Reflexiones en torno a un archivo policial de informaciones políticas y sus clasificaciones en el proceso represivo argentino

Reflexões sobre um arquivo policial de informação política e suas classificações no processo repressivo argentino

Reflections on a Police Archive of Political Information and Its Classifications in the Argentine Repressive Process

RESUMEN

El artículo explora las diferentes perspectivas sobre los archivos de la represión y, adoptando el enfoque de los archivos como proceso construido por la disciplina archivística, la historia y la antropología, estudia el Archivo del Departamento de Informaciones Policiales de la provincia argentina de Santiago del Estero como un dispositivo de poder. Esto permite iluminar las figuras legales, los discursos científicos y los saberes prácticos empleados en los informes ambientales que sustentan a sus legajos. El artículo contribuye a la discusión sobre la militarización de la policía y su rol en la represión de la década de 1970.

Palavras-chave:
represión; policía; archivo; clasificación; vigilancia

RESUMO

Reflexões sobre um arquivo policial de informação política e suas classificações no processo repressivo argentino explora as diferentes perspectivas sobre os arquivos da repressão na Argentina. Adotando o enfoque dos arquivos como processo construído pela disciplina arquivística, assim como pela história e pela antropologia, estudamos o Arquivo do Departamento de Informações Policiales da província de Santiago del Estero como dispositivo de poder. Isso permite iluminar as figuras legais, discursos científicos, saberes práticos utilizados nos relatórios policiais de inteligência das pessoas que sustentam as fichas do organismo. O artigo contribui para a discussão sobre a militarização da polícia e seu papel na repressão no país na década de 1970.

Palavras-chave:
repressão; polícia; arquivo; classificação; vigilância

ABSTRACT

Reflections on a Police Archive of Political Information and Its Classifications in the Argentine Repressive Process explores different perspectives on the archives of repression and, adopting the approach to archive as a process constructed by the archival discipline, history and anthropology, studies the Archive of the Department of Police Information of the Argentine province of Santiago del Estero as a power device. This allows illuminating the legal figures, scientific discourses, practical knowledge used in the environmental reports that supported their files. The article contributes to the discussion about the militarization of the police and their role in the repression in the 1970s.

Keywords:
repression; police; archive; classification; surveillance

Introducción

Más de tres décadas han transcurrido desde la última dictadura militar y la recuperación de la democracia en Argentina. A lo largo de ese periodo el movimiento de los derechos humanos produjo una serie de logros en materia de construcción de memoria y lucha contra la impunidad¹, en un proceso que se vio potenciado por las políticas de memoria implementadas bajo los gobiernos presidenciales de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Cristina Fernández (2007-2015) en articulación, aunque contradictoria y compleja, con parte de los organismos. En ese contexto histórico-político tuvo lugar una serie de eventos que tuvieron impacto en el caudal de la producción académica en torno al llamado pasado reciente. En efecto, la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad en tribunales federales con asiento en las provincias; la creación de áreas y organismos estatales específicos; la recuperación, preservación y construcción de sitios de memoria; la desclasificación de documentos de inteligencia y creación de archivos ha nutrido y multiplicado las fuentes disponibles para la investigación histórica.

¿Qué nos dicen los archivos sobre los procesos represivos? Leídos bajo el criterio de búsqueda de la verdad jurídica, la documentación producida por las fuerzas armadas y de seguridad “ha contribuido a echar luz sobre algunas acciones y sobre las jerarquías, funciones y responsabilidades de quienes llevaron a cabo la represión, ofreciendo indicios sobre estructuras, recursos, cadenas de mando, etc.” (MEMORIA ABIERTA, 2011, p. 9).

El acceso a este tipo de documentación ha posibilitado a su vez el ejercicio de otras lecturas hermenéuticas dando lugar a una nueva área de estudios en torno a los llamados archivos de la represión. Esta denominación fue empleada en 1995 por el Consejo Internacional de Archivos (ICA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en relación a los documentos producidos en el desenvolvimiento de distintos regímenes represivos del mundo. La publicación en 2002 de la obra colectiva de Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad compilada por Ludmila da Silva Catela y Elizabeth Jelin (2002), además de aportar a la labor de la ICA, contribuyó de forma decisiva a atraer el interés académico desde distintos enfoques analíticos.

Una de las visiones predominantes fue la de los archivos como territorio de memoria (DA SILVA CATELA, 2002) abriendo la discusión respecto de las políticas de conservación y accesibilidad (JELIN, 2002), los usos para la investigación histórica, judicial y como garantía de derechos (OLMO, 2002; NAZAR, 2007, 2010), las posibilidades y dilemas del uso de archivos con información sensible devenidos en públicos (CAIMARI y NAZAR, 2015). Particularmente, el acceso al archivo de la Dirección de Informaciones de la Policía de Buenos Aires, más conocido como DIPBA, ha sustentado una serie de investigaciones sobre la historia del organismo y su modo de funcionamiento (FUNES, 2004, 2006; JASCHEK y FUNES, 2005), las representaciones que subyacen en algunas de sus categorías clasificatorias (KAHAN, 2010; MARENGO, 2015), las comunidades discursivas presentes en sus documentos (VITALE, 2017).

La desclasificación de otros archivos, tanto de policías de otras provincias como de las Fuerzas Armadas, ha sido fundamental para la ampliación de este campo de estudios no solo en términos de escalas del análisis, casos de estudio y/o fuentes, sino también por el desarrollo de análisis centrados, más que en el plano memorial, en el archivo como dispositivo de poder y su papel en la articulación de las políticas represivas en el pasado reciente (ÁGUILA, 2013b; MARGARÍA y SCHNYDER, 2014) así como en la dinámica política postdictadura (SCHNYDER, 2013; MUZZOPAPPA, 2016; MUZZOPAPPA, 2018).

Este trabajo parte de la premisa del lugar central que tienen los documentos oficiales en la estructuración del campo burocrático (BOURDIEU, 1997) así como en los regímenes de autoridad y producción de verdad propios de los estados modernos (FOUCAULT, 2006), por lo cual los archivos pueden ser considerados como tecnologías que refuerzan y apuntalan la producción del Estado mismo (STOLER, 2010). Como señala Rufer (2016, p. 166): “no hay Estado sin ‘sus’ archivos que lo legitimen y le den plena existencia en el continuo temporal”. En ese sentido Ferreira y Nadai (2015), siguiendo a Das y Poole (2008), señalan que las prácticas de escritura están al servicio de la consolidación del control estatal sobre los sujetos, las poblaciones, los territorios y las vidas, y, a su vez, son las que hacen que el Estado sea constantemente experimentado, construido y deconstruido a través de la ilegibilidad de sus propias prácticas y documentos. Por ello, adscribimos a la idea que plantea Farias (2015) respecto de que determinadas prácticas de gubernamentalidad están directamente vinculadas a los documentos burocráticos.

La vigilancia sobre asuntos considerados políticos fue una de las funciones que las policías habían desarrollado hacia fines del siglo XIX y principios del XX (BARRENECHE y GALEANO, 2008) al calor de la demanda de las elites dirigentes, cuyo proyecto de Estado Nación se apoyó, entre otras políticas, en un diseño político criminal centrado en el conocimiento de las personas (GALVANI, 2016). Basado en la criminología positivista y su noción de estado de peligrosidad, este diseño impulsó a un proceso definido institucionalmente como de cientifización de las tecnologías de identificación y de conservación de sus materiales, que dio lugar a una tradición de formalización de sus archivos (CAIMARI y NAZAR, 2015). Con la progresiva re-significación de la seguridad operada en el contexto de la Guerra Fría y la circulación de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) y particularmente la Doctrina de Contrainsurgencia Francesa, se produjo un deslizamiento desde una política criminal basada en la identificación de personas hacia una política basada en la inteligencia para la represión del enemigo interno. La reformulación del enemigo, territorio y las formas de guerra impulsó la expansión del control ideológico. Es por esto, que nos preguntamos: ¿Cómo se desplegó la llamada “lucha anti subversiva” en territorios alejados de las ciudades-epicentro de la radicalización política y la represión como es el caso de Santiago del Estero²?

A partir del análisis de documentación perteneciente a la Sección Archivo producida por agentes del Departamento de Informaciones Policiales de Santiago del Estero (Dipse) durante el periodo 1973-1976, este artículo explora las implicancias de la adopción de objetivos e hipótesis de conflicto propios de las Fuerzas Armadas en sus prácticas de vigilancia. Y así, construimos los siguientes interrogantes que organizan la exploración: ¿de qué formas impactó en los roles primarios y ámbitos de actuación del Dipse? ¿Qué características particulares asumió la vigilancia del enemigo interno en una provincia con una menor presencia y actividad de organizaciones armadas³? ¿Cuáles fueron las técnicas empleadas por sus agentes para la averiguación de antecedentes de personas bajo sospecha? ¿Qué sentidos sustentan a la construcción policial de sujetos considerados peligrosos y por tanto merecedores de una intervención disciplinario-represiva?

