Resistencias en la transformación de los espacios industriales en Barcelona

Resumen

El artículo desgrana algunos de los efectos de la transformación de los espacios industriales en Barcelona desde la segunda mitad de los años ochenta del siglo XX. Describe las fases de la gestión del patrimonio industrial en la ciudad condal desde los inicios de la democracia y analiza las resistencias y acciones ciudadanas que se originan en el contexto de las contradicciones entre la identidad colectiva, el desarrollo local y la proyección global de ciudad que la transformación del espacio industrial genera. Para ilustrar estos procesos se estudian dos casos de complejos fabriles situados en dos de los principales conjuntos industriales de la ciudad: Can Ricart (Distrito X, Sant Martí) y Can Batlló (Distrito III, Sants-Montjuïc).

refuncionalización; patrimonio industrial; resistencias ciudadanas; Barcelona

Abstract

The article addresses some effects of the transformation of industrial spaces in Barcelona since the second half of the 1980s. It describes the phases of industrial heritage management in the city since the beginning of democracy and analyzes citizen resistances and actions arising in the context of the contradictions between collective identity, local development, and the global projection of the city that the transformation of industrial space generates. To illustrate these processes, two cases of factory complexes located in two of the city’s main industrial complexes are studied: Can Ricart (District X, Sant Martí) and Can Batlló (District III, Sants-Montjuïc).

repurposing; industrial heritage; citizen resistances; Barcelona

Introducción

El hecho de dotar de nuevas funciones a los espacios industriales en desuso de la ciudad, implica generar nuevos valores de carácter patrimonial que contribuyen a consolidar la identidad y la memoria colectiva de la población. El patrimonio industrial es un importante recurso con gran potencial que puede incorporarse a los procesos de revitalización urbana. La refuncionalización de estos espacios con la finalidad de preservación, de contribución al desarrollo local y a la recuperación de la memoria guarda una estrecha vinculación con los procesos de desarrollo sostenible del territorio tal y como ya se desprendía de la Agenda 2021 y como se explicita en la Agenda 2030 (Cañizares et al. 2020). La conservación y reutilización de infraestructuras fabriles constituyen actuaciones sostenibles en sí mismas; la (re)significación de los vestigios industriales refuerzan la identidad y contribuyen a la cohesión social; en este sentido, el patrimonio industrial genera un entorno sostenible, inclusivo y resiliente (Castañeda, 2019). Sin embargo, los procesos de recuperación del patrimonio industrial no están exentos de tensiones entre la ciudadanía, la administración y el capital privado (Anguiano Aldama y Pancorbo Sandoval, 2008). Las intervenciones en relación con los nuevos usos del patrimonio industrial generan disputas sobre el derecho a la ciudad; la revalorización inmobiliaria -en un contexto de urbanismo liberal- subordina las intervenciones al capital privado (Brenner y Theodore, 2005) y excluye vecinos y clases populares (Coffee, 2024).

El trabajo presenta las fases de la gestión del patrimonio industrial en la ciudad de Barcelona desde los inicios de la democracia y analiza las resistencias y acciones ciudadanas que se generan para recuperar el patrimonio y para luchar contra las amenazas que el cambio de uso y resignificación del patrimonio conllevan. El artículo plantea las contradicciones entre la identidad colectiva, el desarrollo local y la proyección global a partir del estudio de dos ejemplos de resistencia ciudadana ante políticas de refuncionalización del patrimonio industrial que implican la desposesión física del espacio y simbólica de la memoria colectiva: Can Ricart, en el barrio de Poblenou en el distrito de Sant Martí y Can Batlló, en el barrio de La Bordeta en el distrito de Sants; ambos distritos albergaron grandes espacios industriales en Barcelona.

A partir del siglo XVIII, Barcelona inicia su proceso de Revolución industrial y con ello aparecen las primeras instalaciones industriales, especialmente dedicadas a la fabricación de indianas.¹ En el siglo XIX, con el crecimiento económico, industrial y poblacional, el recinto de la ciudad amurallada de Barcelona se vuelve insuficiente y surgen importantes núcleos fabriles en el llamado Pla de Barcelona, a extramuros, en los municipios -hoy distritos de la ciudad- de Sant Martí o Sants (Tatjer, M. 2006; Oliveras Samitier, 2013). La necesidad de nuevos espacios para las fábricas, principalmente del sector textil, concentró la superficie industrial en las dos áreas mencionadas y le valió al distrito de Sant Martí el sobrenombre de “el Manchester Català”.² Barcelona fue el motor industrial de Catalunya y -junto con el País Vasco- la pionera de la Revolución Industrial en España, rivalizando con otros centros industriales europeos de primer orden.

El paso de una ciudad industrial a una ciudad postindustrial y postfordista trajo consigo la crisis de la actividad manufacturera; así, en el último cuarto del siglo XX se inició una transformación en el proceso y el espacio productivo. Algunos de aquellos recintos industriales se aprovecharon para albergar otras actividades económicas auxiliares como talleres, almacenes o transportes mientras que otros edificios fueron cayendo en el abandono.

Figura 1
– Localización de España en la Unión Europea

Figura 2
– Localización de la provincia de Barcelona en España

Figura 3
– Ubicación de los dos complejos fabriles en los barrios de Barcelona

Cabe señalar que Barcelona, como ciudad industrial, cuenta con un importante patrimonio fabril de gran singularidad arquitectónica; pues su momento de auge industrial coincide con el desarrollo del modernismo. No en vano, cuando la marca Barcelona invade el panorama turístico con la Sociedad de Atracción de Forasteros (primer ente promotor de turismo de la ciudad de Barcelona) en las primeras décadas del siglo XX, ya puso en valor este patrimonio industrial e invitaba a los forasteros a visitarlo (Palou Rubio, 2019). El interés en la recuperación del patrimonio fabril sigue a día de hoy, por lo que no cabe duda de que, la integración del patrimonio en las agendas urbanas de las políticas locales desempeña y desempeñará un rol importante (Gómez et al., 2020; Crespi Vallbona, 2021).

Patrimonio industrial y revitalización urbana

La protección y refuncionalización del patrimonio industrial en las grandes ciudades se encuentra en la encrucijada entre la preservación de la identidad colectiva, el desarrollo local y la proyección global.

