 1976, ascendía a 7.500 millones. Durante el gobierno militar, la deuda se quintuplicó: ascendió de 8,2 mil millones en 1976, a 45 mil millones en 1982 (último año de esos gobiernos dictatoriales) aumentando un 449% (Kulfas, M, 2003, p. 35). El Proceso de Reorganización Nacional, así autodenominado por los gobiernos de facto sucedidos en ese período, implicó una alianza cívico militar de los sectores liberales oligárquicos y las Fuerzas Armadas.

Para la imposición de la primera etapa del recetario neoliberal, las Fuerzas Armadas impusieron un plan de exterminio masivo a través de la represión ilegal, medio del terrorismo de estado que implicó la desaparición de 30.000 personas y el exilio de dirigentes políticos, intelectuales y científicos. Pero, además de eso, instituyó una política represiva promovida por la Escuela de las Américas del Departamento de Estado de Estados Unidos, tomada de la experiencia represiva utilizada por los franceses en el conflicto por la independencia de Argelia, consistente en la desaparición forzada de personas.

Esta siniestra práctica implicó una sistematicidad y planificación de una política de terrorismo de Estado, que tuvo algunos logros significativos y casi definitorios al menos en dos grandes procesos: instituyó la denominada espiral de silencio y, por otro lado, a través de estos mecanismos y sostenidas en el largo plazo, centralmente entre el 1976 y el 1980, contribuyó en gran medida a la modificación de la cultura política argentina.

La espiral del silencio, estudiada por Neumann (1995, caps. I y II) como la práctica del nacionalsocialismo para captar hasta las subjetividades de las personas controladas por el régimen, implicaba generar una aceptación tácita que impedía la visibilidad de cualquier disidencia, lo que en términos de psicología política, instituía un clima de aceptación forzosa debido a que cada sujeto se hallaba condicionado a aceptar lo que entendía que era el deseo de la mayoría, aún en ausencia de libertad de expresión. La destrucción de toda práctica colectiva y de todas las colectividades sociales (sindicatos, movimientos sociales, organizaciones autónomas, movimientos populares armados) al mismo tiempo fue consolidando la figura del individuo como consumidor y sujeto político, todo lo demás era reprimido como atentatorio contra el orden. Es decir, las prácticas represivas modificaron la cultura política argentina, creando las bases culturales para la implementación del neoliberalismo.

2. La implementación del neoliberalismo en Argentina como reactualización del proyecto histórico de las élites liberales oligárquicas nacionales.

Sobre este período y con relación a la conformación del contexto de las luchas políticas en el 2000 en Argentina, hay dos aspectos preliminares que es necesario rescatar: 1) por un lado una nueva división internacional del trabajo entre las economías centrales y periféricas y su relación con los proyectos societales en pugna en Argentina desde su conformación como Estado nacional (1853-1880) hasta 1955 y; 2) el intento de definición del empate táctico entre los proyectos del país agroexportador o país industrializado por parte de consolidar el primero a partir del gobierno neoliberal de Carlos Menem (1990-1999).

Respeto del primer punto, es necesario destacar que Argentina se inserta en la economía internacional hacia fines del siglo XIX y principios del XX como país productor de bienes primarios. El intercambio se daba fundamentalmente con Gran Bretaña y los términos del mismo eran la importación de bienes manufacturados por los productos agrícolas. Esta adopción y el abandono de toda política de industrialización también fue fuertemente condicionada por Gran Bretaña, que consideraba Argentina y el cono sur en general como territorio de abastecimiento alimentario para su sociedad. La cooptación de las élites y de la producción y comercialización de carnes fue política constante desde 1880 a 1946. Desde el 1943 con incipientes avances del modelo de sustitución de importaciones iniciado a mediados del treinta con motivo de la crisis sistémica del capitalismo y el deterioro de los términos de intercambio comienza a instituirse el modelo industrialista, promovido por el gobierno justicialista de Juan Perón en sus dos primeras presidencias (1946 a 1955).

La estrategia de industrialización consistía en la mediación del Estado en el comercio exterior. El estado compraba de los productores locales las carnes y cereales a través del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) y vendía a terceros mercados la producción. Las divisas que ingresaban al circuito económico financiero interno se redistribuían para financiar el proceso de industrialización.