La conformación del Dipse y su archivo

El mantenimiento del orden público ha sido una de las funciones que dio impulso a la formación de las policías de Argentina. Los estudios policiales distinguen un primer momento, ubicado en el periodo post-independentista, donde la actividad policial se aproximó más a técnica de gobierno, que a institución especializada en seguridad.

El primer Departamento de Policía en Santiago del Estero, creado en junio de 1832, no fue ajeno a esta tendencia. El contralor de los decretos del Poder Ejecutivo así como también actividades vinculadas a control sanitario, asistencia social, ordenamiento urbano, supervisión de los movimientos de población, cuestiones de familia y minoridad, eran funciones delegadas por el gobernador al inspector de policía. En paralelo, la necesidad de control poblacional emanada de los obrajes, unidad de producción forestal de la provincia con características de organización colonial, llevó a la conformación de una policía de campaña⁴.

Puesto que en la provincia subsistían formas de producción pre-capitalistas, el Estado continuaba ejerciendo su rol como disciplinador de la fuerza de trabajo (…) la policía seguía interviniendo para retener la mano de obra, en especial a medida que aumentaba la resistencia y el abandono de los lugares de trabajo (TENTI, 2009, p. 10).

Hacia fines del siglo XIX, y en el marco de la consolidación del Estado Nacional, comenzó un proceso hacia una organización centralizada y enfocada en seguridad a medida que emergieron agencias estatales que fueron absorbiendo los asuntos municipales, de salubridad, de justicia de paz etc. Ese proceso de diferenciación fue correlativo a la necesidad de organizar un aparato destinado a reprimir la disidencia política (KALMANOWIECKI, 2003 apud GALEANO, 2008). El proyecto de Estado Nación elaborado por las clases dirigentes se apoyó, entre otras políticas, en un diseño político criminal centrado en el conocimiento de las personas inspirado en el saber de la criminología positivista (GALVANI, 2016). En ese sentido Barreneche y Galeano (2008, pp. 87-88) señalan que “durante estos años, la policía tenía incorporada una función de vigilancia política, esperándose de ella los informes sobre reuniones públicas y actividades de los dirigentes de la oposición, todo lo cual formaba parte de sus reportes oficiales y memorias anuales”. Esto impulsó un proceso de cientificización de las tecnologías de identificación y de conservación de sus materiales dando lugar a una tradición de formalización de sus archivos (CAIMARI y NAZAR, 2015).

La conformación de la policía de seguridad es concomitante a la emergencia de la figura del delincuente a fines del siglo XIX y comienzos del XX, proceso en el cual el positivismo hizo un aporte fundante (GALVANI, 2016). En esa perspectiva las causas del delito se encontrarían en los propios sujetos y su ambiente por lo que la política criminal se desplazó desde el delito cometido hacia el que está por cometerse. De allí la preocupación policial por conocer, identificar y clasificar para prevenir el delito. El eje de la sospecha policial se centró entonces en los anarquistas, inmigrantes cuyas mentes estarían enfermas por sus ideas disolventes, y los lunfardos⁵, contagiados por un ambiente desfavorable, desplazó del centro de las políticas públicas a la figura del vago⁶.

El rumbo de la nación era la preocupación central de muchos intelectuales de la época. Influenciados por la sociología positivista diagnosticaron que la ciudad (convulsionada y en crecimiento) estaba “enferma” (…) enfermedad que podía ser atribuida “a los malos inmigrantes”, a los cuerpos extraños, a los extranjeros disolventes (Ídem, ibid., p. 130).

Desde esa perspectiva los anarquistas estaban contaminados de ideas foráneas y la mala vida de los lunfardos los predisponía a la alteración del orden. Ésta constituyó a la ideología como delito, al ambiente como variable explicativa del delito, la sospecha como fundamento de la intervención policial, y puso en el centro de las técnicas de control social a los delincuentes y especialmente el delincuente ideológico.

La persecución ideológica promovida por los gobiernos conservadores de la década de 1930, en especial contra el comunismo, consolidaron el lugar de la policía de investigaciones dentro de las fuerzas de seguridad. El advenimiento del peronismo a mediados de la década del 1940, siguiendo a Barreneche y Galeano (2008), dio lugar a una fase madura del proceso de profesionalización de las policías. La revolución militar de junio de 1943 implementó cambios importantes a nivel de las fuerzas de seguridad federales: la policía de la capital pasó a ser Policía Federal Argentina, mientras que otras agencias de seguridad nacionales, como la Gendarmería Nacional⁷ y la Prefectura Naval⁸, fueron organizadas. Fue creado también el Consejo Federal de Seguridad que, entre otras funciones, actuó como órgano de supervisión de la reorganización policial de los territorios nacionales. Las claves del cambio de la organización policial en las provincias - cuyo objetivo central fue romper los lazos entre las autoridades policiales locales y los dirigentes políticos fundamentalmente conservadores y radicales - fueron la centralización, el reforzamiento de la autoridad jerárquica y el afianzamiento del sistema de escalafones de acuerdo a los lineamientos del orden y la doctrina militar. La creación de este organismo de coordinación, en el marco de un Estado federal como el argentino, impulsó una definición progresiva de la institución como policía de seguridad pero también de control social.

Durante el primer gobierno peronista electo en la provincia, fue creada la División de Investigaciones de la Jefatura de Policía en 1950 con la premisa de cumplir con “la importantísima función de seguridad y defensa” (EL LIBERAL, 1950, p. 66) y comprendía a las comisarías seccionales distribuidas en todo el territorio provincial de acuerdo a criterios establecidos en la reglamentación. Bajo su órbita funcionó la sección Gabinete de Identificaciones y la Sección de Orden Social y Político que mantuvo bajo seguimiento a las personas sospechadas de mantener vínculos con el comunismo, tal como se evidencia en el documento elaborado por el Gabinete de Identificaciones que consta en la Imagen 1.

Imagen 1:
Documento del Gabinete de Identificaciones

En paralelo fue creada la Inspección General de Jefaturas Políticas en 1950, instrumentada por la Policía de Campaña, la cual tenía como misión principal: “el control más estricto del personal que comprenden las 27 Jefaturas Políticas (…) ordenándoles para ello “uniformar los procedimientos respecto a la vigilancia y sistemas de control (EL LIBERAL, 1950, p. 68). Las Jefaturas Políticas fueron autoridades departamentales creadas en 1903 cuyo jefe político:

Era el encargado del régimen interior del departamento, en lo político y administrativo, cuando no fuese resorte de autoridades municipales y judiciales. Era nombrado por el Ejecutivo, por dos años, y dependía directamente de él, a través del Ministro General. Para desempeñar la función se requería ser vecino del departamento, todas las calidades exigidas para ser gobernador y no tener investidura o grado militar. En caso de ausencia o vacancia, era sustituido por el comisario principal. Entre sus atribuciones y deberes se encontraban proponer ternas para recaudadores de rentas y comisario principal, nombrar a los comisarios de distrito y agentes de policía, ejercer la superintendencia sobre funcionarios y empleados, etc. Era la autoridad superior de policía del departamento y tenía también poder de policía administrativa y judiciaria. Pronto los gobernadores se valieron de los jefes políticos para hacer llegar la influencia del Estado a los rincones más lejanos de la provincia. (TENTI, 2009, p. 6)

El segundo gobierno del peronismo sancionó en agosto de 1952 la ley nº 2.351 (BOLETÍN OFICIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, 1952) de creación de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, que dejó establecida la distinción entre policía de seguridad y policía judicial ordenadas en torno a la persecución del delito. No obstante, como se desprende de lo descripto más arriba, este proceso de diferenciación de funciones fue paralelo a la vigilancia los asuntos políticos y adicionalmente las disidencias políticas⁹. Como señala Galvani (2016, p. 138) “la identificación se aplicó primero a delincuentes y sospechosos para usarse luego con toda la ciudadanía. En cierta medida estar en las clasificaciones estatales pasó de ser un símbolo de delincuencia a un necesario certificado de ciudadanía”.