En primer lugar, el patrimonio cultural se refiere al conjunto de bienes muebles, inmuebles e inmateriales heredados del pasado y que muestran las señas de identidad social e histórica de una comunidad (Querol, 2010; Crespi Vallbona y Planells Costa, 2003); el patrimonio industrial alude a los elementos de la cultura material de la sociedad industrial capitalista, generados en el desarrollo histórico por las actividades productivas y extractivas del hombre (Carta Nizhny Tagil, 2003). Las personas se identifican con estos elementos heredados del pasado (Gómez et al., 2020); así, estos escenarios socioespaciales desempeñan una función crucial en el anclaje de las vidas y las identidades de las personas (Preece, 2020). Benito del Pozo (2002) destaca que el patrimonio industrial surge de los procesos de reorganización de sectores industriales tradicionales, generando ruinas que influyen en la identidad colectiva; por ello, el patrimonio industrial es un vestigio que remite a los lugares de la memoria colectiva (Marcos Arévalo, 2004). Estas estructuras patrimoniales adquieren importancia para las personas y se vinculan a la trascendencia que los vecinos otorgan al espacio en el que viven, como elemento de cohesión, reforzando el sentido de pertenencia (Gómez et al., 2020; Bennett, 2012; Crespi Vallbona, 2003). La preservación del patrimonio industrial es atractiva para cualquier sociedad pues le permite redescubrir con imágenes creadas y proyectadas, su identidad y su pasado; le permite compartir y disfrutar de espacios cotidianos que persisten con otros usos.

En segundo lugar, en el contexto de la ciudad postindustrial, las antiguas estructuras fabriles se han convertido en un importante sujeto de transformación urbana puesto que constituyen un elemento fundamental en la ordenación y planificación del desarrollo territorial. Sus nuevos usos y la gestión de los mismos devienen un factor clave en el desarrollo económico local (Capel, 1996; Álvarez, 2010), así como en su proyección y posicionamiento global. Este proceso implica la conservación, adaptación y reutilización de antiguos espacios industriales para fines contemporáneos, como equipamientos culturales, comerciales o residenciales. La reutilización de estos espacios dinamiza la economía local; en este sentido, el patrimonio industrial se convierte en elemento relevante desde el momento en que se incluye en la promoción de las políticas culturales como estrategia de desarrollo económico local. En la década de los años ochenta, las ciudades europeas desarrollaron políticas culturales que se convirtieron en motores de regeneración urbana (Dot Jutglà y Pallarès-Barberà, 2015) y ello implicó una construcción simbólica del patrimonio industrial como “marca” en la proyección global. El patrimonio industrial revitalizado puede convertirse en un atractivo turístico único que proyecta la historia y la cultura locales a una audiencia internacional.

Esta triple naturaleza del patrimonio industrial como símbolo de identidad y de memoria colectiva; como estrategia de desarrollo local y como elemento para generar una “marca” que atrae una nueva economía y posiciona globalmente la ciudad genera fuertes tensiones, (des)equilibrios y des(encuentros) entre vecinos, administraciones locales e inversores privados, sobre todo inmobiliarios. Las operaciones de transformación urbana de revitalización de áreas industriales degradadas, subutilizadas o abandonadas conllevan dinámicas de elitización y de gentrificación al cambiar la composición demográfica y socioeconómica existente previamente. En un contexto de fuerte especulación inmobiliaria, el suelo industrial se convierte en una pieza altamente codiciada y competitiva donde la lógica de producción del espacio está supeditada al capital. La competitividad y la obtención de beneficios dan lugar a un tipo de urbanismo de corte neoliberal (Theodore, Peck y Brenner, 2009; Díaz Oureta y Lourés, 2013) orientado a la producción de plusvalía para asegurar los circuitos de acumulación (Harvey, 2007).

En este marco, han surgido movimientos sociales de resistencia que han permitido detener la desaparición del patrimonio y que apuestan por otros usos del territorio (Paül i Agustí; Casals Alsina, 2023). Este artículo analiza dos de éstos casos: Can Ricart y Can Batlló.

Fases de gestión del patrimonio industrial

Con la finalidad de contextualizar los dos casos de estudio conviene relatar la historia de la gestión del patrimonio industrial de la ciudad de Barcelona desde los inicios de la democracia.

La revitalización económica y urbanística de la ciudad tuvo como importante acicate la proclamación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992 (JJOO). Sin embargo, desde antes de esta fecha ya habían existido diversas experiencias de recuperación del patrimonio industrial en la ciudad. Si bien es cierto que la celebración de los Juegos Olímpicos trajo consigo la necesidad de vivienda, de alojamientos hoteleros, de equipamientos de ciudad y de servicios, esta coyuntura marcó un antes y un después en la regeneración urbanística de la ciudad. Una parte importante de los nuevos equipamientos se albergaron en el distrito de Sant Martí, en el antiguo barrio de Icària, que fue demolido completamente para la construcción de la Vila Olímpica.

Checa-Artasu (2007; 2015) establece cuatro etapas en la recuperación y gestión del patrimonio industrial de la ciudad a la que se le añade una última fase postcovid:

a) La primera etapa, abarca el período desde el inicio de los primeros ayuntamientos democráticos hasta la proclamación de Barcelona como sede de los JJOO (1979-1986). Desde finales de los años setenta (incluso antes), los primeros movimientos vecinales y las primeras agrupaciones políticas de izquierdas fueron artífices de protestas ciudadanas que reclamaban equipamientos básicos en un contexto de un urbanismo salvaje que había generado grandes carencias (Recio y Naya, 2004). Las acciones que siguieron a estas protestas pasaron por reclamar la rehabilitación y reutilización de antiguos edificios industriales para usos públicos.

La efervescencia de la intensa lucha vecinal de la transición democrática reclamaba, entre otras cuestiones, espacios de encuentro comunitario para el ocio y la cultura en los barrios; el ayuntamiento de Barcelona recogió estas reivindicaciones populares e inició una política cultural basada en la creación de equipamientos culturales descentralizados (Alabart et al., 2008) y dotó de Centros Cívicos³ a los barrios de la ciudad. Ello implicó un posicionamiento de la administración local con el patrimonio industrial de la ciudad.

Ejemplos de esta primera etapa son la creación de centros cívicos y culturales aprovechando infraestructuras industriales o equipamientos obsoletos. Muchas son las muestras en la ciudad: el Centre Cívic Les Cotxeres de Sants, inaugurado en 1984, en las antiguas cocheras donde se guardaban los tranvías; el Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs, inaugurado en 1982 en los antiguos comedores y salas de celebraciones de la antigua Fábrica La España Industrial; el Centre Cívic Can Felipa en Sant Martí en 1984, en las antiguas instalaciones de la fábrica Central de Acabados textiles. Pero también: el Centre Cívic de Sant Andreu de 1982 (Antigua fábrica Balcells i Cia., también cocheras y talleres de tranvías) o el Centre Cívic la Sedeta de 1983, en el barrio de Gràcia (antigua fábrica Salvador Casacuberta) entre otros ejemplos. La dotación de Centros Cívicos fue una parte de la política de regeneración urbana de base cultural, que reactivó el patrimonio industrial para la instalación de equipamientos culturales en sintonía con la tendencia general de las ciudades contemporáneas de situar la cultura como eje del desarrollo urbano (Sánchez-Belando, 2015).

b) La segunda etapa estuvo marcada por la nominación de Barcelona como sede de los JJOO de 1992 y se caracterizó por la inversión del capital privado en la profunda remodelación urbanística de la ciudad (1986-1999).