Todo ello en el marco de un proyecto de desarrollo nacional que logró incluir al 38% de la población a los sectores medios, con pleno empleo y cobertura integral de las necesidades sociales. La distribución del ingreso fue la más equitativa de la historia llegando a un 60/40 en relación a la distribución del ingreso entre empresariado y trabajadores.

Ambos proyectos constituirán el clivaje fundamental de la sociedad argentina: el modelo agroexportador fomenta una alianza entre sectores liberales oligárquicos y con una economía basada en la destrucción del mercado interno y la atracción de capitales externos, promoviendo una economía de base primaria y, por otro lado, el modelo industrial nacional, que establece una alianza entre gobierno y sectores populares privilegiando la expansión de los derechos sociales como instancias de regulación de la economía de mercado. Las centrales sindicales en este proyecto se consideran las mediaciones fundamentales para la conformación del orden.

Luego de la transición democrática del período 1983 a 1989, después del abandono del gobierno por parte de la dictadura militar, una alianza multipartidaria restituyó un incipiente régimen democrático cuyas luchas de desgaste prolongado desde la sociedad civil hacia las Fuerzas Armadas en el poder, reconocen al menos 3 grandes actores: por un lado, las Centrales Sindicales que garantizaron la inviabilidad del avance neoliberal pretendido por las medidas iniciales del gobierno. El segundo la creciente movilización, como afirma Jelin (1989) de los movimientos católicos juveniles, el rock nacional como expresión y manifestación contrahegemónica de cuestionamiento al orden autoritario y sobre todo los Movimientos de Derechos Humanos: centralmente la lucha del MEDH (Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos) y el Movimiento de las Madres de Plaza de Mayo.

Pero la derrota infligida por Gan Bretaña en la recuperación soberana de las Islas Malvinas generó un gran descontento que minó las escasas bases de consenso que aún conservaban los militares en algunos sectores específicos. Todos esos factores concluyeron en una apertura democrática liderada por el gobierno radical de Raúl Alfonsín que en lo económico se distancia en el intento de las políticas neoliberales para aplicar un programa socialdemócrata y neokeynesiano periférico, promoviendo una estrategia complementaria de alianza regional con Brasil. Los acuerdos de PICT del 1985 entre Brasil y Argentina y entre los gobiernos de Sarney y Alfonsín inauguran las bases de lo que en el 1991 se instituirá a partir de las iniciativas de los grandes grupos transnacionales que operaban en la región con la creación del Mercosur.

El proyecto agroexportador competía ahora con el intento de una tibia política de industrialización centrada en el apoyo estatal a las redes de las pequeñas y medianas empresas del sector secundario. Pero los efectos devastadores del neoliberalismo implementados por la dictadura generaron la destrucción del tejido industrial y los procesos de desindustrialización programada desde ese momento, desmantelaron grandes procesos de producción y de industrias en las principales ciudades argentinas (Mar del Plata y Rosario fundamentalmente) aumentando del 6% la tasa de desocupación en 1976 al 38% en 1976.

Sin embargo, estas medidas adoptadas por el gobierno de Alfonsín y su intento de reconstruir todas las bases atacadas por las políticas del gobierno militar promovieron un golpe blando por parte de los grandes grupos económicos, sobre todo los ligados a la industria alimenticia que elevaban los precios de los bienes alimentarios, sumados al contexto inflacionario objetivo de la economía desde 1985 a 1988 promoviendo un ciclo hiperinflacionario que culmina en un estallido social y acaba con la anticipación de la entrega del poder y el llamado a elecciones que consagra a Carlos Menem, líder del Partido Justicialista como nuevo presidente del país para el periodo 1989 a 1995. El nuevo gobierno del Partido Justicialista encabezado por Carlos Menem adhiere prontamente a una restauración del orden neoliberal iniciado por la dictadura militar.

Su acceso al poder estuvo marcado por un doble estándar ideológico. Por un lado, exaltaba de cara a la sociedad un discurso nacional y popular, reivindicando conceptos como la defensa de la soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social y un marcado federalismo. Sin embargo, al asumir el gobierno, el giro neoliberal se consumó sin legitimidad alguna y sin que existiese consenso manifiesto por parte de la sociedad para tal implantación autoritaria del modelo. Este recetario no fue conocido hasta cuando en la sociedad se comiencen a advertir las consecuencias fácticas tales como desempleo, pauperización y desmantelamiento de las redes de protección social de la población vulnerada.