La expansión de la doctrina de seguridad nacional, particularmente la recepción, circulación y apropiación Doctrina de la Guerra Revolucionaria (DGR) francesa, modificó la concepción del enemigo, del territorio y de las formas de guerra. Además de un marco analítico general, la DGR recomendaba un conjunto de técnicas de combate para hacer frente a la guerra revolucionaria en curso.

Debido a que la misma era llevada adelante por un “enemigo interno” que se mimetizaba con la multitud, el principal objetivo para las fuerzas del orden lo constituía el control de la población. En este sentido, las medidas que se prescribían en el marco de la DGR estaban orientadas hacia el mantenimiento de la seguridad interna del Estado. Entre los principales métodos que recomendaban los especialistas franceses pueden señalarse la división del territorio en zonas de defensa militares (cuadriculación); la subordinación de las fuerzas de seguridad al mando de las FF.AA. y medidas de acción psicológica y de guerra psicológica. Asimismo, existían una serie de prácticas ilegales y criminales que formaban parte de las medidas antisubversivas tales como el establecimiento de centros clandestinos de detención, la metodología del secuestro, la tortura para la obtención de información, la muerte y la posterior desaparición de los cadáveres (SUMMO y PONTORIERO, 2012, pp. 288-290).

El Plan Conmoción Interna del Estado (Conintes) constituyó la primera adaptación legal y operativa al contexto nacional de las ideas presentes en la DGR¹⁰. Su implementación tuvo lugar bajo el gobierno constitucional de Arturo Frondizi (1958-1962)¹¹, aunque expresó el tutelaje ejercido por las Fuerzas Armadas sobre el mismo. El Conintes se tradujo establecimiento de un sistema de zonas, subzonas y áreas de defensa bajo autoridad militar, así como la progresiva subordinación operativa de las policías provinciales a las FF.AA. para la ejecución de las acciones de represión interna. Las Fuerzas Armadas presionaron a través de sus representantes en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) por mayores atribuciones en lo relativo al marco interno. En respuesta, Frondizi firmó el decreto n° 2985 de abril de 1961 (BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 1961) por el cual la Side, primer órgano estatal de información e inteligencia¹², se constituyó en “el organismo de la Nación encargado de planificar, dirigir y supervisar la acción del Estado en materia de comunismo y otros extremismos” (SAIN, 1997, p. 146). La Side tenía sus propias delegaciones en algunas ciudades (Córdoba, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Rosario y Tucumán), así como funcionarios acreditados en los gobiernos de las distintas provincias, y quienes dirigían los departamentos de Enlace o Informaciones (ÁGUILA, 2013a). La Oficina de Coordinación y Enlace fue el organismo provincial que reportó a la Side en la década de 1960 y que, en función de legajos relevados, respondió sus requerimientos en base a los informes de antecedentes producidos por la Sección de Orden Social y Político que funcionó hasta la creación del Dipse.

Desde 1966 y hasta 1973 Argentina estuvo bajo el gobierno de facto de la llamada Revolución Argentina. El golpe de estado conducido por el militar Juan Carlos Onganía destituyó al presidente Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical (UCR), que había sucedido a Frondizi luego de elecciones controladas por las Fuerzas Armadas. Durante la dictadura de Onganía, tuvo plena vigencia la DSN y el Estatuto de la Revolución Argentina eliminó la división de poderes, clausuró el Congreso, desplazó a los gobernadores electos y nombró interventores militares, prohibió los partidos políticos y las actividades sindicales, y eliminó derechos civiles, sociales y políticos.

En 1972 el III Cuerpo del Ejército ordenó el asentamiento del Batallón de Ingenieros de Combate 141 para el control de la sub-zona y de un órgano adelantado del Destacamento de Inteligencia 142¹³. En ese contexto, el interventor militar de la provincia, Carlos Jensen, dispuso la creación en 1972 del Dipse o D-2. Esta medida no fue una acción exclusiva a la provincia. Este departamento, identificado bajo el código D-2, forma parte de la estructura de las policiales provinciales y fue uno de los organismos integrantes de las comunidades informativas del ejército creadas en cada una de las zonas, subzonas y áreas que abastecían al Batallón de Inteligencia 601 - desde 1973 unidad de centralización de inteligencia -, a las Jefaturas correspondientes, y luego accionaban, a través de los Grupos de Tareas, las directivas que se impartieran (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y INFOJUS, 2015). Para adecuar el funcionamiento del Dipse el interventor militar Carlos Jensen, y luego el gobernador constitucional Carlos Juárez, enviaron al Comisario Antonio Musa Azar al curso de inteligencia del Ministerio del Interior (noviembre de 1973) antes de designarlo como Jefe del Dipse en enero de 1975. Fue además el instructor del primer curso de capacitación en información e inteligencia dictado en julio 1974 en la provincia (MARGARÍA y SCHNYDER, 2014).

En 1975 los llamados decretos de aniquilamiento¹⁴ colocaron a las policías y a la Side bajo control operacional y funcional del Ejército. En ese marco el mencionado Consejo de Defensa emitió la Directiva nº 1/75 (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y INFOJUS, 2015) que sentó una doctrina general para el accionar represivo expresada como Orientaciones estratégicas y operacionales de carácter general. Hasta entonces el Dipse ya operaba en la provincia. Es por esto que nos preguntamos ¿qué saberes y tecnologías hicieron posible el despliegue de la lucha anti subversiva en la provincia entre 1973-1976?

Consideraciones epistemológicas y metodológicas de la investigación en un archivo policial

El Dipse fue allanado el 6 de marzo del año 2004 por orden de la Justicia Federal, como resultado de la presentación del recurso de habeas data por parte de un conjunto de ciudadanos santiagueños, en el contexto de crisis político-institucional del gobierno provincial y la fuerza política dominante, el Juarismo, una fracción provincial del Partido Justicialista¹⁵.

Esta medida permitió el ingreso de funcionarios judiciales y miembros de los organismos de derechos humanos a un sitio que, hasta entonces, estuvo vedado para quienes no estaban autorizados para hacerlo sea porque no fueran trabajadores afectados a la dependencia o no tenían la autoridad política para hacerlo. El Dipse funcionaba en una casa ubicada en el macrocentro de la capital santiagueña, sin señalización alguna en su fachada, que permitiera su identificación como organismo estatal. El acta del allanamiento registra la existencia de 17 ficheros metálicos que guardan alrededor de 40 mil legajos de personas, 2 ficheros de fichas patronímicas, 2 ficheros con fichas organizadas por domicilios, una caja fuerte cerrada que a la fecha sigue sin abrirse, la documentación de los tres armarios ubicados en la oficina guardada en 15 cajas de cartón - por ejemplo carpetas de panoramas ambientales diarios relativas a las novedades registradas distintas localidades de la provincia y a organizaciones/instituciones¹⁶.

Este fondo documental acumulado mientras funcionó el Dipse (1972-2004), se encuentra bajo la custodia de la Justicia Federal en tanto es elemento de prueba de las distintas causas que investigan delitos de lesa humanidad que tramitan en la provincia. El mismo permaneció alojado en el mismo sitio durante aproximadamente un año hasta que, en el año 2005, la Justicia Federal ordenó su guarda en un depósito del Puesto Móvil n°5 de Gendarmería Nacional (GN) (ver Imagen 2). En el año 2014 el Ministerio Público Fiscal junto a organismos de DDHH de la provincia, ambos querellantes de las causas de lesa humanidad, y la Universidad Nacional de Santiago del Estero suscribieron un Convenio de Cooperación Científica por el cual pude acceder, junto a otros investigadores, al archivo del Dipse. El objetivo era realizar tareas de relevamiento y sistematización de legajos producidos entre 1973-1976, bajo la supervisión de un oficial de justicia, con el objeto de encontrar documentos con posible valor probatorio para los juicios. Previamente, en mi investigación doctoral (2006-2011), había accedido a algunos legajos recuperados por medio de la presentación de habeas data e intenté comprender la lógica bajo la cual habían sido producidos, a través de entrevistas a uno de los agentes que se había desempeñado en la Dipse y a dirigentes políticos del juarismo con quienes indagué sobre la participación de este organismo en el control de la lealtad partidaria (SCHNYDER, 2013).

Es sabido que los archivos argentinos han sido objeto de la desidia y/o el abandono estatal (CAIMARI y NAZAR, 2015), no por ello resultó menos impactante el primer contacto con el corpus documental. Sea por el desorden en que habían quedado dispuestos los ficheros, cajas y paquetes luego del traslado desde su lugar de guarda original hacia el depósito de GN; los estragos causados en los documentos por la humedad del ambiente y el deterioro material del lugar de guarda. Lo cierto, es que en ese estado de situación, el archivo policial se nos presentaba de manera caótica, dando cuenta de la ajenidad con que se nos presentaba ese mundo que es un archivo policial. Esta pesquisa se vio aún más complicada, ya que no contábamos con una figura que hiciera las veces de archivero-arconte¹⁷, con competencia hermenéutica necesaria para guiar la búsqueda y la lectura de documentos que revestían la condición de secretos, confidenciales, clasificados.