La mejora urbana de Barcelona supuso una importantísima revalorización del suelo y ello significó un potente reclamo para inversionistas que vieron la oportunidad de enriquecerse con el desarrollo inmobiliario. Las entidades financieras y las inmobiliarias pasaron a ser actores determinantes en el desarrollo urbano de la ciudad postfordista (Tatjer, 1988); el cambio de orientación en la tenencia del suelo que pasa a manos privadas determina el hecho que Barcelona pase de ser una ciudad industrial a una ciudad de consumo (Tello, 1993).

Una gran parte de la infraestructura residencial olímpica (Vila Olímpica) se construyó enteramente en el antiguo barrio de Icària, en el distrito de Sant Martí. La refuncionalización del suelo urbano para la celebración de los JJOO implicó una transferencia de la propiedad de este; si bien es cierto que el gobierno local adquirió los terrenos, la participación de los accionistas privados en la empresa creada en 1986 para ejecutar el proyecto de la Vila Olímpica (Villa Olímpica S.A.) como sociedad privada municipal, puso el proyecto en manos de grupos inmobiliarios privados (Navas Perrone, 2018). De esta manera el proyecto de la Vila Olímpica fue concebido con criterios de rentabilidad inmobiliaria dirigido a familias de clase media-alta, demoliendo y arrasando por completo el barrio obrero y su patrimonio industrial del que tan solo queda un vestigio, la chimenea de Can Folch.

En esta etapa, la reutilización de los antiguos espacios industriales sobrepasa la acción pública. Por un lado, se observan -tal y como se ha explicado- acciones en relación con la recuperación (cuando la hay) del patrimonio industrial que responden a lógicas de especulación económica e inmobiliaria como es el caso que se ha mencionado.

Sin embargo, en esta etapa existen otros ejemplos de reutilización de patrimonio industrial. Así, se muestran acciones de recuperación del patrimonio industrial que comparten la actividad cultural con actividades ligadas a profesiones creativas y a las tecnologías de la información. Un ejemplo de ello es Palo Alto, un recinto fabril en Poblenou dedicado primero, a la industria textil y luego, a productos alimentarios que agrupa desde 1989 una serie de empresas dedicadas a la fotografía, arquitectura y otras actividades del sector creativo. Otro ejemplo de recuperación del patrimonio desde el sector privado es el caso de la Fábrica Casarramona en Sants-Montjuïc que adquiere una entidad bancaria y la convierte en la Sede del CaixaForum de Barcelona, un espacio cultural dedicado, mayoritariamente, al arte contemporáneo. Por último, un ejemplo, muy distinto, es el caso de la fábrica Manufacturas Serra Balet; situada en el mismo distrito de Sants Montjuïc que hoy es sede del Club Esportiu Mediterrani, ante la necesidad del barrio de tener un equipamiento deportivo y de parar la presión inmobiliaria, los vecinos presionaron para que el club deportivo pudiera acceder a la compra de la fábrica que había cerrado sus puertas en 1982, se avanzara a las inmobiliarias y pudiera establecer allí su nueva sede.

c) Una tercera etapa viene marcada por las tensiones vecinales en el uso del patrimonio industrial y la competencia del mercado. Checa Artasu (2015) la sitúa entre 1999 y 2007, atendiendo a la redacción del Plan Estratégico del Sector Cultural de Barcelona en 1999 hasta el estallido de la crisis financiera e inmobiliaria de 2007, se trata de una etapa que coincide de pleno con la época de bonanza económica.

En este momento se potenciaron los equipamientos culturales con la necesidad de buscar inversores privados ante la escasez de recursos municipales. La creciente revalorización económica de la ciudad de Barcelona ejerce una intensa presión inmobiliaria que difícilmente se puede compatibilizar con la salvaguarda del patrimonio industrial que ocupa grandes solares muy codiciados por los grandes inversionistas. La administración local no puede competir con el mercado privado y actúa vendiendo activos y promoviendo la celebración de eventos internacionales que incorporan grandes proyectos inmobiliarios. Dos ejemplos de ello fueron la celebración del Fórum de las Culturas 2004 (aprobado en 1997) o el Distrito 22@ (aprobado en 1999), en el mismo distrito industrial de Sant Martí.

El proyecto Distrito 22@⁴ es un ejemplo de regeneración de grandes áreas industriales y reconversión en un polo de nueva centralidad vinculada a la nueva economía basada en el conocimiento, la innovación y la tecnología (Martín-Gómez y Valencia, 2022).

Sin embargo, en este momento y en este distrito (Sant Martí) se recuperan como equipamientos distintos recintos fabriles desde la iniciativa de distintas instituciones públicas. Ejemplo de ello es la rehabilitación de Can Canela (antigua fábrica de maquinaria textil) que fue adquirido por el Institut Català de Tecnologia; Can Jaumendreu (antigua fábrica de tejidos de lana) adquirida por el Ayuntamiento de Barcelona, hoy sede de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); Ca n’Aranyó hoy sede de la Universitat Pompeu Fabra; el almacén textil Can Munné que acoge la escuela de diseño BAU o Can Framis (fábrica textil) que hoy alberga el Museo de Pintura Contemporánea de la Fundación Vila Casas.

A su vez se preservan como sedes de empresas: la fábrica Ametller (del sector de la alimentación) hoy dedicada a la empresa Teuve (comunicación); la Fábrica de Metales y Platería Ribera (cuberteria) dedicada a T. Systems (TIC).

En general, esta etapa se caracteriza por una tensa relación entre la demanda ciudadana que reclama equipamientos y preservación del patrimonio y la presión inmobiliaria ante la revalorización de estas áreas.

d) La última etapa descrita por Checa-Artasu (desde 2008 hasta 2020) aborda la gestión del patrimonio industrial durante crisis económica. La crisis paralizó los créditos hipotecarios y las grandes inversiones inmobiliarias en la compra y rehabilitación de estos centros fabriles. Las administraciones públicas se quedaron sin crédito.