La política económica seguirá los dictados del Fondo Monetario Internacional, previa contracción de nuevos y sucesivos créditos por valor de 80 mil millones de dólares para estabilizar la economía, mantener el equilibrio fiscal e implementar como medida de control inflacionario el Plan de convertibilidad, que consistía en restringir la emisión de moneda nacional en paridad con el ingreso de divisas extranjeras.

Pero al mismo tiempo hay la redefinición de la institucionalidad política con los Programas de Reforma estatal I y II en 1990 y 1991, lo que se estructuraba un Estado desde las pretensiones programáticas del Estado neoliberal.

Esta política económica de privilegiar el modelo agroexportador, liberalizar la economía y destruir la producción industrial local y el mercado interno, afecta el crecimiento de la pobreza, la indigencia y el desempleo, llevando los índices desde un 14% inicial al 48% de pobreza en 1999 (Kulfas, M., 2003). Sin embargo, la transferencia al sector privado de las Empresas estatales, la entrega de los recursos naturales a las empresas transnacionales y los grandes negociados manchados de corrupción de los funcionarios estatales, promovieron incluso la modificación de la Constitución Nacional.

En 1994 se convoca a la Reforma constitucional teniendo por base previa un acuerdo entre el Radicalismo y el Peronismo en el histórico Pacto de Olivos. Las modificaciones sustanciales de la Carta Magna refieren a la adecuación de la Ley Fundamental a las necesidades desregulatorias del programa neoliberal. Pero todo este proceso de reinstitucionalización del sistema político colisionaba con la realidad objetiva de la coyuntura.

La crisis del sistema de partidos en una profunda desideologización segmentaba las bases de la participación política, generando un proceso de profunda desmovilización y apatía participativa. El éxito de la pronta implementación del proyecto neoliberal se debe en gran medida al cambio de cultura política iniciado a sangre y fuego por la dictadura del 1976. Es decir, el principal objetivo en ese primer momento fue arrasar con todo obstáculo cultural que impidiese la implantación de un modelo económico foráneo y contrario a los intereses de las grandes mayorías.

Sin embargo, las condiciones socioeconómicas se deterioraban por la continuidad de la política neoliberal de apertura y liberalización comercial. La producción nacional no podía competir con los bajos precios de las mercancías provenientes del exterior.

Existieron, además, otros factores en aquel contexto que contribuyeron a agravar las consecuencias sociales, además del desempleo y la desindustrialización. Tal es el caso de la crisis monetaria de la economía mexicana, popularizadas como el Tequilazo, del 1995, que demostró la sinergia entre las economías al tener un impacto negativo en la economía mundial. En Argentina, ese año se llegó a una tasa de desempleo del 17,5%, en ascenso y elevada tomando en cuenta los niveles oscilantes de un dígito en décadas anteriores.

Al mismo tiempo se hubieron registrado durante seis períodos fiscales consecutivos, un saldo negativo en la balanza comercial. Pero, agravando la situación, la economía argentina tuvo registro consecutivo de dos períodos de tres años con déficit comercial por la política de liberalización, particularmente entre los años 1992 a 1994, y también entre el 1997 y el 1999. El deterioro de la economía durante los años de la Convertibilidad se hubo también verificado en la tasa de desempleo: en mayo de 1991 era del 6,9%, y en 1994 ascendió al 10,7%, alcanzando el 17,5% en 1995 y si bien tuvo una reducción, para el año 2000 se había estabilizado en 15,4%. La misma tendencia se verificó en los índices de medición de la pobreza, que registró un aumento del 19% en 1990 a una cifra del 35% en 1995. (INDEC, 2003)

Este cuadro de situación minó las posibilidades del menemismo y de la continuidad del Partido Justicialista en el poder. Sin posibilidades de postular para una segunda reelección de Carlos Menem, Eduardo Duhalde encabezó la lista del Justicialismo en las elecciones de 1999.

Como oposición en lo partidario, pero no así en lo ideológico programático y como continuidad el proyecto neoliberal, en las elecciones del 1995, triunfó una coalición denominada Alianza que se constituyó por la integración de distintos partidos políticos como la tradicional Unión Cívica Radical y el Frepaso (Frente País Solidario, de extracción socialdemócrata), quien postuló al que fuera luego presidente de la Nación, Fernando de la Rúa.