La publicación de Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad (CATELA y JELIN, 2002), en especial los aportes de Ludmila da Silva Catela y Darío Olmo, y las investigaciones de Patricia Funes sobre la Dipba, fueron fundamentales para una primer aproximación al Dipse.

Imagen 2:
Fondo documental del Dipse en el depósito del Puesto Móvil n° 5 de Gendarmería Nacional

Partimos de la premisa de que el concepto archivo remite a la documentación producida por una institución o persona en el desarrollo de sus funciones, cuyas características particulares son: originalidad, organicidad y carácter seriado, surgen del accionar espontáneo por lo que podemos pensarlos como la sedimentación de una actividad continuada (NAZAR, 2007). Siguiendo la premisa de que comprender un archivo implica entender la institución a la que sirve (MUZZOPAPPA, 2018), nuestra primer aproximación al archivo del Dipse demandó conocer las funciones primarias y formales asignadas al organismo. La Ley Orgánica de la Policía nº 4793 de 1979 (BOLETÍN OFICIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, 1979), vigente a la fecha, establece como función: “dirigir la reunión de información, procesarla, evaluarla y difundirla en la medida correspondiente, programando las acciones a adoptarse en lo que a su especialidad respecta, y realizar tareas de contra-inteligencia y la confección de los anexos y/o apartados correspondientes a su Jefatura de los planes y órdenes del Jefe de Policía” (BOLETÍN OFICIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, 1979, p. 29). Para ello se encontraba organizado en tres Salas (de Situación, Explotación de Prensa, y Operaciones Especiales), y una Sección de Archivos (SCHNYDER, 2013).

Como ha señalado Muzzopappa (2018) la labor realizada inicialmente con el archivo de la Dipba fue fundamental, porque dio cuenta de que un abordaje etnográfico puede ofrecer mucho más que de los datos contenidos en los documentos, al “rescatar, a partir del ordenamiento del archivo, la lógica de trabajo burocrático del propio organismo” (MUZZOPAPPA, 2018, p. 32).

El cruce entre la disciplina archivística, la historia y la perspectiva etnográfica ha generado propuestas metodológicas sumamente fértiles para los estudios basados en diferentes documentos producidos por burocracias estatales (BARRENECHE, 2010; CAIMARI, 2017; FERREIRA, 2013; FERREIRA y NADAI, 2015; GOMES DA CUNHA, 2010; HULL, 2012; LOWENKRON y FERREIRA, 2014; MUZZOPAPPA y VILLALTA, 2011; SARRABAYROUSE OLIVEIRA, 2009) en el marco del llamado giro archivístico (DERRIDA, 1997; FARGE, 1991; GORBACH y RUFER, 2016; STOLER, 2010)¹⁸.

De este modo, se ha propiciado el abordaje de los archivos como la expresión material del funcionamiento de una tecnología de gobierno. En ese sentido Ferreira (2013) sostiene que

los documentos son piezas clave en la producción tanto de categorías y procedimientos a partir de los cuales agentes, oficinas y sectores de la administración pública estatal intervienen en el mundo social, así como también de la necesidad de la propia intervención (FERREIRA, 2013, p. 41, tradução da autora).

Es por ello que el análisis etnográfico permite reconocer las relaciones de poder involucradas en producir y organizar un archivo; la lectura de sus documentos más allá de su literalidad, en sus operaciones discursivas, buscando descifrar las epistemologías que las produjeron, los criterios de consignación que definen en determinados contextos históricos lo que es o no documentable, las categorías clasificatorias y las condiciones históricas sociales de producción de sentido que los hacen posibles. El análisis etnográfico posibilita distinguir diferentes dimensiones y capacidades que revisten a los documentos producidos, intercambiados y/o archivados en ámbitos judiciales y policiales, tales como:

Su papel en la producción de “pruebas” y verdades, su materialidad, su capacidad de asociar personas o causar rupturas, sus posibles efectos de ocultamiento o exhibición de asimetrías, jerarquías y autoridades, y también los afectos, agenciamientos y poderes que los documentos ejercen en determinados contextos (FERREIRA y NADAI, 2015, p. 11, tradução da autora).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, buscamos conocer los saberes y tecnologías hicieron posible el despliegue de la estrategia represiva en la provincia.

Los legajos

Este escrito reúne avances preliminares surgidos de una primer sistematización de la observación etnográfica de legajos producidos por el Dipse entre 1973 y 1976, realizada en el marco de las actividades de colaboración con organismos de derechos humanos y el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de identificar documentación con valor probatorio. Dichos legajos corresponden a personas que fueron objeto de vigilancia policial por razones políticas en tiempos de la DSN. Por tanto, dentro del fondo documental se hallaron entonces legajos pertenecientes a personas que estuvieron detenidas-desaparecidas, detenidas por razones políticas, así como también personas que no estuvieron detenidas pero fueron sometidas a las técnicas de averiguación de antecedentes.

De causantes, militantes y elementos

Los archivadores del Dipse no se encuentran identificados por factores como ocurre con el archivo de la Dipba. Cada cajón de los muebles archivadores lleva una etiqueta con el número que inicia y finaliza el grupo de legajos. Dicho número era asignado en el momento de inicio de la investigación de antecedentes por lo que el orden ascendente corresponde también a su progresión cronológica.

Dentro del universo de los documentos relevados podemos distinguir dos grupos. Un primer grupo de legajos de personas con pedido de averiguación de antecedentes a requerimiento de autoridades de diferentes organismos estatales. En algunos casos el informe de antecedentes incluye las planillas de antecedentes y prontuarial, remitida por la División de Antecedentes Policiales. En otros casos se busca establecer la adscripción ideológica en función del marco normativo imperante en el periodo. La ley de calificación ideológica n° 17401/67 (BOLETÍN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 1967) facultaba a la Side, los servicios de informaciones y demás reparticiones públicas vinculadas, a realizar la calificación de personas físicas o ideales, previendo una serie de inhabilitaciones y penas privativas de la libertad en el caso de “actividades comprobadas de indudable motivación ideológica comunista” (BOLETÍN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 1967). La habitualidad de este tipo de requerimiento se revela en la estandarización a través de un formulario de averiguación de antecedentes según los siguientes criterios:

Imagen 3:
Formulario de averiguación de antecedentes

La averiguación de antecedentes es producto de un proceso que incluye la observación del domicilio, averiguaciones entre vecinos, registro de notas, la elaboración de apreciaciones y valoraciones, la escritura sintética de un informe ambiental. El siguiente extracto da cuenta de la centralidad que tiene el territorio barrial para la práctica de averiguación de antecedentes:

Mediante averiguaciones practicadas se tuvo conocimiento que el causante se dedica a la actividad forestal realizando viajes al interior de la provincia, especialmente a Campo Gallo (Alberdi) Monte Quemado (Copo) razón por la cual no se puede obtener una apreciación sobre sus antecedentes políticos e ideológicos debido a su escasa permanencia en el domicilio registrado (27.04.76). (Cuaderno de campo sobre lectura de legajo n°11367, 16/10/2018)

En base a la valoración de la información recogida el Dipse respondía con una calificación de antecedentes que podía adoptar tres categorías: “favorable”, “no recomendable”, o “desfavorable”.

El recurso al informe de antecedentes ha formado parte de las rutinas en la toma de decisiones dentro de las reparticiones públicas sobre el acceso a cargos, especialmente en la docencia, la adjudicación de viviendas sociales o a determinados servicios sociales. Cabe destacar que una valoración negativa respecto de los antecedentes ideológicos es preponderante respecto de la valoración en relación a otros antecedentes, incluso prontuariales. La presunción policial sobre una adscripción ideológica comunista es determinante de una calificación desfavorable, mientras que el registro de antecedentes en los otros factores no redunda necesariamente en una calificación negativa. Este aspecto se puede advertir en los legajos que llamo falsos positivos, aquellos casos en los que el Dipse califica favorablemente los antecedentes de una persona en función de que sus archivos no registran hechos o informaciones vinculados al factor ideológico, aunque existan antecedentes judiciales en su planilla prontuarial¹⁹.