En este contexto caben destacarse dos casos de movilización ciudadana. En el distrito de Sants, el conjunto fabril de Can Batlló, donde la iniciativa vecinal logró parar la actividad especuladora. La crisis inmobiliaria impidió que se pudiera llevar a cabo la construcción de viviendas privadas. Esta coyuntura fue favorable a que los vecinos pudieran disfrutar de este complejo industrial y darle un nuevo uso público y comunitario, de manera autogestionada. Y, en el distrito de Sant Martí, el caso de la fábrica de Can Ricart donde la acción cívico social se movilizó para lograr proteger edificios simbólicos y que el uso de estos se dedicase a equipamientos sociales de tipo cultural. Ambas iniciativas con resultados distintos.

e) La última etapa se desarrollaría a partir del año 2020: Tras el Covid, se observa un retorno a la fórmula de colaboración entre administración pública y capital privado. Un ejemplo es la transformación del Port Vell de Barcelona con motivo de la celebración de la 37ª edición de la Copa América de Vela⁵ que tendrá lugar en agosto de 2024. Hasta el momento diferentes proyectos están planificados (en los Tinglados del puerto, en la Lonja de los Pescadores, etc.), algunos de los cuales tienen el objetivo de acercar y devolver el puerto a los ciudadanos.

Resistencias ciudadanas

Los dos estudios de caso muestran evoluciones diferentes en la refuncionalización del patrimonio industrial. Ambos conjuntos fabriles se han convertido en un importante elemento de la renovación urbana y han protagonizado las tensiones entre la ciudadanía, la administración y el capital privado. Mientras que Can Ricart se encuentra en un barrio objeto de una profunda transformación urbanística y la inversión privada ha eclipsado la inversión pública que no logra poder asumir la rehabilitación y la ejecución de los proyectos; Can Batlló, es un ejemplo donde la iniciativa social ha conseguido subvertir la inacción de la administración; contrarrestando la tendencia de una racionalidad de mercado (Sánchez-Belando, 2017) y a través de un proyecto autogestionario ha logrado “devolver” la fábrica al barrio.

Can Ricart: cuando la inversión privada ahoga la iniciativa social

Can Ricart es un conjunto industrial que languidece en medio de una gran transformación urbanística e inmobiliaria en la zona del 22@, en el barrio del Poblenou.

Can Ricart fue una de las primeras fábricas de estampación mecánica de tejidos de algodón en Cataluña, un referente histórico de la industrialización para la ciudad de Barcelona, en el barrio del Poblenou. Se sitúa en el antiguo eje industrial de la calle de Pere IV, junto a otras antiguas fábricas (como Oliva Artés, Ca l’Alier, l’Escocesa o Ca l’Illa). Estas naves históricas fueron declaradas Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) en 2008⁶ por la Generalitat de Catalunya, el máximo nivel de protección patrimonial. La catalogación se logró después de que estudios de expertos como Mercè Tatjer y Marta Urbiola (2005) mostraran el gran valor histórico y arquitectónico de Can Ricart. Pero también fue decisiva la larga movilización de entidades como el Fòrum Ribera del Besòs, la Asociación de Vecinos del Poblenou y otras, para impedir el derribo del conjunto industrial, convirtiéndose en el símbolo principal de la lucha por la preservación del patrimonio y la memoria del trabajo.

Desde su origen a mediados del siglo XIX (1853), Can Ricart (que debe su nombre al propietario de la fábrica, Jaume Ricart i Guitart) se especializó inicialmente en la producción textil de estampados, al igual que el resto de complejos industriales de Poblenou. Arquitectónicamente, este conjunto fabril está formado por un sistema de naves, plazas y pequeños pasajes que permiten la entrada a los diferentes volúmenes edificados. Las construcciones son muy variadas y de gran sencillez formal, presentan diversas alturas que van desde una sola planta hasta planta baja y dos plantas piso, y están realizadas a base de ladrillo revestido de estuco. Destacan dos elementos: la torre del reloj de sección cuadrada con reminiscencias neorrománicas, y la chimenea de obra vista. Es obra del arquitecto Josep Oriol Bernadet y destaca por ser un ejemplo relevante del patrimonio industrial barcelonés, de tradición estilística neoclásica pues su composición es claramente simétrica aunque pobre en cuanto a elementos ornamentales. El interés radica en que la fábrica de Can Ricart fue una de las primeras proyectadas por un arquitecto académico y no por un maestro de obras, basándose en una formalización estética neoclásica, sin seguir el modelo manchesteriano de obra vista usual en la arquitectura industrial.

En sus orígenes, la fábrica Can Ricart se destinó al blanqueo, tinte y estampado de tejidos de algodón con rodillos metálicos, impulsados por vapor. Hacia 1913, Can Ricart pasó a formar parte del grupo empresarial textil de la familia Bertrand y Serra, que mantuvo durante unos años las actividades con el nombre de Filatures Ricart S.A. hasta que fue absorbida definitivamente en 1925. A partir de 1922, el gran recinto fabril del Poblenou se convirtió en un parque industrial de locales en alquiler con la instalación de la Compañía Hispano Filipina, dedicada a la producción de aceite de coco y jabón. Poco después llegó la Sociedad Ibérica de Industrias Químicas, creada en 1923, que ocupó varias instalaciones hasta 2005. La actividad textil se mantuvo en una parte del conjunto fabril por una empresa de estampados que en 1931 había pasado a ser propiedad de J. Font y que hasta hace pocos años se ha mantenido como fábrica de tintes. Tras la Guerra Civil española, hubo en una parte del recinto la Fundición Dalia, y posteriormente llegaron la empresa Arnella del sector del papel y artes gráficas, y varios talleres mecano-metalúrgicos. La gran flexibilidad de los espacios de la inicial fábrica de estampados permitía albergar todas estas nuevas actividades sin cambios estructurales.

Aparte del legado patrimonial tangible, Can Ricart y toda esta área conocida como “El Manchester Catalán” destaca por su patrimonio inmaterial. Fue el epicentro de una densa red de asociaciones y grupos de protesta, caracterizados por centrarse en el sindicato como fuerza potencial para un cambio revolucionario, forjando las condiciones ideales para la implantación de una fuerte tradición cooperativa que aún hoy es visible en el barrio (Martí-Costa y Bonet-Martí, 2009).