Si bien el nuevo gobierno implementó diversas medidas económicas para evitar el colapso siempre dirigidas a la sustentabilidad de la Convertibilidad, la más significativa fue la convocatoria del anterior ministro del gobierno de Carlos Menem y uno de los Chicago Boys, Domingo Cavallo, quien fue nombrado ministro de Economía.

Como última medida para mantener la convertibilidad y ante la imposibilidad de ingreso de divisas que permitieran la emisión, en una coyuntura económica de recesión, el gobierno adopta una medida discrecional que se conoció como “el corralito” que significó la confiscación de los depósitos bancarios en moneda extranjera, dólares, por parte del Estado, canjeando los ahorros por bonos pagaderos a diez años.

Ante la crisis alimentaria, de abastecimiento, bancaria y financiera, esto se tradujo en una crisis también política del sistema de partidos y de la democracia liberal como régimen. Es en ese contexto que reemergen nuevos actores que asumieron el protagonismo político para dirigir la crisis en curso.

De la Rúa renuncia el 20 de diciembre de 2001, antes declara el estado de sitio que culmina en un sangriento estallido social que tuvo un saldo de 38 personas muertas.

3. A modo de conclusión: el inicio del siglo XXI y los cambios societales en Argentina

La crisis del 2001 es el inicio de una transición. Sztompka refiere junto con Kaes a la crisis como un proceso de bifurcación entre una contradicción, pero es a la vez o finalización o cambio (Sztompka, 1995). Es desde este sentido que la consolidación del neoliberalismo comienza una etapa de declino hacia fines de los noventa y en ese inicio de siglo la historia deviene en la apertura de un nuevo ciclo histórico en el que se subvierten los procesos descriptos en el primer apartado como constitutivos del orden neoliberal.

Si bien se mantienen las condiciones objetivas de la globalización neoliberal, comienza en América Latina, particularmente en cono sur, una serie de reemergencias de los proyectos nacional populares y de izquierda como contradictores al orden en curso. En efecto, coincidentes en los lineamientos centrales con los gobiernos de la región, Néstor Kirchner, que asume como presidente en una ajustada elección en el 2003, implementará desde el poder estatal una serie de medidas contradictorias con las políticas estandarizadas por los organismos multilaterales.

Esta subversión y resistencia desde las políticas públicas al orden neoliberal del nuevo gobierno se centrarán en: 1) del clivaje que divide la historia argentina y los sectores sociales en su sociedad nuevamente se opondrá al modelo agroexportador, el industrialista basado en una reconstrucción de las capacidades productivas ociosas con anclaje en las pequeñas y medianas empresas y las fábricas recuperadas (cooperativizadas por los trabajadores luego del abandono de sus dueños); 2) de una economía de mercado abierta, de extrema liberalización comercial y con una estrategia de crecimiento basada en la inyección de capitales externos, y opondrá una estrategia de crecimiento del mercado interno que restringirá y renegociará el endeudamiento externo teniendo como estrategia central la emisión monetaria para financiar un ciclo expansivo en la economía; 3) la promoción del consumo y una ampliación de las políticas sociales en materia de universalidad y con orientación a la construcción de ciudadanía, reestableciendo la alianza entre gobierno y sectores populares.

Este nuevo marco va a dar lugar también a la reconstitución del sistema de representación política donde, además de los tradicionales partidos, emergerán nuevas formas de canalización de la participación como las organizaciones libres del pueblo y los movimientos sociales. Todo ello conformará una nueva institucionalidad con una radicalización democrática participativa y autónoma del retorno de la colectividad. A continuación, y a modo de cierre, se detallan los procesos mediante los cuales aún dentro de la estructura global e invariante del modelo de acumulación, en América Latina y más aún en Argentina, se han promovido medidas contracíclicas que han reemergido el orden nacional popular latinoamericano acorde con las particularidades del momento histórico en examen.

Diciembre del 2001 implicó el punto de inflexión en el que la sociedad argentina se modifica paralelamente a la crisis del modelo neoliberal. La movilización popular fue el emergente de la crítica del orden, que redefinió el sentido de la representación política y visibilizó la escisión entre sociedad civil y la élite política en tanto representantes de los intereses de los sectores dominantes.