Un segundo grupo de legajos responde al seguimiento originado, no por demanda externa, sino por requerimiento de autoridades policiales u otros organismos de información e inteligencia en el marco del funcionamiento de la llamada comunidad informativa en la que se basaba las operaciones represivas. Dentro de este segundo grupo podemos distinguir los legajos que surgen del seguimiento de rutina interesado en la identificación de autoridades y comisiones directivas de instituciones y organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales; de aquellos legajos que están fundados en la sospecha.

Al causante se lo mantiene en observación a fin de verificar su ideología política por presumirse y según comentarios callejeros sería de la tendencia ideológica izquierdista (Cuaderno de campo sobre lectura de legajo n° 6676 del archivo Dipse, 28/11/2017).

Esta fórmula empleada habitualmente por agentes del Dipse es expresiva de la epistemología que gobierna la actividad dentro del organismo y que se articula en base a la hipótesis de culpabilidad para luego ir hacia los hechos. La intervención por sospecha es una de las formas en que históricamente ha sido ejercido el poder de policía. La sospecha “inscripta en la práctica y legitimada en las leyes” (EILBAUM, 2004, p. 81) ha justificado y posibilitado distintas formas de proceder policial sin una orden judicial (Ibid.).

Ahora bien, la sospecha no se cierne sobre la actividad política y los partidos en un sentido general. De la lectura emerge la distinción entre militantes y elementos. En el Cuadro 1 presento el modo en que el lenguaje policial clasificaba la peligrosidad de la participación política en base a la asignación de adjetivaciones neutrales para designar la participación en partidos políticos aceptables, y de adjetivaciones de connotación negativa para designar la adhesión a ideologías consideradas peligrosas.

Cuadro 1:
Clasificación de la participación política

Partidos políticos aceptables	Ideologías peligrosas
Integrante de la UCR	Elemento comunista
Militante de la UCRP	Elemento del ERP
Partidario del Frejuli	Elemento de Montoneros
Integrante de la Juventud Peronista	Elemento subversivo
Afiliado Socialista	Elemento de izquierda / izquierdista
Pertenece al Mid	Elemento extremista
Representante de Democracia Cristiana	Elemento preponderante de la guerrilla
Militante del Partido Justicialista	Elemento de la JP disidente

• Fonte: Copia personal de documento perteneciente al Archivo Dipse.

Las apreciaciones policiales que quedaron registradas en el formulario de investigación de antecedentes resultan esclarecedoras respecto de la perspectiva policial sobre qué es y no es ideología. A continuación transcribo dos informes de antecedentes incluidos en legajos del archivo Dipse y que fueron elaborados de acuerdo a los criterios del formulario de averiguación de antecedentes (ver Imagen 3).

Informe de averiguación de antecedentes 1

RAD. NUM.11.794, ref.a 9k,3Z, 5H, 9Z-1Z, 3Q, 1K,-M.I. 3.725.769

1ro.) Antecedentes políticos: de familia tradicionalmente radical

2do.) Antecedentes gremiales: no desarrolla ninguna actividad en este sentido

3ro) Antecedentes ideológicos: se desconoce

4to.) antecedentes educacionales: primarios completos

5to: Antecedentes morales: buenos.

6to.) antecedentes vecinales: es apreciado y respetado en el medio en que vive

7mo.) explota una casa de negocios en Icaño. Esta desposado con una educadora

(Cuaderno de campo sobre informe de antecedentes incluidos en legajos del archivo Dipse, 13/11/18)

Informe de averiguación de antecedentes 2

RAD. NUM.11.798 2V, 3Q- MI: 7.150.799

1ro.) Antecedentes políticos: apolítico

2do.) Antecedentes gremiales: ninguno

3ro) Antecedentes ideológicos: se lo considera de tendencia nacionalista

4to.) antecedentes educacionales: primarios completos

5to: Antecedentes morales: buenos.

6to.) antecedentes vecinales: goza de consideración y respeto

7mo.) otros datos: se dedica a la explotación de la industria forestal

(Cuaderno de campo sobre informe de antecedentes incluidos en legajos del archivo Dipse, 13/11/18)

Es interesante notar que en esta perspectiva el radicalismo no es considerado ideología, ni siquiera con una connotación positiva como si ocurre con el nacionalismo, considerado como una expresión ideológica, más no partidaria.

En contraste, el concepto de elemento antepuesto a la calificación ideológica ubicaba per se a la persona y su entorno dentro de un radio de acción de los grupos operativos de la represión. La ley nº 20840/1974 (BOLETÍN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 1974) había creado figuras delictivas para la estructura, difusión y acción de las agrupaciones consideradas subversivas. La ley penalizaba a quienes

para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos, intente o preconice por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías no establecidas por la Constitución Nacional y las disposiciones legales que organizan la vida política, económica y social de la Nación (Ídem, ibid., p. 1).

La concepción militar respecto de la subversión fue más amplia:

Se entenderá por tal, a la acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta que busca la alteración o la destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él una nueva forma basada en la escala de valores diferente (Reglamento del Ejército R-9-51 “instrucción de lucha contra elementos subversivos”, 1976) (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y INFOJUS, 2015, p. 8).

Si bien por efecto de las leyes vigentes, tales como las ya mencionadas leyes nº 17401 y nº 20840 (BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 1967, 1974), este tipo de calificación ya enfrentaba a la persona una serie de inhabilitaciones, a una posible detención por averiguación de identidad y antecedentes, o a penas privativas de la libertad, esta operación discursiva tenía el efecto adicional de configurar a la persona como un sujeto pasible de la intervención policial, habilitando el despliegue de otras técnicas policiales para profundizar la investigación del ambiente. A continuación presento citas textual de diferentes informes de averiguación de antecedentes que dan cuenta de prácticas como guardia de vigilancia de domicilios, infiltración en organizaciones e instituciones, pero también del uso de otros recursos como la delación y rumores puestos a circular por personas que se conocen entre sí.

• La causante denunció a su esposo de realizar reuniones en su domicilio con la participación de Nazareno A., Nicolás V. Agustina Y., Angel G., Silvano C. y Carlos G. (8.11.74);

• En el domicilio de la causante se llevó a cabo una reunión presidida por López Bustos Francisco y Washington Inca Cardozo (N de la A: referentes provinciales del FREJULI) (16.12.74);

• En el día de la fecha, de fuentes que merecen fe, se tuvo conocimiento que en la sección contaduría de la división local de Agua y Energía, se produjo una discusión entre el contador de la misma, sr. A., y el causante, en razón de que este solicitó permiso para salir a realizar unas gestiones y que marcaría en vale de salida, a lo que el sr. A. contestó que esto ya no está permitido. Ante la negativa el causante le dijo al sr. A.: “como ahora apoya a estos botudos podridos que poco a poco nos están quitando todos los beneficios” (23.2.77);

• El causante mantenía en 1973 relación con los conocidos elementos izquierdistas Rita C. y Nicolás V. y Raúl F. detenido por ley nacional 20.840 (15.03.75);

• La causante tuvo una activa participación en el levantamiento de agricultores de Forres en abril del año pasado, hizo algunos discursos y actualmente frecuenta la Cooperativa el Surco. Tiene relación con la conocida elemento de izquierda Susana P. (5.04.75).

(Cuaderno de campo sobre lectura de legajos del archivo Dipse, 13/11/18)

La investigación del ambiente no fue exclusiva de las políticas represivas. La medicina higienista y el positivismo criminológico pusieron el eje de las políticas estatales en el delincuente más que en el delito. Es decir, en las determinaciones sociales y psicobiológicas que conducirían a la transgresión de la ley y la norma, más que en el delito en sí. Esto impulsó el interés por la acumulación de información sobre personas, plasmado en la cientifización de las técnicas de control social por medio de la incorporación de la fotografía, la dactiloscopia, la antropometría (CAIMARI, 2009). La policía santiagueña no ha sido una excepción tal como se observa en los formularios empleados para la identificación. Cada carpeta de legajo contiene un conjunto de fichas, impresas en la tapa, dorso y contratapa, que reúnen datos de filiación (civil, morfológica y cromática) y de identificación (ficha dactiloscópica y fotografías de frente y perfil en el caso de personas que alguna vez fueron detenidas) que se complementan con la planilla de prontuario, información sobre los procesos judiciales, contravenciones federales y otras averiguaciones. Es a nivel de las técnicas de identificación y los archivos emergentes, donde se observa la continuidad de la reunión de información política de personas realizada por la Sección de Orden Social y Político, la Dirección de Coordinación de Información y Enlace y el Dipse.