La llegada del postfordismo a Barcelona (en la segunda mitad del siglo XX) comportó el cierre continuado de fábricas y el consecuente abandono del barrio, con grandes solares vacíos y naves llenas de escombros. Para el caso de Can Ricart, su cierre definitivo en 2005 (albergaba 250 puestos de trabajo) supuso el inicio de un proceso de degradación y deterioro de sus instalaciones y terrenos. Sin embargo, los precios de alquiler bajos y los amplios espacios vacíos atrajo nuevos actores centrados en la creatividad, el arte y el diseño como en el resto del barrio (Martí-Costa y Bonet-Martí, 2009).

Tan sólo una pequeña parte, que es pública (un conjunto de naves, pasajes y plazas) ha sido (hasta el momento) rehabilitada. Concretamente, las naves que ocupan el Hangar, un centro dedicado a la investigación y la producción artística, el Casal de Joves (gestionado desde el 2016 por la coordinadora de entidades juveniles del Poblenou) y la Plataforma Eix Pere IV (en la Chimenea). En 2021, el Ayuntamiento puso en marcha la rehabilitación de la Nau Annexa, largamente reclamada por las entidades del barrio y que fue uno de los proyectos seleccionados en los presupuestos participativos Decidim BCN, con un presupuesto de un millón de euros.

El edificio, de dos plantas, fue la casa del contramaestre de la fábrica, y durante muchos años albergó la cantina. Las obras de estabilización del edificio han permitido sacar a la luz suelos, estructuras y canalizaciones de los inicios de la fábrica. Ahora se está redactando el proyecto para adecuar la nave, con 200 m², y habilitar salas polivalentes en el interior, para destinarlas a usos comunitarios.

Por su parte, los promotores inmobiliarios ejercieron una gran presión para que los terrenos se reclasificaran para usos urbanos y vivienda. Así, la corporación municipal, que priorizaba una revitalización de la zona como distrito productivo, en aras a la "sociedad del conocimiento" (Trullen, 2011), sucumbió ante la necesidad del capital privado. Ante esta situación, la ciudadanía protagonizó un gran rechazo. Se produjo una amplia movilización de entidades como el Fòrum Ribera del Besòs, la Asociación de Vecinos del Poblenou (Salvem Can Ricart?) y otras, impidiendo el derribo del conjunto industrial. Can Ricart se convirtió en el principal símbolo de la lucha por la preservación del patrimonio industrial y la memoria del pasado obrero urbano. Una de las acciones de las plataformas ciudadanas consistió en la ocupación de Can Ricart y tuvo como resultado la protección del conjunto fabril como BCIN.

Desde 2008, la asociación de vecinos y vecinas de Can Ricart (Salvem Can Ricart?) documenta visualmente el deterioro del recinto con la finalidad de velar por los intereses de los habitantes del distrito X (Sant Martí), promociona el derecho a los equipamientos públicos para los vecinos del barrio y denuncia los actos que puedan ser considerados corrupción urbanística o violencia inmobiliaria.

El Ayuntamiento de Barcelona es titular de la mayor parte de las naves protegidas; cedió 6.800 m² a la Universitat de Barcelona (UB), para que se pusiera en marcha el Campus de les Arts. En 2013 se firmó el convenio de cesión y en 2015 se presentó un ambicioso proyecto del que, hoy en día, no hay nada. El resto de los terrenos fueron vendidos a empresas privadas (Figura 4). El dinamismo del sector privado contrasta con los proyectos públicos que siguen frustrados en la antigua fábrica. Así, con una inversión de más de 400 millones de Euros se construirán 70.000 m² de oficinas, más de 600 plazas de alojamiento entre un hotel y una residencia de estudiantes y dos promociones de lofts.

Figura 4
– Conjunto de Can Ricart en las obras de transformación

El Campus de les Arts es un proyecto ambicioso aún sin financiamiento. Se trata de una plataforma que reúne los 19 centros de enseñanzas artísticas superiores que hay en Cataluña – donde se imparten estudios de bellas artes, diseño, música, danza, cine y conservación o restauración y que sumarían unos 8.000 estudiantes - y seis universidades. Actualmente, un equipo de arquitectos está redactando los proyectos básicos y ejecutivo, con financiamiento de la Conselleria de Recerca i Universitats (Consejería de Investigación y Universidades). Sin embargo, se necesitarán más de 16 millones y medio de euros para poner en marcha el Campus. Desde hace tiempo, la UB ha solicitado la financiación a fondos europeos como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o el Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) o a través de los fondos Next Generation UE, hasta el momento sin éxito. No obstante, a nivel institucional, se ha puesto en marcha el Campus de les Arts con la realización de actividades académicas.

Contrariamente, los promotores privados muestran un notorio dinamismo, en cuatro de las edificaciones incluidas en la protección patrimonial como BCIN de Can Ricart. Por ejemplo, Bonavista, una de las empresas promotoras, trabaja en la rehabilitación de cuatro naves, con 2.500 m², para convertirlas en 25 viviendas, con el nombre de Can Ricart Lofts (Figura 5). La obra, dirigida por el arquitecto Daniel Mòdol, pretende respetar la estructura y recuperar las fachadas, aberturas, cubiertas y vigas, para devolverlas al aspecto original del siglo XIX. La inversión es de unos 14 millones de euros. Justo al lado avanza la construcción de una nueva residencia de estudiantes de 250 habitaciones y capacidad para 265 personas. La previsión es que la residencia, formada por dos edificios conectados, esté lista en septiembre de 2024.

Figura 5
– Imagen virtual de Can Ricart Lofts Bloc D

Los edificios de oficinas de lujo centran la otra apuesta de la iniciativa privada en el entorno de Can Ricart. El primero que se ha completado, llamado One Parc Central, diseñado por el equipo de arquitectos Batlle i Roig, consta de 12 plantas con 2.000 m² cada una, todas con terraza hacia el parque central del Poblenou. Ya hay dos plantas alquiladas a empresas tecnológicas y también convencionales. La empresa promotora, Dos Puntos Asset Management, que ha vendido el edificio a un fondo de inversión internacional, trabaja en la construcción de un segundo edificio, el Two. En conjunto, realizan una inversión de unos 150 millones de euros.

En el mismo sector está tomando forma otro gran complejo, Urbit, también propiedad de un fondo de inversión internacional, con un total de 60.000 m², en el que habrá dos edificios de oficinas conectados, con 25.700 m², con amplias cubiertas ajardinadas y donde se prioriza la eficiencia energética (Figuras 6 y 7). Además, un hotel Marriott de 52 m de altura, con 185 habitaciones y 350 plazas. Estos edificios son obra de Artur Fuster del estudio de arquitectos QID. Urbit también incluye la transformación del edificio principal de la antigua fábrica de helados Frigo, donde se creará un conjunto de lofts, con un total de 3.500 m² (Figura 8).