La protesta social y la renuncia de algunos importantes funcionarios del gobierno profundizaron la crisis y fractura de la Alianza, donde el punto de ruptura ha sido la aprobación del proyecto de ley de Reforma Laboral de adecuación de las condiciones laborales y salariales desde la perspectiva reproductora del orden neoliberal.

Pero al mismo tiempo, fue sancionada la estructuración de redes clientelares y actos de corrupción. Todo ello se traduce luego en un clima de apatía para las elecciones de medio término en el Legislativo donde el denominado voto en blanco llegó al 23%. (República Argentina, Ministerio del Interior, 1995)

La conformación de los nuevos sujetos colectivos en un marco de una creciente desmovilización y apatía, tiene por base las contradicciones estructurales. En principio han sido los movimientos relacionados con el mundo del trabajo quienes comienzan a organizarse y luchar por sus derechos. Pero, luego inauguran un nuevo ciclo no solo de protesta, sino también de apertura a nuevas contradicciones y opresiones no resultas por la contradicción fundamental del Capitalismo.

Las primeras movilizaciones tienen lugar hacia el 1995 con el avance de las políticas de reforma laboral que implicaban la precarización del trabajo y la reducción de los derechos laborales, permitiendo restringir los derechos de los trabajadores en favor de la discrecionalidad de los empleadores. Estas reformas laborales fueran sumadas a la Reforma del Estado, donde uno de los fundamentos centrales fue la reducción de la planta de trabajadores. En la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales se verifica los primeros conflictos entre trabajadores en dirección a la protesta contra el Estado.

Los motivos centrales de estas manifestaciones residían en los despidos masivos. No casualmente se dan en Salta, en el norte argentino y en Cutral-Có, donde se encontraban radicadas las plantas de explotación de hidrocarburos, y los grupos de trabajadores fueron los iniciadores de la organización popular contra las políticas neoliberales.

Es el origen del denominado Movimiento de Trabajadores De­socupados (MTD) nucleados a partir del componente identitario como trabajadores. Este Movimiento se ramificará hacia el 1999 por todo el territorio y al mismo tiempo masificará su método de acción directa: el piquete. Se trataba de un bloqueo de vías de comunicación terrestre para visibilizar sus reclamos. De estas prácticas surge el mote de “piqueteros”, para referirse a este nuevo ciclo de movilización popular.

Pero en las grandes ciudades y sobre todo en Buenos Aires, a estos colectivos se sumarán otros sectores como grandes perjudicados de las políticas neoliberales: los desocupados y las personas jubiladas: así se genera el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) quienes demandaban políticas activas previsionales de actualización salarial y de expansión en el otorgamiento de pensiones.

Finalmente, el tercer gran movimiento se conforma a partir de una vinculación estrecha con el marxismo de extracción maoísta, la Corriente Clasista y Combativa de fuerte arraigo en la provincia de Buenos Aires. Es de mencionar que estos movimientos no solo poseían como táctica central la presión sobre el Estado, sino que además promovían políticas comunitarias y locales que estructuraron fuertes redes de protección social frente al repliegue del Estado.

Por último, un cuarto sector ha sido el de las asambleas barriales con arraigo en la ciudad de Buenos Aires, que tienen como origen el sector pequeño ahorrista de clase media que frente a la retención de los depósitos bancarios en la medida adoptada por el gobierno de De La Rúa comenzaron a conformar un estado asambleario permanente desde diciembre del 2001 hasta bien entrado el 2003.

La organización de los sectores populares y la clase media en movimientos sociales activos y con objetivo de redefinir el sistema político partidario y radicalizar la democracia formal legitimante del neoliberalismo hacia una real democracia participativa ha movilizado cambios en la cultura política argentina en un sentido retrospectivamente colectivista y horizontal, tal como había sido antes de la dictadura del 1976. Sin embargo, con nuevas particularidades que incluyen la construcción de una agenda de convergencia de múltiples reivindicaciones en el marco de la restauración del neoliberalismo en la segunda década del presente siglo.

Referencias

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• Este documento tiene una errata: https://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.361.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  11 Dic 2023
• Fecha del número
  2023

Histórico

• Recibido
  14 Ago 2023
• Acepto
  15 Set 2023
• Corregido
  19 Mar 2024