Este enfoque sobre el delincuente es inescindible del concepto de peligrosidad. Defender la sociedad de sujetos peligrosos o en estado de peligrosidad suponía el desarrollo de dispositivos de control social capaces de diagnosticar y prevenir comportamientos considerados como configurables en delitos. El positivismo criminológico sedimentado en las técnicas policiales, junto al proceso a criminalización del comunismo mediante la sanción de leyes que tornaron delito determinadas adscripciones políticas-ideológicas, potenciaron las hipótesis de peligrosidad social y la investigación del ambiente.

Las políticas represivas basadas en la inteligencia para la identificación de blancos de la represión trajeron consigo el control social, no ya de individuos, sino de poblaciones. Se trataba de “eliminar y desalentar el apoyo que personas u organizaciones de distintos tipos puedan brindar a la subversión”, tal como postula la Directiva del causante mantiene Consejo de Defensa nº 1/75 (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y INFOJUS, 2015, p. 1). De modo que la vigilancia parte de un blanco y se expande de modo radial hacia sus vínculos sociales.

• Relaciones con los elementos de izquierda Silvia C. y Rene R.;

• La causante es esposa de Santucho;

• La causante contrajo matrimonio con el conocido elemento Daniel R.;

• El causante es padre del elemento extremista detenido y puesto a disposición del Pen (Poder Ejecutivo Nacional);

• La causante mantiene correspondencia con el elemento extremista detenido en el establecimiento penal de varones de esta ciudad procediéndose a realizar una requisa con resultado negativo (19.08.75);

• La causante realiza con frecuencia reuniones en horario nocturno al cual concurren elementos de militancia activa dentro de organizaciones consideradas de izquierda 8.11.75;

• El causante es intendente de Colonia el Simbolar mantiene relaciones con la srta. LG, hermana del conocido elemento extremista I.G. (11.02.76).

(Cuaderno de campo sobre informe de antecedentes incluidos en legajos del archivo Dipse, 10/12/2018)

En función de esa proximidad es que el Dipse procede a la investigación de antecedentes y a la apertura de un legajo de personas en estado de peligrosidad. El informe ambiental constituye en sí mismo una forma de intervención estatal en la medida que implica procesos de categorización social a través de las cuales los agentes policiales construyen y definen qué sujetos merecerían o no una intervención disciplinante o represiva por parte del Dipse u otras agencias estatales.

27.01.75 - El causante recibió por correo un sobre tamaño grande que contenía revista El Combatiente que pertenece a agrupación extremista declarada ilegal.

10.06.75 - Fue detenido por personal policial de este departamento en Averiguación de Actividades.

(Cuaderno de campo sobre lectura de legajos del archivo Dipse, 17/10/18)

Como técnica no es el producto de las políticas represivas, forma parte de los saberes y técnicas policiales que fueron forjados a lo largo de su historia institucional y que, en la coyuntura de los años setenta, fue reactualizado en función de la centralidad que adquirió la información y la inteligencia en la estrategia represiva.

De acuerdo a la reglamentación de las fuerzas armadas, la inteligencia militar es una actividad específica que tiene la misión de recoger información acerca del oponente para planear de manera adecuada y con éxito las eventuales operaciones. La inteligencia abarca la recolección de información sobre capacidad tecnológica, orden de batalla, armamento, equipo, entrenamiento, bases y comunicaciones. En general, la inteligencia militar incluye aspectos acerca de la actividad diplomática, política, económica y demográfica del oponente. Esta definición de carácter general se aplicó durante la dictadura militar a un oponente interno y formó parte de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Se incluyó así dentro de la inteligencia, la recolección de información sobre las organizaciones políticas y sociales que actuaban en la Argentina (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y INFOJUS, 2015). La reunión de informaciones realizada por la policía dista de estos criterios. En cambio se observa que se empleó la investigación de antecedentes políticos, gremiales, ideológicos, educacionales, morales, vecinales, como está previsto en el formulario de averiguación de antecedentes (ver Imagen 3), especialmente los ideológicos, como criterio de valoración de la peligrosidad de una persona.

Como señala Gomes da Cunha (2010, p. 110) los archivos de identificación “no son apenas un lugar sino una tecnología que se destina a producir asociaciones entre personas, eventos, espacios y cosas, y no solamente para almacenar informaciones sobre su pre-existencia”. Los legajos pueden ser considerados:

Artefatos que exercem mais do que a função meramente referencial de registrar ou representar graficamente algo que existiria no mundo à sua revelia. A produção, o porte, a circulação e o arquivamento de documentos têm desdobramentos no mundo social, não só por seu efeito de verdade e por funcionarem, em certos contextos, como critérios de respeitabilidade, elegibilidade e acesso a benefícios e direitos (Santos 1979; Peirano 1986, 2006a, 2006b, 2009), mas também por produzirem e rearranjarem relações, além de serem capazes de transportar, conter ou incitar afetos de diversas ordens (FERREIRA, 2013, p. 42).

El registro escrito fija esas asociaciones dentro de coordenadas espaciales/temporales, bajo formas de nominación que, desde discursos securitarios y marcos interpretativos basados en la tesis de las fronteras ideológicas y los enemigos internos, dotaron de sentidos negativos determinados comportamientos, prácticas sociales, relaciones sociales.

Conclusiones

La revisión de la conformación del Dipse dentro de la policía santiagueña permitió iluminar las condiciones sociales y políticas bajo las cuales fue adquiriendo sentido la acumulación de informaciones políticas sobre personas durante el proceso de construcción del Estado argentino. La expansión territorial de agencias estatales con funciones policiales, como el Departamento de Policía y la Policía de Campaña, entendida en el sentido amplio de técnica de gobierno, no pueden ser analizadas fuera de las políticas de control de poblaciones articuladas en relación a la cuestión del orden y a la organización de la vida en torno a la producción y explotación económica. La policía fue desprendiéndose de asuntos de corte municipal a medida que fue desarrollándose un proceso de racionalización del Estado Nacional. La conformación de la policía de seguridad fue concomitante a la emergencia de la figura del delincuente a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las ideas del higienismo social y del positivismo criminológico fueron empleadas por las elites gobernantes para justificar, modernizar y promover el conocimiento de personas, fueran o no delincuentes, habilitado por la hipótesis sobre la peligrosidad social. En consecuencia, durante la primera mitad del siglo XX se produjo el desarrollo de un aparato administrativo para reunir, clasificar, conservar información. A través de ese proceso se fueron inscribiendo en las rutinas policiales las concepciones positivistas sobre las causales individuales del delito y la peligrosidad como resultante del ambiente. “Conocer, clasificar y prevenir era la propuesta científica en la cual anclaría la policía” (GALVANI, 2016, p. 132), haciendo de estas prácticas un saber específico, constitutivo de la profesión policial, objetivado en sus técnicas, y produciendo una de las principales líneas de continuidad entre la Sección de Orden Social y Político, la Oficina de Coordinación y Enlace y el Dipse.

De modo que la intensificación de la vigilancia política que trajo la estrategia castrense de control ideológico de la población basada en la DSN y la DGR, encontró en la práctica policial de reunión de información política el medio para la aplicación de la política represiva que fue desplegándose en la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido coincidimos con Galvani (Ibid.) en que la confluencia entre la matriz científica implantada por el positivismo en las policías, con su forma de clasificar e intervenir sobre el otro - percibido como desviado -, y el discurso castrense de defensa social re-significó la alteridad en términos de enemigo e hizo de la guerra contra el mismo una forma de construcción de estatalidad y un discurso legitimación política.

El control operacional del Dipse por parte del Ejército abre interrogantes en torno al alcance de la militarización de sus prácticas. En el periodo estudiado, observamos que la investigación de antecedentes se rige por los mismos procedimientos empleados en las décadas de 1950 y 1960 por los organismos predecesores. El análisis de los motivos que justificaban el inicio de una investigación y el registro en un legajo nos ofrece otra perspectiva sobre el enemigo interno y su rol organizador de la actividad policial.

Dentro del universo de legajos del Dipse no todos corresponden a enemigos políticos en los términos en los que los había definido el discurso castrense. La investigación de antecedentes era una práctica de rutina aplicada en relación a empleados públicos y de autoridades y miembros de comisiones directivas de diferentes instituciones. En el primer caso para detectar antecedentes ideológicos y ofrecer pruebas, y en el segundo para actualizar novedades e identificar posibles amenazas. Esta práctica no se inició con el Dipse y se remonta, de acuerdo a la evidencia reunida hasta ahora, a la Sección de Orden Social y Político.