Figura 6
– Imagen virtual de los edificios Two Parc Central i Urbit ante les naves históricas de Can Ricart

Figura 7
– Imagen virtual de todas las edificaciones previstas alrededor Can Ricart

Figura 8
– Las naves de Can Ricart rodeadas de nuevas construcciones

En lo que se refiere a la Administración pública, está pendiente un proyecto del Instituto de Cultura de Barcelona para la rehabilitación de dos naves del antiguo recinto industrial, donde se encontraba el sistema energético que alimentaba el conjunto fabril, compuesto por la sala de la máquina de vapor y la sala de calderas (Figura 9). La sala de la máquina de vapor, ubicada en una nave cuadrada, fue una de las primeras en instalarse en el barrio del Poblenou tras su industrialización y era el corazón del sistema energético de Can Ricart. Enfrente se encuentra la nave de la sala de calderas, formada por dos cuerpos con cubiertas a dos aguas, muy cerca de la chimenea de la fábrica. El objetivo es primero consolidar los dos edificios, los únicos con este sistema de producción de energía de mediados del siglo XIX que se han conservado en el Poblenou, para hacerlos visitables y luego habilitarlos como espacio museográfico.

Figura 9
– La central energética de Can Ricart, con la sala de la máquina de vapor y la sala de calderas

Si bien, las movilizaciones ciudadanas paralizaron la desaparición y deterioro absoluto del conjunto fabril de Can Ricart y una parte de las naves y espacios son municipales y con proyectos consolidados para equipamientos, hay otra parte importante que está en manos privadas. El Ayuntamiento supervisa la urbanización de este espacio público en torno a Can Ricart, negociando con los promotores la armonización del conjunto y dejar espacios libres en las plantas bajas. El objetivo es intentar evitar que la edificabilidad permitida – concentrada en el perímetro para poder preservar las naves históricas – ahogue el conjunto patrimonial. Pero es un equilibrio difícil. Aparentemente, parece que el patrimonio histórico de Can Ricart va a quedar inadvertido, perdiéndose (u olvidándose) su pasado industrial. Y, por último, cabe añadir el desencanto ante avance sumamente lento en la ejecución de la rehabilitación de las navas Industriales para la Universidad de Barcelona, más algunos proyectos públicos fallidos, como la Casa de les Llengües y el Parc de les Ciències i les Humanitats.

Como indican Martí-Costa y Bonet-Martí (2009), la recuperación de Can Ricart ha sido el resultado de un modelo de planificación descendente. En consecuencia, el proceso no ha tenido en cuenta las sinergias iniciales que se habían desarrollado entre las actividades industriales y artesanales tradicionales y los nuevos centros creativos. Los promotores privados han acaparado el papel protagonista, así que las viviendas y oficinas (que atraen a nuevas actividades económicas) apuntan a un proceso de gentrificación.

Para concluir, queremos destacar tres aspectos clave de esta transformación urbana. En primer lugar, el plan del ayuntamiento puede considerarse un ejemplo de lógica descendente. Una lógica descendente que intenta generar artificialmente una mezcla de usos y que, en última instancia, produce mayores costes de oportunidad que si se buscara una verdadera integración entre la ciudad practicada y la planificada. En segundo lugar, la aparición de una red de oposición fuerte y diversa, con prácticas creativas y capacidad para proponer soluciones alternativas, puede, al menos en parte, modificar los planes municipales. Sin embargo, en este caso, los intereses inmobiliarios y de la propiedad, junto con el ayuntamiento que depende de ellos para el desarrollo del 22@bcn, prevalecieron sobre las reivindicaciones del movimiento vecinal. Por último, el análisis del conflicto de Can Ricart muestra que la defensa del patrimonio industrial puede ser un importante catalizador para la movilización urbana. No obstante, si en el reconocimiento del valor del patrimonio no se tienen en cuenta los usos y modos de vida asociados, el potencial de la movilización siempre correrá el riesgo de verse comprometido institucionalmente.

El caso de Can Batlló: cuando la acción ciudadana transforma el espacio público

Can Batlló es un complejo fabril situado en el barrio de la Bordeta, en el distrito de Sants (otro de los motores de la industrialización de Barcelona durante el siglo XIX y principios del XX), hoy es un ejemplo de autogestión en la recuperación y refuncionalización del patrimonio industrial por parte de la ciudadanía.

Can Batlló fue una fábrica textil de Hilados y tejidos de algodón, blanqueo, estampados y aprestos (Figura 10); fue uno de los “tres vapores” del distrito (junto con Vapor Vell y la España Industrial) que son testimonio de la intensa e importante actividad industrial del barrio. El conjunto industrial está protegido como bien cultural de interés local (BCIL) desde el año 2000.⁷ Se trata de una obra del ingeniero Juan Antonio Molinero, de estilo ecléctico.

Figura 10
– Complejo industrial Can Batlló a finales del s.XIX

La fábrica fue propiedad de Juan Batlló; se inauguró en 1878 en unos terrenos del municipio de Sants, que estaba a punto de anexionarse a Barcelona. Sus descendientes continuaron con la actividad empresarial – con el paréntesis de la Guerra Civil, en que una parte de la fábrica se colectivizó para producir explosivos para el ejército republicano (Rigola, 2020) – hasta que en 1943 traspasaron la propiedad al empresario Julio Muñoz Ramonet. La actividad empresarial fue creciendo de manera que se fueron construyendo nuevas naves alcanzando una superficie de más de 13 hectáreas, una de las mayores de la ciudad. Durante la crisis del sector textil, en 1964, el nuevo propietario compartimentó el conjunto industrial en espacios que fueron realquilados a más de 200 pequeñas empresas, talleres y almacenes que ocuparon a más de 1.500 personas (Baiges, 2015).

Durante la década de los años 70 emergieron y se reanudaron en el barrio – como en otros muchos lugares – protestas y luchas vecinales (en la clandestinidad) con la finalidad de recuperar zonas verdes para un espacio hiperdensificado y dotar de servicios y equipamientos a una población creciente. Sin embargo, el pasado industrial y obrero del barrio contribuyó a forjar una tupida y densa red asociativa (Dalmau y Miró, 2010) y reivindicativa que partía de las sociedades obreras en defensa de las condiciones laborales y de ayuda mútua así como de las cooperativas de consumo que habían existido en el barrio; éstas constituyeron un importantísimo substrato de los movimientos sociales que organizaron la resistencia ante el declive de la ciudad industrial y el auge inmobiliario (López-Villanueva y Crespi Vallbona, 2021).