La pertenencia a partidos políticos no despierta las mismas sospechas como si ocurre con la ideología, cuyo sentido puede ser comprendido en relación a la idea de subversión vertida en Reglamento RE 9-51 Instrucción de lucha contra elementos subversivos. Esto es: “la acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta que busca la alteración o la destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él una nueva forma basada en la escala de valores diferente (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y INFOJUS, 2015, pp. 8-9). Los militantes, afiliados, partidarios fueron objeto de la vigilancia pero no porque encarnan un enemigo subversivo.

Como expusimos en el punto anterior, el principal medio de averiguación de antecedentes y de ponderación de la peligrosidad fue el informe ambiental. La técnica engloba prácticas como la observación del domicilio, averiguaciones entre vecinos, el registro de notas de la vigilancia de personas o domicilios, la valoración de la información, la escritura de un informe. En el caso de los legajos de personas consideradas como delincuentes por razones ideológicas y de personas consideradas en estado de peligrosidad el informe ambiental recurre a prácticas encubiertas como la custodia de domicilios considerados puntos estratégicos, la infiltración en organizaciones e instituciones, y en algunos casos el interrogatorio. Estas tareas implican cierta ruptura dentro de las rutinas policiales en la medida que requirieron personal con un entrenamiento técnico específico. El estudio del proceso de recepción, circulación y apropiación de las técnicas de inteligencia militar en el seno de la policía es un aspecto a profundizar en futuras investigaciones.

El informe ambiental constituyó en sí mismo una forma de intervención estatal en la medida que implicaba procesos de categorización social. Por medio de ellas los agentes policiales construyeron y definieron qué sujetos sociales eran merecedores o no de una intervención represiva por parte del propio Dipse u otros organismos del ejército.

La existencia de esta tecnología clasificatoria ha posibilitado el anclaje territorial e institucional del plan represivo. Su propia lógica de funcionamiento, regida por una epistemología de la sospecha y la defensa social, ha producido a través de sus legajos la definición de sujetos peligrosos o en estado de peligrosidad debido a determinados vínculos sociales. El informe ambiental es una técnica pero también un artefacto que ha posibilitado dar una entidad probatoria a la mera sospecha sobre situaciones ordinarias.

Puestos a circular dentro de la comunidad informativa y en el contexto de represión ideológica, tales artefactos han tenido consecuencias dramáticas para los hombres y mujeres que fueron objeto de los procedimientos policiales que dieron lugar a documentos a través de los cuales era definido qué sujetos sociales eran pasibles de una intervención represiva. Por último, los legajos y sus clasificaciones “funcionam, em suma, não como artefatos estéreis e autocontidos, e sim como objetos materiais do direito, da administração e da governança capazes de produzir diferentes efeitos e engendrar múltiplos afetos e relações” (NAVARO-YASHIN, 2007, p. 95 apudFERREIRA, 2013, p. 42).

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• MUZZOPAPPA, Eva. Secreto en el Estado: Militares, justicia e inteligencia en Trelew. San Carlos de Bariloche: Teseo, 2018.
• MUZZOPAPPA, Eva; VILLALTA, Carla. “Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales”. Revista Colombiana de Antropología, vol. 47, n. 1, pp. 13-42, 2011.
• NAZAR, Mariana. “Dictadura, archivos y accesibilidad documental: A modo de agenda”. In: CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES. Derechos humanos en Argentina: Informe 2007. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2007, pp. 413-424.
• NAZAR, Mariana. “En torno a la especificidad del archivo como territorio para la investigación”. In: CENTRO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL. Sextas Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos. Buenos Aires, 2010.
• OLMO, Darío. “Reconstruir desde restos y fragmentos: El uso de archivos policiales en la antropología forense en Argentina”. In: DA SILVA CATELA, Ludmila; JELIN, Elizabeth. Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Madrid: Siglo Veintiuno, 2002, pp. 179-194.
• RUFER, Mario. “El archivo: De la metáfora extractiva a la ruptura poscolonial”. In: GORBACH, Frida; RUFER, Mario. (In)Disciplinar la investigación: Archivo, trabajo de campo y escritura. Ciudad de México: Siglo Veintiuno, 2016, pp. 160-187.
• SAIN, Marcelo. “Condiciones institucionales para el control parlamentario de las actividades y organismos de inteligencia del Estado”. In: CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES. Control democrático de los organismos de seguridad interior en la república Argentina. Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales, 1997, pp. 140-176.
• SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José. “Reflexiones metodológicas en torno al trabajo de campo antropológico en el terreno de la historia reciente”. Cuadernos de Antropología Social, n. 29, pp. 61-83, 2009.
• SCHNYDER, María Celeste. Politica y violencia: Santiago del Estero 1995-2004. Santiago del Estero: Edunse, 2013.
• STOLER, Ann Laura. “Archivos coloniales y el arte de gobernar”. Revista Colombiana de Antropología, vol. 46, n. 2, pp. 465-496, 2010.
• SUMMO, Marcelo; PONTORIERO, Esteban. “Pensar la ‘guerra revolucionaria’: Doctrina antisubversiva francesa y legislación de defensa en la Argentina (1958-1962)”. Cuadernos de Marte, n. 3, pp. 285-305, 2012.
• TENTI, Mercedes. “Proyectos modernizadores y elites regionales: La consolidación del estado santiagueño (1903-1916)”. Trabajo y Sociedad, n. 14, pp. 1-14, 2009.
• VITALE, María Alejandra. Análisis del discurso y archivos de la represión en Argentina. Revista Conexão Letras, n. 12, pp. 53-62, 2017.

Notas

• 1
  Como la judicialización de los delitos cometidos bajo el régimen represivo, la construcción de memorias, la restitución de la identidad de niños apropiados, entre otros aspectos.
• 2
  Santiago del Estero es una provincia localizada en el noroeste de Argentina, con una extensión territorial 136.351 km² y con una densidad poblacional de 6% habitantes por km² de acuerdo al último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC, 2010). La provincia se caracteriza por un alto porcentaje de población residente en localidades rurales y una concentración poblacional en la ciudad capital. Para la década de 1970, donde se sitúa nuestro periodo de estudio, el 57% de la población total de la provincia residían en localidades rurales. Entre sus principales actividades productivas se encuentran en orden de importancia en el aporte al producto bruto geográfico la producción de servicios, especialmente el comercio, 64,18%; la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,67%); la construcción (el 10,45%) y la industria manufacturera (5,48%). No obstante, cabe señalar que la principal fuente de empleo es la administración pública. Estos últimos son extraídos del Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero (CÁMARA ARGENTINA DEL COMERCIO, 2012).
• 3
  Las organizaciones políticas armadas tuvieron una presencia y actividad dispar en el territorio argentino. Sus grandes ciudades, como Capital Federal, La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Tucumán, fueron el centro de la actividad de las organizaciones y de la represión antisubversiva, aunque hubo experiencias con anclaje rural como el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) en Salta o experiencias de inserción urbano-rural como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Tucumán. Organizaciones como Montoneros, de origen peronista, y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de origen marxista y guevarista, tuvieron despliegue a nivel nacional. En la provincia, a fines de la década de 1950, tuvo lugar la formación de la primera guerrilla de origen peronista conocida como los Uturuncos.
• 4
  Esta expresión alude a la jurisdicción, la policía de campaña comprende policías que desempeñaban funciones en ciudades, pueblos, pequeñas poblaciones, predominantemente rurales, del territorio de la provincia.
• 5
  Esta expresión se emplea en Argentina para designar a los habitantes de los inquilinatos en los llamados barrios bajos de Buenos Aires y que frecuentaban lugares de juego, prostíbulos y participaban en milongas, eventos en donde se bailaba el tango (GALVANI, 2016).
• 6
  “La figura del vago es pensada como otro con los parámetros del derecho moderno: es aquel que decide no trabajar, quien, pudiendo elegir libremente no delinquir, elige hacerlo. Es una figura poco precisa que se mezcla, sintetiza o aglutina con las figuras del gaucho, del mendigo, del malentretenido. Esta escasa precisión está fuertemente vinculada a una forma de pensar el delito y las necesidades de un momento especifico de la historia y el desarrollo productivo y social del país” (GALVANI, 2016, p. 113). En la medida que el proyecto de nación agro-exportadora buscaba disciplinar la fuerza de trabajo, el vagabundeo y la holgazanería comenzaron a ser perseguidas. En ese marco el gaucho - figura asociada a los hombres que vivían de modo independiente en el medio rural por su resistencia al gobierno colonial y que luego se alistaron a los ejércitos revolucionarios en el proceso independentista -, como el mendigo y el malentretenido, fueron objeto del control policial.
• 7
  La Gendarmería Nacional Argentina es una fuerza de seguridad intermedia de naturaleza militar que cumple una misión de seguridad interior y de defensa nacional.
• 8
  La Prefectura Naval Argentina es una fuerza de seguridad. Tiene funciones como la protección de las vías navegables interiores y del mar Argentino, del medio ambiente, y la vida humana en el agua así como el fomento de las actividades náuticas deportivas.
• 9
  “Cuando yo entré al gobierno, hace más de cincuenta años, [explicaba Juárez] encontré esta oficina de informaciones con ese cúmulo de carpetas y números y me puse a indagar por qué existía ese volumen inmenso de papeles referidos a la vida de las personas. Me encontré con una información policial sobre ellas, no un seguimiento, es distinto a lo que algunos llaman Gestapo a la oficina de informaciones (…). Yo pensé, incluso en desarticularla, pero después advertí que esa oficina así era necesaria para poder gobernar” (HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, 2004),
• 10
  “El Plan de Conmoción Interior del Estado (Conintes) comprendió un conjunto de acciones cuya elaboración y puesta en marcha fueron ordenadas por el Poder Ejecutivo. No constituyó un sistema represivo en sí mismo: fue una forma de reorganización del personal y las estructuras militares para hacer frente a situaciones especiales que, por su magnitud o gravedad, exigieron, según el poder político de turno, el concurso de las Fuerzas Armadas para recuperar el orden perdido. Estas situaciones especiales podían ser catástrofes naturales, golpes militares, conflictos sindicales o políticos, pero en todos los casos la puesta en marcha del plan constituyó una forma específica de operar sobre la población civil. A pesar de la aparente variedad de acontecimientos que ameritarían la implementación del Plan Conintes, la experiencia histórica indica que solo fue empleado como método de represión a los trabajadores en momentos de intensificación de las luchas políticas y sindicales” (CHIARINI y PORTUGHEIS, 2014, p. 21).
• 11
  Arturo Frondizi fue un líder político de la Unión Cívica Radical (UCR) y uno de los exponentes del pensamiento desarrollista que ejerció la presidencia de la Nación Argentina desde el 1 de mayo de 1958 hasta el 29 de marzo de 1962, cuando fue destituido por un golpe de estado y detenido por las fuerzas armadas. El gobierno de Frondizi sucedió al gobierno de facto autoproclamado como Revolución Libertadora (1955-1959) que había derrocado a Perón y proscripto al partido Peronista. Las posiciones dentro del radicalismo frente a la cuestión del peronismo llevaron a que el partido se dividiera en los comicios presidenciales de febrero 1958, imponiéndose la UCR Intransigente liderada por Frondizi y afín a pactar con el peronismo. La conflictividad social consecuencia de la ruptura del pacto con Perón y la presión de las Fuerzas Armadas confluyeron en la implementación del plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes) vigente entre 1958 y 1961. Esto permitió la represión de la dirigencia política y sindical que formaban parte de la Resistencia Peronista de parte de las Fuerzas Armadas. El Conintes fue un antecedente del terrorismo de Estado instaurado por la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Para ampliar sobre este tema ver (CHIARINI y PORTUGHEIS, 2014).
• 12
  La Side fue creada para “realizar actividades informativas y producir inteligencia en interés de la seguridad de la Nación, para la conducción de los asuntos de Estado y para la acción contra el comunismo” según el decreto nº 776/56 (SAIN, 1997, p.147). A diferencia de su antecesora, la Coordinación de Informaciones de Estado de 1946 que tuvo la función de “suministrar al poder ejecutivo nacional y demás organismos del estado las informaciones que se consideren útiles o les sean requeridas, centralizando y coordinando las que se originen en los servicios especializados y en los organismos gubernamentales” según el decreto nº 337/1946 (SAIN, 1997, p. 146).
• 13
  Ese destacamento tenía asiento en Tucumán (Subzona 3.2) que dependía de la Jefatura de Inteligencia del Ejército de la V Brigada, perteneciente a la Jefatura de Inteligencia del III Cuerpo del Ejército.
• 14
  Los mismos comprenden cuatro decretos. El primero, el Decreto 261 del 5 de febrero de 1975, establecía que “El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán” (BOLETÍN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 1975). Fue el comienzo del denominado Operativo Independencia. Bajo el comando del Ejército se alinearon las otras Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y los ministerios de Defensa y de Bienestar Social. En octubre de ese año el gobierno firmó tres decretos más. El 2770 definió la creación del Consejo de Seguridad Interna y sus competencias. El 2771 autorizó al consejo a firmar convenios con las provincias para colocar bajo su control operacional al personal policial y penitenciario para la lucha contra la subversión. El 2772 delega a las Fuerzas Armadas la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.
• 15
  Por juarismo referimos a una fracción provincial del Partido Justicialista que fue conducido por Carlos Arturo Juárez (1917-2010) y logró consolidarse como una de las fuerzas políticas que más veces ejerció el gobierno en el periodo post-dictadura. Los mandatos del juarismo tuvieron lugar en momentos clave de la historia nacional como el primer peronismo (1949-1952); la emergencia del peronismo revolucionario (1973-1976); la transición democrática (1983-1986); la reforma neoliberal del Estado realizada bajo el menemismo y la crisis institucional de 2001 (1995-1999/1999-2002). Su esposa, Mercedes Marina Aragonés, ocupó el poder ejecutivo durante los primeros años del kirchnerismo (2002-2004), mientras el caudillo asumía una banca de senador nacional como cierre de su carrera política. A lo largo de sus gobiernos Juárez logró edificar una base territorial propia conformada por una densa red territorial de Unidades Básicas que contribuyó a su consolidación electoral y política en los años noventa. La hegemonía electoral y política que había construido durante las décadas del ochenta y noventa fue quebrada por una Intervención Federal aprobada por el Senado de la Nación el 31 de marzo de 2004. La medida fue el corolario de la crisis institucional desatada por la protesta social en reclamo por el esclarecimiento de los crímenes de Leyla Bashier y Patricia Villalba.
• 16
  Existían denuncias sobre la existencia de actividades de espionaje por parte del D2. En mayo de 2000 el principal diario de la provincia El Liberal (19/05/2000) publicó un suplemento de investigación donde reveló, con nombres y documentación, que esa dependencia policial realizaba tareas de espionaje político.
• 17
  La figura del arconte se comprende en relación a la noción de Archivo. Siguiendo el análisis de Derrida (1997) etimológicamente el vocablo archivo remite al arkhé (origen en un sentido físico, histórico u ontológico); y arkheîon (un domicilio, una dirección, la residencia de los magistrados superiores, los arcontes, los que mandaban). Esto introduce la relación inescindible entre los documentos, los archivos y la autoridad que los produce y custodia. “Los arcontes son ante todo sus guardianes. No sólo aseguran la seguridad física del depósito y del soporte sino que también se les concede el derecho y la competencia hermenéuticos. Tienen el poder de interpretar los archivos. Confiados en depósito a tales arcontes, estos documentos dicen en efecto la ley: recuerdan la ley y llaman a cumplir la ley” (DERRIDA, 1997, p. 10).
• 18
  “Término con el cual se denomina esta inversión introspectiva de los practicantes del archivo que pone en primer plano el cuestionamiento sobre el conocimiento y sus relaciones con las instituciones de validación del saber y que desplaza el acento del análisis de las propiedades y de las características del documento al análisis del recorrido que lo constituye como archivo” (POUCHEPADASS, 2008 apud MUZZOPAPPA, 2016, p. 33).
• 19
  Por ejemplo, por pedido del Instituto Provincial de Vivienda el Dipse remite en 1978 un informe de antecedentes favorable pese a que en la misma carpeta de legajo se encontraban registradas detenciones por lesiones (1950), sustracción de valijas (1953), ultraje al pudor (1964), hurto de ganado mayor (1969), desacato (1969) (cuaderno de campo sobre lectura de legajo n° 10366, 26/06/2018). A modo de ejemplo, una Oficina de Registro Civil solicitó al organismo los antecedentes de una candidata a cubrir un cargo de encargada. El Dipse, pese que sus antecedentes en los otros factores no eran relevantes, emitió un informe desfavorable sustentado en que “la causante estaría relacionada con la distribución de panfletos entregados por el elemento C. y F. a los alumnos D. y C. (30.09.74)” y (cita textual sobre lectura de legajo n° 6947 del archivo del Dipse registrada en cuaderno de campo, 21/10/2017).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  05 Feb 2021
• Fecha del número
  Jan-Apr 2021

Histórico

• Recibido
  03 Jun 2019
• Acepto
  20 Feb 2020