Can Batlló fue reivindicado por los vecinos como un espacio a recuperar para ubicar equipamientos escolares, sanitarios, deportivos, sociales y zonas verdes, carentes en el barrio. La fuerza de la oposición vecinal fue clave para poner las bases del Plan General Metropolitano (PGM) de 1976, que calificó el recinto como zona verde y área de equipamientos, ante la política municipal del momento que preveía la apertura de grandes vías de comunicación que hubieran supuesto un desgarro de la trama urbana y un cambio en la morfología de la zona.

A pesar de que, durante los años ochenta, el movimiento vecinal reivindicara la ejecución del plan y el gobierno local (socialista) se comprometiera en 1981 a iniciar los trámites para para realizar las obras, el plan no se ejecutaría hasta 2011, treinta y cinco años más tarde. Esta dilatación temporal provocó un progresivo deterioro y abandono, una degradación planificada según Dalmau (2014) refiriéndose a la desvaloración, en este caso por omisión, para un posterior crecimiento del valor del suelo (Smith, 1979). Ante este escenario de desinversión y la desindustrialización, las pequeñas empresas que se habían ubicado en el complejo se fueron trasladando o desapareciendo.

Hacia la segunda mitad de la década de los 90, el crecimiento de la economía basado en el boom inmobiliario generó nuevas expectativas de lucro a los propietarios (descendientes de Julio Muñoz Ramonet y constituidos en empresa inmobiliaria Grupo Gaudir, S.L.) que propusieron rentabilizar el conjunto industrial a cambio de 60.000 m² de edificabilidad, en los que se proyectaban unas torres de lujo en la Gran Vía, y se cedía el resto de terreno para uso público (Castro et. al. 2011). El ayuntamiento no cedió a la iniciativa privada en un primer momento, pero dejó abierta la posibilidad de alterar el PGM a partir de una permuta de suelo urbanizable. Ello permitiría construir a la empresa propietaria 600 pisos y el ayuntamiento podría financiar la renovación urbana; sin embargo, los propietarios presionaron para obtener un mayor rendimiento económico y el proyecto continuó paralizado.

Los repetidos bloqueos del proyecto desencadenaron reiteradas protestas vecinales que se materializaron en un encierro en la iglesia contigua de Sant Medir en junio del año 2005. Con la finalidad de desatascar el proceso, el ayuntamiento renegoció nuevamente con la propiedad y, en 2006, se realizó una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) añadiendo a Can Batlló los terrenos vecinos de La Magòria que permitieron aumentar el volumen edificable de viviendas de renta libre con más de 1.300 pisos. (Castro et al., 2011).

Cuando la situación parecía haberse encauzado, en 2007, sobrevino la crisis financiera e inmobiliaria que bloqueó nuevamente la ejecución del proyecto y ello provocó un gran malestar social. La recesión económica evidenció la subordinación del planeamiento urbanístico al negocio inmobiliario. Las formas de gobernanza urbana dejaron en un segundo plano compromisos sociales para pasar a orientarse prioritariamente hacia el mercado. La crisis económica puso sobre la mesa la fragilidad del modelo de gobernanza y significó, en algunos casos, una ventana de oportunidad para la innovación en la gestión del territorio.

Ante la incapacidad de desbloquear el planeamiento aprobado, el malestar vecinal fue creciendo y se organizó en la Plataforma Can Batlló és pel Barri⁸ que inició una campaña de fuerte presión para reclamar el inicio de las obras. En el año 2009 los vecinos pusieron una fecha límite (11 de junio de 2011) y en el caso de no iniciarse la ejecución del proyecto se procedería a entrar en el recinto para autogestionarlo. Días antes que expirara la fecha, ante la fuerza de la insistente campaña vecinal, muy mediática y legitimada por el movimiento del 15M,⁹ el ayuntamiento llegó a un pacto con los vecinos, cedió las llaves y concedió el uso de una nave (Bloc 11)¹⁰ al movimiento vecinal que realizó una entrada simbólica (Figura 11)

Figura 11
– Manifestación y entrada en el recinto del día 11 de junio de 2011

En 2019 se firmó un convenio pionero, de cesión de las naves por 50 años (distribuidos en 30 años, más dos prórrogas de 10 años) a la plataforma ciudadana. Can Batlló se constituye en la actualidad como Espacio Comunitario y Vecinal Autogestionado, con casi 500 personas voluntarias que ofrece servicios más de 48.000 usuarios (Rigola, 2020).

La transformación del recinto, que se activa a partir de 2011, empieza en la nave Bloc 11. En primer lugar, se habilita una biblioteca autogestionada popular Josep Pons¹¹ (Figura 12) con fondos procedentes de donaciones; se habilita un bar, un espacio de encuentro, un auditorio y diversas salas polivalentes para la realización de actividades.

Figura 12
– Biblioteca Josep Pons

La creciente actividad se ha concretado con la cesión de más espacios en los cuales se han ubicado diferentes iniciativas como un centro de documentación especializado en movimientos sociales de base (Figura 13), un espacio familiar, un espacio para actividades de circo y otras artes escénicas o una imprenta colectiva además de la editorial o de un restaurante cooperativo.

Figura 13
– Fundació Salvador Seguí

En el recinto, además, se ubican otros proyectos que se fueron gestando en el marco de la Plataforma para instalarse en este espacio: Uno de ellos es la cooperativa de viviendas La Borda, de 28 viviendas, bajo la fórmula de promoción autogestionada por sus inquilinos (Figura 14). Las viviendas, en funcionamiento desde 2018, están emplazadas en un solar destinado a Vivienda de Protección Oficial (VPO) cedido por el ayuntamiento a 75 años.

Figura 14
– Cooperativa viviendas La Borda

Otro de estos proyectos es la Escuela Arcadia impulsado por un colectivo de maestros en 2009 y pensado como escuela--instituto, para niñas y niños de 0 a 16 años. El tercer gran proyecto es el Ateneo Cooperativo de Barcelona Coopolis, vivero de cooperativas que promociona la economía social solidaria; esta iniciativa se ha instalado el mes de marzo de 2024 en el Bloque 4BCN, acabado de rehabilitar, y hoy constituye el que se considera el centro de promoción de cooperativas más grande de Europa (Figura 15). El equipamiento del Bloc4BCN es un proyecto público-cooperativo cofinanciado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.

Figura 15
– Bloc 4BCN

Can Batlló, acoge además, otros servicios y equipamientos de ciudad. En una de sus naves rehabilitadas se emplaza desde 2019 la Escuela de Medios Audiovisuales de Barcelona (EMAV) (Figura 16), centro público integrado al Consorcio de Educación de Barcelona.

Figura 16
– Escuela de Medios Audiovisuales de Barcelona

Se había previsto la rehabilitación de la Nave 8 como nueva sede del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona y algunas dependencias municipales que deberían haber abierto sus puertas en 2022, sin embargo, el ayuntamiento ha renunciado al proyecto por motivos presupuestarios (Garcia, 2021).

La plataforma vecinal ha impulsado de manera activa la transformación urbana de este espacio público y ha conseguido una conexión urbana de las calles del recinto con el barrio. Para ello se han realizado diversas acciones: una ha sido simbólica, la demolición del muro perimetral de la fábrica que la abre e integra al barrio, otra ha consistido en la demolición parcial de un bloque, manteniendo parte de la estructura con la finalidad de generar un espacio público adosado a un gran parque (Figura 17), finalizado en mayo de 2023, con más de 1.000 m2 de espacio de juegos.

Figura 17
– Parque infantil de Can Batlló

En 2024 las entidades del barrio han firmado un manifiesto denunciando que el conjunto de Can Batlló sigue presentando un estado de conservación precario y han acusado al gobierno municipal de falta de voluntad política para ejecutar las inversiones necesarias. Si bien reconocen la inversión en el Bloc4BCN y en el parque infantil, reclaman presupuesto rehabilitar los espacios para dar continuidad a la labor que están desarrollando y dar cumplimiento al calendario de rehabilitaciones (Tot Barcelona, 2024).

La iniciativa desarrollada en Can Batlló es un ejemplo la importancia de la intervención del tejido social del barrio y de cómo ha conseguido revertir el abandono de un patrimonio industrial y de un barrio, desarrollando nuevas formas de producción del espacio y la generación de un nuevo tipo de equipamiento público y comunitario. Sin embargo, la amenaza de la degradación ante la falta de inversiones para llevar a cabo las rehabilitaciones necesarias se cierne, nuevamente, sobre el complejo industrial.

Conclusiones

La refuncionalización de los antiguos espacios industriales se ha convertido en un importante elemento para la renovación urbana. La reutilización de estos espacios ha tenido diferentes niveles de protección y de intervención, desde la demolición absoluta hasta la recuperación y la reconstrucción.

En el momento en el que el patrimonio industrial se convierte en una pieza importante para la transformación urbana, su gestión se sitúa en la encrucijada entre la preservación de un símbolo identitario que forma parte de la memoria colectiva; la oportunidad que permite un desarrollo local y la estrategia que contribuye a generar una “marca” que posiciona globalmente la ciudad.

Ello provoca tensiones y (des)equilibrios entre estas tres dimensiones y genera (des)encuentros entre los principales agentes urbanos: la ciudadanía, los propietarios del suelo, la administración local y los promomotores. La gobernanza del patrimonio industrial en la ciudad de Barcelona desde el advenimiento de la democracia refleja – tal y como se describe en el texto – diferentes formas de gestión, desde una iniciativa pública completa (ahora ya nada frecuente) hasta la inciativa privada plena o las colaboraciones público-privadas. El hecho que el patrimonio industrial se haya convertido en elemento clave para el desarrollo y planificación urbanos no lo exime de la lógica del mercado, del capital y de la especulación.

En un contexto de recesión económica, se ha evidenciado la incapacidad económica de los poderes públicos para acometer las acciones de renovación urbana, así como la subordinación del planeamiento urbanístico al negocio inmobiliario. Ello ha constatado la fragilidad del modelo. Justo en el contexto de crisis económica, ante el colapso económico de los poderes públicos y la previsión de reducción de beneficios de los inversores, los movimientos vecinales y ciudadanos se han podido articular, nuevamente, en resistencia ante la apropiación del suelo.

Del análisis de los dos casos, con resultados distintos, se constata que los movimientos ciudadanos han desarrollado nuevas formas de producción del espacio urbano y de gestión de equipamientos. La iniciativa ciudadana ha conseguido “conquistar” el espacio y generar un nuevo uso desde la autogestión. Can Batlló ilustra un ejemplo de innovación en la producción del espacio, el uso y la gobernanza.

Si bien la resistencia ciudadana ha logrado desbloquear e iniciar grandes proyectos de transformación de espacios industriales la ejecución completa de los mismos parece desvanecerse. El caso de Can Ricart muestra como promotoras inmobiliarias van enterrando un patrimonio industrial protegido, con planeamiento de equipamientos públicos que no logran arrancar por falta de presupuesto. De la misma manera que el compromiso de rehabilitación de las naves de Can Batlló destinadas a las actividades que parten de la autogestión no se acaba de ejecutar. El deterioro de los espacios protegidos contrasta con los nuevos edificios de cristales de lujo y de luz; espacios industriales que nuevamente corren el peligro de convertirse en escombros como objetos de una obsolescencia programada.

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Notas

• 1
  El término indianas hacía referencia un tipo de estampado sobre tela de algodón o hilo. Su fabricación se dirigía al comercio interior y exterior (las colonias españolas de América, las indias). Primero ocuparon bajos de viviendas y luego se fueron construyendo fábricas en la hiperdensificada ciudad de Barcelona del XIX.
• 2
  En 1888 se registraban en Sant Martí de Provençals 243 fábricas (Dot Juglà y Pallarés Barberà, 2015).
• 3
  Espacio público, abierto a la ciudadanía en el cual se desarrollan actividades ciudadanas para la dinamización sociocultural y comunitaria.
• 4
  El Distrito 22@ es una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona que data del año 2000 con el objetivo de transformar 200 hectáreas del suelo industrial del barrio de Poblenou en un distrito productivo innovador.
• 5
  Es la competición más importante de este deporte, y a la vez, está considerado el tercer evento deportivo con mayor impacto económico para el país anfitrión, después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol.
• 6
  https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Can_Ricart.
• 7
  https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/42500.
• 8
  Can Batlló es para el barrio.
• 9
  Movilización ciudadana que recibe este nombre por la manifestación que tuvo lugar 15 de mayo de 2011, convocada por diversos colectivos con la intención de promover una democracia más participativa. Una forma de resistencia de los colectivos consistió en la ocupación pacífica de plazas en las principales ciudades de España.
• 10
  Recibe el nombre de Bloque 11 por la fecha en que la comunidad de vecinos entró en el recinto.
• 11
  Recibe este nombre en memoria de Josep Pons, un activista que luchó incansablemente para que Can Batlló se convirtiera en un espacio para el barrio.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  09 Dic 2024
• Fecha del número
  Oct 2025

Histórico

• Recibido
  28 Mar 2024
• Acepto
  2 Jul 2024